Sentencia 1996-05465 de febrero 9 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 500012331000199605465 01

Expediente: 18757

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: María Gilma Rodríguez y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa.

Referencia: Apelación sentencia. Reparación directa.

Bogotá, D.C., febrero nueve de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 23 de mayo de 2000, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

Para estos efectos, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por la muerte del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez.

1. Las pruebas obrantes en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron, en el proceso, los siguientes elementos probatorios:

• El Hospital San Juan Bosco de Vista Hermosa, mediante Oficio 117 del 15 de mayo de 2007 allegó copia de los siguientes documentos:

— Historia clínica del soldado Leonardo Betancourt Rodríguez (fls. 76-78, cdno. 1).

— Protocolo de necropsia practicado por el Instituto de Medicina Legal, seccional Meta, el cual arrojó las siguientes conclusiones:

“Cadáver de sexo masculino, edad aparente 20 años, longilíneo de aproximadamente 65 kg de peso, 1.68 mts de estatura, quien presenta múltiples heridas de bordes irregulares e invertidos en glúteos, los cuales causan amplia destrucción de músculos glúteos. Herida de bordes irregulares invertidos en muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Amputación de segunda y tercera falange, tercer dedo mano izquierda. Amputación de la tercera falange quinto dedo mano izquierda. Amplio compromiso en mano izquierda con múltiples heridas de 0.5 -1 cm bordes irregulares invertidos con huella de tatuaje. Laceración lóbulo temporal izquierdo. Coágulos sanguíneos en ventrículos cerebrales. Hematomas en vísceras abdominales.

La muerte de quien en vida respondió a Leonardo Fabio Betancourt, fue consecuencia natural y directa por el compromiso cerebral y las múltiples lesiones en vísceras causadas por proyectil de arma de fuego y onda explosiva. Heridas consideradas de naturaleza simplemente mortal” (fl. 80, cdno. 1).

— Acta de levantamiento del cadáver, practicada por el inspector municipal de policía en la cual se dejó constancia que la muerte del soldado Leonardo Betancourt Rodríguez se produjo el día 8 de mayo de 1994 como consecuencia de las heridas sufridas por una explosión, en hechos ocurridos en la base militar de Vista Hermosa, Meta (fl. 81, cdno. 1).

• Original del certificado de defunción del señor Leonardo Betancourt Rodríguez, expedido por el registrador municipal de Vista Hermosa, el cual indica que su muerte se produjo el 8 de mayo de 1994, a causa de “laceración cerebral y por onda explosiva” (fl. 138, cdno. 1).

• Mediante Oficio 1751 del 5 de junio de 1997, el jefe de la división archivo general del Ministerio de Defensa remitió copia de los siguientes documentos:

— Informativo administrativo por muerte elaborado el 18 de mayo de 1995 por el comandante de la unidad, en el cual se consignó lo siguiente (fl. 113, cdno. 1):

“El día 8 de mayo de 1994 a las 01:00 horas aproximadamente el soldado voluntario Betancourt Rodríguez Leonardo, orgánico de la Compañía Tenerife del Batallón de Contraguerrillas Nº 19 “Cacique Tolima”, al mando del señor CT. Malaver Martínez Álvaro Jhon, se encontraba cumpliendo misiones de seguridad en la base militar de Vista Hermosa Meta, cuando a la hora en mención se escuchó una explosión en el sector en donde se encontraba cambuchando dicha unidad fundamental, y al verificar esta situación se constató que se encontraba herido por esquirlas de granada el SLV. Betancourt Rodríguez Leonardo, a quien se procedió la aplicación de los primeros auxilios y de inmediato fue evacuado al hospital del municipio de Vista Hermosa en donde posteriormente falleció, que de acuerdo al artículo 8º Decreto 2728 de 1968, la muerte del soldado voluntario Betancourt Rodríguez Leonardo ocurrió en el servicio pero no por causas y razón del mismo, no fue por acción directa del enemigo”.

— Expediente prestacional Nº 4488 del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez en el cual consta que al momento de los hechos tenía el grado de soldado voluntario (fls. 115-117, cdno. 1).

— Resolución 9498 del 12 de octubre de 1995 expedida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se reconoció y ordenó pagar a los señores Solmar Betancourt y María Gilma Rodríguez la suma de $ 5'703.291,20 por concepto de las prestaciones sociales consolidadas por el fallecimiento del soldado voluntario del Ejército Nacional (fls. 129-131, cdno. 1).

— Documento por medio del cual se acreditó el pago de un seguro de vida por la muerte del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez a favor del señor Solmar Betancourt, por un valor de $ 3'872.000 (fls. 103-104, cdno. 1).

• En Oficio 208 BRIM 1 J47 IPM 749 el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar del Ejército Nacional, remitió copia auténtica de las diligencias preliminares Nº 110 iniciadas con ocasión de la muerte del soldado voluntario Leonardo Betancourt Rodríguez, las cuales constan de los siguientes elementos probatorios(3):

— Informe de la muerte del soldado voluntario Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez elaborado por el comandante del batallón C/G, en el cual relató lo siguiente:

Siendo aproximadamente la 01:20 horas del día 08-mayo-94, encontrándose la compañía “Tenerife” en el PDM del Co-4 ubicado en Vistahermosa (Meta), se escuchó una explosión en la parte occidental de la base militar. Al verificar la causa de la explosión se encontró al SLV. Leonardo Betancourt Rodríguez, herido de gravedad por las esquirlas producidas por el estallido de una granada.

