Sentencia 1996-02528 de junio 22 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 25000-23-26-000-1996-02528-01(20306)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Deimar Giraldo Muñoz

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de proponer el recurso, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998(1).

II. Hechos probados

9. Teniendo en cuenta los documentos aportados al proceso que se hallan en estado de valoración por cumplir con los requisitos legales establecidos para ello por el Código de Procedimiento Civil, cuyas normas sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, fueron incorporadas a los procesos contencioso administrativos en virtud de lo dispuesto por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en especial la copia auténtica del proceso penal allegada al sub lite por el Juzgado Promiscuo Municipal de Junín-Cundinamarca, encuentra la Sala acreditados los siguientes hechos:

10. Los señores Dorly Carmenza, Ciro Elmer, Luci Magnolia, Cielo Esneda y Deimar Giraldo Muñoz Urbano son hermanos, hijos todos de Mesías Muñoz y Hermógenes Urbano; los hermanos viven todos juntos en Bogotá, el papá en el pueblo de Mercaderes, Cauca —la madre falleció— y sostienen una buena relación familiar (certificados de registro civil de nacimiento, fls. 1 a 5, cdno. 2; testimonios de los señores Marilu Benítez Urbano, Mario León Urbano Santacruz y Azuleyda Urbano Santacruz, originarios del mismo pueblo de los demandantes, Mercaderes (Cauca) y los conocen desde niños, fls. 56 a 61, cdno. 2).

11. El señor Deimar Giraldo Muñoz Urbano ingresó al Ejército Nacional como soldado voluntario mediante orden administrativa de personal el 18 de noviembre de 1992 y fue retirado del servicio activo por orden administrativa de personal Nº 1152 del 30 de noviembre de 1994, con novedad fiscal al 1º de diciembre de 1994, por la causal de incapacidad relativa y permanente (informe enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el jefe de la sección de soldados voluntarios del Ejército Nacional, fl. 53, cdno. 2 y oficio dirigido a la Juez 113 de Instrucción Penal Militar por el comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 34 el 21 de febrero de 1995, que reposa en el proceso penal, fl. 84, cdno. 2).

12. El señor Deimar Giraldo Muñoz Urbano fue herido por un disparo de arma de dotación oficial en su pierna izquierda cuando se desempeñaba como soldado del Ejército Nacional, por otro miembro de esta institución, cuando se hallaba cumpliendo misiones de orden público en la Compañía de Contraguerrillas Búfalo en la jurisdicción de Junín-Cundinamarca (copia auténtica del proceso penal Nº 1102 del Juzgado Promiscuo Municipal de Junín Cundinamarca, que por lesiones personales se adelantó en contra de Luis Francisco Pineda Pineda, fl. 72, cdno. 2. En dicho proceso reposa el informe enviado al Comandante del Batallón de Contraguerrillas por el Comandante de la Compañía Búfalo el 26 de junio de 1994, en el que consta que el soldado voluntario Deimar Giraldo Muñoz Urbano fue herido por un disparo de fusil galil y fue conducido al hospital, mientras que el soldado voluntario Pineda Pineda Luis Francisco fue remitido al puesto de mando atrasado; informe presentado al comandante de la Compañía Búfalo por el comandante encargado sobre los hechos ocurridos el 26 de junio de 1994 a las 9:00 a.m. en la zona rural del municipio de Junín, en el cual relata que “Encontrándome en el cambucho (sic) leyendo escuché un disparo e inmediatamente salí del cambuche y observé que el slv Pineda Pineda Luis Francisco CM. 7959780 le había pegado un tiro al slv Muñoz Urbano Deimar CM. 79504466 de inmediato procedí a quitarle el armamento de dotación al agresor y colocándole custodia procedí a darle la orden al CP González Cuestas Fernando para que se dirigiera con el herido al puesto de salud de la localidad a fin de que se le prestara los primeros auxilios (…), procedí a llevar a agresor al calabozo de la Policía, intentando este agresor huir por la parte trasera (…)”; certificación del suboficial de personal del BCG34 y el Comandante del Batallón de Contraguerrillas Nº 34 sobre el cumplimiento de misiones de orden público que adelantaba el slv. Muñoz Urbano Deimar, el 26/jun./94).

13. El señor Luis Francisco Pineda Pineda ingresó como soldado voluntario mediante orden administrativa de personal Nº 1118 del 31 de diciembre de 1993 al Batallón de Contraguerrillas Nº 34 “Jaime Fajardo”, adscrito a la Décima Tercera Brigada con sede en Bogotá, en donde se encontraba laborando para la fecha en la que se informó al Tribunal de Cundinamarca (informe rendido por el Jefe de la Sección de Soldados Voluntarios del Ejército Nacional, fl. 53, cdno. 2; constancia expedida dentro del proceso penal por el Comandante del Batallón de Contraguerrillas Nº 34, en la que consta además que para el 26 de junio este soldado se hallaba prestando sus servicios en la Compañía de Contraguerrillas Búfalo en cumplimiento de misiones de orden público en el área general de Junín-Cundinamarca).

