Sentencia 1996-02316/22168 de marzo 28 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 68001-23-15-000-1996-02316-01(22168)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol

Demandado: Armando García Castellanos y Compañía Ltda.

Referencia: Acción de controversias contractuales (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., veintiocho de marzo de dos mil doce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y por la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol” contra la sentencia del 29 de junio de 2001, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sala de Descongestión sede Cali, mediante la cual se inhibió de decidir el fondo del asunto.

I. Antecedentes

1. Lo pretendido.

En demanda presentada el 29 de octubre de 1996(1) contra la sociedad Armando García Castellanos y Compañía Ltda., la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol” pidió que se declarara responsable a la demandada por el incumplimiento del contrato DIJ-584 que las partes celebraron para el montaje de las torres T-201/202/203/204/207 para la modernización de la U-200 y viscorreductora I, en el complejo industrial de Barrancabermeja de Ecopetrol.

Solicita como consecuencia de la anterior declaración que se condene a la accionada a pagar la suma de $ 27.794.263, junto con los correspondientes intereses moratorios, por concepto del valor adeudado por el arrendamiento de maquinaria pesada que se concedió en desarrollo del contrato DIJ-584.

En subsidio pide que la demandada sea condenada a pagar todos los perjuicios que causó con su incumplimiento.

2. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones.

El 26 de agosto de 1994 demandante y demandada celebraron el contrato DIJ-584 que tenía por objeto el montaje de las torres T-201/202/203/204/207 para la modernización de la U-200 y viscorreductora I, en el complejo industrial de Barrancabermeja de Ecopetrol.

En la correspondiente oferta que se presentó en la fase precontractual, la sociedad Armando García Castellanos y Compañía Ltda. expresó que “para la ejecución de las obras, contamos con que Ecopetrol nos facilite la grúa Grove en alquiler por día de trabajo”.

El valor total del contrato se pactó en $ 306.786.285 más el IVA y su término de duración se fijó en 90 días.

El contrato se inició el 12 de septiembre de 1994 y finalizó el 10 de diciembre de ese mismo año.

El 8 de febrero se suscribió el acta de liquidación del contrato en el que se consignó que su valor final ascendía a $ 337.898.564 por lo que arrojaba un saldo a favor del contratista de $ 24.749.442, sin incluir la amortización final del anticipo y sin descontar el valor del alquiler de la maquinaria pesada.

El contratista se reservó el derecho de reclamar judicial o extrajudicialmente por los conceptos y valores que se mencionaron en el acta de liquidación.

Ecopetrol, en desarrollo del contrato DIJ-584, alquiló a la demandada equipó pesado cuya renta ascendió a $ 41.591.760 y ha debido ser pagada desde el 22 de enero de 1995.

Como en aquella oportunidad la demandada no pagó la renta, Ecopetrol, restando la amortización final del anticipo que ascendió a $ 10.769.731, descontó la suma de $ 13.797.497 del saldo que según el acta de liquidación el contratista tenía a su favor y por consiguiente aún adeuda $ 27.794.263 por concepto del alquiler de la maquinaria.

Esta falta de pago ha ocasionado perjuicios a la entidad contratante.

3. El trámite procesal.

Admitida que fue la demanda y comoquiera que la demandante dijo ignorar el lugar donde la demandada recibiría notificaciones, se ordenó su emplazamiento y luego se le designó un curador para la litis quien, después de ser notificado del auto admisorio, le dio respuesta al libelo ateniéndose a lo que resultare probado.

Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que solo aprovechó la parte demandante.

II. La sentencia del tribunal

En sentencia del 29 de junio de 2001 el Tribunal Contencioso Administrativo, Sala de Descongestión sede Cali, se inhibió para fallar el fondo del asunto.

Para tomar esta decisión el tribunal expuso las siguientes razones:

Luego de reproducir los hechos y las pretensiones de la demanda y de hacer un recuento de la actuación surtida, el a quo empieza por considerar que se introdujo la acción contractual prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y que por consiguiente de analizarse de manera previa si se cumplen los presupuestos procesales para poder desatar esta litis.

