Sentencia 1996-02223 de abril 18 de 2013

 

Sentencia 1996-02223 de abril 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Expediente 250002325000199602223 01

Ref.: 1604-2008

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Ángela Rocío Rivera Herrera

Autoridades distritales

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

Problema jurídico por resolver

Se trata de determinar en el presente caso, si la renuncia presentada por la señora Ángela Rocío Rivera Herrera al empleo de profesional universitario VIIIC, fue de carácter libre y espontánea o por el contrario es el resultado de la fuerza o coacción ejercida por el asesor jurídico de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón, en abierta contradicción a lo dispuesto en los decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, esto, viciando el acto administrativo de aceptación de la renuncia.

El acto administrativo acusado

Resolución 36 de 18 de marzo de 1996, suscrita por la directora de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón mediante la cual se aceptó la renuncia presentada por la señora Ángela Rocío Rivera Herrera al cargo que venía desempeñando como profesional universitario, VIIIC, adscrito al departamento de atención en salud del referido centro asistencial (fl. 49).

De la renuncia como causal de retiro del servicio

Entre las causales de retiro del servicio el legislador previó la renuncia regularmente aceptada de un empleo público; entendida como la manifestación espontánea y voluntaria de separarse definitivamente del ejercicio de la función pública.

Lo anterior, debe precisarse, constituye un desarrollo del derecho de “escogencia de profesión u oficio” previsto en el artículo 26 de la Constitución Política, según el cual, toda persona es libre de escoger o dejar de lado un oficio u profesión, de acuerdo a sus intereses, sin que existan limitaciones distintas de aquellas que pretendan salvaguardar la continuidad y buena prestación del servicio.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia T-374 de 5 de abril de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, sostuvo:

“... La libertad se despliega de maneras diversas a través del ordenamiento. El derecho a ocupar cargos públicos supone el derecho a renunciar al cargo, pues constituye desarrollo de la libertad de la persona decidir si permanece o no en un cargo. En este orden de ideas, por principio la decisión sobre la permanencia en un cargo, o en un puesto de trabajo, no puede restringirse o impedirse.

Ahora bien, al ser la renuncia a un cargo público manifestación de la voluntad personal, es decir, una expresión del ejercicio de su libertad, el deber de respeto de la libertad exigible al Estado comporta la obligación de aceptar, dentro de un término razonable, la renuncia. En estas condiciones, la actuación de las autoridades demandadas, antes que configurarse en una violación de sus derechos políticos fundamentales, supone el cumplimiento del deber jurídico de respeto por el ejercicio de su libertad. (...)”.

En relación con la causal de retiro del servicio en comento, el Decreto 2400 de 1968, “Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil”, en su artículo 27 preceptúa que, quien sirva en un empleo de voluntaria aceptación puede manifestar su dimisión voluntariamente. Así se observa en la citada norma.

“ART. 27.—Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente.

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio.

La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no podrá ser posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el abandono del empleo.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante cualquier otras circunstancias pongan con anticipación en manos del jefe del organismo la suerte del empleado.

Cuando el empleado estuviere inscrito en el escalafón, la renuncia del cargo conlleva la renuncia a su situación dentro de la carrera respectiva”.

En este mismo sentido, el Decreto 1950 de 1973, en su artículo 110, reitera la posibilidad con que cuenta un servidor público de dejar sus funciones mediante la renuncia regularmente aceptada, precisando para ello que, una vez esta sea puesta en conocimiento de la administración, la autoridad nominadora, deberá pronunciarse en relación con su aceptación, dentro de los 30 días siguientes a su presentación, en caso contrario, el servidor público podrá separarse de su empleo, sin incurrir en abandono del cargo o continuar prestando sus servicios, evento en el cual la renuncia presentada no producirá efecto alguno.

Para mayor ilustración se transcriben los artículos 110 y 113 del Decreto 1950 de 1973.

“ART. 110.—Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente.

(...).

ART. 113.—Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno”.

