Sentencia 1996-02435 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Exp.: 28.123

Rad.: 05 001 23 31 000 1996 02435 01

Consejero ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Mariela de Jesús Giraldo de Grajales y otros

Demandado: Nación —Ministerio de Transporte— e Instituto Nacional de Vías, Invías.

Asunto: acción de reparación directa

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Instituto Nacional de Vías, Invías, contra la sentencia del 25 de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el caso sub examine.

2. De conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor a la prueba documental que se encuentra en copia simple y que obra a folios 29 y 30, pues en relación con las normas que rigen la materia, es preciso señalar que en sentencia del 28 de agosto de esta anualidad(2), la Sección Tercera de esta corporación, unificó el criterio de validez de las mismas, trazando con especial sindéresis, los parámetros de interpretación que se transcriben, in extenso así:

“En relación con las normas que regulan la materia, es preciso señalar que la regulación vigente es la contenida en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, normas cuyo sentido literal es el siguiente:

ART. 252.—Documento auténtico. Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; 2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; 3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella; 4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276; 5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274. Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción. Inciso modificado por el artículo 11 de la 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva. Se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 488, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo. Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación.” (Negrillas y subrayado adicionales).

(…).

ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada; 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente; 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa” (Negrillas del original).

Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

No obstante, con la promulgación de la ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

“ART. 215.—Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

“La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011(3).

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquéllas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

La confianza, en el sentido filosófico y sociológico, ha sido delimitada en los siguientes términos:

“La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones, el hombre puede en ciertos aspectos decidir si otorga confianza o no. Pero una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones. Cualquier cosa y todo sería posible. Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano. Este punto de partida puede considerarse como referencia, como una afirmación incontrovertiblemente verdadera. Cada día ponemos nuestra confianza en la naturaleza del mundo, que de hecho es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. En este nivel que es el más básico, la confianza (Zutrauen) es un rasgo natural del mundo, parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos nuestras vidas cotidianas, aunque no es un componente intencional (y, por lo tanto, variable) de la experiencia. En segundo lugar, la necesidad de confianza puede considerarse como el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada. Si el caos y el temor paralizante son las únicas alternativas para la confianza, hay que concluir que el hombre por naturaleza tiene que otorgar confianza, aun cuando esto no se haga ciegamente y sólo en ciertas direcciones. Por medio de este método uno llega a las máximas éticas o a la ley natural (…)”(4) (Negrillas del original).

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

No obstante, con la expedición de la ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la ley 1437 de 2011, CPACA.

En efecto, el artículo 16 del Decreto 1736, estableció:

“ART. 16. Corríjase el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 626.

A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.

“(…)”.

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso, CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada(5).

Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 627 del Código General del Proceso, son las siguientes:

“ART. 243.—Distintas clases de documentos.

“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. (…) Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

“ART. 244.—Documento auténtico.

“Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.

“ART. 245.—Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.

ART. 246.—Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.

“(…)” (Negrillas y subrayado del original).

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad(sic)), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la sección C de la sección tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(6).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

No obstante, el legislador del año 2011, al reconocer la importancia de los principios constitucionales y la función que ejercen o cumplen en la armonización de los postulados legales del orden procesal, determinó en la nueva disposición del artículo 167 ibídem, que “no será necesario acompañar su copia [la de las normas de alcance no nacional], en el caso de que las normas de carácter local que se señalen como infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de internet correspondiente”.

Como se aprecia, el derecho procesal moderno parte de la confianza que existe en la sociedad, se trata de una visión filosófica que encuentra su fundamento en la dimensión de la filosofía y sociología funcionalista, así como en la teoría de los sistemas sociales.

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes(7).

De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza. Esta circunstancia de la superación fáctica frente a lo normativo, fue puesta de presente por la teoría del método científico del derecho (antiformalista) de Francois Geny, quien con total claridad sobre la materia, puntualizó:

“Así considerado el problema, se reduce a los términos siguientes: la legislación, esté o no codificada, y entendiéndola en su sentido más amplio, esto es, tomándola como todo acto de la autoridad que tenga por fin dictar reglas jurídicas generales en forma de imposición obligatoria, ley propiamente dicha, decretos, reglamentos legalmente dictados, el jus scriptum, en una palabra, ¿puede, en nuestro estado social y constitucional ser suficiente para la revelación del derecho, permitiendo su completa aplicación, que hace completamente inútil para la práctica toda jurisprudencia positiva? ¿No descubrimos, por el contrario, en la naturaleza y en la acción de la ley, lagunas y limitaciones esenciales, que hagan necesarias otras fuentes de derecho, tal como la costumbre, o bien cuando menos la intervención de la libre investigación científica, dirigida a la elaboración del sistema jurídico, capaz de dar satisfacción a todas las necesidades de la vida social?

“Este campo de investigación que descubrimos parece poco explorado. Y esto, si no me equivoco, procede de que se han contentado fácilmente con el principio de omnipotencia legislativa. Se ha pensado indudablemente que este dogma constitucional excluía a priori toda idea de medida de la acción del poder en materia de revelación del derecho, y se ha considerado además que en nuestro estado político y social el legislador creía manifiestamente reservar para sí solo el monopolio de toda innovación jurídica”(8).

Esta hermenéutica jurídica que permite la interacción permanente de los principios constitucionales con los aspectos legislativos, máxime si existen lagunas o puntos oscuros en el derecho, tales como saber si es posible a la luz de diáfanas y sistemáticas modificaciones normativas aplicar un sistema interpretativo en el que las copias simples tengan valor probatorio en los procesos ordinarios en materia contencioso administrativa, es lo que el neo iusnaturalismo, en cabeza de Ronald Dworkin ha señalado como la necesidad de estructuración de un sistema jurídico en el que las reglas o normas —en sentido estricto— devienen insuficientes, razón por la cual los operadores jurídicos “echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios, directrices políticas y otro tipo de pautas”(9).

Por último, la tesis que se acoge en esta oportunidad ha sido avalada por otras secciones del Consejo de Estado, de manera concreta, la segunda, al establecer que el hecho de que no se hubieran tachado de falsas las copias simples permite deducir la anuencia frente a los citados documentos. Sobre el particular, la mencionada sección señaló:

“En el sub lite las copias simples corresponden a documentos que obran en los archivos de la gobernación del departamento de Boyacá, como son las órdenes de prestación de servicios y la petición ante la gobernación departamental del reconocimiento de las prestaciones reclamadas, entre otros. Además, se trata de copias de documentos públicos que no fueron tachados de falsos y tienen el reconocimiento implícito de quien los aporta (art. 276, ejusdem), por lo que no puede descartarse de plano su valor probatorio. El tribunal desconoció el valor probatorio de las copias aportadas sin valorar lo antes dicho y olvidando, además que en materia de conciliación podía solicitar en forma oficiosa los documentos. Así, el sólo aporte en copia simple de algunos documentos no constituía óbice para improbar el acuerdo conciliatorio. Entrando al fondo del asunto conviene indicar que, según reiterada jurisprudencia, cuando se trata del contrato realidad es el valor pactado en el contrato y no otro el que sirve de base para la liquidación de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devenga cualquier docente y que el tiempo a reconocer en el “contrato realidad” es el efectivamente laborado”(10).

