Sentencia 1996-02607 de mayo 6 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)

Rad. Int.: 05001-23-31-000-1996-02607-01 (32.072).

Demandante: Iris Producciones Ltda.

Demandado: Televisión de Antioquia Ltda., Teleantioquia.

Asunto: Acción contractual.

Bogotá D.C., seis de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 31 de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

1. Competencia.

La Sala de Subsección es competente para conocer el asunto, comoquiera que el proceso tiene vocación de segunda instancia, en consideración a que conforme a lo deprecado en la demanda, la pretensión mayor individualmente considerada correspondía a $2.229’284.326(1), valor que supera la cuantía que establecía el Código Contencioso Administrativo para que un proceso fuera susceptible de doble instancia(2), normativa aplicable a este asunto, toda vez que el recurso de apelación se interpuso después de la entrada en vigencia de la Ley 954 del 24 de abril de 2005(3).

2. Hechos probados. 

A partir de los documentos aportados al proceso y destacando, únicamente, las pruebas que estrictamente interesan para la decisión, la Sala encuentra demostrados los siguientes hechos:

2.1. El 24 de febrero de 1993, Iris Producciones Ltda. y Teleantioquia, celebraron el contrato C.D.E. /L.P. 02-927008-93, cuyo objeto era la cesión de derechos de emisión del programa informativo denominado Noticiero A.N.T. (fls. 17 a 23 cdno. 1).

2.2. Respecto a la prórroga del mencionado contrato, la cláusula séptima estableció:

“CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAZO, PRÓRROGA Y SUSPENSIÓN. El término de duración del contrato será de un (1) año, contado a partir del 1º de marzo de 1993, prorrogable sucesivamente año por año hasta completar un máximo de cuatro (4) años incluido el plazo inicial del contrato. Para que procedan las prórrogas, el CEDENTE DE DERECHOS DE EMISIÓN, deberá avisar por escrito su interés, con anticipación de noventa (90) días al vencimiento del término del contrato. Si Teleantioquia tiene interés en ello, evaluará el cumplimiento con las disposiciones de televisión y con las obligaciones económicas por parte de EL CEDENTE DE DERECHOS DE EMISIÓN. Para las prórrogas se exigirá la presentación de los siguientes documentos: paz y salvo de Teleantioquia por las obligaciones económicas exigibles, paz y salvo por derechos de autor, ampliación de garantía de cumplimiento, declaración del impuesto de timbre y recibo de pago por derechos de publicación en el diario oficial” (fl. 19 cdno. 1).

2.3. El mencionado contrato fue prorrogado del 1º de marzo de 1994 al 28 de febrero de 1995 (fls. 162 a 165 cdno. 1), luego, del 1º de marzo de 1995 al 29 de febrero de 1996 (fls. 166 a 169 cdno. 1) y, finalmente, desde el 1º de marzo de 1996 al 28 de febrero de 1997 (fls. 24, 185, 193 y 194 cdno. 1).

2.4. El 13 de junio de 1996, Iris Producciones Ltda. envío una comunicación a Teleantioquia en los siguientes términos:

“En calidad de representante legal de la sociedad Iris Producciones Ltda. contratista de la programación de Teleantioquia, le manifiesto que nuestra empresa se encuentra interesada en hacer uso del derecho de prórroga de sus contratos de cesión de derechos de emisión vigentes a la fecha de expedición de la Ley 182 de 1992, al tenor de la garantía consagrada en el artículo 50 de la misma.

“Con base en lo anterior solicito formalmente al canal la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, de los siguientes programas, por el plazo del contrato inicial: Noticiero ANT, Magazín Deportivo, Defensores.

“Para efectos de cumplir lo establecido en el mandato legal citado, de la manera más respetuosa solicito al canal proceder a legalizar la prórroga seis meses antes de la terminación de los contratos, es decir antes del 31 de agosto próximo.

“APROA ha solicitado a la Comisión Nacional de Televisión proceder a reglamentar la prórroga, al tenor del literal e del artículo 5º de la Ley 182 de 1995.” (mayúsculas en original) (fl. 29 cdno. 1)

2.5. El 21 de junio de 1996, la Junta Administradora de Teleantioquia, realizó una sesión ordinaria en la que trataron varios temas, entre ellos, la solicitud de prórroga de contratos de televisión. En el acta 08 que contiene los asuntos tratados en la reunión, se señaló que:

“7.4. Solicitud de prórroga a contratos de televisión.

“El gerente informa que las empresas adjudicatarias de noticieros, que también tienen a cargo algunos programas recreativos, han solicitado la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, con fundamento en el artículo 50 de la ley de televisión.

“Analizados los artículos 50 y 37 de la Ley 182 de 1995, con base en el artículo 10 de la Ley 57 de 1887, se concluye que debe primar el artículo 37, por ser la norma especial para estos contratos de los canales regionales; entendiendo que deben ejecutarse hasta su terminación, de acuerdo con las normas bajo las cuales fueron celebrados y la última prórroga es la que se desarrolla actualmente, según está previsto desde los pliegos de condiciones que precedieron la contratación y que tuvieron por fundamento la Ley 14 de 1991.

“Se entiende la prórroga como una posibilidad que depende de la voluntad de la Junta y considerando que Teleantioquia tiene que mejorar su programación antes que operen nuevos canales, debe abrirse una licitación para los contratos de noticieros y negociar los otros programas por el derecho privado. En conclusión, la petición no se estima procedente, acogiéndose el concepto de la Oficina Jurídica del canal” (fl. 34 cdno. 1).

2.6. La oficina jurídica de Teleantioquia, en concepto jurídico del 27 de junio de 1996, afirmó que:

“Con el fin de absolver el interrogante de la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión actualmente vigentes, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 182 de 1995 y según la petición formulada por algunas de las empresas que tienen adjudicados dichos contratos, esta oficina realiza el siguiente planteamiento jurídico, advirtiendo de antemano que por su complejidad, no puede simplificarse.

