Sentencia 1996-02296/43977 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Expediente: 050012331000199602296 01 (43.977)

Actor: Magnolia Rojas y Otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y Otros

Acción: Reparación Directa

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete

Extractos «II. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) legitimación en la causa por activa; 3) objeto del recurso de apelación de la demandada; 4) caducidad de la acción; 5) los hechos probados; 6) valoración de las pruebas recaudadas; 7) la prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos; 8) conclusiones probatorias respecto de la responsabilidad del Ejército Nacional; 9) medidas de reparación integral; 10) actualización de la condena de primera instancia; 11) decisión sobre costas.

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 22 de septiembre de 2010, dado que la demanda se presentó el 22 de noviembre de 1996 y la pretensión mayor se estimó en una suma equivalente a 5.000 smlmv, por concepto de indemnización de perjuicios morales a favor de los hijos y cónyuge supérstite del señor Samuel Fernando Rojas, monto que supera el exigido —500 smlmv—, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época(18).

Legitimación en la causa por activa.

Con ocasión del daño que originó la presente acción, esto es, la detención ilegal y prolongada del señor Samuel Fernando Rojas, concurrieron al proceso Magnolia Rojas (madre); Carmen Rosa Galeano Usurriaga (esposa); Mónica Alejandra y Diego Fernando Rojas Galeano (hijos); Aracelly Rojas, Mercedes Rojas, Esther Julia García Rojas, Magnolia García Rojas y Guillermo Rojas (hermanos); César Augusto Calle Rojas, Francisco Alejandro Correa Rojas, Paola Andrea y Juan Guillermo Rojas Loaiza (sobrinos); Martha ldalba Loaiza Toro (cuñada); José Diomedes Rojas (tío).

Las referidas personas acreditaron su parentesco con el principal afectado con los respectivos registros civiles de nacimiento y de matrimonio aportados al proceso(19), motivo por el cual se concluye que tales demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa en el presente asunto.

3. El objeto del recurso de apelación de la demandada.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada -Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -, está encaminado exclusivamente a los puntos antes indicados, motivo por el cual, en cuanto corresponde a los demás asuntos del fallo impugnado, incluyendo la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y los perjuicios allí decretados, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento, dado que no fueron objeto de cuestionamiento alguno por la parte recurrente, amén de que los recursos de apelación formulados por la Fiscalía General de la Nación y por la parte actora fueron declarados desiertos, por manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el Tribunal a quo(20).

Al respecto, conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia(21).

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - claro está, en lo circunscrito al objeto de este.

Caducidad de la acción.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto - Ley 1º de 1984(22), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, esta Sección del Consejo de Estado ha preciado que el término de caducidad de dos años debe contarse desde el momento en el cual el sindicado recupere su libertad y/o la providencia absolutoria quede ejecutoriada —lo último que ocurra— (23).

En el sub examine, la responsabilidad patrimonial impetrada con la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Samuel Fernando Rojas, por haber sido sindicado de la comisión del delito de rebelión, situación que se prolongó hasta cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la preclusión declarada en primera instancia, lo cual realizó a través de la resolución fechada a 14 de diciembre de 1994, providencia que, según constancia del Jefe de la Secretaría Común de la Direccional Regional de Fiscalías “quedó ejecutoriada en la misma fecha (dic. 14/1994)”(24).

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 22 de noviembre de 1996(25), forzoso resulta concluir que se presentó dentro del término legal previsto para tal efecto.

5. Los hechos probados.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales(26), se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

—En el informe fechado 10 de junio de 1992, el Capitán Hernán Antonio Yepes Vallejo manifestó que en desarrollo de la operación “Recolecta”, adelantado para obtener la liberación de una persona secuestrada, se realizó el seguimiento a “un grupo indeterminado de bandidos pertenecientes a la cuadrilla OWCO del Epl disidente”(27). Sostuvo que en dicho operativo, además de la liberación de la persona secuestrada se dio de baja a dos guerrilleros y se capturaron los subversivos José Ramiro Ramírez Agudelo y Manuel José Álvarez Rojas; sin embargo, afirmó que este último resultó muerto posteriormente, “en medio de un enfrentamiento entre subversivos y miembros del Ejército Nacional”.

Agregó que “entrevistó” a José Ramiro Ramírez Agudelo, alias “Repi”, quien “confesó” pertenecer a dicha organización guerrillera. Expresó que con la información suministrada se logró la liberación de una persona que se encontraba secuestrada, así como también se identificó a otros miembros de la milicia insurgente, como fue el caso del señor Samuel Fernando Rojas.

—En el proceso penal militar adelantado por la muerte de varios civiles durante el operativo que llevó a la liberación de una persona secuestrada, se recibió el testimonio de varios militares que participaron en ese operativo(28), entre ellos, el del Cabo Primero Luis Denis González Luque(29), quien ratificó el anterior informe. Relató que al asumir el turno correspondiente, el 3 de junio de 1992, tuvo conocimiento de que en el operativo habían sido capturados varios integrantes del Epl. Sobre el particular informó (se trascribe literalmente incluso los posibles errores):

“[...] se les realizó la entrevista y el sujeto Repi dijo que él colaboraba y por medio de él se dio captura a el sujeto que era encargado de la red urbana de Cartago llamado Samuel y no tenía alias ya que era participante del sindicato de Cartago y él fue el que le dio una dinamita a Repi en un pan que la trajera a Guatica en él estaba operando ellos, lo único que hice yo fui hablar con ellos e inse (sic) corrige entrevistarlos y luego al otro día fue que se capturó a Samuel y después se les llevó al Grupo Uno que queda en Pereira(30) (negrillas adicionales).

—En ese mismo sentido, el soldado Humberto Giraldo Valdez ratificó el informe de la operación, oportunidad en la cual precisó la forma como se desarrolló la liberación de la persona secuestrada y manifestó desconocer el número de personas capturadas(31).

—El Dragoneante Arley Restrepo Montoya(32) manifestó que en los hechos fueron capturados dos secuestradores, quienes habían disparado contra los militares con una escopeta, pero resaltó que su aprehensión no se produjo en la residencia donde se encontraba la persona retenida, sino en un lugar diferente del cual no conoce su ubicación.

—En su declaración, el soldado Jorge Antonio Flórez Gómez(33) aceptó haber participado en el operativo donde se recuperó la libertad de una persona secuestrada y fueron muertos algunos subversivos. Relató que en la noche el Capitán Yepes “se llevó a los guerrilleros o sea a los dos no se para dónde se los llevaría(34) (sic). Negó conocer el nombre de los capturados, pero afirmó que “de los dos que cogimos arriba si uno decía que se llamaba Ricardo y el mismo nos dijo que el otro se llamaba (a. Ricardo) y esos dos fue los que se llevó mi Capitán Yepes”(35).

—En su declaración, el soldado Héctor Jairo Ramírez Pacheco(36) narró que cuando llegó a la casa donde supuestamente se encontraba la persona secuestrada, realizaron un registro del inmueble y se encontraron dos muchachos que manifestaron pertenecer a la guerrilla, no obstante expresó que “no sé cómo se llaman y al otro le decían Ricardo y después como a la una hora ellos nos dijeron que los dos muchachos eran guerrilleros”. Agregó(37):

“[...] de ahí se sacaron los dos muchachos hasta el patio y se quedaron detenidos como las seis de la tarde hora que se los entregamos al Capitán Yepes y él los recogió en el carro Toyota blanco y dicen que los llevó hasta la Base de Anserma en donde estaba mi Coronel y nosotros nos quedamos prestando seguridad a la casa en donde se encontraron a los dos muchachos”(38).

Negó conocer qué hizo el Capitan Yepes con el informante, pues “yo no vi a nadie diferente a la tropa(39).

El señor Mauricio Callejas Jaramillo(40), quien fue la persona liberada en el operativo, aceptó conocer a alías “Repi”, ya que fue la persona que estuvo a cargo de custodiarlo los primeros quince días de su secuestro; además, informó que dicho miliciano fue prestado del Eln al Epl. Expresó que era el ideólogo y el encargado de lavarle el cerebro a los campesinos de la región. Igualmente, identificó a alías “Ricardo”, pero negó conocer a Samuel Fernando Rojas.

