Sentencia 1996-03360/14731 de diciembre 5 de 2005

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 66001-23-31-000-1996-03360-01(14731)

Actor: Gonzalo Restrepo y otros

Demandado: Empresas Públicas de Pereira

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil cinco.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 28 de noviembre de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la cual se decidió lo siguiente:

“1. Se declara administrativamente responsable a las Empresas Públicas de Pereira de las lesiones sufridas por el señor Gonzalo Restrepo en accidente ocurrido el día diecisiete de diciembre de 1995 en el municipio de Pereira.

“2. En consecuencia se condena en concreto a las Empresas Públicas de Pereira a pagar por concepto de perjuicios morales una suma equivalente a trescientos (300) gramos (sic) para cada uno de los demandantes Gonzalo Restrepo y María Isabel Granada de Restrepo, en su nombre y en representación de su hija menor Ángela María Restrepo Granada, Gonzalo Restrepo Granada, Alba Rosa Restrepo Osorio y Julio César Carmona Granada.

(...)

“3. En consecuencia se condena en abstracto a las Empresas Públicas de Pereira a pagar al señor Gonzalo Restrepo por concepto de perjuicios materiales futuros las sumas que resulten de la aplicación de la fórmula señalada en la parte motiva, con los datos allí cuantificados, y los que se determinen con las bases allí señaladas. La liquidación se hará mediante incidente que debe ser promovido dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

(...)

“4. La compañía se seguros “Agrícola de Seguros S.A.” pagará a las Empresas Públicas de Pereira la suma que ésta pague a los demandantes menos el deducible pactado del 10% con un mínimo de diez millones de pesos m/cte ($ 10.000.000) y sin que exceda del valor asegurado teniendo en cuenta las reducciones que se hayan presentado en caso de pago de otras indemnizaciones...” (fls. 150 y 151, c. 1).

I. Antecedentes

1. Mediante demanda presentada el 22 de agosto de 1996, Gonzalo Restrepo, María Isabel Granada de Restrepo, ambos en nombre y representación de su hija menor Ángela María Restrepo Granada, Gonzalo Restrepo Granada, Alba Rosa Restrepo Osorio y Julio César Carmona Granada solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a las Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, por la lesiones sufridas por el primero de los demandantes, al caerse de un poste de energía eléctrica cuando se encontraba efectuando reparaciones, el 17 de diciembre de 1995.

Como consecuencia de la anterior declaración, pidieron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a 800 gramos de oro, a cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicio “fisiológico” la suma equivalente en equivalente en pesos a 2.000 gramos de oro para Gonzalo Restrepo, y, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $ 15.000.000 para cada uno de los demandantes (fls. 13 y 14, c. 1).

2. En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron que el señor Gonzalo Restrepo trabajaba para las Empresas Públicas de Pereira, en la reparación e instalación de redes eléctricas. El 17 de diciembre de 1995, una cuadrilla de obreros, entre los que se encontraba el afectado, se desplazó a la Avenida Mercasa para trabajos de reparación. En tal lugar, el jefe de la cuadrilla, Wilson Valencia, ordenó al señor Restrepo soltar una línea primaria de un poste de madera; Restrepo se subió al poste, y, realizando la tarea ordenada, el poste se rompió cayendo el afectado atado al mismo por el cinturón de seguridad. Como consecuencia de la caída sufrió múltiples lesiones y fracturas en diferentes partes de cuerpo. Dichas lesiones dejaron como secuela una deformidad física de carácter permanente, por una extensa cicatriz que cruza el abdomen y su pierna izquierda; la pérdida funcional de los órganos sexuales y reproductivos, y la alteración funcional de la pierna izquierda, a la cual se le adecuó una platina metálica. Como consecuencia de las lesiones, el afectado sufrió una considerable merma en su capacidad laboral y vio afectada su vida cotidiana, al verse obligado a abandonar actividades deportivas, sociales y recreacionales. Se afirma que la causa del daño se originó en el descuido de la Empresas Públicas de Pereira en la revisión, mantenimiento y reposición de los postes de madera, que por su naturaleza se deterioran fácilmente (fls. 15 a 18, c. 1).

3. La demanda fue admitida mediante Auto del 30 de agosto de 1996 y notificada en debida forma (fls. 27 y 30, c. 1).

Empresas Públicas de Pereira formuló la excepción de falta de jurisdicción por tratarse de un accidente de trabajo, pues el accidentado era un trabajador de la empresa que sufrió lesiones en su jornada de trabajo y en desarrollo de una labor propia de sus funciones. De otra parte, manifestó que se configuraba un caso fortuito o fuerza mayor, pues la caída de postes de madera, como la que ocurrió en el presente caso, ha sido considerada tradicionalmente, por la doctrina, como un evento de tal naturaleza (fls. 66 a 73, c. 1).

4. La demandada llamó en garantía a la Compañía Agrícola de Seguros S.A., por tratarse de un evento de responsabilidad civil extracontractual, cubierto por la póliza 10690, suscrita por las partes para la época de los hechos. El llamamiento fue admitido mediante Auto del 25 de octubre de 1996 (fls. 77 y 103, c. 1).

La llamada en garantía manifestó que aceptaba el llamamiento en las condiciones previstas en la póliza de seguro, en cuanto al deducible de un 10%, con un mínimo de $ 10.000.000, y solo en el exceso de pago de las indemnizaciones previstas en las normas laborales hasta la suma de $ 5.000.000. Adujo también la excepción de falta de jurisdicción y el caso fortuito o fuerza mayor (fls. 110 a 115, c. 1).

5. Practicadas las pruebas decretadas mediante Auto del 14 de febrero 1997, y fracasada la conciliación, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fls. 121 a 123, 126 y 129 c. 1).

El apoderado de los demandantes manifestó que la causa del accidente fue el mal estado del poste de madera en el que trabajaba el afectado, lo que configuró la falla del servicio imputable a la entidad demandada (132 a 138, c. 1).

El apoderado de la demandada insistió en la excepción de falta de jurisdicción por tratarse de un accidente de trabajo; además, negó que hubiera perjuicio, dado que al afectado no se le disminuyó o dejó de pagar el salario con posterioridad al accidente (fls. 130 y 131, c. 1).

II. sentencia de primera instancia

Mediante Sentencia del 28 de noviembre de 1997, el Tribunal Administrativo del Risaralda declaró la responsabilidad de la demandada y de la llamada en garantía, en los términos descritos al inicio de esta providencia. El a quo rechazó la excepción de falta de jurisdicción, porque se demandó bajo el régimen de responsabilidad extracontractual, por asunción de un riesgo adicional al que normalmente debía asumir el afectado, asunto independiente del régimen laboral por accidente de trabajo. El trabajador estaba desempeñando una actividad peligrosa, esto es, el cambio de líneas eléctricas a una altura considerable del suelo, debido a lo cual la situación debía ser considerada bajo el régimen de responsabilidad presunta por riesgo excepcional; por tal razón, la caída del poste de madera, a lo sumo, configuraba un caso fortuito, no configurante de causal de exoneración de la responsabilidad para la entidad demandada.

