Sentencia 1996-03813 de mayo 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso: 73001233100019960381301

Nº Interno: 18.226

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Luis Ricardo Vásquez Oliveros y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte —Invías— y otros.

Referencia: Reparación directa - Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2000 por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que la demanda las demandas se presentaron los días 13 y 18 de junio de 1996, respectivamente, y la pretensión mayor, por concepto de perjuicios materiales, en cada una de ellas, supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 13’460.000(27).

2.1.2. Ejercicio oportuno de la acción.

Habida cuenta que el fundamento del recurso de alzada radica en cuestionar la decisión consistente en la declaratoria de la caducidad de la acción, la cual, según el a quo, operó respecto del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, el examen que en esta instancia se adelante de la providencia recurrida habrá de iniciar por tal aspecto.

Así pues, en garantía de la seguridad jurídica el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio de determinadas acciones judiciales dentro de un término específico fijado por la ley, circunstancia que impone a los interesados la carga de formular la demanda correspondiente dentro de dicho plazo, so pena de perder la oportunidad para hacer efectivo su derecho.

En el asunto sub examine, se encuentra cabalmente establecido que las demandas que culminaron con la sentencia que se examina fueron presentadas los días 13 y 18 de junio de 1996, las cuales estuvieron dirigidas contra la Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías - departamento del Tolima y municipio de Dolores - Tolima; no obstante, dentro del término de fijación en lista, los accionantes presentaron adición de las demandas los días 21 de agosto y 12 de septiembre de 1996, respectivamente, en el sentido de solicitar la vinculación como demandado del Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de presentación de las demandas, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores, en hechos sucedidos el 18 de junio de 1994 cuando se accidentó el bus en el que viajaban al desprenderse la banca de la carretera en el sitio denominado “Piedras Grandes”, jurisdicción del municipio de Dolores (Tolima), por manera que los actores tenían hasta el día 18 de junio de 1996 para formular las demandas correspondientes y, comoquiera que las mismas se presentaron el 13(28) y 18 de junio de 1996(29), respectivamente, forzoso resulta concluir que tales las acciones se interpusieron dentro del término previsto por la ley para tal efecto(30).

De otra parte, viene a ser necesario precisar que cuando se trata de adición de la demanda en la que se integran las partes, con nuevos demandantes o demandados —como en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala—, ésta debe presentarse observando los mismos requisitos exigidos para la demanda inicial, esto es, dentro del término de caducidad de la acción.

Así las cosas, advierte la Sala que habida cuenta que las adiciones de las demandas, mediante las cuales se solicitó la vinculación del Fondo Nacional de Caminos Vecinales como ente demandado, fueron presentadas el 21 de agosto y 12 de septiembre de 1996, respectivamente, dichas solicitudes de vinculación se formularon cuando ya había operado la caducidad de la acción respecto de dicha entidad; por consiguiente, se confirmará la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia respecto de este determinado punto.

2.2. Legitimación en la causa por pasiva.

El artículo 16 de la Ley 105 de 1993 estableció que el mantenimiento de las carreteras que se encontraran bajo la responsabilidad del Fondo Nacional de Caminos Vecinales sería asumido por la Nación a través del Ministerio de Transporte, de conformidad con los siguientes parámetros:

“ART. 16.—Integración de la infraestructura de transporte a cargo de los departamentos. Hacen parte de la infraestructura departamental de transporte, las vías que hoy son de propiedad de los departamentos; las que son hoy responsabilidad de la Nación - Fondo Vial Nacional o del Fondo Nacional de Caminos Vecinales - y que el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo ordenado en esta ley, les traspase mediante convenio a los departamentos, al igual que aquellas que en el futuro sean departamentales, las que comunican entre sí dos cabeceras municipales, así como la porción territorial correspondiente de las vías interdepartamentales que no sean parte de la red nacional; al igual que los puertos y muelles fluviales y los aeropuertos, en la medida que sean de su propiedad o que le sean transferidos. Para el cumplimiento del programa de transferencia de las vías de la Nación a los departamentos, el Ministerio de Transporte elaborará un plan gradual de transferencia de vías, de tecnología y de recursos económicos, apropiados por el Fondo de Cofinanciación de Vías creado por esta ley, de tal forma que ello les permita una eficaz administración, conservación y rehabilitación de las carreteras que reciban.

