Sentencia 1996-03062 de abril 14 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000 23 26 000 1996 03062 01

Consejero Ponente (E):

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Expediente: 16744

Actor: Jorge Antonio Blanco Gómez.

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro.

Naturaleza: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., abril catorce de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de abril 15 de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Por ser competente, procede la Sala a decidir, en segunda instancia(1), el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, el 15 de abril de 1999.

1. La responsabilidad patrimonial del Estado(2). 

Como es bien sabido, la tradición de dominio de los bienes inmuebles se lleva a cabo por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, al tenor de lo preceptuado en el artículo 756 del Código Civil(3).

En consonancia con este precepto el Decreto-Ley 1250 de 1970(4), por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos, en su artículo 2º numeral 1º, prevé que está sujeto a registro “todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión de crédito hipotecario o prendario” y en el numeral 4º “los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones”; a su vez, el artículo 44 Ibídem prescribe que “por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto a terceros, sino desde la fecha de aquel”.

De conformidad con lo anterior, se ha señalado que uno de los fines más importantes del servicio público registral es que sirve justamente de publicidad(5), en tanto da a conocer a terceros quién es el propietario del bien y, en consecuencia, quién puede disponer de él, así como la real situación jurídica del mismo, lo cual, otorga a los usuarios de dicho servicio seguridad jurídica respecto de sus actuaciones sobre bienes inmuebles, cuando estas se fundamentan en los registros que lleva la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de ahí que las inscripciones deben adelantarse en forma cuidadosa respetando el antiguo principio de los derechos reales de conformidad con el cual el primero en el tiempo ha de prevalecer en el derecho —prius in tempore, potior iure—.

Sostuvo la Sala(6):

“No debe perderse de vista que precisamente el sistema de registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio público a cargo del Estado cuyo propósito consiste precisamente en otorgar seguridad jurídica para la comercialización y disposición de esta clase de bienes, a efectos de lo cual resulta fundamental la publicidad de todas aquellas situaciones que puedan incidir en el efectivo ejercicio de los derechos reales que sobre estos recaigan, pues solo de este modo resulta verdaderamente eficaz dicha institución. De allí que por virtud de dicho sistema la doctrina ha elaborado el principio de la “fe pública registral”, en desarrollo del cual:

‘el registro se reputa siempre exacto en beneficio del adquirente que contrató confiado en el contenido de los asientos, y lo protege de manera absoluta en su adquisición, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en la ley.

(...).

Con arreglo al principio de la fe pública, la ley transforma la autenticidad de los asientos en una verdad casi incontrovertible cuando se trata de asegurar a los terceros que contratan confiados en lo que refleja el registro. La fe pública registral es la seguridad absoluta dada a todo aquel que adquiere el dominio o un derecho real del titular inscrito, de que su transferente era dueño o titular de los derechos correspondientes en los mismos términos que resulten de los asientos y subsana o convalida los defectos de titularidad, en caso de que por inexactitud del registro no lo fuera verdaderamente o tuviera su derecho limitado por causas que no resulten del mismo registro’(7).

De igual manera, se ha entendido que la inscripción resulta determinante para el efectivo cumplimiento de los propósitos del sistema de registro:

‘La inscripción proporciona una protección al titular inscrito y unas garantías que son impensables fuera del registro de la propiedad. Al efecto declarativo de la inscripción y al efecto probatorio, se añade toda la eficacia defensiva procedente de la publicidad registral. Esta eficacia derivada de la publicidad registral se crea por el Estado en orden a garantizar el interés general, tanto en la seguridad jurídica (en sentido subjetivo, o seguridad de las situaciones jurídico-subjetivas) como en la seguridad del tráfico jurídico’(8)”.

Es así cómo cada folio de matrícula inmobiliaria, asignado a un bien inmueble determinado, que se distingue “con un código o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando”, según lo establece el artículo 5º del Decreto-Ley 1250 de 1970, se gobierna por el principio de legalidad o calificación registral(9), según el cual el registrador tiene la función de confrontar los títulos con el ordenamiento jurídico y si advierte disconformidad, no puede autorizar su otorgamiento e inscripción —artículos 24 y 37 Decreto-Ley 1250 de 1970—. Es por ello que “el certificado del registrador es el único medio de que disponen los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica de un inmueble; y, confían en que el certificado que les expide la oficina de registro corresponde a la realidad”(10).

Además, al tenor de lo dispuesto por el artículo 27 Ibídem, la inscripción debe hacerse “siguiendo con todo rigor el orden de radicación, con anotación en el folio, en las correspondientes secciones o columnas, distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del diario radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales. En seguida se anotará la fecha de la inscripción, la naturaleza del título: escritura, sentencia, oficio, resolución, etc., su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables”.

De manera que, la existencia de una deficiente anotación en cuanto atañe a la descripción del predio, como su cabida y linderos, así como la concurrencia con otro folio simultáneo sobre el mismo predio (doble foliatura) o, en general, cualquier anomalía que se presente en este punto y que lleve a generar confusiones en terceros de buena fe, configura evidentemente una actuación irregular, que puede ser constitutiva de una falla del servicio(11).

Con esta perspectiva la Sala ha considerado:

“El registro de instrumentos públicos es la institución a través de la cual se realiza la tradición de los derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles, mediante la inscripción del título documental en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria(12) (C.C., art. 756). Está concebido también para darle publicidad a los actos jurídicos que se produzcan respecto de los bienes inmuebles y para que los mismos sean oponibles frente a terceros (D.L. 1250/70, arts. 2º y 44). Para informar respecto de la situación jurídica de un bien inmueble, la autoridad encargada del registro de instrumentos públicos tiene también la función de expedir los correspondientes certificados que deben reflejar el estado real del inmueble de que se trata (D.L. 1250/70, art. 54)”(13).

Sin embargo, es importante precisar —como lo ha hecho la Sala reiteradamente— que el actor debe acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha debido observar con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos “mediante una prudente constatación del estado jurídico”(14) del inmueble que pretendió adquirir, hipotecar, embargar, etc., de modo que exista certeza de que el daño surgió, precisamente, de la información errónea proporcionada al usuario a través de los certificados que sobre los bienes raíces expide la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

En efecto, a juicio de la Sala para que se configure la responsabilidad del Estado no es suficiente con acreditar la falla en la prestación del servicio público registral, sino que es necesario, además, demostrar que el daño alegado tuvo origen en una conducta —activa o de omisión— de la administración; en otras palabras, “la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(15) y, “por tal motivo, el comportamiento omisivo o negligente del usuario del servicio público registral determinante del daño, aún en presencia de una falla del servicio, impide la declaratoria de responsabilidad de la administración”(16).

Lo anterior, por cuanto atendiendo a la naturaleza propia del servicio registral, no basta con la materialización de la irregularidad, sino que además se requiere que la misma trascienda a los usuarios y la forma para que ello ocurra no es otra que mediante la expedición y consulta del respectivo certificado en donde conste dicha falencia.

Con esta óptica, entra la Sala a determinar si en el caso en estudio se configura, o no, la responsabilidad de la administración.