Y, en relación con la Ley 443 de 1998, “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa” se advierte que a través de ella se preservó dentro del ordenamiento jurídico como causal de retiro de la función pública de los empleados de carrera la renuncia regularmente aceptada de un servidor público, en los siguientes términos:

“ART. 37.—Causales. “Artículo derogado por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004” El retiro del servicio de los empleados de carrera se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia de calificación no satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral;

b) Por renuncia regularmente aceptada;

c) Por retiro con derecho a jubilación;

d) Por invalidez absoluta;

e) Por edad de retiro forzoso;

f) Por destitución, desvinculación o remoción como consecuencia de investigación disciplinaria;

g) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo;

h) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo, de que trata el artículo 5º de la Ley 190 de 1995;

i) Por orden o decisión judicial;

j) “Literal condicionalmente exequible(3)” El personal no uniformado de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, previo concepto favorable de la comisión de personal, podrá ser retirado cuando por informe reservado de inteligencia se considere que es inconveniente su permanencia en el servicio por razones de seguridad nacional. En este caso, la providencia no se motivará;

k) Por las demás que determinen la Constitución Política, las leyes”.

Causal de retiro de la cual disponen, en igual forma, los empleados nombrados en provisionalidad en el momento en que así lo manifiesten, esto, con carácter libre, voluntario e inequívoco, y en los términos previstos en los decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, aplicables a dichos servidores ante la falta de regulación concreta, en relación con su forma de desvinculación por renuncia regularmente aceptada.

De otra parte, la Sala no pasa por alto que esta corporación ha señalado en reiteradas ocasiones que la solicitud o insinuación de renuncia a los funcionarios o empleados que ejerzan funciones de dirección, manejo y confianza no afecta la legalidad de los actos de retiro, pues dicha facultad obedece a la oportunidad que la ley le otorga a los nominadores de reorganizar el servicio mediante el cambio de su subalternos.

En efecto, se ha precisado que quien ocupa un cargo del nivel directivo o asesor, sin estar amparado por los derechos que confiere la carrera administrativa ni por algún otro sistema o fuero de estabilidad, se encuentra bajo el imperio de una potestad discrecional de libre nombramiento y remoción y, en consecuencia, en una situación de confianza distinta de la que se advierte en los demás niveles de la administración.

Sobre el particular esta Sección sentencia de 10 de mayo de 2007, Radicación 0322-2005, M.P. Jesús María Lemos Bustamante, sostuvo:

“... La jurisprudencia de la Sala ha sido uniforme en señalar que la renuncia solicitada a los titulares de determinados cargos (...), es válida, puesto que ella obedece a la facultad que tiene el nominador de integrar los cuadros en la cúpula administrativa en determinada entidad, para el cumplimiento de las metas tendientes a garantizar un adecuado servicio público. La insinuación de la renuncia en dicho nivel, se convierte en un mecanismo acorde a la investidura de tales cargos, busca evitar el retiro por insubsistencia, que no es de común ocurrencia en esos destinos y se repite, no se presenta desvío de poder en la solicitud de renuncia (...), dicho proceder se justifica por el rango y atribuciones que demanda la función administrativa en el cumplimiento de los fines del Estado. (...)”.

Así mismo, el despacho que sustancia la presente causa en sentencia de 12 de mayo de 2011, Radicación. 2194-2008, actor: Martha Lucía Salgar Rangel, precisó que:

“... Bajo estos supuestos, respecto de los empleados públicos de libre nombramiento y remoción tanto en el régimen general como en el de la fiscalía, que tienen similares previsiones, la solicitud o insinuación de renuncia a los funcionarios o empleados que ejerzan funciones de dirección, manejo y confianza no afecta la legalidad de los actos de retiro.

Dicha facultad obedece a la oportunidad que la ley le otorga a los nominadores de reorganizar el servicio mediante el cambio de sus subalternos y porque estos cargos son excepcionales, en la medida en que en ese ente prevalece el sistema de carrera, que es la regla general...”.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, la Sala pasa a determinar si como lo sostuvo el tribunal la renuncia presentada por la demandante al cargo que venía desempeñando en la empresa social del Estado Hospital de Fontibón fue producto de la supuesta persecución y hostigamiento adelantado por el asesor jurídico del referido centro asistencial en su contra. Lo anterior, en virtud del recurso de apelación formulado por la Procuraduría Primera Administrativa de Bogotá, D.C., contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Del caso concreto

Sostiene la demandante, mediante la presente acción contencioso-administrativa, que el acto administrativo mediante el cual se aceptó su renuncia al cargo de profesional universitario VIIIC, que veía desempeñando en la empresa social del Estado Hospital de Fontibón, fue producto de la presión que ejerció el asesor jurídico del citado centro asistencial en su contra.