De igual manera, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la aplicación de la Ley 712 de 2001, que modificó el Código Procesal del Trabajo, en relación con la valoración de las copias simples en el proceso laboral con especial sindéresis, precisó:

“Del simple cotejo de esta norma con las disposiciones anteriores que regulaban la materia y que han sido citadas en esta providencia, surge de manera inequívoca que fue voluntad expresa del legislador, como se expresa en el parágrafo, que en el ámbito laboral las reproducciones simples de cualquier documento presentado por las partes con fines probatorios, se reputarán auténticas sin necesidad de autenticación, con las únicas excepciones de que se tratara de un documento emanado de tercero o de que se pretendiera hacer valer como título ejecutivo, situaciones que aquí no se presentan, por cuanto el registro de defunción que se analiza no puede considerarse emanado de un tercero, pues se trata de documento público expedido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, como lo es el Notario Segundo del Círculo de Manizales. Es claro que además de esa disposición general, el legislador se refirió a unos documentos concretos y particulares en los cinco (5) primeros numerales, pero esta especificidad no es excluyente de aquella generalidad, porque en este aspecto la parte final de la cláusula legal es nítida y diáfana, además de que había unos antecedentes legales y judiciales que quisieron preservarse.

“Sobre el alcance de esta norma, dijo la sala en providencia del 1º de febrero de 2011, radicado 38336:

“Empero, con la reforma del año 2001, cualquier discusión sobre el tema debatido quedó superada, debido a que en los términos del parágrafo del ahora artículo 54 A del Código de Procedimiento Laboral, lo relacionado con el valor probatorio de los documentos ha quedado regulado por una norma procesal laboral, lo que torna improcedente, en este específico aspecto, la integración normativa autorizada por el artículo 145 de dicho estatuto, que constituía la base de la aplicación de aquél otro código.

“Por lo tanto, incurrió el ad quem en el yerro jurídico endilgado al negar valor probatorio a una copia informal del certificado de defunción, cuando según las disposiciones legales arriba señaladas estaba obligado a reconocerlo, yerro que es suficiente para casar la sentencia acusada(11).

En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas(12), en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto(13). Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo(14).

Ahora bien, todo cambio o unificación de jurisprudencia genera una aplicación de la nueva hermenéutica adoptada, razón por la cual el posible argumento referente a la modificación de la línea jurisprudencial que sobre la materia ha sostenido esta Sección y, de manera concreta, una de sus subsecciones, no puede constituir razón suficiente para mantener la vigencia de una tesis que no consulta los postulados constitucionales y los lineamientos procesales modernos. Una de las finalidades principales del orden jurídico o normativo reside en la efectividad de los derechos y las garantías de los sujetos procesales, por lo tanto, una postura excesivamente formal deslegitima los fines esenciales del derecho procesal o adjetivo, máxime si las partes han guardado silencio a lo largo de la actuación, lo que ha permitido convalidar su postura frente a los documentos que reposan en el plenario en copia simple”.

3. De los elementos demostrativos recaudados se destacan los siguientes:

3.1. Copia auténtica del registro civil de defunción de Arcángel de Jesús Grajales Torres, en el que se señaló que la muerte ocurrió el 9 de julio de 1995, en el municipio de Copacabana, Antioquia (fl. 25).

3.2. Copia auténtica del registro civil de defunción de Carlos Andrés Grajales Giraldo, en el que se indica que la muerte ocurrió el 9 de julio de 1995, en el municipio de Copacabana, Antioquia (fl. 26).

3.3. Copia del acta de levantamiento de cadáver del Instituto de Medicina Legal, de Arcángel de Jesús Grajales Torres y de Carlos Andrés Grajales Giraldo en el que se constata que éstos fallecieron en la autopista Medellín-Bogotá, kilómetro 10, el 9 de julio de 1995, llevándose a cabo el levantamiento del cadáver a las 10:05 y 10:20 de la noche, respectivamente (fls. 29 y 39).

3.4. Copia auténtica del acta de necropsia del Hospital Santa Margarita de Copacabana, Antioquia, de Arcángel de Jesús Grajales Torres, del 9 de julio de 1995, en la que se anotó:

“Fecha de la muerte: 09-07-95

(…).

Circunstancia de la muerte (según levantamiento): ACCIDENTE DE TRÁNSITO

(…).

EXAMEN EXTERIOR DEL CADÁVER

Hombre, 40 años (según acta), contextura gruesa, cabello oscuro.

Gran herida en cara, transversa, a nivel de ojos, con levantamiento de bóveda craneana, no se encuentra masa encefálica.

Herida profunda en mentón. Laceración en brazos derecho e izquierdo.

Examen interior

(…).

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

No se encontró masa encefálica. Exposición de bóveda craneana por levantamiento. Estallido de globos oculares.

CONCLUSIÓN

Arcángel de Jesús Grajales Torres murió a consecuencia de politraumatismo severo que le produjo choque cardiogénico severo y trauma encefalocraneano severo, lesiones de naturaleza esencialmente mortal.

Conceptúo la supervivencia en 25 años más” (fl. 119) (Mayúscula sostenida en el original).

3.5. Copia auténtica del acta de necropsia del Hospital Santa Margarita de Copacabana, Antioquia, Carlos Andrés Grajales Giraldo, del 9 de julio de 1995, en la que se señaló:

“Fecha de la muerte: 09-07-95

(…).

Circunstancia de la muerte (según levantamiento): ACCIDENTE DE TRÁNSITO

(…).

EXAMEN EXTERIOR DEL CADÁVER

Niño aprox. 14 años, contextura delgada, cabello castaño, imberbe, sin vello púbico.

Gran herida en cara, desde arco derecho de mandíbula inferior hasta frente, lado izquierdo, que compromete todos los planos, con exposición de bóveda craneana, masa encefálica, senos paranasales maxilar derecho y frontal, arcada dentaria superior e inferior derecha.

Escoriación de muslo derecho, cara anterior y lateral interna. También en zona lumbar derecha. Livideces en espalda.

(…).

CONCLUSIÓN

Politraumatizado severo que presentó trauma encefalocraneano severo, y choque hipovolémico severo. Lesiones de naturaleza esencialmente mortal.

Conceptúo la supervivencia en 50 años más” (fl. 118) (Mayúscula sostenida en el original).

3.6. Copia auténtica de los resultados del análisis de sangre realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional de Laboratorios Forenses, Regional Noroccidente —Medellín—, del 26 de julio de 1995, en el que se indicó:

“PERSONAS EN LA REFERENCIA: Occiso: Grajales Arcángel.

ELEMENTOS RECIBIDOS: Sangre

MOTIVO DE LA PERITACIÓN: Alcoholemia y hemoclasificación.

(…).

HALLAZGOS Y/O RESULTADOS:

Concentración de alcohol: trescientos treinta y seis miligramos por ciento (336 mg%)” (fl. 120).

