Sentencia 1996-02273/15367 de octubre 27 de 2005

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 76001-23-31-000-1996-02273-01(15367)

Actor: Gerardo Amariles Valverde

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia

Referencia: Sentencia indemnizatoria

Consejero Ponente:

Dra. Maria Elena Giraldo Gomez

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil cinco

I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el día 20 de marzo de 1998 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda (fls. 111 a 118, cdno. ppal.).

II. Antecedentes procesales

a) Demanda.

La presentó Gerardo Amariles Valverde, mediante apoderado judicial, el día 1º de marzo de 1996 y la dirigió frente la Nación, Ministerio de Justicia (fls. 28 a 34, cdno. ppal.).

1. Pretensiones.

“1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación (Ministerio de Justicia), de los perjuicios causados al demandante con motivo de la medida de aseguramiento con detención preventiva emanada de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cali, adscrita a la Unidad de Vida, Libertad y Pudor Sexual y por la sentencia condenatoria a dieciocho (18) años de cárcel, con número 033 del ocho (8) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) emanada del Juzgado Catorce (14) Penal Municipal de Cali. Actuaciones éstas que provocaron el encierro carcelario del demandante por espacio de dos (2) años, diez (10) meses y cinco (5) días en la Penitenciaría de Villahermosa de la ciudad de Cali en el Departamento del Valle.

2. Condenar a la Nación (Ministerio de Justicia) a pagar a favor del señor Gerardo Amariles Valverde en su calidad de demandante una suma equivalente a cuarenta mil (40.000) gramos de oro por los daños morales que le causara la actuación judicial comentada.

3. Condenar a la Nación (Ministerio de Justicia) a pagar a favor del señor Gerardo Amariles Valverde los perjuicios materiales que le fuesen causados producto de la privación injusta de su libertad, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. La Cantidad de cuatrocientos ochenta mil pesos mensuales ($ 480.000) al 24 de julio de 1992, más un veinticinco por ciento (25%) de prestaciones sociales, por concepto de ganancias que recibiere en su labor independiente.

2. La vida probable del demandante y su edad de 31 años al momento de la detención, según las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria.

3. Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el 24 de julio de 1992 y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia, o el auto que liquide los perjuicios materiales.

4. La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el honorable Consejo de Estado teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura”.

2. Hechos.

“1. El señor Gerardo Amariles Valverde nació en ésta ciudad, es hijo de Jesús Emilio Amariles (fallecido) y Nelly Valverde de Amariles.

2. En el momento de los hechos se encontraba residenciado en el barrio Chapinero de la ciudad de Cali, soltero, de profesión reconstructor de baterías.

3. El día 25 de abril de 1992 ocurrió un hecho delictivo en el barrio Chapinero entre la carrera 15 con calle 42 aledaño a un establecimiento de diversión denominado ‘Billares Chapinero’, hecho éste en el cual perdió la vida una persona que respondía al nombre de Federico Anastasio Bitar Osorio.

4. El 24 de julio de 1992 la Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circuito adscrita a la Unidad de Vida, Libertad y Pudor Sexual, doctora Martha Liliana Bertin Gallego, quien había asumido la investigación, resuelve la situación jurídica del señor Gerardo Amariles Valverde, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva, como autor intelectual de la muerte del señor Federico Anastasio Bitar Osorio (sic).

5. El juzgado catorce (14) Penal del Circuito de Cali en Sentencia 033 del ocho (8) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) administrando justicia en nombre de la Nación colombiana, condenó al señor Gerardo Amariles Valverde a la pena de dieciocho (18) años de cárcel.

6. Producto de la medida de aseguramiento y la condena antes mencionada el señor Gerardo Amariles Valverde permaneció privado de la libertad por más de dos (2) años y diez (10) meses.

7. Posteriormente el Tribunal Superior de Cali en su Sala de Decisión Penal se pronuncia en segunda instancia a través de sentencia fechada el veintiséis (26) de mayo de 1995, con la cual resuelve absolver al procesado Gerardo Amariles Valverde de los cargos por los cuales se le vinculó a dicho proceso como autor intelectual del delito de homicidio agotado en la persona de Federico Anastasio Bitar Osorio y como consecuencia de la anterior determinación se ordenó su libertad incondicional.

8. La privación de la libertad del demandante siendo evidentemente inocente y bajo argumentos poco sólidos para la misma, constituyen un evidente error judicial por no tener el más mínimo grado de respeto por la Constitución y la ley.

9. El ente público es responsable por la orden de detención preventiva y por la sentencia condenatoria a dieciocho (18) años de cárcel.

10. La Constitución establece como uno de los fines esenciales del Estado: Garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la misma.

11. Así mismo establece el derecho al debido proceso, la imparcialidad y la ley más favorable al procesado.

12. El artículo 90 de la Constitución dice: ‘El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas’. En este caso hubo un comportamiento equivocado de una autoridad configurado a través del error judicial.

13. El artículo 414 del nuevo Código de Procedimiento Penal, establece: ‘Indemnización por privación injusta de la libertad; quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente por que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave’.

14. Así mismo el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, dice: ‘Consecuencias de la decisión que exonera de responsabilidad; si la decisión que se dictare en la actuación fuere cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, el sindicado o sus herederos podrán demandar la restitución de lo pagado sin perjuicio de las demás acciones que se deriven del acto injusto. Habrá lugar a solicitar responsabilidad del Estado’.

15. El error judicial en comento ha causado graves perjuicios a mi apoderado (sic) Gerardo Amariles Valverde.

16. De un lado la inmensa pena moral a la cual se vio sometido un hombre bueno, con reconocimiento de excelente conducta por más de veinte (20) años en el barrio Chapinero de Cali, quien vio poco a poco el desenlace de una pesadilla que lo sumergió en una terrible depresión por casi tres largos años, y que hoy no ha podido olvidar.

17. El desprestigió público al cual ha sido sometido el demandante, sumado a los constantes señalamientos de la sociedad, que dentro de su falta de conocimiento jurídico considera a todo sindicado como culpable y le niegan cualquier respaldo y apoyo humano.

18. La separación forzosa del calor de sus familiares y amigos.

19. Por estos perjuicios morales solicito para el demandante el equivalente en pesos de cuarenta mil (40.000) gramos de oro.