— El soldado Francisco Javier Chalarcá Ramírez(41) manifestó en su indagatoria que junto al Capitán Yepes y a un informante, llegó al sitio donde tenían conocimiento de que se encontraba la persona secuestrada. Hizo constar que en el operativo se capturó a José Ramiro Ramírez Agudelo (alías “Repi”) y a Samuel Fernando Rojas (alías “El Chino”) y puntualizó “pues ahí en la Base de Anserma ahí los tenían a ellos dos, cuando nosotros llegamos con mi Coronel y nosotros cuando después del operativo no arrimamos a la Base de Anserma y al otro día los vi en un periódico que quedaban a disposición de un Juzgado de Orden Público de Medellín”(42). Agregó que no estaba presente cuando los presuntos subversivos fueron capturados y que solo se enteró de los hechos al llegar a la base.

— En su indagatoria, el Capitán Hernán Antonio Yepes Vallejo(43) narró la forma en que se capturó al señor Samuel Fernando Rojas, así (se transcribe de manera literal incluso los posibles errores);

Preguntado: Se afirma que el día anterior a los hechos que se investigan fueron capturados dos sujetos que hacían parte al parecer de los presuntos guerrilleros o secuestradores que mantenían cautivo al señor Mauricio Callejas [...] Contestó: Que los dos guerrilleros los capturó el Teniente Barcenas y fue en la vereda de Suaiva municipio de Guatica Departamento de Risaralda y respondían al nombre de a. Ricardo o Richard muerto en el combate por el fuego enemigo; a. Repi o sea Ramiro Ramírez Agudelo, que se encuentra en el Juzgado de Orden Público de Medellín quien nos llevó a entregarnos unas armas a Cartago donde vivía el Jefe de la Red Urbana del Epl en Cartago o sea Samuel Rojas donde Repi entro y le dijo Samuel abranos la puerta fa organización tiene problemas venimos por unas armas y una dinamita y este le contestó compañeros las dos armas las entregué ayer a Felipe junto con la dinamita, aquí lo único que tengo es el arma mía de dotación de la organización, pero si la necesita yo se la puedo prestar para que esa arma sea utilizada por la causa ‘entonces abrió la puerta cuando vio a Repi lo saludo y le dijo ‘Hola compañero que problemas hay en la organización’ cuando íbamos a entrar nos hizo un disparo ya que nosotros no íbamos a capturarlo sino a realizar una labor de inteligencia, pero este señor al dispararnos entramos por flagrancia a la casa y se le decomisó un revolver SW 38 largo presuntamente de los policías que mataron en el año 88 en Quinchia; propaganda subversiva de las milicias populares, croquis de 17 municipios entre Caldas y Risaralda donde los puestos de policía y las base militares estaban pintadas de colores vivos recalcantes y avenidas corrige y dibujadas avenidas de penetración, además tenía las amenazas contra los señores Luis Guillermo Ángel, Jhon Echeverry, también se le encontraron volantes del Epl, además en los cursos que ellos hacían les daba sociopolítica y elaboraba unos trabajos de ideología que él les llamaba programa técnico científicos de izquierda”(44) (negrillas adicionales).

— En su declaración, el Sargento Segundo Jaime Alberto Guarín García(45) manifestó (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] una vez hecha esta diligencia regresaba hacia la ciudad de Manizales cuando me encontré con el Capitán Yepes quien me manifestó que lo acompañara con el fin de traer dos retenidos que habían sido aprehendidos por el Teniente Bárcenas en el corregimiento de Santa Ana lo cual se hizo, desplazándonos en un Toyota hasta la vereda Suaiba en donde nos esperaba el Teniente Bárcenas con los dos detenidos posteriormente emprendimos el regreso a la Base de Anserma con los sujetos que se llamaban o le decían Repi y al otro Ferrari o Richard, llegando a la Base como a las diez de la noche, aproximadamente, el sujeto Repi manifestó que su deseo de colaboración diciéndonos que Ferrari o Richard era el Comandante del grupo del Epl que operaba en esa área, posteriormente procedió a entrevistar al sujeto Ferrari o Richard quien como al cabo de las cuatro de la mañana del día cuatro nos manifestó su deseo de colaborar suministrándonos todos los datos que él sabía, posteriormente me manifestó que deseaba descansar y yo le dije que lo hiciera por espacio de una hora y lo cual yo también haría a lo cual me dirigí hasta la ciudad de Cartago donde nos mostraría el cabecilla de la Red Urbana del Epl de esa localidad conocido como Samuel Fernando Rojas (a. El Chino)”(46)

Agregó que indagó al capturado acerca de la razón por la cual él sabía que Samuel Fernando Rojas era el cabecilla, a lo que espontáneamente respondió lo siguiente (se transcribe de manera literal incluso los posibles errores):

“[...] él era el que lo había reclutado, que viajaba con frecuencia a esas zonas a dictar cursos de ideología a las subversivos ya que él sabía mucho de eso ya que trabajaba con el sindicado de las Empresas Públicas de esa localidad; acto seguido le recomendé al CT. Yépez (sic) que con un personal de las Base se dirigiera a la captura de esa individuo lo cual se hizo regresando con él como a las nueve de la mañana del día cuatro del mismo mes y año”(47) (negrillas adicionales).

Concluyó que cuando se desplazaba para el sitio donde se encontraba el secuestrado, el Coronel “me ordenó que no fuera porque debía viajar con él hacia la ciudad de Pereira para entregar a la autoridad competente al sujeto a. Repi y a Samuel Fernando Rojas a. El chino, partiendo en forma inmediata, como a las tres de la tarde llegamos a Pereira a las instalaciones del grupo Unase”(48) (sic).

— Ante la justicia penal militar declaró, el 31 de mayo de 1993, el señor José Ramiro Ramírez Agudelo(49) y al ser preguntado por las circunstancias en las cuales se llevó a cabo su captura, narró (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“Bueno a mí me capturaron en la Vereda la Suaiba eso es jurisdicción de Gúatica Caldas en compañía de pues yo lo conocí como Ricardo usted sabe que en una actividad subversiva sabe cómo se llama uno pero no los demás, Ricardo ya? (sic) Bueno nos capturaron eso fue el tres de junio del noventa y dos, en eso de las cinco y media y seis de la mañana, estábamos en una finca allá en la zona, o sea un campo de entrenamiento, nosotros estábamos en una finca ahí cerquita estaba el campo de entrenamiento de la guerrilla, obviamente, entraron los del Batallón Ayacucho de Manizales y nos sometieron a grandes torturas físicas, a este muchacho Ricardo lo cogieron junto conmigo, fuimos capturados juntos obviamente no sé cómo se dieron cuenta que él era el Comandante y a nosotros dos o sea a Ricardo alías Ricardo y a mí para ser preciso lo que vi a él le pelaron las manos con puñaletas, estaba gotiando sangre de los dedos al parecer tenía las uñas perdidas, cuando lo vi yo estaba sin sentido y el sangraba toda la parte de la cara la cabeza y estaba votando un líquido por la boca eso parecía como algún líquido que le habían hechado la cara la tenía llena de chichones y roja como si estuviere en carne viva todo pelado y estaba temblando en el suelo como un shock nervioso pero sin sentido no se podía parar ni nada, bueno después de eso, eso fue un promedio de las diez de la mañana por ahí cuatro horas de sometimiento de tortura, después de eso a mí me sacaron a caminar con ellos para que les dijera donde estaban los otros cuando volví me volví a ver con él en un promedio de hora y media más o menos él estaba medio movía la cabeza pero estaba ido por completo, lo interrogaron más y de ahí pude ver que lo tenían en el pasto con solo pantalones y lo amarraron de las manos y los pies y comenzaron a jalar entre varios de lado y lado como a safarle las manos pude ver un promedio de ocho a diez soldados para que cantara, bueno después él perdió el sentido ahí volvió y quedo y entonces yo lo tomaba por muerto, ya después de eso nos separaron ya era de noche, eso estaba lleno de Ejército, pero toda la zona, llegaron en un carro se veía que eran mandos del Ejército porque iban de civil y a él o sea a Ricardo lo bajaron cargado porque no era capaz de pararse y me decían que yo tenía que matar al comandante que yo tenía que darle dos tiros”(50).