Se procedió a prestársele los primeros auxilios por cuanto aún presentaba signos de vida y posteriormente trasladado al hospital de la localidad en donde recibió atención médica hasta las 04:00 horas aproximadamente, hora en que murió.

En el lugar donde ocurrieron los hechos estaba ubicada la CP. “Tenerife” y en el momento se encontraba el SLV. Gallego Gallego Raúl levantado haciendo una necesidad fisiológica cerca de la hamaca donde dormía el SLV. Betancourt Rodríguez Leonardo, quién no escuchó ni observó nada extraño antes de la explosión. El SLV. Gallego se encontraba a unos cinco metros del SLV. Betancourt Rodríguez Leonardo.

El SLV. Barragán Martínez Orlando, quien se encontraba de centinela a esa hora y cerca de los hechos, tampoco observó ni escuchó nada antes de la explosión.

La mayor parte de las esquirlas que penetraron al cuerpo del SLV. Betancourt, fueron por el lado izquierdo, en la pierna, brazo y en la cabeza”.

— Declaración rendida por el soldado voluntario Libardo Nelson Enríquez López:

“Eso fue el día domingo ocho de mayo de este año, a la una y veinte de la mañana aproximadamente, yo me encontraba en mi cambuche descansando cuando sentí la explosión, de inmediato me tiré al piso y cogí el armamento de dotación y busqué protección cerca de un árbol pensando que era un hostigamiento por parte de la guerrilla, en igual forma los soldados reaccionaron haciendo el mismo ejercicio, ordené que nadie disparara hasta ubicar de dónde provenía el fuego o el ataque, esperé un tiempo prudencial, estaba lloviendo fuertemente, por la parte de abajo alguien me gritó “mi primero el soldado Betancourt se mató”, pero no alcancé a distinguir quién me decía, de inmediato me desplacé hacia el cambuche del soldado Betancur(sic) y efectivamente comprobé que había estallado una granada y el soldado se encontraba en el piso, yo lo vi inicialmente muerto, de inmediato me desplacé a informarle a mis superiores, a mi mayor Urrego, cuando bajé con mi mayor, el enfermero estaba atendiendo al soldado lesionado y quien al parecer tenía vida aún y le pusieron suero, le prestaron los primeros auxilios y fue trasladado de inmediato al hospital de acá de la población donde falleció. No más. Preguntado: Diga al despacho a qué distancia aproximada se encontraba usted del cambuche del soldado occiso al momento de la explosión. Contestó: Por ahí a unos cuarenta metros. Preguntado: Diga al despacho a qué atribuye usted esa muerte violenta del soldado Betancur. Contestó: Para mi él se suicidó, desconozco las razones que haya tenido, a pesar de que llevábamos buenas relaciones y nunca me enteré de que tuviera algún problema. (...) Preguntado: Diga al despacho si usted tiene conocimiento de que el occiso hubiese consumido bebidas embriagantes esa noche del siete de los cursantes. Contestó: Esa noche a las ocho de la noche se hizo la recogida normal y ese soldado estaba sin tragos”.

— Declaración rendida por el soldado voluntario Raúl Gallego Gallego:

“Pues yo estaba durmiendo acá en la base como a eso de las 01:20 horas del domingo, yo estaba echando una miada y escuché una explosión fuerte yo quedé como quieto ahí y a los dos minutos me di cuenta que el ruido venía del cambuche del soldado Betancourt, entonces fuimos a mirar y lo vimos herido por todo el costado izquierdo, la pierna, aunque yo no me arrimé directamente ahí le prestaron los primeros auxilios y a los cinco minutos se lo llevaron para el hospital y se sabe que allá falleció como a las 04:00 horas, eso es todo lo que sé al respecto. Preguntado: Diga al despacho si le conoció problemas al SL. Betancourt y cómo fue el trato que este recibió. Contestó: No, nadie tuvo problemas con él durante el año completo trabajamos bien, era el ranchero y el trato que le dieron fue normal como a los demás, tampoco sé que tuviera problemas familiares. (...) Contestó: Como a unos cinco metros, el terreno es plano, la visibilidad era nula y estaba lloviendo luego no vi a nadie cerca del sitio donde él estaba acostado. Preguntado: Diga al despacho si sabe quién tenía asignada la granada con la que se causó la muerte Betancourt. Contestó: Era de dotación de él porque son dos de mano y dos de fusil y luego se vio que le faltaba una de las de mano. Preguntado: Diga al despacho cómo cataloga usted las circunstancias de la muerte de Betancourt. Contestó: Yo creo que él se suicidó porque no fue un accidente y menos que alguien quisiera matarlo porque él no tenía problemas con ninguno (...)”.

