Sentencia 1996-2231 de mayo 4 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 76001232500019962231 01 (22.231, 22.289 y 22.528 acumulados)

Rad. Interna: 19.355

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Jorge Lino Ortiz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Proceso: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a su consideración a través del siguiente derrotero: 1) los hechos probados, 2) análisis probatorio y conclusiones, 3) el principio de reparación integral en el caso concreto; 4) valoración de perjuicios y 5) condena en costas.

En relación con la competencia de esta corporación para desatar la controversia, se tiene que el proceso tiene vocación de doble instancia ya que la pretensión mayor individualmente considerada asciende a la suma de $ 25.000.000, valor que supera la cuantía mínima exigida para que un proceso tenga acceso a la misma(1), según los parámetros de competencia establecidos en el Decreto 597 de 1988, toda vez que los recursos de apelación fueron interpuestos durante su vigencia. La Sala decidirá el asunto sin limitación en los extremos, toda vez que apelaron los demandantes y la entidad demandada, lo que permite abrir la litis sin ninguna restricción, tal y como lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

1. Los hechos probados.

Del acervo probatorio que integra el proceso, se destacan los siguientes aspectos:

1.1. Copia íntegra y auténtica de las providencias proferidas en el proceso penal adelantado contra de Libardo Carlosama González, todas valorables como quiera que la prueba trasladada fue solicitada por ambas partes, motivo por el cual será apreciable sin limitación alguna en armonía con el principio de lealtad procesal(2).

Además, la prueba documental del proceso penal ha obrado a lo largo de este proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, respecto de la misma se ha surtido el principio de contradicción.

1.1.1. Sentencia proferida el 15 de mayo de 1995, por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Cali, en la que se condenó a Libardo Carlosama González a la pena principal de 50 años de prisión como autor responsable del delito de homicidio múltiple agravado, en concurso con homicidio en grado de tentativa (fls. 2 a 43 cdno. 2).

En la citada providencia, entre otros aspectos, se puntualizó:

“(...) Practicadas las necropsias a estos cinco cuerpos (fls. 108 a 116) se dictaminó por parte de los señores médicos legistas que:

“María del Carmen Leguizamón Bolaños murió a consecuencia de las heridas por bala que lesionaron de manera grave y mortal, encéfalo, pulmón derecho. La occisa recibió tres impactos de bala por detrás, dos en la cabeza y uno en el tórax.

“Elisabeth Hoyos a causa de las heridas por bala, especialmente una que lesionó estructuras encefálicas, tallo y encéfalo, por hemorragia masiva y consecuente. La occisa recibió por la espalda dos impactos y otro en el antebrazo derecho.

“Franciso Ortiz Jiménez murió a consecuencia de las heridas por bala que lesionaron de manera grave y mortal su estructura encefálica. El occiso recibió dos impactos por detrás, uno en la cabeza y otro en el tórax.

“Tarcilo Córdoba Mosquera murió a causa de herida de bala que lesiona de manera grave y mortal el tallo cerebral. El occiso recibió un solo impacto de bala, por atrás, de carácter mortal.

“Juan Carlos Muriel Guerrero murió a consecuencia de las heridas de proyectil de arma de fuego que lesionaron de manera grave y mortal estructuras encefálicas. Recibió 2 impactos de bala por detrás, en la cabeza, ambos de carácter mortal.

“En estos mismos hechos sufrieron varias heridas por impacto de bala Eliuber Lasso y Daniel Vidal Vargas, que aparecen descritas en los reconocimientos practicados por los médicos legistas (...).

“(...) Ezequiel Oliveros (fl. 25) dice, 15 días antes los bajaron a todos a la inspección de Meléndez, porque dizque estaban consumiendo droga; Luis Alberto Revelo [agente de la policía], al ser preguntado si conocía la casa de Tarcilo, dice en su declaración “... ahí efectuamos un plan realizado a través de información y memoriales que llegaban a la subestación” (fl. 143); el procesado Carlosama sostiene participó (sic) del operativo al que se refiere Revelo (fl. 415 vto.), es decir, hubo acción de la policía contra estas personas porque eran señaladas como viciosos y delincuentes, es claro que ese es el concepto de los agentes Revelo y Carlosama tenían de ellos, lo que no es una novedad porque es conocido que en esta clase de barrios la delincuencia ha hecho sus cunas, por ello es creíble las afirmaciones de Lasso cuando sostiene que el agente Carlosama le había preguntado datos sobre la casa de Tarcilo. El procesado lo niega, pero la verdad es que si él en su calidad de agente del orden se encuentra con Eliuber Lasso, detenido en la inspección donde presta sus servicios, no es extraño que hubiera preguntado por Tarcilo y por quienes lo frecuentaban, contra quienes las quejas se habían vuelto comunes, haciendo que ellos tuvieran que intervenir; era lógico que quisiera indagar sobre la real situación de los moradores de la vivienda, que al parecer se dedicaban al vicio y a la brujería, y dice el declarante, el interés del agente era saber donde se reunían para caerles. Pero esto ahora lo niega Carlosama porque quiere desvirtuar cualquier vínculo con estas personas. Las afirmaciones en tal sentido hechas por Lasso le pueden resultar a él ahora comprometedoras, pero si no estuviéramos frente a este proceso seguramente las aceptaría como parte de su labor acuciosa.

“No se desprende de las diferentes intervenciones de Eliuber Lasso en el procesos, contradicciones, descoordinación o situación alguna que permita concluir que está mintiendo, por el contrario, su relato en aquellos aspectos en que se puede comparar con lo dicho por otros declarantes resulta veraz, y el que no haya atendido la última citación del Despacho no puede tenerse como razón para restarle credibilidad a sus afirmaciones. Es comprensible que una vez salió del Hospital quiera desligarse de esta investigación porque tiene miedo, a él le tocó vivir una escena de barbarie y por muy miserable que sea su vida tiene apego a ella y él sabe que la muerte puede ser el precio que le toque pagar por su verdad.

“(...) Puede resultar curioso que el agente Carlosama, a sabiendas que era conocido por las víctimas, se hubiera presentado con el rostro descubierto, pero si pensamos en la seguridad que estas personas tenían que cumplir su objetivo poco le importaba a él se supiera estaba ahí, pues lejos estaba de imaginarse que habrían sobrevivientes. Daniel Vidal, que en tales condiciones también debió percatarse de que Carlosama no tenía cubierta la cara, no se refiere a este aspecto [como sí lo hizo Eliuber Lasso] y por el contrario sostiene que todos estaban tapados y muestra en sus intervenciones en el proceso, una actitud cuidadosa y prevenida hacia el hecho de ir a comprometerse, sin embargo, a una pregunta del Despacho (fl. 38 vto.) que si a pesar de que todos los homicidas iban encapuchados, podría indicar por la voz o gestos si alguno de ellos le recordó a alguien o se le pareció, impulsivamente contestó: “yo la ley la respeto y no me tropiezo con ellos”, pero en su declaración a folio 363 aclara “cuando digo la ley me refiero a la policía”. La primera declaración fue rendida el 29 de abril cuando aún, anímicamente debía estar bajo el impacto de lo ocurrido y si la ley para él es la policía, cuando respondió que con ella no se tropezaba, estaba indicando su temor a ellos, siendo que de haber resultado totalmente desconocidos los homicidas hubiera sido más sencillo manifestarlo así. Daniel Vida hombre joven, analfabeta, de estrato social bajo, tenía miedo, situación comprensible ante lo que le había tocado vivir horas antes y no se le puede pedir tuviera la entereza de Eliuber Lasso.

“(...) Encuentra así el despacho, se reúnen a cabalidad los presupuestos que la ley determina para proferir sentencia condenatoria, lo que se hará acorde con el pliego de cargos.

“(...)” (fls. 2 a 38 cdno. 2).

1.1.2. Providencia del 12 de septiembre de 1995, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, que confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia contra Libardo Carlosama González.

El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“(...) Conviene sin embargo de lo acordado en el aparte que antecede indicar que la responsabilidad que ahora se endilga a Libardo Carlosama González deviene de los hechos violentos sucedidos en esta ciudad en el sector conocido como Alto de Polvorines, vecino tanto de la inspección de policía del barrio Meléndez como del Batallón de Policía Carabineros, donde en el amanecer del día 28 de abril de 1994, resultaron muertas cinco (5) personas del lugar y heridas de gravedad otras dos (2) que, según sus recuerdos lograron escapar del propósito criminal de los autores del reato quienes, en número de 5 a 7 de acuerdo con las versiones presenciales, se apersonaron abruptamente, ya entrada la noche, a la residencia de Tarcilo Córdoba Mosquera lugar de reunión habitual de un grupo de personas marginales, que allí estaban esa noche, conminados a seguirlos y dándoles a entender que se trataba de una “batida” de la policía como la cumplida unos días atrás, también en contra de ellos, razón por la cual los presentes accedieron sin mayores repulsas, siendo de esta forma conducidos en un jeep de color blanco a un lugar despoblado a orillas del río Meléndez donde, sin vacilar y con toda sangre fría procedieron a hacerlos tender en el suelo “boca abajo” para seguidamente disparar repetidamente en su contra y por la espalda con las armas de fuego que llevaban con ellos. De este violento y aterrador proceder lograron escapar Eliuber Lasso y Daniel Vidal Vargas quienes también se encontraban allí reunidos y a quienes como a los demás los autores de la masacre hicieron movilizar en el vehículo referenciado hasta el lugar de cumplimiento del designio pero a quienes, en su orden, en su orden favoreció la suerte y la entereza. De acuerdo en efecto con las versiones juramentadas que éstos con posterioridad rindieron para el proceso, llegados al lugar de consumación del ilícito, los autores del mismo procedieron a hacer salir a los cuatro o cinco primeros, entre quienes se contaba Eliuber Lasso, y sin vacilar los hicieron tender en el suelo en la forma ya indicada, procediendo de inmediato a disparar repetidas ráfagas en su contra por la espalda. En este acontecer Eliuber recibió tres (3) impactos que sin embargo de afectar algunas zonas letales del organismo no le causaron la muerte pero, le permitieron asumirse como tal ante los antisociales y mientras se concluyó el proceder ilícito, lo que también resultó favorecido por las condiciones imperantes entre las que importa destacar que era tarde de noche y llovía profusamente. La situación con relación a Daniel Vidal se desenvolvió de manera un tanto diferente, pues correspondiéndole a éste el segundo turno y comprendiendo que efectivamente iba a ser muerto, una vez salido del automotor forcejeó con quien lo conducía y liberado emprendió veloz carrera que lo llevó de nuevo a la existencia no obstante las ráfagas que en su contra se hicieron y que también como al anterior le afectaron zonas vitales del organismo.

“(...) La carga incriminante así conformada contra la fuerza pública representada por la policía y muy concretamente para efectos de este asunto por Libardo Carlosama González uno de los fundadores de la estación Meléndez resulta corroborada y afianzada por una serie de circunstancias indiciarias entre las que importa destacar la relativa a la presencia del incriminado en la zona la noche-amanecer de los hechos en razón precisamente a que le correspondió el cargo de vigilancia del turno comprendido entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. De este aspecto y para efectos de precisarlo hablan para el proceso tanto la versión injurada de Carlosama González, como la de Luis Alberto Revelo Rivera, su compañero de patrulla quien también como él resultó incriminado y quien avalando la imputación abandonó el cargo y la institución al día siguiente de ocurridos los hechos cuando ya, con sustento inequívoco la incriminación se dirigía hacia ellos. También se encuentra corroboración de este aparte en la prueba documental que se trajo al proceso y que está confirmado que Carlosama González como Revelo Rivera conformaron la patrulla de vigilancia de ese sector la noche de autos.

“Contribuye también a avalar la incriminación que se ha ido estructurando contra Carlosama González las comprobaciones obtenidas con la práctica de la inspección judicial efectuada por el Fiscal que instruyó el proceso a la sede de la 5ª Estación de Policía emplazada en el barrio Meléndez, a través de las que se confirma que la dotación de armas de la patrulla ES2P como internamente se nombra la conformada por Revelo Rivera y el aquí procesado, comprendía a más de revólveres, carabinas y radio; importando precisar que el porte de este por parte de la patrulla no implica no obstante que la central conozca el lugar o las coordenadas espaciales donde ésta se encuentra, toda vez que este es un reporte cuya veracidad depende de los integrantes de la patrulla.