Precisó que los bajaron del sitio de la captura hasta la escuela, luego (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] nos montaron en esos carros, en el carro perdón era un Toyota, un jeep civil pero venían militares ahí, por allá nos bajaron en un puente para matamos y tiramos al rio, en toda la orilla del puente estábamos, alcanzaron a cerrojiar las armas o sea amenazando ya para matarnos y luego se bajó el que iba de civil en el jeep y nos dio pata y puño, nos volvieron a subir y nos llevaron a la Base de Anserma Caldas, en donde a él lo metieron para atrás, no puede ver lo que estaban haciendo pero se oían unos alaridos muy horribles como si lo estuvieran matando mejor dicho, hasta ahí lo de él, me vine a dar cuenta que lo habían matado haciéndolo pasar que había caído en un combate en la liberación de un secuestrado y donde nos cogieron a los dos a donde lo mataron a él está bastante retirado con un promedio de treinta kilómetros aproximados, bueno y a mí en el momento de la captura en la Zuaiba, me prendieron a pata y puño, luego de ahí me bajaron hasta la quebrada que estaba ahí cerca y comenzaron a zambullirme ahí hasta perder el sentido, en la Base de Anserma, también fui torturado como fue la fue la cuestión de agua en la parte de atrás que hay un tanque ahí me estaban sumergiendo a la una de la mañana, bajo los aprovios (sic) volví y perdí el sentido porque me amarraron y me daban pata y puño, eso para que cantara, en esa actividad uno no sabe cómo se llaman los demás ni por dónde camina uno ni en qué departamento está ya que eso lo hacen por la misma seguridad, a mí para que no me qolpiaran más comprometí gente que no eran del grupo subversivo para que no me siguieran torturando(51) (negrillas adicionales).

Explicó las razones por las cuales conoce a Samuel Fernando Rojas e indicó que era por el hecho que “él molestaba con la cuestión del sindicato en la empresa donde trabajaba(52) y agregó (se transcribe de manera literal incluso los posibles errores):

“[...] él estaba detenido aquí conmigo que es cuando lo vengo a conocer ahora, yo lo vinculé a él porque como él estaba en el sindicato entonces dije que él era guerrillero para que no me siguieran haciendo esas torturas, incluso sabía la casa de él porque lo veía jugando con niños por eso me imaginaba que él vivía ahí, yo llevé al Ejército a la casa de él y lo capturaron y le hicieron unos disparos en la puerta, obviamente pues por lo que yo había dicho y lo montaron en el carro de atrás y a mí me montaron ahí adelante y hasta que se encuentra aquí en la cárcel, yo conocí a un Ricardo o Ferrari debe ser el mismo Manuel José Álvarez y lo conocí en las circunstancias que narre anteriormente y que después lo mataron,(53) (negrillas adicionales).

—Dentro del proceso seguido por la justicia penal militar, el 1º de junio de 1993 el señor Samuel Fernando Rojas(54) declaró la forma como se llevó a cabo el allanamiento a su lugar de residencia y su captura; precisó (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] uno de ellos se me arrimaba y me preguntaba que donde tenía las armas, como yo soy dirigente sindical en mi casa tenía una pequeña biblioteca y un pequeño escritorio, de ahí vi que sustrajeron mi agenda personal, y algunos documentos alusivos a la problemática del sindicalismo y a las tareas de carácter sindical que se venían realizando hasta ahora, bueno posteriormente me dijeron que me vistiera que me tenía que venir con ellos, solicitaron a la compañera mía una toalla, con la cual me vendaron luego me colocaron un sombrero tragado hasta las orejas, uno de los señores me amarró las manos atrás a la espalda, y me llevaron, me subieron a un vehículo en donde me hicieron acostar en el piso de ese vehículo y durante mucho rato no me di cuenta ni a donde estaba ni para donde iba, hasta que me hicieron bajar del vehículo y me di cuenta por lo que oía que conversaba la gente que estaba a mi alrededor, de que me encontraba en una base militar en Anserma Caldas, estando en la Base de Anserma Caldas, fui metido en una pieza pequeña en donde había un asiento y una cama, a los pocos minutos de estar allí, entró un señor que oí que lo llamaban Comandante, este señor se me acercó y me dijo que yo era el HP (sic) que ellos necesitaban, me trato de secuestrador, y dijo otra serie de palabras que yo por las circunstancias no precisé, como yo no le respondía y le argumenté que yo no tenía nada, el señor me pegó una palmada en la cara, posteriormente oí que llamaron a un sargento, el cual entró cerró la puerta y comenzó a hacerme una serie de preguntas en donde en todo momento buscaba hacer que yo reconociera algunas personas de las cuales me mencionaba sus nombres, y que yo reconociera mi vinculación a una organización subversiva, como no tengo absolutamente nada que ver y desconozco los nombres de las personas que ellos me mencionaban, el sargento este que había ahí conmigo en la pieza, me anunció que como no quería colaborar la situación se iba a poner a otro precio, cuando llevábamos aproximadamente una hora de estar ahí, le solicitó a un soldado que estaba en la puerta de guardia, que le trajera una toalla y que se la trajera mojada, cuando ese soldado trajo la toalla, me dijo que me pusiera de pie y que me quitara la camisa, me hizo amarrar a un poste que había ahí sosteniendo la división de la pieza, y se envolvió la toalla en el puño, procediendo a infringirme golpes en el pecho y en el estómago, esta situación se repetía varias veces, cada vez que me negaba a hablar de personas o a reconocer mi vinculación con esa organización subversiva, ahí estuve en esa situación aproximadamente hasta las dos de la tarde [...] posteriormente llamó a dos soldados y les ordenó trasladarme a la parte posterior de la base, me hicieron sentar en unos bultos de arena que había, cuando regresó el señor a quien llamaban sargento, me hizo la insinuación de que si no me gustaría correr por unos cafetales que había ahí al frente, luego mandó a los soldados a que le trajeran un cigarrillo, cuando le trajeron el cigarrillo comenzó a fumarlo y me manifestó que como yo no quería colaborar, me iban a aparecer unos punticos negros en el expediente y me señalaba las manos”(55)(negrillas adicionales).

De igual forma, el señor Samuel Fernando Rojas precisó que cuando estaba siendo torturado ingresó una persona que manifestó ser delegado de la Procuraduría General de la Nación y le manifestó que podría confiar en él ya que era el encargado de protegerle sus derechos. Al respecto informó (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] yo le manifesté de que venía siendo torturado le dije al mismo tiempo que se identificara como la persona que decía ser, que me mostrara algún documento, no me contestó absolutamente nada y salió nuevamente para el interior de la base, al momento de haberse retirado regresó nuevamente la persona que le decían Comandante, y me insultó, porque yo le había dicho a ese señor que me habían maltratado y que él me había pegado en la cara, me dijo que él al hombre que ponía la mano en la cara no se volvía a parar, y en seguida se retiró de la parte donde yo estaba, transcurridos más o menos diez minutos, me llamaron y me montaron en el vehículo vinotinto y en se momento emprendimos un viaje que yo no sabía hacía donde era, hasta que llegamos al Batallón San Mateo más concretamente a la ciudad de Pereira, allí me pude dar cuenta que la persona que decía ser el representante de la Procuraduría para los Derechos Humanos era en realidad el Teniente Juan Carlos Trujillo quien estaba a cargo del grupo Unase en la ciudad, en el vehículo de atrás, transportaban también al muchacho Ramiro, cuando llegamos al Batallón San Mateo nos metieron a una pieza o a un garaje grande que existe allí, separados y con un guardia cada uno, el tratamiento dentro de las instalaciones del Batallón San Mateo, fue muy difícil, porque estuve cerca de dos días sometido a interrogatorio psicológico, en donde no se me dejaba conciliar el sueño, y me mantenían en una posición de párese siéntese, párese siéntese, mientras me hacían una cantidad de preguntas por parte de diferentes personas del grupo Unase, como consecuencias de golpes recibidos, en la Base, solicité por medio de mi familia unos exámenes médico legistas, los cuales fueron practicados a los quince días de estar recluido, y el medico que hizo mi examen y diagnóstico me recetó droga(56) (negrillas adicionales).

Al preguntársele al señor Rojas si conocía la razón por la que se encontraba privado de la libertad, expresó (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] De acuerdo a lo que he conversado y he tratado de conversar con el señor Ramírez Agudelo, es que estoy metido en esto porque a este Señor, durante el proceso de captura lo torturaron, y mataron lo que él dice a un compañero de él y que manifiesta que si él no señalaba personas que tuvieran que ver con la organización a la cual él pertenece a él le iba a suceder lo mismo, lo que él ha manifestado es que producto de la necesidad de salvar su vida, se vio presionado a señalar a algunas personas como si fueran de esa organización y es así como me involucró a mí en este proceso o problema que tienen ellos(57) (negrillas adicionales).

— Mediante proveído del 30 de julio de 1993, el Comando de la Octava Brigada del Ejército Nacional con sede en Armenia decidió “cesar el procedimiento respecto del Oficial procesado Hernán Antonio Yepes Vallejo, del suboficial Albeiro Malaver Echeverría y de los soldados (...)”(58).

