Sentencia 1996-03093 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp.: 2500023 260000 1996 03093 01 (19579)

Actor: Amina Useche Moreno y Jairo Useche Moreno

Demandado: Distrito Capital de Bogotá

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de octubre de 2000, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, como quiera que los perjuicios materiales —lucro cesante futuro a favor de la señora Amina Useche Moreno— se estimaron en $50’000.000(12), mientras que el monto exigido en el año 1996 para que un proceso,adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia, era de $13’460.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine, la responsabilidad administrativa que se reclama en la demanda se deriva de la entrega que la Administración Distrital hiciera el día 24 de febrero de 1995 del vehículo “Campero, Marca: Toyota, Línea: FJ-40 Placas NFA 275”, que se encontraba inmovilizado, a una persona que, al parecer, no estaba legitimada para recibirlo y, como quiera que la demanda se presentó el día 19 de noviembre de 1996, resulta evidente que se interpuso dentro del término previsto por la ley.

3. Las pruebas aportadas al expediente.

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

— Contrato de compraventa sobre el vehículo marca Toyota identificado con placas NFA-275(13), celebrado el 11 de enero de 1995 entre el señor Adel Guillermo Useche, en calidad de vendedor, y la señora Amina Useche, como compradora. De acuerdo con el contenido del contrato, la legalización de los documentos del automotor se haría en junio de 1995. Esto consigna en lo pertinente el documento:

“Los suscritos Adel Guillermo Useche (...) prometiente vendedor y Amina Useche Moreno (...) prometiente compradora de un vehículo con las siguientes características:

Clase de vehículo campero

Marca Toyota

PLACA NFA 275

(...)

Que el valor del vehículo será de cuatro millones ochocientos mil pesos, los cuales serán entregados así: tres millones de pesos ($3’000.000) como arras del negocio quinientos mil pesos ($500.000) en febrero 8 seiscientos mil pesos ($600.000) en abril y setecientos mil pesos ($700.000) en junio a la legalización de los documentos”.

— Contrato de arrendamiento de 15 de enero de 1995, a través del cual la señora Amina Useche Moreno dio en alquiler por el término de 12 meses al señor Jairo Useche Moreno, el vehículo Toyota de placas NFA 275, por valor de $400.000 mensuales, para el transporte de personas y carga a veredas del municipio del Nemocón(14).

— Licencia de Tránsito del vehículo Toyota de placas NFA 275, con fecha de expedición 27 de enero de 1995, según la cual su propietario era el señor Adel Guillermo Useche. De conformidad con este documento el automotor era de servicio particular(15).

— Certificación expedida el 23 de julio de 1996 por la Secretaría de Tránsito de Palmira, Valle del Cauca, por medio de la cual se da fe en cuanto a que, para esa fecha, la señora Amina Useche Moreno era la propietaria del vehículo de placas NFA 275, al tiempo que consigna que el señor Adel Guillermo Useche era su anterior propietario(16).

En copia simple se allegaron los siguientes documentos:

— Informe de accidente de tránsito 94-055512 de 21 de febrero de 1995(17), a través del cual se registró el volcamiento del vehículo campero de placas NFA 275 que era conducido por el señor Paulo Emilio Dueñas Ayala, hecho en el que resultaron dos peatones heridos. El informe indica que con motivo del insuceso, se inmovilizó el automotor en el patio Nº 3 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.

— Documento de 23 de febrero de 1995 expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, que da cuenta que el vehículo de placas NFA 275 ingresó el 21 de ese mes y año al patio Nº 3, por encontrarse su conductor en estado de embriaguez(18).

— “Orden de salida de patio” por medio de la cual la Inspección Doce de Tránsito de Bogotá, autorizó, el 23 de febrero de 1995, la entrega del vehículo de placas NFA 275 al señor Luis Hernando Rojas Niño(19). Esto reza el documento:

“Orden de salida de patios Nº

Inspección 12 de Tránsito

Bogotá, febrero 23/95

Por llenar todos los requisitos de orden legal, entréguese el vehículo de placa NFA 275 al señor Luis Hernando Rojas Niño identificado con la C.C. Nº... (el resto del texto es ilegible).

— Providencia de 28 de febrero de 1995 a través de la cual la Inspección Sexta C Distrital de Policía dio inicio a una investigación en contra del señor Paulo Emilio Dueñas Ayala(20), por las lesiones personales causadas a dos personas con ocasión del accidente de tránsito en el que estuvo involucrado mientras conducía el vehículo de placas NFA 275. Este es su contenido:

“Inspección Sexta C Distrital de Policía

Al despacho el informe de tránsito 0985 —expediente— revisado el mismo se observa que dentro de este no aparecen reconocimientos médicos legales a las presuntas lesionadas. En consecuencia, antes de avocar el conocimiento por lesiones personales dolosas de que trata el numeral 10 de artículo 1º de la Ley 23 de 1991, ábrase el expediente a preliminares y ordénese la práctica de las siguientes diligencias”. (negrillas por la Sala).

— Oficio 113-95 del 1º de marzo de 1995(21), por el cual la Inspección Sexta C Distrital de Policía, ordenó al Secretario de Tránsito y Transporte que se practicara una revisión al vehículo de placas NFA 275, que se encontraba inmovilizado en el patio Nº 3. En lo pertinente este es el contenido del documento:

“Con el presente comedidamente me permito solicitar a usted, se sirva ordenar a quien corresponda, se practique revisión de órganos de control de vehículo de placas NFA 275 marca Toyota, modelo 1965 color rojo, el cual se encuentra en el patio Nº 3 a órdenes de este despacho”.