“La norma en la cual está basada la solicitud, es del siguiente tenor:

“ART. 50.—Prórroga de los contratos actualmente vigentes. Previa cesión de los contratos correspondientes por parte de las entidades concedentes la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en los términos y condiciones de la Ley 14 de 1991 y de conformidad con la reglamentación que expida de acuerdo con dicha ley, procederá a prorrogar y a suscribir los contratos vigentes seis (6) meses antes de su vencimiento y por término igual al que fueron objeto de adjudicación.

Las organizaciones regionales de televisión procederán en igual forma.

“(El subrayado y la negrilla son nuestros).

“Para comprender el alcance de esta norma en lo referente a los canales regionales, no basta atender a la interpretación literal o exegética, sino que es necesario profundizar y analizar varios conceptos, dentro del marco de una interpretación sistemática:

“1. El artículo en mención, está ubicado en el capítulo V de la Ley 182 de 1995, cuyo título es “DE LAS CONCESIONES”. La concesión en materia de televisión, es la figura jurídica empleada para adjudicar los espacios televisivos, antes por Inravisión y ahora por la Comisión Nacional de Televisión.

“La concesión es ajena a los canales regionales, además prohibida por el artículo 68 de la Resolución número 2683 de 1986 del Ministerio de Comunicaciones, pues en éstos se utiliza la cesión de derecho de emisión y, así, bajo esa denominación y especial configuración jurídica normatizada por la Ley 114 de 1991, en su artículo 42, fue como se celebraron los contratos que estaban vigentes en Teleantioquia al momento de entrar a regir la Ley 182 de 1995.

“Analizando el primer inciso del artículo 50, se encuentra la advertencia de la cesión previa de los contratos, aplicable tan sólo a la televisión nacional, porque allí entra una nueva persona jurídica, cual es la Comisión Nacional de Televisión, a reemplazar a una de las partes contratantes, Inravisión, que pasa a otra esfera de actividad dentro del servicio. La cesión contractual no comprende a las organizaciones o canales regionales, pues no existe mutación en los contratos vigentes y las partes continúan siendo las mismas.

“Consecuente con el título que lleva el capítulo, el inciso primero alude a la concesión y no a la cesión de derechos de emisión, donde lo que existe es un cedente, clarificándolo más cuando señala ‘…por parte de las entidades concedentes…’.

“Por lo que se verá, el primer inciso de manera certera es aplicable única y exclusivamente a la televisión nacional, mas no establece condicionamientos específicos para los canales regionales, en materia de prórroga de tales contratos.

“(…).

“De acuerdo con el anterior análisis, Teleantioquia sujetándose a las normas vigentes al momento de celebrar los contratos de cesión de derechos, cumplió ya con el requisito de prorrogarlos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 50 y el numeral tercero del artículo 37, de la ley de televisión, observando lo estipulado para ello en el nivel regional, valga decir la cláusula contractual número séptima, pues se reitera que el primer inciso del artículo en mención, sólo es aplicable a los contratos de concesión de espacios de televisión celebrados por Inravisión.

“(…)” (mayúsculas, negrilla y subrayado en original) (fls. 39 a 44 cdno. 1).

2.7. En comunicación del 5 de julio de 1996, el Gerente de Teleantioquia, le informó a Iris Producciones, lo siguiente:

“En respuesta a su comunicación, fechada el 13 de junio y recibida el mismo día en Teleantioquia, quiero manifestarle lo acordado por la H. Junta Administradora del canal, en su sesión del pasado 21 de junio.

“Referente a los programas recreativos, le informo que estos no son objeto de licitación bajo la actual normatividad y bien puede ser acordada su continuidad dentro de la programación, a conveniencia mutua.

“En cuanto a los informativos noticieros, se ha decidido no prorrogarlos y, por ende, dar paso a una licitación pública para la nueva contratación de estos programas, como lo establece la ley de televisión, proceso que se planea iniciar el próximo mes de septiembre” (fl. 35 cdno. 1).

2.8. El 19 de julio de 1996, el Gerente General de Iris Producciones, le solicitó a Teleantioquia la siguiente información:

“De la manera más cordial me permito solicitarle la fundamentación de derecho con base en la cual la H. Junta Administradora de Teleantioquia negó la solicitud de prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión de la empresa que represento y vigentes a la fecha de expedición de la Ley 182 de 1995.

“Lo anterior en virtud de que la petición de prórroga fue formulada de acuerdo con la garantía consagrada en el artículo 50 de la Ley 182 de 1995.” (fls. 36 cdno. 1).

2.9. El 6 de agosto de 1996, Teleantioquia, respondió el anterior requerimiento así:

“Respondiendo a su comunicación fechada el 19 de julio y recibida el mismo día en Teleantioquia, me permito informarle que la H. Junta Administradora fundamentó la negativa a conceder la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, en que dichos contratos ya fueron prorrogados observando las normas bajo las cuales se celebraron, acorde con lo dispuesto por el numeral tercero del artículo 37 de la Ley 182 de 1995.” (mayúsculas en original) (fl. 45 cdno. 1).

2.10. De otro lado, la Asociación de Programadoras de Teleantioquia, elevó un derecho de petición ante la Comisión Nacional de Televisión, para que se pronunciara sobre el alcance del artículo 50 de la Ley 182 de 1995. En dicho escrito, se indicó:

“Como hemos informado reiteradamente a la Comisión, las empresas contratistas de Teleantioquia, han solicitado al Canal la prórroga de sus contratos de cesión de derechos de emisión vigentes a la fecha de expedición de la ley de televisión y cuyo vencimiento del plazo contractual está fijado para el 28 de febrero de 1997.

“APROA y sus empresas afiliadas consideran que el inciso segundo del artículo 50 de la Ley 182 de 1995, consagra un derecho de prórroga de sus contratos de cesión de derechos de emisión vigentes a la fecha de expedición de la ley citada, al ordenar que: las organizaciones regionales de televisión procederá en igual formal que la Junta Directiva de la CNTV al prorrogar los contratos de concesión de espacios de televisión de Inravisión.

“(…)” (mayúsculas en original) (fls. 37 y 38 cdno. 1).