— Declaración rendida por el soldado voluntario Orlando Barragán Martínez:

“(...) Contestó: Recibí [a] la una de la mañana del centinela y como a la una y veinte de la madrugada escuché una explosión y enseguida yo reaccioné creyendo que era un ataque de la guerrilla y esperé por ahí unos dos minutos y como no escuché nada más me fui hacia allá donde había sonado la explosión y alumbré para allá y miré el cambuche de Betancourt que estaba en el suelo y de una vez le comuniqué al resto de que él estaba herido porque yo lo vi al alumbrarlo, de ahí que ya todo el mundo corrió a prestarle los primeros auxilios y vimos que estaba vivo y entonces se trasladó acá al hospital del pueblo, eso fue todo. (...) Contestó: Por lo que yo vi cuando lo encontré así puedo afirmar que él mismo activó la granada y al pasársele revista a la dotación de él le faltaba una granada. Preguntado: Conforme a su respuesta anterior, diga al despacho por qué cree usted, o mejor a qué atribuye usted de que ese soldado se haya eliminado con esa granada. Contestó: De eso no tengo conocimiento porque él nunca, a pesar de que hablaba con él, nunca me comentó tener algún problema. Preguntado: Cómo eran las relaciones de amistad entre el soldado Betancourt y sus compañeros. Contestó: Eran buenas con todo el mundo, nunca había tenido problemas con nadie. Preguntado: Diga al despacho cómo era el trato que recibía ese soldado Betancourt por parte del personal a cuadros. Contestó: Buen trato, el mismo que recibimos todos (…). Preguntado: Diga al despacho si momentos antes de la explosión usted escuchó algún ruido proveniente del cambuche del soldado Betancourt. Contestó: No escuché nada y además estaba lloviendo y estaba oscuro (...)”.

— Declaración rendida por el cabo segundo Wilson Giraldo Cárdenas:

“(...) El día 8 de mayo del año en curso aproximadamente a las 20:00 horas la compañía realizó la recogida y una hora después yo me fui a dormir junto con los soldados y aproximadamente a las 01:00 horas me despertó una explosión e inmediatamente procedí a tomar mi fusil me tendí en el piso y esperé qué era lo que pasaba, y después de un momento alguien gritó que se había matado el soldado Betancourt e inmediatamente procedí al lugar en donde se encontraba el soldado y al ver que estaba vivo le presté los primeros auxilios y lo dirigí al hospital de la localidad y aproximadamente a las 04.00 horas murió. Preguntado: Dígale al despacho si el soldado Betancourt le comentó de algún problema que pudiera tener? Contestó: En ningún momento me comentó de ningún problema que tuviera personal o familiar. (...). Contestó: Betancourt tenía buenas relaciones con sus compañeros y sus superiores, nunca tuvo discusiones con nadie dentro de la compañía. (...). Contestó: Él presentaba lesiones en el brazo izquierdo y la mano faltándole varios dedos, en la cabeza en el lado izquierdo a la altura de la oreja y gran cantidad de esquirlas en los glúteos y en las piernas. (...). Contestó: No porque en el momento en que se realizó la recogida nadie presentaba síntomas de estar embriagado. (...). Contestó: en ningún momento noté de que estuviera deprimido antes presentaba síntomas de alegría. (...). Contestó: La revista se efectúa cada hora en la noche en que ocurrió la muerte del soldado aproximadamente a unos minutos después sonó la explosión. Preguntado: Dígale al despacho como catalogó usted la circunstancia de la muerte de Betancourt. Contestó: Para mí fue un suicidio porque en esos momentos todo el mundo se encontraba durmiendo y la granada le hacía falta en la riata del soldado”.

— Providencia del 15 de julio de 1994 proferida por el Juzgado 47 de Instrucción Militar mediante la cual se abstuvo de iniciar o abrir investigación penal por no haber encontrado responsables que hubieren violado la ley penal.

“Ciertamente que de haber ocurrido los hechos en la forma como lo relatan los testigos, inequívocamente nos encontramos ante un claro caso de suicidio, hecho irrelevante a la normatividad punitiva por falta de descripción típica.

Por demás no sobra agregar que no existe hasta el momento el más mínimo asomo de sospechas para tomar otra medida distinta a la presente”.

• Declaración de la señora Dora Holguín Vallejo ante el Juzgado 2º Civil del Circuito de Tuluá, el cual fue comisionado por el Tribunal Administrativo del Meta para recepcionar los testimonios solicitados en la demanda:

“(...) Después de que avisaron lo de la muerte de Leonardo Fabio, al otro día lo trajeron, en una ambulancia del batallón y yo vi cuando llegó la ambulancia, lo bajaron y lo velaron ahí donde la mamá y esto lo sé porque yo soy vecina de ellos y asistí al velorio y al entierro, el estado de la mamá era muy mal, había mucho dolor y pena por la muerte de su hijo, los hermanos también lloraban, y el papá de él don Solmar Betancourt también estaba muy adolorido por la muerte de su hijo (...). Leonardo Fabio era muy unido con sus hermanos y con sus padres y además con los vecinos también (...) las relaciones de Leonardo Fabio con sus hermanos eran muy buenas, se llevaban muy bien, él era la mano derecha de ahí en la familia, porque él trabajaba de ayudante de construcción, le ayudaba a su abuelita, a la mamá también le ayudaba, pero yo no sé cuánto se ganaba él (...). La muerte de Leonardo Fabio les afectó mucho a los padres, a los hermanos y a la abuelita también tanto moral como espiritual, hay mucho decaimiento en todos ellos, todavía se les ve, no dejan de visitarlo allá al cementerio, la mamá y la abuela permanecen muy enfermas debido a la muerte de Leonardo Fabio, dicen que lo ven por ahí y esto lo sé porque ella me cuenta hay mucha nostalgia por la pérdida de un ser querido y nadie puede llenar ese vacío (...). Yo nunca me llegué a dar cuenta de que Leonardo Fabio hubiera dicho a alguien por ahí de que se quería quitar la vida, antes por el contrario Leonardo Fabio quería era salir adelante, para ayudarle a la familia (...)”.