20. El demandante sufrió graves perjuicios materiales, ya que como buen trabajador ganaba sumas importantes que le abrían el espacio para comprar su casa y otros elementos, además de montar su propio taller de mecánica y de reconstrucción de baterías.

21. Existe una relación de causalidad entre el error judicial de este caso y el daño causado al demandante” (fls. 29 a 31, cdno. ppal.).

b) Trámite procesal.

1. El Tribunal admitió la demanda por auto de 20 de marzo de 1996; ordenó notificar personalmente al Ministerio de Justicia a través del Director de la Cárcel de Villahermosa, y al Agente del Ministerio Público (fls. 35 y 36, cdno. ppal.).

2. La Nación al contestar la demanda consideró frente a los hechos que la mayoría no le constan o no son ciertos y se opuso a las pretensiones de la demandada porque no está obligada a responder debido a que todas las diligencias fueron adelantadas por la Fiscalía General de la Nación; además, según jurisprudencia del Consejo de Estado, todos los ciudadanos tienen la carga de soportar las dificultades y los daños que el control de la situación de orden público les pueda causar ya que la ley permite, en ciertos casos, la retención de personas y la detención preventiva, conductas con las cuales se pueden causar perjuicios a las personas, pero en tales eventos la víctima tiene el deber de soportarlas, porque el perjuicio no es antijurídico.

Agregó que el monto de los perjuicios morales y materiales solicitados son exagerados y contradichos. Propuso como excepción la indebida legitimación por pasiva, porque ninguna de las actuaciones fue realizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y en cambio sí fueron realizadas por la Fiscalía General de la Nación que tiene autonomía administrativa y presupuestal y la representa el Fiscal General (fls. 45 a 51, cdno. ppal.).

3. El proceso se abrió a pruebas el 23 de agosto de 1996, luego de practicadas, se llevó a cabo audiencia de conciliación que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes; enseguida se corrió traslado a las partes para alegar el 22 de octubre de 1997 (fls. 53, 92 y 94, cdno. ppal.). Sólo intervino la demandada, que reiteró la posición adoptada en la contestación de la demanda y citó jurisprudencia del Consejo de Estado en torno al tema (fls. 95 a 110, cdno. ppal.).

c) Sentencia apelada.

Estimó, inicialmente, que la excepción propuesta no estaba llamada a prosperar porque la demanda se dirigió expresamente contra la Nación (Ministerio de Justicia) y no contra la Fiscalía, y al momento de presentarse y por actuaciones de la Rama Judicial debía notificarse al Ministro de Justicia quien representaba a la Nación.

Luego al referirse al daño concluyó que no le es imputable al Estado, porque según el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal no toda detención es injusta y para que proceda la responsabilidad del Estado debe probarse que los hechos investigados no existieron, o que el sindicado no los cometió, o que la conducta no era hecho punible, o que medió error del juez por decisión arbitraria. Pero en el caso al actor se le condenó en primera instancia, sentencia revocada por el Tribunal Superior “por subsistir duda no dilucidada en el transcurso del proceso”, es decir, por aplicación del principio indubio pro reo (fls. 111 a 118, cdno. ppal.).

d) Recurso de apelación.

Lo propuso la parte actora para que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declare la responsabilidad de la Nación porque sí se estructuran los elementos, toda vez que se presentó privación injusta de la libertad en detrimento del demandante, a quien incluso se le condenó a 16 años de prisión y luego fue absuelto, detención que se prolongó durante 2 años y 10 meses, que le causó graves daños materiales y morales, hecho y daño que le son imputables a aquella, pues el acto dañoso fue cometido por ella. Citó algunas providencias del Consejo de Estado sobre el tema, y solicitó indemnización de perjuicios (fls. 123 a 126, cdno. ppal.).

e) Trámite en segunda instancia.

1. El recurso se admitió el día 21 de agosto de 1998 y luego, el 15 de septiembre siguiente se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión (fls.130 y 132, cdno. ppal.). Sólo alegó el Ministerio Público; puso de presente que el Tribunal, al fallar de fondo otro asunto, el 5.915, en el cual se solicitó el pago de perjuicios por una privación injusta de la libertad y en el que se demandó a la Nación (Ministerio de Justicia) concluyó que ésta no tenía obligación de responder por cuanto la Fiscalía General de la Nación, al tener autonomía administrativa y presupuestal, era la obligada y por lo mismo se dijo que “el actor debía demandar a la Fiscalía General de la Nación”, contradicción que solicita sea corregida por el Consejo de Estado (fls. 163 a 145, cdno. ppal.).

2. La Sala, en auto del 21 de febrero de 2005 y con fundamento en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, ordenó dar a conocer al Fiscal General de la Nación las imputaciones que se hicieron en contra de la Fiscalía General de la Nación, notificándole y entregándole copia de la demanda “para los efectos legales pertinentes”; orden que se cumplió el 12 de abril siguiente (fls. 147 y 148, cdno. ppal.).

El 19 de abril de 2005, la Fiscalía General concurrió al proceso y solicitó que se nieguen las súplicas de la demanda y se confirme la sentencia de primera instancia porque no se acreditaron los presupuestos para estructurar responsabilidad patrimonial. Dijo que le corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes (C.N., art. 250 y CPP, art. 120), y que, en ejercicio de esta atribución, impuso medida de aseguramiento a Gerardo Amariles Valverde por su presunta coparticipación en el homicidio de Federico Anastasio Bitar, porque para entonces existían indicios graves en contra de éste (CPP, art. 388), emanados de las pruebas recaudadas, frente a las cuales Amariles Valverde tuvo la oportunidad de controvertir, con las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. Agregó que a Amariles se le condenó en primera instancia a 18 años de prisión, y la sentencia del Tribunal Superior que revocó ese fallo no puede tenerse por sí misma como constitutiva de falla del servicio, y como tampoco dejan de ser legítimos la medida de aseguramiento y la investigación. Recordó que la Corte Constitucional, al revisar el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en Sentencia C-037 de 1996 aclaró “que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho sino abiertamente arbitraria”, como lo había planteado el Consejo de Estado en sentencia de 1º de octubre de 1992 con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández. Reiteró que la medida de aseguramiento contra Gerardo Amariles, única posible frente al delito investigado, fue acorde con las pruebas, proporcionada a la gravedad y a la magnitud del ilícito, y legítimamente adoptada. Y la posterior absolución del sindicado no genera automáticamente responsabilidad patrimonial, pues, si así fuese, los fiscales estarían atados de pies y manos, sin autonomía, sin independencia, sin poderes de instrucción, sin libertad para recaudar y valorar las pruebas.