3.7. Copia autenticada del informe de accidente No. 93-0123588 del INTRA, del 9 de julio de 1995 en el que se elaboró el croquis y se señaló:

(…).

CLASE: choque

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA: Doble sentido, dos carriles, con huecos, húmeda. Curva y pendiente.

ÁREA: Rural

TIEMPO: Lluvia

CONDUCTOR 1: Hernán de Jesús Escobar Moreno, con licencia de conducción, con seguro obligatorio, vehículo marca chevrolet placas TOA 267.

CONDUCTOR 2: Arcángel de Jesús Grajales Torres, muerto, sin licencia de conducción, sin casco, sin seguro.

Causas probables: la moto cayó al hueco y perdió estabilidad y se vino encima del bus” (fls. 5 y 6).

3.8. Certificado del inspector de transporte y tránsito municipal de Copacabana del 26 de noviembre de 1996, en el que se expresa que se hace entrega de las fotografías correspondientes a los folios 12 al 15 del expediente contravencional 93-0123588 del 9 de julio de 1995, elaborado en relación con el accidente ocurrido entre los vehículos de placas TOA -267 Y HGV-58, señalando que fueron tomadas en el lugar donde ocurrió el siniestro y que lo que en ellas se aprecia es el estado en que se encontraba la vía (fl. 2).

3.9. Fotografías a color del hueco en el lugar del accidente (fls. 14 a 16).

3.10. Copia auténtica de la Resolución 746 del 25 de septiembre de 1995 proferida por la Inspección de Transportes y Tránsito de Copacabana, en la que se eximió de responsabilidad contravencional a Hernán de Jesús Escobar Moreno y a Arcángel de Jesús Grajales Torres, considerando lo siguiente:

“llegado el día y hora señalados para la práctica de la diligencia de audiencia pública se hizo presente el señor Escobar Moreno Hernán de Jesús quien en relación al accidente manifestó lo siguiente: “yo subía hacia Rionegro, vacío, bajaba el señor de la moto, se fue contra un hueco y perdió el control y se fue contra el bus”. Cuando se le pregunta por la causa del accidente, dijo: “El hueco en la vía”.

Con fundamento en los lementos(sic) aportados como prueba dentro del proceso, croquis, informe, versión del conductor, alcoholemia del mismo, fotos del lugar del accidente, conceptúa el despacho que el accidente se produjo por los huecos que presenta la autopista los cuales alteraron la dirección de la moto, haciendo que esta se fuera contra el bus” (fl. 19)

3.11. Declaración de Hernán de Jesús Escobar Moreno, quien afirmó:

“PREGUNTADO: ¿Bajo la gravedad del juramento que ha prestando(sic) sírvase manifestar si conoce a la señora María de Jesús Giraldo de Giraldo (sic), en caso afirmativo en razón de qué, y si le une algún parentesco para con ella? RESPONDIÓ: Si, la conocí en razón de un accidente que ocurrió. PREGUNTADO: cuándo ocurrió y dónde, el accidente? RESPONDIÓ: El accidente ocurrió a principios de julio del noventa y cinco, en la autopista Medellín – Bogotá, fue cerca del peaje de Guarne. PREGUNTADO: ¿Usted fue el testigo presencial del accidente? RESPONDIÓ: Si, porque yo conducía el bus con el cual ocurrió el accidente. PREGUNTADO: Hágale al despacho un relato detallado de todo lo relacionada con el accidente. RESPONDIÓ: Ese día yo subía con el bus de Medellín hacia Rionegro, el bus TOA 267 afiliado a la empresa Rápido Medellín-Rionegro; bajaba una moto hacia Medellín, en el cual iban un señor y un niño, se fueron a un hueco que había en la vía y se dieron contra el bus, causándole la muerte inmediatamente a ambos, al niño y al señor; el accidente se debió al mal estado de la vía. …PREGUNTADO: ¿A qué horas ocurrió el accidente? RESPONDIÓ: como a las 9 o 10 de la mañana. … PREGUNTADO: ¿Ya que dice usted haber observado la moto cuando cayó a un hueco, podría describir la magnitud de este y en qué lugar de la vía se encontraba? RESPONDIÓ: El hueco se encontraba por la parte donde transitaba la moto, el hueco siempre era grande, y siempre se encontraba profundo. (…) PREGUNTADO: ¿ya que transitaba su vehículo y la motocicleta en sentido contrario de circulación, pudo observar usted la moto, momentos antes de que esta cayera al hueco? RESPONDIÓ: En el momento bajaban varios carros, y entre ellos iba la moto. … PREGUNTADO: Dígale al despacho por cuál carril transitaba su vehículo. RESPONDIÓ: Por mi derecha. PREGUNTADO: ¿Manifieste a qué lado de la vía dejaron (sic) las víctimas, luego del accidente? RESPONDIÓ: al lado de mi derecha” (fl. 287) (Se resalta).

3.12. Declaración de Hernán de Jesús Escobar Moreno, en audiencia pública ante la Inspección de Transportes y Tránsito de Copacabana en la que, en similar sentido señaló:

“PREGUNTADO: ¿Qué maniobra realizó usted para evitar el accidente? CONTESTÓ: Eso pasó en un segundo o dos segundos no tuve tiempo de maniobrar. … PREGUNTADO: ¿a qué distancia observó usted al motociclista? CONTESTÓ: corrijo eso fue instantáneo y delante de la moto iban más carros. … PREGUNTADO: cuando usted observó al motociclista, este porqué (sic) carril transitaba. CONTESTÓ: como delante de él venían más carros y cuando menos pensé se pasó de una” (fl. 17).

4. Con los documentos y demás medios de prueba relacionados, se encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que Arcángel de Jesús Grajales Torres y Carlos Andrés Grajales Giraldo, fallecieron como consecuencia de politraumatismo severo y trauma encefalocraneano, en accidente de tránsito, el 9 de julio de 1995.

5. Probado el daño, procede analizarse lo concerniente a la imputación fáctica, que tiene como propósito determinar si el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico.

6. Conforme al acervo probatorio que obra en el proceso se tiene que en las horas de la noche, del 9 de julio de 1995, la motocicleta placas HGV-58 y el bus de servicio público de transporte de placas TOA -267, colisionaron en la autopista Medellín-Bogotá, resultando fallecidos el conductor de la moto, Arcángel de Jesús Grajales Torres, y su hijo, Carlos Andrés Grajales Giraldo. Del mismo modo, está demostrado que la carretera no estaba en buen estado, y que en el lugar donde ocurrieron los hechos había una hendidura, declive o hueco, que de acuerdo a lo sostenido por el conductor del bus, el accidente se debió a que el motociclista cayó en el hueco, en razón a lo cual, el Instituto de Tránsito y Transporte, profirió la resolución que les eximía a ambos de responsabilidad contravencional.

Considera la Sala que en el caso examinado se encuentra acreditada la falla del servicio por parte del Instituto Nacional de Vías, Invías. A esta conclusión se llega con fundamento en las siguientes comprobaciones:

1) El croquis o informe del accidente 93-0123588 del Intra, del 9 de julio de 1995 practicado en el lugar del hecho, en el que se dejó constancia de la existencia del hueco y de causa probable del accidente.