• Declaración rendida por la señora María Lidelia Claros Céspedes ante el Juzgado 2º Civil del Circuito de Tuluá:

“(...) Preguntada: Sírvase decirnos si usted conoce al señor Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez (...) Contestó: Yo lo conocí a él ahí mismo en el barrio Playas de esta ciudad, desde hace ocho años y el motivo porque somos vecinos, digo que lo conocí porque él ya murió, en una emboscada que le hicieron allá en el departamento del Meta, siendo él un soldado profesional (…) a ellos les pagaban allá, él Leonardo Fabio tenía sus mensualidades, más o menos en ese tiempo recibía como unos $ 200.000 pesos mensuales (...) había mucho dolor, angustia por la pérdida del hijo tanto de los padres María Gilma Rodríguez y Solmar Betancourt y la abuela María Edelmira Rodríguez y de los hermanos que son Gladys, Enith Betancourt, Sandra Patricia Betancourt, Julio César Betancourt, Solmar Betancourt estos son los que yo conozco, todos ellos lloraban y se lamentaban por la pérdida de su hijo, nieto y hermano porque él era muy buen hijo, las relaciones entre los padres eran excelentes, lo mismo que con la abuela le compartía todo y las relaciones con los hermanos era también muy buena, les ayudaba económicamente, a todos ellos les daba un poquito y esto lo sé porque soy vecina de ellos y la mamá de ella me contaba las cosas. Los afectó mucho pero harto, tanto moral como espiritualmente, porque todos ellos adoraban a Leonardo y la pérdida ha sido muy grande porque no han podido llenar ese vacío del ser querido que se fue, porque él les ayudaba a todos (...). A él a Leonardo Fabio, nunca yo le llegué a oír de que se iba a quitar la vida, antes por el contrario se le veían esas ganas de vivir, de salir adelante, que él quería ser alguien en la vida (...)”.

2. El régimen aplicable.

En los casos en los cuales un miembro de la fuerza pública sufre un daño en cumplimiento de sus funciones, la Sala ha sostenido que quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares voluntarios, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros(4), como ocurre en el caso concreto.

En relación con los daños padecidos por los miembros de las Fuerzas Militares, que se salen de la órbita de los riesgos propios del servicio, la Sala ha dicho(5):

“... quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, asuman los riesgos inherentes a la misma actividad y están cubiertos por el sistema de la indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para el accidente de trabajo o en las previsiones especiales que cobijan a los conscriptos. Sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido en los siguientes eventos:

“a) Por falla del servicio. A este respecto, dijo la Sala Plena en sentencia del 13 de diciembre de 1983, expediente 10.807:

“1. La doctrina, en el caso de accidentes sufridos por agentes del Estado ha sostenido como norma general que la víctima no puede pretender más reparación de los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral. La aplicación de esta regla llamada “Forfait de la pensión” naturalmente hace referencia a los daños sufridos por un funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común. Por esta razón, el régimen de prestaciones suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así al asumir mayores riesgos profesionales se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio se cumple, no sólo destinando un régimen de mayores prestaciones dados sus riesgos especiales sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. En principio el régimen de indemnizaciones refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufrida por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito.

“2. No obstante cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio, sino que han sido causadas por falla del servicio, el funcionario, o el militar, en su caso, que las sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud...

“Ejemplos típicos de esta situación se presentan en todos los casos en que el accidente se produce por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente tales como el militar que perece al cruzar un puente en construcción, sin señales de peligro o aquel que muere víctima de un agente de policía ebrio en horas de servicio y cuando el militar no interviene en el operativo sino que cruza accidentalmente por el lugar. También se dan los casos en que los hechos exceden los riesgos propios de ejercicio: tal es el caso del militar que perece en accidente de tránsito debido a falta de sostenimiento del vehículo oficial que lo transporta, o el militar que perece en accidente de avión debido a que éste fue defectuosamente reparado por el servicio de mantenimiento. En todos estos casos la actividad propia del militar no juega ningún papel y su no indemnización plena rompería el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

“Este principio es fundamental: todo ciudadano es igual a los demás frente a la ley. El principio constitucional que ordena al Estado proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y sobre el cual se fundamentan las acciones indemnizatorias según reiterada jurisprudencia de esta corporación, deben cubrir por igual a quien desempeña una función de servicio público como a quien es un simple ciudadano y no devenga sus ingresos del erario público. No sería justo que la calidad de servidor público prive a un ciudadano del derecho de recibir la protección propia del Estado y de ser indemnizado por las fallas del servicio, bien por acción o bien por omisión”.

“b) Cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. Ha considerado la Sala que cuando se expone al funcionario a un riesgo mayor se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas y hay lugar a la indemnización plena o integral de los perjuicios causados. Así, en providencia del 3 de abril de 1997, expediente 11.187, se precisó:

“Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las Fuerzas Armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referidos a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado.

“En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las Fuerzas Armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común” (negrillas adicionales).