2.11. La Comisión Nacional de Televisión, respondió la anterior consulta, en los siguientes términos:

“Con respecto a su consulta elevada ante esta dependencia, con el fin de determinar el alcance del inciso segundo del artículo 50 de la Ley 182/95, en relación con la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión de Teleantioquia, me permito absolver su inquietud a partir de la transcripción del mencionado artículo.

Prórroga de los contratos actualmente vigentes

“Previa cesión de los contratos correspondientes por parte de las entidades concedentes la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en los términos y condiciones de la Ley 14 de 1991 y de conformidad con la reglamentación que expida de acuerdo con dicha ley, procederá a prorrogar y a suscribir los contratos vigentes seis (6) meses antes de su vencimiento y por término igual al que fueron objeto de adjudicación.

Las organizaciones regionales de televisión procederán en igual forma.

“(resaltado fuera de texto)

“Del artículo 50, tal como se desprende de su título, se reglamenta la prórroga de los contratos vigentes, se debe concluir sin necesidad de un análisis profundo, que cuando el inciso segundo del mismo dice que las organizaciones regionales procederán de igual forma, se refiere a la prórroga de sus contratos, habría que preguntarse si se incluye también la obligación de ceder sus contratos a la Comisión Nacional de Televisión y si pueden reglamentar la forma como debe adelantarse prórroga.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es la referencia a la ‘cesión de los contratos correspondientes por parte de las entidades concedentes’ a la Comisión Nacional de Televisión; si observamos la terminología utilizada en la redacción, se refiere a la cesión de los contratos por parte de las entidades concedente, entonces es necesario determinar si las organizaciones regionales son entidades concedentes y por lo tanto se les aplicaría esta disposición; a lo cual se debe responder que no, porque las organizaciones regionales no suscriben este tipo de contratos, sus contratos son de producción, coproducción y cesión de derechos de emisión, únicamente (L. 14, art. 42).

“Los contratos de concesión a los que se refiere el artículo 50, inciso primero, son los celebrados por Inravisión; ya que era el encargado de prestar en nombre del Estado el servicio público de la televisión, utilizando directamente los espacios de televisión u otorgándolos en concesión; funciones actualmente en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión. En este orden de ideas, la ley en forma coherente impuso la cesión de estos contratos específicos a la Entidad que asumió las funciones, distintas de la operación el servicio, que venía desarrollando Inravisión.

“En segundo lugar, es necesario determinar si las prórrogas de los contratos de las organizaciones regionales deben estar sometidas a alguna reglamentación, ya sea expedida por la Comisión Nacional de Televisión o por la organización regional misma;

“(…).

“Inicialmente se puede pensar que la reglamentación de la prórroga de los contratos vigentes a la que se refiere el inciso primero del artículo 50, alude únicamente a los contratos de concesión de espacios de televisión, lo que se vería aparentemente reforzado por el artículo 37 numeral 3), que es especial en cuanto hace referencia directa al nivel regional específicamente que establece que los contratos se ejecutarán hasta su terminación de acuerdo con las normas bajo las cuales fueron celebrados; sin embargo, tenemos otra norma igualmente especial como es el artículo 5º literal e), que le otorga dentro de sus funciones, en desarrollo de su objeto, a la Comisión Nacional de Televisión el reglamentar el otorgamiento y prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de programas de televisión, contratos estos del resorte único de las organizaciones regionales.

“Para dilucidar esta aparente contradicción entre las normas mencionadas basta con acudir al fondo de las mismas, porque sería de alguna manera ilógico pensar que el artículo 5º le otorga a la Comisión la función de reglamentar la prórroga de los contratos celebrados por las organizaciones regionales, para quitársela tácitamente en el numeral 3) del artículo 37.

“Lo que el artículo 37 busca es proteger los derechos adquiridos de los contratistas, asegurándoles que sus contratos se continuarán ejecutando bajo las normas que los regían al momento de su celebración; esto es perfectamente armonizable con el hecho de que la Comisión Nacional de Televisión pueda reglamentar de forma general la prórroga de dichos contratos, ya que el artículo 50 al permitir la prórroga de los contratos vigentes, hace énfasis en que la reglamentación que se expida deberá tener en cuenta los términos y condiciones de la Ley 14 de 1991; en esa medida no se van a establecer unas reglas diferentes, simplemente se van a desarrollar los preceptos establecidos en la mencionada Ley 14.

“De lo expuesto se establece además, que las organizaciones regionales no pueden reglamentar la prórroga de los contratos que se encontraban vigentes al momento de entrar en vigencia la Ley 182/95, ya que esta es una competencia privativa de la Comisión Nacional de Televisión; lo cual no implica que mientras no se reglamenten dichas prórrogas las organizaciones regionales puedan abstenerse de prorrogar algún contrato próximo a vencerse, en estos casos la prórroga debe adelantarse en los términos y condiciones establecidos en el contrato mismo y en la ley 14/91, que no pueden ser desconocidos pues se violarían derechos adquiridos.

“Es conveniente aclarar que esto solo se aplica a los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de programas de televisión, que de manera explícita incluyen el derecho de prórroga, cuya reglamentación está en estudio por parte de esta Comisión.” (mayúsculas y subrayado en original) (fls. 46 a 49 cdno. 1).

2.12. El 30 de agosto de 1996, los miembros de la Junta Administradora Regional de Teleantioquia, celebraron una reunión para tratar varios asuntos, entre ellos, un informe sobre los ‘contratos de informativos noticieros’. Al respecto, según el Acta 9, la Junta manifestó que:

“Informe sobre contratos de informativos noticieros.

“El gerente lee el documento que anexa al acta, con sus consideraciones sobre la contratación de los informativos noticieros. Lo complementa con un análisis financiero, donde se muestra la baja utilidad operacional de la empresa en la situación actual, que viene descendiendo, entre otras razones, porque antes el canal sólo se encendía 8 horas al día y ahora 96 semanales, ha crecido en infraestructura de transmisión y está asumiendo los horarios devueltos por las empresas contratistas; además ya se refleja el pasivo pensional.