“(...) Un último razonamiento quiere formular la Sala en torno a las críticas presentadas por los recurrentes. Se ha advertido con alarma por parte de éstos que el testimonio del menor Eliuber Lasso no puede atenderse por cuanto al momento de la ejecución del punible y entonces de la percepción de que éste registró a través de sus sentidos, los mismos estaban alterados por el consumo reiterado de sustancias estupefacientes, a lo que precisamente se dedicaban las personas reunidas en la casa de Tarcilo Córdoba Mosquera.

“Con respecto a este punto ha de decirse, como con relación a los anteriores que resultan inobjetivos los ataques y entonces desacertada la defensa pues, es lo cierto, lo que comprueba fehacientemente la investigación con relación a este aspecto que si bien allí se reunían personas que consumían este tipo de sustancias, este no era el único objeto de la reunión y tampoco, todos estaban incursos en el mismo. Se reunían de acuerdo con lo acreditado por la prueba y no desvirtuado, para conversar, comer, tomar chicha y escuchar las historias de Córdoba Mosquera quien además “leía el tabaco”, hacía riegos y era muy solidario y hospitalario. Nada hay por demás en el proceso que indique que uno de los enajenados u obnubilados de esa noche era Lasso. Todo lo contrario su manejo indica su extrema lucidez; herido de muerte pero, no muerto, comprendió que debía aparecer como tal mientras estuvieran presentes los antisociales y así permaneció. Y una vez liberado de esta presencia procedió a llamar y mover a los presentes para comprobar si alguno había corrido su misma suerte y cuando comprendió que no, inició la salida hacia donde con acierto intuyó estaba su sobrevivencia, a la casa asaltada donde, herido como estaba permaneció apoyado física y emocionalmente por Oliveros Benítez hasta que clareo el día, cuando en un taxi se fue al centro asistencial. Todo este manejo considera la Sala antes que el de un alucinado, desfasado e inconsciente corresponde al de una persona lúcida y objetiva que está evaluando acertadamente el contexto de una compleja y violenta situación y procediendo de conformidad.

“(...)” (fls. 44 a 57 cdno. 2 - negrillas del original).

1.2. De folios 60 a 165 del cuaderno número 2 obra copia íntegra y auténtica del proceso disciplinario adelantado contra Libardo Carlosama González, prueba solicitada y allegada por la parte demandante, y que resulta apreciable por la Sala toda vez que se cumple con las reglas de traslado del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, puesto que fue practicada con audiencia de la Policía Nacional.

De las pruebas que integran el expediente disciplinario resulta pertinente destacar:

1.2.1. Proveído del 10 de junio de 1994, proferido por el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, que declaró responsable disciplinariamente al agente Libardo Carlosama González por haber infringido el reglamento de ética de la Policía Nacional, Decreto 2584 de 1993, al haber sido reconocido como autor del múltiple homicidio, junto con otras personas, el día 28 de abril de 1994; de otro lado, se dispuso su separación absoluta del servicio activo de la Policía Nacional.

El fundamento del citado auto fue el siguiente:

“(...) En la contestación del pliego de cargos hechos al Agente Carlosama González Libardo, manifiesta no tener conocimiento de los hechos, que para el día 28 de abril de 1994, prestó su servicio de vigilancia en el sector de Meléndez, sin presentarse ninguna novedad, que conocía de los acontecimientos por información de las noticias, que personalmente conocía al joven Eliuber Lasso Abanis, porque les hacía mandados y ellos le pagaban, que atribuye el homicidio a enemistades entre pandillas, pero que él no participó de la masacre.

“En reconocimiento en fila de personas efectuado por la Fiscalía Quince, el agente Carlosama González Libardo, fue ampliamente reconocido por Eliuber Lasso Abanis, como uno de los autores del crimen múltiple, que éste se encontraba uniformado para ese día y que no estaba encapuchado.

“Las pruebas aportadas al informativo disciplinario dan a conocer un hecho lamentable desde todo punto de vista, en donde fueron muertos dos mujeres y tres hombres, quedando heridos dos jóvenes, quienes dieron a conocer los hechos como sucedieron y uno de ellos reconociendo a un agente de la Policía Metropolitana de Cali, que prestaba sus servicios en la Subestación Meléndez perteneciente a la Quinta Estación, como autor del múltiple homicidio, al dar sus características ante la autoridad competente, se estableció que se trataba del agente Carlosama González Libardo, a quien se le dictó orden de captura, por parte de la Fiscalía Quince, estando en la actualidad privado de su libertad y suspendido por parte de la dirección general de la Policía Nacional.

“Así las cosas, se observa ampliamente, que existen indicios graves y declaración testimonial que ofrece serios motivos para responsabilizar al agente Carlosama González Libardo, como partícipe del homicidio múltiple, ocurrido en Meléndez el día 28 de abril de 1994, situación ésta que lo coloca al margen de la Justicia Penal Ordinaria, toda vez que su actuar se realizó fue de un procedimiento (sic) policivo, no fue por causa del servicio, si tenemos en cuenta que el policía, está instruido para proteger la honra, bienes y la vida de sus congéneres, mal podría tenerse este hecho como un acto del servicio, por el contrario está de fuera todo orden legal y jurídico, debiendo ser investigado y sancionado por la autoridad respectiva. Entre tanto le corresponda al fallador de primera instancia de la Policía Metropolitana “Santiago de Cali”, determinar que el citado agente violó el Reglamento de Disciplina y Ética Policial, en su artículo 39 numeral 12 debiendo ser separado en forma absoluta de la Policía Nacional, lo cual se solicitará en la parte resolutiva de este proveído.

“(...)” (fls. 142 a 144 cdno. 2 - mayúsculas del original).

1.2.2. Decisión del 7 de julio de 1994, proferida por el director general de la Policía Nacional que confirma la determinación de sancionar disciplinariamente a Libardo Carlosama González, adoptada en primera instancia en el proceso disciplinario.

Entre otros aspectos se puntualizó:

“Analizando el acervo probatorio allegado al plenario acorde con las reglas de la sana crítica, considera esta instancia que efectivamente el Agente Libardo Carlosama González transgredió lo preceptuado en el artículo 39 ordinal 12 del Decreto 2584 de 1993, “Violar las disposiciones penales o el estatuto de control y comercio de armas, municiones y explosivos o demás normas relacionadas con la materia” al establecerse que fue plenamente reconocido por el joven Eluber (sic) Lasso Abanis como el agente que participó en el ilícito en el que dieron muerte a María del Carmen Leguizamón Bolaños, Elizabeth Hoyos, Francisco Ortiz Jimenez, Tarcilo Mosquera Córdoba, Juan Carlos Muriel Guerrero y causaron lesiones lesiones (sic) a Daniel Vidal Vargas y Eluber (sic) Lasso Abanis, actuación censurable desde todo punto de vista y pese a que aún no haya sido condenado penalmente, disciplinariamente amerita la máxima sanción toda vez que existen graves indicios que ofrecen serios motivos de credibilidad que lo comprometen, como partícipe del múltiple homicidio, además de haber sido privado de su libertad por parte de la Fiscalía 15, evidenciándose su falta contra el ejercicio de la profesión, máxime si se tiene en cuenta que el fin primordial de esta es servir a la sociedad, respetando la persona humana y sus derechos consagrados en la Carta Magna.

“Así las cosas, se procederá a confirmar el fallo de primera instancia por encontrarlo acorde a derecho y realidad procesal, advirtiendo que la omisión en que se incurrió al no registrar las fechas del auto de apertura y nombrando funcionario no son causal que generen nulidad ni que modifiquen sustancialmente la decisión pues conductas como la asumida por el policial en mención no pueden permitirse en la Institución dada su calidad la cual obliga a observar un comportamiento intachable y de ejemplo para la sociedad.

“(...)” (fls. 146 a 156 cdno. 2).

1.2.3. Protocolo de necropsia de María del Carmen Leguizamón Bolaños, realizado el 28 de abril de 1994, por la Fiscalía No. 117, en el que se consignó:

“(...) EXAMEN EXTERNO:

“Descripción del cadáver: cadáver de mujer de edad madura de más o menos 37 años, raza negra, estatura 196 cm, en regular estado de nutrición, pálida, quien presenta heridas por bala que a continuación se describen:

“Bala Nº 1:

“En la cabeza región posterior a nivel del hueso temporal derecho...

“Bala Nº 2:

“En la cabeza región occipital izquierda...

“Bala Nº 3:

“En la espalda al lado derecho en séptimo espacio intercostal con línea escapular (...).

“EXAMEN INTERNO:

“Cavidad craneana: cuero cabelludo heridas por balas ya descritas en el cráneo. Cráneo fracturas móviles tanto en la base como en la convegidad (sic). Cerebro y meninges desgarros encefálicos múltiples con hemorragia masiva intercerebral...

“DIAGNÓSTICO: Heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego.

Heridas craneoencefálicas y de pulmón derecho.

Hemorragia masiva intercraneala y torácica.

“(...)” (fls. 162 y 163 cdno. 2 - mayúsculas del original).

1.2.4. Acta de necropsia de Juan Carlos Muriel Guerrero, suscrita por el médico patólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal - regional Sur, del 28 de abril de 1994, en la que se señaló:

“(...) EXAMEN EXTERNO:

“Cadáver de varón joven con una edad aparente de 21 años, raza mestiza, estatura de 1,70 cm, buen estado de nutrición y desarrollo quien presenta heridas por bala que se describen a continuación:

“Bala Nº 01:

“En la cabeza porción anterior a nivel de la región parietal derecha posterior...

“Bala Nº 02:

“En la cabeza región occipital baja lado derecho a 9 cm del vertex y a 6,5 de la línea media.

“Bala Nº 03:

“En la mano derecha en el dorso de región tenar...

“(...) EXAMEN INTERNO:

“Cavidad craneana

“Cuero cabelludo: heridas de cuero cabelludo por entrada de balas # 1 y 2.

“Cráneo: fracturas estrelladas múltiples en la periferia del orificio de entrada y de salida.

“Cerebro y meninges: desgarros encefálicos múltiples por balas ya descritas. Hemorragia subdural severa.

“DIAGNÓSTICO:

“1. Heridas craneoencefálicas por proyectil de arma de fuego y en miembro superior derecho.

“2. Desgarros encefálicos.

“3. Hemorragia masiva intercraneana.

“OPINIÓN Y CONCLUSIONES:

“Murió a consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego que lesionaron de manera grave y mortal estructuras encefálicas.

“El occiso recibió 2 impactos de bala por detrás en la cabeza ambos de carácter mortal.

“(...)” (fls. 164 y 165 cdno. Nº 2 - mayúsculas del texto original).

1.3. Declaración de la señora Victoria Viveros Mideros, rendida ante el tribunal de primera instancia, en la que puntualizó:

“(...) PREGUNTADO: sírvase decir si conoce a la señora María Elena Guerrero y al señor Luis Antonio Muriel, desde cuándo, qué relaciones existen entre éstos y si han tenido descendencia, indicando los nombres. CONTESTÓ: sí los conozco a ellos desde hace 20 años, ellos conviven bajo el mismo techo por ser compañeros permanentes, tienen 5 hijos de nombres: María Otilia Muriel, Francia Elena Muriel, Juan Carlos Muriel, María Lida Muriel y dos últimos que ella tuvo extramatrimonial que son Frank Guerrero y Ronal Moncayo Guerrero, esto me consta porque vivo ahí mismo en la misma comunidad y porque somos amigos. PREGUNTADO: Sírvase decir, si todos los mencionados vivían en una misma casa y cómo era el trato de los hijos con respecto a la madre y de éste respecto a sus hijos. CONTESTÓ: Si, ellos convivían en la misma casa, ellos tenían una buena relación entre la familia... PREGUNTADO: Sírvase decir si Juan Carlos Muriel Guerrero tenía esposa o compañera permanente y si tuvo hijos, indicando los nombres? CONTESTÓ: Sí. El tenía su mujer que convivía con él tenían una niña. La señora se llama María del Pilar Chacón y su niña se llama Lisa Daniela Chacón, ellos convivían en la misma casa con la mamá del él. PREGUNTADO: Sírvase decir, a qué actividades laborales se dedicaba Juan Carlos y a qué destinaba los dineros que ganaba para sostenerse él? CONTESTÓ: Pues el se desempeñaba en oficios varios como decir, ayudante de construcción, auxiliar de brocha gorda, y auxiliar de mecánica automotriz, cuando a él lo mataron él estaba trabajando en el taller de un señor Armando...” (fls. 1 y 2 cdno. 3 - mayúsculas del original).