El tribunal encuentra que en el expediente no obra el contrato DIJ-584 ni los documentos que se relacionan con su ejecución y liquidación, concluyendo entonces que en estas circunstancias es imposible decidir de fondo, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo ordena que a la demanda debe acompañarse copia del acto acusado.

III. El recurso de apelación

Contra lo así resuelto el Ministerio Público y la parte demandante interpusieron el recurso de apelación con fundamento en las siguientes razones:

1. Recurso del Ministerio Público.

Aduce el señor agente del Ministerio Público que si bien comparte los razonamientos del tribunal, no puede creerse que una entidad tan importante como Ecopetrol haya omitido un soporte fundamental de su demanda como lo es el contrato.

Agrega que una vez revisado el expediente, en especial el escrito que contiene la demanda, allí se encuentra que al reseñar los medios de prueba documentales se alude en el numeral 4.1.2 que se presenta en 138 folios la copia auténtica del acta de liquidación del contrato DIJ-584 con todos sus anexos, hecho este que se corrobora con la nota de presentación personal de la demanda visible al folio 34 vuelto en la que se expresa que la demanda tiene como anexos, entre otros, un cuaderno de 138 folios que contiene el acta de liquidación.

Así las cosas el Ministerio Público concluye que la sentencia debe ser revocada para que el tribunal busque los documentos antes mencionados y tome la decisión de fondo a que haya lugar.

2. Recurso de la demandante.

Argumenta la apelante que en el punto 4.1.3 de la demanda se anuncia como anexos a la copia auténtica del acta de liquidación, todo en 138 folios y que precisamente en ellos se encuentra la copia íntegra del contrato DIJ-584, la que se pude ver a los folios 108 a 127.

Continúa diciendo la recurrente que en todo caso la no demostración de la celebración del contrato conduce a un fallo desestimatorio de las pretensiones y no a uno inhibitorio, toda vez que no se está pidiendo la nulidad del contrato ni este se está impugnando mediante una acción de lesividad.

Reitera que se debe acceder a las pretensiones de la demanda declarando la responsabilidad de la demandada por el incumplimiento del contrato DIJ-584 y condenándola al pago de las obligaciones derivadas del alquiler de los equipos pesados que se concedió en desarrollo de aquel, todo “a raíz de una petición del contratista contenida en su oferta” que aceptó Ecopetrol al momento de adjudicarle el contrato.

Finalmente señala que mediante los testimonios recaudados y los documentos anexados a la demanda se establecen los términos y las circunstancias que rodearon el alquiler de los equipos.

IV. El concepto del Ministerio Público

El señor agente del Ministerio Público guardó silencio.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar la alzada previas las siguientes

V. Consideraciones

1. En primer lugar debe ponerse de presente que habida cuenta de que no fue posible encontrar los 138 folios que según el numeral 4.1.3 de la demanda se adjuntaron a ella como anexos, en esta segunda instancia se ordenó mediante auto del 23 de mayo de 2011 la reconstrucción parcial del expediente.

En la audiencia respectiva llevada a cabo el 2 de agosto de 2011, Ecopetrol aportó en 143 folios el acta de liquidación con todos sus anexos expresando bajo la gravedad del juramento que los documentos que allegaba correspondían a los mismos que se aportaron con la demanda y que la diferencia existente en cuanto al número de folios, esto es entre 143 que presenta y 138 que se anunciaron inicialmente, se da por la portada, el índice y el memorando.

2. Los presupuestos procesales son las condiciones necesarias para que la relación jurídico-procesal nazca válidamente y en consecuencia se pueda decidir sobre el mérito de la cuestión litigiosa.

Si bien se había venido sosteniendo que tales condiciones eran la demanda en forma, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, y que la ausencia de alguna de ellas conducía a sentencia inhibitoria, lo cierto es que hoy en día se entiende que la inhibición por la ausencia de presupuestos procesales se reduce a la falta de capacidad para ser parte y a algunos casos excepcionales de inepta demanda pues las dos restantes, así como cualquier otro vicio que expresamente señale la ley, configuran causales de nulidad que deben regirse por los artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil(2).

Aún más, en tratándose de una inepta demanda, debe darse por descontado que solo un vicio que jurídicamente haga imposible un pronunciamiento de fondo es el que puede justificar una sentencia inhibitoria.