La Nación no podrá entregar responsabilidades sin la definición, apropiación o giro de los recursos necesarios. Mientras se hace la entrega, la responsabilidad del mantenimiento la tendrá la Nación. Los departamentos y los distritos podrán limitar el monto en mantenimiento de estas carreteras, a los recursos que para tal fin reciban del citado fondo” (resaltado fuera del texto original).

Con fundamento en lo anterior, se tiene que la vía en la cual se presentó el accidente era una de aquellas que se encontraban bajo la responsabilidad de la Nación - Fondo Nacional de Caminos Vecinales(31) y, por ello, hasta tanto no fuera entregada al departamento del Tolima a través del Ministerio de Transporte, estaría a cargo de esa cartera ministerial.

Ahora bien, comoquiera que la entrega de la vía al departamento del Tolima se realizó el 14 de marzo de 1995(32), tal como lo hace constar el “Acta de entrega de vías”(33), suscrita entre el liquidador del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el Gobernador del Tolima, en cuyo listado se encuentra la vía correspondiente a Dolores - San José - Ambicá - San Marcos, se impone concluir que para el momento de los hechos (jun. 18/94), su mantenimiento correspondía a la Nación - Ministerio de Transporte.

Por lo tanto, habida cuenta que la entidad responsable de realizar el mantenimiento de la vía en la cual se produjo el accidente era el Ministerio de Transporte(34) y el escrito mediante el cual se le vinculó como demandada fue presentado dentro del término dispuesto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, resulta dable concluir que el Ministerio de Transporte se encuentra legitimado en la causa por pasiva para responder patrimonialmente respecto del daño antijurídico por cuya indemnización se demandó, claro está, si el recuento probatorio permite arribar a dicha conclusión, por manera que la sentencia de primera instancia será modificada en ese especifico aspecto.

De otra parte, en cuanto a decisión consistente en declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Invías, del departamento del Tolima y del municipio de Dolores, la Sala advierte que toda vez que —bueno es reiterarlo—, el mantenimiento de la vía en la cual se produjo el accidente correspondía, únicamente, al Ministerio de Transporte, la única decisión procedente en este caso es la de negar las pretensiones de la demanda formulada respecto de las demás entidades demandadas.

Al respecto, cabe recordar lo dicho por la Sala en tal sentido, a saber:

“La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”(35).

2.3. Régimen de responsabilidad aplicable.

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, resulta necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera como se estructuraron en aquella las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la administración.

Advierte la Sala que en el caso en estudio la parte actora estimó que el daño irrogado devino de una falla del servicio imputable a la administración pública demandada, toda vez que no realizó labor alguna de mantenimiento, ni mucho menos se efectuó señalización de peligro y/o precaución para evitar la ocurrencia de accidentes, como el acaecido en el presente asunto; a lo cual agregó que la construcción de la vía se había realizado de forma defectuosa, pues solamente tenía 4.80 mts., de ancho, cuando lo reglamentario exigía que tuviese 6.40 mts.

A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, la parte demandante estructuró su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio, régimen que supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda tanto la acreditación del daño, como de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración.

La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(36).

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(37), así, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(38).

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(39).

No puede dejar de ver la Sala que las obligaciones que están a cargo del Estado —y cuya desatención pudiera dar lugar a la configuración de una falla—, deben mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño por el cual se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo, todo ello en un marco de razonabilidad frente a lo posible en cada caso. Por ello se ha precisado que:

“No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la [A]dministración de [J]usticia, debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance”(40).

Como se aprecia, la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta, ajena a la realidad del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad administrativa de la administración pública al momento de producción del daño.

Con fundamento en lo anterior, debe la Sala establecer si en el presente asunto se configuraron y/o se acreditaron los elementos para declarar la responsabilidad de la administración por una falla en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso relativos a la correcta construcción y mantenimiento de una vía pública, lo cual habría ocasionado el hecho dañoso que fundamentó la presente acción indemnizatoria.

2.4. Hechos probados.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

Del material probatorio allegado al proceso y susceptible de valoración, se puede tener por establecido que los señores Ulpiano Ortigoza Matta, Laura María Matta Castro, Liria Inés Montero Torres y Germán Hernández Avila murieron en un accidente de tránsito ocurrido el 18 de junio de 1994(41), cuando se movilizaban en un bus de servicio público, en la vía que de Dolores conduce a San José (Tolima) y que, en esos mismos hechos, los señores Luis Ricardo Vásquez Oliveros, Esther Julia Serrato, Alberto Verdugo Firigua y Adolfo Arévalo resultaron lesionados(42).