Sobre este particular, el tribunal mediante la sentencia hoy impugnada accedió a las pretensiones de la actora argumentando, para tal efecto, que era cierto que funcionarios de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón habían adelantando una persecución sistemática en contra de la señora Ángela Rocío Herrera, circunstancia que, a juicio del tribunal, llevó a la referida funcionaria a manifestar su deseo de dejar el cargo que venía desempeñando.

No obstante lo anterior, la Procuraduría Primera Judicial de Bogotá, D.C., formuló recurso de apelación en contra de la anterior decisión al considerar que dentro del proceso no existían los elementos probatorios necesarios que permitieran concluir con acierto que la renuncia de la demandante al empleo que venía desempeñando en la empresa social del Estado no reunía los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina consideraba esenciales para su perfeccionamiento, a saber, la voluntariedad desprovista de cualquier coerción o constreñimiento que hubiera afectado la manifestación de su consentimiento libre y espontaneo.

Sobre este particular, advierte la Sala que el tribunal encuentra probada la supuesta persecución que se adelantó en contra de la demandante al verificar que a folio 26 del expediente figura informe escrito, del asesor jurídico de la entidad demandada, mediante el cual se da cuenta del supuesto incumplimiento de la actora a su funciones como profesional universitario de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón y, adicionalmente, al “ambiente de zozobra” que a juicio del tribunal se originó en el hecho de que su hoja de vida reposaba en poder del referido asesor jurídico.

En este mismo sentido, agregó que resultaba evidente la “constante intromisión” del asesor jurídico en el desarrollo de las actividades propias del laboratorio de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón, concretamente en lo que se refiere a las funciones que venía desempeñando la señora Ángela Rocío Rivera Herrera en dicha dependencia. Lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia impugnada, constituyó una clara persecución en contra de la demandante lo que la indujo a presentar la renuncia al cargo que como profesional universitario venía desempeñando.

Descendiendo al caso concreto, estima la Sala en primer lugar que el informe al cual hace alusión el tribunal en la sentencia recurrida, como supuesto mecanismo de presión en contra de la demandante, visible a folio 26 de expediente, no está dirigido contra esta como se sugiere en dicha decisión. En efecto, advierte la Sala que el citado documento fue elaborado por el asesor jurídico de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón con el fin de poner presente a la directora del referido centro asistencial las “posibles acciones administrativas y/o judiciales” frente a los supuestos incumplimientos de los contratistas y proveedores de la entidad demandada.

Para mayor ilustración se transcriben lo apartes pertinentes del referido informe:

“Previendo una posible acción administrativa y/o judicial contra el contratista en la compraventa de los equipos odontológicos, frente a las reiteradas quejas de los odontólogos, acompañaré al doctor Ricardo Durán en su condición de coordinador de odontología y en la de jefe de control interno de la entidad, para inspeccionar las unidades recientemente adquiridas a Dentales Gled.

Anexo para su conocimiento el acta de inspección práctica a la unidad de la UPA 49. Apreciará la señora directora que este equipo “... solo ha funcionado bien de uno a dos días por semana...” según la declaración de la odontóloga Derly Rojas. La unidad estaba inservible al momento de la visita.

No hemos visitado las unidades de las UPA 48 y 49 pero hemos podido establecer que presentan condiciones idénticas a la unidad de la UPA 49. (...)

Ineficacia de coordinaciones

En ocasiones anteriores he alertado sobre la iniciativa de las coordinaciones, especialmente las relativas a educación, fomento y prevención, bacteriología y odontología, sin que con ello signifique que la coordinación médica haya funcionado satisfactoriamente.

a) Falta de suministro de elementos de trabajo: la visita practicada es una muestra de lo que generalmente ha venido operando. A título de ejemplo, cómo es posible que los odontólogos no tengan espejos y que hayamos encontrado dos totalmente deteriorados, uno de los cuales fue remitido a usted por los odontólogos. Del mismo modo, no puede pasarse inadvertida la queja de que los usuarios sobre la limadura que se está utilizando y que dura aproximadamente dos meses al cabo de los cuales se fractura. No hallan los usuarios justificación alguna para que, antes, por el precio de $ 500 se les colocara amalgama de buena calidad y ahora por un valor superior de $ 1.700 se les coloque un producto de mala calidad. (...).