Ello ocurriría por ejemplo cuando al momento de decidir la cuestión litigiosa se advierta que se han acumulado varias pretensiones que se excluyen entre sí y no se han propuesto las unas como principales y las otras como subsidiarias puesto que, como el juez no puede desacumularlas para escoger alguna de ellas porque entonces estaría fungiendo como parte, resultaría evidente que en este excepcional caso no podría decidirse de fondo y se impondría la inhibición.

Pero no ocurre lo mismo cuando el defecto consiste, por ejemplo, en que no se aportaron con la demanda documentos que sirven para demostrar el fundamento de las pretensiones, como sería el caso en que se impugna la legalidad de un acto administrativo y no se acompaña a la demanda ni se allega en el decurso del proceso la copia auténtica del documento que lo contiene, pues en tal hipótesis lo procedente no es la sentencia inhibitoria sino una decisión de fondo desestimando lo pretendido en ella.

En efecto, quien acude ante la jurisdicción en busca de un pronunciamiento sobre unas determinadas pretensiones tiene la carga de acreditar no solo el interés que le asiste para proponerlas sino también la de demostrar los hechos que le sirven de soporte a sus pedimentos, pues de no hacerlo, como es obvio, no podrán serle concedidos por no poderse establecer con certeza la veracidad y la justicia de su causa.

Así que en estas circunstancias el juez, en lugar de negarse a resolver el conflicto pues a esto equivale una sentencia inhibitoria, lo que debe hacer es desatar el fondo de la cuestión litigiosa negando lo pretendido por el demandante.

3. En todo contrato, y en general en todo negocio jurídico, se distinguen “las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales” y son de la esencia aquellas “sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente”(3).

Esta previsión normativa, que no es otra cosa que la reproducción de la elaboración que hicieron los glosadores y los comentaristas a partir de la Metafísica de Aristóteles y que luego fue traída por Pothier(4), nos indica y permite aseverar que la configuración de un negocio jurídico depende de que se reúnan, entre otras exigencias, aquellos elementos estructurales que se consideran como de su esencia.

Ahora, si la presencia de esos elementos esenciales son los que le dan el ser al respectivo negocio, obvio es concluir que su identificación como esquema negocial depende, más que del nomen iuris, del hallazgo y constatación de ellos.

En consecuencia, la prueba de que un determinado negocio jurídico se ha celebrado dependerá también de que se acredite con el pertinente medio probatorio que la expresión del designio negocial ha recaído sobre los correspondientes elementos esenciales.

Con otras palabras, la celebración de un negocio jurídico no aparecerá demostrada si solo se acredita que hubo un designio negocial respecto de una figura que únicamente se identifica por su nombre, o por este y una parte de sus elementos esenciales, pero no se acredita que ese designio recayó sobre todos los elementos que lo estructuran e identifican aunque su nomen iuris no se mencione.

4. De conformidad con lo señalado por el artículo 1500 del Código Civil los contratos pueden ser solemnes, consensuales o reales, siendo los primeros aquellos en los que para su perfeccionamiento es necesaria una solemnidad que expresamente se pide.

Cuando el negocio jurídico es solemne, la solemnidad exigida, amén de perfeccionarlo o hacerlo surgir a la vida jurídica, cumple la función de demostrar su existencia, si esa solemnidad consiste en un escrito o documento, con la característica de ser la única prueba admisible para ello por así disponerlo la ley.

Con otras palabras, en este caso el documento cumple no solo una función constitutiva sino además una función probatoria y este será el único medio probatorio pertinente para ello. 

En consecuencia, cuando se pretenda la indemnización de perjuicios con fundamento en que se ha incumplido un contrato estatal, la prosperidad de semejantes pretensiones supone, entre otras demostraciones, que se acredite la celebración del contrato con el documento que se pide como solemnidad constitutiva pues acreditando su existencia se podrán determinar los derechos y obligaciones a favor y a cargo de cada una de las partes para luego proceder, ahí sí, a verificar si hubo tal incumplimiento y si este causó daño.

