Sentencia 1996-02583 de noviembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 21895

Rad.:25000 23 26 000 1996 02583 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Roberto Triviño Ruíz y otros

Demandado: Ministerio de Educación, Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., 15 de noviembre de 2011

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Competencia

11. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en un proceso que, por su cuantía (fl. 8 cdno. 1)(1) analizada al momento de la presentación de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

II. Validez de los medios de prueba.

12. La Fiscalía General de la Nación, Unidad Cuarta de Vida, Fiscalía Cuarenta y Tres Seccional, remitió al proceso copia de la investigación previa que adelantó con ocasión de la muerte de Carlos Alberto Triviño González, por los hechos ocurridos el 12 de febrero de 1996.

13. La Sala valorará las pruebas pertinentes practicadas en dicha investigación, pues el traslado del contenido de las mismas fue solicitado en la demanda para ser aducido en contra de la entidad pública accionada, la cual, a su vez adhirió a dicha solicitud en su escrito de contestación de demanda (fls. 1 y 48, cndo.1.).

14. Si bien los testimonios rendidos dentro dicha investigación no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, ellos pueden y deben ser válidamente apreciados, por cuanto el traslado de los mismos fue solicitado a petición de la parte demandante y la parte demandada coadyuvó las pruebas solicitadas por aquella en el escrito de la contestación de la demanda(2), pues, en atención al principio de lealtad procesal, en modo alguno podría sostenerse que los testimonios obrantes en el expediente penal cuya remisión solicitó la parte actora y cuyo aporte validó la contraparte, no pueden ser tenidos en cuenta cuando esta posteriormente encuentra que pueden ser contrarios a sus intereses, y pretenda invocar formalidades legales para su inadmisión(3).

III. Hechos probados

15. Con base en las pruebas válida y oportunamente allegadas al expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

15.1 El parentesco existente entre el joven Carlos Alberto Triviño González (occiso) y los señores Roberto Triviño Ruíz y María Elvira González Rodríguez (padres), Yeimmy Paola Benavidez González y José Roberto Triviño González (hermanos), y la señora Blanca Mery Rodríguez (abuela) (copia auténtica de registro civil de nacimiento en el que constan los nombres de los progenitores de cada uno de los inscritos; fls. 8, 43, 45, 93 cdno. pbas).

15.2. Carlos Alberto Triviño González cursó y aprobó los grados de sexto a décimo y se matriculó en el año 1996 para grado once, en el colegio distrital “Jorge Soto de Corral” (certificado suscrito por el rector del centro educativo para el mes de jul. 1996, el señor Alí Raúl Mahecha; fl. 23 cdno. pbas.).

15.3. El 12 de febrero de 1996, el joven Carlos Alberto Triviño González se encontraba en plantel educativo donde estudiaba y subió al tejado de la institución; estando arriba caminó sobre una teja que se rompió, ocasionándole una fuerte caída al vacío de aproximadamente 4 metros. Un profesor del colegio distrital “Jorge Soto de Corral” lo trasladó de urgencia al hospital “El Guavio” y desde allí fue remitido al centro hospitalario “San Juan de Dios” (copia autenticada del registro médico del hospital “San Juan de Dios”, providencia de feb. 2/2000 proferida por la Fiscalía General de la Nación; fls. 63, 90 a 92 cdno. pbas.).

15.4 Carlos Alberto Triviño González, de 17 años de edad, falleció el 12 de febrero de 1996 en el hospital “San Juan de Dios” de Bogotá, a causa de una “hipertensión endocraneana secundaria, laceraciones y contusiones cerebrales múltiples, por trauma craneoencefálico severo” (copia auténtica del registro de defunción, copia autenticada del protocolo de necropsia 0824-96, copia autenticada del levantamiento del cadáver 1014-0463/CTI; fls. 3, 71, 78 A 83 cdno. pbas.)

15.5 La Fiscalía General de la Nación, Unidad Cuarta de Vida, Fiscalía Cuarenta y Tres Seccional de Bogotá, abrió investigación previa debido al deceso de Carlos Alberto Triviño González; sin embargo, mediante providencia de febrero 2 de 2000, profirió resolución inhibitoria al establecer que en su muerte “no intervinieron manos criminales ya que esta se produjo lamentablemente en un absurdo accidente en el colegio Jorge Soto del Corral donde cursaba su último año de formación secundaria” (copia autenticada de dicho pronunciamiento; fls. 90 a 92 cdno. pbas.).