— Oficio proferido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, por medio del cual se dio respuesta a la solicitud anteriormente referida, en el sentido de que el vehículo de placas NFA 275, fue retirado el día 24 de febrero de 1995 por el señor Luis Hernando Rojas por orden de la Inspección Doce de Tránsito, así:

“Este vehículo figura radicado el 21 de febrero de 1995 ingresado al patio número tres a las 3:30 horas (am) por el agente 689. Se trata de un campero. A folio 46 con la orden 206, inventario 93280 figura con salida del patio el 24 de febrero de 1995 por la Inspección Doce de Tránsito a Luis Hernando Rojas. El motivo del ingreso al patio fue embriaguez”.

— Oficio 12001 de 9 de marzo de 1995(22), a través de cual el Inspector Doce de Tránsito informó a la Inspectora Sexta C Distrital de Policía, que el vehículo identificado con placas NFA 275 salió del patio en donde se encontraba inmovilizado. Dice así el documento:

“Con el presente estoy enviando a usted, fotocopias debidamente autenticadas de la salida de patios del vehículo de placas NFA 275 campero, color rojo, dos puertas, motor F210143, serie PJ-4035149, el cual fue remitido a esta inspección por reparto para entregársele a su propietario, una vez cumplió con los requisitos administrativos y legales.

El motivo por el cual ingresó al patio Nº 3 de esta Secretaría de acuerdo a la constancia o inventario del control de inmovilización 93280 y certificación emanada por el jefe de patios es y ha sido, por infracción de las normas de tránsito”.

— Memorando de 14 de septiembre de 1994 dirigido a los señores Inspectores de Transito de la Jefatura División Legal de Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, en el cual se reiteraron los requisitos que se debían tener en cuenta al momento de retirar un vehículo inmovilizado en los patios(23).

Se recibieron las siguientes declaraciones testimoniales:

Declaraciones testimoniales recibidas dentro del proceso contencioso, en las que se afirmó que la señora Amina Useche Moreno ejercía actos de dominio sobre un vehículo campero marca Toyota. Así mismo, se refieren a la actividad que el señor Jairo Useche Moreno desplegaba con dicho automotor:

— Testimonio de la señora Claudia Patricia Galindo Cortés(24), quien dijo ser amiga de Amina Useche Moreno, y que preguntada acerca de “la pérdida de un vehículo” afirmó lo siguiente:

A mí me comentó la señora Amina Useche que el vehículo de su propiedad lo tenía arrendado a un hermano de ella y me comentó que se lo dejó el viernes —hace como cuatro años—, lo trajo acá a Bogotá porque él tenía que traerlo el viernes y alguien lo manejó, un día que lo trajeron acá a Bogotá lo manejó otro muchacho y se lo llevaron a los patios y allá se lo robaron de los patios...Sí, la conozco porque estudiamos juntas en la Escuela Hogar Bravo Páez y ella vivía a media cuadra y nos hicimos muy amigas. La conozco hace aproximadamente siete años...Me comentó que lo había comprado pero no sé si los papeles estén a nombre de ella. Lo había comprado hacia como cuatro años y lo arrendó al hermano, con lo que ganaba de ese arriendo era que ella se sostenía” (...) según tengo entendido llevaba gente de pueblo a la vereda (negrilla por la Sala).

— Declaración testimonial de la señora Sara del Tránsito Albarracín, quien dijo ser vecina de la señora Amina Useche, y que preguntada acerca de la pérdida de un carro “Toyota rojo carpado” dijo, en lo pertinente, que(25):

“Sí, el carro se lo estrellaron, y al estar estrellado se lo llevaron a los patios y de ahí se perdió...Este carro lo tenía arrendado a don Jairo Useche, en una vereda de Nemocón transportando a las veredas gente....Estaba en poder de la señora Amina, sí porque entre semana lo trabajaba el señor Jairo Useche y él se lo entregaba los fines de semana”. (negrilla por la Sala).

— Testimonio del señor José Arturo Jiménez Sierra(26), quien dijo ser cuñado de los dos demandantes, y que preguntado acerca de “la pérdida de un Toyota rojo carpado que pertenecía a la señora Amina Useche” se manifestó en los siguientes términos:

“Sí, porque el carro fue volcado, estrellado y fue a parar a los patios. El carro lo compró la señora Amina Useche Moreno y se lo arrendó al señor Jairo Useche para transportar gente en el pueblo de Nemocón y otros pueblitos...Los fines de semana el señor Jairo Useche se lo entregaba a la señora Amina para que lo usara los fines de semana, y el lunes lo recogía”. (negrilla por la Sala).

