Sentencia 1996-01935 de febrero 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002326000199601935-01 (19053)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Referencia: Acción de reparación directa

Actor: Ligia María Ordóñez de Longo y otros

Demandado: Ministerio de Justicia y del Derecho

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º de junio del año 2000, pues el monto de la pretensión mayor para la época en que fue presentada la demanda, supera el entonces exigido para que el proceso tenga vocación de doble instancia(33).

2. Caso concreto.

Corresponde a la Sala resolver sobre la imputación hecha a la Dirección Nacional de Estupefacientes de los perjuicios causados a los demandantes Ligia María Ordóñez y Carlos Arturo Longo, por la tardanza en que habría incurrido la entidad, en la devolución del vehículo de propiedad de estos, y por el estado de deterioro en que al decir del actor, le fue entregado.

En efecto, hecho un estudio detenido de la demanda, con miras a determinar la causa petendi de la acción, se observa que la parte actora solicita declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Justicia, por el prolongado decomiso y el deterioro del vehículo, entregado materialmente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, el que fue restituido a sus propietarios en mal estado de funcionamiento.

Para llegar a esta conclusión, se observa que aunque se menciona a la Fiscalía General de la Nacional, por ser la entidad que dispuso judicialmente el decomiso, lo cierto es que tanto en las pretensiones como en los hechos de la demanda, se cuestiona la actuación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, como se observa del texto del numeral 4º del capítulo de hechos de la demanda:

“La Dirección Nacional de Estupefacientes incurrió en negligencia constitutiva de grave falla en el servicio por omisión que compromete la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Justicia, al cual está adscrito, consistente en la dilación de la entrega del vehículo a sus propietarios cuando lo ordenó el juez investigador, o sea la Fiscalía Regional de Santiago de Cali, según providencia del 3 de mayo de 1994, comunicada mediante oficios 7823 del 23 de mayo de 1994, ratificada por segunda ocasión mediante Oficio 9541 del 24 de junio de 1994, por tercera vez por Oficio 11173 del 26 de julio de 1994 y por cuarta vez, mediante Oficio 13696 del 9 de septiembre de 1994, oficios suscritos por la secretaria común de la Fiscalía Regional de Cali.

Finalmente la entrega material del vehículo a sus propietarios se realiza el día 18 de mayo de 1995, es decir un año después de impartida la orden judicial.

En segundo lugar, constituye falla en el servicio por omisión también el hecho de que el Consejo Nacional de Estupefacientes no ejerció sus funciones de vigilancia y control sobre la entidad depositaria del bien, en este caso la Junta Seccional Administradora de Deportes de Cundinamarca, facilitando el deterioro del vehículo incautado”.

En suma, la demanda imputa el hecho dañoso a la Dirección Nacional de Estupefacientes y aunque por fuerza de las circunstancias hace referencia a la acción de la Fiscalía Regional de Cali, no censura ni controvierte el trámite dado por esta, al grado de consulta de la providencia de 3 de mayo de 1994, el que finalmente fue decidido por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, en auto de 31 de marzo de 1995, confirmando la entrega del vehículo de placas VP-1676 a la señora Ligia María Ordóñez.

La Sala limitará el análisis en relación con la censura hecha en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes y nada dirá respecto de la actuación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, porque no hubo ningún reproche sobre el trámite prolongado del grado de consulta por parte del órgano de instrucción. Además, porque ello implicaría sustituir la causa petendi de la acción, es decir modificar los hechos en que se sustenta la demanda, desconociendo el principio del debido proceso y sacrificando el derecho de defensa de la parte contraria, pues desatar la controversia por hechos distintos a los imputados modifica sensiblemente los cargos, sobre los cuales la entidad afectada no tuvo oportunidad de exponer su defensa.

Para la Sala no hay duda que la parte actora probó el hecho generador del daño y en ese sentido revocará la sentencia proferida por el a quo.