— En la diligencia de indagatoria rendida por el señor Samuel Fernando Rojas, llevada a cabo el 8 de junio de 1992, ante el Juzgado 24 de Instrucción Criminal, narró la forma en la que fue capturado en su casa. Sobre el particular manifestó (se transcribe de manera literal incluso los posibles errores):

“[...] me dijeron que me vistiera y consiguiera una toalla, con la cual me vendaron antes de salir de la casa y pues me sacaron, me montaron en un vehículo, vendado, y desde ese momento solo escuche amenazas, inclusive que me llevaban para el túnel, y comenzaron a preguntarme nombres de personas que yo no conozco [...] y que siempre en el trayecto del camino fue siempre la constante la amenaza de que yo sabía para donde me llevaban, que tranquilo que para donde ellos me llevaban no iba a volver, que ya no me necesitaban vivo”(59).

Precisó el señor Samuel Rojas que al estar vendado no tenía conocimiento de los sitios por donde transitaba el carro en el que lo movilizaron; afirmó que sólo al final se dio cuenta de que estaba en un batallón, lo que narró en los siguientes términos (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] hasta que llegamos a un sitio donde habían puros soldados y varios carros ahí me vine a dar cuenta que estaba en una base del ejército, en la localidad de Anserma, Caldas me parece que es eso. Allí me metieron, ahí ya me quitaron la venda, me destaparon, me metieron en una pieza, en donde primero apareció un señor que me dijo que si yo colaboraba ellos podían volver a desaparecer las pruebas, que si yo no conocía nombres, que si entregaba direcciones de personas que yo conociera que fuera de organizaciones subversivas, no me iban a aparecer pruebas, que ellos estaban en condiciones que aquí el colaboraba lo pueden dejar casi libre, según ellos, siempre fue la constante que como no quería colaborar me iba a ir muy mal; después o como por día viernes por la tarde, no recuerdo exactamente, me llamaron disque a hacer una declaración libre y espontánea, declaración que me toco hacer bajo presiones psicológicas muy difíciles en vista de que yo no tengo nada que decir ni a quien delatar, ni a quien entregar como solicitan ellos, me dijeron de que entonces me iban a hacer esa declaración en otra forma y de que me iban a pegar una encochinada (sic) y es así como de ser una declaración libre pasaron fue a hacerme puras preguntas, antes yo considero que de ser una declaración libre fue un interrogatorio más por la forma tendenciosa y mal intencionada como me hacían las preguntas. Después de eso ya nos han tenido aquí recluidos esperando la presencia de un Juez para definir nuestra situación y solo quiero agregar de que en todo momento he tratado de no decir de que soy un dirigente sindical de prestigio nacional y regional por tener cierto recelo y temor al mismo tiempo(60) (negrillas adicionales).

— Ante el mismo despacho judicial rindió indagatoria, el 8 de junio de 1992, el señor José Ramiro Ramírez Agudelo(61), quien respecto de la forma como se llevó a cabo su detención, manifestó (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] no recuerdo bien el día, hace tres días, me parece que fue el día viernes pasado, a eso de las seis de la mañana, yo me encontraba en una finca, no sé cómo se llama, ni tiene nombre, la finca queda en Buenos Aires, jurisdicción de Guática, yo me encontraba dormido en compañía de un señor que decía llamarse Ricardo [...] yo había llegado solo con otro amigo pero él siguió el amigo se llama Alexander, no se a donde sea, Alexander me dijo que me quedara en esa finca a mí me recogían, vino Ricardo, nosotros estábamos dormidos, cogieron a mi persona y a Ricardo, no sé qué lo hicieron a él lo estaban torturando, ya que alcanzaba a escucharlo en la finca cuando gritaba, a mí me cogieron y me colocaron una toalla en la nariz y me tiraban a un pantanero, me echaban agua, con el fin de que no pudiera respirar, me decían que dijera donde estaba la guerrilla, yo les decía que no sabía nada de eso, yo le dije lo que sabía, que por ahí me mantenían para evitar que no me siguieran torturando, de ahí me dijeron que tenía que llevar gente para entregárselos a ellos, entonces yo desesperado al ver que no había nadie, le eche mano al primero que veía, yo me acordé de este señor que se llama Samuel Fernando Rojas, entonces le dije a ellos que él si era guerrillero que desde hacía cuatro meses estaba metido eso. Di otros nombres de tres personas que nada tienen que ver con esto, como Alberto Ramírez Suárez, él es un trabajador de Cartago, que también pertenecía a la guerrilla también los llevé a la casa de ellos, pero no estaba ya que estaba en una fiesta, entonces trajeron fotos de él y comenzaron a revolcar la casa de él, no encontraron nada, que hace cuatro meses era guerrillero, también les nombre a un Carlos Sánchez, que también era guerrillero, es estudiante en Cartago, yo los llevé a la casa y tampoco estaba y por último nombre a Felipe él si es de la guerrilla, no sé dónde vive, y acá me tienen”(62) (negrillas adicionales).

Precisó José Ramiro Ramírez Agudelo que, posteriormente, los militares “cogieron a Ricardo y comenzaron a torturarlo”. Narró (se transcribe de manera literal):

“[...] yo lo vi todo reventado y tembloroso, él estaba casi muerto, vino a tener conocimiento ya al otro día, ya que lo vi a ver perdón esa misma noche en la base militar de Anserma, y allí le siguieron pegando(63).

Finalmente, Ramírez Agudelo respecto de la pregunta sobre si conocía al señor Samuel Fernando Rojas, respondió (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

Yo lo conozco hace cuatro años, yo soy amigo de saludo, a raíz que él es de Cartago y uno conoce a la gente, él trabajaba o trabaja con el Municipio y el molestaba en esa época con los sindicatos, entonces yo por evitar la tapada de la toalla y que me estaban echando agua en la cara dentro de un charco, dije que Ricardo era el jefe mío y comenzaron a presionarme que les tenía que llevar gente entonces que yo tenía que conocer gente de la guerrilla de Cartago, entonces por evitar la tapada de la nariz con el agua lo metí a él [...] ellos me dijeron los del ejército que si yo decía que este muchacho Samuel Fernando Rojas pertenecía a la guerrilla a mí me soltaban, incluso los papeles que le estaban poniendo a él o sea a Samuel no sé de donde resultaron”(64) (negrillas adicionales).

—La Unidad de Antisecuestro y Extorsión (Unase) el 4 de junio de 1992 rindió informe de captura al Director Seccional de Orden Público de Medellín y a la Procuraduría Regional de la misma ciudad(65), en el que hizo constar que el 3 de junio de la citada anualidad (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

[...] se dio captura en forma Flagrante en el momento en que se dedicaban a elaborar material alusivo al manejo de escuela de formación en actividades subversivas al sujeto José Ramiro Ramírez Agudelo y este a su vez condujo a la captura Flagrante cuando se encontró en su poder documentos de inteligencia y relación de plano para operaciones terroristas en varios municipios del Departamento de Risaralda al sujeto Samuel Fernando Rojas en la ciudad de Cartago en la calle 16 # 10-38(66) (negrillas adicionales).

— El 5 de junio de 1992, la Fiscal 33 de Orden Público remitió comunicación al Director Seccional de Orden Público de Medellín, en la cual sugirió que “se autorice la reclusión de los sindicados José Ramiro Ramírez Agudelo y Samuel Fernando Rojas en sitio de reclusión especial distinto a la cárcel de varones de Pereira por razones de seguridad de los sindicados quienes se han manifestado amplios ‘colaboradores’ para la investigación, de acuerdo con el señor director seccional del DAS [...] hemos mantenido al par de sindicados en las instalaciones del Unase bajo nuestra permanente vigilancia y custodia”(67).

— El 4 de junio de 1992, el señor Samuel Rojas rindió “diligencia de exposición libre y espontánea”(68) ante el funcionario de policía judicial, oportunidad en la cual expuso que “me encuentro aquí porque se me sindica de pertenecer a un grupo insurgente y el día jueves en horas de la mañana allanaron mi casa me encontraron unos documentos y pues por eso estoy acá, además porque dice haber una persona que me señala como integrante del grupo insurgente, eso es todo lo que tengo para decir”(69).

— En la misma fecha, el capturado José Ramiro Ramírez Agudelo(70) rindió igual diligencia y expresó “en una época yo hace 5 meses atrás yo estaba mal económicamente después de eso a mí me ofrecieron una plata por pintar unos letreros alusivos a la guerrilla un sujeto que lo conocen como el diablo, yo no tenía experiencia en esa vaina y entonces a mí me cogió la policía quedando yo así en un problema sin salida, si hablaba alguna cosa los enemigos número uno era la guerrilla para asesinarme entonces yo me aguante callado y salí”(71) (sic).