2) La Resolución 746 del 25 de septiembre de 1995 proferida por la Inspección de Transportes y Tránsito de Copacabana, en la que se eximió de responsabilidad contravencional a Hernán de Jesús Escobar Moreno y a Arcángel de Jesús Grajales Torres y se establece como causa de la colisión la grieta u orificio.

La falla del servicio como construcción teórica es útil para atribuir responsabilidad a la administración cuando los servicios o actividades a ella encomendados no son prestados, se prestan deficientemente o cuando en aquellos casos en los que existiendo prestación efectiva esta es inoperante por darse de forma tardía e inadecuada. Se está ante una deficiencia funcional y orgánica, un incorrecto ejercicio de las competencias administrativas confiadas al aparato administrativo, de forma tal que, al tratarse de un régimen subjetivo, el ente demandado se puede exonerar demostrando en el proceso un obrar diligente o una causa extraña.

Así pues, la falla del servicio se concreta en el incumplimiento de un contenido obligacional respecto del cual es posible hacer un juicio de reproche del comportamiento Estatal que lo traduce en un régimen subjetivo de responsabilidad.

De conformidad con el artículo 54 del Decreto 2171 de 1992, norma vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos, se establecieron las funciones del Instituto Nacional de Vías, Invías, en el siguiente orden:

“ART. 54.—Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías desarrollará las siguientes funciones generales:

1. Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.

2. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia.

4. “Numeral corregido mediante fe de erratas. El nuevo texto es el siguiente:” Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecución de las obras de su competencia conforme a los planes y prioridades nacionales.

(…).

7. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.”

Para la Sala la conducción de automotores por las carreteras de la Nación debe realizarse con la confianza de que las vías son normalmente utilizables y que, si hay obstáculos o peligros en la carretera, la administración procurará eliminarlos a la mayor brevedad posible o, cuando menos, establecer las señales necesarias que adviertan su presencia, cumplimiento obligacional que, de contera, le corresponde demostrar a la entidad demandada, lo que no ocurrió en el caso sub examine. En este punto es pertinente tener en cuenta lo expresado por la doctrina en cuanto al “principio de señalización”, frente al cual expuso:

“La importancia de la señalización es tal, que la doctrina ha acuñado la expresión “principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, no lo hacen o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falla o falla en el servicio público a ellas encomendado. Según este principio, además de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y de mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierten a tiempo los peligros, o advertida de ellos no los remedia, o deja pasar la oportunidad para hacerlo, en estos casos y en otros similares, el Estado debe la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que las hace inadecuadas e inseguras.

La seguridad de los usuarios de las vías públicas es uno de los deberes de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en el territorio nacional. Así lo estableció el decreto 1344 de 1970. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada y antes bien, resulta cuestionada o puesta en peligro por la inercia o la negligencia de las autoridades encargadas de ejercer ese control, las consecuencias gravosas que puedan seguirse para los particulares de dichas omisiones o del cumplimiento defectuoso de tales competencias, deben ser asumidas por las respectivas entidades públicas(15).

Sobre este tópico, es importante resaltar la labor de la judicatura, en cuanto permite señalarle a la administración, la noción de funcionamiento normal o anormal del servicio. En efecto la doctrina en palabras del profesor J. M. de la Cuetara, ha expuesto:

“Entre las hipótesis de funcionamiento normal y anormal existen algunas distinciones que pueden ser establecidas. La primera, que en el segundo caso no es exigible al usuario del servicio previsión y diligencia ordinarias, que si lo es, en cambio, en el primero. Para utilizar el ejemplo ya señalado de los baches en las carreteras, mientras estos baches sean considerados normales o estén señalizados, se exige al conductor la diligencia debida para evitarlos; tan solo las situaciones “anormales” en la carretera hacen innecesario el examen de dicha diligencia. La segunda es que, en caso de funcionamiento anormal —especialmente por actuaciones ilícitas—, la administración no puede presentar título justificativo alguno para que el particular cargue con los daños, salvo el caso de fuerza mayor que más adelante se verá. La tercera, de cariz ya sociológico, es que ante las diferencias ya señaladas los jueces tiendan a admitir con mayor facilidad las demandas en caso de funcionamiento anormal, demandas que en caso de prosperar tiende a repercutir de alguna manera sobre la mejora del servicio. De esta forma los jueces intervienen indirectamente en la señalización de la delicada barrera entre lo normal y lo anormal de los servicios públicos, sirviendo de acicate para que estos se mantengan en un umbral aceptable para la sociedad en que se desarrollan”(16).

Considera la Sala que el Instituto Nacional de Vías, incumplió con su deber de velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de la carretera en la que ocurrió el accidente, toda vez que no tomó las medidas necesarias para prevenir a los conductores, sobre la existencia de huecos en la vía.

Sin embargo, es importante resaltar que no todas las acciones que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones(17), es un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho previo a la producción del daño(18), lo relevante es identificar cuál acción fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia o daño, sería la sumatoria de todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito.

En este orden de ideas, debe precisarse que el único testigo presencial de los hechos fue el señor Hernán de Jesús Escobar Moreno, conductor del bus de placas TOA -267, quien en su declaración presenta inconsistencias que la Sala no puede relevar para la construcción de los supuestos fácticos objeto de debate, tal es el hecho de declarar que el accidente tuvo lugar en las horas de la mañana, cuando realmente ocurrió en horas de la noche, y de otra parte, afirmar que el hueco o grieta, se encontraba en el carril por donde transitaba la motocicleta, lo que no es cierto pues de conformidad con el material fotográfico y el levantamiento del croquis, claramente se observa que el bache estaba en la mitad de la vía.

Aspectos estos que indubitablemente le restan credibilidad al testimonio del deponente, y en razón a ello, esta prueba será valorada en asocio con las pruebas documentales y con apoyo en la reglas de la experiencia(19).

En lo que concierne al testimonio único, como fundamento de una sentencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha considerado lo siguiente:

“Aunque el demandante no invoca expresamente los artículos 254(20) y 294(21) del Código de Procedimiento Penal, lo cierto es que toda la argumentación se orienta a algunos reparos sobre supuestas falencias en el ejercicio de la sana crítica, entendida tradicionalmente como el reconocimiento de las reglas de lógica, la experiencia y la ciencia.

“1. A dicho cometido apunta el señalamiento de que el testimonio único, sobre todo si proviene de la propia víctima, constituye un fundamento defectuoso en grado sumo para una sentencia condenatoria, tanto por su falta de imparcialidad y objetividad como por la imposibilidad de contrastarlo con otras pruebas de igual o mejor abolengo que se echan de menos en este proceso.

“En realidad, entiende la Corte, la máxima testis unus, testis nullus surgió como regla de la experiencia precisamente por la alegada imposibilidad de confrontar las manifestaciones del testigo único con otros medios de convicción, directriz que curiosamente aún hoy se invoca por algunos tratadistas y jueces, a pesar de la vigencia de la sana crítica y no de la tarifa legal en materia de valoración probatoria (...).