“Explica el cuadro con la proyección financiera de los ingresos operacionales, con alternativas que representan los posibles escenarios dentro de los cuales podrá desenvolverse el canal, con respecto al producto líder, que son los informativos. La visión de estos programas para el año entrante incluye la competencia de los canales zonales privados y del canal local Tele-Medellín.

“La Junta evalúa la situación negativa de la utilidad operacional y manifiesta preocupación por la eventual responsabilidad de los miembros del organismos, ante el previsible deterioro patrimonial de la empresa, como lo dispone el nuevo Código de Comercio. Se percibe que hay un importante negocio en los noticieros y el dinero se lo están llevando los contratistas, lo cual no tiene justificación con respecto a la inversión en activos que posee el canal.

“El Gerente del IDEA, anota que el Instituto viene analizando los estados financieros de Teleantioquia y ésta pierde cada día utilidades e incluso la proyección es inferior al ejercicio pasado, lo cual demuestra que la canasta de ingresos no es suficiente.

“La propuesta de la administración consiste en consolidar el concepto de ‘Canal’, con unidad de programación y comercialización; se ha buscado la concertación con las actuales empresas de noticieros, a través de APROA, y esto no ha sido posible; ellos han solicitado a la Comisión Nacional de Televisión, reglamentar la prórroga de sus contratos hasta el plazo total de la licitación.

El Gerente explica una propuesta concreta en cuadros que presentan tres fórmulas de consorcio en asociación de riesgo compartido con Teleantioquia, buscando la economía de escala; también se tiene en cuenta, el efecto de la competencia con el sector privado y los cálculos de ingresos para las diferentes modalidades, con un estimado promedio del 60% de ocupación.

“La junta decide proceder con el proceso licitatorio para la contratación de los informativos, porque el canal hay que sacarlo adelante y la perspectiva no es fácil perpetuando el esquema actual, donde unos pocos se están lucrando del negocio; además, la empresa tiene que producir utilidades para mejorar transmisión, presentar televisión educativa y tener capacidad para realizar las gestiones de interés para la comunidad. Se aprueba abrir la licitación y contratar la operación a través de tres consorcios o asociaciones, donde participe el canal en riesgo compartido.

“(…).

“Se considera que la decisión de prórroga y todo el trámite para su legalización, es un procedimiento que la ley, en el propio artículo 50 previó que se realizara con antelación de seis meses a la fecha de vencimiento de los contratos y como el reglamento es apenas un proyecto, no puede aplicarse en el caso de Teleantioquia. Además, las prórrogas ya se autorizaron año tras año y hasta el límite previsto, obedeciendo al pliego y a los contratos mismos; precisamente la última se vence el 28 de febrero de 1997, lo cual indica que para ser aplicable eventualmente al caso, la reglamentación debió expedirse mucho antes del 28 de agosto de 1996.

“Para la Junta se actuaría por fuera de la ley concediendo la prórroga con fundamento en una norma extemporánea y daría pie a las demandas de otras empresas que esperan participar de estas contrataciones con el canal.

“(…)” (mayúsculas en original) (fls. 54 a 57 cdno. 1).

2.13. El 30 de agosto de 1996, la Junta Administradora Regional de Teleantioquia, expidió el Acuerdo 12 por medio del cual ordenó la apertura de una licitación pública para la contratación de la coproducción de los programas informativos noticieros y avances, bajo la modalidad de asociación de riesgo compartido (fls. 58 y 59 cdno. 1).

2.14. El 18 de septiembre de 1996, la Comisión Nacional de Televisión, expidió el Acuerdo 3 por el cual se reglamentaron las condiciones de prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de programas de televisión suscritos por las Organizaciones Regionales de Televisión. En el mencionado acuerdo, se indicó lo siguiente:

“Que conforme a lo establecido en el artículo 5º literal e) de la Ley 182 de 1995, corresponde a la Comisión Nacional de Televisión en desarrollo de su objeto, ‘reglamentar el otorgamiento y prórroga de las concesiones para la operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión’.

“Que el artículo 540 de la Ley 182 de 1995 determina que ‘previa cesión de los contratos correspondientes por parte de las entidades concedentes la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en los términos y condiciones de la Ley 14 de 1991 y de conformidad con la reglamentación que expida de acuerdo con dicha ley, procederá a prorrogar y a suscribir los contratos vigentes seis (6) meses antes de su vencimiento y por término igual al que fueron objeto de adjudicación. Las Organizaciones Regionales de Televisión procederán de igual forma’

“Que teniendo en cuenta las disposiciones legales anteriormente transcritas, es necesario adoptar el siguiente reglamento por el cual se establecen las condiciones generales de prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión de las Organizaciones Regionales actualmente vigentes.

“Que agotado el trámite dispuesto por en (sic) el artículo 13 de la Ley 182 de 1995

“ACUERDA:

“ART. 1º—Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones generales requeridas para la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de programas de televisión suscritos por las Organizaciones Regionales de Televisión, que se encontraban vigentes a la fecha de promulgación de la Ley 182 de 1995.

“ART. 2º—Criterios de evaluación. Las Organizaciones Regionales de Televisión deberán tener en cuenta los siguientes criterios para decidir la prórroga de los contratos a que se refiere el artículo anterior:

  • “Puntajes
  • “1. Cumplimiento de las obligaciones contractuales.
  • 20
  • “2. Calidad y contenido de la programación presentada por el contratista.
  • 30
  • “3. Capacidad profesional y experiencia del contratista.
  • 15
  • “4. Capacidad financiera.
  • 15
  • “5. Capacidad técnica.
  • 10
  • “6. Capacidad operativa.
  • 10
  • “La Organización Regional de Televisión deberá evaluar los anteriores criterios de acuerdo a la metodología que adopte para el efecto, y decidirá si hay lugar o no a la prórroga del contrato. Los resultados de dicha evaluación deben ser enviados a la Comisión Nacional de Televisión.