Respecto del llamamiento en garantía, obra en el proceso la respectiva póliza de seguro por lo que se estructuraron los supuestos para la prosperidad de las pretensiones formuladas contra la compañía de seguros (fls. 140 a 151, c. 1).

III. Recurso de apelación

La demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. En la sustentación insistió en la excepción de falta de jurisdicción, por tratarse de un accidente de trabajo. De otra parte, señaló que la causa del accidente fue el sobrepeso que ejerció el trabajador sobre la línea que estaba cambiando, lo que hizo que se reventara a cien metros de distancia y provocando la ruptura del poste. Por último, no se acreditó la incapacidad laboral del afectado, como tampoco que, por el accidente, hubiera sufrido mengua en sus ingresos laborales o que, en el futuro, tales ingresos se pudieran ver disminuidos (fl. 154, 157 a 159, c. 1).

El recurso fue concedido el 19 de diciembre de 1997 y admitido el 27 de mayo de 1998. En el traslado para alegar de conclusión las partes guardaron silencio y el Ministerio Público presentó concepto (fl. 156, c. 1).

La representante del Ministerio Público solicitó modificación de la sentencia, en el sentido de reconocer el daño “fisiológico” solicitado en la demanda, y la confirmación de los aspectos restantes de la providencia; en su criterio, se trató de la ejecución de una actividad peligrosa que expuso a quien la ejercía a un riesgo particular y que, al concretarse dicho riesgo, se produjo el daño y surgió, por lo tanto, la obligación de indemnizar (fls. 173 a 184, c. 1).

Debe anotarse que la parte demandante interpuso y sustentó recurso de apelación, pero desistió del mismo, desistimiento que fue aceptado mediante Auto de 16 de marzo de 1999 (fls. 153, 164 a 167,187 a 190, c. 1).

IV. Consideraciones

1. Responsabilidad del estado por riesgos profesionales y excepción de falta de jurisdicción.

Las Empresas Públicas de Pereira formularon la excepción de falta de jurisdicción, porque las lesiones sufridas por el señor Gonzalo Restrepo configuraban un accidente de trabajo, dado que el accidentado era un trabajador de la empresa, el hecho ocurrió en su jornada de trabajo y en desarrollo de una labor propia de sus funciones como trabajador oficial, por lo que el conocimiento de la demanda correspondía a la jurisdicción laboral.

Para entrar a considerar la excepción planteada deben tomarse en cuenta dos situaciones diferentes, la de los terceros ajenos a la relación laboral, esto es los familiares del afectado, y la de éste como trabajador de la entidad demandada.

Respecto de la primera situación, la de los demandantes ajenos a la relación laboral, la Sala, en jurisprudencia reciente, ha señalado que la acción de reparación directa es la procedente para demandar la indemnización de perjuicios causados a terceras personas por la lesión o muerte de un trabajador de una entidad pública. La Sala en Sentencia del 25 de febrero de 2005 señaló: 

“Teniendo en cuenta los antecedentes anotados, observa la Sala que se plantea, en este caso, el problema referido a la distinción que existe entre la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la producción de un daño imputable a la acción u omisión de las entidades estatales, y la responsabilidad laboral de éstas últimas, derivada de las relaciones que tienen con sus empleados y trabajadores. Al respecto, resultan pertinentes las siguientes observaciones, contenidas en la Sentencia del 7 de septiembre de 2000, proferida por esta sección dentro del proceso radicado con el Nº 12.544: 

“Esta jurisdicción “de lo contencioso administrativo” ha diferenciado y precisado la responsabilidad en relación con los hechos dañinos sufridos por los trabajadores con ocasión, de una parte, del desempeño laboral (accidente de trabajo) y, de otra parte, de situaciones externas y ajenas a ese desempeño pero producidas por la misma persona que es su patrono. 

“Ha dicho que: 

“Si un agente del Estado con causa y por razón del ejercicio y por los riesgos inherentes a éste sufre accidente y sobrevive, tiene derecho a las prestaciones laborales predeterminadas en la legislación laboral; pero si fallece, son sus beneficiarios los que tienen el derecho a esas prestaciones. Este tipo de responsabilidad ha sido denominado “a forfait”. 

“Pero, si el agente del Estado sufre un accidente por la conducta falente o culposa de la misma persona que es su patrono, pero en “forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio” y/o “por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente”, tiene derecho a solicitar la declaratoria de responsabilidad del Estado, por medio de la acción respectiva, como ya se explicará. Este tipo de responsabilidad es la llamada “extracontractual”. 

“Sobre esos dos tipos de responsabilidad la jurisprudencia ha evolucionado.

“En la primera etapa se sostuvo que todo daño sufrido por un agente del Estado, sin diferenciar si fue por causa o por razón del empleo o función o por una falla del servicio, se negaba (sic) la responsabilidad extracontractual.

“Se afirmaba, enfáticamente, en primer término, que esos hechos no causaban acción indemnizatoria en favor del agente, o de sus beneficiarios en forma subsidiaria; que si el daño sufrido por el agente estatal era constitutivo de accidente laboral, o simplemente de muerte, daba derecho al reclamo prestacional de las indemnizaciones predeterminadas por la legislación laboral.

“La fuente legal de dicha jurisprudencia eran las leyes 6ª de 1945 (art. 17, lit. d), 64 de 1946 (art. 11), en el campo de los trabajadores nacionales, funcionarios, empleados y obreros. Esta corporación, en esa época, en sentencia proferida el día 10 de diciembre de 1982, expresó:

“Los funcionarios públicos aceptan al posesionarse los riesgos propios de la actividad propia (sic) del respectivo cargo, y la Nación, por su parte, prevé la indemnización en caso de muerte en actos de servicio o en accidente de trabajo, en la forma que la responsabilidad ‘a forfait’ desplaza toda posibilidad de acudir a la indemnización por falla del servicio u ordinaria…”(1).

“En la segunda etapa de evolución de la jurisprudencia, se advirtió que podía acontecer que el daño sufrido por el agente ocurría (sic) por una falla del servicio y no por el riesgo mismo del desempeño, es decir, en forma externa a la prestación ordinaria o normal del servicio; o, dicho de otra manera, por hechos que excedían (sic) los riesgos propios de la actividad.

“En ese evento de hecho, por la naturaleza del mismo, se advirtió que frente al ordenamiento jurídico esa conducta era demandable por medio de la acción indemnizatoria (L. 167/41, art. 68), hoy llamada de reparación directa (D.L. 01/84 - CCA, art. 86).

“Sobre esa situación, en sentencia proferida el día 13 de diciembre de 1983, la Sala plena de lo contencioso administrativo de esta corporación señaló:

“1. La doctrina, en el caso de accidentes sufridos por agentes del Estado, ha sostenido, como norma general, que la víctima no puede pretender más reparación de los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral. La aplicación de esta regla llamada ‘Forfait de la pensión’ naturalmente hace referencia a los daños sufridos por un funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común. Por esta razón, el régimen de prestaciones suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así, al asumir mayores riesgos profesionales, se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio de cumple, no sólo destinando un régimen de mayores prestaciones, dados sus riesgos especiales, sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. En principio, el régimen de indemnizaciones refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufridas por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito.

