Sentencia 1996-02906/12906 de marzo 16 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN C

Radicación 08001-23-31-000-1996-02906-01 (12.906)

Consejera Ponente:

Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)

Demandante: Rodolfo Palacio Iguarán

Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía-

Asunto: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la comunidad demandante contra los actos administrativos del 10 de abril de 1996, mediante el cual se negó una solicitud de exploración y explotación de petróleo, y del 26 de junio del mismo año, que confirmó esa decisión, actos proferidos por el Ministerio de Minas.

1. Competencia.

Previo a resolver de fondo, es necesario estudiar lo pertinente a la competencia de esta Corporación para decidir el presente caso. Al respecto, es preciso acudir a lo consignado en reciente providencia, en la que se señaló:

“La competencia para conocer del presente asunto corresponde del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que la Sala Plena de esta Corporación dirimió recientemente el debate presentado entre los artículos 128.6 del CCA.(1) y 295 de la Ley 685 de 2.001 -actual Código de Minas-(2), determinando que si el acto administrativo lo expide una autoridad del orden nacional -o del orden territorial, pero actuando con base en una delegación de aquélla- la competencia, en única instancia, corresponde al Consejo de Estado. Sin embargo, si el acto lo expide una autoridad territorial, en ejercicio de una competencia minera que le sea propia, la competencia jurisdiccional en primera instancia corresponderá a los tribunales administrativos.

“El problema consistía en que el art. 128.6 del CCA. asignaba al Consejo de Estado, en única instancia, la competencia para conocer de todos los asuntos petroleros y mineros –distintos de los contractuales, de reparación directa y los de nulidad y restablecimiento del derecho (siempre que estos últimos versen sobre asuntos relativos a impuestos mineros, contribuciones y regalías)-; pero la ley 685 de 2.001 -posterior en el tiempo- señaló que al Consejo de Estado, en única instancia, le corresponde conocer “De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte...” (Resalto fuera de texto)

“Esta modificación propició verdaderas dificultades hermenéuticas, porque la nueva ley modificó parcialmente la anterior, pero de ninguna manera la derogó, y por eso exigía una interpretación, por vía de autoridad, que definiera su alcance con estabilidad. Eso fue lo que hizo la Sala Plena del Consejo de Estado, y por eso este Despacho sigue su instrucción en el sentido de que le adjudicó directamente a los tribunales –y no a los juzgados administrativos– la competencia en primera instancia para conocer de los asuntos mineros, diferentes de los contractuales, de modo que la segunda instancia corresponderá al Consejo de Estado. En este sentido, la Sala Plena concluyó:

“En términos coincidentes, el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 dispone que el Consejo de Estado conoce de las acciones referentes a controversias sobre temas mineros, cuando en ella sea parte la Nación o una entidad del orden nacional, siempre que se trate de causas diferentes a las que se suscitan en los contratos de concesión minera las cuales son competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (…)(3)” (Resaltado fuera de texto original)

“En síntesis, los asuntos petroleros “en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías…” continúan siendo procesos de única instancia atribuidos al Consejo de Estado, en los términos del art 128.6 del CCA., porque la ley 685 no se refrió al tema petrolero, y por eso no lo modificó.(Subrayado y negrilla fuera de texto).

“Sin embargo, las acciones relativas a asuntos mineros “distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”, de allí que si la parte es una entidad territorial o una entidad descentralizada del mismo nivel serán atribuidos en primera instancia a los tribunales administrativos –no a los juzgados administrativos-, en los términos de la providencia citada de la Sala Plena del Consejo de Estado. Sin embargo, la misma Sala aclaró con solvencia argumentativa que si la entidad territorial actuó con fundamento en una potestad minera delegada por una entidad del orden nacional, la competencia jurisdiccional corresponde, en única instancia, al Consejo de Estado, porque en tal caso quien obró fue la Nación, por intermedio de la autoridad estatal a quien le encomendó la competencia del orden nacional a cargo suyo.

“Ahora bien, hay que reparar con detenimiento que el art. 295 de la ley 685 asignó al Consejo de Estado, en única instancia, las acciones relativas a asuntos mineros, diferentes de los contractuales, pero no dijo nada sobre los temas mineros de reparación directa ni los de nulidad y restablecimiento del derecho -siempre que estos últimos versen sobre asuntos relativos a impuestos mineros, contribuciones y regalías-, de allí que el Despacho entiende que en estas dos materias también permanece vigente el art. 128.6 del CCA., porque no fue modificado en ese aspecto por la nueva disposición.”(4)

De acuerdo a lo trascrito, queda claro que esta Corporación tiene competencia funcional para conocer del asunto, en única instancia, conforme a los artículos 128.6 del C.C.A. y 295 de la ley 685 de 2.001, pues las resoluciones demandadas se refieren a un tema petrolero donde es parte una entidad autónoma del orden nacional -Ministerio de Minas-.

Adicionalmente, se insiste, el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, vigente al momento de presentación de la demanda, atribuía al Consejo de Estado, el conocimiento en única instancia de los procesos “...que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación, o una entidad territorial o descentralizada”; esta atribución persiste en la legislación vigente(5) en los siguientes términos: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia (...) (6) De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales”.

Como se observa, sin importar que las pretensiones se refieran a la simple nulidad de un acto, o a ésta junto con el respectivo restablecimiento del derecho, basta que la materia del proceso, haga alusión a asuntos mineros o petroleros(6), para que sea el Consejo de Estado en única instancia, quien conozca de este tipo de procesos.

De otra parte, se establece en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(7) expedido por esta Corporación, que en relación con la “distribución de los negocios entre las secciones” del Consejo de Estado, le corresponde a la Sección Tercera conocer de “(1) Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos agrarios, mineros y petroleros”, así como de “(2) los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el numeral primero”.

Así las cosas, esta Subsección de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer del caso objeto de análisis.

2. Caducidad.

De otro lado, es preciso pronunciarse sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en consideración a que la entidad demandada solicitó que se declarara esta excepción, comoquiera que la demanda no se había interpuesto en el término legal.

En relación con la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que se cuenta con un término de 4 meses “contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”.

Así las cosas, se pasará a verificar las fechas en las que quedaron debidamente ejecutoriados los actos acusados, a efectos de establecer si la demanda se presentó en tiempo.

En efecto, el primero de los actos administrativos demandados, es del 10 de abril de 1996, que fue notificado, el 26 de abril siguiente (Fol. 59 vto. cuad. 2), y el segundo acto demandado, es del 26 de junio del mismo año, que fue enviado por correo certificado el 2 de julio siguiente (Fol. 43 cuad. 2).

Ahora bien, de acuerdo a la constancia de notificación del acto del 10 de abril de 1996, que obra a folio 59 vto. del cuaderno 2, los notificados tenían 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto administrativo -26 de abril de 1996-, para presentar el recurso de reposición procedente.

Revisado el calendario de 1996, el término de 10 días se cumplía el 13 de mayo de ese año, toda vez que la notificación del mencionado acto administrativo ocurrió el 26 de abril de esa anualidad, y teniendo en cuenta los días festivos, el plazo para presentar el recurso de reposición vencía en la fecha mencionada.

Así las cosas, conforme al escrito que obra en el expediente de folios 4 a 15 del cuaderno 27, el señor Rodolfo Palacio Iguarán, como representante legal de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará presentó escrito de “reconsideración” el 13 de mayo de 1996, es decir, el último día del plazo establecido en el acto administrativo para formular el recurso.

Por lo anterior, el acto administrativo del 10 de abril de 1996, no quedó debidamente ejecutoriado, en tanto que en su contra, se interpuso un escrito de reconsideración -que en estricto sentido se entendió como un recurso de reposición- dentro del término previsto para tal fin.

Posteriormente, el Ministerio de Minas profirió el acto administrativo de fecha 26 de junio de 1996, mediante el cual se confirmó la decisión de no autorizar la exploración y explotación en la zona de Tubará por “falta de requisitos legales y fácticos”. De acuerdo a la constancia que obra a folio 43 del cuaderno 2, esta decisión fue enviada por correo certificado al interesado el 2 de julio de 1996, quien lo recibió el 8 de julio siguiente.

De lo expuesto, se advierte que el término para presentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 8 de noviembre de 1996, puesto que el acto que confirmó la decisión adoptada el 10 de abril de 1996, lo recibió el interesado, por correo certificado, el 8 de julio de ese año.

De acuerdo a lo anterior, comoquiera que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se incoó el 29 de octubre de 1996, conforme lo demuestra el sello de recibido de la Sección Tercera de esta Corporación que obra a folio 33 vto. del cuaderno 2, se observa que no se encontraba vencido el término de ley para interponer la demanda. En ese orden, no procederá la declaratoria de caducidad solicitada por la entidad demandada.

3. Caso Concreto.

En atención a que ya se resolvieron las cuestiones previas en el proceso de la referencia, se pasará a realizar el análisis del caso sub examine en los siguientes términos:

Como presupuesto fundamental para la procedencia de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, es el que éstas se interpongan frente a actos administrativos y no ante simples manifestaciones de las administraciones públicas, carentes de efectos(8). Como consecuencia de ello, resulta necesario al juez de conocimiento de estas acciones, percatarse de dicha situación; es decir, evidenciar que se trate de una manifestación unilateral de la voluntad de una entidad pública o un particular en estricto cumplimiento de funciones administrativas, capaz de generar efectos jurídicos frente a sujetos.

En el caso objeto de análisis, de la simple lectura del acto administrativo del 10 de abril de 1996, se evidencia que en él se le está informando al señor Rodolfo Eugenio Palacio Iguarán, que no se accede a su requerimiento, “en tanto que no demostró el derecho de propiedad sobre el subsuelo del predio correspondiente”.