2. Lo probado en el caso concreto.

Fue allegada al proceso copia auténtica del expediente correspondiente al proceso de quiebra radicado con el Nº 1871, adelantado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en contra de la Sociedad Técnica Constructora de Vivienda Ltda. —Tecnivivienda Ltda.—, parte actora el señor Jorge Antonio Blanco Gómez (fls. 1 a 611 c. pruebas 1 y anexos 1 al 6).

Al respecto, la ley procesal civil enseña que las pruebas practicadas válidamente en un procesopodrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella —artículo 185 Código de Procedimiento Civil—; de lo contrario, solamente podrán ser valoradas si en el proceso al cual se trasladan hubieren sido aceptadas o pedidas por la contraparte, de lo contrario, únicamente se podrán valorar si se surtió el requisito de su contradicción.

La Sala advierte que no valorará los testimonios practicados en el proceso de quiebra referido, toda vez que tales pruebas no fueron solicitadas por ambas partes, ni fueron practicadas por la entidad demandada, ni se surtió su ratificación dentro de este proceso, es decir, la parte contra la cual ahora pretenden aducirse —la demandada— no ha tenido la oportunidad de controvertirlos; por el contrario, sí serán valoradas las pruebas documentales que, habiendo sido incorporadas legalmente a este proceso han estado a disposición de dicha demandada, sin que le hayan merecido réplica, puesto que así se ha ejercido el derecho de contradicción respecto de ellas.

Por lo tanto, con base en las pruebas practicadas en el referido proceso de quiebra, más aquellas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, tales como testimonios y documentos en copia auténtica y originales, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas:

1. El 30 de julio de 1985, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez interpuso, en su propio nombre y representación y también como apoderado judicial del señor Galaor Miguel Carbonell, una demanda de quiebra(17) en contra de la Sociedad Técnica Constructora de Vivienda Ltda. —Tecnivivienda Ltda.—, con fundamento en que los días 1 y 5 de marzo de ese mismo año, la sociedad le giró al señor Blanco Gómez dos cheques de la cuenta corriente que aquella tenía en el Banco de Bogotá: el cheque 7430728 por un valor de $ 267.000 y el Nº 7430727 —endosado a favor del señor Galaor Miguel Carbonell— por un valor de $ 3.070.000, títulos valores que no pudieron ser cobrados por insuficiencia de fondos. Dicha demanda fue admitida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., el 1º de agosto de 1985 (copia auténtica de los cheques 7430728 y 7430727, de la demanda de quiebra promovida por el señor Blanco Gómez el 30 de julio de 1985 y del auto de agosto 1º de 1985, fls. 1 a 7, 59 a 65, 69 y 70 c. pruebas 1).

2. El 16 de septiembre de 1985, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez solicitó al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., como medida cautelar, el embargo de la casa situada en la Calle 123A Nº 37A-37, nomenclatura urbana de Bogotá, D.C., construida sobre el Lote 17A, identificado con la matrícula inmobiliaria 050-0867457, de propiedad de la sociedad Tecnivivienda Ltda., el cual se encontraba libre de gravámenes, según la copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457 expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., el 4 de septiembre de 1985, anexada por el actor a su solicitud de medidas cautelares.

Según la copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457, bajo dicho número se encuentra registrado el inmueble identificado con la dirección Lote 17A, se observa además una única anotación del 19 de marzo de 1985, mediante la cual se registró la escritura pública 4401 del 18 de diciembre de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, radicación 35921, naturaleza jurídica del acto: desenglobe del bien inmueble de mayor extensión registrado a su vez en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0263038, a favor de Técnica Constructora de Vivienda Ltda. Tecnivivienda, en calidad de propietaria (copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá, D.C., el 16 de septiembre de 1985, fls. 91 a 95 c. pruebas 1).

3. Mediante auto de septiembre 30 de 1985, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., decretó la medida cautelar solicitada, para lo cual expidió el oficio 1855 del 10 de octubre de 1985, dirigido al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., a través del cual requirió a dicha oficina la inscripción de la medida cautelar en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457, registro que se efectuó el 16 de octubre de 1985, con el turno de radicación 132365 (copia auténtica del auto de septiembre 30 de 1985 y del oficio 1855 de octubre 10 de 1985, emanados del Juzgado VII Civil del Circuito de Bogotá, D.C.; así mismo, del oficio RDII 4855 de octubre 28 de 1985, por el cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., informó al Juzgado que la medida de embargo había sido registrada y del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457, expedida el 27 de noviembre de 1985, fls. 96, 98, 111 a 114, 132 y 133 c. pruebas 1).

4. El 26 de enero de 1986, el señor Blanco Gómez solicitó que se ordenara el secuestro del bien inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457; petición a la cual accedió el Juzgado de conocimiento mediante auto de febrero 24 de 1986 (copia auténtica del memorial de enero 26 de 1986 y del auto de febrero 24 de 1985, fls. 130 y 131 c. pruebas 1).

5. En ejecución del despacho comisorio 115 del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., el 7 de mayo de 1986 la Inspección Once A Distrital de Policía, efectuó la diligencia de secuestro sobre el inmueble en comento; en el acta levantada durante la misma se dejó constancia de que la señora Marina Rodríguez Martínez, quien habitaba dicho inmueble, fue la persona que atendió la diligencia, que no manifestó oposición alguna a la misma, pero que se negó a suscribir el acta (copia auténtica del despacho comisorio 115 del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., y del acta de la diligencia de secuestro del 7 de mayo de 1986 de la Inspección Once A Distrital de Policía, fls. 140, 141, 270 y 271 c. pruebas 1).

6. El 18 de junio de 1986, la señora Elvia Mejía Fernández, en calidad de propietaria del inmueble ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., Lote 17A, solicitó al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., que, cualquier medida cautelar que recayera sobre dicho inmueble fuera levantada, toda vez que el mismo era de su propiedad; ello con fundamento en el certificado correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 050-867456, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá el 8 de mayo de 1986 y la copia auténtica de la escritura pública 4402 de diciembre 18 de 1984, mediante la cual se protocolizó el contrato de compraventa del inmueble en comento, de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., a la señora Elvia Mejía Fernández y la hipoteca de primer grado sobre el bien, a favor del Banco Central Hipotecario (copia auténtica de la escritura pública 4402 de diciembre 18 de 1994; del certificado de libertad y tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 050-867456, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá el 8 de mayo de 1986 y del memorial de junio 18 de 1986 suscrito por la señora Elvia Mejía Fernández, fls. 158 a 175 c. pruebas1).

7. A través de auto de julio 4 de 1986, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., previamente a resolver la solicitud de la señora Elvia Mejía Fernández, ordenó oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá para que certificara si el inmueble registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457 —sobre el cual dicho despacho había decretado las medidas de embargo y secuestro— y aquel registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867556 —supuestamente de propiedad de la señora Mejía Fernández— era el mismo.

Es de anotar que el Juzgado de conocimiento incurrió en un error mecanográfico al cambiar uno de los números del folio de matrícula inmobiliaria que puso en conocimiento de ese Despacho la señora Elvia Mejía Fernández, quien presentó el folio 050-0867456, mientras que el Juzgado solicitó información respecto del folio 050-0867556 (copia auténtica del auto de julio 4 de 1986 del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., y del oficio 1559 de agosto 27 de 1986, dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, fl. 177 y 182 c. pruebas 1).