Llama la atención el hecho de que, a este laboratorio se le haya dotado de una centrífuga con capacidad para solo 6 tubos cuando la demanda es de un 26 (sic) diarios en promedio. Esto significa recargo de trabajo, tanto para el equipo que que (sic) vive recalentado, como para los profesionales que deben triplicar la labor. Esto, mientras que en la UPA 50, el otro laboratorio cuenta con una centrífuga con capacidad para 24 tubos cuando la demanda es de 8 diarios en promedio.

Yo sé que la señora directora cree que estos hechos se deben a que cada sección o dependencia, no solicita a tiempo los elementos. Eso no es cierto. Cada coordinador, o está enterado con suficiente anticipación de los pedidos o por lo menos, debería estarlo pues esa es una de sus funciones. (...)” (fls. 26-33).

Los apartes transcritos, como ya se dijo, dan cuenta de que en el referido informe se manifiesta a la directora del centro asistencial, en primer lugar, la problemática existente con los equipos contratados para prestar los servicios odontológicos a los pacientes y, en segundo lugar, la grave situación por la que atravesaba el hospital, concretamente en lo que se refiere a la falta de elementos y suministros de trabajo lo que, a juicio del asesor jurídico, evidenciaba una actitud desinteresada de los distintos coordinadores de área dado que a estos les correspondía solicitar oportunamente los elementos de trabajo de su respetiva área o dependencia.

Bajo este supuesto, y contrario a lo afirmado por el tribunal el informe de 9 de febrero de 1996, elaborado por el asesor jurídico de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón, no calificó el desempeño de la demandante en el ejercicio de su cargo. Se repite en este punto, dicho informe no hizo otra cosa que poner de presente la problemática existente frente a algunos equipos de trabajo y la ausencia definitiva de otros, sin que en ningún momento se hubiera sugerido en concreto la inconveniencia de que la demandante permaneciera prestando sus servicios en el referido centro asistencial dado el supuesto mal desempeño de sus funciones.

Al respecto, no pasa por alto la Sala que el anotado informe en ninguno de sus puntos sugiere el retiro de empleados de la entidad demandada. Por el contrario, en el acápite denominado soluciones, señala que tratándose de una planta de personal tan “estrecha” era posible recurrir a la rotación de coordinadores dando oportunidad a otros empleados de demostrar sus capacidades y aportar sus conocimientos a la labor desarrollada por el hospital.

Así se lee en el referido informe:

“Las soluciones

A la fecha de este escrito, la señora directora ha manifestado su inconformidad con el equipo de trabajo que ha querido organizar. A esta misma fecha y con miras a despegar el año con los recursos humanos suficientes y eficientes, ha tomado la decisión de proveer un nuevo profesional para el área de fomento y prevención buscando con ello el lleno de un vacío y principalmente, el medio para poder dirigir una buena acción hacía la comunidad.

Ese es un principio de reestructuración del equipo. Dado lo estrecho de la planta de personal, se puede recurrir a la rotación de coordinadores, dando oportunidad a otros funcionarios de demostrar sus capacidades y aportar sus conocimientos e intereses por la entidad y por la comunidad.

Se precisa una ampliación de los servicios de salud y ampliación de los horarios, ojala incluyendo los días sábados. Considero que debemos revaluar cada uno de los servicios de salud con el objeto de ampliarlo y captar de este modo recursos económicos que por ahora están percibiendo otras instituciones. (...)”.

Así las cosas, y en lo que se refiere a el informe de 9 de febrero de 1996, estima la Sala que contrario a lo afirmado por el tribunal el mismo no constituyó un mecanismo de presión sobre la señora Ángela Rocío Rivera Herrera y mucho menos puede decirse que a través de este se hubiera determinado o influenciado su voluntad al punto de llevarla a presentar la renuncia al cargo que como profesional universitario venía desempeñando. En efecto, como se observó en el documento tantas veces aludido, el asesor jurídico de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón no pretendió justificar el retiro del personal de la entidad, por el contrario, este proponía extender el portafolio de servicios ofrecidos a la comunidad lo que naturalmente suponía la ampliación de su planta de personal, esto es, la vinculación de un mayor número de personal.

De otra parte, en relación con el supuesto hecho de que la hoja de vida de la demandante no se encontraba en el archivo de la entidad demandada sino en manos del asesor jurídico dirá la Sala, en primer lugar, que tal hecho no se encuentra probado dentro del expediente y, en segundo lugar, que aún cuando el mismo se hubiera dado por cierto ello per se no tendría el alcance suficiente para generar un efecto perturbador o de “zozobra”, en la entidad, a tal punto que hubiera afectado su funcionamiento normal o que incluso determinara la renuncia de la demandante.