14. El soldado voluntario Luis Francisco Pineda Pineda fue procesado y condenado penalmente por el delito de lesiones personales en contra del también soldado Deimar Giraldo Muñoz, en actuaciones iniciadas por la justicia penal militar, que a través de auto del 29 de julio de 1994 del Juzgado 113 de Instrucción Penal Militar decretó en su contra medida de aseguramiento consistente en caución juratoria, por considerar que estaba acreditado que el procesado obró con dolo, pues “(…) era conocedor sobre la forma como se cometía el ilícito de lesiones personales y quería su resultado, es así como está demostrado que cogió su fusil de dotación, lo cargó e hizo el disparo (…) el cual rebotó en el muslo izquierdo del hoy lesionado (…) simplemente porque estaba discutiendo y peleando con su compañero (…)”. No podemos olvidar tampoco que Pineda es un buen conocedor de los efectos que puede producir el cargar y disparar un fusil, recordemos que él había prestado su servicio militar y llevaba además ocho meses como soldado voluntario no pudiendo entonces calificar su instrucción de somera máximo cuando hace parte de un Batallón de Contraguerrillas (…). El decálogo de armas es muy explícito en su contenido y si no acatamos su contenido se pone en peligro la vida tanto del que la incumple como la de los demás” (copia del proceso penal, cuaderno 2, en el cual consta la remisión que de las actuaciones efectuó la justicia penal militar a la justicia ordinaria, juez penal municipal de Junín, por competencia y sentencia —debidamente ejecutoriada— del 24 de noviembre de 1997 del mismo juzgado en la cual Luis Francisco Pineda Pineda fue condenado a 3 años de prisión por el delito de lesiones personales en contra de Deimar Muñoz Urbano y se le condenó también a pagar, a favor de este último, la suma de $ 143.525 por concepto de daños materiales y la suma equivalente a 40 gramos de oro, por concepto de daños morales; fls. 108, 147 y 167, cdno. 2).

15. El soldado Deimar Giraldo Muñoz Urbano, fue llevado el 26 de junio de 1994 al Hospital Militar Central de Bogotá, en donde fue intervenido para corregir la herida de tejidos blandos de su muslo izquierdo que le fue ocasionada con proyectil de arma de fuego “(alta velocidad-Galil)” —no hubo compromiso óseo, vascular o nervioso ni limitación para los movimientos— y fue dado de alta en buenas condiciones generales, el 11 de julio del mismo año (copia auténtica de la historia clínica remitida al tribunal a quo por el jefe de la sección de bioestadística del Hospital Militar Central, fls. 6 a 24, cdno. 2).

16. La herida sufrida por Deimar Giraldo le produjo una cicatriz irregular, deprimida, hipertrófica e hipercrómica de 15 cm transversa en el tercio medio de la cara anterior del muslo izquierdo que es ostensible y constituye una deformidad física de carácter permanente, le ocasionó una incapacidad de 25 días provisional, le dejó como secuelas atrofia del cuadriceps izquierdo y pérdida de masa muscular, cicatriz queloide dolorosa en el muslo izquierdo, una incapacidad relativa y permanente por la cual fue declarado no apto para el servicio por la junta médica laboral, dirección de sanidad del Ejército Nacional, que también determinó una disminución de la capacidad laboral del 34.9% y concluyó que se trataba de una lesión “(…) ocurrida en el servicio pero no por causa y razón del mismo (…)” (dictamen de medicina legal del 7 de octubre de 1994 obrante dentro del proceso penal y copia auténtica del acta 2037 del 18 de noviembre de 1994 de la junta médica laboral, dirección de sanidad del Ejército Nacional, enviada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el comandante del Batallón de Sanidad del Ejército, fls. 47 a 51, cdno. 2).

17. Deimar Giraldo Muñoz Urbano devengaba, en junio de 1994, la suma de $ 169.331, como soldado voluntario del Ejército Nacional (constancia expedida por el jefe de la Sección de Procesamiento del Comando del Ejército, fl. 68, cdno. 2).

18. El señor Luis Francisco Pineda Pineda, soldado voluntario condenado penalmente por las lesiones ocasionadas a Deimar Giraldo, consignó en la Caja Agraria a órdenes del Juzgado Promiscuo Municipal de Junín, la suma de $ 639.125 por concepto de la condena pecuniaria que le fuere impuesta por los mismos hechos a título de indemnización de perjuicios al lesionado (documentos obrantes en el proceso penal trasladado: oficio del juzgado dirigido a la Caja Agraria solicitándole recibir tal suma del depositante por el concepto señalado y teniendo como denunciante a Deimar Muñoz Urbano; título de depósito judicial 1700942, del 2 de abril de 1998; oficio dirigido por el juzgado a Deimar Giraldo Muñoz Urbano solicitándole comparecer al despacho para retirar el título judicial; fls. 171, 172 y 174, cdno. 2).

III. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar en primer lugar, si el hecho dañoso probado en el proceso le es imputable o no a la entidad demandada, teniendo en cuenta que las lesiones sufridas por el demandante y que le produjeron un daño antijurídico, fueron ocasionadas por otro soldado, con arma de dotación oficial y si las mismas fueron producidas con ocasión del servicio o por causa del mismo. En segundo lugar, deberá establecerse cuál es la indemnización a la que tiene derecho la parte actora.