8. El 11 de septiembre de 1986, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, mediante oficio RDI-135, informó al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., que el bien registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457 correspondía al lote 17A de propiedad de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., sobre el cual recaía la medida de embargo del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C.; en cuanto al bien registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867556, correspondía a un inmueble ubicado en la Calle 2ª C Sur Nº 17-36 de propiedad de la señora Luz Mary Mendivelso(18) (copia auténtica del oficio RDI-135 del 11 de septiembre de 1986, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, fl. 191 c. pruebas 1).

9. El 16 de diciembre de 1992, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., profirió sentencia dentro del proceso de quiebra promovido por el señor Jorge Antonio Blanco Gómez en contra de la Sociedad Técnica Constructora de Vivienda Ltda. —Tecnivivienda Ltda.—; en dicha ocasión se decidió:

“1. Decláranse probados dentro del presente proceso de quiebra los siguientes créditos en el mismo grado de prelación: a) A favor del señor Galaor Miguel Carbonell B., por la cantidad de tres millones setenta mil pesos ($ 3.070.000) m/cte., y b) A favor del doctor Jorge Antonio Blanco Gómez por la cantidad de doscientos sesenta y siete mil pesos ($ 267.000) m/cte.

2. Declárase probado dentro del presente proceso de quiebra el crédito de primera clase del cual es titular la administración de impuestos nacionales por las cantidades de catorce mil novecientos sesenta y un pesos ($ 14.961) m/cte., noventa mil ochocientos sesenta y siete pesos ($ 90.867) m/cte., trescientos ochenta y seis mil quinientos trece pesos ($ 386.513) m/cte., ciento sesenta y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos ($ 165.595) m/cte. y doscientos veintisiete mil setenta y cuatro pesos ($ 227.074), más los intereses legales causados desde cuando se hicieron exigibles y hasta que se efectúe el pago.

3. Decrétase la venta conforme a lo dispuesto por el artículo 1.983 del Código de Comercio, de los bienes que integran la masa de la quiebra y si de los certificados aparecen acreedores hipotecarios, dese aplicación al artículo 1.974 del Código de Comercio, y con su producto, páguense los créditos reconocidos en el siguiente orden de prelación:

A. Costas judiciales causadas en interés general de los acreedores.

B. Crédito fiscal reconocido en el numeral segundo de esta sentencia.

C. Créditos reconocidos en el numeral primero de esta providencia a prorrata de sus respectivos valores.

4. Practíquese en legal forma la liquidación de las costas y créditos” (Copia auténtica de la sentencia de diciembre 16 de 1992, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., fls. 318 a 328 c. pruebas 1).

10. El 28 de julio de 1993, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez solicitó al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., que se procediera a decretar el avalúo del único bien inmueble embargado y secuestrado al interior del proceso de quiebra, es decir de aquel ubicado en la calle 123A Nº 37A-37-Lote 17A de Bogotá, D.C., (copia auténtica del memorial de julio 28 de 1993, suscrito por el señor Jorge Antonio Blanco Gómez, fls. 338 c. pruebas 1).

11. El 3 de marzo de 1994, los auxiliares de la justicia —peritos avaluadores— rindieron el dictamen a ellos encomendado y avaluaron el bien ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 Lote 17A de Bogotá, D.C., en la suma de $ 55.000.000; así mismo, dejaron constancia acerca de que el bien en comento estaba siendo sometido a mejoras por parte de la señora Dorelly Castellanos “actual propietaria” (copia auténtica del dictamen rendido el 3 de marzo de 1994, fls. 368, 368, 371 y 372 c. pruebas 1).

12. El 4 de marzo de 1994, la señora Dorelly Castellanos Sánchez, a través de apoderado judicial, promovió incidente de desembargo del bien inmueble ubicado en la calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, en atención a que era su propietaria y a que se encontraba libre de todo gravamen, según el certificado de tradición y libertad correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456, expedido el 28 de enero de 1994 (copia auténtica del memorial de marzo 4 de 1994 y del certificado de tradición y libertad correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte el 28 de enero de 1994, fls. 3 a 7 y 45 a 55 anexo 1).

13. Según el certificado de tradición y libertad correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456, expedido el 28 de enero de 1994 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, el bien inmueble ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., presenta la siguiente titulación:

• Anotación 1. Contrato de compraventa de la Sociedad Técnica Constructora de Vivienda Ltda. —Tecnivivienda Ltda.— a la señora Elvia María Mejía Fernández, mediante escritura pública Nº 4402 de diciembre 18 de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, registrada el 19 de marzo de 1985, radicación 35923;

• Anotación 2. Gravamen hipoteca de la señora Elvia María Mejía Fernández al Banco Central Hipotecario, mediante escritura pública 4402 de diciembre 18 de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, registrada el 19 de marzo de 1985, radicación 35923;

• Anotación 3. Contrato de compraventa de la señora Elvia María Mejía Fernández al señor Álvaro Cortés Gómez, mediante escritura pública Nº 4239 de diciembre 4 de 1986 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, registrada el 26 de diciembre de 1986, radicación 166674;

• Anotación 4. Subrogación hipoteca escritura 4402 del 18-12-84, del señor Álvaro Cortés Gómez al Banco Central Hipotecario, mediante escritura pública 4239 de diciembre 4 de 1986 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, registrada el 26 de diciembre de 1986, radicación 166674;

• Anotación 5. Contrato de compraventa del señor Álvaro Cortés Gómez al señor Gildardo Saavedra Jiménez, mediante escritura pública 0459 de octubre 24 de 1990 de la Notaría Treinta y Nueve del Círculo de Bogotá, registrada el 30 de octubre de 1980, radicación 9048692;

• Anotación 6. Cancelación hipoteca —anotación 2—, del Banco Central Hipotecario a la señora Elvia María Mejía Fernández, mediante escritura pública 0591 de febrero 26 de 1981 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, registrada el 18 de marzo de 1991, radicación 9112356;

• Anotación 7. Contrato de compraventa del señor Gildardo Saavedra Jiménez a la señora Dorelly Castellanos Sánchez, mediante escritura pública 3356 de junio 17 de 1992 de la Notaría Dieciocho del Círculo de Bogotá, registrada el 25 de junio de 1992, radicación 32018. (Copia auténtica del certificado de tradición y libertad correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá zona norte el 28 de enero de 1994; de la escritura pública 3356 del 17 de junio de 1992, de la Notaría 18 del Círculo de Bogotá y de la escritura pública 4402 de diciembre 18 de 1984, de la Notaría 10 del Círculo de Bogotá, fls. 3 a 13 y 23A a 38 anexo 1).

14. A través de auto de marzo 9 de 1994, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., rechazó por extemporáneo el incidente de desembargo propuesto por la señora Dorelly Castellanos Sánchez y ordenó oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, con el propósito de que certificara si el inmueble ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., tenía doble folio de matrícula inmobiliaria: el 050-0867456 y el 050-0867457. El auto en comento fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación, en lo referente al rechazo del incidente. El juzgado de conocimiento resolvió, por auto de 27 de abril de 1994, no reponer la providencia recurrida y conceder en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto (copia auténtica del auto de marzo 9 de 1994, del memorial de marzo 16 de 1994 y del auto de abril 27 de 1994, fls. 56 a 59 y 64 a 66 anexo 1).

15. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., mediante auto de mayo 19 de 1994, señaló que el día 28 de julio de 1994 a las 8:00 a.m., tendría lugar la práctica de la diligencia de remate del inmueble embargado, secuestrado y avaluado en el proceso de quiebra (copia auténtica del auto de mayo 19 de 1994, proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., fls. 380 c. pruebas 1).

16. El 26 de mayo de 1994, la señora Dorelly Castellanos Sánchez interpuso recurso de reposición contra el auto anterior. Mediante auto de junio 28 de 1994 el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., resolvió revocar el auto impugnado y en su lugar suspender la diligencia de remate, hasta tanto fuera resuelto el recurso de apelación del auto de marzo 9 de 1994 (copia auténtica del memorial de mayo 26 de 1994 y del auto de junio 28 de 1994, fls. 386 a 390 c. pruebas 1).

17. Mediante oficio Nº JN-771 de junio 27 de 1995, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., zona norte, allegó al expediente del proceso de quiebra copia auténtica de las escrituras públicas 4401 y 4402 de diciembre 18 de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá e informó que:

“En respuesta a su solicitud esta oficina ha revisado los folios de matrícula inmobiliaria 050-0867457 y 050-0867456 encontrando que no corresponden al mismo inmueble sino que se segregaron del inmueble inscrito del folio de matrícula inmobiliaria 050-0263038 mediante escritura 4401 del 18-12-84.

El inmueble inscrito en el folio 050-0867457 es un lote que aparece sin dirección porque la escritura 4401 no la contemplaba sin embargo la medida cautelar se registró en él porque coincidía la matrícula y el propietario era el demandado. Además la dirección fue la que correspondía inicialmente al predio de mayor extensión y que posteriormente se asignó al predio inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria mediante escritura 4402 del 18-12-94” (Copia auténtica del oficio JN-771 de junio 27 de 1995 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., zona norte y de las escrituras públicas 4401 y 4402 de diciembre 18 de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, fls. 406 a 426 c. pruebas 1).

18. A través de auto de 26 de agosto de 1994, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., ordenó oficiar nuevamente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., para que ampliara su informe, toda vez que aquel consignado en el oficio JN-771 no ofrecía suficiente claridad (copia auténtica del auto de agosto 26 de 1994, fls. 449 y 451 c.p.).

19. Mediante auto de septiembre 22 de 1994, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá-Sala Civil, confirmó el auto de marzo 9 de 1994 del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por el cual se rechazó por extemporáneo el incidente de desembargo propuesto por la señora Dorelly Castellanos Sánchez, pero el fundamento de la decisión se centró en que la solicitud de desembargo no debía surtirse mediante incidente, de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil (copia auténtica del auto de septiembre 22 de 1994, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá-Sala Civil, fls. 17 a 19 anexo 2).

20. Por auto de noviembre 16 de 1994, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., aceptó la cesión de derechos litigiosos a título oneroso que en el proceso de quiebra le correspondían al señor Galaor Miguel Carbonell B. —cedente y demandante— a favor del señor Jorge Antonio Blanco Gómez —cesionario y demandante—, mediante documento de abril 7 de 1986 (copia auténtica del documento de abril 7 de 1986, suscrito por el señor Galaor Miguel Carbonell B. y del auto de noviembre 16 de 1994 del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., fls. 463 y 485 c. pruebas 1).

21. El 19 de diciembre de 1994, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, allegó al expediente del proceso de quiebra el oficio 007774, en el cual informó:

“... efectuado en consecuencia el estudio de la tradición que aparece en los folios de matrícula inmobiliaria 050-0263038, 050-0867456 y 050-0867457 se observaron inconsistencias en el registro de la escritura pública 4402 de 18 de diciembre de 1984, por cuanto se estableció que el Lote 17A de la Manzana “N”, está identificado con las M.I. 050-0867456 y 050-0867457, la matrícula primeramente citada fue abierta en virtud del registro de la escritura 4402 de 18-12-84 y el segundo folio se abrió como consecuencia del registro del acto jurídico de desenglobe (Esc. 4401 de 18-12-84 Not. 10a.).

Debido a la anterior situación esta entidad ha iniciado los trámites administrativos correspondientes con el fin de subsanar las inconsistencias observadas, y copia del acto administrativo que se dicte se le hará llegar a su despacho” (Copia auténtica del oficio 007774 de 19 de diciembre de 1994 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., zona norte, fl. 494 c. pruebas 1).

22. El 21 de diciembre de 1994, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., zona norte, expidió el Auto 0060, publicado en el diario oficial del 26 de abril de 1995, mediante el cual decidió:

“ART. 1º—Iníciese actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real situación jurídica del lote 17A de la Urbanización El Batán, con M.I. 050-0867456 y 050-0867457 y fórmese el expediente debidamente foliado (D. 1/84, art. 29).

ART. 2º—Cítense como terceros determinados a Técnica Constructora de Vivienda Ltda. “Tecnivivienda”, Elvia María Mejía Fernández y Castellanos Sánchez Dorelly, y como indeterminados a todas aquellas personas que se crean con derecho a intervenir, para lo cual se surtirá la citación en forma personal y con la publicación de este acto administrativo en el Diario Oficial a costa de esta oficina o en un diario de amplia circulación nacional a cargo de los interesados (D. 1/84, art. 14 y 15)”. (Copia auténtica del A. 60, dic. 21/94, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., zona norte y del Diario Oficial, abr. 26/95, fls. 513 a 516 c. pruebas 1 y 317 c. pruebas 2).

23. El 8 de septiembre de 1995, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., zona norte expidió la Resolución 000465, mediante la cual se decidió de fondo la actuación administrativa en comento. Se consignó en dicho acto administrativo:

“Considerando que:

(...).

Verificado el folio de matrícula inmobiliaria 050-0263038 tenemos que este identifica registralmente a un inmueble distinguido como lote 17 Manzana N, situado en la zona menor de Suba, Urbanización EL BATÁN con un área superficiaria de 371.25 Mts2.

Ahora bien, de la tradición de dicho folio se verifica que con turno de Radicación 35921 del 19 de marzo de 1985, se registró la Escritura Pública 4401 de fecha 18 de diciembre de 1984 otorgada en la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, contentiva del desenglobe del lote 17 Mz. N en tres (3) lotes a saber: Lote 17A área 118.38 Mts2., Lote 17B área 118.38 Mts2. y el Lote 17C área de 135 Mts2., para los cuales la oficina de registro les asignó los folios de matrícula inmobiliaria 050-0877457, 050-0877458 y 050-0877459, respectivamente.

Posteriormente, con turno de radicación 35923 del 19-03-85 ingresó la escritura pública 4402 del 18 de diciembre de 1984 otorgada en la Notaría 10 de esta ciudad, contentiva del acto jurídico de compraventa celebrado por Técnica Constructora de Vivienda Limitada “Tecnivivienda” a favor de la señora Elvia María Mejía Fernández, respecto del lote 17A de la manzana N producto del desenglobe efectuado por la mencionada escritura 4401.

Con fundamento en el anterior registro la Oficina procedió a asignarle el folio de matrícula inmobiliaria 050-0877456, cuando dicho lote se encontraba identificado registralmente con la matrícula inmobiliaria 050-0877457.