En efecto, restringir que un sujeto de derecho pueda desarrollar una actividad, constituye sin duda alguna, una manifestación de la voluntad de una entidad pública en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos frente a uno o varios sujetos de derecho. Por lo tanto, no cabe duda entonces, que la decisión adoptada el 10 de abril de 1996 proferida por la División Legal de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, es un acto administrativo. Esta misma situación se predica de la decisión adoptada el 26 de junio de 1996, que resolvió la solicitud de reconsideración presentada por el señor Rodolfo Eugenio Palacio Iguarán.

Con fundamento en estas consideraciones, es pertinente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se formuló por la comunidad demandante contra actos administrativos de contenido particular que generan efectos en ella, y en consecuencia, en caso de verificarse la ilegalidad de éstos, así como la afectación a la demandante, esta sentencia debería declarar la nulidad de los mismos y condenar a la respectiva indemnización de perjuicios a la parte demandada.

Adicionalmente, en el caso objeto de análisis, la comunidad demandante alega la violación al ordenamiento jurídico de los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Minas y aduce la existencia de perjuicios con ocasión de ello, que en su entender deben ser resarcidos. En otras palabras, no sólo les interesa la declaratoria de ilegalidad del acto acusado, sino que se les restablezcan sus derechos patrimoniales, por lo tanto, es procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos demandados.

4. Hechos Probados.

Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, están demostrados los siguientes hechos:

4.1. De acuerdo a la sentencia proferida el 10 de octubre de 1942, por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará es propietaria del petróleo que pueda encontrarse en el sector denominado como “Tubará”. En efecto, en esta providencia se indicó:

“Por los motivos expuestos, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara que es fundada la pretensión de la llamada ‘Comunidad de condueños del antiguo resguardo de indígenas de Tubará’, representada por el administrador señor Valmiro L. Donado, y de la compañía de petróleos del Carare, de que le pertenece en propiedad a la primera el petróleo que pueda encontrarse en el globo de tierra descrito en el aviso presentado al Ministerio” (Fols. 191 a 199 cuad. 2.).

4.2. Igualmente, obra el registro de matrícula inmobiliaria No. 040-62887, que establece los linderos del terreno correspondiente al Resguardo Indígena de Tubará (Documentos sin foliar que se encuentran en el cuaderno 25).

4.3. Asimismo, obra en el expediente la comunicación sin fecha, suscrita por el señor Rodolfo Eugenio Palacio Iguarán y dirigida al Ministro de Minas y Energía, en la que se solicitó lo siguiente:

“En mi condición de representante legal, como administrador de la Comunidad de Condueños del Subsuelo de Tubará, conforme lo precisa la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia, providencia (sic) debidamente ejecutoriada de octubre diez (10) de mil novecientos cuarenta y dos (1942), y debidamente registrada en ese Ministerio, y cuya personería acredito con la copia adjunta de la escritura pública número mil doscientos sesenta y dos (1262) de mayo 18 de 1990, mediante la cual se protocolizó copia del acta cero uno (01) de mil novecientos noventa (1990), [ilegible] abril veintiocho (28) del mismo año, de la asamblea de comuneros de la citada comunidad, dando cuenta de mi nombramiento como administrador de la misma, a usted muy atenta y respetuosamente solicito se sirva ordenar la inscripción de mi nombre RODOLFO Eugenio Palacio Iguarán, con cédula de eciudadanía (sic) número 3’686.003 de Barranquilla, como representante legal de dicha comunidad en virtud del contenido de la documentación acompañada.

Adicionalmente y con la misma personería comunico a usted que en virtud del convenio, cuya copia autenticada anexo a la presente hemos concedido a la firma norteamericana, Allied Energy Corporation, de Houston, Texas, y hoy en trámite para incorporar una sucursal en Colombia que será llamada Allied Energy Colombia Corporation, la facultad de obtener la licencia exclusiva para llevar a cabo las actividades de exploración en el área, con la opción de hacer extensivo este convenio a la cesión de la licencia exclusiva para la exploración del petróleo y el gas en la citada área por un periodo de veinticinco años (25).

“En virtud de lo anteriormente expuesto ruego a usted, muy atentamente, se sirva reconocer como la única cesionaria de los derechos y las obligaciones emanadas de la propiedad del subsuelo que ostenta nuestra comunidad en la mencionada área de Tubará en el departamento del Atlántico.” (Mayúsculas en original) (Fols. 1 y 2 cuad. 27).

4.4. El 10 de abril de 1996, el Jefe de la División Legal de la Dirección General de Hidrocarburos, señaló:

“Establece el artículo 35 del Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos) lo siguiente: ‘Toda persona natural o jurídica que pretenda efectuar exploraciones con perforación en busca del petróleo que repute como de propiedad privada, o explotar dicho petróleo, deberá dar, en cualquiera de estos dos casos, un aviso al Ministerio respectivo, acerca de la persona para quien vaya a hacerse las exploraciones o explotaciones, la extensión y los linderos del terreno en que hayan de efectuarse y el día en que deban iniciarse. Al aviso deberá acompañar las pruebas que demuestren el derecho a extraer el petróleo que se encuentra o pueda encontrarse en aquel terreno, junto con un plano topográfico del perímetro de la respectiva propiedad…’ (negrilla fuera de texto)

“Teniendo en cuenta lo dispuesto en la norma citada y ante las solicitudes elevadas por el señor Rodolfo Eugenio Palacio Iguarán, mediante escrito radicado Minminas 3341 del 21 de febrero de 1996, en el sentido de inscribir su nombre como representante legal de la Comunidad de Condueños del Sub-suelo del Antiguo Resguardo Indígena de Tubará, en virtud del contenido de la documentación que anexa al escrito referido, así como en el de ‘…reconocer en adelante a la mencionada empresa, Allied Energy Colombia Corporation, como única cesionaria de los derechos y las obligaciones emanadas de la propiedad del subsuelo que ostenta nuestra comunidad en la mencionada área de Tubará en el departamento del Atlántico’, este Despacho considera improcedente aceptar dichos requerimientos, toda vez que los interesados no han demostrado el derecho de propiedad sobre el subsuelo del predio correspondiente.” (Fol. 19 cuad. 2).

4.5. El 13 de mayo de 1996, el señor Rodolfo Palacio Iguarán, presentó una solicitud de reconsideración a la decisión anterior, en los siguientes términos:

“Yo Rodolfo Palacio Iguarán, obrando en mi condición de Representante Legal como Administrador de la Comunidad de Condueños del Subsuelo del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará, conforme lo he acreditado previamente mediante la presentación a su Despacho de copia de la Escritura Pública número 1262 de mayo 18 de 1990, otorgada en la Notaría 1ª. de Barranquilla, mediante la cual se protocolizó el acta de número 01 de abril 28 del mismo año de la asamblea de integrantes de dicha comunidad, dando cuenta de mi nombramiento como Administrador de la misma, a usted muy atenta y respetuosamente solicito se sirva reconsiderar el concepto u opinión por usted emitido mediante oficio de abril 10 del presente año y como respuesta a nuestra solicitud de febrero 21 del corriente, radicado MINMINAS 3341, en el sentido de que registrara mi nombre como representante legal de la citada comunidad y se reconociera en adelante a la empresa Allied Energy Colombia Corporation, como la única cesionaria actual de los derechos y obligaciones emanadas de la propiedad, por cuanto estimo que no existe razón ni causa alguna para desconocer el derecho objeto de la petición, ni mucho menos para afirmar de manera tan extraña como categórica ‘que los interesados no han demostrado el derecho de propiedad sobre el subsuelo del predio correspondiente’, situación administrativa por usted planteada y que por sus efectos está comprometiendo no sólo el derecho a que me sea reconocida la personería que he acreditado plenamente ante su Despacho sino el derecho de propiedad de la Comunidad plenamente ante su Despacho, sino el derecho de propiedad de la comunidad plenamente demostrado desde hace muchísimos años ante ese Ministerio, sobre el subsuelo del área del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará, Atlántico, y en torno al cual usted se pronuncia aplicando una premisa normativa (art. 35 Decreto 1056 de 1953 del Código de Petróleo) que ninguna relación lógica ni jurídica tiene con la extraña conclusión ‘toda vez que los interesados no han demostrado el derecho de propiedad sobre el subsuelo del predio correspondiente’, a menos que usted esté planteando a su juicio personal, la necesidad de aportar requisitos adicionales a los ya señalados por la ley, en el caso concreto, previamente prohibido por la Constitución Nacional, en su artículo 84 y con cuya actitud ha venido creando ingentes perjuicios de orden moral y económico al normal desarrollo del único contrato actualmente vigente con la Comunidad, como lo es el celebrado con la firma Allied Energy Colombia Corporation.

“En virtud de lo anteriormente expuesto, reitérole mi solicitud en el sentido de que se sirva reconsiderar la situación jurídica planteada, procediendo en primer término a reconocer mi personería, como administrador de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará, y en segundo lugar registrando el único contrato vigente con nuestra comunidad, con la firma Allied Energy Colombia Corporation, por ser hoy la única titular, como concesionaria, de los derechos de la Comunidad, en torno a la exploración y explotación de sus yacimientos de petróleos en Tubará, como consecuencia de la inexistencia de contrato anterior alguno, ya que el último que suscribió la Comunidad con Drilexco Ltda. para los mismos fines, dejó de producir efectos jurídicos por incumplimiento franco y manifiesto del Contratista desde febrero de 1989 en que se inició la mora por parte de esta última en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones allí pactadas, abandonando inclusive el campamento, todo lo cual generó graves e ingentes perjuicios a los intereses de la comunidad que represento, como paso a referirme:

“Originalmente se suscribió con Drilexco Ltda, representada por el ingeniero Francisco Cano, un contrato que las partes llamaron ‘Contrato de arrendamiento’ el cual adicionado posteriormente mediante escritura pública número 70 de enero 15 de 1986 con distinta cláusulas conteniendo nuevas obligaciones y modificaciones a cargo de Drilexco, ninguna de las cuales alcanzó a cumplir dando lugar a la terminación del contrato por incumplimiento manifiesto de esta última. Dentro de ellos, en la modificación a la cláusula quinta se estipuló ‘…Si vencidos estos cinco años de exploración no se ha encontrado petróleo o gas en cantidad comercial el contrato quedará automáticamente cancelado’.

