Sentencia 1996-03000 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 1996-03000 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25000-23-26-000-1996-03000-01 (20883) y 25000-23-26-000-2000-00824-01 (29538) (acumulado)

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso:Acción de reparación directa

Actor:Antonio Augusto Conti Parra

Demandado:Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho y Fiscalía General de la Nación

Bogotá D. C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala.

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de dos sentencias proferidas en primera instancia en un proceso acumulado en segunda, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(10), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa de que trata el presente asunto.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra las sentencias de 22 de febrero de 2001 y 13 de octubre de 2004, proferidas por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con miras a determinar la responsabilidad de la administración demandada por i) la dilación injustificada en resolver la situación jurídica del señor Antonio Augusto Conti Parra, dentro de los procesos penales que cursaron en su contra, y ii) la privación injusta de la libertad de que fue víctima, habida cuenta de que las entidades demandadas insisten en la legalidad de su actuación y en que el daño esgrimido por el actor no es antijurídico, como quiera que estaba en la obligación de soportarlo.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar los hechos probados, con miras a establecer si el daño alegado por el actor resulta imputable a la acción u omisión de las entidades públicas accionadas, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación deberán prosperar.

2.2.1. Resolución de excepciones.

2.2.1.1. La Rama judicialpropuso las excepciones de falta de legitimidad en la causa por pasiva, “falta de causa para demandar” e “innominada”,habida cuenta que la Procuraduría General de la Nación fue la primera entidad pública que inició investigaciones contra el demandante por hechos relacionados con las condenas ejecutivas impuestas a Cajanal y la medida de aseguramiento dictada contra el demandante se ajustó a las previsiones del artículo 388 del Código de Procedimiento Penal, al igual que “falta de oportunidad para demandar”, como quiera que en la investigación solo se ha dictado resolución de acusación, por lo que “(..) no se está frente a una sentencia debidamente ejecutoriada que da por terminado el conflicto para que se inicie demanda por los presuntos perjuicios indilgados (sic)” y “pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto”. Así mismo, alegó la “culpa de la víctima”, por la actitud omisiva del actor y la “culpa de un tercero”, en la medida en que en la demanda “también se culpa a los medios de comunicación y a la procuraduría”, a la vez que solicita que en el evento en que se profiera una condena sea la Fiscalía General de la Nación la llamada a responder (fls. 118-134, cdno. 4).

En relación con las excepciones de “falta de causa para demandar”, “culpa de la víctima” y “culpa de un tercero”, la Sala considera que los argumentos que la sustentan no merecen un pronunciamiento previo, en la medida en que hacen parte del análisis del fondo del presente asunto, pues tienen que ver con la ausencia de responsabilidad de la entidad.

Frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que no tiene vocación de prosperidad, como quiera que la parte actora, en ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia, relacionó los hechos que atribuyó al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que les formuló pretensiones, de manera que juntos fueron vinculados al proceso y, así mismo, se deberá resolver si son llamados a responder.

En este punto, vale destacar el carácter unitario del Estado, no así el de su representación, pues ésta bien puede recaer en las distintas ramas del poder público, en los órganos de control y aun en diferentes entes que, dotados de personería jurídica se vinculan a los procesos de responsabilidad con miras a que, declarada la obligación respondan con su patrimonio por los daños causados(11).

Quiere decir que la múltiple representación de la Nación varía de acuerdo con la naturaleza de la actuación demandada, sin que ello permita desconocer la unidad nacional, independientemente del ente que concurra al proceso a representarla(12).

Y, en cuanto a la excepción de pleito pendiente, la Sala debe anotar que mediante proveído de 15 de junio de 2012 se decretó la acumulación del Expediente 29538(13) al 20883(14), por tratarse de procesos de igual naturaleza entre iguales partes, con base en los mismos hechos y en pretensiones que habrían podido presentarse en una misma demanda (fl. 713 cdno. ppal. 1). Por tanto, la excepción deviene en improcedente.

2.2.1.2. La Fiscalía General de la Nación propuso la excepción de ineptitud formal de la demanda por indebida designación del representante judicial de la parte demandada, como quiera que la representación de la Nación-Rama Judicial no recae en el Fiscal General de la Nación sino en el director ejecutivo de administración judicial (fls. 225-226, cdno. 1). Así mismo, formuló la excepción de pleito pendiente, en razón de la existencia de otra demanda interpuesta por el actor por los mismos hechos e iguales demandados del sub lite (fls. 149-158, cdno. 4).

Al respecto, la Sala encuentra que para la fecha de presentación de la demanda —17 de octubre de 1996—, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de justicia, estaba a cargo de la dirección ejecutiva de administración judicial, entidad que fue debidamente notificada y representada.

No obstante lo anterior, la Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución. Corolario de esa autonomía es que las condenas que se profieran contra la Nación, por las actuaciones realizadas por la fiscalía, deberán ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de esta(15). Así lo ha ordenado esta corporación; por ejemplo, en providencia dictada por la Sala Plena, el Consejo de Estado, al decidir el conflicto de competencias surgido entre la dirección ejecutiva de administración judicial y la Fiscalía General de la Nación, en relación con el pago de la condena impuesta mediante la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de septiembre de 1999, en la cual se declaró administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, por la privación injusta de la libertad a que fue sometida la demandante, se sostuvo lo siguiente:

“En el presente caso, la litis se trabó con La Nación, representada por el Ministerio de Justicia y del Derecho (que a la postre resultó condenada), porque, como consta en el expediente, al momento de la presentación de la demanda no se había designado al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, por ello el Tribunal aplicó el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo que establecía la representación de la Nación, para estos eventos, en el Ministerio de Justicia.

Ahora bien, una es la representación judicial —que hoy en día tiene la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial— y otra muy distinta, la capacidad para responder pecuniariamente.

Con la Constitución de 1991 la Fiscalía General de la Nación fue dotada de autonomía administrativa y presupuestal, de tal forma que maneja sus recursos separadamente del presupuesto que gobierna el Consejo Superior de la Judicatura, conteniendo un rubro de sentencias judiciales.

Aparte de lo anterior, la ley le otorga responsabilidad en estos eventos al Fiscal General de la Nación, según lo ordena el numeral 5º del artículo 17 del Decreto 261 de 2000, Estatuto que modificó la estructura y funciones de la fiscalía:

ART. 17.—El Fiscal General de la Nación tiene la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público así como frente a los particulares y además de las funciones especiales otorgadas por la Constitución Política, tiene las siguientes funciones generales:

5. Ser vocero y responsable por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante los demás estamentos del Estado y de la sociedad.

En el mismo sentido estaba el numeral 4º del artículo 22 del Decreto 2699 de 1991, subrogado por la norma transcrita.

“En el caso que nos ocupa está probado que la autoridad que infligió el daño fue la Fiscalía General de la Nación al ordenar injustamente la privación de la libertad de la señora Anatilde Santiago de Contreras y toda vez que el presupuesto de esta Entidad es diferente del que tiene a su cargo el Consejo Superior de la Judicatura, los rubros que deben afectarse para reponer el daño causado son los de la Fiscalía General de la Nación y no los de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial(16).

Esta posición fue reiterada por la Sala en sentencia de 11 de febrero de 2009. Allí se señaló:

Considera la Sala que si bien hoy la representación judicial de la Nación, por hechos que se imputan a la Fiscalía General, corresponde a esta entidad, en los procesos iniciados y adelantados con anterioridad, cuando aún no estaba vigente el artículo 49 de la Ley 446 de 1.998 y jurisprudencialmente se discutía la inaplicación de esa norma por contradecir la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, dicha representación, para la época de formulación de la demanda, estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que, en el presente asunto, confirió poder a la doctora Yadira Reales Vesga, para que asumiera la defensa judicial de la Nación-Rama Judicial, por los hechos que le imputaron los actores como consecuencia de la privación injusta de la libertad del arquitecto Jairo Berbeo Medina, según obra a folio 48 del cuaderno 4.

Hechas las anteriores precisiones, considera la Sala que la condena impuesta en este caso a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el arquitecto aludido, será asumida por la Fiscalía General de la Nación con cargo a su presupuesto(17).

Por lo anterior, y en consideración a que en el asunto sub lite la Nación estuvo debidamente representada durante todo el proceso por el Ministerio de Justicia y del derecho [hoy del Interior y de Justicia], por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y por la Fiscalía General de la Nación, es viable definir la controversia planteada.

Finalmente, en relación con la excepción de pleito pendiente, se habrá de estar a lo resuelto en el anterior numeral.

2.2.1.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por su parte, propuso la excepción de “indebida representación de la parte demandada”porque, a su juicio, segúnlo indicado por el demandante en el libelo y en razón de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, fue la Fiscalía General de la Nación y no el Ministerio de Justicia y del Derecho, la entidad pública que adelantó la actuación judicial objeto de reproche (fls. 116 a 136, cdno. 1).

Al respecto, la Sala se remite a las consideraciones ya expuestas.

2.2.2. Cuestión previa.

En relación con el traslado de pruebas, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La jurisprudencia de esta corporación ha entendido que solo las pruebas que cumplan con los requisitos prescritos podrán ser valoradas sin más formalidades. De acuerdo con ello, las piezas procesales correspondientes a la investigación penal a la que se vinculó el actor, serán valoradas en la medida en que las partes, de común acuerdo, solicitaron su remisión a la actuación, aunado a que fueron decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo también en oportunidad y, a la vez, los dos extremos de la litis fundamentaron en ellas sus planteamientos. De modo que no queda sino concluir que los derechos de defensa y contradicción se garantizaron debidamente.

Además, mediante auto de 29 de agosto de 2012, la Sala ordenó oficiar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a fin de que remitiera a la actuación, en calidad de préstamo, el proceso adelantado contra el señor Antonio Augusto Conti Parra por el delito de peculado en calidad de cómplice, solicitud que fue atendida y la documentación allegada conocida por las partes (fls. 715-720 cdno. ppal. 20883)(18).

Así las cosas, para la Sala se encuentran acreditados los siguientes hechos:

2.2.2.(sic) Hechos probados.

2.2.2.1. El señor Augusto Conti Parra, además de abogado en ejercicio, de reconocida experiencia, particularmente, en derecho laboral, acorde con las certificaciones expedidas por distintas autoridades públicas a las que ha representado judicial y extrajudicialmente y docente de gran trayectoria, según dan cuenta las universidades en las que ha prestado sus servicios de manera satisfactoria, a nivel nacional e internacional; es conocido como de conducta intachable y cumplidor de sus deberes (originales y copias auténticas visibles a fls. 90-261 cdno. 2, Exp. 29538, obrantes también en los fls. 1-118 cdno. 2, Exp. 20883 y 1-119 cdno. 7, Exp. 20883).

2.2.2.2. Presentado un desfalco al presupuesto de la Caja Nacional de Previsión Social, el señor Antonio Augusto Conti Parra fue procesado por la justicia penal por el delito de peculado en la modalidad de cómplice. Surtidas cada una de las etapas de la investigación y practicadas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos, el juez penal resolvió absolver al actor, al establecer que no incurrió en la conducta punible que le fue atribuida.

Dentro de la instrucción se destacan, por orden cronológico y entre otras, las siguientes actuaciones que interesan al proceso así:

— El 25 de octubre de 1991, la Procuraduría Delegada en lo Civil remitió al Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá “(..) las diligencias adelantadas con relación a los embargos decretados por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, contra la Caja Nacional de Previsión Social, para que si lo considera procedente, se adelante la acción penal por los hechos a que hace referencia la actuación, al parecer atribuibles al Doctor José Hernando Pinilla Cuervo, Juez 13 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá” (original, fl. 1, cdno. denominado de copias 1 paquete 4).

— El 22 de noviembre del mismo año y con base en las diligencias enviadas por la Procuraduría, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá abrió investigación penal “(..) en orden a establecer los hechos punibles cometidos, el grado de participación de las personas que han podido infringir la ley penal y los daños y perjuicios ocasionados con esas conductas”. Para tal efecto, se dispuso i) acreditar la calidad de juez del señor José Hernando Pinilla Cuervo; ii) practicar diligencia de inspección judicial al Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Bogotá; iii) recibir los testimonios de quienes tuviesen conocimiento de los hechos que se investigan; iv) investigar el nombre de los abogados “a quienes les hubiesen dado poder para obtener pagos de Cajanal”, v) oficiar a la Cámara de Comercio, a los bancos, a la DIAN, a la Superintendencia Bancaria, al DAS, a la Oficina de Catastro y a la Sala Disciplinaria del Tribunal de Cundinamarca, con el objeto de recaudar información sobre los hechos materia de instrucción; vi) escuchar en indagatoria al Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá, al señor Antonio Augusto Conti Parra y a los abogados que intervinieron en los procesos ejecutivos laborales iniciados en contra de Cajanal y vii) designar a un Juez de Instrucción Criminal Ambulante, “para que adelante por el término legal la instrucción de este proceso” (copia auténtica, fls. 5-6 cdno. denominado de copias 1 paquete 4).

— El 6 de diciembre del año en mención, la Dirección Seccional de Instrucción Criminal del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá y Cundinamarca designó al Juez 102 de Instrucción Criminal Ambulante para que adelantara las diligencias (copia auténtica, fl. 9 cuaderno denominado de copias 1 paquete 4).

— El 13 de enero de 1992, la Procuraduría General de la Nación remitió a la actuación el informe especial 001, emitido por su Oficina de Prensa, en relación con los embargos a los recursos públicos de la Caja Nacional de Previsión. Del contenido del comunicado se transcriben los siguientes apartes:

Embargos en Cajanal Bogotá

Ascienden a más de 35 mil millones

Dos directores generales, los cuatro últimos jefes de la Oficina Jurídica y dos abogados asesores de la Caja Nacional de Previsión Social, así como seis abogados particulares, un juez civil y once laborales de Bogotá deberán responder por el embargo de más de 35 mil millones de pesos a Cajanal, mediante actuaciones irregulares.