1.4. Testimonio rendido ante el a quo por parte de la señora Patricia Muñoz, quien sostuvo:

“(...) Sí a la señora María Elena la conozco desde muy niña, es decir, aproximadamente unos 30 años, lo que hace que tengo uso de razón la estoy viendo, ella convive con el señor Luis Antonio Muriel y de esta unión procrearon a Otilia, Francy Elena, Juan Carlos y María Lidia Muriel Guerrero y Ronald Moncayo Guerrero, esto me consta por ser vecinos desde hace mucho tiempo, los he visto crecer en el mismo barrio donde vivimos (...). Sí Juan Carlos tuvo compañera la señora María del Pilar Chacón y con ella tuvo una niña de nombre Luisa Daniela Chacón (...)” (fls. 4 a 6 cdno. 3).

1.5. Registros Públicos de: i) nacimiento de Tito Jiménez, Francisco, Maris Ligia, Washington, Marleny, y Armando Ortiz Jiménez, en los que se acredita que el primero es hijo de Nohora Jiménez y los demás son hijos de la misma y del señor Jorge Lino Ortíz; ii) de defunción de Francisco Ortiz Jiménez; iii) de bautismo de María del Carmen Leguizamón(3), en la que consta que nació el 27 de junio de 1957, y que sus padres son María Leonila Bolaños y Emiliano Leguizamón; registro de nacimiento de Lida Carmenza González Leguizamón; Jhon Alexander Leguizamón Bolaños, Nini Johanna, Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilcen Lorena Rentería Leguizamón; Emiliano Leguizamón Moreno, y partida de bautismo de Florinda Leguizamón Bolaños, quien nació el 24 de enero de 1961; iv) de defunción de María del Carmen Leguizamón y de José Robinson Rentería; v) de bautismo de Otilia Muriel Guerrero y Francy Muriel; Juan Carlos y María Lida Muriel Guerrero; Fran Sánchez Guerrero, Ronal Moncayo Guerrero; vi) de defunción de Juan Carlos Muriel Guerrero, en el que consta que era hijo de María Elena Guerrero y Luis Antonio Muriel (fls. 6 a 13 cdno. ppal. Exp. 22289, fls. 10 a 18 cdno. ppal. exp. 22528, fls. 4 a 10 cdno. ppal. exp. 22231).

1.6. Auto del 8 de abril de 1996, en el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca designa al apoderado de los demandantes como curador ad litem de los menores Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilsen Rentería Leguizamón, previa solicitud elevada por su abuela a esa Corporación, para que ejerza su representación en este proceso (fls. 5 a 9 cdno. ppal. Exp. 22528).

2. Análisis probatorio y conclusiones.

La Sala modificará la decisión apelada con fundamento en lo siguiente:

El daño antijurídico está acreditado ya que quedó demostrado, con los registros civiles de defunción y con las actas de necropsia que el 28 de abril de 1994, fueron asesinados en la ciudad de Cali, entre otras personas, Francisco Ortiz Jiménez, María del Carmen Leguizamón y Juan Carlos Muriel.

Así las cosas, a los familiares de los mencionados occisos les fueron afectados diferentes derechos e intereses legítimos que no estaban en la obligación de padecer, máxime que el ordenamiento jurídico no les imponía soportar esa afectación.

En esa perspectiva, el problema jurídico que aborda la Sala se contrae a determinar si en el caso concreto es imputable el daño a la demandada o, si por el contrario, tal y como lo aduce la entidad, el mismo es producto del hecho de un tercero consistente en la falta personal del agente estatal.

Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar —en sentido activo o pasivo— a un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(4).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción - responsabilidad), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v. gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v. gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(5).

En otros términos, la causalidad —y sus diferentes teorías naturalísticas— puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. Contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

Así las cosas, en el caso concreto la problemática implica determinar si el daño es imputable a la administración pública, para lo cual es necesario establecer si en la materialización de aquél existió o no un nexo con el servicio público o, si por el contrario, el suceso tuvo su génesis en la culpa personal del agente estatal lo que configuraría la ausencia de imputación por el hecho de un tercero.

En cuanto se refiere a la culpa personal del agente, la Sala ha señalado:

“... las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública (...)”(6).

De otro lado, en cuanto se refiere a los daños ocasionados por miembros de la fuerza pública, la jurisprudencia ha precisado, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público” (...)”(7).

Como se aprecia, en cada asunto específico se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de las mismas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante un daño imputable al Estado, ya que la intencionalidad o subjetividad del agente estatal puede resultar ajena al análisis de conexión con el servicio, en cuanto lo relevante es la exteriorización del comportamiento del agente estatal a la hora de la concreción del daño, para lo cual será útil el estudio de las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como la existencia de los vínculos instrumentales, temporales, espacial e intelectual, sin que estos últimos sean suficientes para la acreditación del nexo con el servicio.

En el caso concreto, la Sala comparte los planteamientos del a quo en tanto encontró demostrada la falla del servicio de la entidad estatal, toda vez que no es predicable la culpa personal invocada. En efecto, no debe perderse de vista que el agente de policía actuó prevalido de su condición de funcionario público, ya que no sólo participó de la execrable masacre en servicio activo, sino que poseía información relevante, adquirida con ocasión de su investidura, sobre las reuniones que se efectuaban en la casa de Tarcilo Córdoba y las personas que participaban en las mismas.

En consecuencia, no resulta posible prohijar una postura contraria en los eventos en que agentes del Estado actúan como los mal llamados grupos de “limpieza social” —tal y como ocurrió en el asunto bajo análisis— toda vez que los daños antijurídicos que se causen devienen imputables a la administración pública, siempre y cuando se verifique que los funcionarios ejecutaron la respectiva acción en tiempo del servicio o prevalidos de la condición de miembros de la fuerza pública, o de circunstancias o nexos que configuran lo que se ha denominado ocasionalidad necesaria. En efecto, sobre el particular la doctrina ha sostenido:

“Como recuerda Zelaya, la doctrina de la ocasionalidad necesaria comporta que el empresario responda cuando la función o trabajo encomendado al dependiente haya constituido el marco circunstancial, coyuntural y externo que ha permitido o activado la operatividad de la conducta lesiva desarrollada por el dependiente; consiguientemente, bastará que el acto lesivo haya sido realizado durante la jornada laboral, en lugar de trabajo, con los instrumentos inherentes a la función o como consecuencia de un móvil proporcionado por la función; el empresario quedará exonerado de responsabilidad únicamente en el supuesto de que el acto del dependiente sea total y absolutamente ajeno a la función, lo que ocurrirá cuando ésta ni siquiera haya suministrado la oportunidad de realizarlo(8)(9).

En el sub examine, se insiste, el agente de la policía Libado Carlosama para la hora de los acontecimientos se encontraba en servicio activo, y conocía en virtud de sus funciones las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaban a cabo las reuniones en la casa de Tarcilo Córdoba; lo anterior, permite reiterar el razonamiento desarrollado por esta misma corporación en las sentencias del 2 de agosto y 11 de octubre de 1991, expedientes 6155 y 6418(10), ocasión en la que declaró responsable a la Policía Nacional del actuar criminal de varios de sus agentes, con fundamento en las razones que se transcriben a continuación:

“4. Del material probatorio recaudado en el curso de la investigación penal, calificada en primera instancia por el Juzgado Instructor con resolución acusatoria que afectó al cabo López Salazar, al agente Correa Molina y al civil Eduardo Eraso, y que confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, encuentra la Sala suficientemente probada la existencia de los hechos punibles que originaron este proceso y la participación de los dos policías mencionados en su ejecución, como lo demuestran los diversos hechos indicadores de su presencia y participación en los delitos de homicidio y hurto que dieron origen a la investigación penal y a este proceso.

“(...) 6. Con fundamento en las anteriores consideraciones cuyos elementos probatorios se encuentran tanto en el expediente penal, como en este proceso, se hace necesario establecer previamente si la actuación ilícita atribuida a los dos miembros de la Policía Nacional puede entenderse como una falla del servicio o, si por el contrario su comportamiento corresponde a un acto de estricto contenido personal y, por lo mismo, ajeno a la responsabilidad administrativa de la institución a la que pertenecían.

“(...) 8. Para la Sala la cuestión no puede simplificarse en la forma que lo hace el tribunal, para descartar y pasar por alto comportamientos y omisiones inherentes al servicio, con el pretexto de que se trata de actuaciones netamente personales de los miembros de la policía que por lo mismo conlleva una responsabilidad también personal y, por lo consiguiente ajena a la administración, de la cual son sus agentes.

“(...) 9. Estima la Sala, que en el caso bajo estudio resulta un tanto aventurado sostener que se dio únicamente la culpa personal de los dos miembros de la Policía Nacional. De ninguna manera. Aceptarlo significaría pasar por alto circunstancias debidamente acreditadas en el proceso y que, de alguna forma se orientan hacia la comprobación de procederes irregulares en los agentes mencionados y que confluyen al reconocimiento de la responsabilidad de la demandada por el actuar anómalo de sus miembros.

“(...) La tesis de la falla personal ha sido elaborada por esta misma Sala y se ha insistido en varias oportunidades que para que ésta se dé se tiene que mostrar el accionar del agente totalmente desvinculado del servicio, porque si el resultado dañoso deja ver que se actúa dentro o con ocasión del mismo la culpa personal desaparece para mostrar la falla de la administración y con esta su responsabilidad” (destaca la Sala).

En esa línea de pensamiento, la Sala reitera los refulgentes argumentos expuestos en el pasado por esta corporación, oportunidad en la que en relación con la inviolabilidad del derecho a la vida y el especialísimo deber de protección a cargo de la fuerza pública señaló:

“Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quien es útil, bueno y merece seguir con vida y quién es mal, inútil, “desechable”, y debe morir. Nadie, y mucho menos la autoridad.

“Cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento moral, y legal, y de protectora de la vida, honra y bienes de los demás (deberes y obligaciones que justifican su existencia) se convierte en la monstruosa dueña de la vida, de la honra y de los bienes.

“Es el primer paso para la anarquía social y el mundo está plagado de esos ejemplos.

“La “limpieza” de un país, que conduce a los peores y desviaciones, “normalmente” empieza con los llamados, por “los nuevos justos”, desechos humanos (homosexuales, vagos, rateros, drogadictos, prostitutas) para envolver luego a los líderes agrarios, comunales, sindicales o a las personas que profesan ideología contraria al sistema y son incómodas porque la pregonan.

“Esta Sala ha sido una voz solitaria de alarma. Fuera de la realidad, dirán algunos; simples poetas, dirán otros. Estamos en guerra y todo es permitido, agregarán los de más allá, justificando los holocaustos y los genocidios. Los “doctos” alegarán la prevalencia del interés general sobre el particular como sucedió en noviembre de 1985, en nota publicada en un periódico de amplia circulación, luego de la toma del Palacio de Justicia. Aunque este interés particular sea la vida misma y ese interés general sea una “institución”, a quién se le habían matado sus mejores exponentes para “salvarla”.

“Esta distorsión de la moral y de la lógica que olvida el valor del hombre en el mundo y su significado.

“A este respecto la Sala trae a colación la siguiente cita tomada de la obra “La dignidad de la persona”, cuyo autor es el profesor Jesús González Pérez:

“TOMÁS Y VALIENTE terminaba una conferencia sobre la tortura judicial pronunciada en la Universidad de Salamanca en 1971 con estas palabras: “como decían los personajes de la Antígona griega y de la Antígona de Bertolt Brecht, no hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”.

“(...) Este es el cuadro que muestra este expediente. Y no hay que ser muy sagaz para concatenar una serie de indicios que muestran una vez más esa despiadada labor de “limpieza”(11).

De lo anterior se infiere con nitidez o claridad, que de lo que dan cuenta los autos es de la ejecución de varios ciudadanos en una de esas mal llamadas “labores de limpieza social” que no pueden ser sino catalogadas como una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado. Y como tristemente en época que se espera ya superada, en un culto al prejuicio, se devaluó por algunos miembros de los organismos de seguridad, al ciudadano humilde o de escasos recursos para identificarlo con el delincuente, y fue eso sin eufemismo alguno lo que ocurrió, y así lo trasunta este proceso, ya que la labor de la fuerza pública se pervirtió para servir de medio o instrumento a la hora de desencadenar unos hechos propios del pandemonio.