IV. Análisis de la Sala

20. En relación con el primer punto, se observa que de conformidad con el acervo probatorio recaudado, el demandante Deimar Giraldo Muñoz sufrió lesiones por la herida con arma de fuego que le propinaron en el muslo de su pierna izquierda y que le produjo no sólo secuelas de índole física —deformidad física permanente— sino también la desvinculación de la institución armada por considerarlo no apto y una disminución de su capacidad laboral que fue tasada en el 34.9% (ver párrafo 16), todo lo cual, sin lugar a dudas, constituyó un daño antijurídico tanto para la víctima directa de la lesión como para sus parientes más cercanos —padre y hermanos—.

21. Se probó así mismo, que dicha lesión fue ocasionada por un compañero suyo, con arma de dotación oficial, cuando se hallaban en misiones de orden público, en zona rural del municipio de Junín, lo que conduce a averiguar si esta circunstancia resulta suficiente para imputarle responsabilidad a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

22. Al respecto, se observa que la responsabilidad de la administración surge, en principio, de una falla del servicio, que es aquella que se presenta cuando el servicio no funciona, o funciona mal o tardíamente, por el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las autoridades y de tal circunstancia se derivan daños a terceros, debiéndose probar, por lo tanto, cuando se alega, la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir aquel que jurídicamente no está obligada a soportar y el nexo de causalidad entre estos dos, es decir que fue ese erróneo e ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño.

23. Cuando el daño por el cual se reclama proviene de la utilización de armas de dotación oficial, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha acudido al régimen de imputación de responsabilidad del riesgo excepcional, toda vez que tratándose de una actividad peligrosa, el daño que de ella se derive le es imputable a quien la ejerce, en este caso el Estado, pues asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos.

24. El de riesgo excepcional es un régimen de responsabilidad objetivo, en el cual ésta surge de la sola constatación de la existencia del daño antijurídico y su nexo causal con el servicio, independientemente de la calificación de la actuación del agente estatal como legal o ilegal, la cual resulta irrelevante para efectos de la imputación de responsabilidad a la entidad estatal, que tan solo podrá exonerarse de la misma mediante la comprobación de una causa extraña que rompa el nexo causal, como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero(2).

25. No obstante, también se ha considerado que si se comprueba la existencia de una falla del servicio en tales eventos, debe ser éste el régimen de responsabilidad bajo el cual se decida, pues ello conlleva poner en evidencia el mal funcionamiento de la administración, a fin de que se estudien y adopten las medidas de política pública correspondiente y para facilitar la acción del Estado(3).

26. En el presente caso, se probó que fue una indebida actuación de un agente estatal la directa causante del daño, porque fue un proyectil disparado intencional e imprudentemente por un soldado en servicio, con arma de dotación oficial, el que produjo la herida de Deimar Giraldo.

27. Para la Sala no cabe duda alguna de que la condena penal que recayó sobre el soldado Luis Francisco Pineda Pineda por las lesiones personales que le ocasionó a su compañero Deimar Giraldo Muñoz Urbano, es una clara demostración de la falla del servicio como causante del daño antijurídico sufrido por los demandantes y que no permite afirmar que se hubiera tratado de un acto exclusivo del militar, ajeno a sus funciones y por lo tanto constitutivo de una causa extraña que rompió el nexo con el servicio, como lo dedujo el a-quo, puesto que fue el mismo estamento militar quien consideró lo contrario, al manifestar, en la providencia judicial en la que se le dictó medida de aseguramiento y que fue mencionada en los hechos probados (párr. 14), que el soldado Pineda era un buen conocedor de los efectos que puede producir el cargar y disparar un fusil, que había prestado su servicio militar y llevaba además ocho meses como soldado voluntario, por lo que no podía calificarse su instrucción de somera, cuando además hacía parte de un Batallón de Contraguerrillas y finalmente, aludió al decálogo de armas de la institución, manifestando que era muy explícito en su contenido y que si no se acataba, se ponía en peligro la vida tanto del que lo incumplía como la de los demás, en una clara alusión al incumplimiento de dicho reglamento por parte del procesado penal.

28. De acuerdo con lo anterior, la conducta del agente estatal —quien actuó cuando se hallaba en ejercicio de sus funciones y con arma de dotación oficial— no estuvo totalmente desligada del servicio, como se exige por la jurisprudencia para poder admitir la existencia de una causa extraña generadora del daño que exonere de responsabilidad a la administración. Como tampoco puede afirmarse que la actuación de ésta, manifestada precisamente en los hechos protagonizados por su agente, haya estado ajustada a los cánones del buen servicio, sino todo lo contrario, constituyó un incumplimiento de las obligaciones a su cargo y por lo tanto, un deficiente funcionamiento estatal, es decir, una falla del servicio a la que se le atribuye el daño antijurídico por el que se reclama en el sub lite, razón por la cual considera la Sala que la sentencia de primera instancia debe ser revocada y así lo decidirá en la parte resolutiva de la presente providencia, procediendo a continuación, al análisis de los perjuicios solicitados en la demanda.

