Sentencia 1996-01888/32746 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000232600019960188802 (32746)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Jorge Lucas Tolosa Cañas

Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., enero veintiocho de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y además, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de enero de 2006, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(5).

En primer lugar es conveniente precisar que sólo la parte demandante apeló y como según el artículo 357 del CPC, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la providencia de la Sección Tercera de esta Corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (CCA, art. 212)”(6).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandante.

2.3. El caso concreto.

El 14 de febrero de 1994, la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación emitió el boletín 17, en el cual sindicó al abogado Jorge Lucas Tolosa de haber defraudado al Ministerio de Educación en el cobro de unos títulos ejecutivos de docentes en procesos ejecutivos laborales adelantados en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá.

Para el momento en que se difundió la noticia, la Procuraduría no tenía resultados definitivos sobre la investigación adelantada por estos hechos, ya que apenas se encontraba en etapa de indagación preliminar, pero como consecuencia del despliegue que los medios de comunicación dieron a la información el señor Tolosa Cañas perdió su reputación y sus clientes, además de habérsele desconocido sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que inició proceso penal en su contra por los delitos de fraude procesal, falsedad, estafa y otros, que finalizó en primera instancia con condena del abogado Tolosa Cañas su esposa y el Juez Primero Laboral del Circuito.

2.4. Caducidad de la acción.

La caducidad es un fenómeno jurídico que se presenta en los eventos en que las personas dejan transcurrir el tiempo sin ejercer su derecho en el término establecido por la ley, y en consecuencia pierde su facultad de accionar ante la jurisdicción. Este término se consagra como uno de los desarrollos del principio de seguridad jurídica, puesto que asegura la existencia de un plazo objetivo para que el ciudadano pueda hacer efectivos sus derechos; tradicionalmente se ha considerado que no puede ser materia de convención antes de su cumplimiento, o de renuncia, una vez cumplido.

La caducidad es una figura procesal que extingue la acción por el no ejercicio de la misma en el término perentorio establecido por el legislador, no admite renuncia ni suspensión, salvo en el evento de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho y se interrumpe con la demanda.

Su consagración en el ordenamiento jurídico está orientada a ofrecer certeza jurídica a quienes tienen interés en acudir a la justicia para obtener la protección de sus derechos y también a la colectividad a la cual debe garantizársele la seguridad jurídica, de tal modo que cuando se desconoce el término de caducidad se vulnera el derecho al debido proceso.

El artículo 136 numeral 8º del Decreto 1 de 1984, estableció que la acción de reparación directa debe intentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, la omisión o la operación administrativa que de origen al perjuicio, pero la jurisprudencia ha considerado que en algunas ocasiones, cuando el hecho no se hizo visible, el término se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia.

En el presente caso, la participación de los señores José Miguel, Jesús Antonio, Ana Yolanda, Ramón Alberto, Luis Fernando y Jairo Alcides Tolosa Cañas y Carmen Cecilia Tolosa de Pinto, se presentó el 15 de diciembre de 1998, cuando fue reformada la demanda, momento para el cual ya había operado la caducidad de la acción ya que en tratándose de un litisconsorcio facultativo, cada parte es independiente y en consecuencia, el término de caducidad debe contarse de manera individual para cada actor, respecto del momento en que se produjo el hecho dañoso, en el sub judice, a partir de la emisión del primer boletín de la Procuraduría, el 24 de febrero de 1994.por tanto ya habían transcurrido los dos años previstos en la ley.

2.5. Las pruebas y la solución del caso.

Son relevantes para la solución del caso las siguientes:

1. Copia auténtica del expediente correspondiente al proceso ejecutivo laboral 55086 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, promovido por el señor Jorge Lucas Tolosa Cañas, en representación de varios docentes, contra el Ministerio de Educación Nacional (cdno. 4).

2. Registros Civiles de los demandantes donde consta el grado de parentesco entre ellos (fls. 1 a 8, cdno. pbas. 2).

3. Copia auténtica del Boletín 17, del 14 de febrero de 1994, expedido por la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, titulado “UN ABOGADO, UN JUEZ Y FUNCIONARIOS DE MINEDUCACIÓN DEFRAUDAN A LA NACIÓN Y A EDUCADORES” en el cual se manifestó lo siguiente, respecto del abogado Jorge Lucas Tolosa Cañas:

“La Procuraduría General de la Nación descubrió que un abogado, con la colaboración de un juez y funcionarios del Ministerio de Educación, mediante irregularidades en un proceso ejecutivo, defraudaron a 292 educadores en una suma cercana a los mil millones de pesos.