Frente a episodios de naturaleza similar, que nunca se debieron presentar y menos repetir, esta corporación ha reflexionado desde una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida (...). Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.

La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eca de Queiroz: “El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo”. Y Federico Hegel resaltó: “El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo”.

La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta(12) (negrillas adicionales).

En el asunto bajo examen, se logró establecer a partir de las valoraciones y consideraciones realizadas en los procesos penal y disciplinario adelantados contra Libardo Carlosama, que este último participó de los execrables hechos ocurridos el 28 de abril de 1994, en el que fueron ultimados de forma inmisericorde varios ciudadanos entre los que se encontraban Francisco Ortiz, María del Carmen Leguizamón y Juan Carlos Muriel Guerrero, participación que según se desprende del acervo probatorio se facilitó en tanto el grupo de homicidas actuaron prevalidos de la condición, según manifestaron los testigos, de pertenecer a la “judicial” lo que contribuyó a que las personas que se encontraban en el hogar de Tarcilo Córdoba abordaran el campero blanco, hasta que fueron noticiados del desenlace fatal que les esperaba.

Entonces, valoradas las providencias condenatorias proferidas en el proceso penal y disciplinario, resulta apodíctica verdad que el agente Libardo Carlosama intervino y participó directamente en los hechos que segaron la vida de cinco personas humildes que se reunían de manera frecuente en el hogar de Tarcilo Córdoba.

Sobre el particular, resulta oportuno destacar que los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, pues cualquier distorsión o trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del ordenamiento jurídico, por muy loable que en apariencia sea el propósito con que subjetivamente se actúe por parte de los funcionarios (v. gr. eliminar a las fuerzas al margen de la ley o la delincuencia), se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad; lo anterior, como quiera que cuando es el mismo Estado —entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza—, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado Social de Derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político.

Es por ello que la doctrina especializada en la importancia del garantismo estatal ha sostenido:

“Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible y de lo indecidible que no; y actúan como factores no sólo de legitimación sino que también y, sobre todo, como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones (...). Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional (...). Este es el sentido de la frase ¡Hay jueces en Berlín!: debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos del individuo, aunque la mayoría o incluso los demás en su totalidad se unieran contra él; dispuesto a absolver por falta de pruebas aun cuando la opinión general quisiera la condena, o a condenar, si existen pruebas, aun cuando esa misma opinión demandase la absolución”(13).

En consecuencia, nada resulta más perverso y oprobioso que el empleo de la fuerza pública y de los medios e instrumentos puestos a su servicio con fines ajenos a la protección de los derechos de los asociados, máxime cuando su objetivo constituye el desconocimiento y la supresión de las garantías fundamentales, específicamente el derecho a la vida.

Al respecto, vale la pena extraer brevemente una parte de ese sobresaliente pensamiento:

“Ya en el mero nombre de hombre hay una dignidad. Y como esta corresponde en igual medida a todos los hombres, todo hombre es también igual a los otros por naturaleza. Esta igualdad “natural” no es una igualdad de fuerzas, como pensaba Hobbes, sino una igualdad en el Derecho, cuyo fundamento se halla en el deber de sociabilidad que une igualmente a todos los hombres, ya que está dado con la naturaleza humana como tal (...)”(14).

De otro lado, resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, más no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010(15), se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite. En el reciente fallo, cuyo análisis se circunscribió al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se puntualizó lo siguiente:

“Tales testimonios coinciden, igualmente, en afirmar que dentro del grupo de agresores se encontraba un individuo vestido de policía con el rostro descubierto, al cual describieron como una persona de estatura baja, contextura robusta, rasgos indígenas y que también portaba una arma tipo carabina, persona que posteriormente fue identificada por el menor Euliber Lasso Anis como el agente de Policía “Carlos”. En efecto, el menor manifestó tanto en la declaración rendida el día de los acontecimientos como posteriormente en la ampliación de su declaración, que conocía al Agente de Policía hacía más de un mes y medio, pues en varias ocasiones había hablado con él en la Inspección de Policía e incluso le hacía mandados; así mismo, que ocho días antes de tales hechos había estado detenido en dicha Inspección y que estando allí aquel le había preguntado datos sobre la casa del señor Tarcilo Mosquera. Tales declaraciones fueron corroboradas con la identificación realizada en la diligencia de reconocimiento fotográfico practicada el 30 de abril de 1994, en la cual dicho testigo reconoció al Agente Libardo Carlosama González como uno de los agresores.

“(...) En relación con el tipo de arma utilizado en la masacre se tiene, por un lado, que los testimonios son concordantes en afirmar que un Agente de Policía, quien posteriormente fue identificado como Libardo Carlosama González, portaba una arma tipo carabina; de otro lado, el dictamen de balística practicado a las armas incautadas —entre las cuales se encontraba aquella—, determinó que habían sido disparadas después de que fueron limpiadas por última vez; asimismo, causa extrañeza a la Sala que no se hubiere realizado anotación alguna en el libro de control de armamento respecto de las armas utilizadas en el turno del día 27 de abril de 1994 entre las 9.00 P.M., y las 7.00 A.M., esto es, precisamente en el turno asignado al Agente Carlosama González, lapso en el cual se perpetraron los hechos.

“Lo anterior permite concluir que dicho agente de Policía se encontraba en ejercicio activo del servicio, portando su correspondiente uniforme y arma de dotación oficial y que esa condición fue la que efectivamente le permitió detener y colocar en estado de indefensión a las víctimas para cometer la masacre.

“(...) Así las cosas, resulta claro entonces que la responsabilidad de la Policía se ve comprometida por cuanto los anteriores medios probatorios recaudados en el proceso señalan que la muerte de los señores Francisco Ortiz Jiménez, Elizabeth Hoyos, María del Carmen Leguizamon Bolaños, Tarcilio Mosquera Córdoba, Juan Carlos Muriel Guerrero, y las lesiones de Daniel Vidal Vargas y del menor Euliber Lasso Abanis, se produjeron mientras éstos estaban en estado de indefensión, bajo la custodia de un Agente de la Policía —el cual fue plenamente identificado—, en asocio con otros individuos quienes también se identificaron como tales, quienes habrían detenido a las víctimas bajo el argumento de que los conducirían a una Estación de Policía para verificar antecedentes penales.

“En relación con la protección del derecho a la vida por parte de las autoridades pertenecientes a los estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos(16), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:

“La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(17).

“(...)” (cursivas y negrillas del original).

Así mismo, en relación con el especialísimo derecho a la vida, primera garantía que se desprende del principio de dignidad humana, la Sala de sobresaliente manera ha discurrido(18):

“La preocupación central de las sociedades democráticas contemporáneas es la garantía de los derechos de la persona en tanto tal. Su reconocimiento, en normas de derecho interno como en disposiciones del ámbito universal, entraña la adopción de una filosofía jurídico-política: la propia de las democracias liberales, construida sobre la base de todo un sistema de valores y principios superiores que informan y guían el ordenamiento jurídico.

“A partir de Locke, padre del liberalismo filosófico, el carácter fundante de los derechos en un Estado de Derecho es indiscutible. Será él quien proponga la constitucionalización de los derechos naturales (y en primer lugar está por supuesto el derecho a la vida) como remedio a los arrebatos de arbitrariedad que siempre han tentado a los gobernantes...

“Positivización o constitucionalización de los derechos naturales que arranca con el derecho a la vida, como presupuesto para el ejercicio de los demás derechos, toda vez que es “el derecho supremo de los seres humanos”(19). Derecho fundamental sin cuya garantía de respecto por parte de las autoridades estatales devendría en ineficaz todo el conjunto de derechos y libertades consagrado por el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(20).

“Con esta perspectiva, nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 11 señala en forma nítida que el derecho a la vida es inviolable y agrega que “[n]o habrá pena de muerte”. Inviolabilidad que se introdujo en el debate en la Comisión Primera de la ANAC, donde se dejó en claro que este derecho era “el único inviolable, porque cuando es violado desaparece el sujeto del derecho (...) [e]s el único esencial porque si se viola de ninguna manera se pueden desarrollar los demás”(21).

“Este precepto constitucional retoma el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, correspondiente al artículo 3º del Acto Legislativo No. 003 de 1910, que estableció que el legislador no podía imponer la pena capital en ningún caso. Prohibición que desde entonces ya era absoluta(22) en tanto se trata del primer derecho y el supuesto de todos los derechos(23), según lo precisó el guardián de la Constitución de esa época. Canon prohibitivo que no admitía excepción alguna para el legislador y por lo mismo cobijaba a las demás ramas del poder público. Esta preceptiva fundamental era interpretada por nuestra jurisprudencia constitucional en armonía con el artículo 16 de la Carta de 1886, disposición que a su turno obligaba a todas las autoridades a proteger la vida y, por lo mismo, era concebida como un principio rector de toda la Constitución(24).

“(...) En definitiva, en el derecho colombiano la inviolabilidad del derecho a la vida en su doble dimensión (i) no admite excepción alguna y (ii) ostenta carácter absoluto(25) y, por lo mismo, ha supuesto de antaño la imposibilidad de transgredirlo toda vez que constituye una de las normas básicas de los estados de derecho de estirpe demoliberal, como el nuestro.

“De ahí que no sorprende que haya sido ubicado en el artículo 11, a la cabeza del capítulo I del Título II de la Carta de 1991, dedicado justamente a los derechos fundamentales (tal y como sucede en otras latitudes)(26).

“Si se trata del fundamento de los demás derechos(27), o “el punto de arranque” o “prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos [en tanto] constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”(28), para usar la terminología de la jurisprudencia constitucional española, es inadmisible pensar en su suspensión por ningún motivo, habida cuenta que configura prerrequisito de los demás derechos, los cuales —se insiste— solo adquieren sentido si se garantiza la vida(29).

“(...) Síguese de todo lo anterior que no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales y por ello en varias oportunidades, no sólo esta Corporación —como ya se indicó— sino también la Comisión Interamericana ha declarado responsable al Estado Colombiano por actuaciones de esta naturaleza, por parte de miembros del Ejército Nacional(30).

“No debe perderse de vista que el artículo 11 superior contempla a la vida como un derecho intangible en tanto fundamento, sustento y —por lo mismo— primero de los derechos inherentes a la persona. Se trata sin duda de la más importante motivación política de nuestro orden constitucional que irradia —por supuesto— el resto de la Carta y su primacía es reconocida por el artículo 5º CN junto con los demás derechos inalienables de la persona.

“En consonancia con estos mandatos, el artículo 2 Constitucional —en perfecta armonía con el preámbulo de la Carta— dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su dimensión bifronte de derecho fundamental y principio superior(31) que inspiró al constituyente en el diseño del ordenamiento constitucional y por lo mismo es uno de los pilares de nuestra democracia.

“(...)” (negrillas y cursivas del original).

En consecuencia, la importancia de la dignidad humana entendida como aquel imperativo categórico —en términos Kantianos— que determina que cada ser humano —sin importar su sexo, raza, etnia, clase social, capacidad física y/o mental, capacidad económica, etc.— es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar los fines de otros, radica en que la misma constituye el sustrato de todos los derechos humanos, principalmente de los derechos fundamentales y, por ende, de la vida y la libertad garantías éstas sin las cuales la existencia y plenitud de la humanidad se vería amenazada. Así lo pone de presente de forma majestuosa el vate universal Jorge Luís Borges, en su canto a la vida “Remordimiento por cualquier muerte”:

“Libre de la memoria y de la esperanza / ilimitado, abstracto, casi futuro, / el muerto no es un muerto: es la muerte.

“Como el Dios de los místicos, / de quien deben negarse todos los predicados,
el muerto ubicuamente ajeno / no es sino la perdición y ausencia del mundo.

“Todo se lo robamos, / no le dejamos ni un color ni una sílaba:
aquí está el patio que ya no comparten sus ojos, / allí la acera donde acechó sus esperanzas.

“Hasta lo que pensamos podría estarlo pensando él también; / nos hemos repartido como ladrones / el caudal de las noches y de los días”.

Y frente a crímenes de esta naturaleza, el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad, para que hechos como esos no se repitan jamás.

En consecuencia, uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar estándares reglados acerca del manejo de la fuerza pública, toda vez que se parte del principio de excepcionalidad en su uso y, por ende, los agentes de los estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia debida o el cumplimiento de un deber legal, en aquellos eventos en que su conducta es constitutiva de crímenes o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento que atente contra los derechos humanos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido:

“(...) En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(32).