IV. Los perjuicios.

Perjuicios morales

29. En la demanda se pidieron perjuicios morales para el lesionado, su padre y sus hermanos, petición sobre la cual observa la Sala que resulta procedente su reconocimiento, en la medida en que corresponden al dolor, la angustia, la aflicción, la zozobra, el temor, etc., padecidos con ocasión del hecho dañoso, sentimientos que sin duda alguna experimentó Deimar Giraldo Muñoz Urbano cuando fue herido con arma de fuego por su compañero en una pierna y cuando tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para reducir la herida, lo que implicó, según la historia clínica, pérdida de masa muscular. Tales sentimientos, atendidas las reglas de la experiencia, también son padecidos en mayor o menor grado por los miembros del núcleo familiar —padres, hermanos, hijos—, respecto del cual, probado el parentesco, como en el sub lite, se presumen los lazos de afecto y solidaridad, que permiten inferir así mismo la afectación que produce en ellos la lesión a la integridad física de cualquiera de sus miembros.

30. En relación con la cuantía de la indemnización, observa la Sala en primer lugar, que la condena se efectuará en salarios mínimos legales mensuales vigentes, siguiendo la actual pauta jurisprudencial de la Sección(4) y en segundo lugar, que es necesario tener en cuenta que tratándose de la afectación de los sentimientos de las personas, los cuales no tienen precio y por lo tanto no hay dinero que pueda restablecer el daño ocasionado a los mismos, el reconocimiento que se hace por esta clase de perjuicios apunta a compensar de alguna manera a sus víctimas y la cuantía es establecida de acuerdo en el arbitrio judice, que en el presente caso es orientado por la jurisprudencia de la Sección Tercera, la cual ha considerado que en aquellos eventos en los que se infiere un mayor grado de intensidad del perjuicio, como son los de la pérdida de un ser querido, resulta procedente el reconocimiento del equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto a partir del cual se efectúa el cálculo de los perjuicios morales en todos los demás eventos.

31. En consecuencia, en la presente ocasión, la Sala considera que, en virtud de la magnitud de las lesiones padecidas por Deimar Giraldo Muñoz, resulta procedente reconocer a su favor el equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a favor de su padre y hermanos, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Alteración de las condiciones materiales de existencia

32. En la demanda se pidió la indemnización del daño fisiológico a favor del señor Deimar Giraldo Muñoz Urbano, causado con ocasión de las lesiones padecidas “(…) y que sin duda afectarán su vida en relación”, en cuantía equivalente a 1000 gramos oro.

33. Al respecto, teniendo en cuenta el tipo de daño en torno al cual se determina el problema de derecho que debe ser resuelto en esta oportunidad, resultan pertinentes las consideraciones que en reciente providencia efectuó la Sección Tercera al respecto:

“De con conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 86 del Código Contencioso Administrativo y 16 de la Ley 446 de 1998(5), según han sido interpretadas dichas normas por la jurisprudencia de esta Sala, el Estado deberá reparar integralmente los daños antijurídicos que le sean imputables y, en cumplimiento de ese deber, tendrá que indemnizar, no solo los daños de orden material, sino también los perjuicios extrapatrimoniales e inmateriales(6), comprendidos dentro de estos últimos aquellos que la jurisprudencia ha definido, en diferentes etapas, como los perjuicios causados por “daños fisiológicos”, “daños a la vida de relación” o “alteraciones graves a las condiciones de existencia”(7).

21. En la sentencia del 19 de julio de 2000 el Consejo de Estado optó por dejar de utilizar la expresión “daño fisiológico”, comoquiera que existen daños extrapatrimoniales que surgen de alteraciones diferentes a las físicas o “fisiológicas”, cuya reparación debe estar también enmarcada dentro del concepto de reparación integral al que se hizo alusión más arriba. En esa oportunidad, la Sala prefirió unificar criterios en torno a la utilización de la noción de “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, con las consideraciones que a continuación se citan:

Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre.

De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que, como lo advierte el profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, la integridad física(8). Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el D. 1260/70, art. 4º), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que —al margen del perjuicio material que en sí misma implica— produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas.

Debe decirse, además, que este perjuicio extrapatrimonial puede ser sufrido por la víctima directa del daño o por otras personas cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre otras. Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que —además del perjuicio patrimonial y moral— puedan sufrir la esposa y los hijos de una persona, en su vida de relación, cuando ésta muere. Así sucederá, por ejemplo, cuando aquéllos pierden la oportunidad de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por su padre y compañero, o cuando su cercanía a éste les facilitaba, dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra índole, el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas, que, en su ausencia, resultan imposibles.

Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio al que se viene haciendo referencia no alude, exclusivamente, a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, como parece desprenderse de la expresión préjudice d´agrement (perjuicio de agrado), utilizada por la doctrina civilista francesa. No todas las actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo. Es por esto que, como se anota en el fallo del 25 de septiembre de 1997, algunos autores prefieren no hablar de un perjuicio de agrado, sino de desagrado. Lo anterior resulta claro si se piensa en la incomodidad que representa, para una persona parapléjica, la realización de cualquier desplazamiento, que, para una persona normal, resulta muy fácil de lograr, al punto que puede constituir, en muchos eventos, un acto reflejo o prácticamente inconsciente.