Puso de presente que el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, para esa época, establecía los casos que autorizaban a reclamar indemnización, a saber: Cuando el hecho no existió, cuando el hecho existió pero no fue cometido por el detenido, y cuando existió y fue cometido por él, pero no constituía hecho punible; de esa norma se colige que la finalidad del legislador no fue la de reconocer indemnización por las decisiones absolutorias motivadas en falta de plenitud de pruebas; para demandar indemnización el proceso penal debe arrojar certidumbre absoluta sobre la inocencia del sindicado. Además, la disparidad de criterios entre los jueces de primera y de segunda instancia no puede responsabilizar a la Fiscalía, que siempre actuó en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales. Y concluyó que el Consejo de Estado ha reconocido que la investigación constituye una carga que todo ciudadano tiene el deber de soportar cuando existan las circunstancias que así lo determinan, y en el caso, por lo ya dicho, la privación de la libertad no tenía la connotación de injusta (fls. 149 a 160, cdno. ppal.).

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado se procede a decidir previas las siguientes,

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 20 de marzo de 1998, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

a) Fiscalía General de la Nación hace parte de la Nación.

El Consejo de Estado observa, frente al planteamiento del Ministerio Público, que el sujeto legitimado materialmente en la causa y por pasiva para atender las imputaciones por daños afirmados en la demanda, ocurridos dentro de la actividad de la Rama Judicial —Fiscalía General de la Nación— lo es la Nación, como bien lo estimó la parte demandante cuando ejercitó su acción; una cosa es la legitimación en la causa y otra la representación judicial.

• La Carta de 1991 previó en el artículo 249 que “La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”.

• Y el Decreto-Ley 2699 de 30 de noviembre de 1991 por medio del cual expidió el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, señala: “ART. 1º—La Fiscalía General de la Nación, forma parte de la Rama Judicial (…)”.

b) Imputaciones de la demanda.

Se pretende la indemnización de perjuicios, en primer lugar, con motivo de la medida de aseguramiento con detención preventiva emanada de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cali, y por la Sentencia 033 condenatoria a 16 años de cárcel, de 8 de septiembre de 1994 emanada del Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali, actuaciones que provocaron el encierro carcelario del demandante por espacio de dos años, diez meses y cinco días en la Penitenciaría de Villahermosa de la ciudad de Cali en el Departamento del Valle (Pretensiones primera y segunda). En el hecho 8 se dice que esas actuaciones judiciales son constitutivas de error judicial y, en el hecho 15, que este error ha causado graves perjuicios. Y, en segundo lugar, se pretende la indemnización de perjuicios con motivo de la privación injusta de su libertad (Pretensiones tercera y siguientes). En los hechos 13 y 14 se trascriben los siguientes artículos del Código de Procedimiento Penal:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente por que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

“ART. 242.—Consecuencias de la decisión que exonera de responsabilidad. Si la decisión que se dictare en la actuación fuere cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, el sindicado o sus herederos podrán demandar la restitución de lo pagado sin perjuicio de las demás acciones que se deriven del acto injusto. Habrá lugar a solicitar responsabilidad del Estado”.

Como la demanda pretende la declaratoria de responsabilidad haciendo, por una parte, reproches a la actividad judicial y, por otra, indicando el resultado de la actividad judicial para concluir la injusticia de la pérdida de la libertad que padeció el actor, la Sala se referirá a cada imputación.

c) Supuestos para la configuración de responsabilidad por detención preventiva.

La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”.

En la primera, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales, como quedó explicado, entre otras, en las sentencias de 1º de octubre de 1992(1), de 25 de julio de 1994(2), de 15 de septiembre de 1994(3), de 17 de noviembre de 1995(4) y de 2 de octubre de 1996(5).

En la segunda tesis jurisprudencial, “objetiva o amplia”, la conducta se sujeta a que la decisión de la autoridad mediante la cual se deja en libertad al procesado, haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó esa posición con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la administración para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la comprobación de si ésta era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de este criterio están contenidos en las sentencias de fechas 30 de junio de 1994(6), 12 de diciembre de 1996(7) y 27 de septiembre de 2000(8)

Actualmente esa es la posición de la Sala respecto del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto los hechos demandados ocurrieron bajo su vigencia: Se reitera lo dicho en la sentencia precitada, de 27 de septiembre de 2000(9), porque se considera que en esos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto 1. o porque la detención resultó injusta o 2. porque fue exonerado por sentencia absolutoria definitiva debido: o a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible; al respecto no queda duda, pues así lo indica el artículo 414.

d) Responsabilidad patrimonial del Estado.

1. Imputaciones de falla.

En la demanda se endilgaron conductas falentes, constitutivas de error judicial “por no tener el más mínimo grado de respeto por la Constitución y la ley”.

Sobre el error judicial, el Consejo de Estado ha destacado que con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La falla del servicio judicial se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y el error judicial se reservó para los actos de carácter propiamente jurisdiccional.

Por fallas del servicio judicial la Nación fue condenada en eventos relacionados con la sustracción de títulos valores o falsificación de oficios, en fallo de la Sección Tercera del 24 de agosto de 1990 (exp. 5451). En lo que se relaciona con el error judicial frente a decisiones jurisdiccionales, propiamente dichas, hay que advertir que la jurisprudencia de la corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que dicho error no comprometía la responsabilidad del Estado porque era un riesgo a cargo del administrado, “una carga pública a cargo de todos los asociados”, en aras de la seguridad jurídica y que en este campo sólo tenía aplicación la responsabilidad personal del juez, siempre y cuando se tratara de un error inexcusable (CPC, art. 40). De manera excepcional se llegó a reconocer la responsabilidad del Estado por error judicial en los eventos en los cuales la decisión pudiera asimilarse a una vía de hecho, como puede verse en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 16 de diciembre de 1987 (exp: R-01). Sin embargo, la resistencia de la corporación a reconocer la reparación de perjuicios por el error judicial no estuvo fundamentada en limitaciones de carácter positivo; aunque la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares, el artículo 16 de la misma disponía el deber de las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, normativa que sirvió de fundamento a la jurisprudencia para deducir el deber estatal de responder patrimonialmente por los perjuicios causados a los particulares con sus actuaciones u omisiones. En vigencia ya de la Constitución de 1991 el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado por el ejercicio de la función judicial ha logrado un mejor desarrollo, en fallos que se dictaron los días 22 de julio de 1994 (exp. 9043) y 12 de septiembre de 1996 (exp. 11092).