“En la modificación a la cláusula décimo octava dice ‘los contratistas perforarán antes del 28 de febrero de 1986 un pozo de 4000 pies de profundidad y antes del día 14 de diciembre del 86 un pozo de por lo menos 9000 pies de profundidad. El incumplimiento d este compromiso hará caducar el presente contrato’.

“Posteriormente y con el objeto de darle una última oportunidad a Drilexco, y a pesar de la cadena de incumplimiento[s] anteriormente señalados, la Comunidad, mediante Acta Compromisoria de noviembre de 1986, elevada a Escritura Pública, aceptó otorgarle crédito a la afirmación del representante de Drilexco, el Ingeniero Francisco Cano, en el sentido de que como ‘a su juicio el yacimiento de hidrocarburos encontrados es comercialmente explotable, se debe señalar como periodo de explotación comercial el 15 de noviembre de 1986’, asumiendo Drilexco obligaciones con la comunidad que por no haber cumplido jamás, dio lugar a la acción judicial a que adelante me referiré.

“Con el objeto de poder resarcir a nuestra comunidad los perjuicios y daños ocasionados por el incumplimiento que dio lugar a la terminación automática del contrato, instauramos proceso judicial contra Drilexco obteniendo en segunda instancia por parte del Tribunal Superior del Atlántico, la declaración de ‘nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive’ por considerar que la vía procesal indicada para reclamar perjuicios ‘era la del proceso ordinario’.

“En virtud de lo anteriormente expuesto su Despacho claramente podrá establecer, especialmente con vista en la documentación que adjunto a la presente y debidamente relacionada, que el contrato registrado unilateralmente por Drilexco en el Ministerio, carece de soporte jurídico, por lo cual debo aprovechar esta oportunidad administrativa, para solicitar, en nombre y representación de la comunidad a nombre de la cual hablo se sirva cancelar dicho registro y en su defecto proceder a ordenar el que corresponde a la firma de nacionalidad norteamericana Allied Energy de Colombia Corporation, como única entidad legítimamente constituida como beneficiaria de los derechos de nuestra comunidad, en virtud de contrato vigente y legalmente celebrado el cual reposa en su Despacho previamente acompañado en memorial de 21 de febrero del presente año, solicitando el mencionado reconocimiento.

“(…)

“En torno a su afirmación ‘toda vez que los interesados no han demostrado el derecho de propiedad sobre el subsuelo’ me permito manifestarle con el mismo respeto, que encuentro inexplicable, por lo menos desde el punto de vista jurídico dicha afirmación por lo siguiente:

“Primero: La Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará, con mucha anterioridad a su concepto emitido a 10 de abril del año en curso, ha demostrado plenamente estar amparada por situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas por sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia, como título específico, en ejercicio de cuyos derechos se descubrieron los yacimientos de hidrocarburos con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, y a que se refiere la Ley 20 del mismo año y la 97 de 1993, habiéndose obtenido las pruebas o muestras del hidrocarburo, en muchísimas oportunidades, dentro de las cuales cabe destacar aquella de la cual usted como Jefe de División de Hidrocarburos de ese Ministerio dio fe en su carta memorando número 04700 de marzo 1 de 1996, con motivo de la perforación con taladro de los pozos Tubará uno (1) y Tubará dos (2), y que tuvo lugar por cierto con una antelación de más de 20 años a la ley 20 de 1969, en que se encontraron cantidades de gas y de petróleo en volúmenes que por el carácter comercial que usted atribuye mas no la ley en nada desvirtúa la existencia del yacimiento, roca o trampa precisamente por la imposibilidad física de que dicho mineral pueda proceder de una fuente de otra características (sic), cumpliendo así con las exigencias de las normas que por vía de excepción reconoce el derecho privado sobre el subsuelo en Colombia en materia de petróleo.

“(…)

“Por todo lo anteriormente expuesto, ruego de usted se sirva reconsiderar la situación que se sirvió plantear en su oficio de fecha abril 10 del presente año, en el sentido de reconocer mi personería como administrador de la Comunidad de Condueños del Subsuelo del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará, registrar a la compañía cesionaria Allied Energy Colombia Corporation, como la única concesionaria de los derechos de exploración y explotación del yacimiento de petróleo de propiedad de nuestra comunidad, así como aceptar que nuestra comunidad tiene pleno derecho de propiedad, demostrado y consolidado, de acuerdo a las leyes colombianas, sobre el subsuelo del antiguo resguardo de indígenas de Tubará.

“(…)” (Mayúsculas en original) (Fols. 4 a 15 cuad. 27).

4.6. Ante la anterior solicitud, el 26 de junio de 1996, el Ministerio de Minas y Energía, respondió:

“En atención a solicitud elevada mediante escrito referido, nos permitimos manifestarle lo siguiente:

“La Ley 20 del 22 de diciembre de 1969 establece:

‘Artículo 1º. Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente Ley, sólo comprenderá las situaciones jurídicas, subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos.

‘Artículo 18. Las normas contenidas en el artículo 1º. de esta Ley se aplicarán también a los yacimientos de hidrocarburos’

“Mediante Decreto 1994 del 4 de septiembre de 1989, por el cual se reglamenta el artículo 1º. de la Ley 20 de 1969, en materia de hidrocarburos, se dispuso:

‘Artículo 1º. De acuerdo con el artículo 202 (hoy 332) de la Constitución Política y con los artículos 1º. y 13 de la Ley 20 de 1969, todos los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación. Se exceptúan de esta regla general los derechos constituidos a favor de terceros.

“Dicha excepción, a partir del 22 de diciembre de 1969, sólo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos. Se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situaciones individuales creadas con anterioridad a la fecha citada, por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva, siempre que tales actos conserven su validez jurídica y que al 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos.

“Artículo 2º. Para efectos de lo previsto en la Ley 20 de 1969 y en el presente Decreto, un yacimiento se reputa descubierto cuando mediante perforación con taladro y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra un hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos, y que se comporta como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de los fluidos.

“Artículo 3º. Con la solicitud para obtener la autorización de explotación de petróleo en yacimiento que se pretenda como de propiedad privada, el peticionario acompañará la prueba necesaria para acreditar:

“a) La existencia de un título específico de adjudicación de los hidrocarburos…, o

“b) La existencia de un fallo que conserve su validez jurídica…, y

“c) Que el yacimiento materia de la solicitud fue descubierto antes del 22 de diciembre de 1969” (Subrayas fuera de texto)

“En concordancia con lo consagrado en las disposiciones citadas, se expidió la Ley 97 del 17 de diciembre de 1993, por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969, así:

‘Artículo 1º. Reconocimiento excepcional de propiedad privada sobre hidrocarburos. Para efectos de la excepción prevista en los artículos 1º. y 13 de la Ley 20 de 1969, se entiende por derechos constituidos a favor de terceros las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969.

‘Artículo 2º. Descubrimiento de hidrocarburos. Se entiende que existe yacimiento descubierto de hidrocarburos cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.

‘Artículo 3º. Las disposiciones contenidas en los artículos primero y segundo de la presente Ley, constituyen la única interpretación autorizada de la Ley 20 de 1969, artículos primero y trece…’

“De las disposiciones legales traídas a colación se concluye que para poder reclamar como propiedad privada el subsuelo, se requiere -además del título específico o fallo que conserve su validez jurídica- que esas situaciones se encuentren vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos a más tardar el 22 de diciembre de 1969.

“Sin lugar a dudas, los interesados tan sólo han dado cumplimiento a uno de los requisitos exigidos por las normas, para demostrar la propiedad privada del subsuelo, esto es, encontrar registrada en el Libro Segundo del Registro de Avisos y Sentencias de éste Ministerio (folios 128, 129, 130 y 131) providencia -de la Corte Suprema de Justicia- del año 1942; sin embargo, se requiere además demostrar el descubrimiento de yacimiento(s) a más tardar el 22 de diciembre de 1969, de conformidad con lo consagrado por las referidas disposiciones legales, situación esta última que no se ha probado -según lo expresado en los informes técnicos suministrados por la Subdirección de Hidrocarburos de este Ministerio, y no con base en apreciaciones subjetivas o juicios personales de sus funcionarios, como lo manifiesta con desacierto en su escrito el doctor Palacio Iguarán-.

“No obstante lo anterior, es procedente citar el informe que con fecha 25 de junio de 1996 elabora el Geólogo José William Garzón Solis, en relación con lo expresado en el libelo presentado por el doctor Rodolfo Palacio Igiuarán, en el que se observa y concluye lo siguiente:

‘OBSERVACIONES:

‘Pozo: TUBARÁ-1

‘1. Se reporta la presencia de “areniscas petrolíferas” a veces “areniscas petrolíferas limosas”, pero en caso alguno se especifican las razones que se tuvieron en cuenta para describir estas arenas como “petrolíferas” (olor, fluorescencia, manchas de hidrocarburos, color, etc.), así como tampoco se presenta la caracterización petrofísica (porosidad, permeabilidad) de las mismas para poder evaluar su potencial como reservorios.

‘2. Se reportan algunas pruebas de producción (suabeos y chupas) que obtuvieron como resultado “un poquito de gas y algunas manchitas de petróleo” y/o “un poco de gas y manchas ligeras de petróleo”.

‘3. Después de algunos cañoneos se reporta “buena cantidad de gas acompañado de un poco de petróleo”, “buena manifestación de petróleos y gas”, durante siete (7) días se chupó obteniendo “únicamente agua lodosa con un poco de petróleo”.

‘Al día octavo después del último cañoneo, al abrirse a las 7:30 a.m. con la primera chupada se recuperaron “unos 15 galones de buen petróleo acompañado de gas, pero la cantidad disminuyó rápidamente y chupó hasta el fondo a las 10 y 30 a.m. Se cerró el pozo al medio día”

‘El día noveno “se abrió pozo a las 7 a.m. con una presión de 200 libras. Se recuperó como un barril de buen petróleo conteniendo gas y agua lodosa con primera chupada, pero se chupó hasta que el pozo quedó seco a las 9 a.m. Se cerró durante el resto del día”.