(...).

Del análisis de la tradición contenida en ambos folios (050-0877456 y 050-0877457) se establece que para el lote de terreno 17A de la manzana N, se asignaron 2 folios de matrícula inmobiliaria diferentes toda vez que existe identidad registral en cuanto a la cabida, linderos y demás especificaciones del inmueble que identifican.

Concluimos que al realizarse el registro de la escritura pública 4402 de fecha 18 de diciembre de 1984 otorgada en la Notaría 10 de Bogotá, con la apertura del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456, se originó duplicidad del folio para el cuestionado inmueble.

(...).

De manera que teniendo conocimiento de la existencia de dos folios de matrícula inmobiliaria para un mismo bien raíz, se hace necesaria su unificación conservando como folio único el que presente la apertura más antigua, que para el caso es el 050-0877457 y a donde deberán trasladarse las anotaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06 07 de folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456 como anotaciones 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 y 09 respectivamente.

(...).

De lo antes expuesto y de conformidad al artículo 35 del Decreto-Ley 1250 de 1970 “Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos” que consagra: “Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deban agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no vale, lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por no verdaderas las expresiones originales”, se hace necesario en las anotaciones 05, 06, 07, 08 y 09 incluir en el comentario la norma antes citada.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en las normas enunciadas, este despacho

RESUELVE:

ART. 1º—Unifíquense lo folios de matrícula inmobiliaria 050-0877456 y 050-0877457 en este último por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ART. 2º—Trasládese del folio de matrícula inmobiliaria 050-0877456 las anotaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 al folio de matrícula 050-0877457 como anotaciones 02, 03, 05, 06, 07, 08 y 09 respectivamente.

ART. 3º—Inclúyase en las anotaciones 05, 06, 07, 08 y 09 el comentario “artículo 42 Ley 95 de 1980” por las razones expuestas en los considerandos de la presente providencia.

ART. 4º—Corríjase al orden cronológico de la anotación 02 del folio del matrícula inmobiliaria 050-0877457 siendo la correcta anotación 04.

ART. 5º—Como consecuencia de lo ordenado en el artículo primero, ciérrese el folio de matrícula inmobiliaria 050-0877456 y déjese nota de referencia en el mismo.

ART. 6º—Realícense las salvedades correspondientes de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 1250 de 1970.

ART. 7º—Notificar personalmente esta resolución a: Técnica Constructora de Vivienda Limitada “Tecnivivienda”, Elvia María Mejía Fernández y Dorelly Castellanos Sánchez en la forma establecida en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, o en su defecto se surtirá mediante edicto (...).

ART. 8º—Comunicar el contenido de esta providencia al jefe de la división operativa, secciones de microfilmación y archivo de folios, para los fines pertinentes.

ART. 9º—Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Santafé de Bogotá, zona norte, (...).” (Copia auténtica de la Res. 000465/95, fls. 534 a 539, c. pruebas 1 y 26 a 31, c. pruebas 2).

24. El 3 de octubre de 1995, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, en contra de la Resolución 000465 de 1995. Mediante la Resolución 000676 del 30 de noviembre de 1995 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, el recurso de reposición fue rechazado con fundamento en que el impugnante no se hizo parte dentro de la actuación administrativa adelantada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., toda vez que no compareció dentro de los términos legalmente establecidos para tal fin; en cuanto al recurso de apelación, este fue rechazado por improcedente, por cuanto en contra de los actos expedidos por el Registrador de Instrumentos Públicos procede únicamente el recurso de reposición de conformidad con la instrucción administrativa 11 de 1994 y con el Decreto 2158 de 1992 (copia auténtica de la Res. 000676/95, fls. 541 a 545, c. pruebas 1 y 4 a 9, c. pruebas 2).

25. Una vez adelantada la unificación de los folios de matrícula inmobiliaria 050-0867456 y 050-0867457, se trasladaron al segundo de ellos, en orden cronológico, las anotaciones consignadas en el primero, por lo cual, la anotación de la medida de embargo y secuestro ordenada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., quedó como anotación 4 —con fecha de registro 16 de octubre de 1985— y como anotación 2 —registrada el 19 de marzo de 1985— la compraventa del mencionado inmueble de la Sociedad Técnica Constructora de Vivienda Ltda. —Tecnivivienda Ltda.—, a favor de la señora Elvia María Mejía Fernández (impresión del folio de matrícula inmobiliaria 050-0877456, allegado al proceso de quiebra por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte ago. 5/96, fls. 557 a 561, c. pruebas 1).

26. Con fundamento en las resoluciones 000465 de 1995 y 000676 del mismo año, expedidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, la señora Dorelly Castellanos Sánchez, el 20 de junio de 1996, solicitó al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., que las medidas de embargo y secuestro que pesaban sobre el bien de su propiedad, registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0877457, fueran levantadas, en aplicación del artículo 687 numeral 7º del Código de Procedimiento Civil (copia auténtica del memorial de junio 20 de 1996, fls. 548 y 549, c. pruebas 1).

27. Como respuesta a la solicitud de información del 31 de julio de 1996, elevada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, dicha oficina certificó que el embargo del bien registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0877457 se encontraba vigente, ello mediante oficio 008738 del 5 de agosto de 1996 (copia auténtica del oficio 008738 del 5 de agosto de 1996, suscrito por la jefe división jurídica de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, fl. 562, c. pruebas 1).

28. Por auto de septiembre 27 de 1996, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., al tenor de lo dispuesto en el artículo 687 numeral 7º del Código de Procedimiento Civil(19), decretó el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro que pesaban sobre el inmueble registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0877457. Así mismo y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 10 de la misma disposición(20), condenó en costas a quien solicitó las medidas, es decir al señor Jorge Antonio Blanco Gómez (copia auténtica del auto de septiembre 27 de 1996, proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., fl. 572, c. pruebas 1).

29. El 1º de octubre de 1996, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del auto anterior. El recurso de reposición incoado fue negado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., mediante auto de noviembre 8 de 1996 en el cual, además, concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación. Por auto de octubre 14 de 1997, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá-Sala Civil, modificó el auto apelado, en el sentido de confirmar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro y revocar la condena en costas respecto del solicitante de dichas medidas, providencia que quedó ejecutoriada el 21 de octubre de 1997 (copia auténtica del memorial de octubre 1º de 1996; del auto de noviembre 8 de 1996 expedido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., y del auto de octubre 14 de 1997 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá-Sala Civil, fls. 573, 574, 576, 577, c. pruebas 1 y 13 a 22 anexo 2).

3. Análisis de la Sala.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que está plenamente demostrado que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, incurrió en una irregularidad registral, consistente en abrir dos folios de matrícula inmobiliaria para un mismo inmueble, el ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 construido sobre el lote 17A Manzana N de la ciudad de Bogotá, D.C.,

Uno de ellos con el Nº 050-0867457, en el cual inicialmente se registró la escritura pública 4401 del 18 de diciembre de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, D.C., mediante la cual se protocolizó el desenglobe del bien inmueble de mayor extensión registrado a su vez en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0263038, a favor de Técnica Constructora de Vivienda Ltda. —Tecnivivienda Ltda.—, en calidad de propietaria y posteriormente la medida cautelar de embargo decretada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., dentro del proceso de quiebra que se llevaba en dicho despacho, en contra de la sociedad Tecnivivienda Ltda. El otro es el folio 050-0867456, en el cual se inscribieron casi todos los actos y hechos relativos al bien en comento, excepto lo dispuesto en la escritura pública 4401 de 1984 y la medida cautelar de embargo referidas.