Luego a la entrada en vigor de la Constitución de 1991, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales; distinguió tres supuestos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68)(10) y definió el error jurisdiccional como el “cometido por una autoridad investido de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” (art. 66).

En el caso, no puede hacerse el análisis de falla, porque en el expediente sólo obran la copia de la sentencia penal de primera instancia, que se allegó con la demanda, y la copia del fallo penal de segunda instancia, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que la decretó el Tribunal a ruego del actor; en la solicitud se dijo “Que se libre comunicación al señor Juez Catorce (14) Penal del Circuito de Cali, con sede en la misma ,ciudad para que remita a su despacho copia auténtica de la Sentencia 033 del ocho (8) de julio de 1994, de proceso radicado bajo el número 6273” (fl. 32, cdno. ppal.).

Sin todas las pruebas del proceso penal, la jurisdicción contencioso administrativa no puede averiguar la existencia del error judicial, porque las responsabilidades que se juzgan en uno y otro proceso son de distinta naturaleza, como lo ha manifestado esta sección en diversas oportunidades, entre otras, la sentencia del 17 de marzo de 1994:

“(…) entre una y otra acción, la penal y la administrativa, se presentan radicales diferencias en su contenido, filosofía, sujetos afectados, regulación legal y procedimental, sin desconocer, desde luego, que en la mayoría de los casos las sentencias penales inciden de manera muy importante en los fallos que profiere la jurisdicción contencioso administrativa.

Es por ello que el tratamiento que se da en uno y otro difiere, por ejemplo, en cuanto a las penales regulan el comportamiento personal del funcionario sindicado y su juzgamiento se somete al ordenamiento procesal penal, las normas y principios que rigen la responsabilidad extracontractual de la administración se aplicarán en el caso de que se presente una falla en el servicio que a aquella le corresponde prestar. Así las cosas, es fácil comprender que según la conducta del funcionario y las circunstancias mismas del hecho, las disposiciones que se aplican en cada caso son diferentes. La actuación penal del agente la rige el código penal, en tanto que la actuación de la administración la regula el ordenamiento administrativo. Obviamente, de ese distinto tratamiento normativo dimana el que, por norma general, no se presente prejudicialidad de la decisión penal en el fallo administrativo y que, consecuencialmente, se presenten casos en los que a pesar de existir una sentencia penal absolutoria, se dé respecto de los mismos hechos un fallo administrativo condenatorio, o viceversa.

(…) si bien es cierto que la condena penal genera para el procesado o para quienes patrimonialmente deban responder, la obligación civil de reparar los daños ocasionados con el delito, la responsabilidad extracontractual de la administración no se origina necesariamente en el hecho punible del agente público, que por lo demás puede no existir, sino que su origen se encuentra en la falla de la administración en la prestación de los servicios públicos. Esta sola diferencia obliga a que en juzgamientos como el que se examina se procure analizar y valorar la situación jurídica apreciando las condiciones fácticas de derecho aplicables en cada caso, según se trate de la acción civil derivada del delito o de la acción de reparación directa proveniente de una falla en el servicio.

(…) se distingue igualmente la responsabilidad penal de la administrativa, en cuanto la primera nace de la violación dolosa o culposa de una norma penal, mientras que la segunda surge de un hecho dañoso ejecutado por el Estado, el que puede o no ser constitutivo de una conducta penalmente reprochable. También se traslada esa diferenciación en cuanto al manejo probatorio de cada tipo de responsabilidad, si se tiene en cuenta que la responsabilidad penal no se presume como sí se presume la inocencia, y que es imperativa su plena demostración, en tanto que la responsabilidad extracontractual administrativa, sí es susceptible de presunciones hasta el punto de que en muchos casos es suficiente acreditar el hecho dañoso imputable a la entidad, el perjuicio y el nexo causal para declarar la responsabilidad estatal.

(…) en las anteriores condiciones, dadas las diferencias rápidamente enunciadas entre una y otra acción, estima la Sala que no puede brindárseles un tratamiento idéntico respecto de sus efectos, hasta el punto de que la sentencia del juez penal en todos los casos condicione la decisión del juez administrativo. Esta, por lo demás, ha sido tesis sostenida en varias oportunidades por la Sala, entre otras, en providencia de 28 de junio de 1991, actor: Ricardo Antonio Serna Ruíz, con ponencia del señor consejero doctor Carlos Betancur Jaramillo donde se dijo: ‘Aquí se repite que el juez administrativo, si tiene otras pruebas u otros elementos de juicio distintos a los que le suministre la sentencia penal podrá, sin desconocer la cosa juzgada, llega en materia de responsabilidad administrativa a una solución es aparente contradicción con aquella. Se dice en “aparente” contradicción porque en el fondo se refieren a aspectos o realidades diferentes. Así podrá el juez administrativo declarar que hubo falla del servicio a pesar de la absolución penal del agente o absolver a la entidad pública pese a la condena de aquél. Y lo anterior no puede entenderse sino teniendo clara idea inicial expuesta en el numeral 1º de este fallo, que el hecho del agente puede dar lugar a la aplicación de dos normatividades diferentes: la penal para el delito y la administrativa para la responsabilidad del ente a que pertenece el agente que lo cometió’”(11).

Asimismo y respecto al valor probatorio de la sentencia es pertinente reiterar lo dicho por la Sala en fallo de 26 de septiembre de 2002(12), esto es que una cosa es la sentencia como acto y otra es la sentencia como documento. Al respecto la doctrina extranjera enseña, maestro Eduardo J. Couture, que es conveniente distinguir, con toda nitidez, lo que atañe a la sentencia en cuanto acto y lo que se refiere a ella en cuanto documento.

“En cuanto a la eficacia probatoria del contenido de la sentencia, parece necesario destacar que ella no acredita plenamente los hechos admitidos.