Sobre este aspecto esta Subsección en precedente oportunidad expresó:

“En efecto, siendo el contrato estatal un negocio jurídico solemne porque debe constar por escrito(5), salvo algunos casos de urgencia manifiesta(6), la única prueba de su existencia es el documento que la ley pide como solemnidad constitutiva, tal como se desprende de los artículos 1760 del Código Civil(7) y 232 del Código de Procedimiento Civil(8).

Así que para demostrar la celebración de un contrato solemne, cuando la solemnidad constitutiva consiste en un documento, no es admisible ningún otro medio probatorio y por ende la existencia del negocio no puede ser demostrada con la confesión de parte, con testimonios, con otros documentos diferentes al que constituye su solemnidad, con indicios o con un principio de prueba por escrito.

Cuando se pretende exigir el cumplimiento de obligaciones surgidas de un contrato o la indemnización de los perjuicios causados con su incumplimiento, o lo uno y lo otro, la primera carga probatoria que asume el demandante es precisamente la de demostrar la existencia de ese negocio jurídico porque demostrando esto también demostrará, por contera, las obligaciones que de él surgieron.

Luego, el no demostrar este aspecto que se erige en la puerta de entrada para la exigencia de tales obligaciones y para reclamar la indemnización de perjuicios causados con el incumplimiento del vínculo contractual, implica, como es obvio, que toda pretensión que se enderece para recabar sumas por estos conceptos esté condenada al fracaso”(9).

5. En el asunto que ahora se revisa por la vía de la apelación la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol” pidió que se declarara responsable a la demandada por el incumplimiento del contrato DIJ-584 y que en consecuencia se le condenara a pagar la suma de $ 27.794.263, junto con los correspondientes intereses moratorios, por concepto del valor adeudado por el arrendamiento de maquinaria pesada que se concedió en desarrollo del contrato DIJ-584.

Son de la esencia del contrato de arrendamiento el que una parte se obligue a conceder el goce de una cosa determinada y la otra a pagar un precio determinado o renta como retribución por el goce que se le ha concedido.

Por consiguiente la demostración de la celebración de este contrato implicará que se acredite, de un lado, cuál es la cosa cuyo goce se ha concedido, y, de otro lado, cuál es el precio que ha de pagarse por la concesión de ese goce.

Pero además, si en este contrato interviene como parte una entidad estatal, la demostración de aquellos extremos también implicará que se presente como única prueba pertinente para ello el documento que lo contiene, toda vez que el contrato estatal es solemne por regla general.

Revisados los documentos que obran en el plenario, incluyendo los que se aportaron en la diligencia de reconstrucción parcial del expediente, se tiene que en ninguna parte obra el escrito que contenga el contrato de arrendamiento que la parte demandante alega haber celebrado con la demandada y cuyo incumplimiento por no pago de parte de la renta le ha causado perjuicios.

En efecto, la demandante sostiene que el arrendamiento se celebró en virtud de la aceptación de la oferta que la demandada le hizo al presentar la propuesta para la adjudicación y celebración del contrato de obra DIJ-584.

Pues bien, la supuesta oferta de arrendamiento que se dice estar contenida en la carta de presentación de la propuesta del contrato de obra y que es visible al folio 8 del cuaderno 1 y al folio 108 del cuaderno de la reconstrucción, que a la letra dice: “para la ejecución de las obras, contamos con que Ecopetrol nos facilite la grúa Grove de 136 tn, en alquiler por día trabajado”, no constituye oferta alguna por que no se trata del ofrecimiento de un proyecto acabado de negocio jurídico toda vez que no se mencionan todos los elementos esenciales de ese contrato que se ofrece celebrar, tal como lo exige el artículo 845 del Código de Comercio. 

En efecto, si se pretendía proponer la celebración de un contrato de arrendamiento para que ese ofrecimiento constituyera una oferta no solo ha debido mencionarse la cosa que sería objeto de la concesión del goce sino también el valor del precio o renta, cosa que en aquel escrito no se hizo.

Luego, no siendo tal ofrecimiento una oferta por no contener todos los elementos esenciales del negocio proyectado, cualquier aceptación subsiguiente en estas condiciones jamás podía dar lugar al nacimiento del contrato y mucho menos tratándose de un negocio jurídico en el que participa una entidad estatal pues siendo este solemne, precisamente por la intervención de esta persona cualificada, se requería para su formación del lleno de una solemnidad como es el escrito. 