Este hecho resulta claramente constitutivo de una falla del servicio ya que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, tenía el deber jurídico de asignar un solo folio al inmueble en comento, en el cual debieron inscribirse en orden estrictamente cronológico todos los actos de disposición relacionados con el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º del Decreto-Ley 1250 de 1970.

En razón de la existencia de doble folio de matrícula inmobiliaria, se omitió la inscripción de todos los actos realizados respecto del inmueble aludido en un mismo folio y, además, se expidieron copias del folio 050-0867457 que no reflejaban la realidad jurídica del bien, toda vez que seguía apareciendo la sociedad Tecnivivienda Ltda., como propietaria del mismo, a pesar de que esta ya lo había enajenado a la señora Elvia María Mejía Fernández, mediante escritura pública 4402 de diciembre 18 de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, D.C., registrada el 19 de marzo de 1985, radicación 35923, en el folio 050-0867456.

Tal falla fue reconocida por la propia Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, en la Resolución 000465 del 8 de septiembre de 1995, mediante la cual se afirmó que con ocasión del desenglobe del bien registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0263038, a través de la escritura pública 4401 de diciembre 18 de 1985, al lote 17A de la manzana N le fue asignado el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457 donde se registró dicha escritura con turno de radicación 35921 y que, posteriormente, ingresó para registro la escritura pública 4402, también del 18 de diciembre de 1984, mediante la cual se protocolizó la compraventa del inmueble de la calle 123A Nº 37A-37 Lote 17A Manzana N, de la sociedad Tecnivivienda Ltda., a Elvia María Mejía Fernández, escritura que fue registrada el 19 de marzo de 1985, radicación 35923, pero en otro folio de matrícula inmobiliaria, el 050-0867456.

Con fundamento en lo anterior, la oficina de registro dispuso unificar las matrículas 050-0867456 y 050-0867457 en esta última, por ser la más antigua, para lo cual resolvió trasladar las anotaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06 07 del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867456 al folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457 como anotaciones 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 y 09 respectivamente.

Por otra parte, también tiene la Sala por acreditado que el señor Jorge Antonio Blanco Gómez sufrió un detrimento patrimonial, materializado en la imposibilidad jurídica y física de satisfacer los créditos de los cuales él era acreedor, respecto de la sociedad Tecnivivienda Ltda., cuyos montos pretendía recuperar a través del proceso de quiebra 1871 adelantado en contra de dicha sociedad, ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C.; así mismo, se observa que el proceso judicial en comento tuvo una duración de más de 11 años, tiempo durante el cual el ahora actor invirtió su capacidad laboral, dinero y expectativas finalmente truncadas; es decir, que padeció un daño que no tenía el deber jurídico de soportar.

Por lo tanto, probada como está la alegada falla del servicio registral, así como el daño padecido por la parte actora, se procede a analizar si dicha falla fue la determinante del daño cuya reparación se demanda, en tanto que, como ya se precisó, resulta menester acreditar que el daño no tuvo su origen en el actuar poco diligente del administrado ya que “la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(21) y, “por tal motivo, el comportamiento omisivo o negligente del usuario del servicio público registral determinante del daño, aún en presencia de una falla del servicio, impide la declaratoria de responsabilidad de la Administración”(22).

Al respecto la Sala encuentra que el señor Jorge Antonio Blanco Gómez diligentemente indagó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, acerca de si la Sociedad Técnica Constructora de Vivienda Ltda. —Tecnivivienda Ltda.— era propietaria de bienes inmuebles, los cuales pudieran ser perseguidos por sus acreedores, entre los cuales se encontraba el mencionado señor; como resultado de lo anterior, obtuvo la copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, el 4 de septiembre de 1985, según la cual, el inmueble situado en la Calle 123A Nº 37A-37 Lote 17A de Bogotá, D.C., era de propiedad de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., y se encontraba libre de gravámenes.

Con fundamento en esa copia auténtica, el señor Blanco Gómez, quien el 30 de julio de 1985 había interpuesto una demanda de quiebra en contra de dicha sociedad, solicitó al juzgado de conocimiento que decretara la medida cautelar de embargo sobre el bien inmueble en mención. A dicha solicitud accedió el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., y mediante auto de septiembre 30 de 1985 decretó la medida cautelar solicitada, para lo cual expidió el oficio 1855 del 10 de octubre de 1985, dirigido al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., a través del cual pidió a dicha oficina que procediera a la inscripción de la medida cautelar en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457, registro que se efectuó el 16 de octubre de 1985.

Sin embargo, una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte unificó los folios de matrícula inmobiliaria 050-0867456 y 050-0867457 en este último, dicha anotación quedó inscrita de forma posterior al registro de la compraventa efectuada por la Sociedad Tecnivivienda Ltda., a la señora Elvia María Mejía Fernández y, en virtud de que mediante oficio 008738 del 5 de agosto de 1996, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte certificó que para ese momento el embargo aún se encontraba vigente, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por auto de septiembre 27 de 1996, decretó el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro que pesaban sobre el inmueble registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0877457, al tenor de lo dispuesto en el artículo 687 numeral 7º del Código de Procedimiento Civil(23).

Por lo tanto, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez vio cercenada la posibilidad de recuperar los dineros que la Sociedad Tecnivivienda Ltda., le adeudaba, a través del proceso de quiebra que había instaurado en su contra, toda vez que el inmueble en referencia era el único bien que aparecía como de propiedad de dicha sociedad y, al ser levantadas las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre el mismo —pues al momento de ser registradas aquel ya no era de propiedad de su deudora— jurídica y materialmente ya no era posible su venta en pública subasta y la consecuente satisfacción de los créditos que en el proceso en mención se reconocieron.

No obstante lo anterior, observa la Sala que la causa de que el inmueble identificado con la nomenclatura urbana Calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., no pudiera ser tenido como prenda de los acreedores de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., y, por tanto, no pudiera ser empleado para satisfacer las acreencias que dicha sociedad tenía para con el señor Blanco Gómez, no radica en el error registral cometido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, sino en el hecho de que con anterioridad a que el bien en comento fuera embargado dentro del proceso de quiebra que se adelantaba en contra de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., el mismo ya había salido del patrimonio de esta compañía.

En efecto, en el hipotético caso en el cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte no hubiere abierto dos folios de matrícula inmobiliaria para el bien ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., y con la debida diligencia hubiere registrado en un único folio, en estricto orden cronológico, los distintos actos jurídicos relacionados con el mismo, tampoco hubiere sido posible que el bien en comento sirviera como garantía de las deudas que la sociedad Tecnivivienda Ltda., tenía para con el señor Blanco Gómez y que fueron reconocidas como tales en el proceso de quiebra Nº 1871, tramitado ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en tanto que con anterioridad a que dicho proceso iniciara —la demanda fue presentada el 30 de julio de 1985— dicho inmueble ya no pertenecía a la Sociedad Tecnivivienda Ltda., pues el contrato de compraventa respecto del aludido inmueble, celebrado entre esta y la señora Elvia María Mejía Fernández mediante escritura pública 4402 de diciembre 18 de 1984, fue registrado el 19 de marzo de 1985.