Establecida la existencia de los daños antijurídicos, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto tales daños le pueden ser atribuidos a la administración pública demandada y, por lo tanto, si constituye deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

Ahora bien, para establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de ese hecho dañoso, se allegaron al proceso, únicamente, los siguientes medios de prueba:

— Sobre la forma en que sucedió el accidente, obra copia auténtica del informe de Policía sobre el accidente de tránsito de fecha 18 de junio de 1994, en el cual se consignó la siguiente información:

“… siendo las 15:00 horas aproximadamente en el Comando de la Estación de Policía Dolores, se recibió la información de que en la vía que de Dolores conduce a la vereda San José jurisdicción de este municipio, se había presentado un accidente de tránsito donde al parecer habían fallecido varias personas; en vista a lo anterior me trasladé al lugar antes indicado en compañía de un personal de agentes, donde en el kilómetro 3 aproximadamente vía Dolores San José se pudo establecer que se trataba del accidente de un bus afiliado a la Empresa Coomotor, que cubría la ruta Dolores San Emilio, marca Dodge 600, modelo 1973, color rojo-amarillo y azul, de placas VXA-371, número interno 247, de propiedad y conducido por el señor Alberto Garcia Herrera, identificado con la c.c. 4.898.498 de Colombia - Huila, 36 años de edad, soltero, conductor, 5º Primaria, natural de Colombia - Huila y residente en Neiva Huila, pereciendo en el accidente varias personas y resultando heridas otras más, móviles del accidente al parecer daño de la banca de la carretera en momento en que el bus daba vía a otro vehículo, según versión del conductor.

“El vehículo en el lugar del accidente rodó 100 metros aproximadamente, quedando los cadáveres y heridos dispersos por el sitio, los heridos fueron trasladados al Hospital de esta localidad donde se prestaron los primeros auxilios, siendo necesario el traslado de unos de estos a otros centros asistenciales debido a su gravedad”(43) (se ha resaltado).

En ese mismo informe de Policía se realizó el croquis del accidente, en el cual se hizo constar que la carretera donde ocurrió el accidente era una vía semicurva y el ancho de la misma era de 4.80 metros; que no tenía señalización alguna; que existía una piedra de gran tamaño y una alcantarilla, pero se encontraban por fuera del tramo de la vía, a unos 9 metros del lugar del accidente del bus. Finalmente, advierte la Sala que no se dejó constancia alguna sobre desprendimiento alguno de la banca de la carretera y, menos, que esa hubiere sido la causa del accidente.

Ahora bien, en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales habría ocurrido el referido accidente de tránsito, obra el testimonio rendido por el señor Alberto García Herrera, conductor del vehículo accidentado, quien manifestó que el siniestro se produjo debido a que el terreno cedió y se vino abajo; señaló, además, que el cupo de la buseta era excesivo en razón de las circunstancias especiales de aquel día. Al respecto, resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Ese día siendo las nueve y treinta de la mañana, salí del terminal de Neiva con destino a Dolores, Santana, San Emilio. Llegué a las dos de la tarde a Dolores y salí faltando veinte minutos para las tres con destino a Santana, San Emilio y a diez minutos de Dolores me encontré con un campero que viajaba en sentido contrario, y por ser angosta la carretera yo me orillé para darle campo ya que el carro del sentido contrario venía subiendo, y al orillarme se cedió el terreno. Inmediatamente el bus se precipitó al abismo, y fue cuando ocurrió el accidente. El carro se fue cuando cedió el terreno y fue cuando dio como cuatro volantines y fue a parar a un abismo aproximado de cincuenta metros. (...). el cupo para la buseta era de 35 pasajeros sentados, y en el momento del accidente llevaba como cincuenta personas por el motivo de que como esa es la única vía de acceso hacia las veredas de Ambicá, San José y San Marcos, Santana, San Emilio y es el único carro que pasa todos los días por ese lado, carro de servicio público, la única línea que hay, y por ese día, de mercado se transportaba mucha gente, ya que si no lo hacía se quedaba de esa línea y les tocaba quedarse para el otro día. (…). En el momento de encontrarme con el otro carro y al orillarme, se cedió la banca sobre la calzada de la carretera ya que esos terrenos son huecos, estaba hueco por debajo porque antes del sitio del accidente hay una curva y en el momento de encontrarme con el carro no se vio bien la visibilidad por haber mucho monte al lado de la carretera, y por estar cubierta la misma carretera por monte y musgo y esto imposibilita mirar con detenimiento el estado en que estaba por debajo el terreno, y por ese mismo sentido fue que se cedió el terreno y fue cuando el carro se precipitó al abismo con banca y todo” (se ha resaltado y subrayado).