    “ART. 3º—Suscripción de la prórroga. La prórroga de los contratos objeto del presente Acuerdo deberá (sic) suscribirse seis (6) meses antes de su vencimiento.

    “Si se ha pactado un término menos de un (1) años, la anticipación será de por lo menos una cuarta parte de la duración del contrato.

    “PAR. (sic).—Quedan exceptuados del cumplimiento de los términos anteriores, las prórrogas de los contratos que a la fecha de expedición del presente acuerdo se encuentren en trámite, las cuales podrán suscribirse con cualquier antelación.

    “ART. 4º—Solicitud de prórroga. Los contratistas deberán dirigir la solicitud de prórroga a la Organización Regional de Televisión con suficiente anticipación a la fecha límite de suscripción de la prórroga, anexando todos los documentos que la Organización Regional considere necesarios para estudiar la solicitud.

    “ART. 5º—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y derogas todas las disposiciones que le sean contrarias” (fls. 62 a 64 cdno. 1).

    2.15. El 30 de septiembre de 1996, Iris Producciones Ltda., presentó un derecho de petición ante Teleantioquia solicitando lo siguiente:

    “En ejercicio del derecho constitucional de petición y en interés particular, para dar cumplimiento al artículo cuarto del Acuerdo 3 del 15 de septiembre de 1996 de la Comisión Nacional de Televisión, ‘por el cual se reglamentan las condiciones de prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de programas de televisión suscritos por las organizaciones regionales de televisión’, y en mi calidad de Gerente y Representante Legal de Iris Producciones Ltda solicito la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión suscritos por dicha empresa con Teleantioquia, que se encontraban vigentes a la fecha de promulgación de la Ley 182 de 1995, ellos son: Noticiero ANT, Magazín Deportivo y Defensores.

    “La presente solicitud de prórroga reitera y ratifica la solicitud que en igual sentido elevó ante el Canal la empresa que represento, el paso 13 de junio, mediante la comunicación recibida por Teleantioquia el 14 de junio de 1996.

    “Quedo a la espera de su comunicación, en los términos y plazos legales, referente a la documentación que el Canal considere necesario debe aportar la empresa para estudiar la solicitud.” (fl. 65 cdno. 1).

    2.16. El 18 de octubre de 1996, se reunió la Junta Administradora Regional de Teleantioquia y suscribió el acta No. 10 en la que se consignó lo siguiente:

    “5.2. Derecho de petición de empresas contratistas de televisión.

    “La Secretaría informa que las empresas contratistas de televisión han presentado un derecho de petición, relacionado con la prórroga de sus contratos de cesión de derechos de emisión y fundamentado en el Acuerdo 3 de 1996, expedido por la Comisión Nacional de Televisión.

    “El gerente comenta que respecto al mismo asunto, atendió un derecho de petición de la Directora Ejecutiva de APROA al gobernador, donde le pide explicar la posición de la Junta. La secretaria lee la respuesta enviada, la cual se anexa al acta.

    “La Delegada de la Comisión Nacional de Televisión, quien es Subdirectora Jurídica del organismo explica que el Acuerdo reglamenta la prórroga para los contratos que estaban vigentes cuando fue expedida la ley de televisión, ampliando que es aplicable incluso dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento. Pregunta si en el caso de Teleantioquia, los contratos tenían previstas prórrogas, si estas se cumplieron como se estipuló, cuándo se celebraron o queda alguna prórroga pendiente de conceder.

    “El Gerente y la Secretaria de la Junta, le aclaran que todas las prórrogas establecidas desde el pliego, ya fueron concedidas a estas empresas y que los contratos vencen el próximo 28 de febrero de 1997, al agotarse la última que se verificó en febrero del presente año.

    “La funcionaria de la Comisión considera que si las prórrogas se concedieron según los términos de los contratos y de la Ley 14 de 1991, el canal ha cumplido con la norma.

    “La Junta ordena responder el derecho en los términos de ley y con base en la carta que ha enviado el Gerente a la Directora Ejecutiva de APROA.

    “En cuanto al proceso de licitación, se comenta en la Junta que Señal Colombia ha implementado el mecanismo de coproducción con buenos resultados; adicionalmente el organismo recomienda que la voz oficial frente a cualquier inquietud la lleve el Gerente de Teleantioquia.

    “(…)” (mayúsculas en original). (fls. 139 a 141 cdno. 1).

    2.17. El 25 de octubre de 1996, Teleantioquia le informa a Iris Producciones que no prorrogará el contrato de cesión de derechos de emisión del programa de televisión Noticiero A.N.T., con fundamento en:

    “En el orden del día, de la reunión realizada el pasado 18 de octubre, la Junta Administradora Regional tuvo a consideración su derecho de petición, referente a la prórroga de los contratos de cesión de derechos de emisión.

    “Adicionalmente, el señor gobernador de Antioquia, remitió al Gerente del canal, el derecho de petición de la Directora Ejecutiva de APROA, donde la doctora Patricia Cadacida Vélez, pide que se le informe la posición de la Junta, en cuento al mismo aspecto.

    “Ambas peticiones coinciden en el asunto y la Junta ratificó su decisión de no acceder a la prórroga de los contratos y seguir adelante con la licitación pública para contratar los programas informativos, que estarán al aire a partir del 1º de marzo de 1997, según lo había acordado en pasadas reuniones. A continuación transcribo textualmente la respuesta remitida por el Gerente de Teleantioquia a la directora ejecutiva de APROA, donde se resumen los principales argumentos que ha tenido en cuenta la Junta Administradora Regional:

    ‘En primer lugar, la Junta considera que el deterioro del margen operacional, que vienen reflejando los estados financieros de la empresa en los últimos años, demuestra que los ingresos no provienen de la actividad propia del negocio.

    ‘También, como usted conoce, el motivo principal del deterioro, ha sido el esquema de cesión a particulares, a cambio de unas tarifas que no alcanzan a compensar los costos operacionales, asumidos por el canal, para volverse más competitivo en los actuales momentos, anticipándose a lo que será la televisión colombiana.

