Sentencia 1996-03008 de abril 28 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 25000232600019960300801 (18574)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actores: Baudilio Calderón y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Trabajo - Instituto de Seguros Sociales

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, seguido contra la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Instituto de Seguros Sociales, en el cual se accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por los señores Baudilio Calderón y otros, decisión que habrá de modificarse, por las razones que a continuación se señalarán.

La competencia del ad quem le permite revisar todos los aspectos del fallo apelado, habida cuenta de que fue impugnado por ambas partes.

2. El daño sufrido por los demandantes

2.1. Está demostrado en el proceso que el menor Julián David Calderón Rivas resultó lesionado el 4 de marzo de 1996, debido a que sufrió quemaduras en la piel cuando apenas tenía cuatro días de nacido, hecho que se acreditó con los siguientes documentos:

(i) Historia clínica 730583 del menor Julián David Calderón Rivas expedida por el Hospital San José, en la que consta en el aparte relacionado con el diagnóstico inicial: “quemadura dorso mano derecha G. II-III” (copia auténtica aportada por la parte actora, fls. 11 a 160, cdno. 2, y copia allegada por el jefe de departamento y calidad del Instituto de Seguros Sociales, fls. 302 a 458, cdno. 2).

Igualmente obra en la historia clínica, nota del médico de turno el 4 de marzo de 1996 realizada a las 6 de la mañana, en el que indicó que acudió a un llamado de la enfermería y que “se evidencia quemadura G II con (ilegible) en MSD y G II en tórax anterior” y al día siguiente de la ocurrencia del hecho, se indicó: “Cirugía plástica- ronda nocturna. Pcte estable, con quemadura G II en evolución. Presenta signos de profundización en dorso de mano derecha, resto de áreas con buena epitelización” (fls. 58 y 60, cdno. 2). En la “hoja de descripción quirúrgica” de 29 de mayo de 1996 que obra dentro de la historia clínica, se estableció que la intervención que se le realizó al menor fue de “injertos de piel” (fl. 108, cdno. 2).

En el resumen de salidas de la unidad de recién nacidos del Hospital San José, consta que ingresó el 1 de marzo de 1996 y salió el 7 de abril siguiente, y en la información del menor se estableció “patologías de la piel (...) quemadura mano y brazo derecho 1 y 2 grado (...) cirugía plástica: colocación de injerto en miembro superior derecho, escarectomia” (fl. 18, cdno. 2).

(ii) Dictamen realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - regional Bogotá, el 11 de junio de 1998, en el que se indicó como incapacidad médico legal definitiva 45 días, y se estableció como secuelas deformidad física de carácter permanente y perturbación funcional del “órgano de la prensión”, así:

“Paciente de dos años y medio, quien según historia clínica fue recién nacido pretérmino con dificultad respiratoria que amerita manejo en unidad neonatal en incubadora presentando: Quemadura de II y III grado en miembro superior derecho cuyo agente causal fue líquido hirviente (fl. 175 de historia clínica), hubo exposición articular y tendinosa (según notas de fls. 178 y precedentes) de la articulación radio-cubital distal y III y IV metacarpiano.

Fue llevado a cirugía practicándosele injertos libres de piel y colgajo a distancia para cubrimiento de la articulación radio-carpiana (...)

9. Trascripción del informe radiológico.

1. Pérdida de la mayor parte de la falange proximal del V dedo.

2. Defecto por pérdida de tejido óseo del extremo distal del cubito, imagen sugestiva del injerto óseo adyacente al segundo metacarpiano, ausencia de la epífisis distal del radio.

Desde el punto de vista de cirugía plástica forense amerita como secuelas:

1. Deformidad física de carácter permanente.

2. Perturbación funcional del órgano de la prensión de carácter permanente.

Como incapacidad médico legal definitiva cuarenta y cinco (45) días.