“Sin embargo, a pesar del histórico origen vivencial o práctico de la regla testis unus, testis nullus, hoy no se tiene como máxima de la experiencia, por lo menos en sistemas de valoración racional de la prueba como el que rige en Colombia (CPP, arts. 254 y 294), precisamente porque su rigidez vincula el método de evaluación probatoria a la anticipación de una frustración de resultados en la investigación del delito, sin permitir ningún esfuerzo racional del juzgador, que además es contraria a la realidad (más en sentido material que convencional) de que uno o varios testimonios pueden ser suficientes para conducir a la certeza. Todo ello desestimularía la acción penal y se opone a la realidad de que en muchos casos el declarante puede ser real o virtualmente testigo único e inclusive serlo la propia víctima.

“No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido. No, en el caso testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba.

“Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba (CPP, art. 254, inc. 2º), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario. Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única”(22) (Negrilla de la Sala).

Ahora bien, de acuerdo con la prueba documental, está demostrado que la carretera donde ocurrió el accidente era una curva, geométricamente pendiente, que estaba húmeda, que Arcángel de Jesús Grajales Torres, conducía sin casco, que se encontraba ebrio(23), y que adicionalmente, delante de él venían más carros, es decir, que el accidente se produjo, al tratar éste imprudentemente de adelantar los vehículos que venían delante de él en la carretera y en las condiciones descritas, lo que le llevó a invadir el carril contrario, y colisionar de frente con el bus que venía en su vía, situación que se corrobora con el hecho de haber quedado los cuerpos del lado derecho de la curva en la vía que conduce de Rionegro a Medellín, y si bien, es cierto, existía un hueco en la carretera, en modo alguno se encontraba en el lado de la vía en que la que se supone debía conducir el motociclista, sino que esta estaba en la mitad como lo señala el croquis, de donde se colige que el accidente no se debió exclusivamente a que el motociclista cayera en el hueco y perdiera estabilidad, o al intento de evitarlo, sino también al hecho de contravenir las normas de tránsito como son el hecho de abstenerse de adelantar en curva, tener el casco, conducir sobrio y con las precauciones de rigor.

Al respecto, el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito (D.L. 1344/70), aplicable al momento de los hechos, consagraba lo siguiente:

ART. 136.—Reformado por el Decreto 1809 de 1990, numeral 115 (este modificado por el Decreto 2195 de 1990 y por el Decreto 1951 de 1990.) Es prohibido adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:

1. En intersecciones.

2. En los tramos de vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.

3. En las curvas o pendientes donde exista una visibilidad menor de cien (100) metros. (Resaltado y negrillas de la Sala)

4. Cuando la visibilidad sea desfavorable.

5. En las proximidades de pasos de peatones.

6. En las intersecciones con vías férreas.

7. En general, cuando la maniobra ofrezca peligro. 

Y, el artículo 181 del Código Nacional de Tránsito (modificado por la Ley 33 de 1986, artículo 35; por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º numeral 158; y por el Decreto 2591 de 1990, artículo 19) disponía lo siguiente:

“ART. 181.—Infracciones de veinte salarios mínimos. Será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

[…].

9. Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes. Además incurrirá en la suspensión de la licencia de conducción de seis (6) meses a un (1) año, arresto de veinticuatro (24) horas e inmovilización de vehículo”.

En lo relativo a los estados de embriaguez, una publicación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indicó:

“Actualmente la clasificación de la embriaguez se hace teniendo en cuenta la intensidad de las manifestaciones clínicas que se puedan correlacionar con determinadas cifras de alcoholemia y es así como tenemos los cuatro estadios de la intoxicación:

“a) Embriaguez leve, denominada de primer grado, en la cual se encuentran niveles de alcoholemias entre 50 y 149 miligramos por ciento.

“b) Embriaguez moderada o de segundo grado, con cifras de alcoholemia entre 150 y 299 miligramos por ciento.

“c) Embriaguez severa o de tercer grado, que reporta cifras de 300 a 399 miligramos por ciento y

“d) Embriaguez grave o de cuarto grado, con cifras superiores a los 400 miligramos por ciento. Niveles de alcoholemia superiores a los 500-600 miligramos por ciento son letales para el organismo humano.

(...).

“En general puede aceptarse que niveles de alcoholemia entre 50 y 100 miligramos permitan sospechar la presencia de embriaguez. Cifras mayores de 100 miligramos por ciento de alcoholemia son conclusivas de embriaguez”(24) —subrayado ausente en el texto original—.

Los efectos de la embriaguez de primer grado fueron descritos de forma científica en el mismo texto, así:

“Por ejemplo se presenta “lentitud en la respuesta refleja generalizada, la sensopercepción se altera, se disminuye la agudeza visual y auditiva, hasta en un 35% en el primer período de la embriaguez, se pierde progresivamente la visión periférica al igual que la capacidad de convergencia ocular voluntaria y si la embriaguez es avanzada se puede presentar “diplopía” (visión doble). En general se observa que el ebrio, por la interferencia que hace el alcohol en la conducción eléctrica de los nervios periféricos, lentifica sus movimientos y las respuestas motoras. La intoxicación alcohólica también puede ocasionarle analgesia. El alcohol puede causar otros efectos depresores como alteraciones en el estado de la conciencia que fluctúan desde la somnolencia, la obnubilación y la confusión hasta el estupor y el estado de coma. En la situación de ebriedad avanzada, es característico encontrar a un individuo incapaz de responder a los estímulos médico-ambientales, y si la dosis ingerida fue muy elevada le puede ocasionar estado de coma e inclusive la muerte por parálisis respiratoria a nivel central”(25) —subrayado ausente en texto original—.

Para determinar los efectos en el organismo de los diferentes grados de embriaguez, el tratadista forense César Augusto Giraldo, señala que:

“Con cifras en sangre hasta de 20 mg % no existe ninguna alteración; entre 20 y 50 mg %, puede haber alguna locuacidad y merma de reflejos; entre 50 y 85 mg %, hay disminución de los reflejos y alteración en la percepción. Entre 85 y 100 mg % en una tercera parte de las personas ya puede haber síntomas de embriaguez, y las inhibiciones sociales están disminuidas; las respuestas se tornan lentas y ya existe incoordinación. A niveles de 100 a 150 mg %, la mitad de las personas con estas cifras ya están ebrias, y hay una definida merma de los reflejos y de la coordinación motora.

“Estas cifras se refieren al comportamiento en actividades sociales, porque en actuaciones que exigen precisión como es la conducción de un vehículo automotor, concentraciones de alcohol en sangre de 100 mg % o más, llevan a alteraciones sicomotrices incompatibles con el manejo adecuado de esos vehículos.