Frente a casos como el presente en los cuales se produce un daño por la explosión de una granada y se ha condenado al Estado a título del riesgo excepcional, la jurisprudencia ha dicho:

“La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que la afectación de los derechos a la vida e integridad personal del militar profesional es un riesgo propio del servicio que prestan, como es el caso de las lesiones o muerte que se causan, por ejemplo, en combate, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, es decir, en cumplimiento de operaciones o misiones militares. De allí que, cuando ese riesgo se concreta, al Estado no se le puede atribuir responsabilidad alguna, a menos que se demuestre que la lesión o muerte deviene de una falla del servicio o de un riesgo excepcional que indique el sometimiento del afectado a un riesgo mayor que el de sus demás compañeros, con quienes desarrolló la misión encomendada.

“En este caso, de acuerdo con la prueba obrante en el proceso, se concluye que, efectivamente, el día 17 de marzo de 1992, el soldado voluntario Uriel Jiménez Preciado murió como consecuencia de las heridas que le produjo la explosión de una granada para mortero de 60 mm., hecho ocurrido cuando otro soldado colocó en el suelo el equipo de campaña en el cual se hallaba dicho artefacto. En estas condiciones no es posible considerar que la muerte del soldado resulta inherente al riesgo asumido debido a su vinculación voluntaria a las Fuerzas Armadas, puesto que se trata de una situación que no corresponde a las condiciones normales de prestación del servicio.

“De allí que, el daño resulta imputable a la entidad demandada a título de riesgo excepcional, teniendo en cuenta que fue causado por la acción de un arma explosiva de dotación oficial; esta circunstancia supone la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, en virtud del cual, una vez demostrado el daño y la relación causal por parte del demandante, la entidad pública demandada sólo puede exonerarse acreditando la existencia de una causa extraña.

“En el caso que se estudia la parte actora demostró el daño: muerte del soldado voluntario Uriel Jiménez Preciado, y el nexo de causalidad: el fallecimiento del soldado se produjo como consecuencia de la explosión de un arma explosiva de dotación oficial.

“De allí que la demandante no tenía que probar la causa de la explosión de la granada; esa circunstancia debió establecerla la entidad pública demandada, a fin de demostrar la ocurrencia de una causa extraña que excluyera o atenuara la responsabilidad que inexorablemente surge en su contra, como consecuencia de la situación fáctica descrita” (resaltado de la Sala)(6).

En similares términos, la Sala, en pronunciamiento del 30 de noviembre de 2006, reiteró:

“De acuerdo con lo anterior se encuentra acreditado que el soldado voluntario Raúl Iván Correa Henao murió a causa de la explosión de una granada de fragmentación, cuando se encontraba en su habitación de la base militar Jaguas, de la unidad militar ya mencionada, aproximadamente a las 22:35 de la noche del nueve de diciembre de 1994. Sobre las circunstancias del hecho solo se tiene claro que la granada explotó encima de la cama de la habitación y que el occiso se encontraba parado al frente de ella, a uno o dos metros de distancia, lo que se dedujo de las huellas dejadas por la explosión y las heridas que presentaba el cadáver. También se encuentra establecido que, momentos antes del estallido, el cuarto se encontraba a oscuras y la puerta de la habitación cerrada, la cual fue expulsada hacia afuera al detonar el artefacto ya citado.

Debe anotarse, además, que los propios miembros de la unidad militar descartaron el suicidio del soldado Correa Henao como causa de su deceso.

Aparte de los hechos ya reseñados se desconoce por completo la causa eficiente del incidente. En efecto, el capitán Gutiérrez Sampedro, en su informe, anotó tres posibles causas: la manipulación imprudente del artefacto explosivo por parte del occiso, una falla técnica de ese armamento y, otra, que se trató de un accidente que no encuentra explicación.

(…)

De conformidad con las pruebas anteriores, se tiene que el soldado Correa Henao murió al estallar una granada de dotación oficial, en el momento en que se encontraba en su habitación descansando. Para que la entidad demandada resultara exonerada de responsabilidad, debió demostrar el hecho exclusivo de la víctima, que alegó durante el proceso, lo cual, como se vio, no está probado.

Por do anterior, la Sala encuentra acreditada la responsabilidad de la entidad demandada, con fundamento en un régimen de riesgo excepcional, aplicable en el presente caso. Se impone, en consecuencia, la revocación del fallo apelado y la declaración de responsabilidad en contra de la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional”(7).

3. El caso concreto.

De conformidad con las pruebas relacionadas con anterioridad y con los pronunciamientos que frente a casos similares han sido adoptados por la Sala, se encuentra que en este proceso debe ser resuelto con fundamento en el título jurídico del riesgo excepcional, el cual, como régimen objetivo, resulta indispensable que la entidad pública demandada, para exonerarse de responsabilidad, acredite la ocurrencia de una causa extraña.

Del caudal probatorio obrante en el proceso se encontró acreditado que el soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez, para la fecha de los hechos, tenía el grado de soldado voluntario y que su muerte se produjo el día 8 de mayo de 1994, corno consecuencia de las heridas causadas por el estallido y las esquirlas de una granada de dotación oficial, mientras se encontraba prestando labores de vigilancia dentro de la Base Militar de Vista Hermosa, departamento del Meta.

Según se consignó en el correspondiente informe administrativo por muerte, el deceso del soldado Betancourt Rodríguez “ocurrió en el servicio pero no por causas y razón del mismo, no fue una acción directa del enemigo”, es decir que tal fallecimiento no se produjo en combate, como consecuencia de una emboscada, por un ataque subversivo, en desarrollo de una operación de inteligencia o, en general, en cumplimiento de operaciones o misiones militares, situación que permite concluir que el daño ocurrió por fuera de los riesgos inherentes o propios del servicio, circunstancias que dan lugar entonces a la aplicación del régimen objetivo del riesgo excepcional.