El elemento causal fue liquido hirviente” (fls. 1-2, cdno. 3)

(iii) Dictamen realizado por la junta médica de calificación de invalidez de Bogotá, el 17 de diciembre de 2009 (fl. 234 a 237, cdno. ppal.), sobre la merma de la capacidad laboral sufrida por el menor, en el que se le determinó a la víctima una disminución de la capacidad laboral del 46,46%, y se estableció como calificación del origen de la lesión “accidente: común”:

“... 5.2. Diagnóstico motivo de la calificación: Secuelas de complicaciones de la atención médica y quirúrgica (...)
7. Porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral
Calificación: % 
Deficiencia:27,46Estado PCL: Incapacidad permanente parcial
Discapacidad:5,50Fecha estructuración PCL: 15/12/2009
Minusvalía: 13,50Requiere ayuda de terceros: (sic)
%Total:46,46Manual: Decreto 917 de 1999”.

Así mismo, con el dictamen de calificación de invalidez, se aportó la ponencia del médico, en la que indicó que para la fecha del experticio el menor tenía 13 años y que su estado actual era: “notoria deformidad en antebrazo y mano derecha asociada a hipotrofia muscular en miembro superior derecho, funcionalmente  se trata de miembro superior con severas restricciones sensorias, motrices, prensiles, disminución de fuerza y agarre” (fls. 238-239, cdno. ppal.).

2.2. Igualmente está acreditado que la lesión de Julián David Calderón Rivas causó daños a los demandantes, Baudilio Calderón y Sara Nidia Rivas Gómez, quienes acreditaron ser los padres de la víctima, con el registro civil de nacimiento del menor (fl. 3, cdno. 2).

La demostración del parentesco en el primer grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que estos sufrieron con la lesión de aquel.

3. El daño sufrido por el menor es imputable a la entidad demandada

Comoquiera que se trata de una lesión que se produjo como consecuencia de la quemadura que sufrió el menor en su brazo derecho y tórax con agua hirviendo, durante el procedimiento a que se sometió al paciente en la incubadora por haber nacido en forma prematura, la Sala realizará una distinción entre los actos médicos propiamente dichos, y las actuaciones que están a cargo del profesional paramédico de la institución hospitalaria.

Debe destacarse que la responsabilidad patrimonial por la falla médica involucra no solo el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, sino que también se refiere a todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención profesional, que están a cargo del personal paramédico o administrativo tanto de la institución hospitalaria, como del personal que tiene a su cargo el cuidado de la persona que está bajo especial sujeción, como ocurre también en el caso de los conscriptos o de los detenidos(1).

Sobre la distinción entre el acto médico propiamente dicho y los actos anexos que integran el llamado “acto médico complejo”, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en repetidas oportunidades. Así, en sentencia de 28 de septiembre de 2000, Expediente 11.405, se acogió la clasificación que sobre tales actos ha sido realizada por la doctrina:

“... la responsabilidad derivada de la prestación del servicio de salud puede tener por causa actos de diferente naturaleza. Al respecto, cita Bueres la clasificación propuesta por José Manuel Fernández Hierro, en su obra “Responsabilidad civil médica sanitaria” (edit. Aranzadi, Pamplona, 1984), que distingue tres supuestos:

“1. Actos puramente médicos, que son los de profesión realizados por el facultativo;

“2. Actos paramédicos, que vienen a ser las acciones preparatorias del acto médico y las posteriores a este; por lo común, son llevadas a cabo por personal auxiliar para ejecutar órdenes del propio médico y para controlar al paciente (por ejemplo suministrar suero, inyectar calmantes o antibióticos —o proporcionarlos por vía oral—, controlar la tensión arterial, etc.).  También en esta categoría queda emplazada la obligación de seguridad que va referida al suministro de medicamentos en óptimas condiciones y al buen estado en que deben encontrarse los instrumentos y aparatos médicos;

“3. Actos extramédicos, están constituidos por los servicios de hostelería (alojamiento, manutención, etcétera), y por los que obedecen al cumplimiento del deber de seguridad de preservar la integridad física de los pacientes”(2).

Dicha distinción se realizó en épocas pasadas, además, para establecer diferencias en relación con el régimen de responsabilidad y las cargas probatorias de las partes(3), pero de acuerdo con los criterios jurisprudenciales que hoy han sido adoptados y que exigen al demandante la prueba de los elementos de la responsabilidad por el daño causado con ocasión de la actuación médico hospitalaria, con independencia del acto de que provenga (médico, paramédico o extramédico), dicha distinción carece de sentido.