    ‘Si se mantuviera el modelo actual de cesión de derechos, con las proyecciones financieras que presenta esta administración, no se darían utilidades operacionales que le permitían a la empresa tener un crecimiento sostenido y unas inversiones acordes al panorama de competencia abierta que se espera. Y aquí, estima la Junta, que el Estado cedería terreno valioso en su gestión de interés social, orientada a la difusión de una televisión pública abierta, de la que no participan los intereses privados.

    ‘Adicionalmente, conociendo de antemano las dificultades que tiene el propio departamento para capitalizar las empresas industriales y comerciales del Estado que le pertenecen, la política del actual gobierno se ha definido a que sean autosostenibles y rentables patrimonialmente, como si se tratara de empresas privadas.

    ‘En segundo lugar, en la pasada reunión de la Junta, se estudió la viabilidad de acoger el entonces Proyecto de Acuerdo, por medio del cual la Comisión Nacional de Televisión, se proponía reglamentar el artículo 50 de la Ley 182 de 1995.

    ‘Luego del análisis jurídicos pertinente, se concluyó que seis meses antes del vencimiento de los contratos, fecha prefijada por la misma ley, no estuvo vigente dicho reglamento, quedando la Junta impedida para acogerle, al encontrarse frente a una circunstancia de extemporaneidad normativa, que todavía hoy se puede predicar.

    ‘Como comprenderá, el órgano administrativo incurre en incompetencia por razón del tiempo, si obra por fuera del plazo fijado preclusivamente por la ley, queda viciada su actuación. Quiero ampliarle que la Junta pidió el concepto del doctor Jesús Vallejo Mejía, quien corroboró la posición anterior.

    ‘Así las cosas, los contratos terminarán de acuerdo a sus cláusulas, pactadas conforme a la Ley 14 de 1991, como también lo está autorizando la Ley 182 de 1995, en su artículo 37’

    “Sin otro particular.” (mayúsculas en original) (fls. 132 y 133 cdno. 1).

    2.17.(sic) El 6 de diciembre de 1996, Iris Producciones Ltda., insistió nuevamente ante Teleantioquia, para que le fuera prorrogado el contrato de cesión de derechos de emisión del noticiero A.N.T., según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 82 de 1995; y por lo tanto, solicitó que se abstuviera de adjudicar y contratar el espacio correspondiente al noticiero (fls. 195 y 196 cdno. 1).

    2.18. En respuesta a lo anterior, Teleantioquia le informó a la demandante lo siguiente:

    “Respondo su comunicación del 6 de diciembre, recibida el mismo día en Teleantioquia, para ratificarle la decisión de la Junta Administradora Regional de contratar, mediante la licitación pública en curso, los programas informativos que estarán al aire a partir del 1 de marzo de 1997.

    “Con las argumentaciones jurídicas que usted conoce, la Junta ha estimado que no es viable la prórroga de los contratos anteriores y aprobó dar trámite a la licitación que deberá culminar con nuevas adjudicaciones.

    “Respeto las convicciones que le impidieron participar del proceso de licitación y le invito a presentar sus propuestas para la programación recreativa y a continuar prestando los servicios de Iris Producciones Ltda., en materia de transmisiones deportivas y producciones de televisión en general.” (mayúsculas en original) (fl. 202 cdno. 1).

    2.19. Igualmente, obra el testimonio del señor Luis Fernando Cano Muñoz, quien era el revisor fiscal de Iris Producciones Ltda. y en dicha diligencia reconoció el documento que obra en el expediente de folios 72 a 75 del cuaderno 1, en el que se da cuenta del presupuesto de la sociedad demandante y la proyección de costos y gastos asociados con la producción y emisión de programas de televisión (fls. 218 y 219 cdno. 1).

    2.20. Asimismo, se encuentra el interrogatorio de parte rendido por el Representante Legal de Iris Producciones Ltda., señor Juan Guillermo Garcés Restrepo (fls. 220 a 225, 328 a 334 cdno. 1).

    2.21. Finalmente, el 22 de julio de 1998, se llevó a cabo una diligencia de exhibición de documentos correspondientes a los movimientos contables, comerciales y financieros de Iris Producciones Ltda. (fls. 266 y 267 cdno. 1).

    3. Caso concreto.

    Conforme lo solicitado en la demanda, Iris Producciones Ltda., pretende la declaratoria de nulidad de las actas Nos. 8 del 21 de junio de 1996, 9 del 30 de agosto de 1996 y 10 del 18 de octubre de 1996, proferidas por la Junta Regional Administradora de Teleantioquia. Igualmente, solicita la nulidad de la comunicación del 6 de agosto de 1996 que complementó el acta No. 08 y la nulidad de la comunicación del 25 de octubre del mismo año, que se relaciona con las decisiones adoptadas en las actas 9 y 10, ya mencionadas. Finalmente, solicita la nulidad parcial del Acuerdo 12 del 30 de agosto de 1996, por medio del cual se ordenó la apertura de una licitación pública en lo que concierne al espacio relativo al noticiero A.N.T. de Iris Producciones Ltda.

    Lo anterior, con fundamento en que el artículo 50 de la Ley 182 de 1995, establecía una prórroga automática para los contratos de cesión de derechos de emisión de programas de televisión, que era aplicable para el contrato celebrado entre Iris Producciones Ltda. y Teleantioquia; no obstante, el contrato en cuestión no se prorrogó.

    Ahora bien, de las pruebas que se vienen de relacionar, se acreditó que Iris Producciones Ltda. y Teleantioquia, celebraron el contrato No. C.D.E. /L.P. 02-927008-93, cuyo objeto era la cesión de derechos de emisión del programa informativo denominado Noticiero A.N.T.

    El mencionado contrato fue prorrogado año por año, hasta cumplir la última prórroga que se estableció desde el 1º de marzo de 1996 hasta el 28 de febrero de 1997.

    El 13 de junio de 1996, meses antes de vencerse la última prórroga, Iris Producciones Ltda. le envió una comunicación a Teleantioquia, en la que le solicitaba que se prorrogara automáticamente el contrato en cuestión, en atención a que el artículo 50 de la Ley 182 1995, consagraba ese derecho.