El 11 de septiembre de 1989 el abogado Marco Manzano Vásquez presentó demanda ejecutiva en el Juzgado Cuarto Laboral contra la Caja Nacional dePrevisión como apoderado de 37 pensionados. El 1º de noviembre del mismo año el juez libró mandamiento de pago y ordenó el embargo de $63.846.914 pesos por capital adeudado y $97.521.230 pesos de intereses, cuando Cajanal solo debía $10.472.603 y $1.870.471 pesos respectivamente.

El mismo abogado Manzano había presentado, junto con Alberto Cárdenas de la Rosa y Omar Cabrera Polanco otra demanda el 4 de abril de 1989 en representación de 54 pensionados. El juzgado nuevamente embargó el 31 de agosto $137 787 940 por capital e intereses, cuando la deuda solo ascendía a $6.941.715.

En julio de 1989 se inicia el proceso 30.376, Carlos Ignacio Farfán, Libardo Cajamarca Castro y Jaime Fernando Farfán Patiño eran los apoderados de 75 pensionados. El 22 de febrero de 1990 el juzgado libró mandamiento de pago contra Cajanal y liquidó por capital e intereses $60.611.864 y $95.222.895, respectivamente, cuando la entidad solo adeudaba $5.607.951 y $917.874 por los mismos conceptos.

Como esos tres casos, la Procuraduría General de la Nación detectó otros y descubrió que gracias a la ineficacia de jueces, la negligencia de los directivos y empleados de Cajanal, y la audacia de abogados particulares, a la entidad le embargaban diariamente en los juzgados de Bogotá $1.926.955 pesos, algo más de $703 millones de pesos anuales.

Desconociendo la Ley 38 de 1989 que entró en vigencia el 21 de abril del mismo año y que consagra la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados al presupuesto general, los 16 jueces laborales de Bogotá le han embargado a la Caja $35.166.915.158 pesos en cinco años.

Así concluye una investigación preliminar que adelantó la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación a cargo de Olga Lucía Gaitán y que establece que la cadena de irregularidades comienza en la propia Caja Nacional, a través de la expedición de resoluciones falsas.

Los embargos son el producto de una cadena de irregularidades por las que tendrán que responder los exdirectores de la Caja, René Van Meerbeke y Julio Borely, los abogados asesores de la entidad, Augusto Conti Parra y Helia Luz Altamar, los jefes de las oficinas jurídicas, sistemas, archivo y prestaciones económicas, por negligencia y omisión.

También se investigarán las actuaciones del Juez 21 Civil Municipal, los jueces laborales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, trece, catorce y quince y los litigantes Orlando González, Gonzalo Villamarín, Carlos y Jaime Farfán, Libardo Cajamarca y Antonio Manzano.

(...) los abogados Augusto Conti Parra y Helia Luz Altamar Lozano deberán responder ante el Tribunal Disciplinario y la Justicia Penal Ordinaria, pues el primero se dedicó a proponer en la demanda excepciones de prescripción, falta de título y causa para pedir, pero jamás demostró que los dineros en el procesos estaban incorporados al Presupuesto General, y la segunda, la abogada Altamar ni siquiera respondió la demanda (copia auténtica visible a fls. 532-538, cdno 2, Exp. 29538).

— Los días 22 y 23 de enero del mismo año, el Juez 102 de Instrucción Criminal Ambulante dio inicio a la diligencia de inspección judicial en el Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Bogotá, con el objeto de verificar las actuaciones surtidas en dos procesos ejecutivos laborales —9679 y 9683— en contra de Cajanal, que continuó en el mes de marzo y concluyó en junio, respecto de catorce procesos más —8066, 8846, 7565, 8639, 8589, 9069, 9473, 10210, 8318, 9854, 9841, 9679, 10215 y 9377— (copia auténtica, fls. 26-47 cdno. denominado de copias 1 paquete 4).

— El 11 de abril de 1992, la Oficina Jurídica de Cajanal informó al Juez 102 de Instrucción Criminal Ambulante que el señor Antonio Augusto Conti Parra tenía a su cargo los procesos ejecutivos laborales 9679 de Valentina Hurtado y 9683 de Emma Veillabar (sic) (copia auténtica, fl. 62 cdno. denominado de copias 1 paquete 4).

— Mediante providencia de 6 de mayo del año en mención, el juez de conocimiento insistió en la recepción y recaudo de varias pruebas, ordenó otras y estableció, además, que recibida la documentación y practicada la prueba testimonial previamente decretada, “(...) se señalará fecha para ser escuchados en injurada al doctor José Hernando Pinilla Cuervo (Juez 13 Laboral del Circuito), al doctor Augusto Conti Parra y a los abogados que intervinieron en dichos procesos, tal y como lo ordena el auto cabeza de proceso”. La prueba testimonial se surtió durante los meses de mayo y junio de 1992 (copia auténtica, fls. 90-91 cdno. denominado de copias 1 paquete 4).

— El 18 de mayo de 1992, la Dirección Seccional de Instrucción Criminal designó nuevo juez para continuar con el sumario (copia auténtica, fl. 96 cdno denominado de copias 1 paquete 4).

— El 30 de junio de 1992, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá —dentro del proceso penal identificado con el número 004B, adelantado en contra del actor y el Secretario del Juzgado 4º Laboral del Circuito—, resolvió la situación jurídica del señor Augusto Conti Parra, decretando su detención preventiva, sindicado del delito de peculado en concurso homogéneo y en la modalidad de cómplice. En la decisión los hechos fueron resumidos de la siguiente forma:

Por orden del Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá y en razón de los procesos 30511, 30105, 30522 y 30981 por obligaciones prestacionales debidas a buen número de pensionados, la Caja Nal. (sic) de Previsión, como demandada, se le embargó y secuestró la suma de $941.380.434.24 representada en tres cheques que se guardaban en la Tesorería de la entidad. La millonaria suma, una vez convertida en títulos judiciales, se entregó al abogado Marco Antonio Manzano Vásquez, como representante de los pensionados, no obstante desde antes, durante y después de la diligencia de embargo, funcionarios de la embargada hicieron saber que eran dineros de prohibida inembargabilidad, por provenir del Presupuesto General de la Nación. A raíz de la investigación adelantada por la Delegada de la Vigilancia Judicial de la Procuraduría, se puso al descubierto que los $941.380.434.24 embargados no correspondían a lo que verdadera y legalmente se adeudaba a los pensionados. Se estableció al efecto, que por lo menos en el proceso 30511, cuyos acreedores en cabeza de Ana Morales de Vargas, la liquidación del crédito se hizo con base en un interés ilegal y operaciones aritméticas arbitrarias que aplicadas a los restantes créditos, vienen a explicar las desorbitantes cifras del embargo. Por otra parte, se detectó el cobro repetido de créditos en juzgados diferentes y puso en evidencia la Procuraduría, que los dineros que legalmente correspondían a los pensionados no todos eran entregados a estos y que quienes recibieron el valor de sus créditos, rechazan en buena parte haber pactado la entrega del valor de los intereses a los abogados que sobre el particular se involucran, afirmando que tan solo acordaron el pago de honorarios en un 20% del valor del crédito. En consecuencia se plantea una defraudación al erario y al patrimonio de los pensionados.

En la decisión se destacó, además, el ilegal reconocimiento de agencias en derecho por parte del juez de conocimiento a favor del demandante, frente a las tarifas de honorarios profesionales vigentes para la época.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá realizó la siguiente imputación:

Augusto Conti Parra fue contratado como abogado asesor externo de Cajanal para defender sus intereses en los proceso ejecutivos y fue así que se le reconoció personería e intervino en los cuatro procesos materia de investigación. Los cargos que en su contra se desprenden se remiten a su inercia total frente a tantas y tan ostensibles ilicitudes que se produjeran en cada uno de esos procesos sin que obtuviera al menos éxito parcial en tan siquiera uno solo de tanto atropellos a los intereses de Cajanal, todo lo cual lleva forzosamente, en su equivalencia, a concluir su connivencia y coautoría en el peculado por apropiación imputado al ex Juez 4º Laboral del Circuito.

Entre las omisiones atribuidas al actor, el tribunal destacó las siguientes:

(..) omitió la interposición del recurso de apelación para que la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá –cuyo criterio es unánime, fl. 265 c.c. Juzg. 69 I.C.- impidiera el cobro del ilegal interés del 18% anual, como también el cobro repetido de obligaciones, la ilegal liquidación retroactiva, el cobro de tiempo no reconocido en las resoluciones de Cajanal y el secuestro de los fondos de prohibida inembargabilidad y de la que era plenamente consciente el doctor Conti en el proceso y sin embargo tan solo interpuso el simple e inane recurso de reposición en su solicitud de desembargo, e ignoró la Procuraduría y la acción penal como recursos extraordinarios a los que hubiera acudido el más simple abogado y hubiera impedido que se consumara la defraudación que a todas luces se estaba perpetrando contra los intereses de su representada y de esta forma faltó al deber jurídico de defensa (copia auténtica visible a fls. 262-273 cdno. 2 Exp. 29538, obrantes también a folios 136-147 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 29 de octubre de 1992, la Unidad Delegada de la Fiscalía ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca resolvió unificar las diligencias 091, “que tuvo origen en los ejecutivos 9679 y 9683” a las previas 123 “que tuvieron su origen en los procesos de ejecución números 8066, 8846, 7565, 8639, 8589, 9069, 9473, 10210, 8318, 9854, 9841, 9679, 10215 y 9377”, a la vez que ordenó escuchar en indagatoria a los señores José Hernando Pinilla Cuervo y Augusto Conti Parra. Todo esto, dentro del proceso penal 011B (copia auténtica, fl. 1, cdno. denominado de copias 2 paquete 4).

— Los días 19 de noviembre de 1992, 25 de agosto de 1993, 29 y 30 de septiembre y 22 de noviembre de 1994 y 27 de abril de 1995 —dentro del proceso penal 011B— se escuchó en indagatoria al Juez Trece (13) Laboral del Circuito José Hernando Pinilla Cuervo. En el transcurso de la recepción de las indagatorias, el juez de conocimiento insistió en el recaudo de las pruebas inicialmente decretadas y decretó nuevas a petición del Ministerio Público, la fiscalía y los procesados (copias auténticas, fls. 2-86, 191-198 cdno. denominado de copias 2 paquete 4).

— El 6 de octubre de 1993, la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca se inhibió de iniciar investigación disciplinaria en contra del abogado Augusto Conti Parra, en la medida en que demostró que la Caja Nacional de Previsión Social no “(..) le prestó la colaboración necesaria con el suministro de los documentos requeridos para sustentar su inconformidad y proponer excepciones con el ánimo de evitar decisiones que comprometieran los intereses de la entidad y en esas condiciones no se le puede exigir al abogado cumplimiento y resultados favorables, cuando no se le suministran las herramientas necesarias para debatir un conflicto” (fls. 193-200 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 10 de marzo de 1994, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho al debido proceso del señor Augusto Conti Parra, como quiera que la Unidad Especial de la Fiscalía Delegada para los Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, no resolvió oportunamente “sendas peticiones de pruebas, que, en su sentir, son basilares para la defensa” (fls. 170-181 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 19 de abril de 1994, la Directora General de la Caja Nacional de Previsión Social presentó demanda de parte civil dentro del sumario 011B en contra de los procesados Pinilla Cuervo y Conti Parra. El libelo fue admitido el 17 de mayo del año en mención (original, fls. 56-60 cdno. denominado de copias 2 paquete 4).

— El 25 de abril de 1994, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca se inhibió de iniciar investigación disciplinaria en contra del abogado Augusto Conti Parra —para evaluar su actuación dentro del proceso laboral 8675—, en razón de que su obligación era de medio y no de resultado, destacándose la obligación que tenía Cajanal en “suministrar toda la documentación necesaria para lograr así la terminación favorable del proceso” (copia auténtica, fls. 189-192 cdno. 1, Exp. 20883).

— El 26 de julio de 1994, la Unidad Especial de la Fiscalía Delegada para los Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al actor por la detención domiciliaria, dentro de la investigación penal identificada con el número 004B (copia auténtica, fls. 187-188 cdno. 2, Exp. 20883 y 343-344 cdno. 2, Exp. 29538).

— El 25 de noviembre de 1994, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca —dentro del proceso penal 011B— escuchó en indagatoria al señor Antonio Augusto Conti Parra. La diligencia continúo durante los días 6 y 20 de diciembre de 1994, 8 de marzo de 1995 y 27 de junio del mismo año. En el transcurso de la diligencia, el juez de conocimiento insistió en el recaudo de las pruebas inicialmente decretadas y decretó nuevas a petición del Ministerio Público, la fiscalía y los procesados (copias auténticas, fls. 87-184, 210-214 cdno denominado de copias 2 paquete 4 y cdno. denominado original 2 paquete 5).

Y, la Fiscalía 186 Delegada ante los jueces penales del circuito certificó la existencia de otro proceso penal, radicado bajo el número 279076(19), adelantado en contra del actor, la exjuez laboral Marina Bernal Gody y otros, en el que se escuchó en indagatoria al señor Augusto Conti el 23 de agosto de 1995 (fl. 46 cdno. 4, Exp. 29538).