‘En los días subsiguientes se insistió con el pozo obteniendo sólo “agua sucia con un poco de petróleo y gas” en algunas chupadas.

‘4. Finalmente el pozo fue abandonado por la compañía operadora.

‘Pozo: Tubará-2

‘1. Sólo reporta la presencia de una “capa porosa con olor a petróleo” sin ninguna caracterización adicional.

‘2. El mejor resultado obtenido en las pruebas fue la obtención de 12 barriles de lodo con trazas de petróleo.

‘3. El pozo fue abandonado.

‘Pozo: Tubará-3

‘1. No se encontró arena petrolífera alguna.

‘2. Sólo fluyó fluido de formación de 4700 ppm, salmuera, sin ninguna manifestación de aceite.

‘3. El pozo fue abandonado.

‘Pozo: Tuabará-4

‘1. No se reportó la presencia de arenas petrolíferas.

‘2. “El pozo no produjo aceite. El recobro fue de lodo de perforación. Habiendo considerado el pozo como seco, la compañía operadora decidió taponarlo y abandonarlos el día 25 de marzo de 1960”.

‘Pozo: Guaruco-1

‘1. No se encontró petróleo, tan solo se detectó la presencia de gas en la columna de lodo (no se determinó la cantidad de gas).

‘2. No se realizaron pruebas de formación por ser innecesarias.

‘3. El pozo fue abandonado.

‘Pozo: Guaruco-2

‘1. Durante la perforación no se encontró petróleo.

‘2. No hubo pruebas de formación por ser consideradas innecesarias.

‘3. El pozo fue abandonado.

‘Pozo: Guaruco-3

‘1. Durante la perforación no se encontró petróleo. A 1018 pies se encontró la presencia de gas en el lodo.

‘2. No se realizaron pruebas de formación.

‘3. No se recomendó ningún intervalo para ser cañoneado por considerarse innecesario.

‘4. El pozo fue abandonado.

‘Conclusiones:

‘1. En ningún caso se presentó la caracterización de las arenas encontradas, principalmente de las “arenas petrolíferas” citadas en los reportes, siendo imposible, sin conocer sus características petrofísicas, evaluar su potencial como posibles reservorios.

‘2. Las cantidades de petróleo que se obtuvieron en las pruebas fueron demasiado pequeñas, no se especificaron en ningún momento las características de los hidrocarburos recuperados, posiblemente en razón a las cantidades mínimas. No se pudo llevar a cabo pruebas de fluidos en ningún de los pozos.

‘Los periodos de flujo de agua fueron también muy cortos en razón al poco aporte de presión natural de las formaciones probadas, siendo necesarios suabear (achicar) el volumen almacenado en la tubería sin obtener resultados positivos. De tal manera que no se puede hacer afirmación alguna acerca de la presencia de cantidades comerciales de hidrocarburos en las formaciones de interés.

‘3. Con la información disponible acerca del comportamiento de estos pozos, la única conclusión posible es la de que ni se encontró un buen reservorio, ni se confirmó la existencia de trama estructural alguna (ninguno de los reportes amarra la información estratigráfica obtenida en los pozos a sísmica y/o estructura pronosticada) y por ende no se pudo comprobar la presencia de un yacimiento. Es necesario recordar que para que exista un yacimiento se debe dar la conjugación natural de reservorio fuera de la estructura, reservorios con estructura pero sin hidrocarburos y reservorios con trampa natural llenos de hidrocarburos (yacimientos)’

“Por todo lo anteriormente expuestos, esta División encuentra improcedente acceder a lo solicitado por el doctor -ROdolfo Palacio Iguarán- mediante escrito radicado MINMINAS 000020 del 13 de mayo del año en curso, toda vez que las razones por él expuestas carecen de fundamento legal o fáctico que las soporten” (Mayúsculas y subrayado en original) (Fols. 41 y 42 cuad. 2).

4.7. En varias ocasiones el señor Vicente Noguera Carbonell, quien actuó como apoderado de la compañía Allied Energy Colombia Corporation, solicitó ante el Ministerio de Minas, información relativa a la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Tubará, por lo que el 4 de septiembre de 1996, el Jefe de la División Legal de Hidrocarburos, le manifestó lo siguiente:

“Atendiendo la solicitud elevada mediante libelo referido, en primer lugar nos referimos a su apreciación inicial relacionada con que este Despacho exige Requisitos adicionales a los señalados por ley, para demostrar propiedad sobre el subsuelo. Al respecto, consideramos improcedente -desde todo punto de vista dicha apreciación-, toda vez que la respuesta proferida mediante auto del 10 de abril del presente año se fundamenta en requisitos establecidos legalmente y no en caprichosas exigencias de los funcionarios de éste Ministerio. Por considerarlo adecuado y oportuno, adjuntamos y hacemos formar parte de este escrito fotocopia del oficio 15459 del 26 de junio de 1996, dirigido al doctor Rodolfo Palacio Iguarán (Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará), en el que se aclaran apreciaciones similares a las por usted planteada, dentro del mismo caso que nos ocupa.

“En segundo lugar y para rodear de claridad toda situación desde un comienzo, se deja constancia de que el ‘poder’ al cual usted se refiere y adjunta al escrito de referencia, para demostrar que actúa como apoderado especial de la compañía Allied Energy Colombia Corporation, es sólo fotocopia simple que carece además de su aceptación y de los correspondientes sellos de presentación personal y/o autenticación de firmas.

“Sin perjuicio de las observaciones anteriores, habiendo consultado el archivo general del Ministerio de Minas y Energía, así como los archivos de la Subdirección de Hidrocarburos y de esta División, con el fin de certificar lo pertinente, según el orden por usted fijado procedemos a manifestar lo siguiente:

“EL JEFE (E) DE LA DIVISIÓN LEGAL DE HIDROCARBUROS

“CERTIFICA:

1. No se encontró documento alguno que haga referencia a lo expuesto por el doctor Vicente Noguera, en el numeral 1 del escrito de fecha 9 de mayo de 1996, radicado MINMINAS 000019 del 13 de mayo del mismo año.

2. En la página 102 de los anexos a la memoria de 1925, presentada por el Ministerio de Industria -volumen que reposa en la Biblioteca del Ministerio de Minas y Energía-, en informe de la Comisión Científica Nacional y dentro del acápite de ‘Agua y petróleo en el Departamento del Atlántico’, párrafo cuarto, se hace la siguiente observación:

‘En las perforaciones hechas hasta hoy en el Departamento del Atlántico y en Bolívar nunca se ha encontrado agua, aunque sí gas y en Las perdices un poco de petróleo. La falta de agua es sorprendente y es tal vez la causa por la cual no se ha encontrado petróleo en la cima del anticlinal…’

3. En las páginas XIX y XX de la memoria presentada al Congreso por el Ministerio de Industrias, en el año 1926 -volumen que reposa en la biblioteca del Ministerio de Minas y Energía-, en relación con los ‘Trabajos en los campos petrolíferos’, se expresa lo siguiente:

‘Las compañías que en la actualidad tienen establecidos y llevan a cabo trabajos de perforación en el país para buscar o explotar hidrocarburos son las siguientes:

‘…Coastal Oilfields of Colombia Ltd. Esta compañía trabaja en unos terrenos situados al sur de Puerto Escondido, que fueron adjudicados como minas de petróleo a la Compañía explotadora de petróleos del Sinú durante la vigencia del artículo 110 del Código Fiscal, y también en el sitio llamado Las Perdices, del Distrito de Tubará, al sur de Puerto Colombia, en donde antes trabajaba la Colombia Oilfields Ltd. En la región de Puerto Escondido adelanta la perforación de un pozo y se prepara para perforar dos más, y en Las Perdices inició la perforación del pozo número 5 (Negrilla y subraya fuera de texto)

4. En la página 53 de la memoria presentada al Congreso por el Ministerio de Industrias, en el año 1928 -volumen que reposa en la biblioteca del Ministerio de Minas y Energía-, no se hace referencia alguna a lo expuesto por el doctor Vicente Noguera en el numeral 4, página 3, del escrito radicado MINMINAS 000019 del 13 de mayo del año en curso.

5. A folios números 128, 129, 130 y 131 del Libro Segundo del Registro de Avisos y Sentencias, bajo el número 17 se registró el -17 de febrero de 1943- la Sentencia del 10 de octubre de 1942 de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que declara ‘…fundada la pretensión de la llamada “Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará”, representada por el administrador señor Valmiro H. Donado y de la Compañía de Petróleos del Carare, de que le pertenece en propiedad a la primera el petróleo que pueda encontrarse en el globo de tierra descrito en el aviso presentado al Ministerio’.

6. No se encontró documentación relacionada con lo aludido -por el doctor Vicente Noguera- en el numeral 6, del citado escrito (radicado MINMINAS 000019 del 13 de mayo de 1996)

7. No se encontró el memorando al que se refiere el doctor Vicente Noguera en el numeral 7, ibíd.

8. Revisados los archivos referidos, al igual que el expediente 3445 correspondiente a la compañía DRILLING AND EXPLORATION COMPANY S.A., DRILLEXCO, no se encontró constancia de registro de proyectos o programas de exploración y/o explotación de petróleos, como lo manifiesta el doctor Vicente Noguera en el numeral 8, del mencionado escrito del 13 de mayo del año en curso.