Así que, si en gracia de discusión se aceptara que aquel ofrecimiento constituye una oferta por contener todos los elementos esenciales del negocio proyectado, la simple aceptación de esa oferta no implicaría la celebración del contrato porque para su perfeccionamiento se requeriría además el escrito que la ley exige en este caso como solemnidad constitutiva. 

Por consiguiente, lo que se imponía a continuación, esto es una vez aceptada la supuesta oferta, era plasmar en un escrito el contrato por la indicación de todos sus elementos esenciales y hecho esto así el documento perfeccionaría el contrato ofrecido y sería la única prueba admisible para demostrar su celebración.

Ahora, si se revisa el documento visible a los folios 113 a 132 del cuaderno de la reconstrucción que contiene el contrato de obra DIJ-584 que celebraron las partes, en ninguna de sus cláusulas están contenidos los elementos esenciales de un contrato de arrendamiento sobre maquinaria pesada pues en su clausulado no se menciona la concesión del goce de determinados equipos pesados ni se indica el precio o renta que se pagaría por ello, razón por la cual esta prueba documental no demuestra la celebración del alegado contrato.

El hecho de que algunos documentos aislados den cuenta de cuál es la tarifa día de la maquinaria pesada, como ocurre con el documento que contiene el análisis de precios globales visible al folio 110 del cuaderno de la reconstrucción, o que en algunas facturas y escritos provenientes de la demandante aparezca que se está cobrando el servicio de alquiler de varios equipos pesados, como ocurre en los visibles a los folios 9 a 22 del cuaderno 1, en manera alguna prueban la celebración del cuestionado contrato de arrendamiento porque, se repite, en primer lugar en ellos no está contenida la manifestación consistente en que ambas partes están de acuerdo en que la una concede el uso y goce de determinadas cosas y que la otra se obliga a pagar un determinado precio por ello, y, en segundo lugar, porque los documentos referidos o no están suscritos por ninguna de las partes o solo provienen o los suscriben una de ellas.

A lo sumo tales documentos en otros casos podrían tenerse como un principio de prueba por escrito, esto es como escritos que hacen probable o verosímil que se haya celebrado el contrato, pero comoquiera que el contrato estatal es solemne y la solemnidad la constituye un escrito, la única prueba admisible de su celebración es el documento que lo contiene y por ende son impertinentes para este efecto los restantes medios probatorios tal como se deduce de los artículos 1760 del Código Civil y 232 del Código de Procedimiento Civil.

Luego en este caso no son admisibles para demostrar la celebración del contrato la confesión, los indicios, los principios de prueba por escrito ni los testimonios, razón por la que las declaraciones aquí recaudadas (fls. 103 a 118, cdno. 1) no pueden ser tenidas en cuenta para ese efecto.

En síntesis, la demandante no ha demostrado la existencia del contrato de arrendamiento que dice haber celebrado y por consiguiente tampocó (sic) ha probado las obligaciones a cargo del demandado.

Si las obligaciones no están demostradas resulta imposible constatar su incumplimiento y en consecuencia no podrá establecerse que cualquier daño sufrido por la actora sea la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada pues se ignora cuáles son.

Siendo así las cosas la solución de este asunto consiste en resolverlo de fondo negando las pretensiones de la demanda porque la demandante no probó los hechos en que se fundamentan sus pretensiones, empezando por la demostración de la celebración del contrato que es el soporte toral de las restantes.

Como la sentencia apelada dedujo una inhibición ella será revocada para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda.

2. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Olga Valle de De la Hoz—Enrique Gil Botero—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Folios 27 a 34 del cuaderno 1.

2 Sobre este aspecto cfr. H. F. López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Parte General. T. I, Bogotá, Dupré Editores, 2009, pp. 967 a 977.

3 Artículo 1501 del Código Civil.

4 Cfr. F. Alarcón Rojas. La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011, pp. 183-186, 202.

5 Artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

6 Inciso 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

7 “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere de esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados...”.

8 “La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato...”.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2011, expediente 17864.