En relación con la responsabilidad del Estado por los daños que se producen como consecuencia de errores u omisiones en las actividades conexas al acto médico o quirúrgico propiamente dicho, se registran en la jurisprudencia de la corporación casos, como: (i) lesiones debidas a una vigilancia inadecuada, que ocasionan caída de camillas(4); (ii) la falta de mantenimiento de los equipos o instrumentales(5); (iii) la omisión o el error en el suministro o aplicación de medicamentos(6);  (iv) falta de diligencia en la adquisición de medicamentos(7), y (v) lesiones causadas dentro de la institución hospitalaria(8).

Un desarrollo particular se ha dado en la jurisprudencia a la obligación de seguridad que deben prestar las entidades hospitalarias, tema en relación con el cual la jurisprudencia de la Sala ha tenido oportunidad de señalar que el deber de seguridad de los hospitales y clínicas, se contrae a impedir que el paciente no sufra ningún accidente en el curso o con ocasión de la atención médica que se le preste, y que dentro de este deber se incluyen los de “custodia y vigilancia” cuando se trata de establecimientos para enfermos mentales(9), pero que no se extiende a brindar protección a los pacientes frente a actos de terceros, salvo que se trate de “situaciones especiales en las que los administradores de los hospitales deben extremar las medidas de control y vigilancia de los pacientes, dadas las condiciones de riesgo en que estos pueden encontrarse(10).

Así las cosas, en el sub examine se tiene que en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en los cuales resultó lesionado Julián David Calderón Rivas, el acervo probatorio está integrado por aquellas pruebas practicadas o aportadas directamente por las partes y las arrimadas al expediente por disposición del a quo. Con estas pruebas se encuentra acreditado:

(i) Que la señora Sara Nidia Rivas Gómez ingresó al Hospital San José el 27 de febrero de 1996, y fue hospitalizada por “enfermedad materna hipertensión arterial crónica y preeclampsia sobreagregada”, razón por la cual, el día 1º de marzo siguiente fue sometida a “cesárea segmentaria transperitoneal” con un término de gestación de 30 semanas, fecha en la que nació el menor Julián David Calderón a las 3:32 a.m. Así consta en el informe de 9 de septiembre de 1997 rendido por el Hospital de San José, en atención a la solicitud realizada por el a quo (fls. 460-462, cdno. 2).

(ii) Que debido a los “múltiples riesgos por prematurez y bajo peso” el menor Julián David Calderón Rivas ingresó a la unidad de recién nacidos - cuidados intensivos del Hospital San José y fue sometido a tratamiento de incubadora, por cuanto presentaba “síndrome de dificultad respiratoria”, y que estando en dicha unidad el menor sufrió quemaduras en la piel.

En efecto, en el informe rendido por el Hospital de San José el 9 de septiembre de 1997, se indicó:

“El día 4 de marzo se extuba al paciente a pesar de lo cual presenta deterioro clínico con sangrado a nivel gastrointestinal (...). Dentro de las medidas terapéuticas tomadas se deja al recién nacido en cámara cefálica requiriendo oxígeno con alta concentración y alto flujo motivo por el cual se enfría al paciente y una auxiliar de enfermería le coloca una bolsa de agua caliente, calentada sobre la lámpara de fototerapia y después colocada al bebe junto con sabanas calientes, presentando el paciente quemaduras a nivel del miembro superior derecho grado 2º motivo por el cual el paciente también es manejado por cirugía plástica.

El día 4 de marzo de 1996 se hace interconsulta a cirugía plástica y se registra en la nota correspondiente: “paciente que presenta quemadura en tórax y antebrazo y cara dorsal de mano derecha con bolsa de agua caliente de aproximadamente ocho horas de evolución. R.N. prematuro en respirador y fototerapia. Presenta quemadura en mano y antebrazo, áreas desepitelizadas con superficies húmedas cianóticas blandas dolorosas y en brazo y tórax áreas eritematosas no ampollosas diagnóstico quemadura de II grado superficial y profundo en antebrazo  mano (...). Día 27 se observa tejido de granulación bueno con exposición articulación radiocarpiana y de tendones extensores por lo cual se decide dar cobertura cutánea lo mas pronto posible por lo cual se pasa a cirugía el día 29 de marzo haciéndole injerto de piel parcial lo cual se considera el único tratamiento posible por el estado del paciente. La cirugía exitosa, los injertos integrados y se deja para manejo por parte de rehabilitación” (fls. 460-462, cdno. 2).