IV. Problema jurídico.

16. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis es imputable a la parte demandada, la responsabilidad por la muerte de Carlos Alberto Triviño González, por la falla en el servicio de control, cuidado y vigilancia que debe conservar un centro de enseñanza frente a sus estudiantes, o si por el contrario se presenta causa eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima.

V. Análisis de la Sala

17. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora y las circunstancias en las cuales ocurrió el mismo, es decir, está debidamente acreditado que el 12 de febrero de 1996, el entonces estudiante del colegio distrital “Jorge Soto del Corral” de Bogotá, Carlos Alberto Triviño González, sufrió una caída cuando se encontraba en el techo de las aulas del plantel educativo y, al caer, sufrió graves lesiones craneoencefálicas por las cuales devino su fallecimiento.

18. La parte actora atribuyó la responsabilidad patrimonial a la entidad demandada por el daño sufrido con este hecho, con fundamento en la existencia de una falla del servicio a la cual se atribuye la falta de cuidado, custodia y vigilancia que como institución educadora le correspondía adoptar frente a sus estudiantes mientras se encuentran dentro de sus instalaciones.

19. Para que se configure este régimen de imputación de responsabilidad administrativa y patrimonial a la Nación, se requiere de la reunión de tres presupuestos: i) la existencia de un daño antijurídico que los administrados no están en el deber jurídico de soportar; ii) una falla del servicio propiamente dicha por el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones a cargo de la administración; y iii) el nexo o relación de causalidad entre los dos anteriores.

20. En reiteradas ocasiones la Sala se ha pronunciado sobre la responsabilidad de los centros educativos frente a sus alumnos, y ha manifestado que la relación de subordinación entre el docente y el alumno debido a la autoridad que representa el primero, crea el compromiso y la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una manera imprudente(4). Al respecto, la Sala ha dicho:

Si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no solo respecto de los daños que este pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.

El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

(...).

Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables(5).

21. En estos términos, el centro educativo tiene el deber de adoptar una posición de garante en relación con sus estudiantes y por ende la obligación de responder por los daños que estos sufran o causen a terceros, siendo posible que se libere de tal responsabilidad siempre y cuando demuestre que actuó correcta y diligentemente, o mientras acredite la ausencia de nexo causal por existir causas ajenas como fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, en virtud de lo consagrado en el artículo 2347 del Código Civil(6).

22. Es claro entonces, que el colegio distrital “Jorge Soto de Corral” tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de sus estudiantes entre quienes se encontraba Carlos Alberto Triviño González; sin embargo, omitió observar dicho mandamiento por cuanto no vigiló debidamente las conductas de la víctima, pues no resultó probado que el cuerpo directivo o docente del plantel haya manifestado su prohibición sobre la conducta de este estudiante, ni que haya tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar el peligro que los alumnos pueden sufrir, así como tampoco que hubiese alertado sobre el riesgo que representaba el hecho de que una persona inexperta y sin medios de protección subiera al techo del edificio.

23. Del mismo modo, es importante advertir que la parte demandada tampoco acreditó que los hechos que condujeron al fatal accidente de Carlos Alberto Triviño González, acaecieron en el desarrollo de la actividad escolar ordinaria, por lo que es menester determinar si a partir de la edad de la víctima, es posible inferir su responsabilidad en la producción del daño, con el fin de disminuir el valor de la indemnización.

24. Como resultó probado, Carlos Alberto Triviño González contaba con 17 años de edad (párr. 15.4) al momento del accidente. La Sala considera que de esta edad es posible deducir que el joven gozaba de un normal discernimiento para guardar prudencia y cuidado ante el peligro(7) que representa maniobrar en alturas considerables sin protección y capacitación alguna; no obstante así, la víctima, de manera imprudente y con exceso de confianza en poder hacerlo, decidió subir a la cubierta poniendo en riesgo su integridad.

25. A la luz de la concreción del resultado desde la perspectiva fáctica, se advierte la concurrencia de la conducta de la víctima y la falla del servicio de la entidad demandada en la producción del daño, imponiéndose la reducción de la indemnización en un 30%, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil.