— El mismo 4 de junio de 1992, el capturado José Ramiro Ramírez Agudelo suscribió acta de constancia de buen trato e indicó que durante su permanencia en las instalaciones del Unase “fui objeto de buen trato, tanto de palabra como de obra, igualmente fui enterado de mis derechos que tengo como capturado”(72) En idéntico sentido la suscribió el capturado Samuel Fernando Rojas(73).

—En el escrito fechado al 10 de junio de 1992 y suscrito por el interno José Ramiro Ramírez Agudelo, solicitó “la inspección y diagnóstico por parte del médico legista, acerca de mi estado de salud debido a que fui detenido y maltratado, el día 4 de junio de 1992(74). Petición en similar sentido elevó el señor Samuel Fernando Rojas, quien la misma fecha solicitó (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“Ordenar me sea practicado un reconocimiento médico legal, dado que a raíz de los tratos crueles y torturas a que fui sometido desde la captura hasta la puesta a disposición del juez me han quedado múltiples secuelas, en especial dificultad para respirar y complicaciones serias en el proceso digestivo, como consecuencia de los golpes recibidos(75)

—El Juzgado de Instrucción de Orden Público, mediante providencia del 23 de junio de 1992, resolvió la situación jurídica de los implicados José Ramiro Ramírez Agudelo y Samuel Fernando Rojas, oportunidad en la cual concluyó lo siguiente (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“[...] en su injurada Ramírez Agudelo, trata de decir que fue torturado, pero en la misma dice que les había manifestado a las autoridades que lo retuvo, que no tenían necesidad de torturarlo porque él no negaba que pertenecía a un grupo guerrillero, y fue así como condujo a los gendarmes que lo retuvieron a las residencias de varias personas y que solo pudo ser retenido Samuel Fernando Rojas, de quien habla en su versión libre y lo síndica a él como el comandante de la guerrilla urbana del Epl de la ciudad de Cartago y a la cual el despacho le da toda credibilidad, ya que a la misma asistió el agente del Ministerio Público, no se explica el despacho porque razón en su injurada trata de exculparlo(76) (negrillas adicionales).

— El Unase, mediante certificación rendida el 15 de febrero de 1993, dio a conocer que en la captura de los implicados “no participó personal de la Unidad Antiextorsión y Secuestro Unase; los mencionados fueron capturados en forma flagrante por personal de inteligencia adscrito al Batallón Ayacucho de la ciudad de Manizales(77)

— Mediante acta de visita especial del 17 de junio de 1992, practicada por la Personería Municipal de Medellín al proceso radicado con el 8869 en cumplimiento a la comisión impartida por el Procurador Departamental, se hizo constar que a folio 35 del proceso penal reposa “solicitud del interno José Ramiro Ramírez Agudelo, para ser observado por médico, ya que su estado de salud no es bueno, debido a los maltratos recibidos, fechado en Pereira 10/92”.

En el mismo sentido, esa entidad hizo constar que “igual de solicitud que la anterior, hace el interno Samuel Fernando Rojas M, en Medellín con recibidas éstas el 12 de junio de 1992(78).

La Sala estima necesario precisar que la última fecha de visita registrada, correspondiente al estado del proceso, es el 29 de septiembre de 1992 y finaliza sin relacionar la práctica de la solicitud de valoración médica(79).

—El 3 de marzo de 1993, el Jefe de la Unidad lnvestigativa Regional de la Policía Judicial de Medellín realizó la solicitud de dictamen médico para que “le sea practicado el primer reconocimiento médico legal al señor Samuel Fernando Rojas”(80). En el informe calendado el 10 de marzo de 1993, el médico legista reportó:

Por primera vez Samuel Fernando Rojas, c.c.·(...), quien presenta ausencia de signos externos de violencia por lo que no se dictamina incapacidad. Carlos Enrique Vargas Martínez. Médico Legista” (negrillas adicionales).

— En la providencia fechada el 1º de agosto de 1994, que precluyó la investigación a favor del señor Samuel Fernando Rojas, la Fiscalía Regional consideró que (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“La imputación radica en que José Ramiro Ramírez Agudelo, le imputa [a Samuel Fernando Rojas] ser miembro del Epl, y en su casa se encontraron algunas cartillas de las ya relacionadas como unos mapas de diferentes poblaciones con puntos donde estaban las cárceles, puntos que pueden ser neurálgicos y vulnerados los subversivos”.

“Si tas determinaciones que se han tomado es precisamente por ese nexo o relación que se hace desde la sindicación, pero si analizamos en forma más desprevenida la forma del porqué Ramírez Agudelo Le imputa, es porque to conoce al ser oriundos del mismo municipio, sabe de las actividades realizadas y lo relaciona con la organización al cual él (Ramírez) sí perteneció y estuvo involucrado en el secuestro por el cual hoy se encuentra detenido.

La situación del momento que tenía éste era lógico deducir que para no ser maltratado debía decir lo que primero se le ocurriese y más o menos acertado, pues es conocido dentro del expediente que dieron muerte a dos sabuesos cuando realizaban el procedimiento, por ello señaló a Rojas como integrantes de su grupo(81) (negrillas adicionales).

— La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante providencia del 14 de diciembre de 1994(82), al desatar el grado jurisdiccional de consulta de la decisión que precluyó la investigación adelantada en contra del señor Samuel Fernando Rojas, puntualizó (se transcribe de manera literal incluso los eventuales errores):

“Según se ilustra en el precitado escrito los uniformados procedieron a efectuar la captura del imputado por endilgaciones hechas expresamente por el hoy condenado José Ramiro Ramírez [valen resaltar que ese se acogió a sentencia anticipada] pero en verdad que dicha motivación queda totalmente desvirtuada con la simple apreciación de la de ponencia ofrecida por aquel supuesto delator en su diligencia de injurada, cuando manifiesta que los miembros del ejército torturándolo le reiteraban que manifestara donde se encontraba la guerrilla, que llevara gente para que los entregara como subversivos, circunstancias que lo llevaron a nombrar al primero del cual se acordó, esto es, Samuel Fernando Rojas, persona conocida desde épocas anteriores por ser del pueblo de origen(83) (negrillas adicionales).

6. Valoración de las pruebas recaudadas.

Respecto de la posibilidad de valorar las indagatorias rendidas en procesos penales, cabe indicar que, en principio, no tienen eficacia probatoria, toda vez que no cumplen con la formalidad del juramento, tal y como lo exige el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha dado valor a tales indagatorias rendidas en procesos penales con el objetivo de alcanzar la verdad material. Así lo ha aplicado esta Corporación:

“Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia Y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción Y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica(84) (negrillas fuera del texto original).

En igual sentido, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado:

“En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia Y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el tallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal.

“En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento…”(85) (Se destaca).

Agrégase a lo anterior que, habida cuenta de en esta oportunidad se está ante un caso de violación grave de derechos humanos, dada la presunta comisión de torturas por parte de miembros del Ejército Nacional, la valoración probatoria debe ser más flexible, por la importancia de lograr establecer la verdad material en este tipo de hechos, amén de las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos, razones por las cuales la Sala, en acatamiento a los principios de justicia material y de acceso a la administración de justicia, dará valor probatorio a la totalidad de los elementos de convicción que obran en dicho encuadernamiento —incluidas las indagatorias—, lo que hace con estricto apego a lo·precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado(86), en la que se ha razonado sobre estos aspectos de la siguiente manera:

“Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia. (...).

“Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios. (...).

“Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte lnteramericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: ‘La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados(87) (negrillas originales).

En conclusión, atendiendo los lineamientos jurisprudenciales, la Sala le dará valor probatorio a las plurales indagatorias rendidas en el proceso penal, máxime si se tiene en cuenta que estos medios de prueba coinciden con los demás elementos de convicción que obran en el expediente, posibilitando así la formación de un criterio razonable acerca de la forma como ocurrieron los hechos aquí analizados.

7. La prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos(88) 

No resulta extraño, en modo alguno, que los jueces puedan llegar a encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que en esos casos se hace preciso. Sobre tal proceso de inferencia lógica la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,

“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido”(89)

Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia C-578/02, a través de la cual analizó la exequibilidad del Estatuto de Roma, reconoció que “[l]a connotación de estos hechos implica que no se pueden investigar aisladamente, sino que se hace necesario hacer una revisión generalizada y contextualizada de dichos actos, pues precisamente esto es lo que singulariza a los delitos de lesa humanidad(90).

En similar sentido, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, respecto de la prueba indiciaria en casos de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos ha precisado que cada caso debe analizarse dentro del contexto en el que se produjeron tales vulneraciones, razón por la cual, “[e]l análisis de los hechos ocurridos no puede aislarse del medio en el que dichos hechos ocurrieron, ni se puede determinar las consecuencias jurídicas en el vacío propio de la descontextualización(91) (Resaltado fuera de texto).