    En respuesta a la solicitud anterior, Teleantioquia consideró que para el contrato en cuestión, debía primar el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, por ser la norma especial para estos contratos de los Canales Regionales, de allí que, estos se debían ejecutar hasta su terminación, de acuerdo con las normas bajo las cuales fueron celebrados y la última prórroga es la que se desarrollaba al momento de la solicitud, por lo tanto, no era viable aplicar la prórroga automática establecida en el artículo 50 de la Ley 182 de 1995.

    Igualmente, se acreditó que ante la decisión anterior, Iris Producciones presentó varias solicitudes tendientes a insistir en que tenía un derecho de prórroga automático, derivado del artículo 50 mencionado, sin embargo, Teleantioquia, mantuvo su posición y se negó a prorrogar el contrato de cesión de derechos de emisión del programa de televisión noticiero A.N.T.

    Así las cosas, para resolver el asunto debatido en esta instancia, es preciso estudiar la normativa en cuestión aplicable al caso concreto. Respecto al servicio de televisión, el artículo 37 de la Ley 14 del 29 de enero de 1991, por la cual se dictaron normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial, indicaba:

    “Reglas generales. El servicio de televisión a cargo de las entidades estatales prestatarias del servicio será prestado en forma directa, mediante la programación, emisión y transmisión de canales de carácter educativo y cultural, denominados Canales de Interés Público o mediante la programación, emisión y transmisión de programas en espacios reservados para su gestión directa o por cuenta de otras entidades de derecho público.

    Este servicio de televisión también será prestado mediante contratos en régimen de concesión o de contratos para la elaboración de programas, los cuales serán otorgados exclusivamente a personas naturales o jurídicas colombianas, reservándose las entidades estatales concedentes la función de emisión y transmisión de las señales de televisión, así como el control posterior de la programación que originan los particulares en virtud de la concesión.

    “El régimen de concesión es el que se señala en esta ley para cada clase de entidad pública y los contratos se sujetarán, en lo pertinente, a las disposiciones de la contratación administrativa” (subrayado y negrilla fuera de texto).

    Y en relación con los contratos de cesión de derechos de emisión de programas de televisión, el artículo 42 de la misma normativa, establecía:

    “Contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de programas de televisión. Para la elaboración de su programación las organizaciones regionales de televisión producirán o adquirirán en forma directa programas de televisión o suscribirán contratos para la elaboración de la programación con personas naturales o jurídicas profesionalmente dedicadas a ello y que estuvieren domiciliadas en el área autorizada de cubrimiento de la respectiva organización regional de televisión. Los contratos para la elaboración de la programación serán de tres clases, de acuerdo con el respectivo objeto: contratos de producción, contratos de coproducción y contratos de cesión de derechos de emisión y su finalidad será la consagrada por el artículo 2 de la presente Ley. Estos contratos se regirán por las disposiciones del régimen de contratación administrativa del orden nacional que fueren pertinentes, y en particular por las siguientes:

    “(…).

    “3. Mediante el contrato de cesión de derechos de emisión la organización regional de televisión adquiere el derecho a emitir, por las veces pactadas, uno o varios programas de televisión producidos o adquiridos por una entidad o persona de derecho público o privado, que para los efectos contractuales se denominará cedente de derechos de emisión, sin que se radique en cabeza de organización regional de televisión la propiedad de los programas así contratados.

    “(…).

    “6. Los contratos para la elaboración de la programación que suscriban las organizaciones regionales de televisión serán contratos administrativos y en ellos deberán pactarse las cláusulas obligatorias consagradas en el artículo 60 del Decreto Extraordinario 222 de 1983 o normas que lo modifiquen o lo complementen. Los contratos se someterán a los principios de modificación, interpretación y terminación unilateral por parte de la administración.

    “7. Los contratos para la elaboración de la programación deben ejecutarse de conformidad con las leyes y con las reglamentaciones que expidan el Gobierno Nacional y el respectivo Consejo Regional de Televisión.

    “(…).

    “9. Cada organización regional de televisión definirá los plazos de ejecución de los contratos de cesión de derechos de emisión. Los plazos de los contratos de producción y coproducción dependerán en cada caso de la naturaleza de los programas producidos o coproducidos en virtud del contrato.

    “Si antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato de cesión de derechos de emisión este se terminare por cualquier motivo, podrá la respectiva organización regional de televisión optar por abrir una nueva licitación pública, celebrar contratos de cesión de derechos de emisión en forma directa con empresas debidamente calificadas y clasificadas en el registro de proponentes, celebrar contratos de producción o coproducción, o realizar o adquirir directamente los programas. El plazo de ejecución de los nuevos contratos no podrá ser superior al tiempo faltante para la terminación del plazo de ejecución del contrato terminado anticipadamente.

    “(...)” (subrayado y negrilla fuera de texto)

    De otra parte, el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, por la cual se reglamentó el servicio de la televisión y se formularon políticas para su desarrollo, se democratizó el acceso a éste, se conformó la Comisión Nacional de Televisión, se promovió la industria y actividades de televisión, se establecieron normas para contratación de los servicios, se reestructuraron entidades del sector y se dictaron otras disposiciones en materia de telecomunicaciones, señalaba:

    “Régimen de prestación. En cada uno de los niveles territoriales antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal competencia, de conformidad con las siguientes reglas:

    “(…)

    “3. Nivel regional. El servicio público de televisión también será reserva del Estado y será prestado por las organizaciones o canales regionales de televisión existentes al entrar en vigencia la presente ley...

    Los contratos estatales de producción, coproducción y cesión de derechos de emisión que se encuentren en ejecución o estén debidamente adjudicados a la fecha de promulgación de esta ley, se ejecutarán hasta su terminación de acuerdo con las normas bajo las cuales fueron celebrados.