Analizados los distintos elementos de prueba incorporados al proceso se puede inferir que aunque la Dirección Nacional de Estupefacientes procedió a hacer la devolución inmediata del vehículo, después de decidido el grado de consulta en providencia de 31 de marzo de 1995, las distintas pruebas permiten inferir que este fue entregado a sus propietarios sin el obligado mantenimiento al que se compromete quien usa las cosas ajenas.

Igualmente, está acreditado que durante el tiempo que el vehículo estuvo bajo la responsabilidad de la DNE fue destinado a Coldeportes para su utilización, en cambio los demandantes se vieron impedidos para usufructuar el bien por el lapso que duró la medida, es decir aproximadamente quince meses.

En efecto, en cumplimiento de una orden judicial, la DNE recibió un vehículo con más de veinte años de vida útil (modelo 1974), destinado a prestar servicio público, el que utilizó a través de Coldeportes. El vehículo permaneció bajo la responsabilidad de la DNE por un término aproximado de quince meses.

Las características del vehículo, el desgaste natural, la disminución de la vida útil, no exoneraba a dicha entidad del deber de reintegrarlo en buen estado de funcionamiento. Sin embargo, los propietarios recibieron el vehículo de la DNE sin el mantenimiento y cuidado del mismo, viéndose obligados sin tener por qué a costear su reparación.

La entidad desconoció los deberes relativos al cuidado y mantenimiento de las cosas ajenas, en cuanto, luego de su uso, devolvió el automotor a sus propietarios en mal estado de funcionamiento, quienes se vieron obligados a repararlo a su costa.

Los gastos que demandó el arreglo del bien, permiten deducir, por un lado que la entidad no asumió sus obligaciones y por otro, que el monto de la reparación, más la correspondiente actualización sin duda constituyen el mínimo perjuicio causado a los demandantes, que deberá ser reconocido y pagado en su integridad por la DNE, como usufructuaria del bien.

Se agrega que la DNE a través de Coldeportes usufructuó el vehículo por un lapso de quince meses, término durante el cual los demandantes no pudieron disponer de él y lo reintegró sin consideración a la utilización, como correspondía, esto es con el mantenimiento requerido.

A términos del artículo 90 de la Constitución Nacional que constituye el régimen de responsabilidad que nos gobierna, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En este caso, independientemente de la juridicidad o antijuridicidad de la conducta lo que realmente compromete la responsabilidad de la administración es la antijuridicidad del daño que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

Los argumentos expuestos son suficientes para revocar la decisión del tribunal y en su lugar declarar la responsabilidad patrimonial de la Dirección Nacional de Estupefacientes por los perjuicios causados por el tiempo en que el automotor duró retenido y por el mal estado en que fue devuelto a sus propietarios.

3. Indemnización de perjuicios.

Daño emergente

Aunque la Sala se aparta de la prueba pericial existente, por haberse elaborado un año y cinco meses después de ocurridos los hechos, sobre un vehículo en servicio activo que por lo demás fue reparado coetáneamente a su entrega como lo afirma la demanda, circunstancia que impidió a los peritos conocer el estado real del bien, al momento de su entrega, tomará como referencia, para efectos de la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, las facturas por compra de llantas, reconstrucción de la culata, arreglo de la caja de cambios, revisión de rodamientos y batería que sumadas entre los meses de mayo y agosto de 1995 ascienden a $ 1.748.000.

A lo anterior se sumarán los gastos en que incurrió el demandante por concepto mano de obra por reparación del vehículo en la suma de $ 1.000.000 m/cte.

Para el reconocimiento del daño emergente, constituido por todos los gastos en que incurrieron los demandantes, con ocasión del daño causado, se tomará como referencia la fecha del “contrato de trabajo”, celebrado con el señor Oswaldo Arturo Narváez de 20 de mayo de 1995. A dicho valor se aplicarán los índices de precios al consumidor para la actualización respectiva.