— El 5 de octubre de 1995, la Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca —dentro del sumario 011B—, al resolver la situación jurídica de los señores Antonio Augusto Conti Parra y Hernando José Pinilla Cuervo se abstuvo de imponer de medida de aseguramiento en su contra. En relación con el actor, la fiscalía dio cuenta de que se logró demostrar “(..) que la actuación del señor Conti se ajustó a los parámetros que se requieren para una defensa eficaz y próspera, ajena a cualquier actitud delincuencial de su parte”. Así mismo, precisó que fue la conducta de la entidad la que obstaculizó el ejercicio profesional del demandante (original, fls. 223-243 cdno. de copias 2 paquete 4).

— El 22 de febrero de 1996, la Unidad Delegada de la Fiscalía General de la Nación ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca —dentro del proceso penal radicado bajo el número 011B, adelantado en contra de los señores Hernando José Pinilla Cuervo, Juez Trece Laboral del Circuito y Antonio Augusto Conti Parra—, resolvió precluir la investigación, en la medida en que se no se demostró que la actuación por ellos desplegada constituyera hecho punible.

En lo atinente al análisis de responsabilidad atribuida al actor, la fiscalía encontró que el señor Conti Parra, desde mucho antes de iniciar su actividad como asesor de Cajanal, estuvo interesado por la defensa de sus intereses, aunado al hecho de que la entidad no suministró la información y documentación necesaria para que su defensor pudiera demostrar los pagos parciales y totales de las obligaciones pensionales adeudadas. De la decisión se destacan los siguientes apartes:

Según se logró demostrar a lo largo de la investigación, el profesional Conti Parra ocho meses antes de iniciar su actividad como asesor, presentó un informe premiliar (sic) a Cajanal dando un concepto definitivo para resolver la discusión que se había suscitado con relación a la tasa de interés que se debía adoptar para el pago de las mesadas atrasadas, teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 1617 del Código Civil.

Se trató por parte del señor Conti Parra la implementación de un sistema lógico para evitar los embargos, esto es, indicó a la Previsora que se abstuviera de continuar expidiendo actos administrativos de reconocimiento pensional que no estuviera en condiciones de pagar; así como de los créditos pensionales con el fin de que se diera cumplimiento a la ley para así lograr cambiar los procesos ejecutivos instaurados en su contra por la no cancelación, por causas ordinarias que hicieran viable el pago o también para tratar de llegar a un acuerdo con las partes para evitar los trámites judiciales; esto nos demuestra que, el señor Conti Parra desde mucho antes de iniciar su actividad como asesor de la Caja, estuvo interesado por la defensa de sus intereses, mucho más, luego de haberse comprometido con la misma a procurar el desembolso de dineros en forma indebida (sic).

No obstante, a pesar de las reiteradas sugerencias que había presentado el profesional a Cajanal, ésta continuo entregando las resoluciones a los pensionados y así era casi que imposible evitar las ejecuciones; implica lo anterior, que el incumplimiento no radica en el defensor, sino más bien en la misma entidad que no mostraba ningún tipo de interés por evitar que los trabajadores la demandaran. Además, aun conociendo que se iniciaban ejecuciones en su contra y a pesar de haber contratado un experto en el tema para ello, no le proporcionaba a éste el material probatorio necesario o suficiente para que se ejecutara la defensa y ello se demuestra mediante diversas comunicaciones, cuyas copias militan dentro del diligenciamiento, que el señor Conti Parra continuamente enviaba comunicaciones a las directivas de la demandada para que se comunicara las fechas en que se habían surtido las notificaciones; sin embargo, nunca se le informó sobre este particular.

Las misivas que enviaba el defensor a Cajanal se referían directamente a la solicitud de que se le entregaran las pruebas necesarias para poder excepcionar, considerando que era indispensable que la oficina jurídica las recaudara para poder determinar la existencia de un pago parcial, de lo que se infiere que se estuvo en la búsqueda de ese caudal para una eficiente defensa, pero la misma entidad hizo caso omiso a sus pedimentos haciéndole imposible ejecutar la salvaguarda de sus intereses.

La actividad del defensor de la Previsora se advierte de buena fe, misma que debe ser presumida en todo caso. Y es que así lo confirma el hecho de haber regresado a la Caja algunos poderes de procesos que ya habían culminado o que ya habían sido archivados o de poderes que habían sido entregados repetidamente. Con la comunicación del 17 de enero de 1990, a guisa de ejemplo, se verifica que la Caja no le envió la documentación en forma completa, pues en ella aduce que en lo sucesivo se le enviarán los poderes con sus correspondientes anexos, entendiéndose con ello que no habían sido entregados en forma oportuna y sólo dos meses después se hizo entrega de los mismos, sin que siquiera la perjudicada mostrara un verdadero interés por colaborar frente al insistente requerimiento del material necesario para una defensa oportuna y adecuada.

Es de advertir que ni siquiera a manera de recurso podría entonces el defensor alegar un pago en caso de haberlo, cuando no tenía conocimiento puntual sobe su existencia, pues el abogado no tenía acceso a los archivos y estaba imposibilitado frente a la obtención de las pruebas por su propia cuenta, ya que es claro que se trataba de un asesor externo; todo ello indica que el doctor Conti Parra procuró, por todos los medios, una defensa eficaz ya que en algunos de los procesos ejecutivos laborales adelantados contra su defendida y cuyo trámite se le había confiado, ya se había surtido el pago y se estaba ejecutando por segunda o tercera vez; en consecuencia requiere el envío en forma inmediata de una relación de las personas a las cuales se les hubiera cancelado su pensión o al menos que se les hubiese realizado un pago parcial, para detectar el fraude y a las personas que lo estaban cometiendo, consecuentemente evitar pagos a los que no se tuviera derecho, pese a esto, la inquietud del profesional nunca fue resuelta por los directivos de Cajanal y no se le envió la relación solicitada; de este modo cómo atribuir siquiera culpa a la conducta del acriminado, cuando ni siquiera la entidad interesada y que había contratado sus servicios para una oportuna defensa, le colaboró en enviar todo lo necesario para que surtiera el apoyo de esta forma.

Con fundamento en lo anterior, la fiscalía no encontró mérito para formular resolución de acusación en contra del señor Conti Parra, en la medida en que el actor demostró haber cumplido con sus deberes profesionales en defensa de la entidad que contrató sus servicios (original, fls. 111-147 cdno. 3 paquete 1 proceso penal 18222 y 112-148 cdno. copias 3 paquete 4 proceso penal 011B).

La decisión fue impugnada por el Ministerio Público, pues consideró que existían razones suficientes para proferir resolución de acusación en contra de los procesados Hernando José Pinilla Cuervo y Antonio Augusto Conti Parra (original, fls. 151-156 cdno. 3 paquete 1 proceso penal 18222).

— El 29 de mayo de 1996, dentro del proceso penal 011B, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de 22 de febrero del mismo año, por medio de la cual se precluyó la investigación a favor de los señores Hernando José Pinilla Cuervo y Antonio Augusto Conti para, en su lugar, proferir resolución de acusación e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual fue sustituida en domiciliaria y, para tal efecto, se fijó como caución, para cada uno de ellos, las sumas de 50 y 30 salarios mínimos legales vigentes(20), respectivamente y se suscribió diligencia de compromiso el 11 de junio de 1996.

Frente a la situación del actor, la fiscalía puso de presente que si bien el señor Conti Parra no contó oportunamente con los medios probatorios para demostrar los pagos totales o parciales de las obligaciones, en la medida en que la Caja Nacional de Previsión se “(..) resistió en procurar las pruebas debidas y entorpeció en alto grado la defensa que merecía”, “¿qué hizo cuando resultaba evidente que los títulos presentados no prestaban mérito ejecutivo?. ¿Acaso en algún momento le precisó al juzgado que las resoluciones no contenían obligaciones claras, expresas y exigibles, bien porque se había limitado la exigibilidad del título o porque no se había cumplido la condición u objetó las liquidaciones de los créditos? y, para ello, a excepción del poder, no necesitaba del concurso de la caja”.

A manera de conclusión y como fundamento de la acusación, destacó, además, que el demandante no agotó todas las posibilidades de defensa de su mandante y, por el contrario, fue cómplice de la defraudación contra Cajanal, “pues el acervo procesal analizado nos hace inferir que medió un acuerdo al menos tácito, entre el Juez Pinilla Cuervo con esa específica finalidad” (original que reposa en el proceso penal 011B, fls. 6-17 cdno. 5 paquete 4 y fls. 104 y 122 cdno. original 2 paquete 5). La decisión fue apelada por el actor.

— El 13 de enero de 1997, el señor Augusto Conti Parra puso de presente a la Fiscalía General de la Nación que fue “vinculado al sumario radicado bajo el número 004-B desde el año 1990” y “han transcurrido siete (7) años sin que la fiscalía califique el mérito de la investigación”, pues “(..) durante todo este prolongado lapso solo he sido llamado a rendir indagatoria y esto a pesar de las reiteradas peticiones de mi defensor para que se practicaran todas las pruebas atinentes a mi defensa” (fls. 211-213 cdno. 2 Exp. 20883).

— El 17 de enero de 1997, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca —dentro del proceso penal identificado bajo el número 004-B, adelantado por el delito de peculado en concurso homogéneo en la modalidad de cómplice—, resolvió conceder la libertad provisional al procesado Antonio Augusto Conti Parra, por cuanto “(...) han transcurrido más de ciento ochenta (180) días –término aplicable por tener el proceso más de dos imputados-, desde la data 6 de octubre de 1994, a la de hoy, sin que se haya calificado el mérito probatorio del sumario seguido en su contra”, con la anotación de que “(...) en contra del encartado no se había hecho efectiva la orden de captura y, por tanto no se hallaba físicamente privado de la libertad, ni el sindicado había comparecido voluntariamente al proceso, por encontrarse Conti Parra con medida de aseguramiento de detención preventiva” (fls. 280-283 cdno. 2, Exp. 20883).

— En el mes de abril de 1997, el señor Augusto Conti Parra interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía 186-Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, por violación de su derecho al debido proceso, dada la dilación en resolver su situación jurídica. Allí, puso de presente la existencia de cuatro investigaciones penales en su contra, radicadas bajos los números 001B, 004B, 005B y 011B, la primera y la tercera unidas posteriormente bajo el número 279076 (copia auténtica, fls. 1-44 cdno. 4, Exp. 29538).

— El 13 de junio de 1997, la Sala Especial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tuteló el derecho al debido proceso, por la omisión de la Fiscalía General de la Nación en calificar oportunamente el mérito del proceso penal identificado bajo el número 004B, que se adelanta contra el señor Augusto Conti Parra (copia auténtica, fls. 304-311 cdno. 2, Exp. 20883).

Al realizar la revisión de la sentencia, el 19 de marzo de 1998, la Corte Constitucional revocó la decisión. Puso de presente la omisión de la fiscalía en resolver oportunamente la situación jurídica del actor en el sumario 004B, a la vez que estableció que a la fecha el actor se encontraba desvinculado del proceso penal, por lo que las pretensiones del actor eran improcedentes por sustracción de materia y sólo tuteló el derecho conculcado “únicamente para efectos de indemnización y de costas” (copia auténtica, fls. 219-225 cdno. 4, Exp. 29538).

— Mediante escrito de 25 de junio de 1997, el actor puso de presente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- el incumplimiento de la sentencia de tutela antes referida (original con recibido, fl. 313 cdno 2, Exp. 20883), a la vez que demandó, ante el Consejo Superior de la Judicatura, el amparo mediante el mecanismo de vigilancia judicial, fundado en “la aberrante incuria de la justicia por siete años de sumario” (original con recibido, fls. 314-317 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 16 de diciembre de 1997, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá llevó a cabo audiencia de juzgamiento de los señores Pinilla Cuervo y Conti Parra, dentro del plenario 011B. La diligencia continuó durante los días 3 y 24 de febrero, 3 de abril, 19 de mayo y 25 de junio de 1998 (fls. 182-193, 204-214 cdno. denominado original 2 paquete 5, fls. 44-59, 96-100 cdno. denominado original 3 paquete 5).

En el desarrollo de las audiencias, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decretó otras pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, entre las que se encuentra un dictamen pericial sobre la forma como se liquidaron los intereses dentro de los procesos ejecutivos laborales en los que el actor tenía la defensa de Cajanal; los procesados impugnaron las distintas decisiones que se tomaron al respecto, a la vez que solicitaron aclaraciones y complementaciones a los informes técnicos; presentaron diversos alegatos a manera de conclusión sobre las diligencias de juzgamiento; solicitaron permisos para salir de sus residencias con el objeto de asistir a congresos, conferencias y cursos de actualización en derecho y sistemas, entre otros estudios a nivel nacional e internacional, siendo concedidos por el juez de conocimiento, y elevaron derechos de petición para la expedición de copias, entre otras actuaciones (cuadernos denominados original 2 y 3 y de dictamen pericial paquete 5).

— El 16 de febrero de 1998, la Fiscalía 186 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito precluyó la investigación identificada con el Radicado 279076(21) a favor del señor Augusto Conti Parra, porque “no existe una sola razón probatoria que indique que los sumariados tuvieron participación en el ilícito”. En la decisión se precisó que el actor no fue vinculado formalmente a la investigación, por cuanto la indagatoria se declaró inexistente por falta de firma del fiscal (copia auténtica, fls. 422-429 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 13 de abril de 1998 y en cumplimiento al fallo de tutela de 10 de marzo de 1998 proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Delegada ante dicha corporación resolvió los recursos de apelación interpuestos por el actor y otros abogados que representaban los intereses de Cajanal, en diversos procesos ejecutivos laborales. Para tal efecto, revocó la resolución de acusación proferida el 24 de junio de 1997 en contra del señor Augusto Conti Parra —dentro del proceso penal 004B—, en su condición de cómplice de peculado por apropiación agravado por la cuantía, en concurso homogéneo, en relación con los procesos ejecutivos laborales identificados con los números 30511, 30105, 30522, 30981, 30376, 31128 y 31270.