— Interrogatorio de parte del señor Jairo Useche Moreno solicitado por la entidad demandada para que se pronunciara en relación con la actividad productiva que llevaba a cabo con el vehículo de placas NFA 275(27). Así se manifestó:

“La condición era que yo le pagaba 400 mil pesos por el arriendo del carro mensual, hiciera más o hiciera menos, yo tenía que responder por esa plata, yo lo utilizaba para transportar gente a las veredas para hacer expresos, lo que fuere, de lunes a viernes, (...) Eso como haciendo una comparación como decir ahorita donde estoy en el caso ahora yo llego y me plantaba en el parque, estarme allí para esperar a los usuarios, llegaron o no llegaran, yo me estaba allí, se hacían uno, dos o tres, un viaje de mil, cinco mil o veinte mil, yo les cumplía a ellos con esa plata hiciera más o hiciera menos, a veces no se hacía nada (...) cuando la gente viene a mercar, un expreso, a las floristerías, un acarreo, a hacer un mandado, a donde fuera uno los lleva (...) Ese tiene capacidad para ocho personas (...). Puede valer de veinte mil, treinta mil o como viniendo para acá que se cobra cincuenta mil, mientras que a una vereda cercana cobra tres, cuatro mil o cinco mil pesos por persona, ya se tienen las tarifas porque no sólo trabajo yo hay otras personas y ya se tienen las tarifas”.

Prueba pericial:

— Dentro del proceso se practicó un dictamen pericial para determinar el monto de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, padecidos por los demandantes como consecuencia de la pérdida del vehículo Toyota de placas NFA 275(28).

3.1. Valor probatorio de los documentos aportados en copia simple.

En relación con los documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, cabe precisar que, en principio, carecerían de valor probatorio por no cumplir con las condiciones dispuestas por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(29). Sin embargo, lo cierto es que en reciente pronunciamiento de unificación de la Sección Tercera de esta corporación, se puede otorgar valor probatorio a tales probanzas, toda vez que respecto de las mismas se surtió el principio de contradicción en relación a la entidad demandada.

Sobre el tema, la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2013 sostuvo(30):

“Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión ambas partes aceptaron que ese documento fuera apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal.

Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos”.

En efecto, los documentos aportados en copia simple anteriormente relacionados, fueron allegados con la demanda sin que durante el transcurso del proceso, el Distrito Capital se hubiere opuesto a que fueran tenidos como prueba.

Por todo lo dicho con anterioridad, la Sala otorgará valor probatorio a los documentos anteriormente referidos.

4. Conclusiones probatorias.

i) El 11 de enero de 1995 los señores Amina Useche Moreno y Adel Guillermo Useche, celebraron contrato de compraventa sobre un vehículo particular marca Toyota de placas NFA 275, en virtud del cual la primera de las mencionadas adquirió el bien por valor de $ 4’800.000.

ii) El día 15 de enero de 1995 la señora Amina Useche Moreno celebró con el señor Jairo Useche Moreno, contrato de arrendamiento sobe el vehículo Toyota de placas NFA 275 por valor de $400.000 mensuales, para que se prestara el servicio de transporte público de personas y de carga a veredas del Municipio de Nemocón.

iii) El 21 de febrero de 1995, el vehículo Toyota de placas NFA 275 se volcó mientras era conducido por el señor Paulo Emilio Dueñas Ayala, quien aparentemente se encontraba en estado de embriaguez. En el incidente resultaron dos peatones heridos, en consecuencia, el vehículo fue inmovilizado en el patio Nº 3 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.

iv) Por orden de la Inspección Doce de Tránsito de Bogotá del 23 de febrero de 1995, el día 24 de ese mismo mes y año, se entregó al señor Luis Hernando Rojas Niño el vehículo Toyota de placas NFA 275 que se encontraba en el patio Nº 3 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.

v) Para la fecha en que el vehículo fue retirado de los patios, su propietario inscrito en la oficina de Tránsito de Palmira, era el señor Adel Guillermo Useche, sin embargo, para ese momento, la señora Amina Useche Moreno ejercía actos de dominio sobre el automotor.

vi) El 28 de febrero de 1995, la Inspección Sexta C Distrital de Policía inició en contra del señor Paulo Emilio Dueñas Ayala una investigación por su presunta responsabilidad en la comisión de la contravención especial “Lesiones personales dolosas de que trata el numeral 10 del artículo 1º de la Ley 23 de 1991”(31), cometidas con ocasión del accidente de tránsito.

vii) El día 1º de marzo de 1995 la Inspección Sexta C Distrital de Policía ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte, que practicara una revisión de órganos de control al vehículo Toyota, sin embargo, no fue posible realizar dicho procedimiento pues el carro ya no se encontraba en los patios.

5. La legitimación en la causa por activa respecto de la señora Amina Useche Moreno.

De conformidad con la normativa vigente para la época de los hechos, la tradición de vehículos automotores debía realizarse mediante la inscripción del título ante el funcionarios respectivo. Así lo disponía el Decreto-Ley 1250 de 1970, norma que en sus artículos 1º y 2º establecían lo que se transcribe a continuación:

“ART. 1º—El registro de instrumentos públicos es un servicio del Estado, que se prestará por funcionarios públicos, en la forma aquí establecida, y para los fines y con los efectos consagrados en las leyes.

ART. 2º—Están sujetos a registro:

(...).

2. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres, salvo la cesión del crédito prendario”.

Las disposiciones que de manera más clara, dentro del cuerpo normativo en cuestión —Decreto-Ley 1250 de 1970— explicitan cuáles son los alcances de la inscripción o registro correspondiente, desde el punto de vista probatorio y de eficacia de los negocios jurídicos que afecten la propiedad o cualquier derecho real sobre vehículos automotores, son los artículos 43 y 44 ibídem, los que preveían lo siguiente:

“ART. 43.—Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

ART. 44.—Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquél”.