En este punto, estima pertinente la Sala recordar que no es el asesor jurídico sino la directora de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón quien cuenta con la facultad nominadora para proveer o disponer el retiro de los empleados que integran la planta de personal de la referida institución asistencial, razón por la cual el hecho de que el demandante hubiera tenido en su poder la hoja de vida de la demandante no suponía que este estuviera “preparando” una decisión sobre su supuesto retiro del servicio máxime si, como se observa en el caso concreto, el retiro de la demandante finalmente se produjo por su renuncia y no por decisión unilateral de la administración.

En efecto, si lo que pretendía demostrar la parte demandante con este supuesto de hecho era que el asesor jurídico habría podido adoptar o incidir en la toma de decisiones estrechamente relacionadas con la permanencia de la señora Ángela Rocío Rivera Herrera en la entidad demandada, tales decisiones, debe decirse escapaban al ejercicio de sus funciones como asesor jurídico dado que las mismas son propias de las facultades con que cuenta el nominador, en este caso la directora de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón.

Así mismo, en relación con el escrito de 5 de marzo de 1996 mediante el cual la señora Rocío del Pilar López Díaz(1), le manifestó a la directora de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón que el señor Fernando Arturo Vallejo Ortiz, en su condición de asesor jurídico de la referida empresa social del Estado obtuvo “copia de los informes mensuales y otros papeles” del laboratorio por fuera de las horas laborales, dirá la Sala que aún cuando a prima facie el manejo de los informes de laboratorio no constituye una función propia del asesor jurídico de la entidad demandada, en el caso concreto, no se ve como este hecho hubiera podido incidir en la decisión de la demandante de presentar su renuncia al cargo que venía desempeñando.

A lo expuesto se suma el hecho de que quien manifiesta la anotada inconformidad ante la dirección de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón no es la demandante sino la señora Rocío del Pilar López Díaz, en su condición de funcionaria del laboratorio del referido centro asistencial, razón por la cual no resulta razonable el argumento expuesto en la demanda de que la señora Rivera Herrera había sido objeto de una persecución entre otros motivos a consecuencia de la referida comunicación.

Finalmente en lo que se refiere a la prueba testimonial allegada al expediente advierte la Sala que en la declaración de la señora Gloria Yanneth Quiñones Cárdenas, quien se desempeñó como jefe del grupo de fomento y prevención, al preguntársele si durante la época en la que trabajó en el entonces Hospital San Pablo de Fontibón la señora Ángela Rocío Rivera Herrera también prestaba sus servicio, contestó: “Sí la conocí, la conocí como Baacterióloga (sic) y luego fue encargada del grupo de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación encargada”. Así mismo, cuando se le pidió hiciera un relato sobre todo lo que le constara sobre la renuncia presentada por la demandante, contestó: “Cuando yo digo desesperada era porque la situación para nosotros era muy apretada, que me conste de las cosas de Rocío el manejo que se supone tiene una jefe de grupo en el Hospital de San Pablo Fontibón incluía personal, entre el personal están las bacteriólogas, los odontólogos, la parte toda de apoyo, Rocío específicamente tuvo problemas con la parte de laboratorio para la distribución de los turnos, ella muchas veces encontró obstáculos, o después de que había hecho el traslado o antes de hacerlo. En cuanto al manejo de personal, llamados de atención o cualquier cosa que tuviera que hacer siempre se encontraba con obstáculos, así fuera la sola programación de las actividades. También fue víctima de acusaciones muy graves desde mi visión de personal de salud en las funciones que ella tiene a cargo, tiene acciones en cuanto a normas de bioseguridad y en alguna ocasión ella fue culpada de que esas normas no eran claras en el hospital y me consta que ella tomó copia, hizo averiguaciones, fue a las UPA, hizo aclaraciones sobre todo a las normas que se deberían llevar en bioseguridad. Algún día Rocío tuvo que por necesidades del servicio hacer un traslado de una rural, ella se supone está en el servicio obligatorio y eso generó peleas, gritos, un problema y el doctor Vallejo adjuntó copia que ella había pasado para la rural una nota diciéndole a Rocío que ella no podía hacer ese tipo de traslado, que eso lo debería de hablar con él y la jefatura de grupo tienen esa autonomía para movilizar el personal (...) él [el asesor jurídico] hizo una carta, eso fue en la semana en que a mí me sacaron, en la que hablaba, según me cuentan, una cantidad de cosas sobre el trabajo que nosotras desempeñábamos, yo se que Rocío sí la leyó y tiene que haber copia en el hospital porque eran acusaciones muy graves, casi calumnias, porque todo el mundo era aterrado de esa carta” (fls. 315-319).