En este sentido, son afortunadas las precisiones efectuadas por esta Sala en sentencia del 2 de octubre de 1997, donde se expresó, en relación con el concepto aludido, que no se trata de indemnizar la tristeza o el dolor experimentado por la víctima —daño moral—, y tampoco de resarcir las consecuencias patrimoniales que para la víctima siguen por causa de la lesión —daño material—, “sino más bien de compensar, en procura de otorgar al damnificado una indemnización integral... la mengua de las posibilidades de realizar actividades que la víctima bien podría haber realizado o realizar, de no mediar la conducta dañina que se manifestó en su integridad corporal”(9).

Para designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él. Tal vez por esta razón se explica la confusión que se ha presentado en el derecho francés, en algunos eventos, entre este tipo de perjuicio y el perjuicio material, tema al que se refiere ampliamente el profesor Henao Pérez, en el texto citado(10).

De acuerdo con lo anterior, resulta, sin duda, más adecuada la expresión daño a la vida de relación, utilizada por la doctrina italiana, la cual acoge plenamente esta corporación. Se advierte, sin embargo, que, en opinión de la Sala, no se trata simplemente de la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos otros actos de su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas del mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior; aquél que afecta directamente la vida interior sería siempre un daño moral.

Por último, debe precisarse que, como en todos los casos, la existencia e intensidad de este tipo de perjuicio deberá ser demostrada, dentro del proceso, por la parte demandante, y a diferencia de lo que sucede, en algunos eventos, con el perjuicio moral, la prueba puede resultar relativamente fácil, en la medida en que, sin duda, se trata de un perjuicio que, como se acaba de explicar, se realiza siempre en la vida exterior de los afectados y es, por lo tanto, fácilmente perceptible. Podrá recurrirse, entonces, a la práctica de testimonios o dictámenes periciales, entre otros medios posibles.

Lo anterior debe entenderse, claro está, sin perjuicio de que, en algunos eventos, dadas las circunstancias especiales del caso concreto, el juez pueda construir presunciones, con fundamento en indicios, esto es, en hechos debidamente acreditados dentro del proceso, que resulten suficientes para tener por demostrado el perjuicio sufrido. Un ejemplo claro de esta situación podría presentarse en el caso que nos ocupa, en el que si bien el perjuicio extrapatrimonial a la vida de relación de José Manuel Gutiérrez Sepúlveda se encuentra perfectamente acreditado, con base en los dictámenes periciales practicados, como se verá en seguida, su existencia e incluso su intensidad habrían podido establecerse a partir de la sola demostración de la naturaleza de la lesión física sufrida y las secuelas de la misma, a más de las condiciones en que se desarrollaba, según los testimonios recibidos, su vida familiar y laboral, antes del accidente.

Respecto de la cuantía de la indemnización, su determinación corresponderá al juez, en cada caso, conforme a su prudente arbitrio, lo que implica que deberá tener en cuenta las diferentes pruebas practicadas en relación con la intensidad del perjuicio, de modo que la suma establecida para compensarlo resulte equitativa. Y es obvio que debe hablarse de compensación, en estos eventos, y no de reparación, dado que, por la naturaleza del perjuicio, será imposible, o al menos muy difícil, en la mayor parte de los casos, encontrar un mecanismo que permita su reparación in natura o con el subrogado pecuniario(11).

22. A pesar del impacto unificador que tuvo la citada sentencia, lo cierto es que la expresión “vida de relación” no fue suficiente para establecer las situaciones de la vida que debían enmarcarse dentro de dicho concepto, lo que dio lugar a criterios disímiles en el seno de la corporación, razón por la cual la Sala decidió variar esa denominación y reemplazarla por la expresión “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, decisión que fue asumida en la sentencia del 15 de agosto de 2007, en la cual se dijo:

En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(12).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(13) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(14) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(15).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones.

En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, evidentemente extraordinario (resaltado del texto trascrito)(16).

23. De conformidad con lo antes citado, para que sea procedente el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios causados por “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, se tienen como requisitos los siguientes:

24. (i) Que se trate de un perjuicio autónomo en relación con los demás tipos de perjuicio. Debe tratarse de una alteración que tenga una connotación especial en la vida del sujeto, que modifique de modo “superlativo” las condiciones habituales en las que la persona se desenvolvía, que signifiquen un contraste significativo en relación con lo que implicaba la existencia normal del sujeto pasivo del daño antes que ocurriera el hecho generador de la alteración a las condiciones de existencia. En relación con las características que debe reunir un daño para que se pueda considerar que constituye “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, la Sala ha precisado:

En el presente caso, para la Sala es claro que la víctima sufrió, a más de un daño moral, que se refleja en el estado de zozobra, angustia y temor padecido, una alteración a las condiciones de existencia(17), que en la demanda se solicita como “perjuicio fisiológico”, el cual rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida exterior.

La Sala ha considerado(18) que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran las condiciones habituales o de existencia de las personas.