    “(…)” (subrayado y negrilla fuera de texto)

    Asimismo, el artículo 50 de la mencionada normativa establecía:

    “Prórroga de los contratos actualmente vigentes. Previa cesión de los contratos correspondientes por parte de las entidades concedentes la junta directiva de la comisión nacional de televisión, en los términos y condiciones de la Ley 14 de 1991 y de conformidad con la reglamentación que expida de acuerdo con dicha ley, procederá a prorrogar y a suscribir los contratos vigentes seis (6) meses antes de su vencimiento y por término igual al que fueron objeto de adjudicación. Las organizaciones regionales de televisión procederán en igual forma.”

    Finalmente, el artículo 28 de la Ley 335 de 1996, por la cual se modificó parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se creó la televisión privada en Colombia y se dictaron otras disposiciones, derogó expresamente los artículos 11, 36, numeral 2°; 37, numeral 2º; 38, 39, 40 y 50 de la Ley 182 de 1995.

    De la normativa transcrita se advierte que el servicio de televisión a cargo de las entidades estatales prestatarias del servicio sería prestado en forma directa o a través de contratos de concesión o de contratos para la elaboración de programas. Éstos últimos, podían ser de tres clases, dependiendo del objeto del contrato: contratos de producción, contratos de coproducción y contratos de cesión de derechos de emisión.

    Asimismo, las organizaciones regionales de televisión —para el caso concreto, Teleantioquia— estaban facultadas para celebrar contratos para la elaboración de la programación, entre ellos, el contrato de cesión de derechos de emisión.

    En el evento analizado en esta oportunidad, la sociedad demandante Iris Producciones Ltda., celebró un contrato de cesión de derechos de emisión con Teleantioquia, quien adquirió el derecho a emitir, por las veces pactadas, el programa de televisión, Noticiero A.N.T., producido por el cedente de derechos de emisión, esto es, Iris Producciones.

    Ahora bien, la sociedad demandante insiste en que al contrato en mención, se le debía aplicar la prórroga automática establecida en el artículo 50 de la Ley 182 de 1995, que permitía que las organizaciones regionales de televisión prorrogaran los contratos vigentes 6 meses antes de su vencimiento, por un término igual al que fueron objeto de adjudicación.

    Al respecto, es necesario precisar que el artículo 50 del mencionado estatuto, estableció la posibilidad de prorrogar los contratos vigentes, por parte de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en los términos y condiciones de la Ley 14 de 1991 y de conformidad con la reglamentación que se expidiera, previa cesión de los contratos por parte de las entidades concedentes. Adicionalmente, esa posibilidad se le otorgaba en los mismos términos, a las organizaciones regionales de televisión.

    Ahora bien, el artículo 50 se encontraba dentro del capítulo V de la Ley 182 de 1995 que trataba el tema de los contratos de concesión de espacios de televisión, lo que permite concluir que la cesión de contratos vigentes establecida en dicho artículo se refería, exclusivamente, a los contratos de concesión.

    Esta interpretación tiene como fundamento adicional, que el artículo 37 del estatuto en mención, señalaba que los contratos estatales de producción, coproducción y cesión de derechos de emisión que estuvieran en ejecución o debidamente adjudicados a la fecha de promulgación de dicha ley, se ejecutarían hasta su terminación de acuerdo con las normas bajo las cuales fueron celebrados.

    En consecuencia, el artículo 37 se refería expresamente a que los contratos de producción, coproducción y cesión de derechos de emisión debían ejecutarse hasta su terminación con la misma normativa con la que se celebraron, a diferencia de lo establecido en el artículo 50, que establecía una prórroga automática para los contratos de concesión de espacios de televisión.

    Así las cosas, es indudable que el supuesto derecho a prórroga alegado por la sociedad demandante, no era aplicable para el contrato celebrado con Teleantioquia, toda vez que se trataba de un contrato de cesión de derechos de emisión, el cual debía ser ejecutado con las mismas normas con las que fue celebrado.

    Por lo anterior, la decisión de la entidad demandada de no prorrogar el contrato en cuestión con fundamento en que el artículo 50 de la Ley 182 de 1995 no era aplicable al caso concreto, tenía fundamento legal, conforme ya se expuso.

    Ahora bien, y en gracia de discusión, si el mencionado artículo le fuera aplicable al contrato de cesión de derechos de emisión, la Ley 335 del 20 de diciembre de 1996, derogó expresamente ese apartado normativo, toda vez que la finalidad de esta ley era la prevalencia de la selección objetiva en materia de concesión de espacios de televisión, y aquella derogatoria ocurrió cuando el contrato se encontraba en ejecución de la última prórroga, la cual fue pactada desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 28 de febrero de 1997, razón adicional para que la prórroga automática no se aplicara en el asunto en cuestión.

    De otro lado, respecto a la pretensión de nulidad del acuerdo No 12, mediante el cual Teleantioquia ordenó la apertura de una licitación pública para el espacio televisivo que ocupaba el noticiero A.N.T. de Iris Producciones, se observa que la entidad demandante derivó la nulidad de la negativa injustificada al derecho a prórroga del contrato de cesión de derechos de emisión, de allí que, en razón a que como quedó expuesto, al contrato en cuestión no le era aplicable el supuesto del artículo 50 de la Ley 182 de 1995, el cargo de nulidad no tiene fundamento alguno y también se negará.

    4. Condena en costas.

    De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativos, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, toda vez que no se evidencia que las partes hayan actuado con temeridad o mala fe.

    En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

    FALLA:

    CONFÍRMASE la sentencia del 31 de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

    Cópiese, notifíquese y cúmplase».

    1 Esta suma está constituida por la utilidad neta que la sociedad demandante debió recibir en el evento en que el contrato de cesión de derechos de emisión de programas de televisión, se hubiera prorrogado (fl. 121 cuad. 1).

    2 El numeral 5 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, señalaba que para que un proceso fuera susceptible de doble instancia, la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda debía exceder de 500 smlmv. Ahora bien, el salario mínimo legal vigente para la fecha de presentación de la demanda, 13 de diciembre de 1996, era de $142.125, suma que multiplicada por 500, arroja un valor de $71’062.500.

    3 El recurso de apelación fue presentado por la parte demandante, el 11 de julio de 2005.