Además, este informe también da cuenta de que el menor fue sometido a tratamiento de rehabilitación y de terapias durante el año de 1996 y en el año de 1997 se le practicaron otras dos cirugías.

Así mismo, de las lesiones sufridas por el menor también da cuenta la historia clínica 730583 del Hospital San José, en la que consta en el aparte relacionado con el diagnóstico inicial: “quemadura dorso mano derecha G. II-III” (fls. 11-160, cdno. 2).

(iii) Que por estos hechos, el departamento seccional mercadeo y calidad del Instituto de Seguros Sociales adelantó un proceso disciplinario, en atención a la queja presentada por los padres de la víctima, en el que el comité ad hoc rindió concepto desfavorable dado que “este accidente no corresponde a los riesgos normales de su condición de prematuro y manejo”. En dicho expediente obra el concepto del comité ad hoc de 25 de octubre de 1996, según el cual:

“(...) C. Análisis de la información.

Revisada la historia clínica aparece nota del médico de turno de 4 de marzo de 1996 a las 6 a.m., donde el médico acude a un llamado de enfermería describe quemadura grado II en miembro superior derecho hasta el codo y grado I en tórax anterior. No encontramos en la historia clínica de ese momento notas de enfermería o médicas acerca del origen de esas quemaduras, que el paciente no presentaba previamente.

La valoración por cirugía plástica del mismo día doce (12) horas después menciona quemaduras en tórax anterior y cara dorsal de mano y antebrazo derecho con bolsa de agua. Sin embargo, en esta valoración de cirugía plástica no consta de donde sacaron la información que había sido producida con bolsa de agua.

El manejo inicial de la quemadura y los eventos posteriores tanto desde el punto de vista pediátrico, de cirugía plástica y de enfermería, fue adecuado, quedando el paciente con secuelas previsibles a su condición inicial.

Según nuestra experiencia y revisada la historia clínica la probabilidad mas alta es que sí haya sido producida esta quemadura por liquido hirviente de manera accidental, sin embargo no tenemos datos de cómo se produjo el accidente y quien o quienes serían los responsables. No obstante es un evento que no debería ocurrir en un servicio que maneja pacientes neonatales.

D. Concepto.

Desfavorable

Porque este accidente no hace parte de las eventuales complicaciones derivadas del manejo de un paciente neonatal”.

Igualmente, en dicho concepto se recomendó que se debía investigar “a fondo las causas del accidente por parte del ISS y la institución”, dado que todo hecho anormal debía aparecer “en las notas de enfermería del paciente, lo cual no ocurrió en este caso”.

Además, esta circunstancia es confirmada por el oficio 50156 de 12 de diciembre de 1996 que el Instituto de Seguros Sociales le remitió a los padres del menor poniendo en su conocimiento el concepto desfavorable emitido por el comité ad hoc del departamento seccional mercadeo y calidad de esa entidad (fl. 212, cdno. 2).

Así las pruebas, se encuentra acreditado que el daño sufrido por el menor Julián David Calderón Rivas es imputable a la demandada por la falla en la prestación del servicio médico asistencial, porque las lesiones que sufrió  ocurrieron cuando el paciente se encontraba en la unidad de recién nacidos - cuidados intensivos del Hospital San José, debido a que nació en forma prematura y fue sometido a tratamiento en incubadora, y parte de las medidas terapéuticas que se adoptaron para la recuperación de la salud del menor fue ponerle una “bolsa de agua caliente”, lo cual dio lugar a que fuera quemado con el agua hirviendo que contenía la bolsa, causándole quemaduras de II y III grado en su brazo derecho y tórax.