De otro lado, la misma Corte Interamericana ha señalado los parámetros para el uso debido de la fuerza pública, en los siguientes términos(33):

“78. La Corte ha considerado reiteradamente que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos(34), en razón de lo cual, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo(35). De conformidad con el artículo 27.2 de la convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados partes(36).

“79. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo(37). El objeto y propósito de la Convención, como instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile)(38).

“80. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4º de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción(39).

“81. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción(40).

“(...)” (se destaca).

En similar sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias precisó:

“Las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza surgen del entendimiento de que la irreversibilidad de la muerte justifica rigurosas salvaguardias del derecho a la vida, especialmente en lo que hace a las garantías procesales debidas. Un procedimiento jurídico que respete las garantías procesales debidas y llegue a una sentencia definitiva es un requisito esencial sin el cual la decisión de un Estado y de sus agentes de dar muerte a alguien viola el principio de “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” y por lo tanto violaría el derecho a la vida”(41).

Así mismo, en el informe del 6 de enero de 1999, E/CN.4/1999/39/Add.1, la Relatora Especial, Asma Jahangir, presentó en cumplimiento de la resolución 1998/68 de la Comisión de Derechos Humanos, el informe por países de las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En relación con Colombia, las observaciones fueron las siguientes:

“62. La Relatora Especial agradece al Gobierno de Colombia las numerosas

respuestas a sus comunicaciones y lamenta que la falta de recursos haga imposible el seguimiento de todas las comunicaciones. Resulta desalentador para la Relatora Especial observar el grado de impunidad de que gozan los militares y los grupos paramilitares en el país. Los grupos de traficantes de drogas contribuyen también apreciablemente a esta cultura de la violencia y la impunidad. El sistema de tribunales militares, así como la práctica observada de utilizar testigos anónimos, no hacen más que exacerbar estos problemas. Es alarmante la especial vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el país, como lo son las situaciones de las poblaciones internamente desplazadas y de los grupos indígenas.

“63. No obstante, queda claro que el Gobierno de Colombia demuestra su voluntad de cooperar con el mandato de la Relatora Especial, a pesar de las dificultades internas con que se enfrenta. Esta cooperación se manifiesta por la presencia de las Naciones Unidas en el país, las respuestas de Colombia a las denuncias y la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 1998. En este espíritu de cooperación, la Relatora Especial insta al Gobierno de Colombia a formular una política coherente en materia de derechos humanos y de apoyo al sistema, con miras a poner fin a la impunidad de que actualmente gozan los militares y los grupos paramilitares. Alienta asimismo las conversaciones de paz entre todas las facciones en el actual conflicto del país e insta a que estas partes intervengan en la elaboración de la política sobre derechos humanos” (se destaca).

No significa lo anterior, que cualquier muerte producida o generada por un miembro o agente estatal sea por esa sola circunstancia imputable patrimonialmente a la administración pública; para que ese resultado lesivo devenga atribuible en cabeza del Estado se requiere verificar que el comportamiento del agente estuvo ligado o vinculado al servicio público, lo que en términos jurídicos implica abordar un estudio de conexidad, con miras a determinar si la potestad o investidura pública fue definitiva o determinante en la producción del daño antijurídico.

En el caso concreto, se insiste, no es posible desligar la actuación de la fuerza policial de la producción del daño, puesto que, sin lugar a equívocos, quedó establecido que un miembro activo de la institución suministró información relevante —que poseía en virtud de su investidura— para la generación del daño y, además, participó en el atroz y brutal accionar que desencadenó la muerte de varias personas inocentes que se encontraban en estado de indefensión, y que se sometieron sin mayor resistencia a los llamados del grupo criminal para que abordaran el campero que los conduciría a su fatídico desenlace, más aún si se tiene en cuenta que varias de las víctimas conocían —en virtud de redadas anteriores practicadas por la Policía Nacional a la casa de Tarcilo Córdoba— al agente Libardo Carlosama, quien no llevaba cubierta la cara a diferencia de los demás homicidas.

Como corolario de lo anterior, la Sala despachará desfavorablemente los argumentos formulados con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, por lo tanto, confirmará la decisión de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad extracontractual del Estado. En consecuencia, el análisis subsiguiente se concentrará en analizar los motivos de inconformidad desarrollados por la parte actora con el recurso de apelación.

3. El principio de reparación integral en el caso concreto.

En numerosos pronunciamientos la Sala ha delimitado el contenido del principio de reparación integral, en los siguientes términos:

“En cuanto a las modalidades de reparacion en el sistema interamericano, como se mencionó antes, las mismas pueden ser pecuniarias y no pecuniarias e incluyen:

a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violacion, producto del ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias(42).

b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial(43).

c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiatrica o de los servicios sociales, juridicos o de otra indole(44).

d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbolico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por ejempo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.(45)

e) Garantias de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cules cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras(46)(47).

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 975 de 2005(48), determinó el contenido y alcance del derecho a la reparación así:

“El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

“Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

“La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

“Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

“La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática” (negrillas y subrayado de la Sala).

De otro lado, el documento de la ONU sobre principios y directrices básicos para la reparación (E/CN.4/1997/104) aprobado por la Subcomisión en 1997, establece:

“La reparación, que se acordará de conformidad con el derecho de cada Estado, podrá consistir en una o varias de las formas que se mencionan a continuación, cuya lista no es exhaustiva.

“12. La restitución estará dirigida a restablecer la situación existente antes de la violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional. Exige, entre otras cosas, restablecer la libertad, la vida familiar, la ciudadanía, el retorno al país de residencia anterior y la restauración del empleo o de la propiedad.

“13. Se acordará compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional, y que fuere evaluable económicamente. Tales como:

“a) Daño físico o mental, incluyendo el dolor, sufrimiento y angustias emocionales;

“b) Pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación;

“c) Daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

d) Daño a la reputación o a la dignidad;

“e) Los gastos efectuados para poder tener asistencia jurídica o de expertos y disponer de medicinas y de servicios médicos.

“14. Se proveerá rehabilitación, la que incluirá atención médica y psicológica, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.

“15. Se proveerá satisfacción y garantías de no repetición, las que incluirán cuando fuere necesario:

“a) Cesación de las violaciones existentes;

“b) Verificación de los hechos y difusión pública amplia, de la verdad de lo sucedido;

“c) Una declaración oficial o decisión judicial restableciendo la dignidad, reputación y derechos de la víctima y de las personas que tengan vínculos con ella;

“d) Una disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

“e) Aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

“f) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;

“g) Inclusión en los manuales de enseñanza sobre derechos humanos, así como en los manuales de historia y manuales escolares, de una versión fiel de las violaciones cometidas contra los derechos humanos y el derecho humanitario internacional;

“h) Prevención de nuevas violaciones, por medios tales como:

“i) Asegurando un control efectivo por parte de la autoridad civil, sobre las fuerzas armadas y de seguridad;

“ii) Limitando la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente a delitos específicamente militares, cometidos por personal militar;

“iii) Fortaleciendo la independencia del sistema judicial;

“iv) Protegiendo a las personas que ejercen la profesión jurídica, y a los defensores de derechos humanos;

“v) Impartiendo y fortaleciendo de modo prioritario y continuo la capacitación en derechos humanos de todos los sectores de la sociedad y, en particular, la de las fuerzas armadas y de seguridad y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Ahora bien, en relación con las facultades del Juez de lo Contencioso Administrativo cuando el daño proviene de una grave violación a derechos humanos o de derechos fundamentales, resulta pertinente insistir en los argumentos contenidos en la providencia del 20 de febrero de 2008, oportunidad en la que se señaló, in extenso, lo siguiente:

“En otros términos, cuando se habla del análisis de hechos relacionados con la violación de derechos humanos, según los parámetros normativos y descriptivos contenidos en los preceptos de la Carta Política y en las normas internacionales que regulan la materia, el juez de lo contencioso administrativo no debe estar limitado por su función principal, es decir, la de establecer y decretar el resarcimiento económico de un perjuicio cuya valoración económica y técnica es posible en términos actuariales, sino que debe ir mucho más allá, con el fin de que el principio de reparación integral se vea claramente materializado, para lo cual debe aplicar el conjunto de normas que le brindan suficientes instrumentos dirigidos a que se pueda materializar un efectivo restablecimiento integral del daño.

“En esa dirección, en reciente oportunidad, la jurisprudencia constitucional puntualizó:

“No puede en consecuencia la entidad accionada negar a las víctimas del conflicto armado interno la asistencia que demandan, fundada en las circunstancias en que se produjo la vulneración, porque, cualquiera fuere la modalidad utilizada por los actores, el derecho internacional humanitario proscribe e impone la restitución de todo acto de violencia contra la vida y la persona, contra la dignidad personal, la toma de rehenes y las ejecuciones sin sentencia previa, pronunciada por tribunal competente y con sujeción a las garantías constitucionales.

“Se observa, entonces, que, para efecto de aplicar las normas del derecho internacional humanitario, no interesa que la vulneración se haya producido o no en combate, ataque, acto terrorista o masacre.

“Esta Corte, al resolver sobre qué debe entenderse por desplazado por la violencia, en función del Registro Único de Población Desplazada, ha considerado que las víctimas no requieren del “reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un caso concreto”, toda vez que la realidad del desplazamiento desborda “la afirmación de su configuración por parte de las autoridades(49) (negrillas del original).

Y más adelante, en la misma providencia, el tribunal constitucional precisó:

“(...) El primero entre los treinta y ocho Principios que conforman la directriz de apoyo a los Estados, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004/72(50), expedida por la Comisión de Derechos Humanos establece:

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

“Señala el Principio Diecinueve de la directriz a que se hace mención i) que los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y “adoptarán medidas apropiadas respecto de los autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente” y ii) que, sin perjuicio de la responsabilidad estatal en la materia, se adoptarán medidas complementarias para garantizar la participación de las víctimas y de toda persona u organización no gubernamental “interesada (...) como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados, cuyo derecho penal contemple esos procedimientos”.

“Los Principios prevén, además, medidas contra la prescripción i) con miras a que ésta no opere, tanto respecto de la investigación, como de las penas, en tanto “no existan recursos eficaces contra esa infracción” y ii) que la misma no se invoque dentro del marco de “las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación” –Principios 22 y 23-.

“En lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir “medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”, sin perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración —artículo 2º C.P. Principio 34—.

“Siendo así, ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de emprender la investigación que demanda la ocurrencia de hechos criminales, dentro del marco del conflicto armado —desconociendo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que los autores de la violación sean procesados, juzgados y condenados—, la Red de Solidaridad Social no puede, de contera, condicionar la reparación a la expedición de una certificación -sobre los “móviles ideológicos y políticos”- que solo podrían haber expedido las autoridades judiciales, una vez culminado el truncado enjuiciamiento.

“Lo anterior, toda vez que la exigencia de requisitos que las víctimas no pueden cumplir y que solo el Estado en cuyo territorio ocurren las vulneraciones debe asumir, para condicionar el acceso a los programas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, vulnera el derecho fundamental de las víctimas a la reparación y hace imperativa la intervención del juez constitucional para su restablecimiento.

“(...)”(51) (resalta la Sala).

“Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido este como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos (DDHH).

“(...) La anterior conclusión se impone, a todas luces, como quiera que, en estos eventos, el reconocimiento de una indemnización económica con miras al cubrimiento de un determinado perjuicio o detrimento, en modo alguno puede catalogarse como suficiente, toda vez que la persona o conglomerado social ven afectado un derecho que, en la mayoría de los casos, es de aquellos que pertenecen a la primera generación de derechos humanos y, por lo tanto, por regla general, se ven cercenadas garantías de naturaleza fundamental, sin las cuales la existencia del ser humano no es plena.

En esa dirección, el juez de lo contencioso administrativo debe asumir una posición dinámica frente a las nuevas exigencias que le traza el ordenamiento jurídico interno, así como el internacional, toda vez que, la protección de los derechos humanos se ha convertido en un aspecto de regulación positiva que ha desbordado las barreras que, tradicionalmente habían sido fijadas por los Estados en su defensa acérrima del principio de soberanía nacional. Este nuevo cambio de paradigma, en el cual el sujeto y la sociedad son el eje fundamental del Estado (social y democrático de derecho), hacen que todo el ordenamiento jurídico internacional, tenga directo interés en la materialización real y efectiva de los derechos y garantías de los cuales es titular el ser humano. 