9. No se encontró la certificación que cita el doctor Vicente Noguera Carbonell en el numeral 9., Ibíd.

10. Reposa, en el archivo de la División Legal de Hidrocarburos, copia de la certificación dirigida al señor Juan Illera Palacio -mediante oficio 004700 del 1 de marzo del año en curso- en el sentido siguiente:

‘Que a folios 128, 129, 130 y 131 del Libro Segundo del Registro de Avisos y Sentencia, bajo el número 17 se registró el -17 de febrero de 1943- la Sentencia del 10 de octubre de 1942 de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que declara ‘…fundada la pretensión de la llamada “Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará”, representada por el administrador señor Valmiro H. Donado y de la Compañía de Petróleos del Carare, de que le pertenece en propiedad a la primera el petróleo que pueda encontrarse en el globo de tierra descrito en el aviso presentado al Ministerio’.

¿Qué lo consagrado en el artículo segundo del Decreto 1895 del 15 de septiembre de 1973 continúa vigente, toda vez que no ha sido modificado o derogado.

‘Que la Subdirección de Hidrocarburos, en memorando número 00651 del 16 de enero de 1996, en relación con los radicados Minminas 108271 y 108801 del 12 y 19 de diciembre de 1995, conceptúa:

PozoFecha de perforaciónProfundidadResultado
Guaruco-1Enero/621201 piesSeco -no se realizó prueba-
Guaruco-2Enero/621230 piesSeco -no se realizó prueba-
Guaruco-3Enero/621726 piesSeco -no se realizó prueba-
Tubará-1Octub/478150 piesSeco -no se realizó prueba- dando como resultado agua salada co pequeñas cantidades de gas y petróleo
Tubará-2Octub/473789 piesSeco -no se realizó prueba- dando como resultado agua salada co pequeñas cantidades de gas y petróleo
Tubará-3Junio/534010 piesSeco —no se realizaron pruebas pero no se recuperó ningún fluido de información
Tubará-4Marzo/604526 piesSeco —no se realizaron pruebas pero no se recuperó ningún fluido de información

 

‘Todos los pozos fueron taponados y abandonados por no encontrarse un campo comercial.

‘Es de anotar, que los otros pozos solicitados no se encontraron las carpetas en nuestros archivos; por tal razón, no se da ningún dato’

(Negrillas y subrayas fuera de texto)

“Que el contenido del Capítulo V, ‘Avisos de perforación y revisión de títulos’, artículo 181, del Código de Petróleos, es: ‘Cuando se haya tramitado un aviso de exploración con perforación en busca de petróleo que se repute como de propiedad privada, no habrá lugar a nuevo aviso, para los efectos del artículo 35, en el caso de que se pretenda explotar posteriormente dicho petróleo’.

“Que el artículo antes transcrito hizo referencia a los avisos de exploración con perforación en búsqueda de petróleo en terrenos de propiedad privada vinculados a yacimiento descubierto de hidrocarburos, de conformidad con las leyes 20 de 1969 y 97 de 1993.

“Que el artículo 1º de la Ley 97 de 1993 establece: ‘RECONOCIMIENTO EXCEPCIONAL DE PROPIEDAD PRIVADA SOBRE HIDROCARBUROS. Para efectos de la excepción prevista en los artículos 1º y 13 de la Ley 20 DE 1969, se entiende por derechos constituidos a favor de terceros las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se haya descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969’

“Que a su vez, el artículo segundo de la mencionada Ley 97 de 1993, consagra: ‘DESCUBRIMIENTO DE HIDROCARBUROS. Se entiende que existe yacimiento descubierto de hidrocarburos cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos’

“Que igualmente, el artículo 3º de la Ley 97 dispone: ‘Las disposiciones contenidas en los artículos primero y segundo de la presente ley, constituyen la única interpretación autorizada de la Ley 20 de 1969, artículos primero y trece’

“(…)

“La anterior transcripción textual se hace con el fin de conservar el sentido completo de la certificación referida, evitando así cualquier equivocada interpretación que se puede dar, total o parcialmente, al contenido de la misma.

11. No se encontró el memorial ni constancia de trámite adelantado con base en el mismo, según lo manifestado por el doctor Vicente Noguera en el numeral 11 del escrito radicado MINMINAS 000019 del 13 de mayo de 1996.

12. No se encontró copia de la actuación a la que se refiere el doctor Vicente Noguera en el numeral 12, Ibíd.

13. No se encontraron registrados los contratos contenidos en las escrituras públicas relacionadas por el doctor Vicente Noguera en el numeral 13, Ibíd.

14. Reposa en la División Legal de Hidrocarburos, en la carpeta de la ‘Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena de Tubará’, un ejemplar de la revista ‘Carta Petrolera’, No. 65, del año 1995, en cuya página 15 aparece recuadro con texto que señala lo siguiente

‘El primer pozo exploratorio petrolero perforado en Colombia se hizo realmente en 1883. Se le denominó Tubará y los pioneros fueron Manuel María Palacio y David López, asesorados por el geólogo Luis Striffer. El trabajo se hizo a tajo abierto, es decir pura minería del petróleo. La torre de perforación era una estructura de madera de diez metros de alto, en cuya cúspide pendía una polea con un cable de acero atado a un martinete, el cual, a medida que golpeaba, penetraba la corteza terrestre. El resultado: una capacidad de producción de 50 barriles por día’

“Según concepto emitido por la Subdirección de Hidrocarburos, mediante memorando 18449 del 30 de julio del año en curso, ate petición adicional formulada por el doctor Vicente Noguera mediante escrito radicado MINMINAS 14490 del 25 de julio de 1996 la citada dependencia expuso lo siguiente:

‘Nuevamente ratificamos que de acuerdo al concepto emitido por el Geólogo William Garzón Solís en junio 28 de 1995: “no debe incluir certificación alguna referente al resultado alentador en cuanto a producción de gas y aceite” que se obtuvo 8 pozos de los 24 perforados en los mencionados predios. Puesto que tanto la presencia de muestras de aceite o gas en un pozo, como su ausencia, en ningún momento determinan la existencia o no de un yacimiento comercial’

‘Esto teniendo como base la información remitida por el Sr. González Rubio, sin embargo, con la información con que cuenta esta oficina sólo se puede contar con pruebas en 4 pozos, como anteriormente se relaciona (se refiere a los pozos Tubará 1, 2, 3 y 4, referidos en el numeral 10 de la presente certificación).

‘Si, Petróleo crudo está definido en el artículo 2 del Decreto 1895 de 1973: “Es todo hidrocarburo extraído en fase líquida, que existía en ese estado en el yacimiento”. Pero a su vez, YACIMIENTO está definido en el mismo Decreto como: “Es toda roca en la cual se encuentran acumulados hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos”

‘Por lo tanto, el hidrocarburo proviene de una roca capaz de almacenar fluidos.

‘Sin embargo, a 1969 la compañía no adelantó estudios petrofísicos ni de yacimientos claros para definir si existe o no un yacimiento comercial’

“La presente certificación se expide a solicitud del doctor VICENTE NOGUERA CARBONELL, elevada mediante escritos radicados MINMINAS 000019 y 14490 del 13 de mayo y 25 de julio de 1996, respectivamente.” (Mayúsculas en original) (Fols. 172 a 179 cuad. 2).

4.8. Igualmente, obra el oficio GSV-5-490, del 21 de agosto de 1998, mediante el cual Ecopetrol da respuesta a la prueba solicitada por el demandante, en los siguientes términos:

“En atención a la solicitud contenida en el oficio citado en la referencia, recibido en Ecopetrol el 24 de julio del presente año, me permito manifestarle que, revisados los archivos de la Vicepresidencia Adjunta de Operaciones Asociadas, dependiente a la que corresponde el manejo de las áreas destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, se encontraron los siguientes documentos, cuya fotocopia simple adjunto a la presente comunicación:

“1. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 10 de octubre e (sic) 1942, de acuerdo con la cual se declara que ‘es fundada la pretensión de la llamada Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena de Tubará’, (9 folios);

“2. Información referente a las coordenadas (sic) preliminares origen Bogotá, del predio denominado ‘Tubará’, (1 folio);

“3. Anexo A1, de registro de avisos sobre propiedad privada del subsuelo, (1 folio);

“4. Anexo A2, de datos de las sentencias encontradas en la hemeroteca del Banco de la República, (1 folio);

“5. Comunicación EPX/8-064 de 12 de marzo de 1992, mediante la cual la empresa Hocol S.A. solicita a Ecopetrol se le informe ‘si ésta área se puede contratar directamente con el propietario del subsuelo’ (1 folio);

“6. Comunicación VOP-0259 del 25 de marzo de 1992, mediante la cual Ecopetrol respondió a Hocol que ‘…es a Ecopetrol a quien corresponde la exploración y explotación de hidrocarburos en el mencionado sector (1 folio).

“Además se nos informó que en el área mencionada no se ha celebrado contrato alguno para exploración y explotación de hidrocarburos” (Fols. 187 y 188 cuad. 2).

4.9. Asimismo, se allegó el convenio suscrito por la Comunidad de Condueños del Subsuelo del Antiguo Resguardo Indígena de Tubará con la empresa Allied Energy Colombia Corporation (Fols. 236 a 249 cuad. 2).

4.10. Igualmente, obra en el proceso un cuaderno que contiene los informes quincenales rendidos durante el año 1986 por la empresa Drilling and Exploration Company S.A., en los que se indicaban las labores de exploración realizadas en el pozo Apolo I de la zona de Tubará (Cuad. 26).

4.11. De la misma manera, se encuentra en el expediente, la información relacionada con los diferentes contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos en Colombia. Algunos de esos contratos se refieren a la zona de Tubará (Fols. 1418 a 1514 cuad. 28)

4.12. Además, se allegó al proceso el expediente administrativo correspondiente a la zona Tubará, en donde se encuentran las diferentes peticiones y solicitudes elevadas por el representante legal de la Comunidad de Condueños del sector, las respuestas dadas por el Ministerio de Minas y la documentación relacionada (Cuadernos 19, 20 y 21).

4.13. De otro lado, la Superintendencia de Notariado y Registro adjuntó un diagnóstico registral de los predios ubicados en el municipio de Tubará, Atlántico, con el fin de aclarar y delimitar los títulos de propiedad que se encuentra en la zona (Cuad. 12).