Sin embargo, considera la Sala que la situación es distinta en lo que tiene que ver con el detrimento patrimonial padecido por el señor Jorge Antonio Blanco Gómez, materializado en el desgaste de recursos materiales y humanos —su propia capacidad laboral— y las expectativas truncadas, con ocasión del fallido proceso de quiebra 1871, adelantado por él ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en contra de la sociedad Tecnivivienda Ltda., proceso que si bien fue fallado de fondo mediante sentencia de diciembre 16 de 1992, en la cual los créditos a favor del señor Blanco Gómez fueron reconocidos, lo cierto es que dicho fallo no pudo ser ejecutado toda vez que al establecerse posteriormente que el único bien que aparecía como de propiedad de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., en realidad ya no lo era, los créditos reconocidos en la providencia en comento quedaron sin respaldo alguno; es decir, tales acreencias no pudieron ser solventadas con la venta del único bien que integraba la masa de la quiebra, toda vez que con anterioridad al inicio mismo del proceso, aquel había salido del patrimonio de la entonces demandada.

Ahora bien, dicha situación certeramente le causó un daño antijurídico al señor Blanco Gómez, quien en calidad de profesional del derecho actuó en el referido proceso de quiebra como demandante en su propio nombre y representación, invirtiendo por lo tanto su capacidad laboral, tiempo —más de 11 años— y recursos materiales e intelectuales, con la firme confianza de que sus pretensiones estaban respaldadas con el inmueble embargado y que a la postre resultó no ser de propiedad de la sociedad entonces demandada, lo cual configura una aminoración patrimonial diferente e independiente de aquella constituida por la imposibilidad de satisfacer sus créditos, cuya causa sin lugar a dudas es la falla del servicio registral en la cual incurrió la administración y que evidentemente indujo en error al señor Blanco Gómez, quien con fundamento en la copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457 expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., el 4 de septiembre de 1985, elevó su solicitud de medidas cautelares ante el juez de la quiebra.

En efecto, para la Sala es claro que el objetivo del proceso de quiebra instaurado por el señor Jorge Antonio Blanco Gómez no era otro que la satisfacción de los créditos que le adeudaba la sociedad Tecnivivienda Ltda., y que pretendió asegurar con el embargo del único bien que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte, certificó como de propiedad de dicha Sociedad, por lo cual, la Sala infiere que de no haber contado desde el principio con la posibilidad de ejecutar dicho bien, el señor Blanco Gómez no habría seguido adelante con el proceso por más de 11 años.

Es decir, si la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.,-Zona norte no hubiera certificado que para el 4 de septiembre de 1985 —mediante la copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457—, el inmueble ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 Lote 17A de Bogotá, D.C., era de propiedad de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., y que además se encontraba libre de todo gravamen, el señor Blanco Gómez no habría continuado con el trámite del proceso de quiebra por más de 11 años, lo cual le representó erogaciones e inversión de recursos intelectuales, daño por el cual la administración será declarada responsable y, en consecuencia, condenada a la reparación de los perjuicios derivados del mismo.

4. Liquidación de perjuicios.

— Perjuicios morales.

Por concepto de perjuicios morales, el actor pidió que se condenara a la demandada a pagar el equivalente en pesos a 1000 gramos de oro, con el propósito de compensar la angustia y zozobra por él sufridas, con ocasión de la falla del servicio en la cual incurrió aquella (fls. 2 y 3, cdno. ppal.).

A su vez, la parte demandada en la oportunidad para alegar de conclusión en primera instancia manifestó que “... el reconocimiento de los perjuicios morales tiende a la satisfacción del dolor ocasionado por el hecho que produjo el daño y, son los que inciden en el patrimonio moral de los damnificados y consiste en la aflicción y dolor que estos experimentan por la ausencia de un ser querido. Esta situación, no se presenta en el presente caso, razón por la cual no procede la cancelación de dicho pago de perjuicios morales”.

Al respecto, es importante resaltar que esta Corporación ha encontrado posible derivar perjuicios morales por situaciones diferentes a la pérdida de seres queridos o por lesiones personales(24), por ejemplo, por pérdida de bienes, por incumplimiento de obligaciones o por mal funcionamiento de la administración de justicia, entre otros eventos, siempre y cuando en el expediente obre prueba que los acredite en tanto no se presumen; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(25).

De igual forma lo reiteró en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en sentencia del 7 de junio de 2006(26):

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(27)(28).

Específicamente en cuanto a la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que:

“... la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable— con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública(29) (resaltado no original).

Y de forma resiente, en sentencia del 18 de febrero de 2010, proferida dentro del Expediente 17542, la Sala precisó:

“Así pues, aunque la corporación, frente aquellos casos en los cuales se indemnice por razón de los daños derivados de la muerte de una persona o como consecuencia de la causación de lesiones físicas, ha inferido el perjuicio moral —y solo respecto de aquellos parientes más cercanos(30)— en atención a las reglas de la experiencia(31), lo cierto es que este caso no se ubica dentro de alguno de esos eventos, por manera que al demandante le corresponde la carga de acreditar la configuración de esta clase de perjuicio inmaterial”.

En consecuencia, frente al caso concreto es necesario recurrir a las pruebas obrantes en el expediente, con el fin de establecer si las mismas otorgan a la Sala certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio, las cuales consisten en declaraciones de testigos rendidas en los siguientes términos:

El señor Luis Carlos Ramírez Zaraza, en su declaración rendida ante el a quo el 29 de mayo de 1997, sostuvo que:

“... inicialmente aceptaron la demanda, el embargo y las medidas correspondientes y cuando se creía que iban a proceder al remate, ... el inmueble tenía otro folio de matrícula, que habían desestimado los embargos y que para colmo también iba a ser condenado en costas seguramente cosa que ha mortificado al Dr. Blanco tanto en su aspecto económico, como en la frustración de obtener las respectivas indemnizaciones o la recuperación del dinero invertido en forma espontánea, creo que hay frustración porque profesionalmente para él era un negocio suficientemente claro (...) nunca pensó que fueran a resultar con que el inmueble tuviera más de un folio de matrícula y que fuese un asunto tan demorado, porque eso aparentemente está desde 1984-1985 y creo que no ha terminado porque a la fecha se está comentando que eso no ha tenido feliz término, es natural que ese impase lo haya molestado, pues está mortificado, no ha confiado tanto en la justicia que se imparte, que después de tanto tiempo vaya a resultar perjudicado en lo económico y en el anhelo de que se le restituya toda su inversión y trabajo” (fls. 194 y 195, c. pruebas 2).