“(...) Debe resaltarse, por ende, el papel que desempeña el juez en el Estado social de derecho, toda vez que es el llamado a servir, en términos del profesor Zagrebelsky(52), como conector entre el Estado y la sociedad, en tanto el ordenamiento jurídico le confiere, de acuerdo con la naturaleza de la controversia puesta a su consideración, una gama amplísima de posibilidades tendientes a la realización de una verdadera justicia material, en donde independientemente al origen del daño o la lesión del interés o del derecho, en todos los casos, la persona tenga la garantía de que la reparación del perjuicio será integral, y fundamentada en criterios de justicia.

Ahora bien, debe precisarse que los anteriores planteamientos, en modo alguno, desconocen los principios de jurisdicción rogada y de congruencia (CPC, art. 305)(53), toda vez que frente a graves violaciones de derechos humanos (v. gr. crímenes de lesa humanidad), el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, a los diferentes órganos que los integran —incluida la Rama Judicial del Poder Público—, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo.

“Por ende, el principio de reparación integral cobra mayor fuerza en aquellos eventos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo, debe decidir asuntos relacionados con presuntos desconocimientos de las garantías fundamentales del ser humano, por cuanto en tales supuestos el ordenamiento jurídico interno e internacional, lo dota de una serie de herramientas e instrumentos para procurar el restablecimiento de los derechos.

“La anterior óptica no implica, en ningún sentido, el desconocimiento de los postulados de índole procesal trazados por el legislador, sino que, por el contrario, representa la correcta y adecuada armonización de las reglas jurídicas del sistema interno, con los principios y normas que protegen al ser humano a nivel internacional, la mayoría de las cuales, han sido suscritas y ratificadas por Colombia.

“De otra parte, las medidas que puede adoptar el juez, dirigidas a la reivindicación de los derechos humanos transgredidos en un determinado caso, no desconocen la garantía fundamental de la no reformatio in pejus (relacionado íntimamente con el de congruencia), en tanto no suponen la modificación o el desconocimiento de los límites trazados por la causa petendi de la demanda, sino que dichas medidas conmemorativas, simbólicas, o de no repetición de la conducta, suponen una labor pedagógica e instructiva encaminada a sensibilizar a las entidades públicas y a toda la población, acerca de la importancia del respeto de las garantías fundamentales del individuo.

“En efecto, el fundamento específico del principio de la reparación integral, se encuentra en el señalamiento que efectúa la propia Carta Política, en el artículo 93, en donde se reconoció, de manera expresa, que todo tipo de tratado, convención o protocolo internacional que sea ratificado por Colombia, en el que se reconozcan y protejan los derechos humanos, prevalecen en el orden interno. Así las cosas, una vez se incorporan al derecho interno, a través de la celebración y ratificación, los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre la legislación nacional, tanto así, que tales garantías y prerrogativas no pueden ser suspendidas, ni siquiera, en vigencia de los denominados estados de excepción(54).

“(...) En ese contexto, las disposiciones legales nacionales deben ceder y, de otra parte, ser armonizadas, claramente, a los postulados contenidos en el denominado “derecho de los derechos humanos”, en tanto los postulados de legitimidad y reconocimiento internacional, se estructuran sobre la base del respeto y materialización que un sujeto de derecho internacional brinde en relación con los derechos humanos.

“Así las cosas, es claro que el juez mediante la ponderación del contenido del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, con las demás disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, puede arribar a decisiones que respeten plenamente las garantías fundamentales y procesales de las entidades o personas demandadas, sin que ello suponga que aquél deba pasar por inadvertido conductas y violaciones a derechos humanos, posición que está claramente proscrita por los lineamientos del derecho internacional que los protege y, adicionalmente, por el orden jurídico interno.

“Como corolario de lo anterior, debe puntualizarse que, en todas aquellas situaciones en las cuales el juez se enfrente a un evento de flagrante quebrantamiento de derechos humanos, el sistema jurídico interno debe ceder frente a los postulados contenidos en la Carta Política y en el orden internacional, para dar paso a medidas e instrumentos que permitan la protección efectiva y material de aquéllos(55).

“(...)” (negrillas del original - negrillas y subrayado sostenidos adicionales).

A partir de la anterior sentencia, la Corporación ha avalado una hermenéutica garantista, que defiende la protección activa de los derechos humanos, lo que se ha traducido en una prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Es posible señalar, en relación con el principio de reparación integral, que este no sólo comprende los casos de graves violaciones de derechos humanos sino cualquier asunto en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, en los casos en los que no esté de por medio una grave violación a derechos humanos, o la vulneración flagrante de un derecho fundamental —en su dimensión subjetiva u objetiva—, la Sala se encuentra limitada por los principios de congruencia y de no reformatio in pejus; por lo tanto, en estos eventos la parte actora podrá solicitar en la demanda cualquier tipo de medida relacionada con: la restitutio in integrum del daño; medidas de satisfacción; indemnización plena de perjuicios; la rehabilitación, y garantías de no repetición, pero no podrán ser decretadas medidas o pretensiones de oficio.

Por el contrario, en los supuestos en que el daño antijurídico tiene su génesis en la grave violación a derechos humanos o al flagrante desconocimiento de derechos fundamentales —pero principalmente en el primer escenario— el Juez de lo Contencioso Administrativo podrá decretar todo tipo de medidas encaminadas a la restitución de las garantías mínimas afectadas.

En los procesos ordinarios de responsabilidad extracontractual del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha trazado una serie de principios en relación con la aplicación de los principios de congruencia y de no reformatio in pejus, que podrían sintetizarse así:

En procesos en los que el daño proviene de graves violaciones a derechos humanos o la vulneración grave o significativa de derechos fundamentales, es posible decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa conforme al principio de restitutio in integrum y de reparación integral.

Así las cosas, en este tipo de procesos, siempre que se constate la violación a un derecho humano, sea fundamental o no, a causa de una grave lesión, será procedente adoptar todo tipo de medidas de justicia restaurativa para proteger no sólo la dimensión subjetiva sino objetiva del derecho afectado.

En los procesos en los que el daño no provenga de graves lesiones a derechos humanos, es posible que el hecho dañoso lesione o afecte un derecho fundamental —tanto en su órbita subjetiva como objetiva—, razón por la que se podrán adoptar las medidas resarcitorias solicitadas con la demanda o las que de oficio o a petición de parte considere el juez, pero encaminadas a salvaguardar el núcleo esencial del derecho, bien sea en su órbita subjetiva u objetiva.

En efecto, el Consejo de Estado en reciente providencia protegió la dimensión objetiva del derecho a la salud, y entre otros aspectos precisó(56):

En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea reestablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la corporación ha precisado que si existe una colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sí está amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado.

“Definido el anterior panorama, la Sala reitera la jurisprudencia que sobre el particular ha delineado para precisar que, en aquellos eventos en los que sea evidente la alteración grave de un derecho de la persona, es posible que se adopten medidas distintas a la indemnización de perjuicios, todas ellas encaminadas a operar como factores de justicia restaurativa, esto es, como instrumentos que propenden por el restablecimiento objetivo del derecho conculcado.

“(...) Así las cosas, la Sala a partir de sus pronunciamientos recientes, así como en apoyo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, considera que, en eventos en los que si bien el daño no provenga de graves violaciones a derechos humanos, de todas formas es posible decretar medidas de satisfacción, conmemorativas o garantías de no repetición, siempre y cuando sean necesarias las mismas para restablecer el núcleo o dimensión objetiva de un derecho humano que ha sido afectado por una entidad estatal.

“En consecuencia, es posible que el daño antijurídico irrogado por una entidad prestadora del servicio de salud desborde la esfera o dimensión subjetiva, dada su magnitud, anormalidad y excepcionalidad, circunstancia frente a la cual el juez de la reparación no puede ser indiferente, so pena de entender el derecho de la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva.

“En el caso concreto es evidente la falta de diligencia de la entidad demandada, y la forma desentendida y gravemente anormal como se manejó la valoración del embarazo de la paciente, lo que quedó acreditado desde el mismo daño excepcional irrogado que afectó de manera grave la dimensión objetiva del derecho a la salud, más aún si se tiene en cuenta que la lesión directa fue ocasionada sobre tres niñas que alcanzaron a tener un hálito de vida y, en consecuencia, frente a las cuales se predicó la condición de persona en los términos establecidos en el artículo 90 del Código Civil, y que, por lo tanto, contaban con una protección reforzada y especial en los términos del inciso tercero del artículo 13 de la Carta Política y el artículo 44 de la misma, precepto este último que contiene el principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los de las demás personas.

“En ese orden, en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de la siguiente medida:

“Como garantía de no repetición, se ordenará enviar copia íntegra y auténtica de esta providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que remita copia de la misma a cada una de las EPS que funcionan actualmente en Colombia, sin que ello implique, en modo alguno pronunciamiento de responsabilidad en contra de esta última entidad, toda vez que no es parte en el proceso; por ende, se insiste, el único propósito de la medida consiste en la divulgación pedagógica, a efectos de que situación como la descrita en la sentencia no se vuelva a repetir. El valor de las copias será asumido por el ISS” (negrillas y subrayado de la Sala).

En consecuencia, se insiste, nada impide que en la demanda se soliciten medidas de justicia restaurativas dirigidas a reparar integralmente el daño, pero ello deberá estar expresamente consignado en el respectivo libelo introductorio, salvo que el daño se derive de graves violaciones a derechos humanos o derechos fundamentales, en cuyo caso el juez administrativo debe velar porque la reparación del daño sea integral dada la magnitud de los hechos.

En efecto, en el informe provisional de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas, fechado el 1º de septiembre de 2004, se especificó:

“38. También se han recibido informaciones sobre miembros de grupos paramilitares o personas armadas que cooperan con fuerzas de seguridad u operan con su aquiescencia y que han recurrido a una fuerza arbitraria y excesiva. En algunos casos se informó de que esos grupos habían sido establecidos por las propias fuerzas de seguridad. En otros se decía que se hallaban al servicio de particulares y/u organizaciones para defender un interés particular y contaban con un apoyo oficial que les permitía actuar al margen de la ley. Las atrocidades cometidas por esos elementos se han vuelto particularmente habituales en el contexto de los disturbios y conflictos internos, pero también se ha informado de incidentes de ese tipo en relación con conflictos que tienen una dimensión internacional.

“(...) 43. En el periodo examinado la relatora especial ha recibido numerosas informaciones sobre utilización excesiva de la fuerza por parte de la policía o el ejército, en relación con la represión de manifestaciones pacíficas o como consecuencia de tiroteos con agentes del orden, con resultados de muerte. También ha recibido informaciones sobre un número considerable de ejecuciones extrajudiciales como consecuencia de operaciones represivas de la delincuencia llevadas a cabo por las autoridades mediante el procedimiento de las “redadas preventivas” en las comunidades más pobres. Le preocupa que las políticas duras adoptadas por los gobiernos suelan ser mal utilizadas por los organismos de orden público, con el frecuente resultado de ejecuciones extrajudiciales. Las medidas gubernamentales duras para “aplastar la delincuencia” dejan margen a determinados elementos de las autoridades de orden público para hacer justicia, de modo expeditivo contra quienes consideran socialmente “indeseables”. Es sabido que en el curso de sus redadas, la policía, que a menudo carece de la capacitación y los medios para llevar a cabo esas operaciones correctamente, dispara injustificadamente contra presuntos delincuentes o habitantes locales causando muertes. Estas operaciones tienen lugar sobre todo en grandes centros urbanos que generalmente padecen un índice de delincuencia sumamente elevado. No obstante, la Relatora Especial observa que la violencia policial no se limita a esas zonas y que a menudo entre las personas muertas se cuentan campesinos sin tierra o líderes indígenas de zonas rurales involucrados en conflictos sobre las tierras. y jóvenes de hogares desfavorecidos detenidos en operaciones policiales”.

Entonces, no puede ser indiferente la necesidad de graduar la indemnización del daño inmaterial, pues como se indica en las directrices de Theo van Boven, “la reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de las violaciones”(57); el juez de la reparación no puede ser impasible a esos postulados que vienen delimitados por el derecho internacional de los derechos humanos y que se entronizan en el ordenamiento interno, concretamente a partir de la cláusula contenida en el artículo 93 de la Carta Política.