En relación con las características de la vía, adujo que era angosta desde la salida del casco urbano de Dolores; que tenía un ancho de “dos metros y medio”; que en el sitio del accidente había una alcantarilla angosta y más adelante una roca grande que hacía que no pasara sino un carro; que la vía no contaba con señales de tránsito que anunciaran el peligro que la anterior circunstancia imponía y adujo, finalmente, que el terreno era “deleznable”, con monte a lado y lado de la carretera, en ese sitio el tramo era bastante “gredoso, húmedo y movedizo” y que el día del accidente estaba lloviznando(44).

— Así mismo, obran en el expediente los testimonios rendidos por los señores Celio Matta González, Diomedes Matta González, Félix María Torres Ortiz, José Jair Sánchez Pardo y José de la Cruz Serrato, quienes son residentes del sector y que, al ser preguntados por las posibles causas del accidente, coincidieron en señalar que se debió al mal estado de la vía y a la falta de señalización, afirmación que formularon a pesar de que no fueron testigos presenciales de los hechos. Además de la ausencia de percepción directa de los hechos respecto de los cuales se pronunciaron, tales testigos tampoco dieron cuenta de la razón y ciencia de su dicho, ni hicieron alusión a cuál fue la fuente del mismo, amén de no tratarse de una información clara y precisa en relación con el acaecimiento del hecho, por la sencilla, pero potísima razón, de que ellos no se encontraban en el lugar de los hechos en el momento de su ocurrencia.

— En cuanto a las condiciones de la vía para el día del accidente, se tiene que la parte demandante solicitó el decreto de un dictamen pericial(45) con el fin de determinar las características de la vía, tales como la topografía del lugar, la falta de mantenimiento y señalización de la misma.

El referido dictamen fue practicado por dos ingenieros civiles quienes, previa posesión(46), rindieron su experticio mediante escrito presentado ante el tribunal a quo el 15 de septiembre de 1997(47). En dicho documento se dejó consignado que habían realizado inspección ocular al sitio en que sucedieron los hechos, advirtiendo que la vía iniciaba en el municipio de Dolores, que para ese momento se estaban realizando trabajos de rectificación y ampliación, que en el sitio del accidente se encontraba una alcantarilla sobre la cual el ancho de la vía era de 5.60 metros, que la topografía de la vía correspondía a una semipendiente, que de conformidad con lo que habían indagado esa era la única vía de comunicación bilateral entre las comunidades de Dolores, San José y Ambicá en el Tolima y San Marcos en el Huila. También dejaron constancia de la existencia del abismo por donde rodó el bus y de la inexistencia de señales preventivas en el lugar, así como de la falta de muros de contención. No se mencionó en el informe la presencia de hundimientos de banca o reparaciones en esa parte de la vía, así como tampoco determinaron la visibilidad con que pudieran contar los conductores para el desplazamiento en ambos sentidos, así como tampoco hicieron apreciación alguna a acerca de la calidad del terreno(48).

El anterior dictamen fue objeto de adición el 19 de mayo de 1998, en el que se volvió a insistir en que no existían “señales prohibitivas o restrictivas para cualquier tipo de tránsito vehicular” y que en el lugar en el que se produjo el volcamiento “no existieron obras de arte ni muros de contención o confinamiento vial”(49).

Considera la Sala pertinente señalar que la prueba pericial será valorada y tenida en cuenta sólo en los aspectos técnicos, más no en aquellas apreciaciones jurídicas que pudieron hacer los expertos, puesto que éstas se corresponden con la competencia del juez, debiendo, eso sí, destacarse que la prueba fue practicada en 1997, es decir casi tres años después de ocurrido el hecho que ha dado origen a la presente acción, y que para ese momento —para el de la práctica de la prueba— se estaban realizando trabajos de ampliación y mejoramiento.