“Con cifras de 150 a 200 mg %, el 80% está francamente ebrio y existe percepción defectuosa en sentidos tan importantes como la visión, disminución del dolor y la voz es arrastrada. De 200 mg % en adelante, cualquiera estará completamente ebrio; de 250 a 300 mg %, existe disminución de los estímulos, notoria incoordinación muscular que difícilmente permite a la persona mantenerse en pie. Cifras de 300 mg % en adelante hacen que el individuo esté en estupor y variará de superficial a profundo. Cifras por encima de 400 mg %, llevan a coma, hipotermia e hiporreflexia, anestesia y colapso, y ya son frecuentemente fatales. De 500 mg % en adelante sobreviene depresión del centro respiratorio y vasomotor y rápidamente la muerte.

“Entre 600 y 700 mg %, hay un coma profundo con muerte rápida. Alcoholemias por encima de 700 mg %, son incompatibles con la vida”(26), (Subrayado fuera de texto)

De lo anterior se concluye, que el señor Arcángel de Jesús Grajales Torres conducía la motocicleta en la vía que de Rionegro va a Medellín, de forma imprudente, sin tener en cuenta los riesgos que conllevaba recorrer una vía de gran flujo vehicular, en horas de la noche, en estado de embriaguez, aun sabiendo que su condición lo imposibilitaba para maniobrar, comoquiera que se disminuyen los reflejos, la capacidad de reacción, el cálculo de la distancia y el tiempo, además de la reducción de las facultades auditiva y visual. En efecto, la conducta imprudente de Arcángel de Jesús Grajales Torres, en el sentido de invadir el carril contrario al adelantarse en curva, impidió que el conductor del bus pudiera cambiar su trayectoria de manera definitiva y así evitar la colisión. Tampoco se le podía exigir a este último, que maniobrara correctamente su vehículo, toda vez que la conducta sorpresiva no permitía prever la infracción.

En consonancia con lo anterior, como bien lo ha señalado la Sala, el demandado, inclusive, se libera de la responsabilidad, si logra acreditar que fue el comportamiento del propio afectado determinante y decisivo en la generación del daño, en este sentido, en sentencia del 13 de agosto de 2008, se precisó:

“Desde la perspectiva general, es claro que el hecho de la víctima a efectos de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor, comoquiera que no existe disposición jurídica que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hechos de la víctima y, más aún, de evitarlos”.

“En efecto, el demandado sólo se encuentra obligado a evitar los daños padecidos por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante(27) frente a aquélla, casos en los cuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoria debe acreditar la imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga. A contrario sensu, en las demás circunstancias, el demandado se libera si logra acreditar que fue la consecuencia del comportamiento de la propia persona que sufrió el daño”.

“En ese sentido, la Sala debe precisar y desarrollar la posición jurisprudencial vigente, comoquiera que en reciente oportunidad se señaló:

“En este caso, la entidad demandada y las llamadas en garantía alegaron como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible para la Administración. De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad, se revela una falla del servicio en el entendido de que dicha entidad teniendo un deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor(28).

“El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”(29).(30) (Destaca la Sala)”.

“Sobre el particular, debe advertirse que los propios hermanos Mazeaud rectificaron la doctrina que sobre el particular habían trazado en su obra “Lecciones de Derecho Civil” (1960), cuando en su tratado de “Responsabilidad Civil” (1963), en relación con la materia objeto de análisis manifestaron:

1462. ¿Debe ser imprevisible e irresistible el hecho de la víctima? – La irresistibilidad y la imprevisibilidad son, por lo general, consideradas como necesarias para que haya fuerza mayor; pero no para que el hecho de la víctima sea una causa liberatoria. Desde el momento en que el hecho no es imputable al demandado, eso basta. No cabría obligar al demandado, según se dice, a precaverse contra los hechos de la víctima, como no cabe obligarse a que se prevenga en contra de los acontecimientos naturales.

“(…)”(31) (Negrillas de la Sala).

“Lo anterior no quiere significar en modo alguno, que el hecho de la víctima en ocasiones pueda ser total o parcial, en cuanto se refiere a la materialización del resultado dañoso, motivo por el cual será el juez quien en cada caso concreto el que valorará el curso o cursos causales existentes, para determinar la imputación fáctica del daño antijurídico, lo que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una concausa, situación ésta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según el grado de participación de cada sujeto, el monto del perjuicio padecido”.

“Ahora bien, no significa lo anterior que toda conducta de la víctima tenga la suficiente dimensión o entidad para excluir o enervar la imputación frente al presunto responsable; el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que sea evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño”.

“El principio de confianza conlleva implícito la tranquilidad que tienen las personas que integran la sociedad, de que el Estado prestará adecuadamente sus servicios públicos, por lo que, no cualquier tipo de participación de la víctima, en una actividad riesgosa, reviste la estatus necesario para excluir la responsabilidad de la administración”.

“En síntesis, no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación”.

“Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis”(32).

Es evidente, entonces, que un conductor asume las consecuencias de su actuación imprudente, al maniobrar una motocicleta en estado de embriaguez, en horas de la noche, además, en una carretera de tráfico pesado, y haciendo caso omiso de las prohibiciones sancionadas por el Código Nacional de Tránsito.

En el incumplimiento de lo ordenado por la normativa citada, si se produce un accidente por el hecho del conductor, implica que éste se somete a las consecuencias que su actuar equivocado conlleva, siempre y cuando, se reitera, exista una relación entre su conducta y el resultado, como ocurrió en el caso sub examine.

En este contexto, para la Sala es manifiesto que aun cuando de las pruebas se deduce que el Instituto Nacional de Vías, Invías, incumplió con la obligación de mantener en buen estado la vía y que esta circunstancia influyó en la producción del daño, no es menos cierto, que está demostrado que a la causación del daño contribuyó de forma determinante la imprudencia y conducta reprochable de Arcángel de Jesús Grajales Torres, quien, se itera, al adelantar en una curva y en estado de embriaguez se salió de su carril e invadió el contrario, colisionando con el bus que viajaba en sentido Medellín-Rionegro. En tales condiciones, debe concluirse que en el presente caso, aun cuando el hueco en la vía pudo haber sido una causa eficiente, no fue la única, ni exclusiva en la producción del daño.

En consecuencia, es evidente que tanto la omisión de la administración en relación con la conservación en buen estado de la vía y la conducta asumida por el conductor de la motocicleta, concurrieron en el resultado lesivo, configurándose una concurrencia de culpas, que se traduce, en el asunto sub lite, en una disminución de la condena. En estas circunstancias debe precisarse que constituye un acierto la decisión de primera instancia en la reducción del quantum indemnizatorio en el 50%, razón por la que únicamente se procederá a realizar la actualización de la condena.