Así, por ejemplo, la sentencia que condena al pago de la indemnización por daños y perjuicios, apoyada en hechos que se dan por probados en el juicio, no prueba, a su vez, la verdad de esos mismos hechos en otro juicio.

Es necesario, sobre este punto, hacer una distinción. La sentencia sirve para probar plenamente los actos del juicio, cuando el juez en sus resultandos narra lo que en el juicio ha acontecido antes de la sentencia. Pero no sirve, en cambio, para probar los hechos que presenciaron los testigos y que el juez admite en su sentencia. En tanto que el fallo representa los primeros ya que el juez los ha presenciado y los reconstruye en un sentido documental, solo admite los segundos, que no han sido presenciados por él. En aquellos, el juez es testigo por sí mismo; en éstos no es ni siquiera testigo de los testigos, ya que la ley permite no estar presente en el acto de las declaraciones. La admisión de un hecho como probado, es apenas un proceso intelectual del juez que tiene valor en cuanto se refiere al caso decidido.

Pero el juez, que es juez para admitir un hecho en el juicio que conoce, no es juez para transferir hacia otro proceso los juicios de verdad que solo competen al otro magistrado(13).

La sentencia como documento, prueba, pues, “el hecho de haberse otorgado y su fecha”, para todos, por precepto expreso de la ley; y prueba, asimismo, los hechos ocurridos ante el magistrado, de los que éste toma razón directa para su fallo. No prueba, en cambio, la verdad de los hechos de los cuales el juez no es testigo, los que deben ser de nuevo probados en el otro juicio en que se desean acreditar.

En este último sentido, conviene, aunque parezca superfluo, destacar que lo que aquí se analiza es el problema de efecto probatorio de la sentencia en otro juicio, y no de las pruebas de un juicio con relación a otro. Este problema fue abordado oportunamente y resuelto conforme a principios distintos, derivados de las garantías procesales de que disponen ambas partes en cada uno de esos juicios”(14).

“La sentencia es, en primer término, un acto jurídico (…) la doctrina es muy firme en distinguir cuando atañe a la sentencia —acto y a la sentencia— documento. El documento(15) es la representación del acto. Lo que llamamos habitualmente sentencia, cuando tenemos el legajo de papel en la mano, no es sino el documento que representa la sentencia: su prueba, no su sustancia jurídica; el retrato, no la persona(16).

Por otra parte el Código de Procedimiento Civil colombiano, sobre la materia probatoria, señala diversos puntos que concatenados representan el ideal legislativo referente a que en principio las únicas pruebas que pueden tenerse en cuenta son las practicadas en el juicio mismo, salvo que trasladadas de otro cumplan los requisitos de ley: o que fueron practicadas con audiencia y citación de la parte contra la cual se aducen o que no habiéndolo sido se contradigan en el nuevo proceso; esta conclusión está enmarcada dentro de los principios constitucionales y artículos legales que aluden al respecto de la contraparte, a quien no le favorecen; propugnan por el debido proceso y el derecho de defensa y limitan o restringen la competencia del juzgador. El citado código dice:

• Toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (CPC, art. 174).

• Sirven como pruebas, entre otros, los documentos públicos (art. 175).

• El juez practicará personalmente todas las pruebas, pero si no lo pudiere hacer por razón del territorio, comisionará a otra para que en la misma forma las practique (art. 181).

• Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. Si se trata de prueba documental, también se apreciarán las que se acompañen a los escritos de la demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquellos que promuevan incidentes o se les dé respuesta (art. 183).

• Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella (art. 185).

• Los documentos públicos sólo “hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza” (art. 264).

Por otra parte la doctrina colombiana también se expresa, con fundamento en la ley, sobre el valor de las motivaciones de cualquier sentencia para probar hechos en otro proceso; al respecto el profesor Hernando Devis Echandía sostiene:

“Algo muy diferente de la resolución es el valor que pueda tener el concepto contenido en la parte motiva de la sentencia, acerca de los hechos que quién la profirió consideró entonces que se encontraban probados en este proceso. Tales conceptos, acompañados o no de la trascripción o relación de las pruebas en que se apoya, jamás puede servir de prueba de esos hechos en un proceso posterior, sea que se trate de sentencia nacional o extranjera y que ésta haya recibido o no exequátur en Colombia. Para probar esos hechos se requerirá trasladar en copia la prueba practicada en aquel proceso, para que el juez del nuevo la aprecie libre y soberanamente, de acuerdo con la ley nacional (CPC, arts. 183, 185 y 229) y ratificarla cuando esto sea necesario”(17).

Lo anterior permite concluir que carecen de valor probatorio los juicios de valor que emitieron los jueces penales, de primera y de segunda instancia, sobre las pruebas practicadas en dicho proceso, debido a que la sentencia como documento público, no como acto judicial, sólo da fe la fecha de su otorgamiento y de las decisiones que se adoptaron.

2. Responsabilidad objetiva.

En la demanda también se hicieron otras imputaciones de responsabilidad con base en lo dispuesto en los artículos 414 y 242 del Código de Procedimiento Penal, y 90 Constitucional, derivadas del favor de la absolución de que fue objeto, en definitiva, el señor Amariles y por justicia penal, luego de que se mantuvo privado de la libertad por más de dos años y de habérsele condenado a 16 años de prisión. Cabe resaltar que singularmente, los hechos demandados ocurrieron entre el 14 de julio de 1992 y el 26 de mayo de 1995 y que la norma jurídica aplicable es la Constitución de 1991, no la Ley 270 de 1996, porque entró en vigencia después de los hechos demandados.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 de nuestra Constitución Política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables; de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal y posteriormente liberado por orden de autoridad judicial, por la cual se le desvincula del proceso penal debido a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, porque el hecho imputado no existió, o porque el sindicado no lo cometió, porque el hecho no es punible, o porque el Estado no contraprobó la presunción de inocencia que ampara al sindicado, los daños que demuestre y que se deriven de la detención deben serle indemnizados, toda vez que no estaba en el deber de soportarlos.

No es necesario demostrar la existencia de una decisión errónea; conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que una providencia judicial proferida conforme a la ley que prevé y regula la detención preventiva, puede causar un daño antijurídico cuando en el curso de la investigación penal no se desvirtúa la presunción de inocencia del sindicado que, en cumplimiento de dicha providencia, ha sido privado de la libertad.