VH = $ 2.748.000

VP = VH x
Ind. final
__________

Ind. inicial

VP = 2.748.000 x
106,19
__________

83,03

VP = $ 3.514.514

En consecuencia, la Dirección Nacional de Estupefacientes pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de los señores Ligia María Ordóñez y Carlos Arturo Longo la suma de tres millones quinientos catorce mil quinientos catorce pesos moneda corriente ($ 3.514.514 m/cte.)

Lucro cesante

Aunque la Sala echa de menos la prueba directa relacionada con la causación del lucro cesante, los distintos elementos de prueba acompañados al proceso permiten inferir que para el momento de ocurrencia de los hechos el bus de placas VP 1676 estaba afiliado a la empresa de transporte Sotrauca S.A. y para entonces, era utilizado en la prestación de servicio público de transporte.

En incidente separado que deberá promover la parte actora dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de notificación del auto que ordene cumplir lo dispuesto por el superior y en los precisos términos previstos en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, deberá establecerse el monto de los ingresos por el ejercicio de la actividad que dejo de reportar el bus de servicio público, por el lapso comprendido entre el 24 de enero de 1994 y 18 de mayo de 1995, tiempo que permaneció a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Así mismo se tendrá en cuenta las siguientes bases:

• Los ingresos promedio mensuales por la prestación del servicio de transporte entre el 24 de enero de 1994 y el 18 de mayo de 1995, es decir entre la fecha en que fue decomisado el vehículo y la de su reintegro.

• Las rutas que cubría el automotor, el tipo de transporte (local, intermunicipal o departamental), distinguiendo las tarifas respectivas.

• Los costos normales mensuales de funcionamiento.

• Los costos indirectos relacionados con pago de salarios o administración del bien.

• La utilidad reportada.

Se tomará como referente los movimientos contables previos al decomiso, las declaraciones de renta o cualquier otra prueba que permita concretar el perjuicio causado. Adicionalmente, se tendrá en cuenta el mercado referido a la actividad transportadora, especialmente de empresas que para entonces hubieran ejercido la misma actividad y bajo características similares.

En consecuencia, se condenará en abstracto a la Dirección Nacional de Estupefacientes a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesantes a favor de los señores Ligia María Ordóñez y Carlos Arturo Longo, las sumas dejadas de recibir con ocasión del decomiso de bus de su propiedad, el cual estuvo inactivo entre el 24 de enero de 1994 y el 18 de mayo de 1995, sumas que deberán concretarse en incidente separado, teniendo en cuenta las bases de liquidación expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º de junio del año 2000 y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Dirección Nacional de Estupefacientes, por los perjuicios causados a los demandantes Ligia María Ordóñez y Carlos Arturo Longo, con ocasión del uso del vehículo de servicio público de su propiedad de placas VP-1676 VPA-676 modelo 74 y reintegro sin mantenimiento.

2. CONDÉNASE a la Dirección Nacional de Estupefacientes a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de los señores Ligia María Ordóñez y Carlos Arturo Longo, la suma de tres millones quinientos catorce mil quinientos catorce pesos moneda corriente ($ 3.514.514 m/cte.).

3. CONDÉNASE EN ABSTRACTO a la Dirección Nacional de Estupefacientes a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesantes a favor de los señores Ligia María Ordóñez y Carlos Arturo Longo, las sumas dejadas de recibir con ocasión del decomiso de bus de su propiedad, el cual estuvo inactivo entre el 24 de enero de 1994 y el 18 de mayo de 1995, sumas que deberán concretarse en incidente separado, teniendo en cuenta las bases de liquidación expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

4. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

5. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

6. SIN COSTAS por no aparecer causadas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(33) Para la fecha en que fue presentada 20 de febrero de 1996 la demanda, la pretensión mayor ascendía a la suma de 100,000.000 y la cuantía exigida en esa fecha, para que un proceso tuviera vocación de doble instancia de conformidad con el Decreto 597 de 1988, era de $ 13.460.000.