4.14. Igualmente, fue allegada una carpeta por el apoderado de la comunidad demandante, en la que se adjuntaron varios documentos enviados al Ministerio de Minas relacionados con la solicitud de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Tubará, escritos relativos al negocio del petróleo en Colombia y varias escrituras públicas de predios que al parecer corresponden a la zona de Tubará (Cuad. 14).

4.15. Finalmente, obra en el expediente un dictamen pericial, que se divide en dos partes: la primera, que se refiere a los presuntos daños y perjuicios causados a la comunidad demandante con la expedición de los actos administrativos (Fols. 61 a 80 cuad.6); y la segunda, que supuestamente demuestra ‘el descubrimiento desde 1909 del yacimiento de hidrocarburos en el subsuelo de propiedad privada de los demandantes’ (Cuad. 24).

Al respecto es necesario precisar que el dictamen que fue decretado por esta Corporación fue el relativo a determinar el ‘monto económico del daño causado a la comunidad de condueños del subsuelo del antiguo resguardo de indígenas de Tubará, como consecuencia de haberse librado el oficio de 10 de abril de 1996, suscrito por el Jefe de la División Legal de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, radicado bajo el número 15459’, -así se puede establecer del auto que decretó las pruebas y que obra a folio 138 del cuaderno 2(9)-, de allí que, la segunda parte del dictamen no será tenida en cuenta, toda vez que no cumple con la finalidad para la que se decretó, esto es, se refiere a un asunto que no fue fijado por el juez.

Ahora bien, aun cuando en el presente caso los peritos acudieron a otros técnicos para ilustrarse en la rendición del dictamen -circunstancia permitida según lo establecido en el numeral 2 del artículo 237 del C.P.C.(10)-, no se puede desconocer que la información suministrada por los peritos auxiliares no se relaciona con la finalidad de la prueba decretada, que fue, únicamente, la de determinar el monto de los perjuicios causados a la comunidad demandante con la expedición de los actos administrativos demandados.

Así las cosas, en atención a que el informe rendido por los técnicos auxiliares a los peritos principales, no tiene relación alguna con el objeto de la prueba decretada, no será valorado, ni su información será utilizada para fallar de fondo el asunto.

5. De las pruebas que se acaban de transcribir se tiene por probado que la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará, es propietaria de un globo de tierra ubicado en la zona del mencionado municipio.

Al respecto, es importante precisar que la entidad demandada no cuestiona la calidad de propietaria de la comunidad demandante y efectivamente en el proceso obra copia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que así lo confirma.

Adicionalmente, en el material probatorio se encuentra los folios de matrícula inmobiliaria, que de acuerdo a la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera(11), son suficientes para acreditar la calidad de propietario.

Por lo tanto, se acreditó el interés de la parte demandante para interponer la presente acción, toda vez que los actos demandados negaron la autorización para el ejercicio de la exploración y explotación petrolera en la zona de propiedad de la comunidad

6. Aclarado lo anterior, se pasará a verificar si los actos acusados, vulneraron la normativa constitucional y minera aplicable al caso. Al respecto, se tiene que el Código de Minas(12), vigente en la época en que se expidieron los actos acusados, señalaba que:

“Artículo 3º Propiedad de los recursos naturales no renovables. De conformidad con la Constitución Política, todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación en forma inalienable e imprescriptible. En ejercicio de esa propiedad, podrá explorarlos y explotarlos directamente a través de organismos descentralizados, o conferir a los particulares el derecho de hacerlo, o reservarlos temporalmente por razones de interés público, todo de acuerdo con las disposiciones de este Código.

“Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción sólo comprende las situaciones jurídicas, subjetivas y concretas, debidamente perfeccionadas y que antes del 11 de diciembre de 1969, fecha en que entró a regir la Ley 20 de este mismo año, hubieren estado vinculadas a yacimientos descubiertos y que conserven su validez jurídica.

“(…)

Sea lo primero advertir que la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables que se encuentren en éste o en el suelo, le corresponde al Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 332 de la Constitución Política, en los siguientes términos:

“El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.

De allí se deriva, la posibilidad de la existencia de derechos de los particulares, anteriores a la expedición de la Carta Política, los cuales deberán ser respetados.

Ahora bien, el Código de Minas vigente al momento de expedición de los actos administrativos demandados, era el contenido en el Decreto 2655 de 23 de diciembre de 1988, el cual fue expedido por el ejecutivo en ejercicio de facultades extraordinarias, es decir con fuerza material de ley, y que se viene de transcribir.

Si bien, este instrumento normativo se profirió con anterioridad a la Constitución Política de 1991, allí se estableció con fuerza material de ley, la propiedad del Estado sobre los recursos del suelo y el subsuelo, así como de los materiales pétreos.

Resulta indiscutible la propiedad del Estado sobre los materiales que se extraigan del suelo y el subsuelo, bajo la vigencia del anterior Código de Minas, lo cual no obsta, como allí mismo se estableció, para que los particulares puedan desarrollar actividades productivas en relación con ellos, bien sea en atención al reconocimiento de derechos adquiridos antes de la expedición del mencionado estatuto o, a través de la habilitación que el Estado les otorgue, con fundamento en las reglas contenidas en el mismo.

En lo que respecta a las modalidades de acceso de los particulares a los materiales mineros de propiedad del Estado, puede señalarse, con base en la transcripción de las disposiciones, que existen dos hipótesis para ello: 1. Explotaciones de minerales desarrolladas por particulares, debidamente perfeccionadas; vinculadas a yacimientos descubiertos antes de la Ley 20 de 1969; y válidas al momento de expedición del Decreto 2655 de 1988; y 2. Explotaciones de canteras y demás materiales de construcción(13) de origen mineral, realizadas antes de la expedición del Decreto 2655 de 1988 por parte de los propietarios de los predios donde estas se encuentren.

Pese a esta comprensión, se establece en el artículo 6°, lo pertinente a los derechos adquiridos o constituidos y las meras expectativas. Esta aparente taxatividad de los derechos adquiridos, como se observa, contemplaría a la primera de las hipótesis referida; en lo que respecta a la segunda, no puede interpretarse de manera restrictiva, y por ende, en materia de explotación de minerales para construcción, debe reconocerse el derecho adquirido aludido, pues así lo establece el artículo 4º del Decreto 2655 de 1988.

De otro lado, la Ley 20 de 1969(14), normativa que sirvió de fundamento para expedir los actos acusados, establecía:

“Artículo 1º. Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos.

“(…)

“Artículo 13. Las normas contenidas en el artículo 1º de esta Ley se aplicarán también a los yacimientos de hidrocarburos.

“(…)” (Subrayado fuera del original).

De la normativa transcrita, se puede establecer que aun cuando los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación, se respetarían los derechos constituidos a favor de terceros, siempre y cuando estos se refirieran a situaciones jurídicas subjetivas y concretas, que estuvieran debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos.

Ahora bien, el Decreto 1994 de 1989, reglamentó el artículo 1º de la Ley 20 de 1969, señalando lo siguiente:

“Artículo 1º. De acuerdo con el artículo 102 de la Constitución Política y con los artículos 1º y 13 de la Ley 20 de 1969, todos los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación. Se exceptúan de esta regla general los derechos constituidos a favor de terceros.

“Dicha excepción, a partir del 22 de diciembre de 1969, sólo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos. Se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situaciones individuales creadas con anterioridad a la fecha citada, por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva, siempre que tales actos conserven su validez jurídica y que el 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos.

“Artículo 2º. Para los efectos de lo previsto en la Ley 20 de 1969 y en el presente Decreto, un yacimiento se reputa descubierto cuando mediante perforación con taladro y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.

“Artículo 3º. Con la solicitud para obtener la autorización de explotación de petróleo en yacimiento que se pretendan como de propiedad privada, el peticionario acompañará la prueba necesaria para acreditar:

“a) La existencia de un título específico de adjudicación de los hidrocarburos como mina, otorgando de conformidad con las disposiciones vigentes a la época en que tal adjudicación fue posible, siempre que tal título no hubiere caducado por cualquier causa.

“b) La existencia de un fallo que conserve su validez jurídica y reconozca o declare el derecho del interesado a la propiedad de los hidrocarburos que existan en el predio objeto de la solicitud, y

“c) Que el yacimiento materia de la solicitud fue descubierto antes del 22 de diciembre de 1969” (Subrayado fuera de texto)

Del Decreto reglamentario mencionado, se advierte que se mantenía la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos en cabeza de la Nación, pero con una excepción respecto a los derechos adquiridos por terceros.

Ahora bien, para que la aludida excepción se aplicara, era necesario que se tratara de situaciones jurídicas subjetivas, concretas, perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos, antes del 22 de diciembre de 1969.

Igualmente, el citado decreto estableció el concepto de ‘yacimiento descubierto’, indicando que esta circunstancia se configuraba cuando mediante perforación con taladro y una vez realizadas las pruebas de fluidos, se lograba el hallazgo de la roca en donde se encontraran acumulados los hidrocarburos y que se comportara como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.

Así las cosas, cuando el tercero interesado presentara la solicitud con el fin de obtener autorización para la explotación de un yacimiento, debía acreditar la existencia de un título de adjudicación o un fallo declarara el derecho del interesado a la propiedad de los hidrocarburos y la prueba correspondiente a que el yacimiento en cuestión estaba ‘descubierto’ antes del 22 de diciembre de 1969.

Posteriormente, se expidió la Ley 97 del 17 de diciembre de 1993, mediante la cual se “interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones”. Allí se estableció lo siguiente:

“Artículo 1° Reconocimiento excepcional de propiedad privada sobre hidrocarburos. Para efectos de la excepción prevista en los artículos 1° y 13 de la Ley 20 de 1969, se entiende por derechos constituidos a favor de terceros las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título especifico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969.

“Artículo 2° Descubrimiento de hidrocarburos. Se entiende que existe yacimiento descubierto de hidrocarburos cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.