Así mismo, este daño le es imputable al Instituto de Seguros Sociales porque fue esta entidad la que contrató al Hospital San José para la prestación del servicio de salud a la madre de la víctima y al menor, y si bien es cierto el daño ocurrió en dicho hospital, lo cierto es que la entidad encargada de suministrar el servicio de salud era el Instituto demandado con independencia de las entidades hospitalarias que contratara para el efecto.

4. La indemnización del perjuicio.

4.1. Perjuicios Morales.

Se acreditó que la lesión sufrida por John Alexander Palomino Vargas causó perjuicios morales, tanto al propio lesionado —porque sufrió un padecimiento y un dolor en su cuerpo que le causó una limitación—, como a sus familiares cercanos, por cuanto la lesión no solo le produjo una disminución en su capacidad laboral del 46,46%, sino que además permaneció en el Hospital San José desde el 1º de marzo de 1996 hasta el 7 de abril siguiente, después fue sometido a rehabilitación y en el año de 1997 se le practicaron dos cirugías, según da cuenta el oficio de 9 de septiembre de 1997 expedido por dicho Hospital (fls. 460-462, cdno. 2).

Por lo tanto, se confirmará la sentencia proferida por el tribunal en cuanto reconoció la indemnización por este perjuicio; sin embargo, se reducirá el valor de la misma, de manera proporcional a la gravedad del daño, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la lesión sufrida por el menor no es una de aquellas invalidantes que le incapacita totalmente para desempeñar actividades de carácter laboral, ni que le impida al lesionado vivir el pleno goce de sus facultades o desempeñar actividades placenteras.

Se advierte que para establecer el valor de la indemnización por este concepto, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó en salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral. Por lo tanto, se fijará en 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor de la indemnización por el daño moral para el lesionado y de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus padres.

4.2. Perjuicios materiales.

4.2.1. Daño emergente.

La parte actora solicitó que se condenará a la entidad demandada al pago de “toda la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica necesaria para obtener el mayor grado de recuperación”. El a quo condenó por este concepto por considerar que el Instituto de Seguros Sociales era la entidad responsable de las lesiones sufridas por el menor Julián David Calderón y que por tanto era obligación de esa entidad suministrarle dicha asistencia.

La Sala revocará esta condena por cuanto no obran en el expediente pruebas tendientes a la demostración de este perjuicio, dado que si bien el Instituto de Seguros Sociales es responsable de las lesiones causadas al menor Julián David Calderón, la parte actora tenía la carga de probar que este daño le había causado los perjuicios alegados, pero en el plenario no se aportó ninguna prueba que permitiera acreditar que el menor necesitaba a futuro la asistencia hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, y además ni siquiera señalaron en forma concreta en qué consistía dicha asistencia.

Así mismo, téngase en cuenta que el hecho sucedió el 4 de marzo de 1996, es decir que ya la lesión se encuentra cicatrizada por el tiempo que ha transcurrido debido a que al menor se le determinó una incapacidad médico legal definitiva de 45 días, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - regional Bogotá, rendido el 11 de junio de 1998 (fls. 1 y 2, cdno. 3), es decir que ya ha pasado suficiente tiempo desde que se  estableció la incapacidad.

4.2.2. Lucro cesante.

Se solicitó en el recurso modificar la sentencia del a quo en cuanto negó la condena por lucro cesante, porque en el plenario se acreditó que el menor sufrió un daño con las quemaduras que le causaron y por tanto se debía deprecar la condena por este concepto aunque fuere en abstracto. La Sala accederá al reconocimiento de este perjuicio, comoquiera que se determinó que la lesión le causó al menor una pérdida de la capacidad laboral.

La lesión sufrida por Julián David Calderón Rivas le generó una incapacidad laboral permanente del 46,46% y si bien para la fecha de ocurrencia del hecho la víctima era menor de edad, cuatro días de nacimiento de conformidad con su registro civil de nacimiento (fl. 3, cdno. 1), a partir de los 18 años de edad podrá ejercer una actividad laboral, razón por la cual y con base en el salario mínimo legal mensual vigente, se le reconocerá la indemnización por lucro cesante, desde cuando cumplirá la mayoría de edad y por su vida probable.