En suma, de conformidad con las normas a las que viene de hacerse referencia, el título por medio del cual se afectaba el “derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres”, carecía de valor probatorio y por ende, era inoponible a terceros, si no se registraba en la oficina respectiva.

Ahora bien, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, la inscripción se haría en las oficinas de tránsito correspondientes y, una vez realizado el acto, podía expedirse la licencia de tránsito.

El artículo segundo del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia de tránsito era el “documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”.

Por su parte, el artículo 87 del Decreto 1344 de 1970 —antiguo Código Nacional de Tránsito Terrestre—, modificado por el artículo 1º, numeral 75 del Decreto 1809 de 1990, determinaba que:

La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:

1. Características de identificación del vehículo.

2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.

4. Limitaciones a la propiedad.

5. Número de placa asignada.

6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasís o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.

PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente”. (negrillas por la Sala)

Adicionalmente, el artículo 92 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el numeral 80 de artículo primero del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, “de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito”.

De acuerdo con las normas anteriormente citadas y de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, es posible determinar que para el día en que el vehículo de placas NFA 275 fue retirado de los patios, el señor Adel Guillermo Useche era su propietario inscrito y que aún no se había realizado a favor de la señora Amina Useche Moreno, la tradición del vehículo en la forma establecida por la ley.

Sin embargo, tal y como se desprende de la certificación expedida el 23 de julio de 1996 por la Secretaría de Tránsito de Palmira, Valle del Cauca, se infiere que a la fecha de interposición de la demanda, cosa que sucedió el 19 de noviembre de esa anualidad, la señora Amina Useche Moreno era la propietaria inscrita del vehículo de placas NFA 275.

En todo caso, a partir de la lectura integral del cuerpo de la demanda, se observa que la señora Amina Useche Moreno hizo referencia a su condición de poseedora del referido automotor para la época en que éste se perdió, pues así se deduce de su contenido cuando se admite que la inscripción del título por el cual se enajenó el vehículo, se haría dentro de los seis meses siguientes contados a partir del 11 de enero de 1995, esto es, tiempo después de ocurrida su pérdida, cosa que sucedió el 24 de febrero de ese año:

“Amina Useche Moreno, compró al señor Adel Guillermo Useche, el vehículo campero marca Toyota, línea FJ-40, modelo 1965, servicio particular...

(...).

En cumplimiento de este contrato, el vendedor le entregó a la compradora el citado vehículo, el día 11 de enero de 1995, quedando pendiente el traspaso o inscripción de la venta en el oficina de registro de automotores, la que se haría en un lapso de seis (6) meses, contados a partir de la fecha antes mencionada y que a la fecha ya fue realizada”. (negrilla por la Sala)

Así las cosas, dado que en la demanda se aludió a la condición de poseedora de la señora Amina Useche Moreno respecto del automotor extraviado, debe la Sala analizar la posibilidad que tiene el poseedor para pedir que se reconozca a su favor indemnización, de conformidad con lo dispuesto al respecto en el Código Civil.

El artículo 2342 del Código Civil, al definir los titulares del derecho a la reparación por los daños causados, estableció que este se extendía no solo al propietario, sino también al poseedor e, inclusive, en ciertos eventos, también al usufructuario, al habitador y al usuario. Así reza la norma:

“Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño...”.

Con fundamento en el artículo transcrito, ha entendido la Sección que el poseedor se encuentra legitimado para solicitar el resarcimiento de los perjuicios que se causen a su derecho. En efecto, en sentencia de 31 de agosto de 2006,(32) razonó así sobre el particular:

“En el caso concreto se demostró con la prueba documental y testimonial que obra en el proceso que el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez ejercía actos de señor y dueño sobre el vehículo de placas TQ-2548, pues lo recibió materialmente, en razón del contrato de permuta que celebró el 13 de febrero de 1992, con el señor Luis Alberto Claro Rojas y lo explotaba económicamente, según la versión del señor Eduardo Molina Torres, quien afirmó que el demandante destinaba el vehículo al servicio público de transporte, que él era el conductor del mismo y recibía de éste una remuneración por esa labor. Por lo tanto, el señor Sánchez Rodríguez estaba legitimado para reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrió como consecuencia de su destrucción, en conformidad con lo previsto en la legislación civil colombiana, en el sentido de que el poseedor puede reclamar la indemnización de los daños que se le hubieren causados a su derecho” (negrillas fuera de texto).

De igual manera, ha discurrido la Sala al tratar el tema de ocupación de inmuebles de la manera siguiente(33):

Ahora bien, no cabe duda a la Sala de que el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquél no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores(34), y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización “no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho...” (se resalta).

Descendiendo lo antes visto al proceso que hoy corresponde decidir, la Sala encuentra que en el expediente existen probanzas suficientes que señalan que la señora Amina Useche Moreno ostentaba, al momento de ocurrir los hechos que dieron origen a la presente acción, la calidad de poseedora del bien por cuya afectación se reclama en este proceso, elementos probatorios que son los siguientes:

— Contrato de compraventa que los señores Amina Useche Moreno, compradora, y Adel Guillermo Useche, vendedor, celebraron el 11 de enero de 1995 sobre el vehículo de placas NFA 275.

— Declaraciones testimoniales de los señores Claudia Patricia Galindo Cortés, Sara del Tránsito Albarracín y José Arturo Jiménez Sierra, quienes afirmaron que la señora Amina Useche Moreno ejercía actos de posesión sobre el automotor de placas NFA 275.