4. Valoración de perjuicios

4.1. Perjuicios materiales.

En el caso concreto, se censura la providencia apelada en tanto no reconoció daño material en la modalidad de lucro cesante a favor de los menores Nini Johanna, Luis Fernando, Emilcen Lorena y Claudia Viviana Rentería Leguizamón, hijos de María del Carmen Leguizamón, así como también para María del Pilar Chacón y la menor Luisa Daniela Chacón, por la muerte de de Juan Carlos Muriel.

En relación con los perjuicios materiales deprecados por María del Pilar Chacón y Luisa Daniela Chacón, serán denegados toda vez que no se acreditaron dentro del proceso; en efecto, al invocar la condición de damnificadas con la producción del daño no se encontraban amparadas por la presunción de dependencia que se desprende de la efectiva acreditación del parentesco. En el caso concreto, se probó la permanente convivencia de las demandantes con el occiso Juan Carlos Muriel, lo que como se verá más adelante es suficiente para la demostración del perjuicio moral pero no respecto del perjuicio material, en tanto no se estableció que el sustento y manutención de las peticionarias corriera a cargo del interfecto, aunado al hecho de que por no obrar los registros civiles de nacimiento de las citadas demandantes se torna imposible determinar los períodos a liquidar por ese concepto, circunstancia que redunda en la negativa de este perjuicio.

Contrario sensu, se accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales reclamados por los hijos de la víctima María del Carmen Leguizamón, por cuanto respecto de los mismos opera la regla de la experiencia que se deriva de la efectiva acreditación del parentesco y, así mismo, reposan en el proceso los respectivos registros civiles de nacimiento lo que permite acceder al pago del mencionado daño, con la expresa salvedad de que el período a liquidar comprenderá máximo hasta los 25 años de cada uno de los referidos demandantes, como quiera que, según las reglas de la experiencia trazadas por la Corporación, en esa edad los hijos dejan de depender económicamente de sus padres.

Ahora bien, como no se tiene establecido el salario que devengaba María del Carmen Leguizamón, se liquidará el perjuicio con el salario mínimo legal actualmente vigente. A ese monto se adicionará el 25% por prestaciones sociales y, de otra parte, se deducirá de dicha suma el 25%, correspondiente al valor aproximado que la víctima destinaba para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en $ 482.813.

Como quiera que ese porcentaje tenía que ser distribuido entre todos sus hijos menores, a efectos de establecer el ingreso base de liquidación de cada uno de ellos se dividirá esa suma entre cuatro, lo que arroja como liquidación la $ 120.703.

Por último, debe precisarse que Nini Johanna nació el 14 de mayo de 1982, motivo por el cual cumplió el 14 de mayo del año 2007, la edad de 25 años, esto es, la edad hasta la que, según los parámetros jurisprudenciales, un padre ve económicamente por el hijo, de manera independientemente o no al hecho de que se encuentre estudiando. Así mismo, Claudia Viviana cumplirá los 25 años el 1º de julio de 2010, Luis Fernando el 8 de diciembre de 2010, y Emilcen Lorena el 9 de diciembre de 2011; en consecuencia, en relación con Nini Johanna se liquidará de manera exclusiva el lucro cesante consolidado, desde la fecha en que se produjo el deceso de su progenitora hasta la fecha en que cumplió los 25 años. Por el contrario, para los demás hijos se liquidará tanto el período consolidado que va desde la fecha en que ocurrió la muerte de su madre hasta el momento en que se profiere esta sentencia, y el período futuro contado a partir de esta sentencia hasta el momento en que cumplan los 25 años de edad, respectivamente.

Lucro cesante consolidado para Nini Johanna Rentería Leguizamón

Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $ 120.703 (1+ 0,004867)156,16 - 1

0,004867

S = $ 28.133.530

Lucro cesante consolidado para Claudia Viviana Rentería Leguizamón

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $ 120.703 (1 + 0,004867)191,21 - 1

0,004867

S = $37.953.377

Lucro cesante consolidado para Luis Fernando Rentería Leguizamón

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $120.703 (1 + 0,004867)191,21 - 1

0,004867

S= $37.953.377

Lucro cesante consolidado para Emilcen Lorena Rentería Leguizamón  

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $ 120.703 (1 + 0,004867)191,21 - 1

0,004867

S = $37.953.377

Para calcular el lucro cesante futuro, habrá lugar a realizar similares consideraciones a las efectuadas para el lucro cesante consolidado, sólo que con fundamento en la fórmula actuarial aplicable para los correspondientes efectos.

A efectos de establecer la suma que corresponde a título de lucro cesante futuro, habrá lugar a aplicar la fórmula que se expone a continuación, en donde “i” es una constante, “n” es el número de meses existentes entre el período comprendido a partir de la fecha de esta providencia hasta la fecha en que los demandantes cumplirán la edad de 25 años.

Lucro cesante futuro para Claudia Viviana

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1 + i) n

S = $120.703 (1+ 0.004867)1,26 - 1

0,004867 (1+ 0,004867) 1,26

S = $ 153.703

Lucro cesante futuro para Luis Fernando

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1 + i) n

S = $ 120.703 (1+ 0.004867)7,3 - 1

0,004867 (1 + 0,004867)7,3

S= $ 869.061

Lucro cesante futuro para Emilcen Lorena

S = Ra (1 + i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 120.703 (1+ 0,004867)19,4 - 1

0,004867 (1+ 0,004867) 19,4

S = $2.247.808

4.2. Perjuicio moral.

En la demanda se solicitó una condena por perjuicio moral a favor de cada uno de los demandantes, por valor de 1000 gramos de oro. Ahora bien, con el recurso de apelación se reiteró esa petición o la suma equivalente en dinero, y para los hermanos de las víctimas se incrementara el valor por este concepto a 500 gramos de oro o su equivalente.

En relación con el perjuicio moral, debe precisarse que la Sala en recientes pronunciamientos(58) ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral.

En el asunto sub examine, los demandantes son los padres, hermanos e hijos de los occisos María del Carmen Leguizamón Bolaños, Francisco Ortiz Jiménez, y Juan Carlos Muriel Guerrero. Es así como, en cuanto se refiere a los perjuicios alegados por María del Pilar Chacón y Luisa Daniela Chacón si bien no opera la presunción por parentesco, en el proceso quedó acreditada su condición de damnificadas con la muerte de Juan Carlos Muriel a través de varios testimonios que ya fueron detallados en el acápite correspondiente.

En este orden de ideas, se accederá a los requerimientos elevados en la demanda, motivo por el que los perjuicios morales serán decretados, previo señalamiento de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, considerando que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, por ello se sugirió la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(59).

De otro lado, se modificará la sentencia apelada en cuanto denegó los perjuicios morales a favor de Luis Antonio Muriel —padre de Juan Carlos Muriel Guerrero— y de Luisa Daniela Chacón Castro, como quiera que si bien no obran sus registros civiles de nacimiento, lo cierto es que de los registros civiles de nacimiento y de defunción de Juan Carlos Muriel Guerrero, se puede constatar que su padre es Luis Antonio Muriel Guerrero, quien lo reconoció ante las autoridades competentes. Igualmente, los testimonios de Patricia Muños y Victoria Viveros Mideros son demostrativos de que Juan Carlos Muriel era el padre —o al menos así se comportaba— de Luisa Daniela, y si bien esta corporación no cuenta con los medios de convicción ni con la competencia para declarar la filiación de la menor, ello no es óbice para acceder a las súplicas por daño moral elevadas por la misma, pues de las pruebas mencionadas se desprende su condición de damnificada con el daño antijurídico, ya que la convivencia y las relaciones de familia —al margen de los aspectos biológico o jurídico— están acreditadas.

En ese sentido, un representante de la más excelsa doctrina nacional sobre la materia precisó respecto del concepto de familia lo siguiente:

“Porque en la Constitución de 1991, más claramente que en el Código Civil, la familia no es un producto necesariamente surgido de manifestaciones afectivas. Es un producto y es una institución en donde está clara una visión de solidaridad entre seres humanos y una visión de solidaridad que adquiere todo su sentido, sobre todo frente a los niños, porque los niños tienen el derecho fundamental y prevalente a tener una familia. Tienen ese derecho fundamental y prevalente por encima de las coyunturas en los afectos de sus padres (...). Aquí viene a ponerse de presente, como la concepción de familia de la Constitución de 1991, es una concepción solidarista —no individualista—. No depende del íntimo querer del marido y mujer o, de hombre y mujer. Depende de lo que exija esa realidad social de la familia. Los conflictos son importantes, muestran desacuerdos, malformaciones, a veces hasta patologías, pero no son los límites a la existencia de esa unidad familiar”(60).

Por último, se decretarán perjuicios morales a favor de Tito Jiménez, pues del análisis de los registros civiles de nacimiento se desprende que es hermano de la víctima Francisco Ortiz Jiménez, motivo para hacerle extensiva la presunción de aflicción, circunstancia que fue inadvertida por el a quo.

Así las cosas, como en el sub judice se presenta el perjuicio en su mayor magnitud —masacre—, a partir de la aplicación del principio del arbitrio iuris, las cuales ascenderán a 100 y 50 SMMLV, respectivamente, de conformidad con los montos solicitados en la demanda.

Lino Ortiz100 SMMLV
Nohora Jiménez100 SMMLV
María Elena Guerrero100 SMMLV
María del Pilar Chacón100 SMMLV
María Leonila Bolaños100 SMMLV
Lida Carmenza González Leguizamón100 SMMLV
Nini Johanna Rentería Leguizamón100 SMMLV
Jhon Alexander Leguizamón Bolaños100 SMMLV
Luis Fernando Rentería Leguizamón100 SMMLV
Emilcen Lorena Rentería Leguizamón100 SMMLV
Claudia Viviana Rentería Leguizamón100 SMMLV
Luis Antonio Muriel100 SMMLV
Luisa Daniela Chacón100 SMMLV
Marleny Ortiz Jiménez50 SMMLV
Armando Ortiz Jiménez50 SMMLV
Maris Ligia Ortiz Jiménez50 SMMLV
Washington Ortiz Jiménez50 SMMLV
Tito Jiménez50 SMMLV
Otilia Muriel Guerrero50 SMMLV
María Lida Muriel Guerrero50 SMMLV
Francy Muriel Guerrero50 SMMLV
Florinda Leguizamón Bolaños50 SMMLV
Fran Sánchez Guerrero50 SMMLV
Ronal Moncayo Guerrero50 SMMLV

Por último, la Sala se abstendrá de analizar la responsabilidad del llamado en garantía, ya que se trata de un aspecto que quedó consolidado con la decisión de primera instancia, toda vez que el agente de policía condenado se abstuvo de impugnar el fallo condenatorio. Así las cosas, el objeto de la controversia en segunda instancia se contrajo a la relación entre los demandantes y la entidad demandada.

3.3. Medidas de satisfacción.

Toda vez que el daño antijurídico imputable a las entidades demandadas es configurativo de una grave violación a los derechos humanos, con apoyo en la jurisprudencia trazada por la corporación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dispondrán las siguientes medidas dirigidas a garantizar el principio de justicia restaurativa.

i) Se dispondrá oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los demás presuntos responsables de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1994, puesto que se trata de una violación de derechos humanos.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1994, y los demás responsables de la acción criminal que terminó con la vida de varios ciudadanos indefensos.

ii) La presente sentencia será publicada, en un lugar visible, en el Comando de Policía de la ciudad de Santiago de Cali, así como en la 5ª Estación de Policía esa misma ciudad, localizada en el barrio Meléndez.

3.4. Otras medidas en relación con el pago de los perjuicios.

Al margen de que el apoderado de los demandantes haya actuado durante todo el proceso como curador ad litem de los menores Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilcen Lorena Rentería Leguizamón, en virtud de la autorización proferida por el a quo en auto del 8 de abril de 1996, en los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 45 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por cuenta de la carencia de representantes legales, lo cierto es que para la fecha de esta providencia aquéllos ya cumplieron la mayoría de edad, circunstancia por la que las condenas decretadas a su favor en este fallo serán directamente entregadas a ellos, toda vez que la representación ejercida por el curador ya se encuentra superada, lo que impide que cuente con capacidad de recibir las sumas ordenadas a favor de esos demandantes, tal y como lo dispone el artículo 46 ibídem.

4. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, como quiera que la providencia apelada será modificada parcialmente en virtud del recurso de alzada interpuesto por la parte actora, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia del 14 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1994, en los que se produjo la muerte varios ciudadanos entre ellos Francisco Ortiz, Juan Carlos Muriel y María del Carmen Leguizamón.