Por su parte, el señor Carlos Gonzalo Alvarado Gaitán, Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó-Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante declaración por certificación jurada —artículo 22 Código de Procedimiento Civil— del 3 de junio de 1997, manifestó que:

“Tengo el honor de conocer al doctor Jorge Blanco desde hace 25 años y me consta que comenzó a padecer una fuerte depresión a raíz de la pérdida de la garantía que tenía como acreedor en el asunto en cuestión por la desestabilización económica que le representó la sorprendente e injusta (actuación) de la oficina de registro. De allí en adelante, su genio se tornó irascible y frecuentemente tenía alteraciones emocionales traducidas en una inseguridad que ha afectado gravemente su personalidad y su capacidad productiva, pues siendo él una persona respetuosa de las instituciones y un ciudadano de bien, el acto de la oficina de registro le produjo una crisis de fe, con repercusiones intelectuales insospechadas” (fl. 229, c. pruebas 2).

En síntesis, contrario a lo que sostuvo la parte demandada, en el presente caso sí hay lugar a reconocer la existencia del perjuicio moral alegado teniendo en cuenta la zozobra y la angustia que sin duda alguna debió implicar e implicó para el demandante la situación que dio lugar al presente proceso.

Sin embargo, la tasación que de dicho perjuicio hizo el actor, en el equivalente en pesos a la cantidad de 1000 gramos de oro, resulta objetivamente alta si se tiene en cuenta que la intensidad del perjuicio que debió soportar el señor Jorge Antonio Blanco Gómez no puede en modo alguno equipararse a la afectación moral que ha llevado a la Sala a reconocer dicho monto en los casos de mayor intensidad, como suelen ser los que corresponden a la muerte de un ser querido muy cercano (padre, madre, hijo, cónyuge o compañero); así mismo, se observa que la pretensión respecto de este rubro fue expresada en gramos de oro, mientras que, de acuerdo con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001(32), se ha sugerido la imposición de las condenas por dicho concepto en salarios mínimos legales mensuales según la valoración que de dichos perjuicios realice el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio.

Por lo anterior se accederá a la pretensión en revisión y en consecuencia, se reconocerá al señor Jorge Antonio Blanco Gómez como indemnización por el perjuicio moral sufrido, el valor equivalente a la cantidad de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...).

5. Costas.

En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición y se confirmará lo decidido en este punto por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

SE REVOCA la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera el 15 de abril de 1999, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone:

1. SE DECLARA patrimonialmente responsable a Superintendencia de Notariado y Registro, por el daño sufrido por el señor Jorge Antonio Blanco Gómez, como consecuencia del defectuoso funcionamiento del servicio público de registro de instrumentos públicos.

2. En consecuencia y a efectos de la reparación integral de los perjuicios derivados del daño sufrido por el señor Jorge Antonio Blanco Gómez, como consecuencia del defectuoso funcionamiento del servicio público de registro de instrumentos públicos,SE CONDENA a la Superintendencia de Notariado y Registro, a pagar por concepto de perjuicios morales, a Jorge Antonio Blanco Gómez, la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. SE CONDENA a la Superintendencia de Notariado y Registro a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de diez y seis millones quinientos setenta mil seiscientos veintidós pesos ($ 16.570.622).

4. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En razón a la cuantía, el proceso es de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente a perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor del señor Jorge Antonio Blanco Gómez, se estimó en $ 60.000.000, monto que supera la cuantía requerida en el año 1996 ($ 13.460.000) para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, fuere de doble instancia.

(2) Con respecto a la falla del servicio público registral, ver entre otras: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de febrero 26 de 1998, Exp. 11246, C.P. Daniel Suárez; sentencia de abril 18 de 2002, Exp. 13932, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de septiembre 11 de 2003, Exp. 14439, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de diciembre 7 de 2005, Exp. 14518, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de agosto 3 de 2006, Exp. 15704, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de agosto 3 de 2006, Exp. 14435; sentencia de marzo 8 de 2007, Exp. 16055, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de noviembre 11 de 2009, Exp. 17119.

(3) Así lo ha reiterado de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia: “La tradición del dominio de un inmueble no puede verificarse sino a favor de la persona que como adquirente figura en el título y en el registro del mismo”, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 30 de septiembre de 1919, G.J. XXVII, 311; sentencia citada en: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, fallo de marzo 8 de 2007, Exp. 16055, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Diario Oficial Nº 33139 de 4 de septiembre de 1970.

(5) Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo; Bienes, Editorial Temis, Bogotá, Novena edición, 2004, pág. 309.

(6) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de noviembre 11 de 2009, Exp. 17119.

(7) Caicedo Escobar, Eduardo. “Derecho inmobiliario registral”. Segunda Edición. Editorial Temis. Bogotá. 2002, págs. 60, 61.

(8) Jerez Delgado, Carmen. “Tradición y registro”. Colección cuadernos de derecho registral. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Madrid. 2004, págs. 280, 281.

(9) Velásquez, op. cit. pág. 318.

(10) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 1996, Exp. 11246, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, fallo de marzo 8 de 2007, Exp. 16055, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) Sin perjuicio de lo relativo a la entrega material del inmueble.

(13) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2003, Exp. 14438, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(14) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 3 de agosto de 2006, Exp. 15704, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(15) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de octubre 2 de 1997, Exp. 11720, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de noviembre 30 de 2000, Exp. 11895, C.P. Alier Hernández; sentencia de abril 18 de 2002, Exp. 13932, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de diciembre 7 de 2005, Exp. 14518, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia de agosto 3 de 2006, Exp. 14435.

(16) Ibídem.

(17) Proceso regulado en la época de los hechos por los artículos 1937 a 1985 del Código de Comercio y por el artículo 570 del Código de Procedimiento Civil, derogados por la Ley 222 de 1995, artículo 242, por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.

(18) Las pruebas que obran en el expediente —copia auténtica del proceso de quiebra adelantado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C.,— no arrojan certeza acerca de lo ocurrido con el incidente de desembargo promovido por la señora Elvia Mejía Fernández, toda vez que las copias auténticas de las actuaciones subsiguientes son ilegibles.

(19) Artículo 687 Código de Procedimiento Civil. —Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 344—. Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

(...).

7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien.

(...).

(20) 10. (...). Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1º, 2º y 4º a 8º del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Si el juez no impone dicha condena, el auto será apelable en el efecto devolutivo.

(21) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de octubre 2 de 1997, Exp. 11720, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(22) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencias de octubre 2 de 1997, Exp. 11720, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y de noviembre 30 de 2000, Exp. 11895, C.P. Alier Hernández.

(23) Artículo 687 Código de Procedimiento Civil. —Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 344—. Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos: (...).

7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien. (...).

(24) Se reiteran los planteamientos esgrimidos al respecto en: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de noviembre 11 de 2009, Exp. 17119.

(25) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de octubre 5 de 1989, Exp. 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(26) Expediente AG-001. C.P. Alier Hernández Enríquez. Criterio reiterado en sentencia junio 5 de 2008, Exp. 14526.

(27) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencias de octubre 5 de 1989, Exp. 5320; de noviembre 9 de 1994, Exp. 9367, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y de noviembre 11 de 1999, Exp. 12652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(28) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de abril 13 de 2000, Exp. 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(29) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de diciembre 4 de 2006, Exp. 15351.

(30) Casos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima, pues en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio.

(31) Sentencias del 17 de julio de 1992, Exp: 6750; del 16 de julio de 1998, Exp: 10.916 y del 27 de julio de 2000, Exp: 12.788, reiteradas en sentencia reciente, proferida el 2 de septiembre de 2009, Exp. 17.801, entre muchas otras.

(32) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Exp. 13232-15646.