En cuanto a la configuración de la causa de exoneración de responsabilidad alegada por la parte demandada consistente en el hecho exclusivo de la víctima, en el sentido de que, al parecer, la muerte del soldado se debió a su intención de quitarse la vida, la Sala encuentra que en el plenario no existe prueba suficiente que hubiere acreditado la causa extraña en cuestión.

Al respecto cabe mencionar que las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña; teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

«La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida»(8).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual “no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia”(9), toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación”(10), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(11) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(12). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si éste se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarte ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña, no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada”(13).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(14).

Para el caso sub examine, si bien de los testimonios rendidos ante el Juez 30 de Instrucción Militar —ante el cual se adelantaron las diligencias preliminares por los hechos materia de la presente demanda— se encuentra que todos ellos consideraron que la causa de la explosión de la granada que produjo la muerte del soldado Betancourt Rodríguez se debió a un suicidio, lo cierto es que esta sola afirmación no resulta suficiente para tener por probada esta circunstancia, por las razones que a continuación se exponen:

Ninguno de los soldados que rindieron el correspondiente testimonio estuvieron presentes en el momento en el que ocurrieron los hechos. Así el soldado Libardo Enríquez López, afirmó que se encontraba en su cambuche descansando cuando “sintió una explosión” y que luego de reaccionar creyendo que era un hostigamiento de la guerrilla, “alguien le había gritado” que el soldado Betancourt se había matado. De igual forma el soldado Raúl Gallego Gallego indicó que se encontraba durmiendo y que en el momento en el cual estaba haciendo sus necesidades fisiológicas “escuchó” una explosión y que luego de dos minutos se dio cuenta “que el estallido provenía del cambuche del soldado Betancourt”. Por su parte, el soldado Orlando Barragán sostuvo que luego de recibir de centinela a la una de la mañana, escuchó una explosión y que enseguida reaccionó “creyendo que era un ataque de la guerrilla”, luego se dio cuenta que la explosión provenía del cambuche del soldado Betancourt. Finalmente, el soldado Wilson Giraldo Cárdenas manifestó que se encontraba durmiendo y que lo “despertó” una explosión, después alguien gritó que el soldado Betancourt se había matado.

Así las cosas, si nadie estuvo presente en el preciso momento en el cual sucedieron los hechos, es decir si no se conocen ni se tienen por establecidas las circunstancias, causas y razones por las cuales la granada explotó, las afirmaciones sostenidas por cada uno de los soldados en relación con el supuesto suicidio del soldado Betancourt —sin otra prueba que las corrobore— no pasan de ser meras especulaciones que como tales no tienen la aptitud de generar convencimiento a la Sala de que en efecto la causa de la explosión del artefacto hubiere sido la intención del propio occiso de quitarse la vida.

Aunado a lo anterior, todos los soldados declarantes de forma conteste y uniforme, cuando se les preguntó acerca de las razones por las cuales creían que el soldado Betancourt Rodríguez se habría suicidado, dijeron que desconocían esos motivos comoquiera que el occiso mantenía buenas relaciones con sus superiores y demás compañeros, que nunca tuvo discusiones con nadie por dentro o por fuera de la compañía y que, en general, no tenía problemas con persona alguna. Además se advirtió que al momento de los hechos el soldado no presentaba signos de haber ingerido bebidas embriagantes o de haber consumido sustancias alucinógenas(15).

En consonancia con lo antes expuesto, los testimonios rendidos por las señoras Dora Holguín Vallejo y María Lidelia Claros Céspedes, dan cuenta de que el soldado Betancourt Rodríguez nunca manifestó o asumió conducta alguna que hubiere permitido pensar siquiera en que quería quitarse la vida; por el contrario, según tales declaraciones, el aludido soldado era una persona alegre con ganas de vivir y de salir adelante.

De manera que si nadie estuvo en el momento exacto en el cual ocurrieron los hechos y si se advierte que el soldado Betancourt no presentaba signo alguno que llegare a evidenciar un potencial suicidio, para la Sala no puede darse por acreditada la causa extraña alegada por el ente demandado.

Ahora bien cabe agregar que el testimonio, en los términos de los artículos 227 y 228 del Código de Procedimiento Civil, se restringe a que el declarante exponga los hechos por él percibidos, para lo cual debe exponer la razón de la ciencia de lo manifestado explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubiere ocurrido cada hecho, de manera que sólo por vía de excepción y en especial cuando el testigo sea una persona calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia resulta válido y legalmente posible formularle preguntas que tiendan a provocar conceptos e incluso —cuando no se ha formulado este tipo de preguntas— que el declarante de manera espontánea manifieste su opinión sobre algún aspecto materia del testimonio.

Así lo ha expuesto la doctrina:

“Se establece así una valiosa guía, pues únicamente por excepción se permite auscultar el concepto del declarante, quien se debe restringir a la exposición de los hechos por él percibidos, sin que deba ser recibida su opinión dado que le resta transparencia al testimonio. Ciertamente si, por ejemplo, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual proveniente de un accidente de tránsito, un testigo relata que observó que el vehículo marchaba en contra vía lo que en su concepto se debió a que el conductor estaba distraído, lo expresado no corresponde a un hecho sino a su particular apreciación de lo que pudo ser el motivo para transitar de esa manera, pues el hecho está circunscrito a que observó la marcha en contra vía, de manera que este aspecto no debe ser admitido en la declaración.