Tal perjuicio, como los demás, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, familiar, laboral, placentera, o de cualquier otra índole.

En el caso que ocupa a la Sala, resulta evidente que la víctima sufrió tanto daño moral como una alteración a las condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y, se refieren, especialmente, a la preocupación y la angustia que le produjo la gravedad de la lesión. Pero además es innegable que el señor Tedolfo López Díaz se vio afectado por la imposibilidad de realizar aquellas actividades que normalmente desarrollaba(19).

25. Debe aclararse en este punto que esta corporación ha dicho que los daños de orden “fisiológico” pueden tener un carácter genérico, en la medida en que una afectación corporal de determinado tipo puede tener consecuencias presumibles respecto de todos los casos, sin que sea necesaria una demostración particular en este punto; o bien puede ser de carácter subjetivo, comoquiera que no todas las personas realizan las mismas actividades cotidianamente, o las mismas no tienen el mismo significado para las condiciones de existencia de las diferentes personas:

Para cuantificarlo, la Sala tomará en cuenta lo expuesto en la sentencia de 13 de (SIC) de 1997, expediente 12.499… en lo pertinente se expuso: “Para la cuantificación del daño debe tenerse en cuenta que los perjuicios fisiológicos pueden ser genéricos, es decir, aquellos que se producen en todas las personas que padecen la lesión y que no necesitan otras pruebas para su reconocimiento, vgr.: pérdida de sentidos como la vista, la audición, el habla, de órganos como los de la reproducción; o, pueden ser específicos, que se presentan por incidencia de la lesión, en las actividades placenteras o el goce espiritual que disfrutaba la víctima antes de producirse el evento dañoso y que deben acreditarse en el expediente, tales como la pérdida de la extremidad superior de un pianista, o, un tenista, una extremidad inferior de un ciclista, etc. Es cierto que en estos casos de entrada hay lugar al reconocimiento de esta índole de perjuicios, si se demuestra que la víctima ejercía la actividad o pasatiempo y su relación directa con el goce de vivir(20).

26. (ii) Que se trate de un daño cierto y probado, lo que quiere decir que las alteraciones predicadas como graves en relación con la existencia pretérita del sujeto, se encuentren plenamente evidenciadas dentro del proceso, por cualquier medio probatorio, de tal forma que el juzgador tenga a la mano elementos objetivos que le permitan establecer una indemnización razonable para el resarcimiento de los daños.

Es preciso aclarar que la unificación de criterios en torno al uso de la expresión “alteraciones graves a las condiciones de existencia” no obsta para que en cada caso particular se identifique de manera clara el origen del daño que se pretende indemnizar, el que puede tener su causa en afectaciones físicas o fisiológicas de la persona, por lo que no puede pretenderse que la utilización de la expresión “perjuicios fisiológicos” esté totalmente proscrita de la jurisprudencia de la Sala, y deberá ser utilizada cuando las “alteraciones graves a las condiciones de existencia” tengan origen en afectaciones de carácter físico o fisiológico. Otro tanto puede decirse en relación con las alteraciones que tengan su causa en afectaciones de orden psicológico.

28. Esta precisión es relevante, pues además de facilitar la prueba en relación con este particular tipo de perjuicio —de origen fisiológico—, también proporciona al juez mejores criterios para establecer la tasación del perjuicio. En relación con lo primero, es claro que resulta más expedito demostrar las “alteraciones a las condiciones de existencia” cuando queda demostrada la alteración física o fisiológica que les dio origen y, en relación con lo segundo, también es indiscutible que es más fácil establecer el monto de la indemnización cuando en el proceso aparecen medios directos de convicción sobre la afectación física o “fisiológica” padecida, los que sirven también para evaluar las alteraciones producidas por dichas afectaciones y, por esa misma vía, para establecer una tasación de la condena que cumpla con los criterios de razonabilidad que han sido establecidos por la Sala(21).

34. En el presente caso, la cuantía a reconocer a favor del señor Deimar Giraldo Muñoz Urbano, será el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta que la lesión padecida en su pierna izquierda implicó una deformidad física permanente, tal y como lo estableció el Instituto de Medicina Legal (párr. 16), lo cual, a juicio de la Sala, constituye un perjuicio fisiológico que implica una alteración de las condiciones materiales de existencia, en la medida en que se trata de un defecto físico que en relación con cualquier persona redunda, sin lugar a dudas, en una modificación de comportamientos y costumbres y en impedimentos respecto de actividades que antes solían ejercerse con total normalidad.

Perjuicios materiales

Daño emergente

35. No se hará reconocimiento alguno por este concepto, toda vez que si bien en la demanda se pidió $ 1.000.000, por concepto de los gastos de atención inmediata de la tragedia, tales como los médicos, quirúrgicos, hospitalarios, de transporte, etc., no se aportó al plenario prueba alguna de que los demandantes hubieran debido asumir esta clase de gastos, en cambio sí está acreditada la atención médica y quirúrgica que le fue brindada a Deimar Giraldo Muñoz Urbano en el Hospital Militar Central.