“2. No obstante, cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio, sino que han sido causadas (sic) por falla del servicio, el funcionario, o el militar, en su caso, que las sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud. Para evitar enriquecimiento sin causa las prestaciones percibidas por esos hechos deberán descontarse de la indemnización total.

“Ejemplos típicos de esta situación se presentan en todos los casos en que el accidente se produce por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente, tales como el militar que perece al cruzar un puente en construcción, sin señales de peligro, o aquél que muere víctima de un agente de policía ebrio en horas de servicio y cuando el militar no interviene en el operativo, sino que cruza accidentalmente por el lugar. También se dan los casos en que los hechos exceden los riesgos propios de ejercicio: tal es el caso del militar que perece en accidente de tránsito, debido a falta de sostenimiento del vehículo oficial que lo transporta, o el militar que perece en accidente de avión, debido a que éste fue defectuosamente reparado por el servicio de mantenimiento. En todos estos casos, la actividad propia del militar no juega ningún papel y su no indemnización plena rompería el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

“Este principio es fundamental: todo ciudadano es igual a los demás frente a la ley. El principio constitucional que ordena al Estado proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y sobre el cual se fundamentan las acciones indemnizatorias según reiterada jurisprudencia de esta corporación, debe cubrir por igual a quien desempeña una función de servicio público como a quien es un simple ciudadano y no devenga sus ingresos del erario público. No sería justo que la calidad de servidor público prive a un ciudadano del derecho de recibir la protección propia del Estado y de ser indemnizado por las fallas del servicio, bien por acción o bien por omisión”(2).

“En la tercera etapa de evolución y última, aunque la jurisprudencia perseveró en el anterior criterio de responsabilidad extracontractual “por falla del servicio”, varió lo concerniente a que de la indemnización plena no había lugar a descontar lo recibido por las prestaciones laborales predeterminadas en la legislación laboral. En sentencia dictada el 7 de febrero de 1995 por la Sala plena de lo contencioso administrativo, se dijo:

“De suyo, la relación laboral engendra una serie de derechos autónomos, independientemente de que el funcionario o sus causahabientes, herederos o beneficiarios, según el caso, puedan invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o de muerte; máxime por cuanto este resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación de servicios subordinados.

“Por consiguiente, no existe justificación de ninguna clase para ordenar el descuento del valor de las prestaciones sociales reconocidas a la cónyuge supérstite y demás causahabientes del monto de la misma, pues son obligaciones jurídicas con una fuente distinta, en frente de las cuales no cabe la compensación que se daría al disponer ese descuento”(3) (se resalta).

“Y, en el mismo fallo, refiriéndose, a manera de recapitulación, a las distintas acciones procedentes, se identificaron éstas en la siguiente forma:

“La laboral cuando la situación que originó el daño (hecho dañino) tiene su causa en el incumplimiento del patrono; ese hecho se califica de accidente laboral, respecto del trabajador o empleado, porque tiene que ver con el defecto, omisión o culpa en las obligaciones del patrono (cargas laborales).

La acción indemnizatoria (o de reparación directa o civil ordinaria) cuando la situación que originó el daño (hecho dañino) tiene su causa en hechos u omisiones de la misma persona que es patrono, pero desligada o externa de esta condición, v.gr., el trabajador que sale de las instalaciones de su patrono y le cae un objeto del techo; o el trabajador que sale del trabajo para su casa y un vehículo de su patrono lo atropella; ese hecho no se califica de accidente laboral, porque para que lo fuera tendría que haberse producido con ocasión directa del vínculo laboral o desempeño; es decir que el daño se ocasiona en forma externa a la relación laboral.

“Debe agregarse que la última posición citada en la sentencia anterior, recogida en el fallo del 7 de febrero de 1995, había sido ya adoptada por la sección tercera, mediante Sentencia del 30 de octubre de 1989 (exp. 5275), en la cual se expresó lo siguiente:

“...la Sala ha venido ordenando, sin una adecuada precisión, el descuento de las prestaciones sociales y las indemnizaciones de tipo laboral; olvidando que éstas tienen como causa una relación jurídica distinta al motivo que respalda la indemnización de perjuicios extracontractuales que obedece a una normatividad diferente. Por lo tanto, teniendo en cuenta las causalidades propias de unas y otras, las dos indemnizaciones son compatibles y por lo tanto el reconocimiento que se hará en esta oportunidad deberá ser pleno”.

“Conforme a lo expresado, resulta claro que la acción de reparación directa no es el medio procesal procedente para solicitar la indemnización de los daños surgidos por causa o con ocasión de la relación laboral y, por lo tanto, de los denominados accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. No se trata en esos casos, en efecto, de una responsabilidad extracontractual del Estado, sino de una obligación determinada por la existencia previa de una relación laboral entre la entidad pública respectiva y el funcionario afectado, que se rige por disposiciones especiales.

“En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 definía el accidente de trabajo, en su literal a), como “toda lesión orgánica o perturbación funcional que afecte al trabajador en forma transitoria, permanente o definitiva, motivada por un hecho imprevisto y repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, siempre que la lesión o perturbación no sea provocada deliberadamente, o por falta grave o intencional de la víctima”, y la enfermedad profesional, en su literal b), como “un estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que ha desempeñado el individuo, o del medio en que se haya visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos”.

“Estos conceptos eran definidos en términos similares por los artículos 11 y 19 del Decreto 1848 de 1969. Adicionalmente, los artículos 199 y 200 del Código Sustantivo del Trabajo definían, en su orden, el accidente de trabajo como “todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”, y la enfermedad profesional como “todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos”. Y los mismos conceptos, que hoy se recogen en el de riesgos profesionales, se encuentran ahora consagrados, con algunas modificaciones, en los artículos 9º, 10 y 11 del Decreto 1295 de 1994, que derogó las normas citadas, en los siguientes términos:

“ART. 9º—Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

“Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

“Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o residencia, cuando el transporte lo suministre el empleador”.

“ART. 10.—Excepciones. No se consideran accidentes de trabajo:

“a) El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador, y

“b) El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales”.

“ART. 11.—Enfermedad profesional. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

“PAR. 1º—El Gobierno Nacional, oído el concepto del consejo nacional de riesgos profesionales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como profesionales. Hasta tanto, continuará rigiendo la tabla de clasificación de enfermedades profesionales contenida en el Decreto 778 de 1987.

“PAR. 2º—En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en el presente decreto”.

“Ahora bien, en el evento en que la entidad estatal respectiva no pague las prestaciones asistenciales y económicas que se originan en los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales —prestaciones que están expresamente previstas y tasadas en la ley, por lo cual se han denominado, según se ha visto, indemnización a forfait—, el funcionario deberá presentar ante aquélla la respectiva reclamación y, si la solicitud es negada, interponer los recursos necesarios para agotar la vía gubernativa y formular, posteriormente, si es el caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto o los actos administrativos correspondientes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando se trate de un conflicto jurídico que no se origine directa o indirectamente en un contrato de trabajo. En caso contrario, la competencia será de la jurisdicción laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo.