“2 CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a reconocer y pagar, por concepto de perjuicios morales las sumas de dinero que se expresan a continuación:

Lino Ortiz100 SMMLV
Nohora Jiménez100 SMMLV
María Elena Guerrero100 SMMLV
María del Pilar Chacón100 SMMLV
María Leonila Bolaños100 SMMLV
Lida Carmenza González Leguizamón100 SMMLV
Nini Johanna Rentería Leguizamón100 SMMLV
Jhon Alexander Leguizamón Bolaños100 SMMLV
Luis Fernando Rentería Leguizamón100 SMMLV
Emilcen Lorena Rentería Leguizamón100 SMMLV
Claudia Viviana Rentería Leguizamón100 SMMLV
Luis Antonio Muriel100 SMMLV
Luisa Daniela Chacón100 SMMLV
Marleny Ortiz Jiménez50 SMMLV
Armando Ortiz Jiménez50 SMMLV
Maris Ligia Ortiz Jiménez50 SMMLV
Washington Ortiz Jiménez50 SMMLV
Tito Jiménez50 SMMLV
Otilia Muriel Guerrero50 SMMLV
María Lida Muriel Guerrero50 SMMLV
Francy Muriel Guerrero50 SMMLV
Florinda Leguizamón Bolaños50 SMMLV
Fran Sánchez Guerrero50 SMMLV
Ronal Moncayo Guerrero50 SMMLV

“3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de: i) Nini Johanna Rentería Leguizamón, la suma de veintiocho millones ciento treinta y tres mil quinientos treinta pesos m/cte $ 28.133.530; ii) Claudia Viviana Rentería Leguizamón, el valor de treinta y ocho millones ciento siete mil ochenta pesos m/cte $ 38.107.080; iii) Luis Fernando Rentería Leguizamón, la suma de treinta y ocho millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte $ 38.822.438, y iv) Emilcen Lorena Rentería Leguizamón, la suma de cuarenta millones doscientos un mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte $ 40.201.185.

“4. Las sumas decretadas en esta sentencia a favor de Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilcen Lorena Rentería Leguizamón serán entregadas o canceladas directamente a los demandantes, sin que esos valores puedan ser recibidos por el curador ad litem, como quiera que a la fecha de la presente sentencia los citados demandantes ya son ostentan la mayoría de edad.

“5. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a la reparación de la violación de los derechos humanos de los señores María del Carmen Leguizamón, Francisco Ortiz y Juan Carlos Muriel, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

“i) Se oficiará a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los demás presuntos responsables de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1994, puesto que se trata de una violación de derechos humanos.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1994, y los demás responsables de la acción criminal que terminó con la vida de varios ciudadanos indefensos.

ii) La presente sentencia será publicada, en un lugar visible, en el Comando de Policía de la ciudad de Santiago de Cali, así como en la 5ª Estación de Policía esa misma ciudad, localizada en el barrio Meléndez.

“6. CONDÉNASE al agente de la Policía Nacional Libardo Carlosama González a rembolsar a la institución demandada las sumas que efectivamente sean canceladas a los demandantes por cuenta de este fallo.

“7. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”.

2. Sin condena en costas.

3. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. En firme este fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para que un proceso iniciado en el año 1996, tuviera vocación de doble instancia su cuantía debe ser superior a la suma de $ 13.460.000.

(2) “Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, sólo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan... con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio, el cual, como se precisó, fue solicitado en la respectiva contestación de la demanda.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Exp. 16174, M.P. Enrique Gil Botero. De igual manera se pueden consultar las sentencias sentencias de 20 de febrero de 1992, Exp. 6514 y de 30 de mayo de 2002, Exp. 13476.

(3) Las partidas de bautismo allegadas al proceso serán valoradas porque fueron inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 1970. En efecto, la Sala sobre el particular ha precisado:

“Ahora bien, con el fin de acreditar el vínculo familiar existente entre el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza y sus padres, Reyes Hidalgo y Ana Elvia Ariza, se aportó el registro de bautizo del señor Hidalgo y la partida de matrimonio de quien dicen ser sus padres (fls. 3-4 cdno. 2, Exp.: 15.922), sin embargo, dichas pruebas no resultan procedentes para establecer el parentesco puesto que con la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 1970 (la legislación anterior, esto es las Leyes 57 de 1887 y 92 de 1938, contemplan la posibilidad de que las personas católicas acreditaran el parentesco con las partidas de bautismo expedidas por la respectivas parroquias) la única prueba válida para acreditar la filiación es el registro civil de nacimiento. En este caso, dado que el señor Hidalgo nació con posterioridad a la expedición de dicha legislación debe decirse que la partida de bautismo no constituye un medio idóneo para acreditar quiénes son sus padres; en consecuencia, la no acreditación del parentesco torna imposible inferir, aplicando las reglas de la experiencia, el sufrimiento de los demandantes por razón de la detención injusta de la libertad de que fue objeto el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza. La sola circunstancia de que en la providencia mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento se hubiere hecho mención a que el señor Hidalgo era hijo de los señores Reyes y Ana Elvia, en tanto no constituye prueba del parentesco y no da cuenta del perjuicio moral que los hechos de la demanda causaron en ellos, no es relevante para efectos de reconocer a su favor una condena de tipo patrimonial ni para tenerlos como terceros damnificados puesto que, se reitera, no ase allegó prueba alguna que permita tener por cierto el padecimiento sufrido por ellos con ocasión de los hechos imputables a la Administración.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, Expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(5) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 Expediente 14215, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2005, Exp. 15914, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, Exp. 13303, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) Zelaya E., Pedro “La responsabilidad civil del empresario por los daños causados por su dependiente”, Ed. Aranzadi, Pamplona, p. 445.

(9) Mir Puigpelat, Oriol “La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria”, Ed. Civitas, pp. 200 y 201.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 1991, Exp. 6418, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de junio de 1992, Exp. 6986, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(12) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de abril de 1997, Expediente 10.138, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(13) Ferrajoli, Lüigi “Derechos y garantías. La ley del más débil”, Ed. Trotta, Madrid, 2ª ed., 2001, págs. 24, 25 y 27.

(14) Pufendorf, Samuel “De jure naturae et gentium”, citado por Welzel, Hans “Introducción a la Filosofía del Derecho”, Ed. Aguilar, pág. 145.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2010, Exp. 16975, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(16) En ese mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ha señalado:

“[l]a protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer párrafo del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es de suprema importancia. El Comité considera que los Estados Partes deben tomar medidas no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por tales autoridades”(Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 y cfr. también Comentario General 14/1984, párr. 1).

(17) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 17.318, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(19) Comité de Derechos Humanos, Caso Kindler vs. Canadá, Comunicación 470 de 1991, dictamen aprobado el 18/11/93, en el mismo sentido vid. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general Nº 06: derecho a la vida (art. 6) 30/04/82.

(20) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 1/96, Caso 10.559, Chumbivilcas vs. Perú, 1º de marzo de 1996.

(21) Delegatario Zalamea Costa, Alberto, Comisión primera de la ANAC, 16 de abril de 1991.

(22) A juicio del otrora juez constitucional cuando la Carta Política de 1886 prohibió en forma absoluta al legislador imponer la pena capital, “se refiere a la pena de muerte en su sentido natural y obvio, o sea a la extinción de la vida humana”: Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia 16 de mayo de 1974, M.P. Luis Sarmiento Buitrago.

(23) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 30 de octubre de 1978, M.P. Luis Carlos Sáchica Aponte.

(24) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 4 de agosto de 1981, M.P. Mario Latorre Rueda.

(25) Vergés Ramírez, Salvador, Derechos humanos: Fundamentación, Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p. 197 y ss.

(26) En España, por ejemplo, el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona está consignado en el artículo 10 de la CN de 1978 “situado a la cabeza del título destinado a tratar los derechos y deberes fundamentales”, mientras que el derecho a la vida está previsto en el artículo 15 “a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos” (STC 53/1985, FJ 3º).

(27) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 86/99, Caso 11.589, Armando Aljendre y otros vs. Cuba, 29 de septiembre de 1999.

(28) Tribunal Constitucional Español, Sentencia STC 53 de 1985 FJ 3º.

(29) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, Sentencia de 19 de septiembre de 1999.

(30) Vid. Comisión Interamericana De Derechos Humanos, Informe 32, Caso 10545 (Colombia), en www.cidh.org

(31) Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-013 de 1997, M.P. Hernández Galindo y C-239 de 1997, M.P. Gaviria.

(32) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata (vs.) Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(33) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros (vs.) Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007.

(34) Cfr. Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14 párr. 237, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63.

(35) Cfr. Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Ximenes Lopez. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C 149, párr. 124.

(36) Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C 140, párr. 119. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C 147, párr. 82.

(37) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 64.

(38) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 83. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 64, y Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C 148, párr. 129.

(39) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C 155, párr. 14.

(40) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 66. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 238, y Caso Servellón García y otros, supra nota 14, párr. 102.

(41) Cfr. Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado por el Relator Especial Philip Alston. Asamblea General de Naciones Unidas. (Doc. A/61/311), LIX período de sesiones, 5 de septiembre de 2006, párr. 36. Citado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros (vs) Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007.

(42) Corte Interamericana. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de reparaciones del Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 22 de febrero de 2002.

(43) Corte Interamericana. Caso Aloeboetoe y otros, Sentencia de Reparaciones, párr. 50.

(44) Corte Interamericana. Caso masacre de pueblo Bello. Párr. 273.

(45) Corte Interamericana. Caso Las Palmeras. Vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 2001. párr 68.

(46) Ibídem.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2007, Exp. 29.273, M.P. Enrique Gil Botero. Así mismo, cf. sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(48) Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

(49) Sentencia T-563 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En igual sentido T- 227 de 1997 M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-175 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería.

(50) La Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General designar un experto independiente que actualizara el Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad i) conforme la evolución del derecho y las prácticas internacionales en la materia, ii) que partiera del estudio Independiente sobre el tema, elaborado en cumplimiento de la Resolución 2003/72 —Luis Joinet 1997— y iii) que recogiera las opiniones recibidas de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El escrito fue confiado a la profesora Diane Orentlicher y presentado como Add.1 conjuntamente con el informe E/CN.4/2005/102.

(51) Corte Constitucional, Sentencia T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(52) Zagrebelsky, Gustavo “El derecho dúctil”, Ed. Trotta.

(53) La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

“(...)”.

(54) Determina el numeral 2º del artículo 214 de la Constitución: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario (...)”.

(55) “La positivización de los derechos humanos ha hecho entonces más dúctil y más maleables el razonamiento judicial, de suerte que la justicia se ha vuelto más “gradual”. Hoy en día, muchas de las decisiones judiciales sobre derechos humanos dependen en gran medida del grado de afectación de los derechos y valores en conflicto, según las circunstancias del caso específico, por lo cual la mayoría de las distinciones relevantes en estos casos son más diferencias de grado, de intensidad, que rígidas oposiciones cualitativas.

“(...) La gradualidad de la justicia constitucional se expresa también en el hecho de que ni los tribunales ni los documentos constitucionales y de derechos humanos determinan a priori y en forma absoluta las soluciones a los potenciales conflictos, sino que la propia práctica jurisprudencial y las diluciones que ella suscita permiten ir ajustando progresivamente los criterio de decisión”. Uprimny, Rodrigo “La universalidad de los derechos humanos: conflictos entre derechos, conceptos de democracia, e interpretación jurídica” en “Pensamiento Jurídico - Revista de Teoría del Derecho y Análisis Jurídico”, Universidad Nacional de Colombia, pág. 98 y ss.

(56) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, Exp. 18364, M.P. Enrique Gil Botero.

(57) Señala la directriz 7 de la Serie revisada de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación, preparada por el señor Theo van Boven de conformidad con la decisión 1995/117 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías: “de conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo requiere, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá se proporcionada a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. Tomado de “principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”, compilación de documentos de la Organización de Naciones Unidas, Comisión Nacional de Juristas, Bogotá, 2007, pág. 307.

(58) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, Exp. 18586, del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042, y del 1º de octubre de 2008, Exp. 27268, M.P. Enrique Gil Botero.

(59) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(60) Angarita Barón, Ciro “La familia en la nueva Constitución”, Talleres Macro regionales sobre Conciliación - Memorias, ICBF, pág. 4 y 6.