El Ministerio Público estableció que de los 1.232 millones de pesos que la Nación le giró al abogado Tolosa Cañas —producto de una demanda ejecutiva que este ganó a la Nación— Ministerio de Educación, este tomó 904 millones, correspondientes a intereses sobre el capital y además le descontó a cada educador, un 30 por ciento aproximadamente, sin informarles a sus apoderados que había dejado para sí todos los intereses.

De esos recursos irregularmente tomados por Tolosa Cañas, la Delegada para la Vigilancia Judicial encontró que este consignó en una cuenta personal del Banco Cafetero de Cúcuta, 104 millones de pesos, constituyó un depósito a término por 135 millones y un cititrus por 79 millones en el Banco Citibank sucursal avenida Chile de Bogotá, constituyó un depósito a término por 300 millones y adquirió un apartamento en Bogotá por 225 (sic) de pesos (…).

Al término de una investigación, la Delegada para la Vigilancia Judicial remitió copia de la diligencia al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue disciplinaria y penalmente a Mario Hernando Borbón Molano, Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá y al abogado Jorge Lucas Tolosa Cañas (fls. 9 a 11, cdno. pbas. 2).

3. Fotocopias simples del acta de grado, el diploma de abogado y certificaciones de algunos cursos en los que participó el señor Jorge Lucas Tolosa Cañas (fls. 16 a 32).

4. Fotocopias de algunas páginas pertenecientes a ediciones del mes de febrero de 1994 de los diarios El Tiempo, La Patria, La Opinión y Vanguardia Liberal, en las cuales se publicaron noticias referentes al caso en estudio (fls. 33 y 147, cdno. 2).

4(sic). Copias auténticas de los boletines 32 del 24 de marzo de 1994, y 40 del 8 de abril del mismo año, contentivos de los comunicados 1 y 3 respectivamente, expedidos por la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales se aclaró el contenido del boletín descrito anteriormente (fls. 164 y 165, cdno. 2). Dichos boletines expresan lo siguiente:

Boletín 32, comunicado 1:

“(...) La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, previa indagación preliminar, encontró que posiblemente el señor Juez Primero Laboral de Santafé de Bogotá, Mario Hernando Borbón Molano, y el abogado Jorge Lucas Tolosa, pudieron haber incurrido en responsabilidad penal y o disciplinaria.

(...) el señor juez Primero Laboral de Santafé de Bogotá, Mario Hernando Borbón Molano, no ha sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación y tampoco se han formulado cargos por parte de la Delegada para la Vigilancia Judicial, pues las investigaciones fueron remitidas a las instancias competentes para fallar”.

Boletín 40, comunicado 3:

“(...) Debe quedar claro, entonces, que el abogado Jorge Lucas Tolosa Cañas, no ha sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación y tampoco se le han formulado cargos por parte de la Delegada para la Vigilancia Judicial, pues las investigaciones fueron remitidas a las instancias competentes para fallar”.

5. Copia autenticada de la sentencia de primera instancia, calendada el 3 de junio de 1999, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se condenó al señor Jorge Lucas Tolosa Cañas a diez años de prisión, al Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, a la pena de quince años de prisión, por los delitos de peculado por apropiación, en concurso con el delito de prevaricato por acción y a la señora Nohora Esperanza Zambrano de Tolosa, esposa del actor, a dos años de prisión por el delito de receptación (fls. 38 a 122, cdno. 2).

6. Copia simple de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 26 de febrero de 2003, en el proceso iniciado por Mario Hernando Borbón Molano (exjuez Primero Laboral del Circuito de Bogotá) contra la Procuraduría General, por estos mismos hechos, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda (fls. 123 a 140, cdno. pbas. 2).

7. Interrogatorio de parte rendido por el doctor Rafael Antonio Ballén Molina, entonces Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial (fls. 185 a 188, cdno. pbas. 2).

En cuanto al material probatorio allegado al expediente en copia simple, se valorará conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, del 28 de agosto de 2013, que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Al respecto, la Sala Plena de Sección, en sentencia de unificación, argumentó:

“La Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del CPC, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—. En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970. En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229). Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(...).

Desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales - necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes. De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza”(7).

En el presente asunto, observa la Sala que la mayoría de los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por la entidad demandada dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta Subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica, incluyendo los artículos periodísticos los cuales se valorarán en conjunto con los otros medios obrantes en el proceso.

Advierte la Sala que las copias de las providencias anexadas por el apoderado de la parte actora con el memorial de apelación no podrán ser valoradas porque no cumplen los requisitos previstos en el artículo 214 del CCA, que regula lo concerniente a las pruebas en segunda instancia.

2.6. El Daño Antijurídico.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño antijurídico ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa Corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”[5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

(...).