2.5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

A partir del material probatorio aportado al proceso se puede establecer, básicamente,

i) Que el día 18 de junio de 1994 el bus de placas VXA 371, afiliado a la Empresa Coomotor que cubría la vía Dolores - San Emilio (Huila), sufrió un accidente al caer de la vía y rodar por un precipicio, resultando varios ocupantes muertos y otros más lesionados.

ii) Que la vía donde se produjo dicho accidente era una semicurva, levemente inclinada, cuyo ancho era de 4:80 metros y no contaba con señalización alguna, ni muros de contención.

iii) Que el accidente se produjo en momentos en que el referido autobús se orilló a un lado de la vía para que pudiera pasar otro vehículo que venía desplazándose en sentido contrario.

Ahora bien, estima la Sala que el material probatorio arrimado al proceso con el cual se pretende probar la responsabilidad del ente demandado por la muerte y las lesiones de las personas antes enunciadas, no cuenta con la entidad suficiente para acreditar que tales daños antijurídicos se hubieren producido —como lo afirmó la parte actora—, como consecuencia de la falta de señalización y mantenimiento de la vía en que se produjo el accidente, circunstancia que, a su vez, habría ocasionado el desprendimiento de la banca de la carretera, tal y como a continuación pasa a explicarse:

En primer lugar, advierte la Sala que respecto del desprendimiento de la banca de la vía, el único medio probatorio en ese sentido obra en el proceso es el testimonio rendido por el conductor del bus accidentado, señor Alberto García Herrera, dicho que no encuentra respaldo en algún otro medio de convicción.

Ciertamente, el croquis del accidente realizado por la Policía Nacional el mismo día del accidente, no registró la ocurrencia de dicho acontecimiento, así como tampoco se mencionó la presencia de hundimientos de banca o reparaciones en esa parte de la vía en el dictamen pericial antes transcrito, motivo por el cual forzoso resulta concluir que el aludido desprendimiento de la banca de la carretera no se presentó y, por ende, esa no fue la causa del accidente del autobús.

Así mismo, la versión del conductor del autobús en relación con el ancho de la vía (2.50 mts.) quedó desvirtuada tanto por lo registrado en el croquis del accidente —pues allí se dejó constancia que ésta contaba con 4.80 mts., de ancho, como por lo verificado en la pericial, que indicó que el ancho de la vía en el sitio del accidente era de 5.60 metros.

De otra parte, en relación con la falta de señalización sobre la vía planteada en la demanda como una de las circunstancias que habrían dado lugar al accidente, debe advertirse que aunque de la pruebas que reposan en el plenario se deduce que ciertamente la vía carecía de señales preventivas(50), lo cierto es que la falta de las mismas no fue la causa directa y eficiente del daño, pues según puede inferirse, éste se debió a que el autobús se orilló a un lado de la vía y sobrepasó el espacio disponible, cayendo al precipicio. En otros términos, no hay lugar a afirmar que la falta de señalización en la vía tuviera la incidencia —material y jurídica—(51), suficiente y necesaria para haber producido el daño por el que hoy se reclama.

Así las cosas, considera la Sala que no existe prueba en el plenario que permita concluir que la administración pública demandada hubiese incurrido en irregularidad, la cual hubiere estado relacionada de forma directa con la producción del daño irrogado a los actores, pues —reitera la Sala— que si bien era una vía destapada, pues correspondía a aquellas que comunican las veredas con los pueblos vecinos, lo cierto es que se encontraba en buenas condiciones para ser transitada y contaba con más de 4.80 mts. de ancho, no obstante que para el día del accidente se encontraba lloviznando y, por lo tanto, estaba limitada en sus condiciones de visibilidad y de tránsito, circunstancias que —desde luego— no resultan imputables al ente demandado.

De otra parte, para la Sala no puede pasar desapercibido el hecho de que el auto bus accidentado viajaba con sobrecupo, circunstancia con la que trasgredió la prohibición contenida en el Código Nacional de Tránsito vigente para la época, según la cual “los vehículos de servicio público no podrán llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito o en la tarjeta de operación” y que pudo influir en el fatal resultado.