Así las cosas, estima la Sala que la señora Amina Useche Moreno demostró su condición de poseedora sobre el vehículo de placas NFA 275, por lo que, en consecuencia, está legitimada para reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrió con ocasión de su pérdida.

6. Caso concreto.

En la apelación se insistió en que la falla en el servicio en que incurrió el Distrito Capital, consistió en no verificar la autenticidad de los documentos con los que el señor Luis Hernando Rojas Niño se presentó a la Inspección Doce de Tránsito a reclamar el automotor de placas NFA 275.

Al respecto, la Sala precisa que el material probatorio obrante en el proceso, no permite verificar la autenticidad de los documentos con base en los cuales el Inspector Doce de Tránsito de Bogotá expidió el 23 de febrero de 1995 a favor del señor Luis Hernando Rojas Niño, la orden de salida del referido automotor; sin embargo, lo que sí está demostrado, es que esta persona no estaba legitimada para pedir que el vehículo se lo entregaran, toda vez que su propietario inscrito para ese momento en la Oficina de Tránsito de Palmira, era el señor Adel Guillermo Useche y la legítima poseedora era la señora Amina Useche Moreno.

De igual manera, cabe destacar, que no obra en el expediente ninguna probanza que permita establecer que el señor Luis Hernando Rojas Niño hubiera actuado con la autorización del propietario o la poseedora del automotor para reclamarlo.

En este punto de la providencia es importante señalar que el inciso segundo del artículo 50 del Decreto 800 de 1991, vigente para la época de los hechos, disponía que en todo caso la devolución de vehículos automotores involucrados en la comisión de contravenciones especiales, como sucedió en el presente caso, se haría a su “propietario o tenedor legítimo salvo el derecho de terceros o lo dispuesto en normas especiales”. Así dice la norma:

“ART. 50.—La contravención especial lleva consigo la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se haya cometido, y de las cosas y valores que provengan de su ejecución, salvo el derecho del ofendido o de terceros.

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará en el caso de las lesiones personales culposas cometidas con vehículo automotor, nave o aeronave o unidad mecánica o montada sobre ruedas, siempre que estuvieren adecuadamente asegurados para responder por daños a terceros, caso en el cual se entregarán en forma definitiva. Si no lo estuvieren, o el valor del seguro fuere insuficiente, se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o lo dispuesto en normas especiales. (negrilla por la Sala).

(...)”.

Adicionalmente, se allegó al proceso el “Memorando” de 14 de septiembre de 1994, a través del cual la jefatura de división legal de tránsito del Distrito de Bogotá, reiteró a los $, los requisitos que debían tener en cuenta al momento de ordenar la salida de un vehículo inmovilizado. Este es el tenor del documento:

Para señores inspectores de tránsito

De División legal de Transito

Asunto instrucciones

“Debido a la gran cantidad de quejas presentadas por los usuarios y teniendo en cuenta la falta de claridad existente respecto de los requisitos que deben exigirse para retirar un vehículo de los patios o parqueaderos privados, me permito puntualizarlos para su estricta observancia por parte de sus oficinas, de conformidad con lo establecido por el Código Nacional de Tránsito y el (ilegible).

(...).

2. Vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito

— Tarjeta de propiedad.

— Se entrega a quien aparezca inscrito en la tarjeta de propiedad o a quien haya entregado el vehículo en el patio o quien mediante prueba idónea establezca su propiedad.

— Cédula de ciudadanía del interesado.

— Paz y salvo de impuestos, infracciones de tránsito y garaje (este último si el parqueadero es oficial).

— Inventario de entrada a los patios.

(...)”. (negrilla por la Sala).

Según viene de verse, en el caso anteriormente señalado para que procediera la entrega de un vehículo inmovilizado, se debía acreditar una serie de requisitos, entre ellos, la calidad de propietario, sin embargo, la realidad procesal es conteste en indicar que a la persona a quien se le entregó el automotor de placas NFA 275, no ostentaba esa condición, ni ninguna otra que lo autorizara para tales efectos.

En resumen, se tiene que le asiste razón a la parte actora cuando en la apelación insistió en que la falla en el servicio se configuró cuando la Inspección Doce de Tránsito expidió la orden para retirar el vehículo de placas NFA 275 a favor de quien no tenía legitimación para hacerlo, pues el propietario inscrito era el señor Adel Guillermo Useche y la legítima poseedora era la señora Amina Useche Moreno.

Así las cosas, aparece demostrada la falla en el servicio en cabeza de la entidad demandada, como la causa adecuada de la pérdida del vehículo de placas NFA 275 de los patios oficiales, daño antijurídico que compromete su responsabilidad.

Ahora bien, no solo la Inspección Doce de Tránsito ordenó la entrega del vehículo de placas NFA 275 a una persona que no estaba legitimada para reclamarlo, sino que el acervo probatorio evidencia otra irregularidad que se presentó, consistente en que dicha dependencia carecía de competencia para tomar esa determinación.

En cumplimiento del deber de esta corporación de prevenir el acaecimiento del daño antijurídico, la Sala no puede dejar pasar por alto la irregularidad anteriormente señalada, razón por la cual pasa a hacer las siguientes consideraciones:

Según la normativa vigente para la época de los hechos, concretamente el numeral 10 del artículo 1° de la Ley 23 de 1991, “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones”, los Inspectores de Policía eran los competentes para conocer de la contravención especial denominada “lesiones preterintencionales y culposas”, y fue en razón de esta disposición que el día 28 de febrero de 1995 la Inspección Sexta C Distrital de Policía dio inicio a una investigación en contra del señor Paulo Emilio Dueñas Ayala, por su presunta responsabilidad en la comisión de la mencionada conducta. Dice así la norma:

“Capítulo Primero

Transferencia de competencias a los funcionarios de Policía.

ART. 1º—Asígnese a los inspectores penales de Policía, o a los Inspectores de Policía, donde aquellos no existan, y en su defecto a los alcaldes, el conocimiento en primera instancia, de las siguientes contravenciones especiales:

(...) 10. Lesiones preterintencionales y culposas. Si las lesiones a que se refiere el numeral anterior fueren preterintencionales o culposas, la pena se reducirá a la mitad”. (negrilla por la Sala)

Adicionalmente, el ya citado artículo 50 del Decreto 800 de 1991, también hacía referencia al procedimiento que los inspectores de policía debían seguir en las investigaciones sobre contravenciones especiales de su competencia, en las que hubiere medios de transporte involucrados, en el sentido de que ellos eran los encargados de resolver su situación jurídica. El tenor de la norma es el que sigue:

“ART. 50.—La contravención especial lleva consigo la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se haya cometido, y de las cosas y valores que provengan de su ejecución, salvo el derecho del ofendido o de terceros.

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará en el caso de las lesiones personales culposas cometidas con vehículo automotor, nave o aeronave o unidad mecánica o montada sobre ruedas, siempre que estuvieren adecuadamente asegurados para responder por daños a terceros, caso en el cual se entregarán en forma definitiva. Si no lo estuvieren, o el valor del seguro fuere insuficiente, se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o lo dispuesto en normas especiales.

(...).

Si no se ha pagado o garantizado el pago de los perjuicios, el funcionario en la providencia condenatoria ordenará el decomiso de los mencionados elementos para los fines de la indemnización”.

En resumen, de conformidad con la disposición normativa transcrita con anterioridad, para la Sala es claro que eran los inspectores de tránsito los funcionarios competentes para disponer de los bienes que se vieran involucrados en la comisión de una contravención especial contenida en la Ley 23 de 1991, en aras de garantizar la reparación de los daños que hubieran sido ocasionados con los mismos.

No obstante lo anterior, la realidad probatoria indica que el 23 de febrero de 1995, la Inspección Doce de Tránsito expidió la orden de salida del patio Nº 3 del vehículo Toyota de placas NFA 275, aun cuando se configuraban los supuestos fácticos para que una Inspección de Policía asumiera la investigación por la contravención especial de “lesiones preterintencionales y culposas”, circunstancia procesal que sucedió, pues el día 28 de esos mes y año, la Inspección Sexta C Distrital de Policía —siete días después de ocurrido el accidente— dio apertura en contra del señor Paulo Emilio Dueñas Ayala a una investigación por dicha conducta.

De lo dicho hasta aquí se concluye que la Inspección Doce de Tránsito no debió expedir la orden para que el vehículo Toyota con placa NFA 275 saliera del patio donde se encontraba inmovilizado, dado que se estaba ante hechos que eran materia de investigación de la Inspección Sexta C Distrital de Policía y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico le imponía a la primera de las mencionadas abstenerse de tomar alguna determinación al respecto por carecer de competencia. Esto decía el parágrafo 2° del artículo 230 del Decreto-Ley 1344 de 1970, antiguo Código Nacional de Tránsito Terrestre:

“ART. 230.—La inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender temporalmente el tránsito de un vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a patios oficiales, talleres o parqueaderos que determine el propietario, poseedor o tenedor del vehículo, hasta cuando se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio donde se detectó la infracción.

(...).

PAR. 2º—La orden de entrega del vehículo se efectuará por la autoridad de tránsito competente mediante prueba idónea o comprobación directa de haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización”. (negrillas por la Sala).

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar la pretensión indemnizatoria deprecada en la demanda.

7. Indemnización de perjuicios.

Lucro cesante consolidado para el señor Jairo Useche Moreno y la señora Amina Useche Moreno

En la demanda se solicitó a favor de la señora Amina Useche Moreno, la suma de $4’800.000, representados en los cánones de arrendamiento que habría dejado de percibir por el alquiler del vehículo de placas NFA 275 al señor Jairo Useche Moreno, para que éste transportara personas y carga a veredas del Municipio de Nemocón.

De igual manera y favor del señor Jairo Useche Moreno, se pidió la cantidad de $15’000.000, representado en las utilidades que habría dejado de percibir como consecuencia de la explotación comercial del vehículo de placas NFA 275.

Encuentra la Sala, con base en el contrato de arrendamiento celebrado entre los señores Jairo Useche Moreno y Amina Useche Moreno, las declaraciones testimoniales rendidas en primera instancia y el interrogatorio de parte vertido por el primero de los mencionados, que en efecto el vehículo de placas NFA 275 se destinaba para la prestación del servicio público de transporte de personas y de carga en veredas del Municipio de Nemocón.

No obstante lo anterior, según la normativa vigente para la fecha en que desapareció el vehículo de placas NFA 275, esto es la Ley 105 de 1993(35), la prestación del servicio público de transporte de personas y cosas estaba sujeta a la expedición previa por parte de las autoridades de tránsito, de permisos o la celebración de contrato de concesión, autorización con la que no contaba el citado vehículo.

Así se desprende del artículo 3º de dicha norma:

“ART. 3º—Principios del transporte público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:

(...).

2. Del carácter de servicio público del transporte:

La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

(...).

7. De los permisos o contratos de concesión:

Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional, la prestación del servicio de transporte público estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de concesión u operación por parte de la autoridad competente.

Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan, tendrá derecho a ese permiso o contrato de concesión u operación. Quedan incluidos dentro de este literal los servicios de transportes especiales” (negrilla por la Sala)

De la norma que viene de verse, se tiene entonces que la prestación del servicio público de transporte de personas y cosas estaba restringido, a no ser que se hubiere celebrado un contrato de concesión o se contara con un permiso expedido por la autoridad competente.

En lo que respecta al caso concreto, se tiene que según la licencia de tránsito del vehículo de placas NFA 275 vigente a la fecha de los hechos, se trataba de un automotor de servicio particular, por lo cual se concluye que no estaba habilitado para la prestación del servicio público de transporte de personas y cosas.

En suma, para la Sala no es posible acceder al lucro cesante a favor de los señores Amina Useche Moreno y Jairo Useche Moreno derivado de la explotación comercial del vehículo en los términos que se dejaron vistos, pues resultaría contrario al principio fraus omnia corrumpit, que los demandantes se beneficiaran de una actividad que a la luz del ordenamiento jurídico, no les era permitida.

Daño emergente y lucro cesante futuro para la señora Amina Useche Moreno

a) Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de la señora Amina Useche Moreno, se pidió la suma de $ 6’000.000, equivalente al valor del vehículo Toyota de placas NFA 275, sin embargo, de conformidad con el contrato de compra venta suscrito entre ella y el señor Adel Guillermo Useche, el precio por el cual se enajenó el automotor fue de $4’800.000. Así dice:

Cláusulas

1. Que el valor del vehículo será de cuatro millones ochocientos mil pesos, los cuales serán entregados así: tres millones de pesos ($3’000.000) como arras del negocio quinientos mil pesos ($500.000) en febrero 8 seiscientos mil pesos ($600.000) en abril y setecientos mil pesos ($700.000) en junio a la legalización de los documentos”. (negrilla por la Sala)

Así entonces, toda vez que la pérdida del vehículo es imputable a la entidad demandada y está debidamente acreditado que el señor Adel Guillermo Useche enajenó a la señora Amina Useche Moreno por valor de $4´800.000, el vehículo Toyota de placas NFA 275, la Sala reconocerá dicho valor pues las pruebas indican que en efecto, la demandante canceló esa cantidad de dinero.

De conformidad con el contrato de compra venta, el traspaso del automotor se haría en junio de 1996 cuando se realizara el último pago del precio pactado, cosa que se infiere sí sucedió, en tanto la certificación expedida por la oficina del Tránsito de Palmira el 23 de julio de 1996 da fe en cuanto a que, para esa fecha, la señora Amina Useche Moreno era la propietaria del vehículo de placas NFA 275, al tiempo que consigna que el señor Adel Guillermo Useche era su anterior propietario.

Por lo antes dicho, la sala reconocerá a la demandante el valor que pagó por el vehículo, suma que deber ser actualizada a la fecha de la presente providencia de conformidad con la siguiente fórmula:

 

 

S1996-3093 A
 

En donde:

Ca: Capital actualizado a establecer.

Ch: Capital histórico que se va a actualizar: $4’800.000, correspondiente al valor del vehículo.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización (junio de 2014):

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha en que se celebró el contrato de compraventa (enero de 1995):

 

S1996-3093 B
 

 

b) Por concepto de lucro cesante futuro, la actora solicitó $50´000.000 como la utilidad que dejaría de recibir por no poder alquilar el vehículo por el resto del término de su vida útil probable.

Para probar este perjuicio, el dictamen pericial que se practicó dentro del proceso, conceptuó lo que sigue:

“2. Vida útil probable.

El vehículo motivo de la litis es modelo 1965, lo que indica que para el año de su pérdida o sea, en 1995, el campero tenía 30 años de uso.

En las normas de contabilidad generalmente aceptadas los vehículos se deprecian en 5 años desde nuevos, por lo tanto, no se le puede aplicar lo generalmente utilizado.

Tomando como base la edad del vehículo, los peritos consideramos que la vida útil de este se podría alargar a otro período de 5 años más. Lo anterior dándole un correcto mantenimiento, ya que por su uso en áreas rurales el deterioro se aumenta significativamente.

3. Rentabilidad dejada de percibir

Para Amina Useche Moreno

Para saber la rentabilidad dejada de recibir, inicialmente calcularemos el incremento del arriendo del vehículo durante los 5 años de vida útil del vehículo, teniendo en cuenta el IPC a fecha 31 de enero de cada año así:

(...).

Una vez obtenido el arrendamiento mensual, calculamos lo correspondiente para los 5 años de vida útil probable así:

AñoArriendo mensualNúmero de mesesTotal año
1995$400.00012$4’800.000
1996$428.465,1512$5’141.581,80
1997$568.578,8812$6’822.946,56
1998$666.232,0712$7’994.784,84
1999$718.383,3112$8’620.599,72
  Total$33’379.912,92

 

A continuación calculamos la actualización de los arriendos, desde el 31 de enero de cada uno de los años hasta el 31 de diciembre del 2002, fecha en que se tiene el último IPC certificado por el DANE así:

(...).