“Debe precisarse, finalmente, que, cuando se trata de la indemnización de perjuicios causados a terceras personas como consecuencia de la lesión o muerte sufrida por un trabajador en virtud de un accidente o enfermedad —sea que el primero pueda o no calificarse como accidente de trabajo y que la segunda constituya o no una enfermedad profesional—, la acción procedente será la extracontractual y, siendo el patrono una entidad pública, será la de reparación directa. El fundamento de la responsabilidad, por lo demás, podrá encontrarse en la falla del servicio, el daño especial o el riesgo excepcional, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. 

“Se advierte, sin embargo, que esta última situación planteada no corresponde a la prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual procedería imponer al patrono la obligación de pagar la indemnización total de los perjuicios sufridos por el trabajador, en el evento de demostrarse que aquél hubiere tenido culpa en la ocurrencia del accidente. Tal acción, como lo ha aclarado la Corte Suprema de Justicia, sólo puede ser formulada por la víctima directa del siniestro, o sus herederos, en su condición de continuadores de su personalidad, si aquél falleciere como consecuencia del mismo(4), y, como lo prevé la misma norma, da lugar al descuento de las prestaciones en dinero que hubieren sido pagadas, del valor de la indemnización total y ordinaria que deba reconocerse por concepto de perjuicios”.

“Tampoco corresponde dicha situación a la que se presenta cuando los beneficiarios del trabajador, como “acreedores laborales directos”(5), pretenden, por ejemplo, el pago de las prestaciones debidas al mismo o la efectividad de derechos como la pensión de sobrevivientes, el seguro de vida, el auxilio funerario, etc. La acción procedente, en este evento, sería, igualmente, de carácter laboral y tendría su fuente en el contrato de trabajo o en la relación legal y reglamentaria existente”(6) (se resalta).

De acuerdo con la jurisprudencia citada la acción de reparación directa es la procedente en el presente caso, respecto de los demandantes ajenos a la relación laboral del lesionado con las Empresas Públicas de Pereira, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, por lo que es posible entrar a considerar las pretensiones de la demanda relacionadas con los familiares del afectado.

Sin embargo, como ya se anotó, la situación respecto del señor Gonzalo Restrepo es diferente. En efecto, se encuentra establecido que el incidente por el que se demanda, ocurrió con ocasión del vínculo laboral que el afectado tenía con la demandada. De acuerdo con la certificación de la jefe de recursos humanos de esa entidad, era trabajador oficial de la misma, desde el tres de diciembre de 1970, en el cargo de “liniero II”. Se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales y a la ARP Colmena, desde el primero de septiembre de 1995. Las lesiones del accidente del 17 de diciembre de 1995, fueron atendidas por el instituto, quien efectuó cobro a la administradora de riesgos profesionales. Agregó que “[d]esde el momento del accidente la asignación básica mensual del señor Restrepo no ha disminuido, ni aún en caso de incapacidad, ya que por convención colectiva la empresa paga al trabajador la totalidad de su salario” (fls. 11 y 12, c. 2).

El incidente en que el señor Gonzalo Restrepo sufrió las lesiones por las que se demanda, constituye un típico accidente de trabajo, los gastos médicos necesarios y los salarios dejados de pagar al trabajador fueron sufragados por una administradora de riesgos profesionales. Como ya se dijo, en la jurisprudencia citada, la demanda del trabajador contra su patrono, con ocasión de un accidente de trabajo, es de conocimiento de la jurisdicción laboral, conforme a lo establecido en el artículo segundo del Código Procesal del Trabajo, para lo cual tiene un término de tres años, conforme lo disponen los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. También debe anotarse que, si lo que se demanda toma como fundamento la culpa del patrono en la ocurrencia del hecho, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el trabajador tiene derecho a la indemnización total de los perjuicios, “pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero” que hubieren sido pagadas.

Aclarado lo anterior, la Sala considera que puede conocer y juzgar las pretensiones del trabajador demandante, dado que, siendo competente para conocer de la acción de reparación directa en relación con los demás demandantes, en virtud del factor de conexión tiene competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos. Sobre dicho factor de competencia, la Sala plena del Consejo de Estado ha manifestado:

“La competencia desde el ángulo jurisdiccional especificada por el Poder o facultad de la cual se halla revestido el juez o tribunal, para ejercer, en determinado asunto la jurisdicción que le corresponde a la República, es fijada por la ley, en cuanto dice relación a la jurisdicción contencioso administrativa en consideración a factores como el objetivo, el territorial, funcional y de conexión, relativos, en su orden:

(...)

“d) Factor de conexión, fija la competencia para el conocimiento y decisión de controversias administrativas entre las cuales existe un ligamen o conexión que determina el ejercicio de la acción jurisdiccional en un solo proceso, como pudiera ocurrir, en materia de responsabilidad solidaria entre un ente jurídico de derecho público y un sujeto o ente de derecho privado”(7).

En el mismo sentido la sección primera de la corporación ha señalado: 

“La multicitada figura de la competencia se fija en el factor de conexión para el conocimiento de ciertas controversias administrativas denominadas conexas, entre los cuales, como lo indica el nombre y ya se ha dicho, existe un elemento de sustancial ligazón que determina o hace indispensable el ejercicio de la respectiva acción dentro de un solo proceso, como pudiera eventualmente acontecer por la existencia de responsabilidad conjunta entre un ente de derecho público y un sujeto de derecho privado (Estado y contratista; Estado y funcionario o ex funcionario público)(8)

Sobre el mismo punto la doctrina ha indicado: 

“Aun cuando se discute la naturaleza del criterio de conexión como determinante de la competencia, lo cierto es que tiene, en lo que a sus efectos se refiere, consecuencias similares a las de los demás factores, pues sirve para indicar en ciertos casos qué juez conocerá de determinado proceso; de ahí que se acepte como uno de los factores que fijan la competencia, por cuanto se identifica con los otros cuatro en lo tocante a sus efectos prácticos dado que contribuye para efectos de adscribir el conocimiento de un proceso a determinado juez. 

“El factor de conexión encuentra su principal motivo de ser en el principio de la economía procesal, que se refleja, entre otras muchas formas, en el fenómeno de la acumulación de pretensiones y de procesos, caso en los cuales el juez competente para conocer de un proceso en el que existen pretensiones acumuladas o varios procesos que se van a acumular, será el juez que puede conocer del proceso de mayor valor, pues se aplica el conocido aforismo romano de que lo accesorio sigue a lo principal; se tendrá que lo accesorio, en este caso, es lo de menor valor. 

“Constituye también una clara aplicación del factor de conexión, como determinante de la competencia, el previsto en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, que faculta para ejecutar una sentencia al mismo juez que la profirió. Así, si un juez de circuito acoge parcialmente las pretensiones de una demanda, pretensiones que eran de mayor cuantía, e impone condena y la cifra señalada está dentro de los límites de la menor cuantía, es posible adelantar una ejecución de menor cuantía ante un juez del circuito, el mismo que dictó el fallo, por cuanto el ipso de conexión así lo permite.

“Así mismo un evento donde interviene el factor de conexión para radicar la competencia lo atinente a que el juez que conoce del proceso de sucesión también lo hará de los procesos por causa o en razón de la herencia.

“Es también desarrollo del factor de conexión las normas acerca de la denuncia del pleito y el llamamiento en garantía que permiten a determinados jueces conoceg de procesos que de haberse dado por separado no les hubieran correspondido”(9).

Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la esa jurisdicción y a otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponde jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas(10)

En este caso, la entidad y el hecho por el que se demanda son los mismos; además, tanto en el caso del trabajador, como en el de los demás demandantes, las pretensiones son indemnizatorias, a pesar de que la acciones para solicitarlas son diferentes. Aplicando el factor conexión, el vínculo entre esas pretensiones es lo suficientemente razonable para justificar, por razones de economía procesal, que se decidan en éste proceso la responsabilidad de la entidad demandada, tanto en su calidad de patrono del lesionado, como de entidad pública, respecto de los otros damnificados por ese daño. Por las anteriores razones no prospera la excepción propuesta por las Empresas Públicas de Pereira. 

2. Régimen de responsabilidad aplicable

En relación con el sistema de responsabilidad aplicable al caso concreto, se considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001. Manifestó la Sala en aquella oportunidad:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en Sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“...Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.(11)

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.(12) La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas actividades. En efecto, la utilización de armas de fuego ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y cuando su guarda corresponde al Estado, por tratarse de armas de dotación oficial, el daño causado cuando el riesgo se realiza, puede resultar imputable a éste último.

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(13).

La Sala ha considerado necesario presentar, previamente, estas reflexiones, que serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de la entidad demandada.

3. El caso concreto

En el expediente obran las siguientes pruebas:

a. El dictamen médico legal, realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente, informa lo siguiente sobre las lesiones sufridas por el señor Gonzalo Restrepo:

“El 17 de diciembre de 1995, sufre caída de 12 metros de altura sobre unas guaduas con trauma penetrante de glúteo izquierdo que (sic) recto, vejiga, intestino delgado y fémur, siendo intervenido en Pereira donde requirió resección intestinal y colostomía tipo Hartmann, más cistorrafía y cisitostomía con extracción de cuerpo extraño múltiples (sic). El 17 de abril de 1996, se evidenció una fístula perirrectal posterolateral por colon por enema, con área de estenosis a nivel del recto medio (fl. 28, c. 2).

Las lesiones dejaron las siguientes secuelas:

“Perturbación funcional permanente del órgano de la digestión por la colostomía presente al momento de examen y mientras permanezca con la misma; perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción por la marcha con cojera; perturbación funcional transitoria del miembro superior izquierdo por la lesión radicular de C5 que ha recuperado notoriamente” (fl. 29, c. 2).

En la aclaración al anterior dictamen, se precisa:

“La fístula perirrectal... está incluida en la perturbación funcional de órgano de la digestión... La resección de la vesícula seminal izquierda realizada le ocasiona perturbación funcional permanente del órgano de la reproducción... Las secuelas estéticas [son]: deformidad física de carácter permanente por las cicatrices ostensibles en abdomen, muslo, glúteo izquierdo, además de marcha con cojera y colostomía presente” (fls. 55 y 56, c. 2).

La historia clínica así como el resumen de la misma realizado por el Instituto de Seguros Sociales se hace idéntica descripción de las lesiones (fl. 11, c. 2, c. 3). De acuerdo con lo anterior, se encuentra demostrado el daño del cual, según lo expresado en la demanda, se derivan los perjuicios cuya indemnización se solicita.

b. Sobre la manera como sucedió el incidente, el señor José Wilson Valencia, jefe de la cuadrilla de la sección de energía a la que pertenecía el afectado, relató lo siguiente:

“Yo estaba laborando en la avenida sur cerca de Mercasa haciendo un traslado de línea del pueblito paisa, conectándolo al circuito tres cuba. Yo ordené a Gonzalo Restrepo que se fuera para el frente con otros dos trabajadores, Ángel María López y Rodrigo Betancur, llevaron manilas y machetes para revisar el poste en el cual se iba a subir. Ellos hicieron la operación como se les dijo. Él [Gonzalo Restrepo] se subió, soltó una línea lateral y al soltar la tercera línea, el poste se reventó y ahí fue cuando ocurrió el accidente y el poste se fue al suelo. Yo me encontraba a 200 metros del poste. Cuando corrimos a prestarle auxilios él se encontraba con el poste sobre una pierna y lo sacamos a la carretera y en un carro que estaba cerquita de empresas lo trasladamos al hospital Cuba. Luego a las tres de la tarde lo trasladaron al Seguro Social” (fl. 18, c. 1).

El señor Ángel María López Henao, obrero de la división de energía de la entidad demandada, dijo:

“Yo estuve presente en el momento del accidente. Llegamos al sitio de trabajo, se revisó el poste, pues no se le encontró nada y él [Gonzalo Restrepo] se colocó su equipo de trabajo, el cinturón, todos los elementos para trabajo en altura y se subió, se acomodó encima del crucero, que es donde van las líneas amarradas y luego se ligó y amarró con el cinturón al poste y después de estar seguro del trabajo a realizar, procede a soltar las líneas. Él suelta la primera línea, luego suelta la segunda y al soltar la última línea, gira el poste y se va al suelo con él. Al soltar la última línea, se reventó esa línea y gira el poste y luego cae al suelo. Eso fue lo que yo vi… El poste se revisó común y corriente” (fl. 20, c. 2).

Otro de los testigos presenciales, Fabio Delgado Moreno, obrero de Empresas Públicas de Pereira, refirió lo siguiente:

“…Gonzalo se va para el poste del filo donde había que soltar la línea Gonzalo revisa la pata del poste, lo maquea, lo sacude, el poste no muestra que tenga nada, está bueno, está fino... Gonzalo se sube... suelta las líneas de los lados, dejó la línea de en medio de último para soltarla cuando Gonzalo suelta la última línea el poste le hace este movimiento que eso es normal que un poste le haga a uno esto, o sea que se balancee hacia los lados. Cuando él viene a este lado no se devuelve sino que se va o sea el poste, de los que estábamos abajo yo fui el que lo vi caer y le avisé a los compañeros que estaban en la vía... Es un trabajo que uno hace como normal y como empleados de la empresas públicas trabajando en una jornada normal” (fl. 48, c. 2).

El señor Jaime Aguilar Torres, otro miembro de la cuadrilla de trabajo, expuso:

“… Sobre los hechos él [Gonzalo Restrepo] realizó una zafada de una línea primaria en Pereira, él llegó cogió el cinturón y lo que se necesita para trabajar un primario, él miró el poste por toda parte, lo vio bien, más sin embargo lo templetió con manila para evitar una caída, se subió, zafó dos líneas cuando zafó la última línea el poste se reventó profundo y se fue al suelo porque la línea última estaba teniendo ese poste, cuando cayó fuimos a recogerlo y a desamarrarlo porque estaba amarrado con el cinturón donde ya estaba ya con la pierna destrozada, eso ocurrió hace como un año y fue en una curva que hay en la avenida sur de Pereira” (fl. 52, c. 2).

El señor Rodrigo Betancourt, electricista de Empresas Públicas de Pereira, relató el episodio de la siguiente forma:

“En el momento del accidente me encontraba a unos siete metros del poste donde él [Gonzalo Restrepo] está trabajando, cuando él al estar terminando de retirar la última línea del poste, el poste giró y se cayó al suelo y en ese momento fuimos a recoger al compañero...Lo que yo vi fue que con la última línea que se aflojó, el poste giró y cayó al suelo, pues al retirar las líneas que estaban sosteniendo el poste, el poste se cayó al suelo causándole los perjuicios al compañero Gonzalo” (fl. 22, c. 2).

El señor Álvaro López Ocampo, conductor de la división de energía de la demandada, manifestó:

“… el señor cayó, cuando quitaron dos líneas, como había otro tramo de líneas por quitar, el poste giró y en ese momento se vino el poste con Gonzalo que estaba encima y ahí fue el alboroto y el accidente. Yo me movilicé en camión para ayudarlo, pero ya otro compañero en otro vehículo lo estaba ayudando y lo traslado al hospital de cuba donde le prestaron los primero auxilios” (fl. 19, c. 2).

El propio afectado, Gonzalo Restrepo, contó lo siguiente:

“Me dijo el jefe de cuadrilla señor Wilson Valencia: “necesito que se suba a ese poste y me desarremache esas líneas”. Yo pedí un cinturón, una manila, un alicate y unos linchones. Al llegar allá miré el poste alrededor y el poste se veía bueno, de la raíz de la tierra hacia arriba. Yo me subí al poste, desarremaché la primera línea sin problema, luego desarremaché la segunda línea y al safar (sic) la otra, el poste viró y se fue a lona (sic), cayendo encima de una estaca de una caña brava...” (fl. 16, c. 2).

c. Sobre las precauciones tomadas para realizar la tarea encomendada, Álvaro López Ocampo manifestó:

“En el momento en que Wilson le dio la orden, Gonzalo solicitó los cinchones, cinturón y alicate y manila también. El poste tenía rienda, estaba firme en ese momento y procedió a hacer la labor encomendada. Por rienda se entiende un templete, o sea, un cable de acero lateral que sostiene el poste y el cable esta pegado al suelo...Estaba trabajando normalmente, como lo hacen todos, es decir, se subió en los cinchones, aseguró el cinturón, procedió a quitar los cables. Se subió encima del ángulo y comenzó a quitar los cables normalmente como todos lo hacen” (fl. 19, c. 2).

Rodrigo Betancourt describió precauciones similares:

“Cuando nosotros subimos con el compañero Gonzalo Restrepo, llevábamos un machete con el cual se revisó el poste a ras de piso, fuera del machete se llevaban los implementos que él necesitaba para trabajar, como son: cinturón de seguridad, pretales, manila y alicate. Se tomaron todas las medidas pertinentes de seguridad que son: revisar el poste, Gonzalo Restrepo se colocó sus implementos necesarios y subió a revisar su trabajo. Los pretales se utilizan para poder subir por el poste, son como una manilas con unos cinchos” (fl. 22, c. 2).

Las mismas precauciones describió Jaime Aguilar Torres:

”Si se quedan unas prevenciones que consisten en mirar primero el poste como se encuentra, la seguridad del cinturón que lo tenía, la herramienta completa, que se encuentra en un estado normal y él estaba bien en los cinco sentidos, él guardó todas esas prevenciones para que no se causara un accidente y confiado en que el poste estaba bien porque por fuera estaba bien y por lo profundo estaba sentido (sic) y ahí fue donde se dio el accidente” (fl. 13, c. 52).

d. En cuanto a las posibles causas del accidente, el declarante Wilson Valencia señaló:

“Él soltó una línea lateral de paso, suelta la del medio y al soltar un arranque que iba para una hacienda viró el poste, dio la vuelta y ahí fue donde se reventó. La línea lateral es la que se va al lado. Sobre el poste van varias líneas, la línea general y un arranque. Del arranque fue que él soltó la línea lateral. Por arranque se entiende la alimentación de un transformado (sic) o de una línea de alta tensión. Ahí fue donde giró el poste y se cayó el suelo... Todavía quedaban por zafar dos líneas, la línea del medio y la lateral izquierda. El trabajo encomendado al señor Restrepo era quitar todas las líneas que estaban sobre el poste, porque esa líneas pertenecían al circuito uno cuba y se iban a colocar en el circuito tres cuba, con ese fin se estaba haciendo la remodelación de las líneas… El poste giró al Gonzalo Restrepo ir a zafar la línea lateral derecha, se hizo presión en la línea lateral derecha al apoyarse y se reventó a cien metros de distancia más o menos y ahí fue donde viró el poste, porque las líneas están tensionadas y al romperse una se cambia la tensión” (fl. 18, c. 2) (se resalta).

Álvaro López Ocampo señaló otra razón:

“...el poste lo revisaron Gonzalo y Ángel María que estaba ayudando a Gonzalo y Rodrigo Betancourt, pero como es de madera está enterrado profundo en la tierra y estaba más podrido más abajo del nivel de la tierra, y con el jalón de la línea se cayó el poste” (fl. 19, c. 2).

El testigo Fabio Delgado Moreno agregó:

“La diferencia es que un poste de madera debería tener su ciclo de vida y eso nunca se cumple, un poste de concreto es concreto y hierro y no se lo come la tierra y la humeda (sic), el poste de madera se lo come la humedad… una línea primaria no debería existir en un poste de madera porque no brinda ninguna seguridad porque el poste de madera a la intemperie se pudre, la tierra y la humedad se lo come y es por donde normalmente se pudre o sea por la pata. PREGUNTADO: ¿En el caso concreto de acuerdo a su observación qué problemas o circunstancias pudieron haber incidido en el accidente mencionado acá? CONTESTÓ: El poste podrido donde no se podía mirar o sea que él se reventó mucho más abajo donde no se puede ver porque si yo me agarro a sacarle con la pala hay mismo se me viene encima” (fl. 49, c. 2).

Carlos Villarraga Méndez, otro de los miembros de la cuadrilla, sobre el mismo punto, respondió:

“La diferencia entre los dos postes que el de concreto con el tiempo no se pudre y el de madera si, por lo tanto por un tiempo de colocado pierde capacidad un poste de madera más o menos el 5% por año de su capacidad, mientras el de concreto pierde capacidad mientras se (sic) es golpeado (sic), el de concreto nunca se parte abajo… PREGUNTADO: ¿De acuerdo a sus observaciones en el lugar de los hechos qué problemas o circunstancias incidieron directamente para que se presentara aquel incidente? CONTESTÓ: que el poste estaba podrido” (fl. 51, c. 2).

El señor Jaime Aguilar Torres se manifestó en el mismo sentido:

“Yo creo que la causa para que se diera el accidente es la falta de que Empresas tenga una persona o empleado inspeccionando los postes de madera de manera profunda para establecer su estado. La causa para que esto se diera es que estaba el poste templado con el ángulo y la línea en sentido contrario que lo estaba sosteniendo, al bajar la línea y por tener podrida su base cedió ante el temple que hacía el ángulo y se vino a tierra...” (fl. 53, c. 2).

e. Los jefes de la sección de transmisión y de la división de energía y el subgerente de servicios de las Empresas Públicas de Pereira, en comunicación dirigida al tribunal, manifestaron que las empresas públicas prestaban el servicio de mantenimiento de las redes de energía y todos sus componentes en el área del municipio de Pereira, incluyendo la avenida Mercasa, en la entrada al lugar llamado Pueblito Cafetero, donde ocurrió el accidente del señor Restrepo. El 17 de diciembre de 1995 fue suspendido el circuito, por los trabajos de mantenimiento y remodelación que se estaban realizando en esa zona. Por el accidente ocurrido ese día no se abrió investigación interna y “aparte del poste de madera que causó el accidente el 17 de Diciembre no se ha presentado la caída de ningún otro poste en ese sector” (fl. 10, c. 2).

De acuerdo con las pruebas anteriores, se encuentra acreditado que el 17 de diciembre de 1975 el señor Gonzalo Restrepo sufrió lesiones de consideración, al caerse el poste de madera al que se había subido para desconectar unas líneas de energía primaria, del circuito llamado pueblito cafetero. De acuerdo con las declaraciones de los testigos presenciales del incidente, el afectado y la cuadrilla tomaron las precauciones necesarias antes de realizar la labor, tales como revisar la base del poste para verificar que estuviera en buenas condiciones y hacer uso de todas las herramientas que, normalmente, se utilizan para subirse a un poste y desconectar una línea. Eran tres las líneas que el señor Restrepo debía desconectar; al desconectar la tercera, de acuerdo con varios de las declaraciones, el poste dio un giro, se inclinó y cayó con el afectado, asegurado a él por el cinturón de seguridad, hacia unas matas de guadua, sufriendo heridas de consideración en la región abdominal y en los miembros inferiores.

Sobre las causas del hecho, la demandada aduce, en el recurso de apelación, el hecho exclusivo de la víctima, el cual, según su criterio, se acredita con la declaración de Wilson Valencia, jefe de la cuadrilla de trabajadores de la empresa, quien afirma que, después de desconectar las dos primeras líneas, el afectado tensionó demasiado la última, la cual se reventó, más o menos a cien metros de distancia, hizo virar el poste y éste cayó. Dicha opinión no está respaldada por ningún otro medio probatorio que permita darle credibilidad, además de que difiere de las declaraciones de los demás testigos, quienes afirman que la caída del poste se produjo porque su base estaba podrida, en la parte que estaba enterrada y, al desconectar la líneas que lo sostenían cayó al suelo. Jaime Aguilar Torres, afirma que pudo contribuir a la ruptura, el hecho de que el templete que afirmaba el poste al suelo creaba tensión opuesta a la dirección de las líneas lo que contribuyó a su caída. El mismo declarante afirma que la empresa debía realizar una labor permanente de inspección de los postes de madera, dado que su vida útil es menor a la de los postes de concreto. En todo caso, no se puede concluir con absoluta certeza sobre la causa del accidente, dado que no se cuenta en el proceso, ni siquiera, con una descripción del lugar donde ocurrió el hecho y la forma como quedó el poste, y, menos aún, con un dictamen técnico que explicara el incidente.

Aceptando, en gracia de discusión, que la causa fuera que la base del poste estuviera podrida y que no se hubiera podido detectar la falla, debe tenerse en cuenta la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, como se expresó en la Sentencia del 20 de febrero de 1989, citada anteriormente, adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa a la esfera jurídica del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño(14), cuando éste obedece a la concreción del riesgo.

Visto lo anterior, aun aceptando que la causa que dio lugar al accidente fuera la falla en la base del poste, habría que admitir que tal hecho se produjo dentro de la estructura misma de éste último, de manera que, aunque se desconozcan las causas de su ruptura, es, sin duda, un hecho interno a la actividad que con él se desarrollaba. No constituye, en estas condiciones, un hecho imprevisible y, por lo tanto, no da lugar al rompimiento del nexo de causalidad existente entre dicha actividad y el daño producido.

Así las cosas, se encuentran acreditados los elementos previstos para el régimen de responsabilidad aplicable al caso, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada, en lo que tiene que ver con su declaratoria respecto de la entidad demandada. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que Gonzalo Restrepo era trabajador de las Empresas Públicas de Pereira y el incidente se produjo con ocasión de su actividad laboral.

4. Perjuicios

Respecto de los perjuicios materiales, ordenados en la sentencia de primera instancia en favor del lesionado, es necesario preguntarse sí son acumulables a los pagos que, por concepto del accidente de trabajo, ha recibido de la entidad demandada. La Sala ya se ha pronunciado sobre el punto y ha considerado que no son acumulables. Así lo dijo en Sentencia del tres de octubre de 2002:

“Si a través de la seguridad social el patrono traslada los riesgos a otra entidad (ISS, Cajanal o administradora de riesgos profesionales) las prestaciones derivadas del accidente de trabajo tienen una naturaleza indemnizatoria y por lo tanto, en el evento de que exista culpa suficientemente comprobada del patrono constituyen un pago parcial de la indemnización plena a cargo de éste, independientemente de que le asista o no el derecho de subrogación frente al patrono, cosa que por lo demás no resultaría lógica, en tanto el asegurador se estaría volviendo contra el asegurado en un seguro de responsabilidad civil.

(…)

“Como en el caso concreto el hecho dañoso es imputable a la Nación (Fiscalía General) y esa entidad había trasladado los riesgos que pudieran sufrir sus funcionarios como consecuencia de un accidente de trabajo a Cajanal, la pensión de invalidez que ésta le reconoció al señor Juan Manuel Caro González, en su condición de empleado de la fiscalía, constituye pago parcial de la indemnización plena a cargo de la última y por lo tanto, tienen naturaleza indemnizatoria.

“Ahora bien, Cajanal le reconoció al demandante una pensión por invalidez total equivalente al 100% de su remuneración. Esto significa que cubrió totalmente el valor del lucro cesante que le correspondería pagar a la Nación (Fiscalía Nacional), pues para el cálculo de la indemnización de tal perjuicio se toma en cuenta el salario que devengaba la víctima en la época del accidente y la fecha probable de su muerte, que son los mismos factores con base en los cuales se liquidó y se pagará en este evento la pensión otorgada al demandante”(15).

De acuerdo con la jurisprudencia citada, que se encuentra en perfecta consonancia con lo prescrito en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se revocará lo pertinente a los perjuicios materiales en favor del señor Gonzalo Restrepo ordenados en la sentencia de primera instancia.