Así, pues, relacionados los hechos probados y esbozados los requisitos y elementos de la prueba o razonamiento indiciario, procede la Sala a realizar en el presente asunto los procesos lógicos que permiten establecer la responsabilidad del Estado respecto de las torturas que le fueron infringidas a José Ramiro Ramírez Agudelo, lo cual dio lugar a la captura de Samuel Fernando Rojas y la consiguiente vinculación al proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión.

8. Análisis de la Sala.

8.1. Conclusiones probatorias respecto de la responsabilidad del Ejército Nacional.

Del acervo probatorio se colige que el 3 de junio de 1992, en zona rural del municipio de Guática, Risaralda, miembros del Batallón Ayacucho del Ejército Nacional participaron en la operación “recoleta”, la cual tenía como objetivo la liberación de una persona secuestrada por parte del grupo guerrillero autodenominado Epl, objetivo que finalmente se logró.

Adicionalmente, en dicho operativo se dio de baja a dos guerrilleros y fueron capturados los señores José Ramiro Ramírez Agudelo y Manuel José Álvarez Rojas; sin embargo, de acuerdo con la versión de los militares, este último posteriormente resultó muerto, “en medio de un enfrentamiento entre subversivos y miembros del Ejército Nacional”.

Se tiene igualmente que el señor José Ramiro Ramírez Agudelo, alias “Rapi”(sic) fue conducido hasta el Batallón de Anserma, lugar donde había “confesado” su pertenencia a ese grupo subversivo, al tiempo que señaló al señor Samuel Fernando Rojas como uno de los cabecillas de ese grupo guerrillero, motivo por el cual se realizó un operativo militar que dio con la captura de dicha persona en su lugar de residencia.

En este punto, para la Sala no existe duda sobre la pertenencia del señor José Rodríguez Agudelo al grupo insurgente referido, pues él mismo lo aceptó en su injurada y a eso se le agrega la declaración rendida por Mauricio Callejas Jaramillo, quién mientras estuvo secuestrado pudo conocer directamente al señor Rodríguez Agudelo y enterarse por dicho conducto que hacía parte de ese grupo ilegal, lo anterior por cuanto afirmó fue la persona que lo custodió los primeros días de estar en cautiverio.

Ahora bien, pese a que según el relato de los militares, la información suministrada por el señor José Ramiro Ramírez Agudelo, alías “Repi”, se obtuvo de forma libre y espontánea, lo cierto es que en la indagatoria rendida por este sujeto dentro del proceso penal, días después de su captura, relató que al momento de su captura fue torturado.

Ciertamente, manifestó que los militares torturaron tanto a alías “Ricardo”, quien posteriormente fue presentado como dado de baja en combate, y que a él le “colocaron una toalla en la nariz y me tiraban a un pantanero, me echaban agua, con el fin de que no pudiera respirar”, motivo por el cual “para evitar que no me siguieran torturando (...) desesperado al ver que no había nadie, le eché mano al primero que veía, yo me acordé de este señor que se llama Samuel Fernando Rojas, entonces le dije a ellos que él si era guerrillero que desde hacía cuatro meses estaba metido eso”.

La anterior declaración resulta coherente con lo dicho en In indagatoria que rindió ante la justicia penal militar el 31 de mayo de 1993, en tanto reconoció pertenecer a la guerrilla y narró las torturas infringidas tanto a alías “Ricardo” como a él, motivo por el cual afirmó que ese fue el motivo por el cual señaló al señor Rojas como miembro de ese grupo guerrillero.

Adicionalmente, si bien en la constancia suscrita el 4 de junio de 1992, el capturado José Ramiro Ramírez Agudelo y el señor Samuel Rojas manifestaron haber recibido buen trato por parte de las autoridades, lo cierto es que dichas actas no ofrecen credibilidad alguna para la Sala, de acuerdo con lo siguiente:

En primer lugar, dicha certificación resulta abiertamente contradictoria con los escritos del 10 de junio de 1992 suscritos por el interno José Ramiro Ramírez Agudelo, por medio del cual solicitó la realización de una “inspección y diagnóstico por parte del médico legista, acerca de mi estado de salud, debido a que fui detenido y maltratado, el día 4 de junio de 1992”. A su turno, el señor Samuel Fernando Rojas manifestó que “a raíz de los tratos crueles y torturas a que fui sometido desde la captura hasta la puesta a disposición del juez me han quedado múltiples secuelas, en especial dificultad para respirar y complicaciones serias en el proceso digestivo, como consecuencia de los golpes recibidos”.

Nótese, además, que en el acta de visita especial practicada al proceso penal seguido en contra de los implicados, la Personería Municipal de Medellín, en cumplimiento de la comisión impartida por el Procurador Departamental, hizo constar que dentro del proceso penal reposa “solicitud del interno José Ramiro Ramírez Agudelo, para ser observado por médico, ya que su estado de salud no es bueno, debido a los maltratos recibidos, fechado en Pereira 10/92” igualmente, esa misma entidad señaló que “igual solicitud que la anterior hace el interno Samuel Fernando Rojas M. en Medellín, recibidas éstas el 12 de junio de 1992”.

Así pues, causa extrañeza a la Sala que a pesar de que seis días después de su captura —el 10 de junio de 1992—, los capturados solicitaron la valoración por un médico legista respecto de su estado de salud, dadas las torturas padecidas, solo nueve meses después —el 3 de marzo de 1993—, el Jefe de la Unidad investigativa Regional de la Policía Judicial de Medellín tramitó la petición del dictamen médico para que “le sea practicado el primer reconocimiento médico legal al señor Samuel Fernando Rojas”(92), sin que dentro del proceso penal se explicaran las razones de la tardanza para darle trámite a la petición incoada por los capturados.

Así las cosas, en el presente caso, del examen detallado de las pruebas allegadas al expediente es posible establecer que existen suficientes elementos de convicción para concluir que el señor José Ramiro Ramírez Agudelo fue torturado y que esa fue la razón para que señalara al señor Samuel Fernando Rojas como miembro de la organización guerrillera Epl.

Esta situación también fue advertida por la Fiscalía regional Delegada ante El Tribunal Nacional al momento de precluir la investigación en su favor, al concluir que “era lógico deducir que para no ser maltratado debía decir lo que primero se le ocurriese y más o menos acertado, pues es conocido dentro del expediente que dieron muerte a dos sabuesos cuando realizaban el procedimiento, por ello señaló a Rojas como integrantes de su grupo”.

La Subsección reitera que “cuando las autoridades en ejercicio de sus funciones retienen a un ciudadano, adquieren la obligación para con él, de velar por su seguridad e integridad personal y la de regresarlo al seno de su familia o entorno social en similares condiciones a las que se encontraba al momento de ser privado de la libertad, lo cual implica tratarlo dignamente por su mera condición de persona, sin que valga alegar excusa alguna para vulnerar sin temor sus derechos fundamentales”(93).

Así las cosas, en el presente caso las circunstancias y los móviles de tales actos criminales resultan desde cualquier punto de vista contradictorios, ilegales y absolutamente reprochables, toda vez que para perseguir y combatir la delincuencia se perpetró uno de los más censurables y execrables crímenes contra la humanidad, como lo es la tortura, poniéndose estos otrora servidores de la sociedad en un lugar mucho más bajo que los mismos delincuentes que ellos debían perseguir.

Sobre el contenido del delito de tortura, el artículo 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, dispone:

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”(94).

En similares términos, la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura define ésta en su artículo 2º, como:

“[...] todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin...”(95)

Así pues, tal actuación criminal desplegada por los miembros del Ejército Nacional, en este caso en particular, constituye, sin lugar a dudas, además de una censurable y protuberante falla del servicio, una trasgresión grave de derechos humanos, dado que estos (libertad, integridad) hacen parte integral del jus cogens, lo cual significa que su garantía y respeto no pueden ser restringidos por parte de los Estados o sujetos de derecho internacional(96), en tanto han sido entendidos como parte del bagaje cultural universal de la humanidad, lo cual supone su respeto y garantía irrestricta(97).

Dichas normas del jus cogens han venido a ser acogidas por diversos convenios internacionales, de los cuales el Estado Colombiano hace parte y comprenden tanto las normas de Derechos Humanos(98), como del Derecho Internacional Humanitario(99) y, más recientemente, del Derecho Penal lnternacional(100), las cuales, en su conjunto, consagran un catálogo de preceptos normativos tendientes a prohibir y castigar cualquier atentado contra la vida, la integridad, la libertad y la igualdad, todo lo cual se traduce, en últimas, en las obligaciones de respeto, garantía y efectividad del Estado para con la dignidad del ser humano(101).