Por su parte, en la declaración de la señora Olga Patricia Contreras Triana, quien también laboró en la entidad demandada como auxiliar de laboratorio, al preguntársele sobre las causas del retiro del servicio de la demandante, contestó: “Se que ella renunció pero no recuerdo la fecha, por presión del asesor jurídico que había en ese entonces, el doctor Fernando Vallejo él era el asesor”. Al solicitársele que explicara en que consistió la aludida presión, respondió: “Yo era en ese entonces auxiliar de laboratorio y él siempre iba al laboratorio a decirme que me quejara de ella, o sea diciéndome cosas que de pronto no eran ciertas, él quería que yo dijera cosas solamente de lo que a él le convenía pero cosas que no eran ciertas, además escuchaba y más de uno quería que ella saliera de la jefatura porque ella era la jefe, no solamente el doctor Vallejo, él lo hacía porque otras personas lo mandaban, había otra bacterióloga interesada que ella saliera de ahí y como él era el asesor jurídico pues él era el que mandaba ahí, ni siquiera la directora”. Y, finalmente, al solicitársele que manifestara si conocía otro tipo de hechos que constituyeran presiones sobre la demandante, respondió: “Pues que yo tenga entendido de pronto fue más por presión que ella renunció pero no fue porque la hubiesen querido echar, ella renunció por muchos problemas que se presentaron, hubo más presión del doctor Vallejo, más persecución laboral de él que de otra persona de la parte administrativa” (fls. 320-322).

De la prueba testimonial antes transcrita, estima la Sala no se puede inferir o dar por probado que desde el interior de la empresa social del Estado Hospital de Fontibón se adelantó una persecución sistemática en contra de la demandante que hubiera dado lugar a que esta presentara su renuncia al cargo de profesional universitario que venía desempeñando. Lo anterior toda vez que, en lo que se refiere al testimonio de la señora Gloria Yanneth Quiñones Cárdenas si bien esta puso de presente la existencia de la referida persecución laboral, la Sala no pasa por alto el carácter sospechoso de dicha declaración, lo que debe decirse limita su valor probatorio, toda vez que, la señora Quiñones Cárdenas fue retirada del servicio, según manifestó en su testimonio, con ocasión de las constantes presiones de las que supuestamente también fue víctima.

En este mismo sentido, en la declaración de la señora Olga Patricia Contreras Triana la Sala advierte una contradicción el hecho de que la declarante inicialmente afirmó que contra la demandante se adelantó una persecución laboral toda vez que, había personas interesadas en que esta fuera retirada del servicio, pero con posterioridad, y para concluir en su relato, manifestó que la renuncia presentada por la demandante “no fue porque la hubiesen querido echar” (fls. 320-322).

Bajo estos supuestos, estima la Sala que contrario a lo afirmado por el tribunal la prueba testimonial allegada al expediente no resulta concluyente ni idónea para dar por probado el hecho de que la renuncia presentada por la demandante al cargo que venía desempeñando en la empresa social del Estado Hospital de Fontibón tuvo origen en la supuesta persecución laboral adelantada por el asesor jurídico de dicha entidad en su contra.

Así las cosas, la Sala estima que la actora no cumplió con la carga probatoria necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 36 de 18 de marzo de 1996 a través de la cual la directora del Hospital San Pablo de Fontibón, hoy empresa social del Estado Hospital de Fontibón, le aceptó la renuncia al cargo de bacterióloga - profesional universitario VIIIC que venía desempeñando en el referido centro asistencial.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 6 de diciembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en precedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 6 de diciembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por Ángela Rocío Rivera Herrera contra Bogotá D.C., Secretaría de Salud, Hospital San Pablo de Fontibón, hoy empresa social del Estado Hospital de Fontibón.

En su lugar,

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(3) Sentencia C-368 de 26 de mayo de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(1) Quien prestaba sus servicios como bacterióloga en la institución demandada (fl. 40).