En el caso, el señor Amariles Valverde fue vinculado a la investigación penal por el homicidio de Federico Atanasio Bitar Osorio en virtud de la cual fue detenido, y como culminación de la misma el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali profirió en su contra sentencia condenatoria, consistente en prisión por 16 años, por hallarlo responsable de ser autor intelectual del delito. Y posteriormente la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali revocó, en sentencia de 26 de mayo de 1995, la sentencia condenatoria proferida en contra; pero como consecuencia de la vinculación el señor Amariles permaneció en prisión y privado de la libertad, desde el 14 de julio de 1992 hasta el 26 de mayo de 1995, esto es, 2 años, 10 meses, 12 días (fl. 67, cdno. ppal.).

En criterio de la Fiscalía General de la Nación y la Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado, la detención preventiva del señor Amariles se mantuvo “hasta la decisión final”, esto es hasta que se profirió el fallo de segunda instancia; y que esa detención, mientras se clarificaba en forma definitiva quiénes eran los autores del crimen “constituyó una carga que el actor debía soportar, ya que los indicios que contra él pesaban, se mantuvieron durante la investigación y sólo hasta el final del proceso fue posible establecer, que en su favor, debían aplicarse los principios generales del derecho penal, referidos a la presunción de inocencia y el indubio pro reo”.

Pero el Consejo de Estado considera que la presunción de inocencia, principio universal contenido en la Constitución Política de Colombia y en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, milita a favor del sindicado desde el inicio de la investigación. Es un contrasentido pensar que la presunción de inocencia sólo tiene vigencia una vez el Estado ha despejado ‘las dudas’ o se ha enredado en ellas, pues el artículo 29 Constitucional enseña que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. Por tanto, con la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Superior de Cali, a favor del señor Gerardo Amariles, se evidenció que él no tenía jurídicamente que soportarla. El señor Amariles estuvo detenido dos años y diez meses (1.032 días), es decir casi una tercera parte del mínimo de la pena previsto en el Código Penal de entonces (10 años).

Tampoco es de recibo el argumento aducido por la Nación, según el cual todo ciudadano debe la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva y soportar los perjuicios que ésta le cause, pues ello contradice los principios consagrados en la convención de derechos humanos y en la Carta Política de 1991. Al efecto cabe tener en cuenta que la Sala en sentencia del día 18 de septiembre de 1997 consideró: “No puede aceptarse que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad, se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento”(18). Por lo tanto y para el caso, con la absolución definitiva del señor Amariles Valverde en las condiciones sabidas, se evidencia que en el pasado sufrió daños antijurídicos: 

La Sala ha sostenido que corresponde al juez administrativo evaluar si se demostró la existencia de un daño antijurídico, en la medida en que la injusticia de una detención preventiva no la determinada necesariamente la ilicitud del acto jurisdiccional que la decretó, y ha morigerado el criterio que adoptó la sección en sentencia de 18 de septiembre de 1997 (exp. 11754) en fallos que profirió el 27 de noviembre de 2003 (exps. 14.530 y 14.698), en el sentido de que los casos de absolución por duda no se subsumen en la segunda parte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues su tenor literal es claro; y que el juez administrativo no puede aplicar un criterio de interpretación extensiva a hipótesis diferentes de las que contempla tal disposición(19).

Respecto de la naturaleza excepcional de la detención preventiva y las condiciones necesarias para su procedencia resulta ilustrativo tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional:

• “Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la investigación —complejidad respecto a los hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc.—, la conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia”(20).

• “La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1º, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal”(21).

• “El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no está en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales…”(22).

Tal jurisprudencia constitucional es clara en hacer ver cómo toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(23).

La presunción de inocencia desde antes de la Constitución de 1991, estaba prevista en la Carta Política de 1886 y además en las siguientes normas con fuerza material de ley:

• Ley 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (resaltado fuera del texto original).

• Ley 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8º dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”.

• Decreto-Ley 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”.

Y en la Constitución de 1991 se consagró la presunción de inocencia, en el inciso 4º del artículo 29, al disponer: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

Luego, el legislador extraordinario en el Decreto-Ley 2700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contenía el Código de Procedimiento Penal vigente para la época del hecho imputado, expresaba en el artículo 2º que: “En desarrollo de las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración definitiva sobre su responsabilidad”. El precitado decreto ley entró en vigencia el día 1º de julio de 1992, según términos del artículo 1º transitorio(24), para el caso, 13 días antes de la detención preventiva a la que alude la demanda. Dicho decreto rigió hasta el 24 de julio de 2001, fecha en la cual empezó a regir la Ley 600 de 24 de julio de 2000(25) “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que en su artículo 535 lo derogó expresamente y en su artículo 536 dispuso que entraría en vigencia un año después de su promulgación.

En el caso, el señor Gerardo Amariles Valverde fue detenido y se le vinculó como autor intelectual del delito de homicidio con fundamento en ‘indicios’, se le condenó a la pena de prisión de 16 años, y luego se le absolvió por no existir en su contra pruebas que lo responsabilizaran, pero para entonces había estado privado de su libertad por un lapso de 2 años, 10 meses y 12 días; tal detención devino en injusta, porque el Estado no desvirtuó la presunción de inocencia y por lo mismo la sentencia penal de segunda instancia revocó el fallo condenatorio de primera instancia. Valga decir que la presunción de inocencia no podía suspenderse por el simple hecho de la investigación, como lo interpretó el Ministerio Público.

e) Daño.

a) La demanda afirmó que la víctima directa padeció daños patrimoniales y extrapatrimoniales: Patrimonial por la privación de ingresos durante el tiempo de detención real “ya que como buen trabajador ganaba sumas importantes que le abrían el espacio para comprar su casa y otros elementos, además de montar su propio taller de mecánica y de reconstrucción de baterías” (hecho 20). Y daño extrapatrimonial por la afectación moral debido a la “inmensa pena moral a la cual se vio sometido un hombre bueno, con reconocimiento de excelente conducta por más de veinte (20) años en el barrio Chapinero de Cali, quien vio poco a poco el desenlace de una pesadilla que lo sumergió en una terrible depresión por casi tres largos años, y que hoy no ha podido olvidar”, igualmente por “el desprestigió público al cual ha sido sometido el demandante, sumado a los constantes señalamientos de la sociedad, que dentro de su falta de conocimiento jurídico considera a todo sindicado como culpable y le niegan cualquier respaldo y apoyo humano” y por “la separación forzosa del calor de sus familiares y amigos” (hechos 16 a 18).

b) Para la Sala se comprobaron los daños que se afirmaron definidamente en la demanda: El daño moral: toda vez que el señor Amariles no tenía por qué soportar la afectación que le produjo la pérdida de la libertad, debido a que el Estado no contraprobó la presunción de inocencia que lo amparaba. En este punto es importante resaltar que una cosa es que el sindicado debe someterse a la restricción de su derecho de locomoción por la orden judicial de aseguramiento y que otra cosa es la consecuencia judicial a la determinación definitiva de que el Estado no contraprobó la presunción de inocencia que amparaba al sindicado. Por tanto la demostración de la duración de la pérdida de libertad por espacio de 2 años, 10 meses y 12 días se constituye en suficiente hecho indicador de la aflicción que padeció el señor Amariles. 

Con la certificación de la Cárcel del Distrito Judicial de Cali se demostró que Gerardo Amariles Valverde estuvo detenido desde el 14 de julio de 192 hasta el 26 de mayo de 1995, para un total 1.032 días (2 años, 10 meses, 12 días), inicialmente como sindicado y luego como condenado, en primera instancia, por el delito de homicidio en la modalidad de autoría intelectual (documento público, fl. 67, cdno. ppal.). 

También se probó el daño material que sufrió el señor Amariles durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, porque demostró que antes de la captura y de la vinculación al proceso penal, se desempeñaba como trabajador de un establecimiento comercial y realizaba otros trabajos, esporádicamente, por contrato de terceras personas, de todo lo cual percibía un ingreso mensual promedio el cual destinaba a su sostenimiento y a la ayuda económica de su señora madre y a una hermana. Estos hechos se demostraron con los siguientes medios de prueba:

— Con el Oficio 6792 de septiembre 27 de 1996, suscrito por dactilocopista de la Cárcel del Distrito Judicial de Cali se probó la duración de la pérdida de libertad del señor Gerardo Amariles Valverde, entre los días 14 de julio de 1992 hasta el 26 de mayo de 1995 (fl. 67, cdno. ppal.).

— Con la certificación expedida por el propietario del taller, señor Carlos Alberto Villa, aportada con la demanda, se probó que Gerardo Amariles Valverde, antes de ser detenido, laboraba para el taller denominado “Baterías Lasser”, desde el 16 de febrero de 1979, últimamente como administrador del mismo, con una asignación mensual de $ 130.000 más comisión del 0.5% por ventas, para un promedio mensual de $ 150.000 m/cte. (fl. 27, cdno. ppal.).

— Con los testimonios que recepcionó el Tribunal, el día 18 de noviembre de 1996: Alfonso Sarria Marmolejo dijo que conocía a Amariles Valverde quien “trabajaba en el taller de baterías que tiene el padrastro y además de eso hacía trabajos extras con relación a su oficio dentro del mismo taller porque el padrastro le daba permiso”; que además Amariles laboraba en los sistemas eléctricos de los carros, devengando $ 180.000 mensuales fuera de los trabajos extras (fls. 68 y 69 cdno. ppal.). Juan Oscar Villamil Delgado manifestó que conocía a Amariles desde hace 15 años; antes de ser detenido trabajaba con su padrastro en el taller de Baterías Lasser; ganaba el salario mínimo más lo que le entraba por trabajos de electricidad, valor que desconoce (fls. 70 y 71, cdno. ppal.). Jesús Fernando Amariles, hermano de la víctima, señaló que su hermano laboraba desde hacía 15 o 18 años en el taller “Baterías Lasser” propiedad de Carlos Alberto Villa y percibía entre $ 180.000 y $ 200.000 mensuales más algunas extras que recibía en cuantía superior a $ 200.000; que desde 1989 o 1990, ambos sostenían a una hermana, a los dos hijos de ésta y a su madre, pero luego de la detención Gerardo no pudo colaborar más (fls. 72 a 74, cdno. ppal.).

f) Nexo de causalidad.

Esos daños antijurídicos, moral y material, fueron causados en forma eficiente y determinante a consecuencia de la privación de la libertad de Gerardo Amariles Valverde, que resultó injusta porque el Estado no contraprobó la presunción de inocencia. 

f)(sic) Cuantificación de los perjuicios.

1. Morales: En la actualidad el Consejo de Estado tasa la indemnización por perjuicios morales en salarios mínimos legales mensuales(26). Y para la medición del perjuicio la Sala acudirá al arbitrio judicial razonado(27). Por tanto, atendiendo la duración de la pérdida injusta de la libertad, por parte del señor Gerardo Amariles, 1.032 días, a la clase de delito y la modalidad por la cual se le procesó (autor intelectual de homicidio) y la condena que se le impuso en primera instancia (16 años de prisión), la Sala puede medir la gran intensidad del perjuicio moral que padeció el demandante en 80 salarios mínimos legales mensuales, es decir, la suma de $ 30.520.000. 

2. Perjuicios materiales: Se liquidará con base en los siguientes factores:

Período Indemnizable 34.5 meses: desde el 14 de julio de 1992 hasta el 26 de mayo de 1995: (fl. 67, cdno. ppal.).

Salario: La Sala acoge la certificación expedida por el señor Carlos Alberto Villa, propietario del taller “Baterías Laser”, según la cual Gerardo Amariles trabajaba para el taller, con una asignación mensual de $ 130.000 más comisión del 0.5% por ventas, para un promedio mensual de $ 150.000 m/cte. Este documento, aportado en original y emanado de terceros, será apreciado porque fue allegado al proceso bajo la vigencia del Decreto-Ley 2651 de 25 de noviembre de 1991. El artículo 22,2 de este decreto dispone frente a los documentos declarativos emanados de terceros que pueden ser estimados por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contra la cual se aducen solicite su ratificación de manera expresa (art. 22, num. 2º)(28). Por tanto como la parte interesada en su contradicción no solicitó su ratificación expresamente ni lo tachó de falso en la oportunidad legal (CPC, art. 289) es apreciable.

Fórmula de liquidación histórica o consolidada: Porque el perjuicio se circunscribe al lapso en que estuvo detenido.