Ya esta Sala del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la sola conducta delictiva de una persona no le confiere derecho a los miembros de los cuerpos armados del Estado para quitarle la vida. Así, en Sentencia del 10 de abril de 1997 (Exp. 10.138), las siguientes reflexiones que esta Sala hace suyas en esta oportunidad:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tomás y Valiente: “No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo. (...).

“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta.

“Más recriminable resulta, si ello es posible, que a la ejecución sumaria se le agregue la distorsión de la realidad con artimañas y montajes que pretenden justificar, en este caso afortunadamente en vano, el asesinato”(102).

De otra parte, respecto de la captura del señor Samuel Fernando Rojas, el 3 de junio de 1992, se tiene que bien tropas del Batallón Ayacucho del Ejército Nacional lo aprehendieron debido al señalamiento del señor José Ramiro Ramírez Agudelo, bajo el apremio de tortura, lo cierto es que para el momento en el que se produjo la detención de la citada persona, la Fiscalía General de la Nación no había iniciado investigación alguna en su contra y, por ende, no había expedido ninguna orden de captura en su contra, razón por la cual esa persona no podían ser capturada en ese momento por miembros del Ejército Nacional.

En efecto, de acuerdo con las garantías de Libertad y Debido proceso contempladas en el artículo 28 de la Constitución Política: “[t]toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley” (negrillas adicionales).

La única excepción a dicha garantía se encuentra contemplada en el artículo 32 Superior, según el cual “el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona”.

Así pues, para el presente caso, a partir de las pruebas que reposan en el plenario, resulta claro que el señor Samuel Fernando Rojas no se encontraba en situación de flagrancia cuando fue aprehendido por miembros del Ejército Nacional, pues nada indican las probanzas respecto de que se hubiera encontrado al sindicado en la comisión de algún delito, razón por la cual se impone concluir que su captura en esas condiciones constituyó una abierta falla del servicio por parte del Ejército Nacional, pues se capturó al señor Samuel Fernando Rojas sin el lleno de los requisitos constitucionales y legales, amén de que la misma no se produjo en cumplimiento de una orden proferida por autoridad judicial competente y tampoco en flagrancia, circunstancia que denota la presencia de una falla en la prestación del servicio imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, circunstancia que llevó a que la citada persona permaneciera detenida desde el 3 de junio de 1993 hasta el 1º de agosto de 1994(103).

Agrégase a todo lo anterior la conclusión de la Sala respecto de que para la captura del señor Samuel Fernando Rojas, además de no contar con orden judicial y sin estar en flagrancia, los miembros del Ejército Nacional apelaron a la comisión de violaciones graves de derechos humanos, pues infringieron tortura en contra del señor José Ramiro Ramírez Agudelo para obtener información que llevó a la captura de Samuel Fernando Rojas.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala confirmará la Sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 22 de septiembre de 2010, en cuanto declaró la responsabilidad de la·Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los hechos materia de este asunto, así como la condena impuesta a esa entidad, dado que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado, exclusivamente, a que se absolviera a dicha entidad respecto de los hechos materia del presente asunto.

Lo anterior por cuanto, según ya se explicó, el examen del recurso de apelación, cuyo objeto se encaminó a cuestionar la declaratoria de responsabilidad en contra de la referida entidad demandada - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - ha llevado a la Sala a concluir que dicha declaratoria judicial, efectuada por el Tribunal a quo, debe confirmarse, cuestión que, a su vez, en el presente caso, impone la necesidad de confirmar también la condena impuesta en contra de dicha entidad, puesto que en relación con este último aspecto específico relativo a los perjuicios reconocidos en la Sentencia de primera instancia, la parte actora y la Fiscalía General de la Nación se abstuvieron de formular apelación — pues su apelación fue declarada desierta—, amén de que tampoco la entidad apelante nada señaló y, menos, argumentó como motivo de su inconformidad, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos para realizar dicho análisis.

9. Medidas de reparación integral.

Tal y como se dejó establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, la detención del señor Samuel Fernando Rojas estuvo precedida de una violación grave de derechos humanos (tortura), razón por la cual, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, decretará unas medidas de carácter no pecuniario para resarcir o restablecer los bienes constitucionales afectados (libertad, integridad, debido proceso, honra y buen nombre), con ocasión de la falla del servicio que produjo el daño que originó la presente acción, teniendo en cuenta que debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la “no reformatio in pejus”, ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”.

Con fundamento en lo anterior, la Sala dispondrá en el presente pronunciamiento, las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

i) El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

ii) Se exhorta a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que lo analizado y resuelto en esta sentencia y dentro del presente proceso sea tenido en cuenta, a efectos de que se considere la posibilidad de abrir las correspondientes investigaciones con ocasión del homicidio del señor Manuel José Álvarez Rojas, así como de las torturas cometidas contra José Ramiro Ramírez Agudelo y Samuel Fernando Rojas en hechos acaecidos el 3 de junio de 1992 en la zona rural del municipio de Guática, Risaralda, conductas que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las cuales pudieron incurrir quienes participaron en esos hechos.

Asimismo, que las decisiones definitivas que dentro de tales procesos en su momento se adopten se difundan ampliamente por conducto de medios de comunicación con despliegue nacional (prensa, radio, televisión, entre otros), de forma tal que por conducto de estos medios se relaten los hechos y circunstancias que dieron lugar a la instrucción de las correspondientes actuaciones administrativas y/o judiciales, como consecuencia de las citadas conductas, así como las decisiones definitivas que dentro de las mismas fueren adoptadas en relación con la responsabilidad administrativa y/o penal de quienes pudieren haber infringido, con ocasión de los referidos sucesos, tanto los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario.

iii) De conformidad con la Ley 1448 de 2011(104) —mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno— y, teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación copia de la presente sentencia, con el fin de que haga parte de su registro y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

10. Actualización de la condena de primera instancia.

Habida cuenta de que la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en las sumas de $12’142.153 a favor de Carmen Rosa Galeano Usurriaga y, a favor de Mónica Alejandra Rojas Galeano y Diego Fernando Rojas Galeano la suma $6’071.077 para cada uno y, teniendo en cuenta que dicho reconocimiento de indemnización de perjuicios no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de la demandada en el recurso de apelación, la Sala se limitará a actualizar dicha renta, sin que ello implique de modo alguno la afectación de la referida garantía de la no reformatio in pejus.

Así pues, el a quo, reconoció por perjuicios materiales, cancelar a “Carmen Rosa Galeano Usurriaga, en calidad de esposa, la suma de Doce Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Tres Mil Pesos M.L. ($12.142.153), para Mónica Alejandra Rojas Galeano, en calidad de hija, la suma de Seis Millones Setenta y Un Mil Setenta y Siete Pesos M.L. ($6.071.077) y para Diego Fernando Rojas Galeano, la suma de Seis Millones Setenta y Un Mil Setenta y Siete Pesos M.L. ($6.071.077)”.

— Actualización de la condena declarada a favor de la Señora Carmen Rosa Galeano Usurriaga:

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($12’142.153), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la respectiva sentencia.

FORMULAS-02296-A
 

Total a favor de la señora Carmen Rosa Galeano Usurriaga, la suma de Diecisésis Millones Veintiocho Mil Setecientos Once Pesos ($16’028.711).

— Actualización de la condena declarada a favor de Mónica Alejandra Rojas Galeano y Diego Fernando Rojas Galeano:

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($6’071.077), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la respectiva sentencia.

FORMULAS-02296-B
 

Total a favor de cada uno de los demandantes Mónica Alejandra Rojas Galeano y Diego Fernando Rojas Galeano, la suma de Ocho Millones Catorce Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos ($8’014.356).

11. Costas.

El artículo 55 de la 446 de 1998 —que modificó el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo— indica que sólo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFÍCASE el ordinal 5º de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 22 de septiembre de 2010, el cual quedará así:

5º. La Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional - y La Fiscalía General de la Nación pagarán como perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a Carmen Rosa Galeano Usurriaga, en calidad de esposa, la suma de Dieciséis Millones Veintiocho Mil Setecientos Once Pesos ($16’028.711), para Mónica Alejandra Rojas Galeano, en calidad de hija, la suma de Ocho Millones Catorce Mil Trecientos Cincuenta y Seis Pesos ($8’014.356) y para Diego Fernando Rojas Galeano, la suma de Ocho Millones Catorce Mil Trecientos Cincuenta y Seis Pesos ($8’014.356).