Para tomar dicha determinación, la fiscalía puso de presente lo siguiente:

(...) una revisión de los procesos ejecutivos a que se viene haciendo referencia permite establecer que en todos ellos la actuación de Augusto Conti fue similar, a saber, una vez se le otorgó el respectivo poder, presentó un memorial oponiéndose a las pretensiones y proponiendo excepciones de prescripción, falta de causa y título para pedir pago parcial y/o total de la obligación demandada, recurriendo a la vez en reposición, solicitando el levantamiento de medidas cautelares y pidiendo al juez la práctica de pruebas para demostrar los pagos, interpuso reposición contra el auto que decreta el embargo de títulos valores y pidió la revocatoria del auto por el cual se decreta el embargo parcial del Presupuesto General de la Nación. Las peticiones formuladas en todas las actuaciones fueron prácticamente idénticas, de ahí que no sea desacertado calificarlas de “formatos”, como las denominó la fiscalía de primera instancia, aunque esta calificación no puede restar valor jurídico a las alegaciones allí contenidas.

La autoridad de instrucción evidenció que ninguna de las peticiones presentadas por el actor en el curso de los procesos ejecutivos fue acogida por el juez de conocimiento, “(...) ya por haber sido presentadas en forma extemporánea como ocurrió en el recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento de pago en los procesos 30511, 30105 y 30522, ora porque el juez 4º Laboral del Circuito desechó los argumentos, tal y como aconteció en estas y en las otras actuaciones”.

Lo anterior, sumado al hecho de que el actor no compareció a ninguna de las audiencias programadas para resolver las excepciones propuestas ni objetó las liquidaciones del crédito, como tampoco acudió a las diligencias en que se hicieron efectivos los embargos y secuestros de los recursos pertenecientes a Cajanal.

No obstante, la fiscalía anotó que, si bien, desde un punto de vista objetivo, el procesado no obró con la diligencia debida en el desempeño de su encargo, “(..) esta mera circunstancia no permite atribuirle complicidad en la defraudación de que fue objeto Cajanal, porque en la foliatura obran diversos elementos de juicio que permiten descartar la participación de Conti Parra en la acción criminal”.

La autoridad destacó que el actor i) presentó diversos memoriales en cada uno de los procesos solicitando la práctica de pruebas encaminadas a demostrar la realización de pagos totales o parciales a los demandantes, pruebas que el juez laboral no decretó, a pesar de resultar procedentes y ii) recurrió las decisiones que ordenaban el embargo de los recursos de Cajanal, aduciendo su inembargabilidad de conformidad con la ley del presupuesto, impugnaciones que también desestimó el funcionario judicial.

La fiscalía puso en evidencia las dificultades que tuvo el actor, debido a la falta de organización en la institución que representaba, como el hecho de que las pruebas de los pagos se expedían dos o tres meses después de solicitarlas a la sección de registro de pensiones; no había coordinación entre sus dependencias, al punto que la oficina de cartera no tenía información exacta de los embargos vigentes; incluso existían dificultades para que Cajanal sufragara los costos de expedición de copias de los expedientes, necesarias para la interposición de los recursos. Todo ello, según su criterio, explicaba las omisiones del abogado, debido a la falta de colaboración de la entidad en suministrar la documentación necesaria para defender idóneamente sus intereses, sin que ello evidenciara el propósito de favorecer a los ejecutantes.

En relación con la supuesta entrega de dinero a favor del señor Conti Parra, la fiscalía descartó la credibilidad del testigo que lo comprometía, por imprecisión y contradicción en sus versiones.

Todo lo anterior, para concluir:

De la valoración probatoria efectuada se tiene que no existe mérito para atribuir al sindicado Augusto Conti Parra complicidad en los hechos que dieron lugar a la defraudación en perjuicio de la Caja Nacional de Previsión. Por el contrario, las pruebas allegadas, que no fueron debidamente apreciadas en la providencia recurrida, conducen a demostrar la ausencia de responsabilidad penal del procesado respecto de los hechos ilícitos que se le atribuyen en relación con los procesos ya citados.

En la decisión se consideró que el señor Augusto Conti Parra no incurrió en ninguna conducta punible y, al contrario, demostró su idoneidad profesional y la ausencia de complicidad en la defraudación de que fue objeto Cajanal. Por tanto, precluyó en su favor la investigación y revocó la medida de aseguramiento que pesaba en su contra, ordenando su libertad inmediata (copia auténtica, fls. 353-421 cdno. 2, Exp. 20883 y 274-342 cdno. 2, Exp. 29538).

— El 19 de agosto de 1998, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá —dentro del proceso penal 011B(22)— concedió libertad provisional al señor Antonio Augusto Conti Parra, por “haber cumplido las dos terceras partes de la pena que le correspondería”, aunado a su buena conducta profesional y social, previa suscripción de la diligencia de compromiso el 19 de agosto de 1998 y con la obligación de comparecer cada tres meses (originales, fls. 242-248 cdno. original 3 paquete 5 proceso penal 011B adelantado en contra del actor y del señor José Hernando Pinilla Cuervo).

La orden de libertad se dio el 31 de agosto de 1998 (original, fls. 254-255 cdno. original 3 paquete 5 proceso penal adelantado en contra del actor y del señor José Hernando Pinilla Cuervo).

— El 24 de enero de 2001, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá —dentro del proceso penal 011B(23), adelantado en contra de los señores Antonio Augusto Conti Parra y José Hernando Pinilla Cuervo, ex Juez Trece Laboral del Circuito—, resolvió absolver al primero de los cargos que en su calidad de cómplice de los delitos de peculado le fueran formulados en la resolución de acusación, pues la conducta desplegada por el actor no era constitutiva de complicidad para la realización de los delitos de peculado, consumados por el Juez Trece Laboral del Circuito José Hernando Pinilla Cuervo. Así mismo, condenó al mentado funcionario judicial a la pena de ocho años de prisión, $700.000 de multa y cuatro años de interdicción de derechos y funciones públicas, como autor responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación.

En primer lugar, el tribunal puso de presente la solicitud nulidad presentada por el actor, fundada en la violación a sus derechos constitucionales al debido proceso y a su derecho de defensa, “(..) puesto que la Fiscalía lo sometió a diversas indagatorias en razón a que rompió la unidad procesal, decisión arbitraria, por cuanto se trataba de una misma conducta, sin que fueran atendidas las glosas que al respecto formulara su apoderado”.

Al respecto, el tribunal consideró que la petición de nulidad no era procedente, en la medida en que el abogado Conti Parra fue vinculado a varias investigaciones por diversas conductas delictivas, por sus actuaciones en procesos ejecutivos laborales en los que representaba a Cajanal y que se tramitaban ante diferentes jueces laborales del circuito, razón por la cual tuvo que rendir las indagatorias ordenadas en cada una de ellas —se destaca—:

Lógico es que si el doctor Conti Parra había representado al a Caja Nacional de Previsión Social como su apoderado, actuando en varios procesos ejecutivos laborales que se seguían contra la entidad que representaba y esos procesos se adelantaban en diversos juzgados laborales del circuito, cuando se dispuso por la justicia abrir investigación penal contra varios de tales jueces al estimarse que la actuación que habían desarrollado en los procesos ejecutivos era constitutiva de delito, al verse involucrado Conti Parra en los comportamientos prima facie se consideraban delictivos, tuviera que verse precisado a rendir indagatorias para explicar cuál había sido su comportamiento, cuál la conducta asumida en la tramitación de los procesos ejecutivos laborales que habían dado pie para abrir investigaciones penales contra los varios jueces laborales (fls. 284-285).

En lo atinente al juicio de responsabilidad, el tribunal encontró que la conducta desplegada por el actor no era constitutiva de complicidad para la realización de los delitos de peculado, consumados por el Juez Trece Laboral del Circuito José Hernando Pinilla Cuervo. Al respecto, se destaca:

Ahora bien, como pensar que un procesado que es cómplice para que se defraude al Estado, pueda presentar un memorial (incluso anunciando la interposición del recurso de apelación) para solicitar que se revoque la decisión del juzgado relacionada con un embargo parcial del presupuesto general de Cajanal y obtenga con sus alegaciones que el juez se vea obligado a acceder a la revocatoria, cuando precisamente tales embargos aseguraban el pago de la cuantía aprobada en la liquidación y por esa vía devenía un verdadero éxito la defraudación de los dineros de Cajanal.

Las pruebas que contiene el proceso, las actitudes demostradas por el procesado durante la prestación de su asesoría jurídica, no permiten a la Corporación ver que su conducta sea constitutiva de complicidad para la realización de los delitos de peculado consumados por el Juez Pinilla Cuervo.

Para la corporación, ante lo demostrado en el proceso, no cabe otra alternativa diferente que la de absolverlo de todos los cargos que le fueran formulados por la Fiscalía Delegada ante la H. Corte Suprema de Justicia, ordenando que la caución que prestara para gozar de la detención domiciliaria y la libertad provisional le sea devuelta en su oportunidad (copia auténtica visible a fls. 354-497 cdno. 2, Exp. 29538 y 8-152 cdno. copias 6 paquete 4 proceso penal 011B o 11780).

La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, mediante proveído de 26 de noviembre de 2001 (constancia secretarial aportada en original visible a fl. 576 cdno. 2, Exp. 29538 y copia auténtica de la providencia fls. 139-153 cdno. 1 proceso penal 18222 adelantado en contra de los señores José Hernando Pinilla Cuervo y Antonio Augusto Conti Parra).

— El magistrado de conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó constancia de las actuaciones adelantadas en el curso de la investigación adelantada en contra de los señores Hernando Pinilla Cuervo y Antonio Augusto Conti Parra, de su complejidad y volumen, impidiendo evacuar el asunto oportunamente. Del documento se trascriben los siguientes apartes:

Para futura memoria se deja expresa constancia que durante el término en que este proceso permaneció al despacho para elaborarse su sentencia se realizó el siguiente trabajo (de acuerdo con los datos que reposan en la minuta diaria que se lleva):

142 audiencias de sustentación y juzgamiento.

Se asistió a 98 salas plenas penales y generales de la corporación.

Como magistrado ponente se evacuaron 136 tutelas de primera instancia, 55 de segunda instancia y 267 procesos penales (libertades, habeas corpus, acciones de revisión, procesos penales con preso y sin preso, resueltos con sentencia o interlocutorio). Se conocieron 392 procesos (tutelas de primera y segunda instancia, procesos penales con preso y sin preso, sentencias, autos interlocutorios, acciones de revisión) como segunda firma; 379 procesos (acciones de tutela de primera y segunda instancia, procesos con preso y sin preso, sentencias, acciones de revisión, libertades, interlocutorios) como tercera firma, en total 771 procesos. Cabe advertir que en la labor como ponente se ha contado con procesos voluminosos (proceso No. 2442 contra Manuel Ordóñez Torres, por el delito de peculado, que venía para conocer de la sentencia de condena) de 51 cuadernos cuya lectura implicó varias semanas, amén de que en los asuntos de tutela de primera instancia se hace necesaria la práctica de pruebas: recepción de testimonios e inspecciones judiciales. Si este asunto seguido contra el exjuez Trece Laboral Hernando Pinilla Cuervo y Antonio Augusto Conti Parra no se evacuó con mayor antelación obedece a la razón de que dado su volumen, complejidad y el resto de trabajo realizado fue físicamente imposible hacerlo (original, fl. 247 paquete 3 y 81 cuaderno de copias 4 paquete 4, proceso penal 011B).

Así mismo, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá dio cuenta al a quo que el Fiscal 200, adscrito a la Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y Administración de Justicia que conoció del proceso contra el actor, “tenía a su cargo 100 diligencias y 331 sumarios a febrero 25 de 2001” (original, fl. 502 cdno. 2, Exp. 29538).

— El Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— informó al tribunal de instancia “que verificado el sistema de control de entradas y salidas del país (..) el ciudadano Conti Parra Antonio Augusto registra 19 movimientos” a diferentes destinos nacionales e internacionales, entre el 1º de enero de 1990 y 1º de diciembre de 2002 (original, fls. 586-588 cdno. 2, Exp. 29538).

2.2.3. Juicio de responsabilidad.

En el sub lite, la parte actora atribuye responsabilidad a la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios morales y materiales causados por i) la privación injusta de la libertad de la que fue víctima y ii) la mora en definir las investigaciones penales adelantadas en su contra.

2.2.3.1. Privación injusta de la libertad.

La Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y a la libertad como uno de sus valores fundantes (Preámbulo) y como principio normativo básico (art.1º).

La dimensión axiológica de la libertad se concreta, a su vez, en una serie de derechos fundamentales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado(24). Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra retención arbitraria por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, para el efecto la Carta Política en su artículo 28 preceptúa:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

De entrada la norma trascrita prevé, con una alta dosis garantista, que toda persona es libre en su sentido más amplio, pues ninguna persona o familia podrá ser reducida a prisión sino en virtud al mandamiento escrito de autoridad judicial con competencia y por motivos previamente definidos en la ley.

Desde las primeras manifestaciones del Estado de derecho, la protección de la libertad individual y la concepción de garantías para asegurarla contra los actos arbitrarios de las autoridades públicas, se han hecho elementos esenciales del sistema normativo y constitucional.

En Sentencia C-237 de 2005, la Corte Constitucional ha precisado que la libertad personal comprende “(...) la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...".

En la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972 se dice que: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas".