“Artículo 3° Las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la presente Ley, constituyen la única interpretación autorizada de la Ley 20 de 1969, artículos 1° y 13.” (Subrayado fuera de texto)

Como se observa, la mencionada Ley insistió en que era posible reconocer excepcionalmente la propiedad privada sobre hidrocarburos, siempre y cuando se refiriera a situaciones jurídicas subjetivas, concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título de adjudicación o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se haya descubierto yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969.

Igualmente, reiteró el concepto de ‘yacimiento descubierto’, en los mismos términos que se había establecido en el Decreto 1994 de 1989.

Aclarado lo anterior, la Sala pasará a analizar uno a uno los cargos presentados por la comunidad demandante:

6.1. Los actos administrativos acusados vulneraron el derecho constitucional a la propiedad, toda vez que comprometieron las garantías ciudadanas para hacer efectivos los derechos de la comunidad, como propietaria del terreno donde se encontraba el yacimiento.

En relación con este cargo, considera esta Sala que no es procedente, toda vez que la propiedad del suelo en donde al parecer se encuentra el yacimiento no ha sido objeto de debate a lo largo del presente proceso. Es más, en el acervo probatorio obra el registro de matrícula inmobiliaria No. 040-62887, que establece los linderos del terreno correspondiente al Resguardo Indígena de Tubará, documento que de acuerdo a la jurisprudencia vigente, resulta más que suficiente para acreditar la propiedad de un bien inmueble.

Así las cosas, se insiste, la calidad de propietaria de la comunidad demandante, nunca ha sido puesta en duda, comoquiera que el documento que la acredita como tal, fue allegado al proceso y da cuenta de la condición en la que dice actuar.

De otro lado, respecto a la decisión judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia, es preciso advertir que en el transcurso del trámite administrativo, no se discutió su validez, sin embargo, es preciso aclarar en qué términos fue aceptada la comunidad como propietaria. En efecto, la providencia en mención señaló: “es fundada la pretensión de la llamada ‘Comunidad de condueños del antiguo resguardo de indígenas de Tubará’…de que le pertenece en propiedad…el petróleo que pueda encontrarse en el globo de tierra descrito…” (Subrayado fuera del original) (Fols. 191 a 199 cuad. 2.).

De lo transcrito se advierte que si bien es cierto que a la Comunidad le fue reconocida su condición de propietaria del petróleo que se pudiera encontrar, no hay duda, que este derecho se limitaba a una condición: la eventualidad de descubrir el hidrocarburo, de allí que, no sólo a la comunidad demandante le bastaba acreditar la propiedad sobre el suelo, sino que se requería, además, cumplir la condición de hallar petróleo en el lugar.

Así las cosas, es preciso aclarar que los actos demandados se refirieron exclusivamente a no autorizar la exploración y/o explotación de la zona de Tubará por el incumplimiento de requisitos para presentar la solicitud, de allí que, lo reconocido por la Corte Suprema de Justicia no está en discusión y por lo tanto, no se desconoce ese derecho.

Adicionalmente, en el acto administrativo del 26 de junio de 1996, la entidad demandada aceptó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue debidamente registrada en el libro segundo del registro de avisos y sentencias del Ministerio de Minas, lo que acredita que la providencia en cuestión fue tenida en cuenta por la entidad demandada al momento de proferir las decisiones acusadas.

Ahora bien, en el mencionado acto administrativo demandado, se dejó expresamente constancia de que los interesados sólo habían cumplido uno de los requisitos que exigía la norma, esto era, el de allegar una providencia judicial que conservara su validez jurídica, sin embargo, esta condición no era la única que los interesados debían cumplir.

Ahora bien, lo que ocurre en el presente caso, es que la providencia de la autoridad judicial no era suficiente para acreditar la propiedad de los hidrocarburos del subsuelo de la zona de Tubará, se requería además, el cumplimiento de otro requisito adicional que establecía la normativa especial aplicable.

Así las cosas, no se configura una vulneración a las garantías ciudadanas ni al derecho constitucional a la propiedad, puesto que, se insiste, los actos demandados negaron la autorización de explorar y/o explotar el predio de la comunidad demandante, pero no se desconoció el derecho de propiedad sobre el suelo de la Comunidad demandante.

6.2. Los actos administrativos demandados vulneraron el debido proceso, toda vez que se exigieron requisitos adicionales que no estaban contemplados en la ley al momento de solicitar la autorización para exploración y explotación, teniendo como fundamento para ello, una interpretación que estaba en contravía con el sentido y alcance de la normativa aplicable. Adicionalmente, la entidad demandada tardó excesivamente en responder si antes del 20 de diciembre de 1969 existía un yacimiento descubierto en el terreno de propiedad de la comunidad, lo que impidió cuestionar y controvertir esa decisión con la intervención de los comuneros. Además, cuando finalmente comunicaron su concepto al respecto, se desconoció el carácter de yacimiento mediante un sofisma de distracción.

La demandante indicó que se evidenciaba, igualmente, una violación al debido proceso, en razón a que se exigieron requisitos adicionales al momento de estudiar la solicitud presentada por la comunidad, contradiciendo así lo establecido en la norma que regula el tema.

Sobre el particular, se debe advertir que los denominados requisitos adicionales a los que se refiere la comunidad demandante, no fueron ‘inventados o creados’ por el Ministerio de Minas, comoquiera que según la normativa especial aplicable al asunto en comento, era necesario el cumplimiento de ciertas exigencias a efectos de obtener la autorización para explorar y/o explotar los yacimientos de hidrocarburos.

En efecto, el artículo 1º de la Ley 20 de 1969, que se transcribió con anterioridad, establecía que los derechos constituidos a favor de terceros sobre yacimientos de hidrocarburos se respetarían, siempre y cuando se refirieran a situaciones jurídicas subjetivas y concretas, que estuvieran debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos.

Adicionalmente, el Decreto 1994 de 1989 -que también es aplicable al presente asunto en tanto que reglamentó la Ley 20 de 1969- respetaba los derechos adquiridos por terceros respecto de los yacimientos de hidrocarburos, insistiendo que era necesario que se tratara de situaciones jurídicas subjetivas, concretas, perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos, antes del 22 de diciembre de 1969.

Así las cosas, se advierte de la normativa transcrita que los denominados ‘requisitos adicionales’ a que se refiere la comunidad demandante, no tienen tal connotación, comoquiera que las normas especiales aplicables al caso, eran muy claras en las exigencias requeridas para que fueran respetados los derechos de terceros sobre los yacimientos de hidrocarburos.

En consecuencia, de acuerdo a las razones expuestas, para la Sala no se configuró una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

De otro lado, la comunidad demandante también consideró que se había vulnerado el debido proceso porque la entidad demandada tardó excesivamente en responder si antes del 20 de diciembre de 1969 existía un yacimiento descubierto en el terreno de propiedad de la comunidad de condueños de Tubará, lo que impidió cuestionar y controvertir esa decisión. Además, cuando finalmente comunicaron su concepto al respecto, se desconoció el carácter de yacimiento mediante el sofisma de distracción de que si la roca acumulaba agua, perdía el carácter de yacimiento, sin aclarar, como era su deber, que todo petróleo en las capas minerales se encontraba asociado con gas y agua salada según su densidad, lo que demostraría que sí existía petróleo desde 1946.

Al respecto, se debe aclarar que este cargo no se relaciona con el contenido de los actos demandados, toda vez que la supuesta tardanza en resolver sobre si existía o no un yacimiento descubierto antes de la fecha mencionada, se decidió en otro acto administrativo que no se debate en esta instancia procesal, como lo acepta la demandante al señalar que no pudo controvertir esa decisión debido al supuesto retardo en la respuesta.

No obstante lo anterior, en el acto demandado del 26 de junio de 1996, la entidad demandada sí se refirió al concepto de ‘yacimiento descubierto’ pero teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1994 de 1989, en su artículo 2º.

En efecto, en el citado decreto se estableció el concepto de ‘yacimiento descubierto’, indicando que esta circunstancia se configuraba cuando mediante perforación con taladro y una vez realizadas las pruebas de fluidos, se lograba el hallazgo de la roca en donde se encontraran acumulados los hidrocarburos y que se comportara como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.

De allí que, en el acto demandado del 26 de junio de 1996, la entidad se limitó a reproducir lo establecido en el Decreto reglamentario respecto al concepto de yacimiento descubierto, y posteriormente, reprodujo el informe técnico de un geólogo en el que se demostraba que aun cuando en el sector habían existido yacimientos, éstos no se encontraban en producción para la fecha en que se presentó la solicitud por parte de la comunidad demandante.

Así las cosas, no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso por la supuesta tardanza de la entidad demandada en resolver sobre la existencia o no de un yacimiento descubierto, toda vez que este cargo se imputa a otro acto que no fue demandando en esta instancia. Además, en el supuesto de que ese cargo se imputara a las decisiones que acá se discuten, se demostró que en el acto administrativo del 26 de junio de 1996, sí se incluyó el concepto de ‘yacimiento descubierto’ de acuerdo a los términos establecidos en el Decreto 1994 de 1989.

En todo caso, ni antes ni después del 22 de diciembre de 1969 ha existido un concepto técnico que permita inferir que en el predio de la comunidad demandante se encuentra un yacimiento descubierto, y si bien es cierto que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia indica que a la comunidad le “pertenece el petróleo que pueda encontrarse”, es evidente que se refería a una situación hipotética que configuró una mera expectativa.

6.3. Los funcionarios que adoptaron las decisiones demandadas no eran competentes para proferirlas, comoquiera que no existía delegación expresa por parte del Ministro titular y adicionalmente, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones al desconocer los derechos que la comunidad de condueños tenía sobre el subsuelo de Tubará.