Debe actualizarse la base de liquidación, entre la fecha de la detención y la de esta sentencia:


SA =Vh (Ind. Final)
——————
(Ind. Inicial)

 

S = $ 150.000 x 159.74
————
31.99

 

S = $ 749.010.

Liquidación:

S = VA (1.004867)34.5 - 1
————————
0.004867

S = $ 28.062.858 (Perjuicio material).

g) Presupuestos afectados.

Físicamente la captura de Gerardo Amariles Valverde la realizó el Departamento Administrativo de Seguridad (fl. 6, cdno. pruebas), pero los daños antijurídicos que padeció tienen su causa eficiente y jurídica en las consecuencias de la determinación final de la justicia penal, que concluyó que el Estado no desvirtuó la presunción de inocencia del señor Amariles, y por ende que la detención que soporte este señor resultó injusta. La pérdida de la libertad provino tanto por la actuación de la Fiscalía General de la Nación que instruyó el proceso y profirió, en virtud de que la competencia que le otorgó la Carta Política de 1991 (art. 250), la medida de detención preventiva del señor Amariles como “autor intelectual” del homicidio de Federico Bitar Osorio; y por el Juzgado Catorce Penal Municipal de Cali que falló el proceso en primera instancia y lo condenó, decisión que revocó el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, al encontrar que no se desvirtuó la presunción de inocencia del procesado.

Tales consideraciones conducen a determinar que se afectará el presupuesto general de la Rama Judicial, que también incorpora el de la Fiscalía General de la Nación (C.N., art. 256,5 y L. 270/96, arts. 85.1 y 88).

h) Costas.

No habrá lugar a condenar en costas porque, para este momento, no se probó la conducta temeraria de alguna de las partes como lo indica la norma procesal vigente (L. 446/98, art. 55).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 20 de marzo de 1998. Y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación (Rama Judicial —Consejero Superior de la Judicatura— y Fiscalía General de la Nación) por los daños antijurídicos, moral y material, que sufrió Gerardo Amariles Valverde, con la privación injusta de la libertad, que ocurrió desde el día 14 de julio de 1992 hasta el 26 de julio de 1995.

2. CONDÉNASE, como consecuencia de lo anterior a la Nación (Rama Judicial —Consejo Superior de la Judicatura— y Fiscalía General de la Nación) a indemnizar al demandante, Gerardo Amariles Valverde, por concepto de los siguientes perjuicios:

a) Morales: Por treinta millones quinientos veinte mil pesos ($ 30.520.000) moneda legal colombiana.

b) Materiales: Por veintiocho millones sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($ 28.062.858) moneda legal colombiana.

3. Las sumas liquidadas ganarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

4. Sin condena en costas.

5. CÚMPLASE la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. EXPÍDANSE por la secretaría, copias con destino a la parte demandante, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Sin condena en costas.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio, presidenta.—María Elena Giraldo Gómez.—Alier Eduardo Hernández Enríquez.—German Rodríguez Villamizar.—Ramiro Saavedra Becerra.

1 Exp. 7.058. Sección Tercera. Actor: Carmen Aminta Escobar Mejía, C.P. Daniel Suárez Hernández.

2 Exp. 8.666. Sección Tercera. Actor: María Berenice Martínez de Bolívar y otros, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

3 Exp. 9.391. Sección Tercera. Actor: Alberto Uribe Oñate, C.P. Julio César Uribe Acosta.

4 Exp. 10.056. Sección Tercera. Actor: Ferney Guateros y otros, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

5 Exp. 10.923. Actor: Rafael Antonio Leal Medina, C.P. Daniel Suárez Hernández.

6 Exp. 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta, C.P. Daniel Suárez Hernández.

7 Exp.10.299. Actor: José Angel Zabala Méndez.

8 Exp. 11601. Actor: Ana Ethel Moncayo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

9 Como criterio fundamental de dicha providencia, se cita: “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”.

10 Sección Tercera, sentencia de 10 de mayo de 2001, exp. 12.719, Actor: Carmen Alicia Bello de Ruiz, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

11 Sección Tercera, expediente 8.585. Actor: Augusto Bedoya y otros.

12 Radicación 18001-23-31-000-1994-3311-01, Actor: Leonel Ramírez Chilito y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referencia: Procesos acumulados (11.437 y 13.311). Demandado: Nación (Ministerio de Transporte) e INVIAS.

13 Calamandrei, La sentenza come mezzo di prova, cit. p. 112.

14 Couture Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1990, pp. 294 y 295.

15 Sobre todo esto Calamandrei, Appunti sulla sentenza come fatto giuridico, en Rif. D.P.C., 1932, I, p. 15. El mismo: La genesi logica della sentenza civile, en Studi di diritto processuale civile, t. 1, p. 1 Moretti, La sentencia extranjera, en la ley, t. 15, sec. Doc., p. 84.

16 Couture Eduardo J. Estudios de derecho procesal civil. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1979, Tercera edición, tomo III, pp. 306 y 307.

17 Compendio de derecho procesal. Editorial ABC, Bogotá, 1985, décima edición, tomo I, pp. 472 y 473.

18 Exp. 11.754. Sección Tercera. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves, C.P. Daniel Suárez Hernández.

19 Sentencia de 7 de diciembre de 2004, exp. 13.481, Actor: José Arnulfo Barrera Osorios y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

20 Sentencia C-301 de 2 de agosto de 1993, Actor: Pedro Pablo Camargo.

21 Sentencia C-689 de 5 de diciembre de 1996. Actor: María Carola Zuluaga.

22 Sentencia C-634 de 31 de mayo de 2000. Actor: Luis Gonzalo Peña Rodríguez y otro.

23 Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 del 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional, actor: Diógenes Escobar.

24 Diario oficial Nº 40.190 de 30 de noviembre de 1991.

25 Diario Oficial Nº 44.097 del 24 de julio de 2000.

26 Sentencia de 6 septiembre de 2001, exp. acumulados 13.232 y 15.646, actores: Belén González y William Alberto González, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

27 Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2003, exp. 12.654, actor: María Lucila Montenegro y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

28 La norma referente a los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros fue ratificada, con posterioridad, por los artículos 10.2 de la Ley 446 de 1998 y 27 de la Ley 794 de 2003, que reiteraron que esos documentos se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.