El respeto a la libertad personal es una conquista del Estado de derecho, reconocimiento que, a la postre se trasladó al Estado Social de derecho. Al respecto, la jurisprudencia ha destacado el proceso de constitucionalización de este derecho fundamental, que, además, ha tenido su inclusión en convenios y tratados internacionales de obligatorio cumplimiento —se destaca—:

En efecto, en vigencia del Antiguo Régimen existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la Revolución francesa, dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos. Así las cosas, en relación con la libertad personal, se excluyó la posibilidad de que el gobernante decidiera acerca de la libertad personal y dicha facultad, de hacer relativo el derecho fundamental, se trasladó a la rama del poder que administraba justicia.

Esta idea cada vez más afianzada, se corroboró por la Constitución de 1991 al reconocer en la libertad una triple naturaleza jurídica, como valor, como principio y como derecho. En este sentido la jurisprudencia constitucional no ha dejado de estimar el significado transversal de la noción, al punto de admitirse en su amplio contenido una esencia libertaria, visible a través de las obligaciones generales y concretas que la libertad depara para las autoridades públicas y de las facultades y garantías que comporta para los individuos.

El Preámbulo de la Constitución señala la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico, en esta proclamación se ha visto el reconocimiento de una directriz orientadora en el sentido que la filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria(25).

En este contexto, en Sentencia C-879 de 2011, la Corte anotó:

Desde esta perspectiva la libertad se configura como un contenido axiológico rector del sistema normativo y de la actuación de los servidores públicos, del cual, en todo caso, también se desprenden consecuencias normativas en la interpretación y aplicación, no sólo del texto constitucional, sino del conjunto de preceptos que conforman el ordenamiento jurídico colombiano, que deben ser leídos siempre en clave libertaria [expresión empleada en la Sentencia T-237 de 2004 para hacer referencia a la interpretación de las disposiciones legales de conformidad con el contenido axiológico de la libertad]. Así mismo, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un principio general de libertad que autoriza a los particulares a llevar a cabo las actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio no está subordinado a requisitos o condiciones determinadas, el cual estaría reconocido por el artículo sexto, se trataría entonces de la norma de cierre del ordenamiento jurídico, que tendría la estructura deóntica de un permiso. Pero también se ha visto en el artículo 13 de la Constitución, el origen de este principio general de libertad el cual según la jurisprudencia constitucional es el fundamento del derecho de toda persona a tomar decisiones que determinen el curso de su vida. A su vez la Constitución reconoce numerosos derechos de libertad, especialmente en el Capítulo I del Título II, tales como el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia (art. 18), la libertad de cultos (art. 19), la libertad de expresión y de información (art. 20)”. Vid. también, la Sentencia C-176 de 2007 donde se sostuvo que “la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los demás derechos y el instrumento “primario” del ser humano para vivir en sociedad. Por esta razón, el constituyente no sólo otorgó a la libertad el triple carácter: valor (preámbulo), principio que irradia la acción del Estado (art. 2º) y derecho (art. 28), sino que diseñó un conjunto de piezas fundamentales de protección a la libertad física de las personas que aunque se derivan de ella se convierten en garantías autónomas e indispensables para su protección en casos de restricción. Dentro de estos se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la detención, a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y a ser detenido en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente (C.N.., arts. 28 y 29).

En este orden de ideas, la Constitución Política contempla una salvaguarda especial contra la afectación de los derechos e intereses legítimos de los particulares, por parte del Estado, que es su garante. De esta forma, el artículo 90 de la Carta prevé:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este.

En concordancia con los artículos 13 y 90 constitucionales, el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal impuso al Estado el deber de responder patrimonialmente ante la injusta privación de la libertad, pues supone la lesión del derecho que el afectado no está en obligación de soportar. En el caso sub examine, la norma de procedimiento penal entonces vigente (D. 2700/91, art. 414) previó tres supuestos de daño antijurídico, per se, al derecho constitucional a la libertad y por ende, responsabilidad estatal. Según la mencionada norma:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Se observa que la norma trascrita consagra un sistema legal de responsabilidad estatal por los daños causados por la administración de justicia, por privación injusta en tres eventos, que configurados, comporta la obligación de indemnizar a quien la sufrió.

De modo que, si el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, no se requiere profundizar en las circunstancias que rodearon el proceso, pues no queda sino concluir que el afectado no tendría que haber soportado la afrenta a la que fue sometido.

En otras palabras, en los eventos antes relacionados, el daño antijurídico y la imputación del mismo, dan lugar a la responsabilidad estatal.

Ahora bien, es cierto que en la doctrina y en la jurisprudencia se han generado debates respecto del alcance de la responsabilidad del Estado a la que se hace mención y que se emitieron fallos que niegan su configuración objetiva ante los supuestos antes mencionados; sin embargo, tal postura fue abandonada, como lo revela la sentencia de 8 de julio de 2009:

Tratándose de la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, la Sala no ha mantenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 de Código de Procedimiento Penal —Decreto-Ley 2700 de 1991(26)—, ya derogado pero aún aplicable a aquellos asuntos ocurridos durante su vigencia, como sucede en el presente asunto, pues la víctima directa del daño fue privada de la libertad entre el 9 de mayo y el 2 de septiembre de 1993, época para la cual se encontraba en vigencia el decreto aludido(27).

Una primera línea jurisprudencial podría calificarse de restrictiva, bajo el entendido de que la responsabilidad del Estado, por la privación injusta de la libertad de las personas, se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonable, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, se dijo que la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez que causa perjuicios a sus coasociados(28). Posteriormente, se indicó que la investigación de un delito cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(29).

Una segunda línea entendió que en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(30). Se consideró, además, que en tales eventos la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad, pero que en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se exigiría al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(31).

En ese orden, se sostuvo que el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(32). El primero, previsto en su parte inicial, señalaba que: “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o ilegalidad de la detención. La segunda parte de la disposición, en cambio, tipificaría los tres supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible— los cuales, una vez acreditados, darían lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigeró el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, que implicaba imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada, al tiempo que amplió, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado fuese absuelto en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(33).

En el sub lite, la Sala encuentra acreditado que la privación de la libertad del señor Antonio Augusto Conti Parra se enmarca dentro de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los hechos, como quiera que en todas las investigaciones penales que tuvo que soportar el actor se demostró, finalmente, que no incurrió en la conducta endilgada, esto es cómplice del delito de peculado.

En el caso particular, los elementos de juicio que obran en el plenario permiten concluir que el sindicado no cometió el delito, como quiera que su actuación, como defensor de los intereses de la Caja Nacional de Previsión Social, estuvo acorde con el mandato otorgado por la entidad y bajo los lineamientos de un adecuado ejercicio profesional. De ello dan cuenta las distintas decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca.

Bajo las circunstancias anteriores, no hay duda de que aparece configurada una de las causales previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

Ahora, como quedó expuesto, en los asuntos sobre privación injusta de la libertad, previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, por cuanto el mismo legislador calificó los eventos en los cuales la privación de la libertad se torna injustificada y resulta indiferente determinar cuáles fueron las razones que condujeron al funcionario judicial a adoptar la medida de aseguramiento que implicaron la detención del afectado, porque, a la postre, ésta se convierte en injusta, bajo el entendido de que si fu absuelto no queda sino concluir que la presunción de inocencia que lo ampara no fue desvirtuada. Bien, porque no incurrió en la conducta, el hecho no existió o no constituía delito, hipótesis en las que la responsabilidad no admite controversia, pues ante una privación injusta lo que procede es indemnizar.

Lo anterior porque, al margen de cualquier discusión sobre el alcance del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos, lo relevante es que, en los tres eventos, el Legislador, en ejercicio de sus competencias, calificó a priori la detención preventiva como injusta.

Vale destacar que el demandante sufrió la privación de su libertad entre el 30 de junio de 1992, fecha en la que se ordenó su detención preventiva y 31 de agosto de 1998, cuando se ordenó finalmente su libertad, para luego ser absuelto mediante sentencia el 24 de enero de 2001, confirmada el 26 de noviembre del mismo año.

Para cuando el señor Conti Parra obtuvo su libertad y la absolución ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, conforme a la cual “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Al revisar el proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional en Sentencia C-037de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

No obstante, la Sala ha considerado que, en cuanto el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, se habrá de concluir que la responsabilidad patrimonial del Estado no queda circunscrita a la actuación “abiertamente arbitraria”, sino que comprende todos “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y, en consecuencia, también mantienen su vigencia todas aquellas hipótesis de responsabilidad objetiva que fueron previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991:

Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(34), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta….”(35).

De tal manera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución y 414 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, el Estado deberá responder por la medida de aseguramiento de detención preventiva a la que estuvo sometido el señor Antonio Augusto Conti Parra, sustituida por domiciliaria, porque el sindicado no incurrió en la conducta que dio lugar a ella, comoquiera que en las tres investigaciones que se adelantaron en contra del señor Antonio Augusto Conti Parra, esto es, la 004B, 011B y 279076 —que acumula la 001B y la 005B—, la Fiscalía y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá así lo resolvieron.

En efecto, en el proceso penal 004B, adelantado contra el señor Conti Parra y el secretario del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se revocó la resolución de acusación y la medida de aseguramiento que pesaba sobre el actor, precluyó la investigación a su favor y ordenó su libertad. Decisión fundada en que “[d]e la valoración probatoria efectuada se tiene que no existe mérito para atribuir al sindicado Augusto Conti Parra complicidad en los hechos que dieron lugar a la defraudación en perjuicio de la Caja Nacional de Previsión. Por el contrario, las pruebas allegadas, que no fueron debidamente apreciadas en la providencia recurrida, conducen a demostrar la ausencia de responsabilidad penal del procesado respecto de los hechos ilícitos que se le atribuyen en relación con los procesos ya citados”.

El proceso penal 011B(36), iniciado en contra del señor Augusto Parra Conti y el Juez Trece Laboral del Circuito José Hernando Pinilla Cuervo, culminó con sentencia absolutoria, toda vez que “[l]as pruebas que contiene el proceso, las actitudes demostradas por el procesado durante la prestación de su asesoría jurídica, no permiten a la corporación ver que su conducta sea constitutiva de complicidad para la realización de los delitos de peculado consumados por el Juez Pinilla Cuervo”.

Y, el proceso penal 279076 —que acumula el 001B y el 005B—, adelantado en contra del demandante, la exjuez laboral Marina Bernal Gody y otros, terminó con preclusión de investigación, porque “no existe una sola razón probatoria que indique que los sumariados tuvieron participación en el ilícito”.

Sostener, como lo hizo la Rama Judicial, que someterse a la alteración total o casi total del proyecto de vida, en razón de la pérdida de la libertad se encuentra dentro de los deberes que normalmente debe soportar todo ciudadano, equivale a decir que entre el catálogo de derechos fundamentales, la libertad no resulta exigible, es decir que el Estado puede válidamente disponer de ella, lo que resulta incompatible con la idea misma de Estado de derecho y con la condición de sujetos de igual entidad de los asociados.

Al respecto, conviene recordar lo dicho por esta corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006:

La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”(37) (negrillas fuera de texto).

Además, si bien el señor Conti Parra no estuvo recluido en un centro carcelario, como quiera que a su favor se decretó la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria y, en el curso de la misma, obtuvo permisos para asistir a distintas actividades académicas a nivel nacional e internacional, siendo concedidos por el juez de conocimiento, ello no se traduce en ausencia de daño, como lo alega la administración demandada, el a quo y la vista fiscal, como quiera que no se puede negar que su derecho a la libertad fue vulnerado, pues, en todo caso, se sujetó a lo dispuesto en el proceso.

En conclusión, para la Sala, en el caso concreto se estructuró principalmente uno de los presupuestos que comprometen la responsabilidad de la administración, bajo el régimen de responsabilidad objetivo, pues, la justicia penal absolvió de responsabilidad al señor Antonio Augusto Conti Parra, por considerar que no cometió el delito, de modo que la Nación deberá reparar los perjuicios causados por haberlo privado de su libertad injustamente.

2.2.3.2. Dilación injustificada en resolver la situación jurídica del procesado.

Ahora bien, para resolver este punto, se hace necesario indicar que los artículos 65 y 69 de la Ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia disponen:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado.El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

(...).

ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación(resaltado fuera del texto original).

En este sentido, es claro que, en razón de los artículos aludidos, así como, principalmente, de los artículos 29 de la Constitución Política(38), 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(39), 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(40) y 25 de la Declaración Americana de Derechos Humanos(41), la mora judicial, es decir, la falta de decisión judicial en un plazo razonable(42), da lugar a la reparación del daño que con ella se cause, en tanto la misma constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El artículo 29 de la Constitución establece en uno de sus apartes el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. El artículo 228 de la Carta, a su vez, reitera que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. La Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre este importante componente del debido proceso, en el sentido de afirmar que el derecho a que no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden al juez como autoridad pública “hacen parte integral y fundamental del derecho al debido proceso, y al acceso efectivo a la administración de justicia”(43).

Al mismo tiempo, la Corte ha afirmado reiteradamente que la mora judicial “es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”(44), pero que muchas veces “una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”(45). La violación del derecho fundamental ocurre, en los explícitos términos de la Constitución, cuando la mora es injustificada. Cuando existen razones que la explican, tales como un significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente despacho, que superan la capacidad logística y humana existente, y que por lo tanto hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno conocido como el de la “hiperinflación procesal”, la jurisprudencia constitucional ha considerado que no se puede hablar de una violación del derecho al debido proceso, y por ende, el asunto no se puede tramitar o solucionar por la vía de la acción de tutela(46).

En Sentencia T-357 de 2007, que a su vez reiteró otras sentencias en el mismo sentido, se dijo:

(...) la mora judicial en hipótesis como la excesiva carga de trabajo está justificada y, en consecuencia, no configura denegación del derecho al acceso a la administración de justicia….Al analizar la procedibilidad de la acción de tutela por mora judicial, el juez constitucional debe determinar las circunstancias que afectan al funcionario o despacho que tiene a su cargo el trámite del proceso. Para ello (…) si es imperativo debe adelantar la actuación probatoria que sea necesaria a fin de definir ese punto. De igual manera indicó esta corporación, no puede el juez desconocer la obligación consignada el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, según la cual debe ser respetado el orden de llegada de los procesos.

Cuando no se puede probar la falta de justificación, la Corte Constitucional ha establecido que “la dilación en la resolución de los casos judiciales no se considera, en hipótesis de hiperinflación procesal, una violación del derecho al debido proceso”(47).

Mediante Sentencia T-1249 de diciembre 16 de 2004, puso de presente que acorde con el desarrollo jurisprudencial del Comité y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido acogidos los parámetros establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos, según la cual la razonabilidad del plazo que media para resolver un asunto se determina según: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) el análisis global del procedimiento”(48).

En la providencia citada se detuvo la Corte en la relación de conexidad necesaria entre las nociones de plazo razonable y dilaciones injustificadas, para constatar si acontece una vulneración al debido proceso, cuya consecuencia redunde en la afectación del acceso a la administración de justicia. Así, no se presenta tal conculcación cuando la mora en el trámite de una actuación judicial no tiene su génesis en la complejidad del asunto “o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no (sic) en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos”.

En aquella oportunidad, efectuando un recuento de algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, se reiteró que el mero incumplimiento de los términos procesales no constituye per se violación al debido proceso(49), justificándose el retraso cuando la autoridad censurada, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones “imprevisibles e ineludibles”(50), como el exceso de trabajo, que le impiden cumplir con los plazos fijados en la ley para tal efecto.

En conclusión, puede afirmarse, válidamente, que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Constitucional, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debida a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos. Ahora bien otra conclusión que se puede inferir de la jurisprudencia constitucional es la diferenciación que hace entre incumplimiento de los términos originada en la desatención injustificada del funcionario de sus deberes y la existencia de una sobre carga de trabajo sistemática en algunos los despachos, que hace prácticamente imposible el respeto estricto de los términos judiciales”(51).

La Sección Tercera, por su parte, en sentencia del 3 de febrero de 2010(52), precisó que para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(53).

En el presente asunto, la parte actora demostró que dentro de las investigaciones adelantadas en su contra, la administración demandada dilató injustificadamente la decisión sobre su situación jurídica y, por ende, se extendió en el tiempo la calificación del mérito del sumario.

El demandante aduce que el término legal para realizar la instrucción era de 60 días, según lo dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la fecha de iniciación de la investigación, que, a su juicio, fue en agosto de 1990; no obstante, la Sala encuentra que la apertura se dio el 22 de noviembre de 1991, al tiempo que se vinculó al actor.

Cabe anotar que la norma referida por el actor fue modificada por el artículo 439 del Decreto 2700 de 1991, a cuyo tenor se lee:

Formas de calificación.El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción.

Cuando no hubiere lugar a proferir estas determinaciones el fiscal continuará adelantando la instrucción.

La parte en subrayas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-411 de 1993, en la medida en que conlleva una iindeterminación legal del término de la instrucción. Del texto del fallo se transcriben los siguientes apartes:

Si el Estado encuentra razones para vincular a una persona a la instrucción, pero no consigue la prueba necesaria para acusarla ante el Juez competente, ¿puede justificadamente mantenerla vinculada a un proceso penal hasta que prescriba la acción? Es decir, ¿puede mantenerla en la situación jurídica en la que se le coloca, al vincularla a la instrucción? Sólo una respuesta negativa parece razonable y compatible con la presunción de inocencia.

Una vez dictada la resolución de apertura de instrucción, la persona imputada queda vinculada al proceso penal en calidad de parte. El instructor puede entonces averiguar por su vida íntima, personal y familiar, ordenar el registro de su domicilio y su correspondencia, que sus demás formas de comunicación sean interceptadas y, como si eso fuera poco, se le puede imponer una medida de aseguramiento, con lo que se abre la posibilidad de mantener al sindicado privado de su libertad, por un período que podría extenderse hasta la prescripción de la acción penal. En ese caso extremo, la ineficiencia investigativa del Estado, iría de la mano con el efectivo cumplimiento de una pena jamás impuesta por sentencia judicial ejecutoriada.

Según el artículo 2º de la Constitución, es fin esencial del Estado asegurar la vigencia de un orden justo. Ahora bien: si el Estado es quien ha de probar que la persona no es inocente y después de usar todos sus recursos por un tiempo razonable no logra establecerlo, es injusto que, en lugar de reconocer su fracaso y devolver a la persona el pleno goce de sus libertades y derechos, se la deje en situación de entredicho y con las garantías constitucionales suspendidas, hasta que finalmente el Estado pueda llevarla a juicio o prescriba la acción penal.

Si se examina la situación legal de las personas vinculadas a una instrucción, dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, pero antes y después de la vigencia del Decreto 2700 de ese año, se encuentra que indudablemente tal decreto menoscaba el derecho fundamental a la libertad personal, consagrado en el artículo 28 de la Constitución y viola lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, suscrito por Colombia en el mismo año y aprobado mediante Ley 74 de 1968, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976), así como el artículo 29 de la Carta, pues introduce demoras injustificadas en la definición de la situación jurídico-penal de las personas. Por tanto, será declarado inexequible en la parte acusada.

5.3. Indeterminación legal del término de la instrucción.

Declarada por esta providencia la inexequibilidad de los apartes acusados de los artículos 329, 438 y 439, como se hará en la parte resolutiva, el país quedará —hasta que el Congreso expida el Código de Procedimiento Penal que actualmente debate—, bajo la vigencia de una ley procesal penal que no estipula un plazo cierto para el cierre de la instrucción, diferente al de la prescripción de la acción penal.

Así las cosas, podría pensarse que la Corte Constitucional, al pretender corregir una violación de la Constitución, declarando inexequibles los apartes acusados de los artículos 329, 438 y 439, de hecho deja a los ciudadanos cuyos derechos y garantías se vulneraban, en situación de no poder escapar de esa violación, hasta tanto el legislador expida el nuevo Código de Procedimiento. Sin embargo, las personas a quienes se vincule a una investigación y no obtengan de la Fiscalía la calificación del proceso en un término razonable, podrán hacer uso de los instrumentos que para la defensa de los derechos fundamentales, establece el ordenamiento.

La mayor o menor amplitud del término judicial deberá condicionarse a factores tales como: la naturaleza del delito imputado, su mayor o menor gravedad el grado de complejidad que su investigación comporte, el número de sindicados, los efectos sociales nocivos que de él se desprendan, etc.

Luego, el artículo 58 de la Ley 81 de 1993(54) estableció que “[e]l sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción”.

El artículo 1º del Decreto 2700 de 1991, dispone que el sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

En relación con el término de la instrucción y calificación del sumario, el artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 42 de la Ley 81 de 1993, expresamente dispone:

“El funcionario que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento.

El término de instrucción que corresponda a cualquier autoridad judicial no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación.

No obstante si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de treinta (30) meses.

Vencido el término, la única actuación procedente será la calificación.

PAR. TRANS.—Los procesos que al entrar en vigencia de la presente Ley se encuentren en curso se calificarán según los siguientes términos:

Los procesos cuya etapa de instrucción no exceda de seis (6) meses se calificarán según los términos establecidos en el presente artículo.

En los procesos en los cuales hubiere transcurrido un término igual o mayor a seis (6) meses sin exceder de dieciocho (18) en etapa de instrucción, el término disponible para la calificación será de doce (12) meses.

Los procesos en los cuales hubiere transcurrido un término igual o mayor a dieciocho (18) meses sin exceder de cuarenta y ocho (48) en etapa de instrucción, se calificarán en un término no superior a ocho (8) meses.

En los eventos contemplados en los dos incisos anteriores, cuando se trate de tres (3) o más delitos o sindicados, el término de instrucción allí previsto se aumentará hasta en las dos terceras partes.

En los procesos en los cuales haya transcurrido un término igual o superior a cuarenta y ocho (48) meses sin exceder de sesenta (60) en etapa de instrucción, el término disponible para la calificación será de cuatro (4) meses.

Los procesos en cuya etapa de instrucción haya transcurrido un término igual o superior a sesenta (60) meses se calificarán en un término no mayor de dos (2) meses.

Esta disposición regirá también para procesos por delitos de competencia de los jueces regionales” (negrillas fuera de texto).

El artículo 385 ibídem, por su parte, señala que no podrá resolverse la situación jurídica, sin que previamente se haya recibido indagatoria al imputado, o se haya declarado persona ausente, con la prevención de que la indagatoria deberá recibirse a la mayor brevedad posible, a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del fiscal. Este término se duplicará si hubiere más de dos capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha (art. 386).

En relación con los términos para resolver situación jurídica, el artículo 387 de la norma en cita prevé:

Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria o vencido el término anterior, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes, con medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique, u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el imputado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando se le solicite.

Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El fiscal dispondrá del mismo término cuando fuere cinco o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado el mismo día.

En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, recibida la indagatoria, el fiscal definirá la situación jurídica dentro de los diez (10) días siguientes, si aquella hubiere sido recibida por un fiscal de sede distinta a la suya. Si es necesaria la práctica de alguna prueba y el término anterior resultare insuficiente, el término para definir la situación jurídica será de veinte (20) días”(55) (negrillas fuera de texto).

Al analizar la exequibilidad del artículo 387 trascrito, la Corte Constitucional precisó que, si bien la detención preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a la libertad personal, esta limitación se justifica en aras de la persecución y la prevención del delito confiadas a la autoridad y garantiza el juzgamiento y penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras cosas para asegurar la comparecencia del acusado al proceso. Por ende, el legislador encuentra una limitación constitucional de sus atribuciones (C.P., arts. 29 y 93) en asuntos punitivos y de política criminal, debiendo estar justificadas racionalmente las demoras o dilaciones temporales de la investigación y juzgamiento de las personas detenidas preventivamente(56). Al respecto, se destaca:

“Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la investigación —complejidad respecto a los hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc.—, la conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia(57).

El acervo probatorio que reposa en el plenario da cuenta de que las investigaciones se abrieron formalmente el 22 de noviembre de 1991 y el 30 de junio de 1992 —dentro del proceso penal 004B—, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió la situación jurídica del señor Augusto Conti Parra, decretando su detención preventiva, la cual fue sustituida por domiciliaria el 26 de julio de 1994. En este proceso no se tiene certeza cuándo se escuchó en indagatoria al actor. Y, el 24 de junio de 1997, la Unidad Delegada de la Fiscalía ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca profirió resolución de acusación en contra del señor Conti Parra, en grado de complicidad por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía y en concurso homogéneo y, finalmente el 13 de abril de 1998, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión y ordenó su libertad inmediata.

En el proceso penal 011B, por su parte, el 25 de noviembre de 1994, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca escuchó en indagatoria al señor Antonio Augusto Conti Parra, la cual continúo durante los días 6 y 20 de diciembre de 1994, 8 de marzo de 1995 y 27 de junio del mismo año.

En este mismo proceso, el 22 de febrero de 1996, la Unidad Delegada de la Fiscalía General de la Nación ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca resolvió precluir la investigación, en la medida en que se no se demostró que la actuación por ellos desplegada constituyera hecho punible. El 29 de mayo de 1996, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión para, en su lugar, proferir resolución de acusación e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual fue sustituida en domiciliaria. El 19 de agosto de 1998, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá concedió libertad provisional al actor, por “haber cumplido las dos terceras partes de la pena que le correspondería” y expidió orden de libertad el 31 del mes y año en mención. Por último, el 24 de enero de 2001, el mismo tribunal dictó sentencia absolutoria a favor del señor Augusto Conti Parra, al tiempo que condenó al Juez Trece Laboral del Circuito José Hernando Pinilla Cuervo, decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 26 de noviembre de 2001.

La Fiscalía 186 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito certificó la existencia de otro proceso penal, radicado bajo el número 279076(58), en el que se escuchó en indagatoria al señor Augusto Conti el 23 de agosto de 1995, para que luego, el 16 de febrero de 1998, la misma fiscalía precluyera la investigación a su favor, porque “no existe una sola razón probatoria que indique que los sumariados tuvieron participación en el ilícito”, con la anotación de que el actor no había sido vinculado formalmente a la investigación, por cuanto la indagatoria se declaró inexistente por falta de firma del fiscal.

Como se observa, en las tres investigaciones que se adelantaron en contra del señor Antonio Augusto Conti Parra, esto es, la 004B, 011B y 279076 —que acumula la 001B y la 005B)—, la fiscalía y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no cumplieron con los términos legales para definir su situación jurídica. En la primera transcurrió aproximadamente veinticuatro meses desde que se sustituyó la medida de aseguramiento. En la segunda pasaron casi ocho meses desde que se recibió la última indagatoria del sindicado. Y, en la tercera, dos años y medio contados desde la indagatoria hasta la preclusión, decisión en la que, además, se advirtió la invalidez de la injurada.

En los términos del artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, el término de instrucción que corresponda a cualquier autoridad judicial no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. No obstante si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de treinta (30) meses, con la advertencia de que vencido este término, la única actuación procedente será la calificación. Sin embargo, según el parágrafo de la norma en cita, en los procesos en los cuales hubiere transcurrido un término igual o mayor a seis (6) meses sin exceder de dieciocho (18) en etapa de instrucción, el término disponible para la calificación será de doce (12) meses, empero cuando se trate de tres (3) o más delitos o sindicados, el término de instrucción allí previsto se aumentará hasta en las dos terceras partes.