El problema se presenta es cuando el testigo ha dado respuesta de esta índole, evento en el cual estimo que el funcionario no puede negarse a dejar la correspondiente constancia debido a que el artículo 228 en su numeral 8º señala que “en el acta se consignarán textualmente las preguntas y respuestas”, pero deberá amonestar al declarante para que en lo sucesivo se abstenga de emitir opiniones o conceptos personales y en cuanto a lo que quedó constatado en la versión, el juez al evaluar la declaración no lo deberá considerar.

(…).

El juez debe ser especialmente cauto en la admisión de preguntas que impliquen opiniones del testigo y permitirlas únicamente en aquellos eventos, se reitera, excepcionales, donde su concepto puede ilustrar el criterio del fallador y no erigirse, como tan frecuentemente sucede, en una explicación tendiente a justificar determinada conducta de una de las partes”(16).

En este orden de ideas, como se encuentra suficientemente acreditado que ninguno de los soldados declarantes estuvo presente en el momento exacto en el cual estalló la granada y, por tanto, no pudieron percibir la causa de esa explosión, la opinión expuesta por cada uno de ellos en el sentido de que el motivo de ese estallido se debió a un suicidio, no corresponde a un hecho —finalidad del testimonio— sino a la simple y particular apreciación o juicio de lo que pudo constituir la razón de la explosión, lo cual no puede ser valorado ni mucho menos tenido como cierto por esta Sala.

De igual forma, cabe advertir que no se practicó ni se allegó al expediente algún informe o concepto técnico que hubiere podido esclarecer el motivo de la explosión de la granada, razón por la cual, ante la insuficiencia probatoria en relación con las circunstancias del hecho, se encuentra que no se acreditaron los elementos constitutivos de la causa extraña alguna —labor que le correspondía emprender a la parte demandada— y en especial del hecho exclusivo de la víctima, por lo cual no resulta posible excluir la imputabilidad del daño a la entidad pública demandada.

Finalmente, del análisis del protocolo de necropsia junto con las demás pruebas obrantes del proceso únicamente puede concluirse que la granada de mano causante del daño, para el día de los hechos, había sido asignada al occiso y, por ende, las heridas recibidas por él, esto es las lesiones producidas en el costado izquierdo del cuerpo incluidas aquellas de la mano izquierda, las cuales presentan huella de tatuaje, se debieron a la cercanía que el mencionado artefacto explosivo necesariamente debía tener respecto de la humanidad de la víctima. De ahí que resulte imposible deducir que las referidas heridas se causaron única y exclusivamente por una manipulación intencional o manejo imprudente de la granada.

En consecuencia, dado que se acreditó que la muerte del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez la provocaron las heridas causadas por la explosión de una granada de dotación oficial mientras se encontraba en servicio, pero por circunstancias ajenas a los riesgos propios del mismo, la Sala encuentra probada la responsabilidad de la entidad demandada, con fundamento en el régimen de riesgo excepcional. Se impone, por consiguiente, la revocación del fallo apelado y la declaración de responsabilidad en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

En relación con los perjuicios morales solicitados por los demandantes como consecuencia de la muerte del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez, se allegaron los siguientes medios de prueba:

Copia autenticada del registro civil de nacimiento del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez (fl. 9, cdno. 1) en el cual consta que los señores Solmar Betancourt y María Gilma Rodríguez son los padres del occiso.

Copia autenticada de los registros civiles de nacimiento de los señores Julio César Betancourt Rodríguez, Víctor Alfonso Vélez Rodríguez, Lina Marcela Betancourt Jiménez, Jhon Freddy Betancourt Jiménez, Luis Alberto Vélez Rodríguez, Sandra Patricia Betancourt Rodríguez, Solmar Betancourt Rodríguez y Gladys Enith Betancourt Rodríguez (fls. 8, 10-16, cdno. 1), con fundamento en los cuales se acreditó que eran hermanos del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez.

Copia autenticada del registro civil de nacimiento de la señora María Gilma Rodríguez (fl. 7, cdno. 1) en el cual consta que la abuela del soldado Fabio Betancourt Rodríguez era la señora María Edelmira Rodríguez.

Acreditado el parentesco, la Sala encuentra que en el presente caso se presume que tanto los padres, los hermanos y la abuela sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado de la muerte de su hijo, hermano y nieto. Así pues, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(17), y de las máximas de la experiencia, en especial de los vínculos de consanguinidad y de las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto propias de la relación familiar, es posible inferir que los peticionarios sufrieron el perjuicio cuya reparación deprecan(18).

En efecto, es común, esperable y comprensible que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima y para sus familiares.

Igualmente resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

De otra parte, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer, en su lugar, que el valor de la condena por concepto del perjuicio moral ha debe(sic) ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor intensidad(19).