Ahora bien, respecto al funcionario competente para expedir los actos administrativos demandados, se observa que la resolución 31552 del 23 de agosto de 1993, establecía lo siguiente:

“El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 21 del Decreto 1050 de 1968, el Decreto 2119 del 29 de diciembre de 1992,

“RESUELVE:

“(…)

“Artículo 8. Delegar en el Jefe de la División Legal de Hidrocarburos las siguientes funciones, además de las que le corresponden de acuerdo con el Decreto 2119 de 1992:

“(…)

“f. Dictar las providencias que den curso progresivo a los negocios que se tramitan en la Dirección y expedir las certificaciones que sobre la materia soliciten otras autoridades o los particulares.

“(…)” (Fols. 154 a 170 cuad. 2)

De lo transcrito se advierte que al Jefe de la División Legal de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, le fue delegada la competencia relativa a proferir las decisiones para dar “curso progresivo” a los asuntos que se tramitan en la división, lo que para la Sala significa que el funcionario no sólo era competente para expedir los actos relativos al trámite, sino también para proferir actos que resolvieran el asunto de fondo.

Así las cosas, no hay duda que el Jefe de la División Legal de Hidrocarburos tenía la competencia para proferir las decisiones que se discuten, en tanto que se refieren a los negocios que se tramitan en esa división, de allí que, es lógico que negar la autorización de exploración y/o explotación de un yacimiento de hidrocarburos, se relaciona íntimamente con la división legal que el funcionario que suscribió los actos, dirigía.

De otra parte, respecto a la extralimitación en el ejercicio de las funciones del Jefe de la División Legal de Hidrocarburos, la resolución en la que el Ministro de Minas le delegó alguna de sus competencias, es muy amplia al señalar que tiene la facultad para “dictar las providencias que den curso progresivo a los negocios que se tramitan en la división”, en consecuencia, la Sala no observa que se haya configurado la mencionada extralimitación, toda vez que los actos demandados tienen relación precisa e intrínseca con el tema de los hidrocarburos, de allí que, era obligación del Jefe de la División resolver lo pertinente.

6.4. Los actos administrativos demandados tenían como fundamento la ciega política del gobierno de recuperar todo el subsuelo de Colombia, a costa de los derechos previa y legalmente adquiridos por los particulares, en este caso, la comunidad de condueños de Tubará, lo que configura una falsa motivación.

Respecto a este cargo, advierte la Sala que no prosperará, toda vez que la negativa del Ministerio de Minas a autorizar la explotación y/o exploración de la zona de Tubará, no obedeció a una política gubernamental para recuperar el subsuelo -es más, esa argumentación no está consignada en los actos administrativos demandados- sino que se debió al incumplimiento de requisitos legales establecidos para tal fin por parte de los terceros interesados, en este caso, la comunidad demandante.

De las normas que se han transcrito a lo largo de esta providencia, no hay duda que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin embargo, los derechos adquiridos de terceros se respetarían de acuerdo a las leyes aplicables.

En el presente asunto, la Ley 20 de 1969 es clara al determinar que se admitirían los derechos constituidos a favor de terceros, pero respecto a situaciones jurídicas, subjetivas, concretas, perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos.

A igual conclusión se llega al revisar el Decreto 1994 de 1989 que reglamentó la mencionada Ley, toda vez que esta normativa se limitó a reproducir en términos exactos los supuestos en los que los terceros pueden ser propietarios de los yacimientos de hidrocarburos. Sin embargo, limitó en el tiempo esta circunstancia, toda vez que los derechos de los terceros serían respetados en las condiciones transcritas, siempre y cuando se consolidaran antes del 22 de diciembre de 1969.

Adicionalmente, el mencionado Decreto adicionó un concepto que no se encontraba en la Ley 20 de 1969, la definición de ‘yacimiento descubierto’, el cual era necesario para establecer otro de los elementos requeridos para configurar la propiedad de los hidrocarburos en cabeza de terceros.

Así las cosas, un yacimiento se consideraba descubierto “cuando mediante perforación con taladro y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos”.

Lo anterior significa que si un tercero tenía interés en que le fuera reconocido su derecho adquirido como propietario de un subsuelo en donde se encontraran hidrocarburos, debía acreditar una situación jurídica subjetiva, concreta, perfeccionada y vinculada a un yacimiento descubierto antes del 22 de diciembre de 1969.

Adicional a lo anteriormente expuesto, el Decreto 1994 de 1989, estableció los requisitos que se debían cumplir al momento de solicitar autorización para la explotación de petróleo en un yacimiento, y consagró la obligación para los interesados de probar la existencia de un título de adjudicación, o la existencia de un fallo jurídicamente válido, adjuntando además, la prueba de que el yacimiento materia de la solicitud fuera descubierto antes del 22 de diciembre de 1969.

En consecuencia, para el evento analizado en esta oportunidad, el tercero interesado -en este caso la comunidad demandante- debía presentar la solicitud junto con la sentencia que declarara la propiedad de los hidrocarburos y la prueba correspondiente a que el yacimiento en cuestión estaba ‘descubierto’ antes del 22 de diciembre de 1969.

En el evento estudiado, la comunidad demandante acudió ante el Ministerio de Minas, allegando, solamente, la decisión judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia en la que se reconocían los derechos sobre la zona de Tubará, sin embargo, esta condición no era suficiente, toda vez que la norma especial aplicable, exigía la prueba encaminada a demostrar que el yacimiento de hidrocarburos materia de la solicitud, estaba descubierto antes del 22 de diciembre de 1969.

En este estado de cosas, la negativa dada a la comunidad demandante, no se relacionó en absoluto con una ‘política pública dirigida a recuperar a toda costa el subsuelo colombiano’ -como lo señaló equivocadamente la demandante- sino que se debió a que los interesados no cumplieron con los requisitos legales que la ley exigía, situación que no configura una falsa motivación, toda vez que la decisión tuvo como fundamento las normas especiales mencionadas.

Ahora bien, el análisis hasta acá realizado, permite concluir que la comunidad demandante no cumplió con el deber de acreditar todos los requisitos que la ley les imponía al momento de presentar la solicitud, de allí que, la decisión adoptada en los actos administrativos demandados no estaba falsamente motivada ni interpretó equivocadamente la ley, comoquiera que, como se ha demostrado, si los terceros interesados pretendían conseguir una autorización para explorar y explotar un yacimiento de hidrocarburo, estaban en la obligación de cumplir con la carga que la normativa especial aplicable les imponía.

No obstante lo anterior, era posible que a lo largo de esta actuación judicial, se hubiera acreditado que a la comunidad demandante sí le asistía el derecho sobre los hidrocarburos en la zona de Tubará, demostrando eso sí, que existía un yacimiento descubierto antes del 22 de diciembre de 1969, sin embargo, esta situación hipotética no ocurrió, comoquiera que la prueba que obra en el expediente sólo se limita a acreditar que aun cuando en la zona de Tubará se han encontrado hidrocarburos, pero a la fecha en que la ley lo exigía, no se encontraba ninguno con las características de ‘yacimiento descubierto’.

En este punto, es preciso aclarar que si bien es cierto que existe prueba de la existencia de hidrocarburos en la zona de Tubará, no está acreditado la existencia de uno antes del 22 de diciembre de 1969 con las características que la ley exigía, y ese requisito, era el requerido para autorizar la exploración y/o explotación de hidrocarburos.

De lo expuesto, se puede establecer que los pretendidos derechos adquiridos que alega la comunidad demandante no se configuraron en el caso concreto, toda vez que, se insiste, no se cumplieron los supuestos que exigía la ley para que así fuera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

NIÉGASE la nulidad de los actos administrativos del 10 de abril de 1996, mediante el cual se negó una solicitud de exploración y explotación de petróleo, y del 26 de junio del mismo año, que confirmó esa decisión, actos proferidos por el Ministerio de Minas.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase»

(1) “Art. 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
“(…)
“6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales.

(2) “Artículo 295. Competencia del Consejo de Estado. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.”

(3) Consejo de Estado - Auto de Marzo 27 de 2012 - Exp. 11001032600020100002900 - C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, proveído del 23 de mayo de 2012, expediente 42.827. C.P. Enrique Gil Botero.

(5) Esta disposición fue modificada por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998.

(6) En la actualidad, con exclusión de aquellos relativos a impuestos, contribuciones y regalías.

(7) Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003.

(8) Artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo.

(9) En efecto, en el numeral E del auto de pruebas del 5 de mayo de 1998, se indicó:
“Decrétase la prueba solicitada en el capítulo III del acápite probatorio de la demanda (folio 27). Para la práctica de esta prueba desígnase peritos avaluadores…, quienes en el término de 30 días determinarán el monto económico del daño ocasionado a la ‘Comunidad de Codueños del Subsuelo del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará’, como consecuencia de haberse librado el oficio de 10 de abril de 1996 suscrito por el jefe de la División Legal de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, radicado bajo el número 15459” (Fol. 138 cuad. 2).

(10) “En la práctica de la peritación se procederá así:
“(…)
“2. Los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas objeto del dictamen y realizarán personalmente los experimentos e investigaciones que consideren necesarios, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad: en todo caso expondrán su concepto sobre los puntos material del dictamen.

(11) “…un análisis profundo de los antecedentes, características, finalidades y alcances del Sistema de Registro Inmobiliario en Colombia, permite llegar a una conclusión distinta de la sostenida actualmente por la jurisprudencia, en el sentido de que con sólo el aporte del certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos, resulta suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate, para efectos de la legitimación en causa por activa, tratándose de un proceso que se adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” Sentencia de unificación del 13 de mayo de 2014, expediente 23.128, C.P. Enrique Gil Botero.

(12) Decreto 2655 del 23 de diciembre de 1988, que fue derogado por la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas.

(13) Al interior del Código, se establece una determinación de los alcances de los materiales de construcción en el artículo 109 “Para los efectos de este Código, se denominan materiales de construcción las rocas y materiales pétreos generalmente usados como agregados en la fabricación de bloques y piezas de concreto, morteros, pavimentos y otras formas similares, como elementos de las construcciones. Dichos materiales tendrán por si mismo tal denominación aún en los casos en que su destino y uso efectivo no sea el aquí mencionado”.

(14) Por medio de la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos.