Sentencia 1996-03099 de junio 8 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Exp.: 76001-23-31-000-1996-03099-01 (20.018)

Consejera Ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actor: Floover Jiménez Correa y otros

Demandados: Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tuluá

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, de allí que para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder el monto de $ 13.460.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 24.351.817,19(7) solicitada por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

En ese orden, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto el 23 de marzo de 2001 por la parte actora, contra la sentencia de 7 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Es del caso precisar que, en consideración a que la decisión del a quo en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación de la causa por pasiva del municipio de Tuluá, no fue objeto de recurso de apelación por parte de la actora, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno en relación con este aspecto de la sentencia.

Asunto previo.

Previo al análisis del fondo de la controversia, es menester advertir que la parte actora, con el fin de acreditar los hechos, aportó al proceso unas fotografías (fls. 91 a 96, cdno. 1), las cuales no serán valorados en esta instancia, toda vez que carecen de mérito probatorio, en la medida en que si bien fueron expuestas a algunos testigos (fls. 78 a 82, cdno. 3), estos resaltan en sus declaraciones que las imágenes corresponden a la calle en la cual se presentó el accidente, sin embargo desconocen la época en que fueron tomadas o documentadas, de modo que no es posible definir con ellas la situación temporal de ocurrencia del suceso que representan(8).

Así mismo, en cuanto al documento contentivo en dos folios (348, 349, cdno. 1) del extracto de la historia clínica de urgencias emitida por Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá - Valle, en relación con la atención médica dispensada al señor Delgado Jiménez el 4 de febrero de 1996, se advierte que este no puede ser valorado en esta instancia, por cuanto no fue aportado al proceso en los términos previstos el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(9), en esa medida no se tiene certeza sobre su autenticidad.

Por otra parte, en relación con las pruebas que obran en la investigación penal adelantada por la Fiscalía Seccional 34 Delgada de Tuluá (Valle), trasladada al proceso administrativo, podrán valorarse en esta instancia, por cuanto dicha solicitud de prueba se hizo de manera conjunta por las partes.

En cuanto al traslado de pruebas esta sección ha señalado que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(10).

Resulta igualmente oportuno señalar que luego de valorar las declaraciones rendidas por los señores Arnul López y Miguel Ángel Zapata, se observa que las mismas no ofrecen certeza y plena credibilidad, por cuanto se halla acreditado los testigos para la fecha de hechos, tenían una relación laboral directa con el interventor de la obra, quien es llamado en garantía en el proceso, durante la ejecución del contrato de pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, además para el momento en el que rindieron el testimonio fungían como contratistas del departamento demandado, circunstancia que aunada a la anterior afecta la imparcialidad del medio de prueba(11).

Finalmente, en cuanto a las determinaciones adoptadas por el coordinador del centro de atención de información toxicológica del Hospital Universitario del Valle, rendidas en dictamen pericial obrante a folio 36 y 37, del cuaderno 4, la Sala encuentra que estas no serán valoradas por cuanto, las mismas carecen de firmeza, precisión y claridad(12).

Precisado lo anterior, se procederá a estudiar de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso y que podrán valorarse sin restricción alguna, por cumplir los requisitos previstos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, si el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Tuluá (Valle), es responsable de los perjuicios causados a los actores, con ocasión de la muerte del señor Adolfo León Jiménez Delgado ocurrida en accidente de tránsito presentado el 4 de febrero de 1996, cuando la motocicleta en la que se movilizada chocó contra un hueco y desechos abandonados en la vía en razón a la ejecución de una obra pública.

Con fundamento en las pruebas practicadas, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1. Según el registro civil de defunción, expedido por el Notario Segundo de Cali(13), el señor Adolfo León Delgado Jiménez, de 55 años de edad, falleció el 7 de febrero de 1996, como consecuencia de un “TEC severo en accidente de tránsito”.

2. El acta de inspección de cadáver 446, de fecha 7 de febrero de 1996, registrada por el Fiscal 102 Permanente —Seccional de Fiscalía Cali—(14), da cuenta que el cadáver del señor Adolfo León Delgado presentaba heridas o huellas de violencia consistentes en “escoriaciones en región frontal lado izquierdo, región sigomática, rama horizontal mandibular izquierda y región mentoriana. Presenta equimosis en biparpebral”. Sobre el hecho, en el acta se registró la siguiente información:

“El occiso se desplazaba a bordo de una moto de su propiedad y cuyas características se desconocen, cubriendo la ruta de Tuluá con destino al corregimiento de Aguaclara, y a la altura del barrio San Antonio de Tuluá (V), su moto chocó contra un montículo de tierra y el salió despedido por el aire sufriendo graves lesiones en el cráneo que obligaron su traslado hasta el HUV donde permaneció recluido hasta el día de hoy cuando falleció sobre las 00:30 horas (...)”.

De acuerdo con las pruebas anteriores, está acreditado que el señor Adolfo León Delgado, falleció el 7 de febrero de 1996, como consecuencia de las lesiones en el cráneo que padeció en el accidente de tránsito, en momentos en los cuales se dirigía de la ciudad de Tuluá al corregimiento de Aguaclara, y chocó contra un montículo de tierra.

Así las cosas, se encuentra acreditado el daño por cuya indemnización reclaman los actores.

Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los cuales perdió la vida el señor Adolfo León Delgado, obra los siguientes elementos de convicción:

3. Informe de accidente de tránsito de fecha 4 de febrero de 1996(15), elaborado por el agente de policía Diego Jaramillo Restrepo en el que describe el accidente presentado en la “Carrera 28ª con carrera 12 vía Aguaclara, casa 11-105, Tuluá” a las 23:10 horas, que involucró al vehículo tipo motocicleta de marca Suzuki AX-100, conducida por el señor Adolfo León Delgado Jiménez, quien fue trasladado al Hospital de Tuluá. En el informe se grafica croquis del accidente identificando la intersección de la carrera 28ª con calle 12, casa con el número 11-105, la imagen muestra enumeración de convenciones que fueron descritas por el agente, así: “1. Posible lugar donde cayó la motocicleta accidentada, fue retirada y guardada en la casa 11-105”; “2. Morro de tierra a un lado del hueco, altura 0.47 cm sin ninguna señal reflextiva (sic), ni mechones que indiquen peligro”; “3. Hueco en el centro de la vía del alcantarillado de un diámetro de 1.55 mts sin ninguna señal reflectiva”; “4. Montículo, morro de tierra sin ninguna señal de peligro, ni mechones”.

En la gráfica se anotó: “Las lámparas de alumbrado público están dañadas no hay luz en el citio (sic) del accidente, está oscuro y el piso está mojado, estaba lloviendo. Nota: El lesionado fue recogido por la testigo y remitido al hospital”.

Como observaciones del informe, se lee:

“Al parecer el conductor de la motocicleta se montó encima del morro de tierra, que se encuentra antes del hueco del centro de la vía, y perdió el control de la moto, estrellándose posteriormente contra el pavimento a una distancia de 14.40 mts”.

4. En resolución interlocutoria de 20 de agosto de 1996, la Fiscalía 34 Delegada de Tuluá (Valle)(16), se inhibió de abrir instrucción por la muerte del señor Delgado Jiménez en cuanto advirtió que esta se presentó como consecuencia de un accidente que pudo generarse por el mal estado de la vía, sobre el particular puntualizó:

“Los trágicos aconteceres (sic) que hoy llaman la atención, se desarrollaron el día 4 de febrero del año que pasa, y cuando en horas de la noche, en la vía que de esa ciudad conduce al corregimiento de Aguaclara, resultara muerto el señor Adolfo León Delgado Jiménez, quien se desplazaba en una motocicleta de su propiedad identificada esta con las placas TIX89A, y al sufrir absurdo accidente de circulación y propiamente en la carrera 28ª con calle 12 frente a la casa 11-105.

Ciertamente, obra en autos la planilla de accidentes en donde da cuenta su autor sobre lo acontecido y señalando como posibles causas del siniestro, la existencia de montículos de tierra en la vía y huecos sin ninguna señalización, amén de ser el sector completamente desposeído de luminarias. Plasmó además que los vecinos del lugar, avizoraron que el infortunado se montó por encima de los obstáculos, yendo luego a estrellarse contra el pavimento. De otra parte, obra en infolios (sic) suficiente material fotográfico que da cuenta de la existencia de una alcantarilla, sin la correspondiente tapa.

(...).

Del examen de las probanzas, puede (sic) colegir de manera fácil y rápida, (sic) el hecho ocurrió seguramente por las fallas que presentaba la vía en esa época a saber, alcantarillas destapadas, rimeros de tierra, y ninguna iluminación”.

5. Dentro del proceso se recepcionaron las siguientes declaraciones testimoniales, todas ellas rendidas bajo la gravedad de juramento:

a. Respecto del estado y señalización de la vía donde se produjo el accidente de tránsito, el agente de policía Diego Jaramillo Restrepo(17), quien elaboró el croquis del accidente en el que perdió la vida el señor Delgado Jiménez, sobre el particular señaló:

“Preguntado: Sírvase decir si usted tuvo conocimiento de que la vía Tuluá - Aguaclara fue pavimentada. Contestó: Sí. Preguntado: Sírvase decir si durante el arreglo de esta vía, usted supo de algún accidente. Contestó: Yo en la vía que conduce a Aguaclara conocí dos accidentes, uno de una volqueta que se volcó cargando materiales y cayó al lado de una casa eso fue más allá del puesto de policía. Y otro accidente donde falleció un señor. Cuando ocurrió este accidente la vía ya la habían asfaltado o pavimentado eso fue de noche, eso hace como dos años larguitos. El señor venía en una moto AX color negro, no recuerdo la placa. Ese día me encontraba en turno de patrulla de accidentes con el agente Tarzano Albarracín Simón, de tránsito, quien en estos momentos labora como agente de tránsito en Buenaventura, fuimos informados de dicho accidente por medio de radio portátil que carga la radio patrulla, que a urgencias del hospital llegó un lesionado, quien se había accidentado en la vía Aguaclara, me parece que sobre la calle 11, de inmediato nos dirigimos al lugar mencionado. Al llegar allí observé que la vía al lado derecho había un morro de tierra sobre la esquina, y en el centro de la vía había una alcantarilla sin la tapa, y antes del hueco había un montículo de tierra sin ninguna clase de señal reglamentaria que indique peligro, o como mechones o una valla reflectiva o conos o algo similar que indique al usuario de la vía que hay obstáculo sobre la vía. Eso fue más o menos entre las 10 y 11 de la noche, el lugar estaba oscuro, ya que diagonal o al frente donde ocurrió el accidente hay un poste alumbrado público cuya lámpara no estaba funcionando, estaba apagada. Los que viven al frente del lugar del accidente, en la casa de la esquina, quienes quedaron registrados en el croquis o planilla del accidente, al preguntárseles si habían visto algo, manifestaron que el señor venía en la motocicleta (sentido Sur - Norte) quien se montó al montículo de tierra pasando por encima del hueco y cayendo más adelante, donde observé como una huella de arrastre dejada por la moto, lugar donde indicaron ellos que había caído la moto y la guardaron en la casa antes indicada. Para la época del accidente de tránsito la vía todavía no la habían inaugurado y le faltaba las tapas de alcantarilla de ahí para adelante o sea la calle 11 hacía Aguaclara, le faltaban a casi toda la vía las tapas del centro, y las tapas de la rejilla de los sifones que reciben las aguas lluvias también le faltaban, la vía no tenía señales de tránsito que indiquen peligro en la vía (...). Preguntado: Díganos si la vía sin haber sido inaugurada había sido puesta al servicio de la comunidad. Contestó: Sin haber sido inaugurada la vía la habían puesto al servicio de la comunidad, ya que en ningún momento días antes del accidente no colocaron ninguna señal ni valla que dijera que la vía estaba en construcción, vía cerrada, el paso estaba libre, esta vía es muy transitada ya que por ahí se desplaza la gente que vive en Aguaclara y sus alrededores (...) de esta vía cuando la construyeron, a medida que la iban construyendo recogían los escombros, lo único que dejaron fue los huecos de las tapas de alcantarillado del centro de la vía y antes del hueco dejaban un montículo de tierra, lo mismo que con las cajas de las aguas lluvias que estaban al pie del sardinel también le colocaban montículos de tierra, como para indicar peligro (...) Al parecer el accidente de tránsito se ocasionó debido a que sobre la vía, lugar por donde transitaban los vehículos habían dos obstáculos (...) sin ninguna clase de señal que indique peligro al usuario de la vía.

b. Por su parte, la señora Alba Marina Quintero Loaiza(18) —quien reside en el sector donde ocurrió el accidente—, sobre los hechos y estado de la vía, relató:

“Preguntado: Sírvase decirnos cómo ocurrió el accidente en que perdió la vida el señor Adolfo León Jiménez Giraldo. Contestó: Lo que yo sé es que había un hueco de alcantarilla en toda la mitad de la carretera y al frente había un montículo de tierra y escombros en el sentido del centro hacia Aguaclara. El accidente ocurrió entre las 10 y media de la noche y las once de la noche más o menos. Yo sé con exactitud la fecha donde supuestamente terminaron la pavimentación de la vía Aguaclara porque yo alimentaba a los obreros de la firma que hicieron el contrato de la pavimentada de la vía, ellos se fueron el 24 de diciembre de 1995, porque terminaron la asfaltada de la carretera y yo me gané la plata de la gente que alimento, ellos se fueron y terminaron lo que es la asfaltada y dejaron pendientes los huecos de las alcantarillas y los sumideros aclaro quedó pendiente sin las tapas y hacer los resumideros y los escombros que indicaban el anuncio de que ahí habían huecos pasó diciembre, navidad y los huecos ahí sin tapa, el accidente fue en el año 1996 comenzando el año. Yo siempre en las tardes me siento en el antejardín de la casa y observó y veo pasar para allá los carros, motos y gente y comentaba de que el pavimento quedó muy bueno pero que ahí se iba a matar alguien porque no hay luz, porque la lámpara estaba dañada y fuera de eso no tenía señales de pare (...). Cuando nosotros sentimos el golpe de la moto y fuimos a mirar al señor, los primeros que llegamos al sitio del accidente fue mi esposo y yo y otra persona, el accidente ocurrió al frente de mi casa, yo salí de mi casa a ver cómo se había caído el señor, en el montículo de tierra, se veía por donde la moto había pasado por encima del montículo de tierra y por el hueco también y el señor ahí en el suelo, yo miré y dije está muerto (...) se veía que respiraba, procedimos a conseguir un taxi y le pedimos la colaboración a un fulana que lo acompañara al hospital, cogimos la moto la entramos para mi casa dentro de la sala, llegó la policía les informamos que la moto la teníamos nosotros (...) al hueco le colocamos chuspas para que hubiera señal de que no se fuera a matar nadie (...).

c. Declaración que rinde Alberto de Jesús Castañeda(19), residente del sector, manifestó bajo la gravedad de juramento que desconoce a las personas que actúan en el proceso en calidad de parte demandante y a la persona que falleció el día de los hechos, en su testimonio afirma haber visto el momento en el que ocurrió el accidente, sobre el particular sostuvo:

“Preguntado: Sírvase decirnos si durante la construcción de la vía Tuluá - Aguaclara ha ocurrido algún accidente. Contestó: Hasta donde yo me di cuenta hubo varios accidentes, una moto, una bicicleta y más o menos diagonal a mi casa hubo un muerto allí, el accidente fue de noche, hace como dos años, en el año 1996, no recuerdo la hora de ese accidente, pero fue de noche. Yo venía de la cafetería hacia mi casa cuando vi que la moto se levantó debido a los escombros de tierra que estaba allí, hay una recamara de alcantarillado que no estaba tapada, el señor cayó y unos vecinos diagonal a mi casa recogieron la moto y la guardaron en la casa de ellos y al señor se lo llevaron al hospital que había quedado herido. Yo fui hasta allá, la casa mía queda diagonal donde ocurrió el accidente. Al señor accidentado yo no sé como se llama, ni lo conozco (...). Donde ocurrió el accidente no había luz, sí hay un poste de energía pero la lámpara no estaba funcionando, estaba oscuro, solamente había un montón de tierra al pie del hueco (...). Yo venía de la cafetería caminando por ahí media cuadra cuando sucedió el accidente, por ahí a unos 12 metros de donde yo estaba, la cafetería normalmente cierra entre las 10 o 11 de la noche. Yo vi cuando la moto pegó en el escombro de tierra y quedaron al otro lado del hueco, la moto y el señor y esto lo vi porque había poca luz de las que salen de las casas porque la luz del poste estaba sin luz. El señor era más bien bajito, grueso, no recuerdo si llevaba casco”.

d. Declaración que rinde Hader Hincapié Aguirre(20), en la que manifestó que aproximadamente hace dos años, frente a su residencia —Carrera 28ª Nº 11-105— había un “roto para la construcción de una recámara”, en el cual cayó un motociclista. Según su versión, este se encontraba al interior de su vivienda en compañía de su esposa, cuando escucharon venir una moto y luego un fuerte golpe, cuando salieron a la calle y observaron al motociclista tirado en la calle. Señaló que en el lugar no existían señales que advirtieran la presencia del hueco y de los montículos de tierra situados al lado de este, razón por la cual colocó sobre la vía “unas bandoleras hechizas para que vieran los huecos”.

6. En cuanto a la obra pública que se desarrollaba en la vía donde se produjo el accidente, en el expediente obra copia auténtica de los contratos de obra pública 180444(21), 180443(22), 180442(23), 180440(24) y 180438(25), suscritos el 5 de julio de 1995, por la Gobernación del Valle del Cauca, por conducto de la secretaría de obras públicas departamentales, cuyo objeto consistió en la pavimentación —por tramos— de la vía Tuluá - Aguaclara. Sobre el objeto contractual, en la cláusula primera se estipuló: “La obra materia de este contrato comprende: Relleno con material seleccionado (...) construcción de sumideros sencillos tipo B según normas, incluye excavación de rellenos y retiro de saldos”. Por su parte, la cláusula decimotercera dispuso: “Durante la ejecución de las obras, el contratista colocará vallas, señales y elementos necesarios para la seguridad de las personas”.

Así mismo, obran por cada contrato, la respectiva “acta de iniciación de obras”, que relaciona como fecha de iniciación de obras para todos los contratos, el 11 de septiembre de 1995, y de terminación, el 10 de febrero de 1996(26). Igualmente obran por cada contrato la respectiva “acta final de recibo de obra” de fecha 28 de febrero de 1996 y enero de 15 de 1996, esta última fecha en relación con los contratos números 180440 y 180439(27).

De las pruebas anteriores, en especial de las declaraciones rendidas por los testigos presenciales de los hechos, las cuales a juicio de la Sala, gozan de plena validez probatoria, por cuanto resultan creíbles, consecuentes y congruentes, amén de que no se advierte algún indicio que afecte su imparcialidad, se infiere que el señor Adolfo León Delgado Jiménez, quien en horas de la noche se desplazaba en motocicleta por la carrera 28ª con calle 12, de la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de Aguaclara, sufrió un accidente de tránsito al chocar contra un montículo de tierra ubicado cerca de una alcantarilla que se encontraba sin tapa, lo que le produjo la muerte como consecuencia de un “TEC severo” (28).

Por otra parte, de las pruebas relacionadas se colige que en la vía donde se produjo el accidente de tránsito en el que falleció el señor Delgado Jiménez se realizó la construcción de una obra pública, la cual se encontraba a cargo del departamento del Valle del Cauca, consistente en la pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, la cual para la fecha de los hechos no se encontraba concluida, por cuanto algunos tramos de la obra no habían sido entregados por el contratista al departamento, lo anterior se infiere de la fecha registrada en el “acta de recibo final de la obra”, la cual es posterior a la fecha de los hechos, de modo que sobre la vía existían montículos de tierra y huecos formados por la ausencia de tapas en las alcantarillas, los cuales no contaban con ninguna señal preventiva que advirtiera a los transeúntes el peligro que ellos representaban, así mismo los resaltos construidos de manera rudimentaria, al parecer para informar la presencia de los huecos incrementaron el riesgo de tránsito sobre la vía, todo ello evidencia que a la fecha de ocurrencia de los hechos la obra pública no estaba concluida.

De conformidad con el “Manual sobre dispositivos para el control de tránsito”(29), publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy Ministerio de Transporte, el deber de señalización en las etapas de construcción y conservación de carreteras tiene como finalidad la de “guiar el tránsito a través de las calles y carreteras en construcción o sometidas a procesos de conservación, donde necesariamente se ha de interrumpir el flujo continuo, el cual debe ser orientado para prevención de riesgos, tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en la vía”. De igual manera, en relación con la permanencia de estas señales en la vía, se indica “Este tipo de señalización es temporal, su instalación será anterior a las operaciones de construcción y conservación, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se eliminará cuando la calle o carretera este en condiciones de recibir el tránsito”.

Respecto de los dispositivos para el control del tránsito en las calles y carreteras, la Resolución 1937 de marzo 30 de 1994(30) proferida por el Ministerio de Tránsito y Transporte, contiene la normatividad atinente al número de señales mínimas temporales que deben utilizarse en los frentes de trabajo, construcción y conservación de calles y carreteras, en este sentido el artículo 1º, preceptúa:

“La cantidad mínima de señales temporales de aproximación a los frentes de trabajo en las etapas de construcción y conservación de calles o carreteras, serán de seis (6) y se ubicarán en el orden indicado en la figura 1 de la presente resolución.

“PAR. 1º—El tipo de señal indicado en la figura 1 puede variar de acuerdo con las circunstancias del trabajo, pero deberá sujetarse siempre a la reglamentación contenida en el capítulo III del manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras.

“PAR. 2º—Las distancias entre señales indicadas en la figura 1 son aproximadas y pueden variarse de acuerdo con las condiciones particulares de la vía”.

Por su parte el artículo 3º de la resolución en cita, prevé que en el frente de trabajo se utilizarán: i) barricadas(31); ii) canecas; iii) conos y iv) delineadores luminosos(32), a fin de procurar el tránsito seguro por la vía.

Respecto a la obligación de señalización temporal en los frentes de trabajo que se adelantan en las obras de construcción y conservación de calles o carreteras, el artículo 7º de la Resolución 1937 de 30 de marzo de 1994, ya citada, expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, establece:

ART. 7º—“La entidad contratante exigirá a los contratistas el cumplimiento de las estipulaciones sobre señalización temporal contenidas en la presente resolución, por intermedio del interventor respectivo”.

Sobre el deber de señalización, la Sala en sentencia de 4 de octubre de 2007(33), señaló:

“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la Ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con (sic) un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:

‘Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

“(...)”.

‘El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este”. Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas.

(...).

Por otra parte, en cuanto la responsabilidad de la administración por la ejecución de obras públicas a través de contratistas, la jurisprudencia de esta sección ha señalado:

“... cabe destacar que la obra pública puede ejecutarse mediante la actuación directa de la administración a través de sus funcionarios, o mediante la colaboración de terceros quienes a través del mecanismo de la contratación, la ejecutan materialmente, constituyéndose en meros ejecutores materiales de la obra y colaboradores de la administración en el cumplimiento de los fines públicos, pero no en titulares de esta, la cual sigue radicada en la administración.

“Por tanto, el Estado, en el contrato de obra pública, como generador y organizador de una actividad de riesgo debe responder por los daños que ocasione a ese tercero colaborador o contratista, ya que el hecho de que delegue la realización de la obra no lo releva de responder, pese a que no sea guardián de la maquinaria o patrono de los trabajadores del contratista. Se considera que en estos eventos quien realiza una obra pública a nombre de la administración, comparte con ella la condición de guardián de la actividad de construcción, la cual por el riesgo que se crea tanto frente a terceros, como frente a quienes ejecutan directamente la obra, se ha considerado como una actividad de carácter peligroso. Y en todos estos casos(34) se admite la imputabilidad a la administración de los daños causados por el hecho de sus contratistas, reconociéndose que en tal evento solo podrá exonerarse demostrando únicamente una causa extraña, como la fuerza mayor, el hecho exclusivo del tercero o de la víctima, y que resulta irrelevante a la hora de determinar esa responsabilidad, el hecho de que la víctima sea o no una persona vinculada por el contratista a la construcción de la obra, caso en el cual resulta evidente la exposición permanente al riesgo creado por la actividad.

“En este evento, bajo el título jurídico del riesgo creado, se deberá probar que la lesión de las personas o de las cosas deriva directamente de la construcción, mantenimiento o defecto de una obra pública, para que surja el deber de responder para el Estado, el cual como lo ha explicado la jurisprudencia se sustenta en principios consistentes en que ‘( ) a) cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si ella la ejecutara directamente. b) Que es ella la dueña de la obra. c) Que su pago afecta siempre el patrimonio estatal. d) La realización de esas obras obedece siempre a razones de servicio y de interés general. e) Que no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista, vale decir para exonerarse de responsabilidad extracontractual frente a aquellos, pues ella es la responsable de los servicios públicos y por ende se obliga bien sea porque el servicio no funcionó, funcionó mal o inoportunamente. Elementos estos que son constitutivos de falta o falla en el servicio”(35).

Por lo anterior, la Sala considera que el departamento del Valle del Cauca incurrió en una falla en la prestación del servicio, como quiera que no cumplió con su deber de garantizar el tránsito adecuado y seguro en la vía donde realizaba los trabajos públicos que estaban a su cargo, pues según la prueba testimonial recaudada, la mencionada vía no tenía ninguna de las señales de prevención exigidas normativamente para advertir a los transeúntes sobre el peligro que esos trabajos públicos representaban.

En esas condiciones, no puede desconocerse que la causa eficiente y adecuada del daño, fue la falta de señalización de la obra y de los resaltos que se encontraban en la vía, pues de haberse advertido oportunamente a los transeúntes de esos obstáculos seguramente se hubiera podido evitar el accidente de tránsito que produjo la muerte del señor Adolfo León Delgado Jiménez.

Ahora, el argumento del tribunal tendiente señalar que el accidente en el que perdió la vida el señor Delgado Jiménez no se produjo por la falta de señalización en la vía, sino por la culpa exclusiva de la victima, no encuentra a juicio de la Sala respaldo probatorio alguno, pues no está acreditado que la víctima conducía la motocicleta desconociendo los límites de velocidad permitidos y en estado de embriaguez. En efecto en el proceso no se practicó la prueba idónea que permita establecer, en primer término, a qué velocidad se desplazaba el motociclista; y en segundo lugar, cuál era el grado de concentración de alcohol en la sangre al momento del accidente, para a partir de allí establecer cuáles podrían ser las alteraciones en sus funciones neuro sensitivas y motoras.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 7 de diciembre de 2000, y en su lugar declarará la responsabilidad patrimonial del departamento del Valle Cauca, por los perjuicios causados a los demandantes por la muerte del señor Adolfo León Jiménez Delgado.

El llamamiento en garantía

En el proceso, la entidad demandada —departamento del Valle del Cauca—, llamó en garantía a los contratistas Carlos Julio Paz Rubio, Alba Mónica Cruz, Olga Emilia Sánchez, Claudia María Salazar Bermúdez, Yolanda Rojas y Luis Daniel Isaza, con quienes “suscribió contratos u ordenes de trabajo” para la pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, así mismo formuló llamamiento en garantía en contra del señor Carlos Arturo Campo, en su calidad de interventor de las obras (fls. 230 a 233, cdno. 1).

Para efectos de estudiar la procedencia del llamamiento formulado, es menester señalar que en relación con el contratista Luis Daniel Isaza, no obra en el proceso el “contrato u orden de trabajo” aducido por el llamante como fundamento de su solicitud, razón por la cual al no existir prueba demostrativa de la existencia del vínculo jurídico sustancial que fundamenta la vinculación del tercero pretendida, en los términos previstos en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, la Sala advierte que frente a este no prosperará el llamamiento formulado.

En relación con el llamamiento formulado contra los demás contratistas, en el proceso obra copia auténtica de los “contratos u órdenes de trabajos” suscritos con el departamento del Valle de Cauca, a través de los cuales se contrató la ejecución de la obras de pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, documentos que prueban el vínculo contractual existente entre el departamento y los señores Carlos Julio Paz Rubio, Alba Mónica Cruz, Olga Emilia Sánchez, Claudia María Salazar Bermúdez, Yolanda Rojas.

Sin embargo, se advierte que los “contratos u órdenes de trabajo” fueron celebrados con cada contratista para la pavimentación de cada uno de los específicos tramos en que el departamento dividió la vía para efecto de su construcción, de modo que a fin de estructurar frente a cada uno de estos un juicio de responsabilidad tendiente a establecer el alcance de sus obligaciones contractuales omitidas y con ello abrir paso al análisis de la conducta por estos asumida —con culpa grave o dolo, en los términos prescritos en el artículo 77 del CCA—, es necesario determinar el tramo al cual correspondía la nomenclatura en la que se presentó el accidente de tránsito en el cual murió el señor Delgado Jiménez, aspecto que no es posible abstraer de los medios de prueba obtenidos, pues los mencionados contratos solo se refieren a los diferentes tramos de la vía cuya pavimentación debían asumir, sin delimitar estos tramos con una nomenclatura específica.

En ese orden, la Sala no podrá ejecutar un juicio de responsabilidad frente a los citados contratistas vinculados al proceso en calidad de llamados en garantía, por la parte demandada —departamento del Valle del Cauca—.

Finalmente, frente al llamado en garantía Carlos Arturo Campo, la Sala advierte que si bien obra “Acta de iniciación de obra para la interventoría de la vía Tuluá - Aguaclara”, documento del cual es posible inferir el vínculo contractual existente entre este y el departamento del Valle del Cauca, frente a este no podrá efectuarse juicio de responsabilidad ni análisis de su conducta, por cuanto no obra en el proceso el respectivo contrato de interventoría, del cual sea posible inferir el alcance de sus obligaciones contractuales y con ello determinar las omisiones que darían paso a la imputación de una condena a su cargo.

V. Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Por la muerte del señor Adolfo León Jiménez Delgado, concurrieron al proceso Floover, Luz Dary, Zoraida, Orlando, Hernán, Freddy, María Luisa, Adiela y María Emma Jiménez Correa; Mauricio José, Beatriz Eugenia, Gustavo Adolfo y Sandra Patricia Jiménez Largo, todos ellos en calidad de hijos del causante; Edermy Amilbia Largo Largo, en calidad de esposa; Magda Sulay Largo Largo, en calidad de afectada y, finalmente Liliana, Tania, Amparo, Gladis y Melva Jiménez Delgado, en calidad de hermanas del causante, según se desprende de la demanda y del poder debidamente conferido a su apoderado judicial (fls. 1 a 15, cdno. 1).

Los actores pidieron, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente en pesos, a 2.021 gramos de oro, para cada uno de ellos.

Se encuentra acreditado que Edermy Amilbia Largo Largo era esposa de Adolfo Jiménez Delgado, según copia auténtica del registro civil de matrimonio proveniente de la Notaría primera del Círculo Notarial de Tuluá Valle (fl. 52, cdno. 1), así como también está demostrado que Floover, Luz Dary, Zoraida, Orlando, Hernán, Freddy, María Luisa, Adiela y María Emma Jiménez Correa; Mauricio José, Beatriz Eugenia, Gustavo Adolfo y Sandra Patricia Jiménez Largo, son hijos del occiso, según los registros civiles de nacimiento expedidos por la del Notaría Primera del Círculo Notarial de Tuluá Valle (fls. 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 59, 63, 64 y 66, cdno. 1).

Así mismo, se encuentra acreditado con la aportación del respectivo civil de nacimiento del señor Adolfo León Jiménez Delgado expedido por el Notario Único del Círculo de Riofrío —Valle— (fl. 88, cdno. 1), que los demandantes Liliana, Tania, Amparo, Gladis y Melva Jiménez Delgado, tenían frente al causante un grado de consanguinidad común, en su condición de hermanos, lo anterior acreditado igualmente con la aportación de los respectivos registros civiles de nacimiento de cada uno de estos últimos (fls. 72, 75, 78, 81, 84, cdno. 1).

Según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y esta es imputable al Estado, ello desencadena a cargo de este, la indemnización de perjuicios morales, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del núcleo familiar mas cercano, pueden reclamar la indemnización de estos perjuicios acreditando el parentesco con la víctima directa del daño, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, siempre que no hubieren pruebas que indiquen o demuestren lo contrario.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(36).

En ese orden de ideas, la Sala condenará a la entidad demandada, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los de los demandantes Edermy Amilbia Largo Largo en su condición de esposa y Floover, Luz Dary, Zoraida, Orlando, Hernán, Freddy, María Luisa, Adiela y María Emma Jiménez Correa; Mauricio José, Beatriz Eugenia, Gustavo Adolfo y Sandra Patricia Jiménez Largo, en su condición de hijos del causante, y la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes Liliana, Tania, Amparo, Gladis y Melva Jiménez Delgado, en su condición de hermanos de la víctima.

En cuanto a la demandante, Magda Sulay Largo Largo, quien concurrió al proceso en calidad de tercera damnificada, quedó demostrado la causación de un daño moral que le resulta indemnizable, por cuanto, aunado a la prueba documental que da cuenta que esta tenía con el causante una hija en común, se advierte de la prueba testimonial recaudada(37), que esta por la muerte del señor Adolfo León Delgado padeció un profundo dolor y alteración psicológica, dada los estrechos lazos de solidaridad y afecto con este.

Por lo anterior, la Sala condenará a la entidad demandada, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Magda Sulay Largo Largo.

Perjuicios materiales

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, solicitaron a favor de Edermy Amilba Largo Largo, en su condición de esposa y de los menores Mauricio José, Beatriz Eugenia, Gustavo Adolfo y Sandra Patricia Jiménez Largo, todos ellos en su condición de hijos, la suma de dinero que se acredite en el proceso, según las pautas trazadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado; subsidiariamente, solicitaron por este concepto el equivalente a 4.000 gramos de oro.

En el sub judice está demostrado que el señor Adolfo León Jiménez trabajaba como “Operador de máquina agrícola”, según se desprende de las declaraciones rendidas en el proceso(38), sin embargo, en consideración a que no obra prueba alguna que acredite la suma que el occiso recibía por la actividad económica que desarrollaba, la Sala liquidará el mencionado perjuicio, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo mensual vigente a la fecha de la presente sentencia, es decir, la suma de $ 535.600, pues esta resulta, en términos de equidad, más beneficiosa que la actualización del salario mínimo vigente para la época de los hechos, es decir la suma de $ 456.221, la cual se deriva de aplicar la fórmula utilizada reiteradamente para actualizar la renta.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (valor del salario mínimo en el año de 1996) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual falleció la víctima.

 

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La suma correspondiente al valor del salario mínimo, $ 535.600, deberá incrementarse en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, esto es $ 669.500, y a esta se le deducirá un 25%, monto que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales, para un total de $ 502.125. Con el 50% de la suma anterior, esto es $ 251.062, se liquidará la indemnización debida y futura reclamada por la cónyuge supérstite y el otro 50%, esto es la suma de $ 251.062 se dividirá entre 4, correspondiente al número de hijos menores de edad de la víctima, para un total de $ 62.765.

Para Edermy Amilba Largo Largo (cónyuge supérstite)

Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha en la que se produjo el deceso, 7 de febrero de 1996, hasta la fecha de esta sentencia (jun. 8/2011), para un total de 184.03 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia (jun. 8/2011), hasta la vida probable del occiso, pues era el mayor de los dos. De conformidad con las tablas de supervivencia se estimó la vida probable del occiso en 22.64 años, para un total de 271.68 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía 56 años de edad cuando murió, según el registro civil de nacimiento (fl. 88, cdno. 1).

A los 271.68 meses deberá restársele 184.03 meses, los cuales ya fueron indemnizados, para un total de 87.65 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 93.289.617,96.

Para Mauricio José Jiménez Largo

Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha en la que se produjo el deceso, 7 de febrero de 1996, hasta la fecha de esta sentencia (jun. 8/2011), para un total de 184.03 meses.

 

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Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde la fecha de esta sentencia (jun. 8/2011) hasta el 6 de junio de 2012, fecha en la cual Mauricio José Jiménez Largo, cumplirá la edad de 25 años, pues nació el 6 de junio de 1987, según el registro civil de nacimiento (fl. 59, cdno. 1), para un total de 11.93 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 19.297.013,93.

Para Beatriz Eugenia Jiménez Largo

Comprende el período transcurrido desde la fecha en la que se produjo el deceso, 7 de febrero de 1996, hasta la fecha de esta sentencia (jun. 8/2011), para un total de 184.03 meses.

 

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Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde la fecha de esta sentencia (jun. 8/2011) hasta el 4 de enero de 2020, fecha en la cual Beatriz Eugenia Jiménez Largo, cumplirá la edad de 25 años, pues nació el 4 de enero de 1995, según el registro civil de nacimiento (fl. 63, cdno. 1), para un total de 102.86 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 23.645.547,77.

Para Gustavo Adolfo Jiménez Largo

Comprende el período transcurrido desde la fecha en la que se produjo el deceso, 7 de febrero de 1996, hasta la fecha de esta sentencia (jun. 8/2011), para un total de 184.03 meses.

 

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Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde la fecha de esta sentencia (jun. 8/2011) hasta el 9 de agosto de 2021, fecha en la cual Gustavo Adolfo Jiménez Largo, cumplirá la edad de 25 años, pues nació el 9 de agosto de 1996, según el registro civil de nacimiento (fl. 64, cdno. 1), para un total de 122.03 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 24.333.249,14.

Para Sandra Patricia Jiménez Largo

Indemnización debida

Teniendo en cuenta que para la fecha de la sentencia (jun. 8/2011), la demandante ya había cumplido la edad de 25 años, este perjuicio solo comprenderá el período transcurrido desde la fecha en la que se produjo el deceso, 7 de febrero de 1996, hasta el 18 de abril de 2009, fecha en la cual, cumplió la edad de 25 años, pues nació el 18 de abril de 1984, según el registro civil de nacimiento (fl. 66, cdno. 1), para un total de 158.36.

 

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Indemnización futura

No se reconocerá, por cuanto la misma no se causó.

FALLA:

MODIFÍCANSE los numerales 2º y 3º de la sentencia de 7 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así:

“1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a departamento del Valle del Cauca, por la muerte de Adolfo León Delgado Jiménez, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“2. CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca, a pagar la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada uno de los demandantes Edermy Amilbia Largo Largo, Floover, Luz Dary, Zoraida, Orlando, Hernán, Freddy, María Luisa, Adiela y María Emma Jiménez Correa; Mauricio José, Beatriz Eugenia, Gustavo Adolfo y Sandra Patricia Jiménez Largo; la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes Liliana, Tania, Amparo, Gladis y Melva Jiménez Delgado y la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Magda Sulay Largo Largo.

“3. CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar a Edermy Amilba Largo Largo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 93.289.617,96.

“4. CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar a Mauricio José Jiménez Largo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 19.297.013,93.

“5. CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar a Beatriz Eugenia Jiménez Largo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 23.645.547,77.

“6. CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar a Gustavo Adolfo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 24.333.249,14.

“7. CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar a Sandra Patricia Largo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 1.492.891,01.

“8. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”.

ABSTIÉNESE de condenar en costas.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(7) Suma que se obtiene de multiplicar por 2.021, el valor de compra del gramo oro para la fecha de presentación de la demanda (fl. 104, cdno.1), certificado por el Banco de la República y publicado a través de la página web www.banrep.gov.co.

(8) En este sentido, la Sala ha expuesto: “Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17, cdno. 1 y 177-185, cdno. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, solo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso”. (Sec. Tercera. Sent. dic. 5/2006. Exp. 28.459). Sobre el valor probatorio de las fotografías, véanse las sentencias 12.497 de 2 de marzo de 2000, AP-263 del 21 de agosto de 2003, y 13.811 de 25 de julio de 2002.

(9) Dispone el artículo 254 CPC, que: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1) Cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2) Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3) Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

(10) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(11) ART. 217, CPC: “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

(12) Sobre la posibilidad del juez de apartarse del dictamen pericial, por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad para ilustrar y transmitir al juez el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, esta Sala se pronunció en providencia reciente 27 de abril de 2011, Radicación: 38.207. Demandante: Sociedad Tracto Casanare Ltda.

(13) Folio 89, cdno. 1.

(14) Folio 17, cdno. 5, obra como prueba trasladada.

(15) Folio 2 y 3, cdno. 5, obra como prueba trasladada (fl. 41, cdno. 5). Folios 491 y 492, cdno. 2. Informe de accidente remitido por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Tuluá (Valle).

(16) Folios 36 a 38, cdno. 5.

(17) Folios 71 a 77, cdno. 3.

(18) Folios 84 y 85, cdno. 3.

(19) Folios 86 y 87, cdno. 3.

(20) Folios 78 a 82, cdno. 3.

(21) Folios 2 a 9, cdno. 2. Contratista: Carlos Julio Paz, el contrato comprendía la pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, correspondiente al “Tramo K2 + 512 al K3+015”.

(22) Folios 24 a 31, ibídem. Contratista: Alba Mónica Cruz, el contrato comprendía la pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, correspondiente al “Tramo K2 + 010 al K2+512”.

(23) Folios 48 a 56, ibídem. Contratista: Olga Emilia Sánchez, el contrato comprendía la pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, correspondiente al “Tramo K1 + 509 al K2+010”.

(24) Folios 69 a 76, ibídem. Contratista: Claudia María Salazar Bermúdez, el contrato comprendía la pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara, correspondiente al “Tramo K0 + 000 al K0+504”.

(25) Folios 91 a 98, ibídem. Contratista: Yolanda Rojas, el contrato comprendía la pavimentación de la vía Tuluá - Aguaclara correspondiente al “Tramo KO + 504 al K1+006”.

(26) Folios 10, 32, 57, 77, 99, ibídem.

(27) Folios 21, 45, 66, 88 y 109, ibídem.

(28) Tomado de Medicrit Revista de Medicina Crítica. La doctrina médica especializada, define las siglas TEC como “Trauma cráneo encefálico”.

(29) El manual fue adoptado como reglamento oficial en materia de señalización vial, mediante Resolución 5246 del 2 de julio de 1985.

(30) “Por la cual se establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en calles y carreteras”.

(31) Según el precitado manual: “Las barricadas se colocarán normalmente en el eje de la vía, obstruyendo la calzada totalmente, o los canales en los cuales no debe haber circulación de tránsito.

“Cuando la calzada esté obstruida totalmente por la barricada se debe colocar en la parte superior la señal de desvío como se indica en la figura 18”.

(32) Los delineadores luminosos se utilizará “[p]ara guiar el tránsito nocturno por una trayectoria segura en tramos de calles o carreteras sometidas al proceso de construcción, reconstrucción o conservación o cuando se presente riesgos temporales.

“Se podrán utilizar señales luminosas intermitentes, que demarquen la calzada de tránsito, por medio de focos luminosos distanciados no más de 10m, con una intensidad suficiente para que su visibilidad sea efectiva (Figura 19c).

“Cuando la fuente de energía luminosa no sea posible tenerla en el sitio, se pueden utilizar mecheros o antorchas alimentados con kerosene distanciados no más de 5 m”.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Expediente 16.058, Actor: Teotiste Caballero de Buitrago y otros.

(34) Sentencia de 13 de febrero de 2003, actor: María Luciola Montenegro Calle y Otros, Exp. 12654.

(35) Sentencia de 28 de noviembre de 2002, actor: Ana María Marín de Gálves, Exp. 14397.

(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(37) Folios 91 a 96, cdno. 3.

(38) Folios 90 a 96, cdno. 3.