La liquidación se realizará con fundamento en los siguientes parámetros:

- Para determinar la renta, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente, esto es,  la suma de $ 515.000(11), incrementado en el 25% de prestaciones sociales, lo que arroja la suma de $ 643.750

Comoquiera que la disminución en la capacidad laboral de Julián David Calderón Rivas fue del 46,46% de acuerdo con el concepto médico legal expedido por la junta médica de calificación de invalidez de Bogotá, la indemnización se liquidará por este porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente, es decir, por $ 299.086,25

— El periodo a indemnizar lo será la vida probable del lesionado, calculada desde la fecha en que cumplirá los 18 años de edad (mar. 1º/2014), de acuerdo con la Resolución 0497 de 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria, mediante la cual se adopta la tabla de mortalidad de los asegurados, esto es, por 57.82 años (693.84 meses).

— Indemnización futura.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

fórmula 1.JPG
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 299.086,25

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el periodo indemnizable: desde la fecha en que cumplirá los 18 años de edad (mar. 1º/2014), hasta la vida probable de la víctima, 693.84 meses.

fórmula 2.JPG
 

5. Costas

Solicitó la recurrente que se condenara en costas a la entidad demandada especialmente al pago de las agencias en derecho.

La Sala negará la condena en costas, dado que en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998(12), que modificó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo —aplicable en el presente caso por ser una norma procesal de aplicación inmediata y anterior a la sentencia que se recurre—, ella procede “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes” y en el presente asunto no se presentó una conducta procesal temeraria o de mala fe de la parte demandada que la haga objeto de la medida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de marzo de 2000 y, en su lugar, SE DISPONE:

“1. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda en relación con la Nación-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto de Seguros Sociales, por las lesiones sufridas por el menor Julián David Calderón Rivas, cuando se encontraba en la unidad de recién nacidos del Hospital San José.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales, a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales por ellos sufridos, así:

1. Para Julián David Calderón Rivas el valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales, y la suma de cincuenta y nueve millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos con sesenta y dos ($ 59.335.872,62) por perjuicios materiales.

2. Para los señores Baudilio Calderón y Sara Nidia Rivas Gómez el valor equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

3. (sic) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. El Instituto de Seguros Sociales, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.

Cópiese, notifÍquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Así lo consideró la Sala, por ejemplo, en sentencia de 25 de mayo de 2006, Expediente 15.836, al declarar la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por haber retardado la prestación del servicio médico que demandó un soldado conscripto, quien sufrió una lesión durante un entrenamiento militar. Dijo la Sala: “... por haberse demostrado que el soldado William Antonio Holguín sufrió una lesión en el mes de noviembre de 1993, durante el desarrollo de una operación militar de patrullaje de registro y control militar en el área de San José del Guaviare; que solo vino a recibir atención médica especializada a partir del mes de septiembre de 1995 y que, como consecuencia de esa caída le sobrevino un dolor lumbar permanente que lo inhabilitó para trabajar, hay lugar a inferir que la asistencia médica que se le brindó no fue oportuna y, por lo tanto, que la entidad demandada incurrió en falla en la prestación del servicio médico que por mandato legal debía brindarle”.

(2) Bueres, Alberto. La responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, 1ª reimpresión de la 2ª edición, Buenos Aires, 1994, págs. 424, 425.