VI. Liquidación de perjuicios

26. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda, y en las pruebas obrantes dentro del proceso.

VI.1. Perjuicios inmateriales

a. Perjuicios morales.

27. Por concepto de perjuicios morales, en la demanda se solicitó que se condenara a la demandada a pagar el equivalente en pesos a 1 000 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes, Roberto Triviño Ruíz (padre), María Elvira González Rodríguez (madre), José Roberto Triviño González (hermano), Yeimmy Paola Benavides González (hermana) y Blanca Mery Rodríguez (abuela).

28. Comoquiera que los perjuicios morales reclamados en la demanda se definieron en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales. Esto último por cuanto la Sala(8) abandonó el sistema de cálculo de los perjuicios morales con base en el patrón gramo de oro, para acoger en su lugar la indemnización de los mismos en salarios mínimos legales.

29. Teniendo en cuenta que el parentesco entre Carlos Alberto Triviño González y los accionantes se encuentra acreditado en el proceso (párr. 15.1), se condenará al Distrito Capital de Bogotá, a pagar las máximas condenas reconocidas por la jurisprudencia contencioso administrativa en caso de muerte de un ser querido(9), disminuidas en un 30% de acuerdo con lo arriba expuesto así: Roberto Triviño Ruíz y María Elvira González Rodríguez (padres) la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

30. Una vez establecido el parentesco a partir de su plena prueba —registro civil de nacimiento en copia auténtica—, se puede inferir(10) que José Roberto Triviño González y Yeimmy Paola Benavides González (hermanos) padecieron pena, aflicción o congoja con la muerte de Carlos Alberto Triviño González, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso. Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce indiciariamente a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos de la víctima(11).

31. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala condenará al Distrito Capital de Bogotá a pagar a favor de cada uno de los demandantes, José Roberto Triviño González y Yeimmy Paola Benavides González (hermanos) la suma equivalente a 35(12) SMMLV, con el fin de compensar el daño moral padecido por estos como consecuencia de la muerte de quien fuera su hermano.

32. Así mismo, la calidad de abuela de Carlos Alberto Triviño González, la señora Blanca Mery Rodríguez resultó acreditada (párr. 15.1), por lo que la Sala considera que el dolor por la muerte de su nieto es posible inferir de la existencia del vínculo de consanguinidad que los unía. De acuerdo con las reglas de la experiencia, la pérdida de un nieto produce en los abuelos un gran dolor no solo por la tristeza que experimentan sus hijos, sino por la frustración de la expectativa frente a su descendencia(13), en consecuencia, se condenará a la parte demandada a pagar la suma equivalente a 35 SMMLV, con el fin de compensar el daño moral padecido por esta como consecuencia de la muerte de su nieto.

VI.2. Perjuicios materiales

a. Lucro cesante.

33. En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres de la víctima, el Consejo de Estado ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en tanto que las reglas de la experiencia indican que ese sería el momento aproximado en el cual aquellos conformarían su propia familia, es decir, se emanciparían del seno familiar y, por lo tanto, deberían asumir obligaciones económicas ajenas a este. Además, se ha considerado que cuando se demuestra que los padres percibían un auxilio pecuniario de sus hijos, la privación de tal ayuda tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se pruebe la necesidad de los padres, su situación de invalidez, o la condición de hijo único(14).

34. Si bien es cierto que la víctima del presente asunto era un menor de 17 años a quien le faltaba poco para alcanzar la mayoría de edad, estudiante de un colegio distrital que cursaba grado once, que no ejercía ninguna actividad laboral y por ende, no brindaba un apoyo económico a sus progenitores, la Sala presume que una vez cumpliera 18 años desarrollaría una labor lucrativa por lo que devengaría, a lo sumo un salario mínimo legal.