Como en el sub lite los sindicados eran más de tres y a la fecha de entrar en vigencia la Ley 81 de 1993 —noviembre 2 de 1993— habían transcurrido 17 meses contados a partir de la fecha de la resolución que decretó la medida de aseguramiento en el proceso penal Radicado 004B —30 de junio de 1992—, resulta aplicable el término de 20 meses, esto es, los doce de que trata el inciso 3º del parágrafo del artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, aumentado en las dos terceras partes (8 meses más); todo lo cual lleva a la conclusión que la fiscalía contaba con un término máximo de 20 meses de instrucción, vencidos los cuales era obligatorio, por virtud de la disposición mencionada, calificar la investigación.

Por tanto, como al sindicado se le resolvió la situación jurídica el 30 de junio de 1992 y sólo se calificó el sumario el 24 de junio de 1997, debiéndose haber proferido dicha decisión a más tardar el 2 de marzo de 1994 —fecha en la que se cumplieron los veinte meses de que trata la ley—, resulta una demora en la instrucción de tres años, tres meses y 20 días.

Aunado a lo anterior, en el curso de las investigaciones el actor se vio obligado a interponer sendas acciones de tutela, con miras a que se resolviera su situación jurídica y se practicaran las pruebas necesarias para acreditar su inocencia. De ello dan cuenta las siguientes actuaciones:

— El 10 de marzo de 1994, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho al debido proceso del señor Augusto Conti Parra, como quiera que la Unidad Especial de la Fiscalía Delegada para los Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, no resolvió oportunamente “sendas peticiones de pruebas, que, en su sentir, son basilares para la defensa” (fls. 170-181 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 13 de enero de 1997, el señor Augusto Conti Parra puso de presente a la Fiscalía General de la Nación que fue “vinculado al sumario radicado bajo el número 004-B desde el año 1990” y “han transcurrido siete (7) años sin que la fiscalía califique el mérito de la investigación”, pues “(...) durante todo este prolongado lapso solo he sido llamado a rendir indagatoria y esto a pesar de las reiteradas peticiones de mi defensor para que se practicaran todas las pruebas atinentes a mi defensa” (fls. 211-213 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 17 de enero de 1997, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca —dentro del proceso penal identificado bajo el número 004B—, resolvió conceder la libertad provisional al procesado Antonio Augusto Conti Parra, por cuanto “(...) han transcurrido más de ciento ochenta (180) días —término aplicable por tener el proceso más de dos imputados—, desde la data 6 de octubre de 1994, a la de hoy, sin que se haya calificado el mérito probatorio del sumario seguido en su contra” (negrillas fuera de texto, fls. 280-283 cdno. 2, Exp. 20883).

— En el mes de abril de 1997, el señor Augusto Conti Parra interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía 186-Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, por violación a su derecho al debido proceso, por no resolver su situación jurídica. Allí, puso de presente la existencia de cuatro investigaciones penales en su contra (fls. 1-44 cdno. 4, Exp. 29538).

— El 13 de junio de 1997, la Sala Especial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tuteló el derecho al debido proceso, por la omisión de la Fiscalía General de la Nación en calificar oportunamente el mérito del proceso penal identificado bajo el número 004B, que se adelanta contra el señor Augusto Conti Parra. De la decisión se destacan los siguientes apartes:

“(…) es preciso destacar que el sindicado Conti Parra se ha visto obligado anteriormente a acudir también a la acción de tutela para procurar que se diera impulso necesario a ciertos aspectos probatorios en la fase instructiva por lo que en el fallo de segundo grado de marzo 10 de 1994, la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia hubo de concederle tutela al debido proceso, de manera que esto constituye un precedente, dentro del mismo asunto penal, que debió haber sido tomado en cuenta por la Fiscalía para manejar con el debido cuidado y celeridad ese asunto, tanto más si es muy voluminoso y complejo.

No resulta justo, desde ningún punto de vista, que un ciudadano cuya situación jurídica se definió con medida de aseguramiento de detención desde hace casi cinco años, aunque en la actualidad de halle en disfrute de libertad provisional, haya sido mantenido en ese situación aflictiva, pues dicha medida sigue en pie, sin que sepa a ciencia cierta si la administración de justicia lo considera implicado en la comisión del delito por el cual le decretó detención o puede verse liberado por una preclusión de la investigación(negrillas fuera de texto, fls. 304-311 cdno. 2, Exp. 20883).

— Mediante escrito de 25 de junio de 1997, el actor puso de presente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- el incumplimiento de la sentencia de tutela antes referida (original con recibido, fl. 313 cdno. 2, Exp. 20883), a la vez que demandó, ante el Consejo Superior de la Judicatura, el amparo mediante el mecanismo de vigilancia judicial, fundado en “la aberrante incuria de la justicia por siete años de sumario” (original con recibido, fls. 314-317 cdno. 2, Exp. 20883).

— El 19 de marzo de 1998, la Corte Constitucional revocó la decisión de 13 de junio de 1997. Puso de presente la omisión de la fiscalía en resolver oportunamente la situación jurídica del actor, a la vez que estableció que a la fecha el actor se encontraba desvinculado del proceso penal, por lo que las pretensiones del actor eran improcedentes por sustracción de materia y sólo tuteló el derecho conculcado “únicamente para efectos de indemnización y de costas” (copia auténtica, fls. 219-225 cdno. 4, Exp. 29538).

— El 13 de abril de 1998 y en cumplimiento a otro fallo de tutela de 10 de marzo de 1998 proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la resolución de acusación de 24 de junio de 1997 que pesaba en contra del actor —dentro del proceso penal 004B— y ordenó su libertad inmediata (copia auténtica, fls. 353-421 cdno. 2, Exp. 20883 y 274-342 cdno. 2, Exp. 29538).

En la actuación está plenamente acreditado que en todos los procesos penales de los que da cuenta el expediente, transcurrieron más de seis meses desde que se escuchó en indagatoria al señor Conti Parra y casi diez años en proferir sentencia, por lo que la administración demandada excedió, no solo los términos legales, sino el plazo razonable que los funcionarios atribuyen a la complejidad del caso, lo que, a juicio de la Sala, constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que da lugar al reconocimiento de indemnización de perjuicios a favor del actor.

Tal y como lo precisó en su oportunidad la Sala Especial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para tutelar el derecho al debido proceso del señor Antonio Augusto Conti Parra, por la omisión de la Fiscalía General de la Nación en calificar oportunamente el mérito del proceso penal 004B, el actor se vio obligado a acudir en varias oportunidades a la acción de tutela para procurar que se diera el impulso que requería la instrucción, obteniendo la protección solicitada, constituyéndose, por ende, en un precedente dentro del mismo asunto penal, que debió haber sido tomado en cuenta por la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para manejar con el debido cuidado y celeridad ese asunto, más aun en tratándose de un expediente voluminoso y complejo.

Además, el juez de tutela puso de presente el agravante de que al actor se le mantuvo bajo una medida de aseguramiento indefinida, como quiera que, para la fecha en que se tuteló su derecho, ya habían transcurrido más de cinco años de la detención y el señor Conti Parra continuaba en la misma situación jurídica, lo que a todas luces resulta reprochable.

En este punto, no sobra aclarar que no se está juzgando la actuación del fiscal o el juez del caso, sino la responsabilidad institucional de las entidades demandadas frente a la mora injustificada en la que incurrieron.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera procedente declarar la responsabilidad solidaria de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, comoquiera que ambas entidades dieron lugar a la privación de la libertad del señor Antonio Augusto Conti Parra e incurrieron en dilación injustificada en la resolución de las investigaciones penales que se adelantaron en su contra.

Por tanto, se las condenará al pago de los perjuicios causados al demandante, previas las consideraciones que a continuación se realizan.

2.2.4. Perjuicios.

En relación con el reconocimiento de perjuicios en la sentencia de 22 de febrero de 2001, que accedió a las pretensiones, solo la parte demandante y la Rama Judicial impugnaron su liquidación.

La parte demandante por “errores en la apreciación probatoria” en la determinación del término moratorio, como quiera que “(…) si bien en la demanda se alude a la calificación de los hechos materia de pesquisa, es claro, como la luz del día, que la acción se origina en la conducta deliberada y perversa de resistirse no solo a calificar el mérito del sumario sino a definir mediante sentencia definitiva la situación jurídica del encartado”, investigaciones que duraron“casi diez años”. Por lo anterior, al parecer del actor, la suma reconocida por concepto de perjuicio moral no compensa el dolor padecido como consecuencia de la negligencia en que incurrió la administración de justicia, sin especificar el monto que solicita.

El impugnante alega, por otro lado, que “(...) la sentencia apelada también es errónea cuando pretende que la reparación del daño en su expresión de lucro cesante comprende la renta dejada de percibir, actualizada y los intereses calculados a rata del 6% anual”, pues “de no haber recibido su renta está en incapacidad de pagar los impuestos y entonces se ve obligado a cubrirlos más tarde pero incrementando su valor con intereses del 51.5% anual, tasa fijada por el fisco para castigar a los contribuyentes morosos”.

Por último, el demandante solicita condenar a la demandada en costas y agencias en derecho (fls. 371 a 378, c. ppal.).

Y, la dirección ejecutiva de administración judicial, por su parte, sostuvo que los perjuicios materiales se tasaron sin ningún soporte probatorio, pues “se procedió simplemente a darles el valor probatorio correspondiente a la mitad de los perjuicios avaluados por los peritos año por año (..) cuando la presunta mora fue responsabilidad única y exclusivamente de los fiscales que conocieron de los proceso y no del director ejecutivo de administración judicial” (fls. 557-562 cdno. ppal. 1).

De conformidad con estos parámetros, la Sala adelantará la liquidación así:

2.2.4.1. Morales.

La actora ha solicitado el reconocimiento del valor equivalente a cinco mil gramos oro a título de precio del dolor. Ahora bien, debe recordarse que tanto la legislación como la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado han abandonado la tasación de los perjuicios morales en gramos oro para, en su lugar, adoptar el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo de la condena(59). Habida cuenta de que el daño moral es de suyo imposible de cuantificar de un modo exacto, por ser éste de carácter inmaterial, es necesario fijar el moto de la indemnización valiéndose de la facultad discrecional que le asiste en estos casos y de conformidad con los estos parámetros establecidos jurisprudencialmente(60): i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(61); ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Por otra parte, para la determinación de la cuantía de la indemnización del perjuicio moral, la Sala se guiará por la proporción valor-tiempo, presente en su jurisprudencia más reciente(62). Para lo anterior, la Sala buscará establecer cuál es valor que, en promedio, se concede al mes de privación de la libertad, atendiendo únicamente al factor temporal, sin perjuicio de que otras circunstancias concurrentes obliguen a reconocer una cifra más alta, y atendiendo al precedente jurisprudencial en virtud del cual el tope indemnizatorio para el perjuicio moral es de 100 smlmv.

Ahora bien, en su jurisprudencia la Sala ha estimado en un promedio de 5,1 salarios mínimos legales mensuales vigentes(63), el valor que correspondiente a los perjuicios morales por un mes de privación de la libertad, atendiendo únicamente al mero factor temporal, es decir, sin atender a otros factores circunstanciales (condiciones personales, difusión de la noticia, etc.).

Aplicando este criterio temporal de cuantificación por la privación injusta de la libertad y en atención al dolor que sufrió por el trato desobligante de que fue víctima por parte de la administración de justicia, en razón de la dilación de los procesos, aunado al hecho de que al actor le fue concedido el beneficio de detención domiciliaria y, además, gozó de sendos permisos para asistir a diversos compromisos académicos y personales, la Sala considera que al señor Antonio Augusto Conti Parra le correspondería una indemnización por perjuicios morales en el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo.

2.2.4.2. Materiales. Prueba pericial sin objetar por las partes.

a) El 31 de julio de 1998, los peritos designados en el proceso 20883 rindieron el dictamen pericial de perjuicios materiales solicitado por la parte actora (cdno. 8), el cual no fue objetado por ninguna de las partes (fl. 224 cdno. 1).

En la experticia se liquidó el daño emergente en la suma de $130 412, representada en “los gastos que tuvo que incurrir la víctima por el pago de fotocopias y autenticaciones de las mismas” y soportada con los comprobantes visibles a folios 203 y 204 del cuaderno 2 de pruebas del proceso 13000.

Para determinar el valor del lucro cesante, los peritos tomaron como base los ingresos obtenidos por el demandante en el año inmediatamente anterior a aquél en el que se le vinculó a los procesos penales, evidenciando una merma patrimonial, “(...) ya que de no haber sido sindicado, la víctima habría podido continuar percibiendo sus ingresos que devengaba como profesional del derecho, específicamente recibiendo mandatos para confeccionar recursos de casación, materia en la que se le consideraba experto; como consultor de altos organismos internacionales, como asesor de importantes empresas y entidades del país y por el ejercicio de la cátedra universitaria”. Para tales efectos, tuvieron en cuenta las declaraciones de renta de los años 1989, 1990, 1991 y 1992 en las que las que se registraban ingresos anuales por las sumas de $31.337 .000, $34.556.000, $10.293.000 y $6.934.000, respectivamente; certificaciones laborales y de pago de honorarios, certificados de ingresos y retenciones, movimientos bancarios, reportes de activos y pasivos, entre otros soportes.

El lucro cesante fue calculado durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1991, fecha que al parecer de los peritos, ha debido calificarse el sumario y el 13 de abril de 1998, fecha en que fue calificado el mérito del sumario. Así, se efectuó una proyección de los ingresos correspondientes a los años de 1991 a 1997, los cuales fueron actualizados, según el Índice de Precios al Consumidor, debidamente certificado por el DANE y se reconocieron intereses legales sobre los valores sin actualizar.

Adicionalmente, durante el lapso comprendido entre el 13 de abril de 1998 y el 31 de julio de 1998, fecha del dictamen, se calcularon intereses legales.

Realizado lo anterior, los expertos consideraron que el valor de los perjuicios materiales ascendían a la suma de $700.361.228.

b) El 26 de agosto de 2002, dentro del Expediente 29538, los peritos allegaron a la actuación la prueba pericial de los perjuicios materiales causados al señor Antonio Augusto Conti Parra, los cuales fueron estimados en la suma de $885.300.400. Para la liquidación tuvieron en cuenta los comprobantes de pago de honorarios, copias y autenticaciones; el valor del depósito judicial y su devolución y las declaraciones de renta de los años 1989 y 1990 (cdno. 3).

Surtido el traslado, el demandante solicitó su aclaración, en el sentido de “(…) incluir los intereses moratorios y en subsidio los legales respecto de la compensación que corresponde al actor por haber percibido solo en forma parcial la devolución de la caución constituida para garantizar la detención domiciliaria” (fls. 380, 381, 384 cdno. 4, Exp. 29538).

El a quo accedió a la petición y los peritos complementaron la experticia, liquidando los intereses legales del valor de la póliza y arrojando una suma total de $889 149 700 (fls. 388-389 cdno. 4, Exp 29538). Surtido el traslado del escrito, ninguna de las partes lo objetó (fls. 391 y 396 cdno. 4, Exp 29538).

En el proceso 20886 —en el que se profirió sentencia favorable—, el tribunal acogió el dictamen “(..) respecto de la cuantificación de los ingresos dejados de percibir por el demandante, puesto que se encuentra debidamente fundamentado, pero solamente durante el periodo de la mora que se estableció en veinticuatro (24) meses, lo que significa que el perjuicio debe indemnizarse de 24 de junio de 1995 a 24 de junio de 1997”. De esta forma, el a quo determinó:

Por seis meses del año 1995: $28.169.577, que corresponde a la mitad de los ingresos que por todo el año establecieron los peritos.

Por el año 1996: $62.125.187, cantidad determinada como ingresos dejados de percibir por el demandante.

Por seis meses del año 1997: $34.252.722, que corresponde a la mitad de los ingresos que por todo el año establecieron los peritos.

Dichas sumas fueron actualizadas conforme el IPC certificado por el DANE, arrojando un total de $209.668.929, sobre el cual se liquidaron “los intereses legales sobre las sumas dejadas de percibir, descontada la actualización”, es decir el 6% anual, dando como resultado $239.621.996, por concepto de lucro cesante.

En cuanto al daño emergente, el a quo reconoció el valor de $130.412, a razón de los gastos en que incurrió el actor para adelantar los procesos, según los comprobantes de copias y autenticaciones que reposan en el plenario y en los cuales los peritos se fundamentaron.

Todo lo anterior, para un gran total de perjuicios materiales por la suma de $239.752.408.

Como se observa, el dictamen pericial en el que se soportó el tribunal para indemnizar los perjuicios, no fue objetado por ninguna de las partes, pues solo el demandante solicitó aclaración y esta fue concedida y acatada por los peritos.

Ahora, si bien en la alzada la Rama Judicial impugnó la sentencia, con el argumento de que la liquidación realizada en la experticia carece de “soporte probatorio”, lo hizo solo bajo el entendido de que “(...) la presunta mora fue responsabilidad única y exclusivamente de los fiscales que conocieron de los procesos y no del director ejecutivo de administración judicial”, esto es, alegando, en definitiva, su falta de legitimación en la causa por pasiva, sin explicar ni justificar su inconformidad frente a los montos tasados.

Sobre el particular, la Sala debe anotar que, en principio, el superior restringe su decisión a los planteamientos que proponga el impugnante, salvo, por ejemplo, en asuntos de grave violación de derechos humanos, en los que el juez está habilitado para estudiar puntos diferentes a los formulados en el recurso, que no es el caso del sub lite.

En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(64), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(65), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

Por tanto, la Sala se limitará a actualizar la suma reconocida por el a quo, basada en un dictamen pericial debidamente soportado sin objeción por las partes.

En lo atinente a la tasa de interés reconocida por el tribunal, la Sala considera que la misma se ajusta a las previsiones legales que rigen la materia, esto es, el 6% anual, tal y como lo prevé el artículo 1617 del Código Civil, a cuyo tenor se lee:

Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento (6%) anual.

(...).

Precisado lo anterior, se procederá a la actualización correspondiente, de la siguiente forma:

 

s1996-03000 formula A.JPG
 

 

s1996-03000 formula B.JPG
 

 

Va = $423.125.627

En consecuencia, se condenarásolidariamente a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Antonio Augusto Conti Parra, la suma de cuatrocientos veintitrés millones ciento veinticinco mil seiscientos veintisiete pesos mcte. ($423.125.627), por concepto de perjuicios materiales.

2.3. Condena en costas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo —aplicable en el presente caso por ser una norma procesal de aplicación inmediata y vigente al momento del fallo de primera instancia—, ella procede “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes”.

De ahí que, esta Sección haya aclarado en materia de condena en costas que “no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de la sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora”(67).

En tal virtud, la Sala no proferirá condena en costas, como lo solicitó el actor, por cuanto en el presente asunto no se presentó una conducta procesal temeraria, dilatoria o insensata de la demandada que la haga objeto de la medida, en tanto la actuación por ella desplegada se adecuó al ejercicio de su derecho de defensa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”.

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de 13 de octubre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

2. MODIFICAR la sentencia de 22 de febrero de 2001, emitida por la Sala de Decisión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Descongestión-Sede Bogotá y, en su lugar, se dispone:

1. (sic) DECLARAR no fundadas las excepciones propuestas por las entidades públicas demandadas, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión.

2. DECLARAR administrativa y solidariamente responsables a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, comoquiera que ambas entidades dieron lugar a la privación de la libertad del señor Antonio Augusto Conti Parra e incurrieron en dilación injustificada en la resolución de las investigaciones penales que se adelantaron en su contra.

3.Como consecuencia de la declaración anterior,CONDENAR solidariamente a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Antonio Augusto Conti Parra el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

4. CONDENAR solidariamente a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Antonio Augusto Conti Parra la suma de cuatrocientos veintitrés millones ciento veinticinco mil seiscientos veintisiete pesos mcte. ($423.125.627), por concepto de perjuicios materiales.

5. NEGAR la condena en costas, por las razones antes expuestas.

6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Devolver el expediente penal que en calidad de préstamo remitió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el orden de que trata el Oficio S8-5209 de 2 de octubre y el auto de 13 de noviembre de 2012 (fls. 717-719 cdno. ppal. 20883).

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(10) El 17 de octubre de 1996 (proceso más antiguo), la cuantía para que una actuación iniciada en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $13.460.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en el equivalente a 100 000 gramos de oro, por concepto de perjuicios morales, es decir $1.246.131.000. Además, cabe anotar que mediante auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00(IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinó que “(..) el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) corresponde, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv”.

(11) Al respecto pueden consultarse las sentencias de 4 de septiembre de 1997, M.P. Ricardo Hoyos Duque, Expediente 10285 y de 11 de mayo de 2006, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Expediente 15626, en las que se coincide que la Nación se constituye en una persona jurídica unitaria, sin perjuicio de la representación a cargo de la rama, dependencia u órgano al que, específicamente se le atribuye el hecho o la omisión y, en general la causa del daño indemnizable.

(12) Ver auto de 19 de febrero de 2004, M.P. María Elena Giraldo, Expediente 25756.

(13) Este proceso fue identificado en primera instancia con el número 2000-0824 y se adelantó separadamente a los identificados con los números 97-D-13995, 97-D-14071 y 96-D-13000.

(14) Este expediente comprende los procesos identificados en primera instancia bajo los números 97-D-13995, 97-D-14071 y 96-D-13000, los dos primeros acumulados al tercero por el tribunal de conocimiento mediante providencia de 14 de mayo de 1998.

(15) Sentencia de 27 de abril de 2011, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez, Exp. 20749.

(16) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de junio de 2001, Exp. C-736, actor: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, M. P. Ligia López Díaz.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. 15769.

(18) El expediente en préstamo comprende 50 cuadernos.

(19) Las pruebas que reposan en la actuación dan cuenta de la existencia de cuatro investigaciones en contra del señor Antonio Augusto Conti Parra: 001B, 004B, 005B y 0011B, la primera y la tercera unidas posteriormente bajo el radicado 279076, fls. 1-44 cuaderno 4, Exp. 29538.

(20) A folio 81 cuaderno 5 paquete 4 del proceso penal adelantado en contra de señor Augusto Conti Parra y Hernando José Pinilla Cuervo, reposa copia auténtica del depósito de la caución que realizó el actor por la suma de $4.263.765,90.

(21) Ibídem pie de página 19.

(22) Si bien la providencia tiene por radicado el número 11780, la decisión se encuentra dentro del expediente 011B, proceso adelantado en contra del actor Antonio Augusto Conti Parra y del ex Juez Trece Laboral del Circuito José Hernando Pinilla Cuervo.

(23) Ibídem.

(24) Al respecto, se puede consultar la sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688 con la misma ponencia del presente fallo.

(25) Sentencia C-221 de 1994.

(26) Expedido por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias.

(27) El Decreto 2700 de 2001 estuvo vigente entre el 1º de julio de 1992 y el 23 de julio de 2001.

(28) Sección Tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992, Exp. 7058.

(29) Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.

(30) Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, M.P. Julio Cesar Uribe Acosta, Exp. 9391.

(31) Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.

(32) Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(33) Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, M.P. Carlos Betancur Jaramillo, Exp. 11754.

(34) Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo, Exp. 15463.

(35) Sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo, Exp. 15463. En el mismo sentido, sentencias de 23 de abril de 2008, Exp. 17534 y de 25 de febrero de 2009, Exp. 25508, sentencia de 26 de mayo de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 19670.

(36) Las pruebas indican que la investigación 011B coincide con el radicado 11780, comoquiera que las providencias que tienen dicha numeración es porque corresponden al radicado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, empero se encuentran dentro del Expediente 011B.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Radicación 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(38) Inciso 4: “[t]oda persona (…) tiene derecho (…) a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.

(39) “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. Incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968.

(40) Artículo 7.5: “[t]oda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.Artículo 8.1: [t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Ratificada por el Estado colombiano el 8 de octubre de 1990.

(41) “Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

(42) Sobre el concepto de plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se debe desarrollar un proceso judicial, es preciso examinar tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. Al respecto, se puede consultar la sentencia de 12 de noviembre de 1997, caso Suárez Rosero Vs. Ecuador.

(43) T-348/93.

(44) T-945 A/98.

(45) Ibídem.

(46) T-259/10.

(47) T-357/07.

(48) La Corte Interamericana en la Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987 interpretó el término “garantías” a que hace referencia el artículo 27.1 en el sentido de que “...sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Como los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.(Párr.25)...”. Ver, entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, par. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, par. 30, Motta, supra 77, par. 24; Eur. Court H.R., Vernillo judgment of 20 February 1991, Series A no. 198 y Eur. Court H.R., Unión Alimentaria Sanders S.A. judgment of 7 July 1989, Series A, número 157.

(49) Parámetro reiterado en la Sentencia T-1154 de noviembre 18 de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) siguiendo lo establecido, entre otras, en la T-604 de diciembre 12 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), donde se expresó: “El mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión”. Al respecto también puede consultarse la T-190 de abril 27 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), entre muchas otras.

(50) Cfr. T-1154 de 2004, ya referida.

(51) T-1249 de 2004.

(52) Expediente 17293, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, criterio jurisprudencial expuesto en sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 22322, de la misma magistrada y 4 de junio de 2008, Expediente 14721, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(53) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de 15 de febrero de 1996, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Expediente 9940.

(54) Por el cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal', publicado en el Diario Oficial 41098 del 2 de noviembre de 1993.

(55) El inciso 3º fue modificado por el artículo 24 de la Ley 504 de 1999.

(56) C-106-1994.

(57) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-301 del 2 de agosto de 1993. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

(58) Las pruebas dan cuenta de la existencia de cuatro investigaciones adelantada en contra del señor Antonio Augusto Conti Parra: 001B, 004B, 005B y 0011B, la primera y la tercera unidas posteriormente bajo el Radicado 279076, fls. 1-44 cdno. 4 Exp. 29538. Igual cita pie de página 19.

(59) Esta corporación ha adoptado el susodicho criterio para la estimación del daño moral a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(60) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de Radicación 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourt.

(61) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13.232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”.

(62) Sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688, con ponencia de quien elabora el presente fallo.

(63) En sentencia 11 de noviembre de 2009. Radicación 08001-23-31-000-1990-06095-01 (15485), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, los perjuicios morales por 9,5 meses de prisión se fijaron en 50 smlmv (5,2 smlmv por mes); en sentencia 25000-23-26-000-1996-02709-01 (18626) 31 de enero de dos mil once 2011, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se ordenó pagar una indemnización de 50 smlmv por la privación de la libertad durante 12 meses (4,1 smlmv por mes), luego en sentencia de 12 de mayo de dos mil once. Rad. 25000-23-26-000-1998-01785-01 (18902) C.P. Danilo Rojas Betancourth, se reconoció una indemnización de 50 smlmv a una persona que fue privada de la libertad durante 11 meses (6,1 smlv por mes).

(64) Sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(65) Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.

(66) Corresponde al mes de la sentencia de 22 de febrero de 2001.

(67) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 1999, Exp. 10775.