(3) Sentencia de 11 de noviembre de 1999, Expediente 12.165. Se dijo en esa providencia: “Muchos son los casos en que con ocasión de la prestación del servicio público de salud, se incurre en fallas administrativas que por su naturaleza deben probarse y la carga de la prueba corresponde al demandante, tales hechos como el resbalarse al penetrar en un consultorio, tropezar al acceder a la mesa de observación por la escalerilla, caída de una camilla, el no retiro de un yeso previa ordenación médica, o la causación de una quemadura cuando hay lugar a manipulación de elementos que puedan ocasionarla.  En ellos, es natural que no proceda la presunción de falla deducida jurisprudencialmente para los casos de acto médico y ejercicio quirúrgico, y que consecuencialmente deba el actor probar la falla del servicio como ocurrió en el caso sub análisis, habiendo demostración de la caída del menor por descuido de quienes lo tenían a su cuidado, y de la imposibilidad de atenderlo convenientemente, con los elementos de que se disponía, pero que no pudieron emplearse por encontrarse bajo llave”. No obstante, en sentencia de 10 de agosto de 2000, Expediente 12.944, aclaró la Sala: “En ese caso se quiso diferenciar el régimen colombiano con el francés respecto de ‘los hechos referentes a la organización y funcionamiento del servicio’, y aunque el texto de la sentencia quedó así, lo cierto es que las indicaciones sobre la aplicación del régimen de falla probada frente a esos hechos concernían a la jurisprudencia francesa y no a la colombiana. En nuestra jurisprudencia el régimen de responsabilidad patrimonial desde 1992 por hechos ocurridos con ocasión de actividades médicas, sin diferenciar, es y ha sido ‘el de falla presunta”.

(4) Ver, por ejemplo, sentencia de 11 de abril de 2002, Expediente 13.227, en la cual se condenó al hospital demandado por la muerte de un paciente, producida por las omisiones en las que incurrió el personal paramédico y administrativo del centro de salud, en cuanto no fueron cumplidas las órdenes médicas de inmovilizarlo, lo cual propició su caída, y de la administración fue ineficiente en disponer los medios necesarios para realizar el TAC posterior a dicha caída con el fin de disponer la conducta médica a seguir. También, puede verse la sentencia de 11 de noviembre de 1999, Expediente 12.165, en la cual se condena a la entidad por la muerte de un recién nacido que se produjo como consecuencia del hematoma subdural en la región frontoparietal del cerebro, al resbalar en el momento del parto de la lona que cubría la camilla, sin que, además, se pudiera atender esa emergencia con el “equipo de resucitación” requerido, por hallarse bajo llave.

(5)  Con desafortunada frecuencia se presentan casos relativos a la falta o mal estado de los equipos indispensables para la prestación de servicios que competen a la institución hospitalaria, se registra por ejemplo, el caso de la muerte de un recién nacido derivada del hecho de no tener en funcionamiento la planta de energía eléctrica y por lo tanto, no poder extraerle en forma inmediata el líquido amniótico que había ingerido, sentencia de 14 de julio de 2005, Expediente 15.332. También, eventos en los cuales no se realizan los exámenes de diagnóstico de manera oportuna por el mal estado de los equipos, por ejemplo, ver, sentencia de 3 de mayo de 1999, Expediente 11.943.

(6) Por ejemplo, en sentencia de 24 de febrero de 2005, Expediente 14.170 se declaró la responsabilidad del hospital demandado por la inadecuada atención prestada a un menor que fue llevado allí de urgencias, pero en ese momento no había médico, por lo cual fue atendido por una enfermera que le administró un medicamento, sin prescripción médica que le produjo la muerte al menor.

(7) En sentencia de 9 de marzo de 2000, Expediente 12.489 se condenó a la entidad hospitalaria por la muerte de unas pacientes a quienes se suministró una droga, a pesar de que se tenía conocimiento que había presentado ya daños a pacientes de otros centros médicos de la misma institución, por no reunir las especificaciones científicas necesarias.

(8) En sentencia de 2 de octubre de 1997, Expediente 11.652, se condenó a la institución hospitalaria por las lesiones que se causó a un paciente que llegó en estado de alteración mental y le produjeron como consecuencia una invalidez por plejia braquial.

(9) La Sala ha declarado la responsabilidad de las instituciones hospitalarias, por suicidios de enfermos mentales, por ejemplo, en sentencias de 11 de abril de 2002, Expediente 13.122 y, o por evasión del hospital siquiátrico y su posterior muerte, en sentencia de 27 de abril de 2006, Expediente 15.352.

(10) Sentencia de 28 de septiembre de 2000, Expediente 11.405.

(11) Se toma el salario mensual vigente a esta fecha, por ser mayor que el salario indexado vigente para la época de la ocurrencia de los hechos (mar. 4/96).

(12) Vigente a partir del 8 de julio de 1998, según publicación en el Diario Oficial 43.3335 de esa fecha.