2. Se condena a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a la adopción de las siguientes medidas de reparación integral:

i) El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

ii) Se exhorta a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que lo analizado y resuelto en esta sentencia y dentro del presente proceso sea tenido en cuenta, a efectos de que se considere la posibilidad de abrir las correspondientes investigaciones con ocasión del homicidio del señor Manuel José Álvarez Rojas, así como de las torturas cometidas contra José Ramiro Ramírez Agudelo y Samuel Fernando Rojas en hechos acaecidos el 3 de junio de 1992 en la zona rural del municipio de Guática, Risaralda, conductas que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las cuales pudieron incurrir quienes participaron en esos hechos.

Asimismo, que las decisiones definitivas que dentro de tales procesos en su momento se adopten se difundan ampliamente por conducto de medios de comunicación de alcance nacional (prensa, radio, televisión, entre otros), de forma tal que por conducto de estos medios se relaten los hechos y circunstancias que dieron lugar a la instrucción de las correspondientes actuaciones administrativas y/o judiciales, como consecuencia de las citadas conductas, así como las decisiones definitivas que dentro de las mismas fueren adoptadas en relación con la responsabilidad administrativa y/o penal de quienes pudieren haber infringido, con ocasión de los referidos sucesos, tanto los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario.

iii) De conformidad con la Ley 1448 de 2011 —mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno— y, teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación copia de la presente sentencia, con el fin de que haga parte de su registro y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Sin condena en costas.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las (copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase y Publíquese».

18. Ley 1395 de 2010.

19. Fls. 6 a 23 cdno. 1.

20. En este mismo sentido consultar, entre otras Sentencias, las proferidas el 14 de septiembre de 2011, Exp. 21.329, el 26 de enero de 2011, Exp. 20.955 y el 23 de abril de 2009, Exp. 17160, todas con ponencia del Magistrado, Doctor Mauricio Fajardo Gómez.

21. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. (...)” (negrillas adicionales).

22. Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

23. Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp. 13.622. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en Sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, asf como por la Sección en Auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez.

24. FI. 76 cdno. 1.

25. Fl. 63 cdno. 1.

26. Por solicitud de ambas partes, el Tribunal a quo solicitó a la Fiscalía General de la Nación aportar copia auténtica del proceso penal seguido en contra del señor Samuel Fernando Rojas, lo cual cumplió en debida forma la entidad requerida (Cdnos. 4 a 15).

27. FI. 1 cdno. 1 de pruebas.

28. Las pruebas referidas son susceptibles de valoración, dado que fueron solicitadas de forma conjunta por las partes y se practicaron con audiencia de la entidad demandada, respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción; asimismo, los testimonios allegados con el mencionado oficio fueron practicados por la entidad demandada, de allí que se entienda que se han surtido, también, con su audiencia. Al respecto, resulta pertinente hacer referencia a las consideraciones expuestas por esta Sala en Sentencias del 8 de febrero de 2001, expediente 13.254 y del 29 de enero de 2009 (Exp. 16.975): “Debe anotarse, adicionalmente que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”.

29. FI. 5 del cuaderno 1 de pruebas.

30. FI. 5 del cuaderno 1 de pruebas.

31. FI. 8 del cuaderno 1 de pruebas.

32. FI. 10 del cuaderno 1 de pruebas.

33. FI. 17 del cuaderno 1 de pruebas.

34. FI. 18 del cuaderno 1 de pruebas.

35. FI. 18 del cuaderno 1 de pruebas.

36. FI. 27 del cuaderno 1 de pruebas.

37. FI. 27 del cuaderno 1 de pruebas.

38. FI. 27 del cuaderno 1 de pruebas.

39. FI. 28 del cuaderno 1 de pruebas.

40. FI. 32 del cuaderno 1 de pruebas.

41. FI. 36 del cuaderno 1 de pruebas.

42. FI. 39 del cuaderno 1 de pruebas.

43. FI. 53 del cuaderno 1 de pruebas.

44. FI. 56 del cuaderno 1 de pruebas.

45. FI. 107 del cuaderno 1 de pruebas.

46. FI. 108 del cuaderno 1 de pruebas.

47. FI. 108 del cuaderno 1 de pruebas.

48. FI. 108 del cuaderno 1 de pruebas.

49. FI. 194 del cuaderno 1 de pruebas.

50. FI. 195 del cuaderno 1 de pruebas.

51. FI. 195 del cuaderno 1 de pruebas.

52. FI. 196 del cuaderno 1 de pruebas.

53. FI. 196 del cuaderno 1 de pruebas.

54. FI. 199 del cuaderno 1 de pruebas.

55. FI. 293 del cuaderno 1 de pruebas.

56. FI. 201 del cuaderno 1 de pruebas.

57. FI. 201 del cuaderno 1 de pruebas.

58. Fl. 297 a 330 del cuaderno 3 de pruebas.

59. FI. 212 del cuaderno 1 de pruebas.

60. FI. 213 del cuaderno 1 de pruebas.

61. FI. 216 del cuaderno 1 de pruebas.

62. FI. 217 del cuaderno 1 de pruebas.

63. FI. 218 del cuaderno 1 de pruebas.

64. FI. 219 del cuaderno 1 de pruebas.

65. FI. 1 del cuaderno 3 de pruebas.

66. Fl. 1 del cuaderno 3 de pruebas.

67. FI. 5 del cuaderno 3 de pruebas.

68. FI. 11 del cuaderno 3 de pruebas.

69. FL 11 del cuaderno 3 de pruebas.

70. FL 12 del cuaderno 3 de pruebas.

71. FL 12 del cuaderno 3 de pruebas.

72. FL 13 del cuaderno 3 de pruebas.

73. FL 14 del cuaderno 3 de pruebas.

74. FL 35 del cuaderno 3 de pruebas.

75. FL 36 del cuaderno 3 de pruebas.

76. FI. 43 del cuaderno 3 de pruebas.

77. FI. 121 del cuaderno 3 de pruebas.

78. FI. 88 del cuaderno 3 de pruebas.

79. FI. 90 del cuaderno 3 de pruebas.

80. FI. 163 del cuaderno 3 de pruebas.

81. FI. 497 del cuaderno 4 de pruebas.

82. FI. 67 del cuaderno de primera instancia.

83. Fl. 71 del cuaderno de primera instancia.

84. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 12 de marzo de 2013, Radicado 11001-03-15-000-2011-00125-00, Sentencia de 5 de noviembre de 2014, Radicado 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960, Consejera Ponente. Stella Canto Díaz del Castillo.

85. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth, reiterada en Sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 40.111, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

86. Ver también: Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

87. Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135. Citada en sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

88. En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349 y la proferida el 2 de abril de 2013, Exp. 27.067, todas con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón.

89. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.

90. Corte Constitucional, Sentencia del 30 de julio de 2002, M.P. Manuel Cepeda Espinoza.

91. Corte IDH, Caso la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007, párr. 76. Ver también, Corte IDH, Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135, entre otras.

92. FI. 163 del cuaderno 3 de pruebas.

93. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 14.997, Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

94. Aprobada por el Estado Colombiano mediante Ley 70 de 1986.

95. Aprobada por el Estado Colombiano mediante Ley 409 de 1997.

96. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “las normas relativas a los Derechos Humanos hacen parte del gran grupo de disposiciones de Derecho Internacional General, las cuales son reconocidas como normas de [j]us cogens, razón por la cual, aquellas son inderogables, imperativas [...] e indisponibles” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 13 de mayo de 2010, p. 68.

97. “En su evolución y por su propia definición, el jus cogens no se ha limitado al derecho de los tratados. El dominio del jus cogens se ha ampliado, alcanzando también el derecho internacional general, y abarcando todos los actos jurídicos. El jus cogens se ha manifestado, así, también en el derecho de la responsabilidad internacional de los Estados”. En Corte l.D.H., Condición Jurídica y derechos de los Inmigrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003.

98. En particular, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes, la Declaración Sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los Principio Relativos a una Eficaz, Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y la Convención lnteramericana Contra el Terrorismo, entre otros convenios.

99. “Artículo 3º Común a los Cuatro Convenios de Ginebra y Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra.

100. La Convención Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de los Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998.

101. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Exp. 20.046, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

102. Posición jurisprudencial reiterada también en la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 29 de enero de 2009, Exp. 16.975. M.P. Enrique Gil Botero.

103. Esto es, desde la fecha de su captura por parte del Ejército nacional —3 de junio de 1994— hasta la fecha en que se ordenó su libertad inmediata por la Fiscalía Regional el 1’ de agosto de 1994.

104. “ART. 144.—“Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.[...]”.