Lucro cesante

36. Esta clase de perjuicio será reconocido a favor del lesionado, Deimar Giraldo Muñoz Urbano, toda vez que se probó en el plenario la disminución de su capacidad laboral en un 34.9%, que se derivó para él como consecuencia de las lesiones sufridas, razón por la cual, en el mismo porcentaje, le será reconocido este lucro cesante, teniendo en cuenta el salario que para la época de los hechos —26 de junio de 1994— devengaba como soldado voluntario, esto es, la suma de $ 169.331, suma que será debidamente actualizada con la fórmula usualmente utilizada para ello por la jurisprudencia y teniendo en cuenta así mismo, el término de vida probable de Deimar Giraldo, quien para la época de los hechos contaba con 23 años de edad —pues nació el 28 de febrero de 1971, según su registro civil de nacimiento, fl. 5, cdno. 2), término que de conformidad con las tablas de mortalidad expedidas por la Superintendencia Financiera, era de 52.97 años:

VA= VH índice final

índice inicial

En donde:

VA = Valor actualizado.

VH= Valor histórico.

Índice final = índice de precios al consumidor para la fecha de la presente providencia.

Índice inicial = índice de precios al consumidor vigente el 26 junio de 1994.

VA= 169.331 107,12

24,46

VA= $ 741.567

A este valor, se le aplica el porcentaje de disminución de la capacidad laboral: 34.9%, lo que da como resultado la suma de $ 259.000.

Indemnización debida o consolidada:

37. Es el transcurrido entre la fecha de ocurrencia del daño —26 de junio de 1994— y la fecha de la presente sentencia, que será calculado con la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 259.000.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de los hechos (jun. 26/94) hasta la fecha de la sentencia, esto es, 196,3 meses.

S= $ 259.000 (1 + 0.004867)196.3 - 1

0.004867

S= $ 84´808.110,32

Indemnización futura:

38. Que abarca desde la fecha de la sentencia hasta la vida probable, esto es, resultado de 439,34 meses.

S = Ra (1 + i)n - 1

i(1 + i)n

S = $ 259.000 (1+0.004867)439,34 - 1

0.004867(1.004867)439,34

S= $ 48’174.000

39. Total lucro cesante a favor del lesionado Deimar Giraldo Muñoz Urbano: $ 84´808.110,32 + $ 48’174.000 = $ 132’982.110,32

40. Finalmente, observa la Sala que está acreditado en el plenario (párr. 18) que dentro del proceso penal que se siguió por las lesiones personales ocasionadas a este demandante, el condenado consignó, a órdenes del juzgado penal, la suma de $ 639.125, por concepto de perjuicios materiales y morales a favor de Deimar Giraldo Muñoz Urbano, razón por la cual, deberá descontarse dicho monto de la indemnización a reconocer, luego de efectuar su actualización desde el 2 de abril de 1998, fecha del título judicial, hasta la fecha de esta sentencia, lo que da un total de $ 1.379.191, que se restarán del monto de los perjuicios materiales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Revócase la sentencia de primera instancia, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de febrero de 2001, la cual quedará así:

PRIMERO: Declárase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, responsable de las lesiones ocasionadas a Deimar Giraldo Muñoz Urbano.

SEGUNDO: Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar:

a) Por perjuicios materiales a favor de Deimar Giraldo Muñoz Urbano, la suma de $ 131.602.919,32.

b) Por perjuicios morales a favor de Deimar Giraldo Muñoz Urbano, la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) Por perjuicios morales a favor de los señores Mesías Muñoz Urbano, Dorly Carmenza Muñoz Urbano, Ciro Elmer Muñoz Urbano, Lucy Magnolia Muñoz Urbano y Cielo Esneda Muñoz Urbano, la suma equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

d) Por perjuicio fisiológico y alteración de las condiciones de existencia a favor de Deimar Giraldo Muñoz Urbano, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) El monto de la pretensión mayor —$ 100.000.000 por concepto de lucro cesante—, para la época de presentación de la demanda —18 de junio de 1996—, superaba la cuantía mínima requerida para ello, que era de $ 13.460.000.

(2) Ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2001, expediente 12696, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 13967, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 18674, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 14808, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 26 de abril de 2006, expediente 15427, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13232 y 15646, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(5) [11]“ART. 16.—Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(6) [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación: 05001-23-31-000-1992-1484-01(15791)DM, actor: Ana Julia Muñoz de Peña y otros. Allí se precisa que“[s]i bien es cierto hoy en día la ley exige la reparación integral del daño (L. 446/98, art. 16), lo cual se logra no sólo con la indemnización del perjuicio moral y el perjuicio material sino que también pertenece a esta categoría y debe tenerse en cuenta el mencionado daño a la vida de relación, consistente en la pérdida o disminución de la capacidad de relacionarse con el mundo exterior en la forma en que podía hacerlo el damnificado antes de recibir el daño y como consecuencia de éste, también es cierto que los daños no se presumen y en la medida en que se pretenda una indemnización de perjuicios, éstos deben estar plenamente acreditados en el proceso”.