Sumados los valores encontrados nos daría el siguiente resultado:

AñoValor
1996$ 10’702.216,43
1997$9´540.388,45
1998$10’702.216,45
1999$10’702.216,38
2000$10’659.655,17
Total$52’306.693,11”

 

Frente a la prueba pericial practicada y anteriormente reseñada, encuentra la Sala que si bien no fue objeto de solicitud de aclaración, modificación u objeción por las partes, tal circunstancia no puede significar que deba ser aceptada por el fallador sin ningún tipo de análisis, por cuanto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, el juez deberá apreciar el contenido del dictamen pericial y “tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”(36), precepto legal que impone a la Sala el estudio de las conclusiones a las cuales arribaron los peritos.

Ahora bien, encuentra la Sala que en el experticio los peritos no explicaron por qué consideraban que los perjuicios alcanzaban las sumas por ellos indicadas, sino que, simplemente, se limitaron a señalar unos valores carentes de sustento objetivo que fundamentaran el peritaje por ellos rendido, ni tampoco se observa con base en qué calcularon la vida útil del automotor.

En resumen, dado que no obra prueba sobre el supuesto lucro cesante que la señora Amina Useche Moreno soportaría por no poder volver a alquilar el vehículo por el resto de su vida útil para su uso particular, ni para la prestación del servicio público por las mismas razones anteriormente expuestas, la Sala no podrá reconocer este perjuicio y, por tanto, se impone negar esta pretensión.

c) Finalmente, en la demanda se pidió para la actora la suma de $1’440.000, por concepto de gastos para poder transportarse ante la ausencia de su vehículo entre el 21 de enero de 1995 y la fecha de presentación de la demanda, y $12’000.000 que según la actora, “gastará en el futuro por transporte, los fines de semana, calculado durante la vida útil del vehículo y ante su carencia de disfrute”.

Al respecto, se tiene que no obra prueba en el expediente que permita establecer la existencia de tales perjuicios y, por tanto, se impone negar las pretensiones en este sentido.

7. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, la sentencia de 26 de octubre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR que el Distrito Capital de Bogotá es responsable por la pérdida del vehículo de placas NFA 275.

2. CONDENAR al Distrito Capital de Bogotá a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor de Amina Useche Moreno, la suma de veintiún millones setenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos($21’072.775).

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5.Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6.Sin condena en costas.

2. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) Folios 11-12, cuaderno principal.

(13) Folios 14, cuaderno de pruebas.

(14) Folio 15, cuaderno de pruebas.

(15) Folio 16, cuaderno de pruebas.

(16) Folio 17, cuaderno de pruebas.

(17) Folio 13, cuaderno de pruebas.

(18) Folio 4, cuaderno de pruebas.

(19) Folio 2, cuaderno de pruebas.

(20) Folio 10, cuaderno de pruebas.

(21) Folio 9, cuaderno de pruebas.

(22) Folio 6, cuaderno pruebas.

(23) Folio 1, cuaderno pruebas.

(24) Folios 35-36, cuaderno pruebas.

(25) Folio 85-86, cuaderno principal.

(26) Folios 87-88, cuaderno principal.

(27) Folios 23-24, cuaderno de pruebas.

(28) Folios 150-162, cuaderno Consejo de Estado.

(29) “ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

(30) Sección Tercera-Sala Plena, C.P. Enrique Gil Botero. 28 de agosto de 2013. Radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). Actor: Rubén Darío Silva Alzáte, Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.

(31) Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones.

(32) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 31 de agosto de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 19432.

(33) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 11 de marzo de 2004, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, expediente 12289.

(34) Cfr., entre otras, sentencias del 11 de diciembre de 1992 (exp. 7403), del 2 de diciembre de 1996 (exp. 11248), del 26 de abril de 2001 (exp. 12994) y del 10 de julio de 2003 (exp. 11163-9918).

(35) Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.

(36) Sobre el tema consideró la Sección en sentencia de 3 de mayo de dos mil siete, expediente 16098:

“En efecto, al igual que con los demás medios de prueba, la ley le otorga al juez la libertad para apreciar el dictamen de acuerdo a las reglas de la sana crítica, como quiera que resultaría absurdo que el fallador se viese obligado por un dictamen dudoso, contrario a la lógica o a las reglas generales de la experiencia, o a los otros medios de prueba obrantes en el proceso, porque como lo ha dicho la doctrina:

“Esa sujeción servil haría del juez un autómata, lo privaría de su función de fallador y convertiría a los peritos en los jueces de la causa, lo cual es inaceptable… el juez jamás está ligado por conclusiones de los peritos y debe apreciarlas a la luz del conjunto de elementos probatorios, y como advierte Louis Mallard, el dictamen ayuda al juez, sin ligarlo”.

“En atención al principio de la valoración integral de la prueba que recoge nuestra codificación instrumental civil en su artículo 187, lo cual referido a esa sana crítica demanda que: “Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquél no puede tener plena eficacia probatoria”, e igualmente, en palabras del insigne tratadista en materia de pruebas y su valoración, profesor Döhring: “… El juez no está atado a la concepción del perito; su deber es someterla a un concienzudo examen y sólo deberá aceptarla si lo convence plenamente”.