35. Para determinar la renta, se tendrá en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente al momento de la presente sentencia, esto es, la suma de $ 535 600. Se aumentará en relación con tal valor el 25%, correspondiente a las prestaciones sociales, lo cual arroja un valor de $ 669 500. En cuanto al porcentaje que de sus ingresos dedicaría Carlos Alberto Triviño González a gastos personales y familiares, no hay prueba que permita deducirlo; por lo tanto, es necesario aplicar las reglas de la experiencia(15), según las cuales no es posible afirmar que la víctima destinaría todos sus ingresos al mantenimiento de su familia, pues el sentido común indica que dedicaría algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia, el cual es estimado por la Sala, cuando menos, en un 25%. Entonces, a la renta actualizada se le descontará el 25%, correspondiente al valor aproximado que el joven Carlos Alberto Triviño González destinaría para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 502 125 la cual será dividida en dos, ya que su remuneración la compartiría con ambos padres, de manera que la suma que sirve de base a la liquidación para la indemnización corresponde a $ 251 062.

36. El periodo a la indemnizar abarcará el tiempo comprendido entre la fecha en la cual Carlos Alberto Triviño González cumpliría los 18 años de edad, momento en el que se dedicaría a una actividad económica productiva, hasta la edad de 25 años fecha hasta la cual la jurisprudencia presume que ayudaría económicamente a sus padres, esto es 84 meses.

Para el señor Roberto Triviño Ruíz (padre)

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica

S = Ra (1+i)n – 1

i

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $251 062.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el momento en que la víctima cumpliría 18 años, hasta la fecha en que cumpliría 25 años, estos son, 84 meses.
1=Es una constante

 

S= $ 251 062 (1 + 0.004867) 84 - 1

0.00486

 

S= $ 25 975 970

 

Para la señora María Elvira González Rodríguez (madre)

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica

S = Ra (1+i)n – 1

i

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 251 062.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el momento en que la víctima cumpliría 18 años, hasta la fecha en que cumpliría 25 años, estos son, 84 meses.
1=Es una constante

S= $ 251 062 (1 + 0.004867) 84 - 1

0.004867

S= $ 25 975 970

 

V. Costas.

37. En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición.

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de septiembre 20 de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al Distrito Capital de Bogotá, por la muerte del menor Carlos Alberto Triviño González ocurrida el 12 de febrero de 1996, con ocasión del accidente que sufrió en el colegio distrital “Jorge Soto de Corral”.

2. En consecuencia, CONDENAR al Distrito Capital de Bogotá a pagar, a título de indemnización de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero

2.1 El equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las siguientes personas: Roberto Triviño Ruíz y María Elvira González Rodríguez.

2.2. El equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las siguientes personas: José Roberto Triviño González, Yeimmy Paola Benavides González y Blanca Mery Rodríguez.

3. CONDENAR al Distrito Capital de Bogotá a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma veinticinco millones novecientos setenta y cinco mil novecientos setenta pesos ($ 25 975 970) a favor del señor Roberto Triviño Ruíz y María Elvira González Rodríguez, para cada uno.

4. No condenar en costas.

5. Cumplir lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 9 de julio de 1996, se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en 2 000 gramos oro equivalentes a $ 26 168 960 para cada uno de los padres de la víctima. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 13 460 000.

(2) “Pruebas: Me atengo a todas las solicitadas por la parte demandante (...)”. Fl. 48 cdno. 1.

(3) Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de septiembre 18 de 1997, expediente 9666, de febrero 8 de 2001, expediente 13254 y de febrero 21 de 2002, expediente 12789.

(4) La doctrina ha expresado que “para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño...La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”. (Mazeaud TUNC. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545).

(5) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de septiembre de 2004. Expediente 14869, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.

(6) Ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 18 de febrero de 2010, expediente 17533, y de 24 de marzo de 2011, expediente 19032, C.P Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de septiembre de 2004. Expediente 14869, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, expediente 13232-156446, C.P. Alier Hernández.

(9) Ibídem, sentencia citada en la nota al pie 7.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, expediente 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

(11) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, expediente 12703, C.P. María Elena Giraldo.

(12) En reiteradas ocasiones, la Sala ha reconocido la indemnización por perjuicios morales a los hermanos de la víctima en 50 SMMLV Comoquiera que en el presente asunto se condena al demandado a indemnizar el daño con una reducción del 30%, se reconocerán 35 SMMLV.

(13) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de marzo de 2008, expediente 16085, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(14) Ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 8 de agosto de 2002, expediente 10952 y, de 20 de febrero de 2003, expediente 14515, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(15) Consejo de Estado, SCA., Sección Tercera, sentencia de julio 6 de 2005, expediente 13406, C.P. Alier Hernández, entre otras.