Así las cosas, para la Sala se presenta en este caso una clara ausencia o imposibilidad de imputación, comoquiera que los daños por cuya indemnización se demandó, de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso, sólo pueden ser atribuidos a una causa y/o fuerza extraña, en relación con la cual pueden entenderse configurados los tres elementos necesarios para establecer la ocurrencia de las aludidas eximentes de responsabilidad: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad jurídica del hecho dañoso para la autoridad accionada.

Por consiguiente, al encontrarse acreditada la causa y/o fuerza extraña, resulta jurídicamente imposible estructurar la imputación jurídica en contra de la entidad demandada, elemento este indispensable para deducir responsabilidad extracontractual al Estado que se ha deprecado.

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga(52) probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir tan lamentable hecho al ente público demandado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda.

2.6. Condena en costas.

Habida cuenta de que la sentencia de primera instancia condenó en costas a la parte actora al haber declarado próspera la excepción de caducidad de la acción y que dicha decisión será modificada, estima la que, como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, en esta oportunidad se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 11 de febrero de 2000, la cual quedará así:

1. Declarar de oficio la excepción de caducidad de la acción, en lo que respecta al Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

3.(sic) Negar las pretensiones de la demanda que hacen parte de la presente acumulación, de conformidad con las razones plasmadas en la parte motiva de esta sentencia.

3. Sin condena en costas.

SEGUNDO:(sic) Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(27) Decreto 597 de 1988.

(28) Fecha de presentación de la demanda en el proceso 13813.

(29) Fecha de presentación de la demanda en el proceso 13840.

(30) Artículo 136 Código Contencioso Administrativo.

(31) Según el artículo primero del Decreto 2128 de 1995, el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, “es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte” y, por lo tanto, las obligaciones que le habían sido asignadas fueron asumidas por ese ministerio. Así lo certificó el subdirector de caminos vecinales mediante comunicación VCV-013502 de 16 de junio de 1995, visible a folio 5, cuaderno 6.

(32) Folios 294 a 298, cuaderno 6, documentos correspondientes al acta de entrega y el listado de las vías entregadas entre las que figura Dolores-San José-Ambicá-San Marcos.

(33) De conformidad con la información suministrada por el municipio de Dolores mediante el Oficio SP. 036 de 25 de junio de 1997, “la entidad responsable de la conservación, sostenimiento y mantenimiento de la vía San José - Ambicá es el departamento del Tolima” por ser una vía de orden secundario y haberle sido entregada por el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, visible a folio 10, cuaderno 6.

(34) Para el 18 de junio de 1994 el mantenimiento de la vía que de Dolores conduce a San José era ejecutado por el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, entidad adscrita el Ministerio de Transporte según el Decreto 2128 de 1995, pues la vía fue trasferida al departamento del Tolima en 1995.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, expediente 16.428, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(36) Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(37) Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.

(38) Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14.787.

(39) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 14.880.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente 9.940, M.P. Jesús María Carrillo.

(41) De conformidad con los respectivos registros civiles de defunción, las acta de levantamiento de cadáver y los protocolos de necropsia, visibles a folios 1, 18, 23 y 24; 59 cuaderno 1 y 11 cuaderno 6; 17, 26 a 30 y 35 cuaderno 6; 18, 32 y 227 cuaderno 6.

(42) Así se hizo constar en las historias clínicas y la certificación expedida por el Hospital San Rafael de Dolores Tolima visibles a folios 17, 38, 41 a 46 y 59 cuaderno 6.

(43) Folio 200, cdno. 3.

(44) Folios 143 a 149, cdno. 6.

(45) Folios 83 y 84, cdno. 1, 46 y 47, cdno. 3.

(46) Folios 232 y 255, cdno. 1.

(47) Folios 183 a 185, cdno. 6.

(48) Folios 183 a 185, cdno. 6.

(49) Folio 256, cdno. 6.

(50) Al respecto, el Código Nacional de Tránsito y Transporte vigente para esa época —Decreto 1344 de 1970—, definía en forma genérica la señal de tránsito como el dispositivo o marca especial “que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías”; determinó también que las señales de tránsito preventivas “tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste”, y le atribuye a toda persona que tome parte en el tránsito como conductor o peatón la obligación de comportarse de manera que no incomode, perjudique o afecte a los demás.

(51) Respecto de la imputación como elemento de responsabilidad del Estado, en casos similares al que hoy se analiza, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido:

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños, el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia”. Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, expediente 17.405, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(52) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem, pág. 406.