(7) [13] Sentencia del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación 85001-23-31-000-1997-00448-01(16205), actor: José Eycenjawer Parada Cendales. En esta providencia se hace un recuento de la evolución jurisprudencial del reconocimiento del daño a la vida de relación así: “… El daño a la vida de relación fue reconocido por la jurisprudencia de esta corporación a partir del año 1993 [se cita en este punto la sentencia del 6 de mayo de 1993, expediente 7428], como un daño extrapatrimonial, distinto del moral y material y en principio se le consideró como la pérdida de la posibilidad de realización de actividades lúdicas, que como consecuencia del daño sufrido se tornaban en difíciles o imposibles de ejecutar (perjuicio de agrado) y posteriormente se extendió a todos los casos de privación o alteración de la realización de cualquier actividad, no necesariamente de carácter placentero, suprimiéndose la calificación de fisiológico para adoptar la más comprensiva de daño a la vida de relación y aceptándose en todos los casos de detrimento a un bien jurídicamente tutelado, trátase de la vida, la integridad personal, la honra, el patrimonio económico, etc. El reconocimiento de esta clase de daños estuvo signado por el propósito de resarcir en forma integral a la víctima en relación con todos y cada uno de los bienes jurídicos afectados y se sustentó inicialmente en las disposiciones del Código Civil (art. 2341) encontrando posteriormente su fundamento legal en el artículo 90 de la Constitución Nacional de 1991 y en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 que enseña que en cualquier proceso adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, “(…) la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá a los principios de reparación integral (…)”.

(8) [14] “[15] Navia Arroyo, Felipe. Ensayo sobre la evolución del daño moral al daño fisiológico, próximo a publicarse. El doctor Navia Arroyo precisa, además, que el concepto de daño fisiológico —de acuerdo con el alcance que, hasta ahora, le ha dado esta corporación— corresponde al de perjuicio de agrado, elaborado por la doctrina civilista francesa, y explica que la expresión daño fisiológico, en realidad, corresponde a una noción más amplia, también de creación francesa y aparentemente abandonada, que hace referencia a las repercusiones que puede tener una lesión permanente no sólo en la capacidad de gozar la vida de una persona, sino, en general, en sus condiciones de existencia, al margen de cualquier consecuencia patrimonial, por lo cual resultaría más cercana al concepto de daño a la vida de relación, elaborado por la doctrina italiana”.

(9) [15] “[16] Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, expediente 11.652. Actor: Francisco Javier Naranjo Peláez y otros, M.P. Daniel Suárez Hernández”.

(10) [16] “[17] Ibíd. págs. 252 a 263”.

(11) [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación: 11.842, actor: José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y otros. La tesis vertida en la providencia antes citada fue reiterada por la Sala en las providencias que a continuación se relacionan: sentencia del 9 de agosto de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación 19001-23-31-000-1993-2998-01(12998), actor: Marco Tulio Amador Ávila y otro; providencia —auto de aprobación de acuerdo conciliatorio— del 25 de enero de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 25000-23-26-000-2000-00947-01(26889), actor: Claudia Patricia Hernández y otros; sentencia del 10 de mayo de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 73001-23-31-000-1995-2743-01(13475), actor: Luis Enrique Carepa y otros, providencia en la que se dice que “[e]l daño a la vida de relación es una clase de perjuicio extrapatrimonial distinto del moral porque en éste lo que se afecta es la vida exterior y no las condiciones exteriores de la persona. El daño a la vida de relación es la modificación del comportamiento social de quien lo padece”; sentencia del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación 85001-23-31-000-1997-00448-01(16205), actor: José Eycenjawer Parada Cendales; sentencia del 23 de agosto de 2001, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 05001-23-24-000-1993-0585-01(13745), actor: María Rocío Tabares y otros; sentencia del 21 de febrero de 2002, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 25000-23-26-000-1990-6744-01(12287), actor: Gloria Helena Montoya de Botero; sentencia del 18 de octubre de 2000, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 13288, actor: Luis Felipe Castañeda.

(12) [18] “[63] Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, pág. 98”.

(13) [19] “[64] Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78”.

(14) [19] “[65] Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252”.

(15) [20] “[66] Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278”.

(16) [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 19001-23-31-000-2003-00385-01, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval y otros. Es importante advertir que, aún con la unificación jurisprudencial surtida por virtud de la providencia citada, al respecto siguen existiendo criterios disímiles al interior de la Sección Tercera. Al respecto véase el salvamento de voto del doctor Enrique Gil Botero consignado en la sentencia del 1º de octubre de 2008, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación 25000-23-26-000-1999-01145-01(27268).

(17) [22] “[12] Denominación que fue adoptada mediante Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval”.

(18) [23] “[13] Sentencia de 1º de noviembre de 2007, expediente 16.407”.

(19) [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación 19001-23-31-000-1997-02006-01(15657), actor: Teodolfo López Díaz y otros. Con salvamento de voto del Consejero Enrique Gil Botero.

(20) [25] Planteamientos que citó como suyos la Sala en la sentencia del 2 de mayo de 2002, C.P. María Helena Giraldo Gómez, radicación 7001-23-31-000-1994-3477-01(13477), actor: Ronis John Zambrano Hernández y otro.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de mayo de 2011, expediente 17396, C.P. Danilo Rojas Betancourth.