Respecto del perjuicio moral reclamado se encuentra acreditado que Gonzalo Restrepo es hijo de Alba Restrepo Osorio, de acuerdo con el registro civil de nacimiento de la notaría segunda de Pereira (fl. 5, c. 1). Así mismo, el señor Restrepo está casado con la señora María Isabel Granada, de esa unión son hijos Gonzalo y Angela María Restrepo Granada de acuerdo con registros civiles de matrimonio y nacimiento de las notarías única de La Virginia y segunda de Pereira (fls. 7 a 9 c. 1).

En cuanto a Julio César Carmona Granada, se acreditó que es hijo de María Isabel Granada, de acuerdo con el registro civil de nacimiento de la notaría única de La Virginia (fl. 6, c. 1), y se crió con el afectado; así lo afirma María Helena Aguirre Toro:

“… la familia está integrada por el señor Gonzalo Restrepo y su esposa Isabel, no recuerdo el apellido, la hija que se llama Ángela María y Julio es un hijo de crianza y Gonzalo el otro hijo, esa es toda la familia. Es una familia que se lleva muy bien. PREGUNTADO: ¿Sírvase decirnos lo que sepa acerca de Julio el llamado por usted hijo de crianza? CONTESTÓ: Yo solo oía decir que ellos, Gonzalo e Isabel, desde pequeñito lo levantaron como hijo de ellos. No conozco las circunstancias por las cuales ellos lo criaron” (fl. 23, c. 2).

La misma composición familiar describieron Martha Cecilia Valencia Grisales, Nelson Rendón Aguirre y William Herrera Valencia (fls. 24 a 26, c. 2).

En cuanto a los efectos de las lesiones en el ánimo del afectado, el mismo Nelson Rendón Aguirre manifestó:

“A Gonzalo lo conocí normal antes del accidente ahora lo veo impedido físicamente… Simplemente la vida ya no es normal. Él era un señor que salía con su familia, asistía a reuniones sociales, hacía recreación montando en bicicleta, primero por su impedimento físico y además por los daños morales que ha recibido la familia” (fl. 25, c. 2).

Lo mismo anotó Martha Cecilia Valencia Grisales:

“La familia se ha visto afectada, pienso que en todos los aspectos si se tiene en cuenta que ha dejado de ser la persona activa que hasta antes del accidente lo fue, porque en el aspecto anímico y personal el señor se siente mal, se siente cohibido para desarrollar muchas actividades inclusive el trabajo, pues sabiéndose en las condiciones en que está para él los traumas deben ser muchos y lógicamente sicológicamente se ve afectado también” (fl. 24, c. 2).

De acuerdo con las pruebas citadas anteriormente se encuentra acreditado que Gonzalo Restrepo sufrió una gran angustia y aflicción como consecuencia de las lesiones de las que fue víctima.

Respecto de los demás demandantes, según las declaraciones que obran en el expediente y demostradas tales relaciones de parentesco, alegadas en la demanda, así como la cercanía del señor Restrepo con el demandante Julio Gradana, se encuentra acreditado y puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores citados tenían un nexo afectivo importante con la víctima, lo que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, y que, por lo tanto, aquéllos sufrieron pesar por la lesiones sufridas por su hijo, esposo y padre. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso, y las declaraciones referidas, para tener demostrado el daño moral reclamado por los mencionados demandantes.

En cuanto al monto de la indemnización, conforme a lo expresado en sentencia reciente, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(16). No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que, en este caso, en la sentencia de primera instancia se condenó al pago de la suma equivalente en pesos a 300 gramos de oro para cada uno de los demandantes, que, en la fecha de esta sentencia, equivale a $ 10.483.554, equivalente a 27.48 salarios mínimos legales mensuales, y dicha decisión no fue apelada, la Sala se limitará a expresar su valor en pesos, en la parte resolutiva de esta sentencia.

Debe anotarse que, respecto de la llamada en garantía Agrícola de Seguros S.A. la sentencia de primera instancia no fue objeto de apelación por ninguna de las partes y, en una eventual consulta, la revisión del fallo se limitaría únicamente al examen de la condena contra la entidad estatal demandada. Luego no hay pronunciamiento que hacer.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la Sentencia del 28 de noviembre de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, la cual quedará así:

DECLÁRASE a las Empresa Públicas de Pereira, hoy Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, por la lesiones sufridas por el Gonzalo Restrepo en la ciudad de Pereira, el 17 de diciembre de 1995.

CONDÉNASE a las Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, a pagar a Gonzalo Restrepo, Maria Isabel Granada de Restrepo, Ángela María Restrepo Granada, Gonzalo Restrepo Granada, Alba Rosa Restrepo Osorio y Julio César Carmona Granada, por concepto de perjuicios morales, la suma de diez millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos ($ 10.483.554), a cada una de las demandantes.

CONDÉNASE a la compañía se seguros Agrícola de Seguros S.A. a pagar a las Empresas Públicas de Pereira hoy Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, la suma que ésta pague a los demandantes menos el deducible pactado del 10% con un mínimo de diez millones de pesos m/cte ($ 10.000.000) y sin que exceda del valor asegurado teniendo en cuenta las reducciones que se hayan presentado en caso de pago de otras indemnizaciones.

DENIÉGANSE las demás pretensiones de las demandas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—Alier E. Hernández Enríquez—María Elena Giraldo Gómez—Gérman Rodríguez Villamizar—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Sección Tercera, exp. 3.332. Actor: Rosa Bibiana Rodríguez vda. de Moscoso.

(2) Expediente 10.807. Actor: Martha Lucía Arango vda. de Díaz.

(3) Expediente S-247. Actor: Mélida Inés Domínguez de Medina.

(4) Cfr., Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 8 de abril de 1987, exp. 0562.

(5) Cfr., al respecto, Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sección segunda, del 2 de noviembre de 1994, exp. 6810.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 24 de febrero de 2005, exp. 15125 (R-4737), actores: Eunice Cubillos de Martínez y otros.

(7) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 30 de julio de 1990, exp. C-129.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, Auto del 15 de febrero de 1991, exp. 1.170. Sobre el mismo tema ver Auto de la sección cuarta, del 30 de marzo de 2001, exp. 11.687.

(9) Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, parte general, tomo I, Bogotá, Dupre Editores, 9ª edición, 2005, pp. 222 y 223. Ver también: Hernando Devis Echandía, Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso, tomo I, Bogotá, Editorial ABC, 14ª edición, 1996, p. 135.

(10) Ver sentencias del 4 de febrero de 1993, exp. 7.506; 25 de marzo de 1993, exp. 7.476; 12 de septiembre 1997, exp. 11.224; 30 de abril 1997, exp. 12.967.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección III, 20 de febrero de 1989, exp. 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

(12) Ver, entre otras, Sentencia de la sección III, del 16 de junio de 1997, exp. 10024.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 14 de junio de 2001, exp. 12.696, actores: José Tulio Timaná y otros.

(14) Ver sentencias del 16 de marzo de 2000, exp. 11.670, y del 19 de julio del mismo año, exp. 11.842.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del tres de octubre de 2002, exp. 14.207 (R-3007), actor: Juan Manuel Caro González.

(16) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232-15.646.