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente probado.

La prueba del daño antijurídico, es el principal motivo de inconformidad con la decisión, porque mientras el fallo de primera instancia consideró que no existía certeza sobre este punto, el accionante insiste en afirmar que en el sub judice se cuestiona que la entidad emitiera una noticia sin tener las pruebas suficientes sobre los hechos presuntamente irregulares denunciados.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del CPC, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que invocan, motivo por el cual la carga de la prueba del daño le corresponde al demandante, y no basta para ello con afirmar que como consecuencia de la emisión del boletín de prensa de la Procuraduría, el accionante perdió clientes, le fueron revocados varios poderes, fue sometido al escarnio público y en general se arruinó su reputación, es necesario también acreditar dichas circunstancias y probar también que ellas no tuvieron origen en la propia conducta del accionante sino en la ligereza cometida por la Procuraduría al emitir un boletín de prensa dando a conocer unos hechos presuntamente irregulares, cuando todavía no existía proceso en curso y por tanto no había certeza acerca de la participación de las personas que allí fueron mencionadas.

Esta corporación en anteriores oportunidades ha reconocido la responsabilidad del Estado por el señalamiento público o la sindicación de una persona a través de medios de comunicación, sin el debido respaldo probatorio de sus afirmaciones, pero para ello ha tenido en cuenta que la información difundida fuera errónea, es decir que se señaló injustamente a una persona que no tenía relación con los hechos investigados.

Así lo ha dicho la Sala:

“Bajo esta perspectiva del derecho a la información, guarda una relación inevitable con los derechos constitucionales y supraconstitucionales del buen nombre, honra, honor e intimidad, en la medida en que los mismos deben ser preservados en todas las instancias del proceso informativo (...). Con fundamento en lo anterior, se vulneraría el derecho al buen nombre y/o a la honra, cuando, sin fundamento alguno, se propagan entre el público —bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen. Y, si bien los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de información puede estar expuestos al recibir material con el que se pueda producir la vulneración de los bienes jurídicos constitucionales y convencionales al buen nombre y a la honra, debe partirse de considerar la buena fe tanto del medio de comunicación, o del periodista, (...). Cuando el Estado tiene información relacionada con actividades ilícitas, y ésta se encuentra enmarcada con un carácter reservado, de inteligencia, o hace parte de un proceso de investigación policial, su deber de protección de los derechos que por virtud de dicha información puedan resultar vulnerados, restringidos o lesionados se refuerza y consolida, ya no sólo por los estrictos mandatos normativos ordinarios, sino también como resultado del deber positivo de protección de bienes jurídicos constitucionales y convencionales como al buen nombre y a la honra, reconocidos en los artículos 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (subrayas fuera de texto)(8).

No ocurre así en el presente caso, puesto que en las pruebas allegadas al proceso se evidencia que una vez tramitado el proceso penal, en primera instancia el abogado Tolosa Cañas fue condenado penalmente por los delitos que le fueron imputados con base en la compulsa de copias ordenada por la Procuraduría, en relación con los hechos a los que se refería el boletín de prensa, y si bien el apelante manifestó en el recurso que en segunda instancia se archivó el proceso respecto de él, éste hecho no fue debidamente probado en el proceso, y si en gracia de discusión se aceptara lo dicho por el impugnante, es él mismo quien aduce que la causa del archivo fue la prescripción de la acción, de modo que los fundamentos fácticos que dieron lugar a la condena no fueron desvirtuados, y, en consecuencia, no puede considerarse válidamente que la información difundida fuera errada.

Por otra parte, no puede desconocerse que la Procuraduría General de la Nación emitió un boletín aclaratorio de la primera información suministrada donde consignó que los hechos estaban siendo investigados y si bien éste no tuvo el mismo despliegue periodístico, ello no puede ser endilgado al ente de control, sino a los medios de comunicación quienes desarrollan su actividad con absoluta autonomía e independencia protegidos por el derecho a la libertad de prensa.

2.7. Costas.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la condena en costas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, encuentra la Sala que la parte demandante actuó con temeridad, por carencia manifiesta de fundamento legal de la demanda ya que el accionante era consciente de lo ocurrido y aun así acudió a la jurisdicción en procura de obtener por esta vía una reparación de un daño, razón por la cual se mantendrá la decisión de primera instancia por considerar que si hubo temeridad del accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 25 de enero de 2006, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

1 La pretensión mayor es de 895,08 salarios mínimos y la mayor cuantía para el año de presentación de la demanda era de $ 36.950.000.

2 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp. 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 21515.

5 Ídem.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, rad. 21060, C.P. Mauricio Fajardo.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 19 de 2012, rad 25506; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.