Mariela de Jesús Giraldo González: $ 22.604.817

Condena que requiere ser actualizada así:

Va = VhI.F (Índice final)diciembre de 2013(33)
 —————————— 
 I.I (Índice inicial) 25-02-2004(34)

Va = 22.604.817 x113,98
 —————
 77,62

Va = $ 33.193.726,38

Gabriel Arcángel Grajales Giraldo: $ 5.365.444

Condena que requiere ser actualizada así:

Va = VhI.F (Índice final)diciembre de 2013(35)
 ————————— 
 I.I (Índice inicial)25-02-2004(36)

Va = 5.365.444 x113,98
 —————
 77,62

Va = $ 7.878.810,96

Juan David Grajales Giraldo: $ 5.904.728

Condena que requiere ser actualizada así:

Va = VhI.F (Índice final)diciembre de 2013(37)
 —————————— 
 I.I (Índice inicial)25-02-2004(38)

Va = 5.904.728 x113,98
 —————
 77,62

Va = $ 8.670.714,98

Estefani Grajales Giraldo: $ 6.338.170

Condena que requiere ser actualizada así:

Va = VhI.F (Índice final)diciembre de 2013(39)
 —————————— 
 I.I (Índice inicial)25-02-2004(40)

Va = 6.338.170 x113,98
 —————
 77,62

Va = $ 9.307.196,81

Como corolario de lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 25 de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala primera de decisión.

2. MODIFÍCASE el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia aludida, por la actualización de las sumas; el cual quedará así:

Condénase a Instituto Nacional de Vías, Invías, reconocer y pagar por concepto de perjuicios materiales a la señora Mariela de Jesús Giraldo González, la suma de treinta y tres millones ciento noventa y tres mil setecientos veintiséis pesos ($ 33.193.726); para sus hijos: Gabriel Arcángel Grajales Giraldo, la suma de siete millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos once pesos ($ 7.878.811); Juan David Grajales Giraldo, la suma de ocho millones seiscientos setenta mil setecientos quince pesos ($ 8.670.715) y para Estefani Grajales Giraldo, la suma de nueve millones trescientos siete mil ciento noventa y siete pesos ($ 9.307.197).

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

4. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias (I.J) del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022 C.P. Enrique Gil Botero.

(3) “ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. (Se destaca).

(4) Luhmann, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, págs. 5 y 6.

(5) “ART. 627.—Vigencia.

“La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

“1. Corregido por el art. 18, Decreto Nacional 1736 de 2012. Los artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

“2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.

“3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.

“4. Los artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

“5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto.

“6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación 1999-01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda” (Negrillas adicionales).

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, expediente 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”.

(7) “Concierne por igual a los filósofos y a los juristas la cuestión de determinar los requisitos que un ordenamiento jurídico tiene que llenar para poder ser considerado como un “derecho justo” o, lo que es lo mismo conforme con la justicia en la medida de lo posible. Concierne esta cuestión a los filósofos, porque por lo menos desde Platón el tema de los contenidos de justicia y de la ordenación “justa” de la convivencia humana es uno de los problemas centrales de la ética. Y concierne a los juristas, porque, si bien es cierto que los juristas pueden limitarse a cumplir las normas de un concreto derecho positivo, o las decisiones judiciales que en ese derecho positivo sean vinculantes, no pueden evitar que se les coloque incesantemente ante el problema de saber si lo que hacen es o no “justo”, sobre todo cuando las relaciones vitales cambian y los casos no se plantean ya de un modo igual. La perspectiva que en esta materia arroja más luz es, sin embargo, otra. De acuerdo con una larga tradición de la filosofía occidental, la tarea de los filósofos consiste en buscar la “unidad” que subyace bajo la multiplicidad de las normas y de las decisiones, en buscar dónde está la razón última de la validez. La tarea del jurista, en cambio, consiste en encontrar decisiones justas de casos concretos. De esto modo los unos apenas tienen noticia de lo que los otros hacen y ello es igualmente nocivo para ambos. Si los filósofos hubieran tenido en cuenta el material que los juristas han puesto a su disposición al reflexionar sobre puntos de vista que tienen que utilizar en la búsqueda de decisiones “justas”, hubieran podido ofrecernos algo más que unas formulaciones de una indeterminación tan grande que no siempre sin razón se les reprocha ser poco más que simples “fórmulas vacías”. Y si los juristas hubieran contemplado los puntos de vista que buscan y que utilizan, desde la perspectiva de una ética jurídica que vaya más allá de cada concreto derecho positivo, hubieran apreciado mejor y más conscientemente el “valor” de tales puntos de vista. Hace falta, pues, tender un puente…” Larenz, Karl “Derecho justo”, Reimpresión, Ed. Civitas, Madrid, 1985, proemio.

(8) Geny, Francois “Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo”, Ed. Biblioteca de autores españoles y extranjeros, 2ª edición, Madrid, 1925, pág. 111.

(9) Dworkin, Ronald “Los derechos en serio”, Ed. Ariel, Barcelona, 1999, pág. 72.

(10) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2007, expediente 2003-01162-01(1926-04), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(11) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, sentencia del 30 de enero de 2013, radicación 41024, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

(12) Sobre el citado principio de derecho procesal, la Corte Constitucional ha puntualizado: “Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.” Corte Constitucional, Sentencia C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(13) En relación con el concepto de “exceso ritual manifiesto”, se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-264 de 2009 y T-599 de 2009.

(14) Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado su posición, en los siguientes términos: “En este caso, como en otros, el tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda… Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remetida en copia simple 197. Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no sólo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado.” Corte IDH, caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010.

(15) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad extracontractual del Estado. Ed. Temis. Quinta edición. Bogotá, D.C. 2011. pág. 318.

(16) De la Cuetara, Juan Miguel. La actividad de la administración. Lecciones de derecho administrativo. Ed. Tecnos S.A. Madrid. 1983. págs. 577 a 578.

(17) “Como lo indica su propia denominación, para dicha teoría todas las condiciones son del mismo valor (equivalentes) en la producción del daño (Aequivalenztheorie). No cabe, por consiguiente, hacer distinciones, todas son indispensables, de modo que si faltase una sola no habría acaecido.

“Cada condición —se afirma— origina la causalidad de las otras y el conjunto determina el evento causa causae est causa causati. Como la existencia de este depende de tal punto de cada una de ellas, si hipotéticamente se suprimiese alguna (condijo(sic) sine qua non) el fenómeno mismo desaparecería: sublata causa tollitur effectus.

“En consecuencia —sostiene von Buri—, dada la indivisibilidad material del resultado, cada una de las condiciones puede considerarse al mismo tiempo causa de “todo” el desenlace final. Es suficiente, pues, que un acto haya integrado la serie de condiciones desencadenantes del efecto dañoso para que pueda juzgar que lo causó. Por lo tanto, se concluye, para la atribución de un hecho a una persona es suficiente que ella haya puesto una de las condiciones necesarias para su advenimiento”. Goldenberg, Isidoro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Editorial La Ley. Argentina. 2000. pág. 16.

(18) “Elevar al rango de causa de un daño a cada uno de los numerosos hechos antecedentes cuya ocurrencia determina precisamente ese resultado, significa extender ilimitadamente las consecuencias que derivan del encadenamiento causal de los sucesos.” Ibídem. pág. 17.

“Tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo, como se propone en la teoría de la equivalencia de condiciones, o de la causalidad ocasional expuesta por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de septiembre de 1.935, según la cual “en estos casos si la persona culpable se hubiera conducido correctamente, el perjuicio no habría ocurrido”, a la cual se refiere también un salvamento de voto del Dr. Antonio J. de Irisarri del 8 de octubre de 1986 (exp. 4587), en el cual se expresa que “con fines simplemente analíticos, para verificar esa relación de causa a efecto, puede examinarse qué ocurriría o habría ocurrido, si el suceso-causa no se hubiera dado. Si la respuesta es en el sentido de que el efecto no habría sucedido, ha de admitirse que aquél sí constituye causa de este, porque justamente para que el efecto se dé en la realidad, tiene que ocurrir aquél. En la hipótesis contraria no existiría relación esa relación de causalidad”.

“Tal posición llevaría a que en el clásico ejemplo citado por José Melich, el sastre que retrasa por negligencia la entrega de un abrigo de viaje, tendría que responder por el accidente ferroviario que sufrió su cliente que debió por tal motivo aplazar su viaje. Como lo señala el doctor Javier Tamayo Jaramillo, “deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría absurdamente, buscar responsables hasta el infinito”.

“Lorenzetti puntualiza aquí: “No basta, según esta idea, la mera supresión mental hipotética, esto es borrar mentalmente la causa para ver si el resultado se produce o no sin ella. Es necesario emitir un juicio acerca de la regularidad con que se producen los fenómenos (constancia posible) lo que nos proporciona la noción de “causa adecuada”. (Ob. cit. pág. 261).

“Tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, “sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y normalmente producirlo”.

“H. Mazeaud, citado por José Melich Orsini, en “La responsabilidad civil por los hechos ilícitos” (Biblioteca de la academia de ciencias políticas y sociales, Caracas, 1995, págs. 211 a 215) expresa sobre el punto: “Hoy día la mayor parte de los autores han abandonado la teoría de la equivalencia de condiciones: ellos no admiten que todos los acontecimientos que concurren al a realización de un daño sean la causa de tal daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Parece, en efecto, que para ser retenido como causa desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es decir, para ser susceptible de comprometer la responsabilidad civil de su autor, el acontecimiento debe haber jugado un papel preponderante en la realización del daño. Pero los jueces serán libres de apreciar si el acontecimiento ha jugado o no un papel suficiente en la producción del daño para ser retenido como causa del daño. NO se puede ligar a la jurisprudencia por un criterio absoluto, ni aun por el criterio propuesto por los partidarios del a causalidad adecuada: el criterio de la normalidad. Todo lo que puede exigirse es que el acontecimiento haya jugado un papel preponderante, un papel suficiente en la realización del daño. Quienes no quieren adoptar el criterio de la normalidad propuesto por la teoría de la causalidad adecuada, son partidarios de la llamada tesis de la causalidad eficiente, esto es: que lo que debe investigarse es si el hecho ha jugado o no un papel preponderante, una función activa en la producción del daño”.

“Ennecerus, citado en la misma obra, expresa: “En el problema jurídico de la causa, no se trata para nada de causa y efecto en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas... Prácticamente importa excluir la responsabilidad por circunstancias que, según su naturaleza general y las reglas de la vida corriente, son totalmente indiferentes para que surja un daño de esa índole y que, solo como consecuencia de un encadenamiento totalmente extraordinario de las circunstancias, se convierte en condición del daño. Así, pues, se labora con un cálculo de probabilidades y solo se reconoce como causa, aquella condición que se halla en conexión adecuada con un resultado semejante”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de septiembre de 1997, expediente 11.764.

(19) Sobre la valoración del testimonio Francois Gorphe señala: “... La prueba testimonial no resulta tan sencilla como aparece a primera vista: es posible descomponerla en varios elementos o puntos de vista, llamados a completarse, como hacen los diversos órdenes de pruebas: no solamente la persona del testigo, más o menos digna de fe, debe ser examinada para determinar el valor de su testimonio, sino además el objeto de la deposición más o menos propio para ser reproducido, y las condiciones de formación del testimonio, más o menos favorables. El valor del testimonio depende, pues de numerosos factores, dentro de eso tres aspectos principales. Sin duda y por suerte, no todos requieren investigación en cada caso, y basta fijar la atención sobre factores determinantes o discutidos; pero desde luego es preciso conocer su conjunto, para no incurrir en omisiones y para saber plantear el problema que haya de ser resuelto en concreto; de igual modo que un médico debe observar el conjunto del cuerpo antes de reconocer especialmente la parte enferma. Los procedimientos de examen difieren según que la dificultad resida sobre uno o sobre otro de los tres órdenes de factores de valoración antes citado”. En François Gorphe, Apreciación judicial de las pruebas, Bogotá, Temis, 1985, p. 362.

El mismo autor, señala estos tres aspectos a manera de pregunta, para realizar la crítica del testimonio: “¿Cuál es el valor del testigo o su aptitud para hacer un buen testimonio? ¿Cuál es la propiedad del objeto para facilitar un testimonio? ¿En qué condiciones se ha formado el testimonio?”. En Francois Gorphe, La crítica del testimonio, Madrid, editorial Reus S.A., 1985, p. 305.

(20) ART. 254.—Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. [Nota al pie fuera del texto original].

(21) ART. 294.—Criterios para la apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio. [Nota al pie fuera del texto original].

(22) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 15 de diciembre de 2000, radicación: 13.119.

(23) Concentración de alcohol: 336 mg%

(24) Sánchez Prada María Dolores, Guía Práctica para realizar el Dictamen Forense sobre Embriaguez, Ed. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 1993, págs. 1 y 2.

(25) Sánchez Prada María Dolores, Guía Práctica para realizar el Dictamen Forense sobre Embriaguez, cit., pág. 9.

(26) Giraldo G., César Augusto, Medicina Forense, Medellín, Señal Editora, Medellín, 2001, 10ª edición, págs. 456 y 457.

(27) Acerca del concepto de posición de garante, así como su aplicación en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado, se pueden consultar las siguientes sentencias: de 4 de octubre de 2007, expediente 15567, de 4 de diciembre de 2007, expediente 16894, y 20 de febrero de 2008, expediente 16696.

(28) Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosch, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(29) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16235, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(31) Mazeaud, Henri y León, y Tunc, André “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil”, Tomo Segundo, Volumen II, Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1963, pág. 40.

“Pero la doctrina y la jurisprudencia discuten sobre la necesidad de que ese hecho exclusivo de la víctima sea imprevisible e irresistible. Los Mazeaud sostienen que la “imprevisibilidad y la irresistibilidad no son necesarias al hecho exclusivo de la víctima, para que este exonere de responsabilidad.” Tamayo Jaramillo, Javier “Tratado de responsabilidad civil”, Ed. Legis, Tomo II, pág. 61.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, expediente 17.042, C.P. Enrique Gil Botero.

(33) Fecha de la sentencia de segunda instancia.

(34) Fecha de la sentencia de primera instancia.

(35) Fecha de la sentencia de segunda instancia.

(36) Fecha de la sentencia de primera instancia.

(37) Fecha de la sentencia de segunda instancia.

(38) Fecha de la sentencia de primera instancia.

(39) Fecha de la sentencia de segunda instancia.

(40) Fecha de la sentencia de primera instancia.