En el presente caso se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes, comoquiera que obran los registros civiles que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula con la víctima.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación para cada uno de los demandantes:

Solmar Betancourt (Padre)
100 SMMLV
María Gilma Rodríguez (Madre)
100 SMMLV
Julio César Betancourt Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Víctor Alfonso Vélez Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Marcela Betancourt Jiménez (Hermana)
50 SMMLV
Jhon Freddy Betancourt Jiménez (Hermano)
50 SMMLV
Luis Alberto Vélez Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Sandra Patricia Betancourt Rodríguez (Hermana)
50 SMMLV
Solmar Betancourt Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Gladys Enith Betancourt Rodríguez (Hermana)
50 SMMLV
María Edelmira Rodríguez (Abuela)
50 SMMLV

 

4.2. Perjuicios materiales.

• Daño emergente.

Dado que en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por este concepto, la Sala se ocupará de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor de la señora María Gilma Rodríguez.

• Lucro cesante.

En relación con el lucro cesante reclamado por los demandantes, aún cuando a los señores Solmar Betancourt y María Gilma Rodríguez, les fueron reconocidas sumas de dinero con ocasión del pago de un seguro de vida y la compensación por muerte del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez, lo cierto es que tales conceptos fueron reconocidos dentro de la esfera de la responsabilidad derivada del vínculo laboral con la entidad demandada, a lo cual cabe reiterar que en los eventos en los cuales se paga a favor del lesionado o de sus familiares los derechos laborales de carácter patrimonial, dichas sumas de dinero emanan de una relación jurídica de la cual se deriva una responsabilidad distinta a la que aquí se reclama y cuyo origen es la vinculación laboral, razón por la cual no existe justificación alguna para ordenar el descuento del valor de las prestaciones reconocidas al actor del monto de la indemnización que se llegare a reconocer por el ejercicio de la acción de reparación directa de conformidad con las razones anteriormente expuestas.

Ahora bien, se encuentra acreditado que para la fecha de los hechos el señor Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez se desempeñaba como soldado voluntario del Ejército Nacional, labor por la cual recibía una utilidad económica equivalente a $ 149.900 (fls. 129-131, cdno. 1).

Asimismo, se demostró, a partir de los testimonios rendidos por las señoras Dora Holguín Vallejo y María Lidelia Claros Céspedes, que la señora María Gilma Rodríguez recibía ayuda económica del soldado Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez.

Así las cosas, se reconocerán perjuicios materiales en favor de la señora María Gilma Rodríguez, hasta que éste cumpliera la edad de 25 años, momento respecto del cual la jurisprudencia ha afirmado y considerado que las personas abandonan el hogar paterno, al constituir su propia familia(20).

Procede entonces la Sala a realizar la liquidación correspondiente, de acuerdo con los siguientes datos y operaciones:

Ingreso mensual de la víctima al momento del hecho: $ 149.900,00

Período consolidado: 35,2 meses

Índice final: enero de 2011 (último conocido): 106.9

Índice inicial: mayo de 1994: 24.24

Actualización de la base:

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RA = $ 149.900 x 4.41006 = $ 661.067,99.

A esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que tiene derecho legalmente a devengar cada trabajador, resultado al cual se le debe descontar lo correspondiente a los gastos que se deduce eran utilizados por el occiso para su bienestar personal, los cuales, según la jurisprudencia, equivalen al 25% de lo que devengaba.

Así: 661.067,99 x 0.25 = 165.266,9 + 661.067,99 = 826334,89

826334,89 x 0.25 = 206.583,72

826334,89 - 206.583,72 = $ 619.751,17

Se tomará como período indemnizable —lucro cesante consolidado—, desde la fecha del hecho (mayo 8/94) hasta el día en que el soldado Leonardo Fabio Betancourt habría cumplido 25 años (abr. 14/97) esto es 35,2 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

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S = $ 619.751,17 x 38.29

S = $ 23'730.272

Total perjuicios materiales: Veintitrés millones setecientos treinta mil doscientos setenta y dos pesos M/C ($ 23'730.272).

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revócase la sentencia apelada, esto es la proferida el 23 de mayo de 2000 por el Tribunal Administrativo del Meta.

Segundo: Declárase responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, de los daños causados a los ciudadanos Solmar Betancourt, María Gilma Rodríguez, Julio César Betancourt Rodríguez, Víctor Alfonso Vélez Rodríguez, Lina Marcela Betancourt Jiménez, Jhon Freddy Betancourt Jiménez, Luis Alberto Vélez Rodríguez, Sandra Patricia Betancourt Rodríguez, Solmar Betancourt Rodríguez, Gladys Enith Betancourt Rodríguez y María Edelmira Rodríguez, como consecuencia de la muerte del soldado voluntario Leonardo Fabio Betancourt Rodríguez en hechos ocurridos el 8 de mayo de 1994 en el municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta.

Tercero: Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora María Gilma Rodríguez la suma de veintitrés millones setecientos treinta mil doscientos setenta y dos pesos M/C ($ 23'730.272).

Cuarto: Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios morales, los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Solmar Betancourt (Padre)
100 SMMLV
María Giba Rodríguez (Madre)
100 SMMLV
Julio César Betancourt Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Víctor Alfonso Vélez Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Marcela Betancourt Jiménez (Hermana)
50 SMMLV
Jhon Freddy Betancourt Jiménez (Hermano)
50 SMMLV
Luis Alberto Vélez Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Sandra Patricia Betancourt Rodríguez (Hermana)
50 SMMLV
Solmar Betancourt Rodríguez (Hermano)
50 SMMLV
Gladys Enith Betancourt Rodríguez (Hermana)
50 SMMLV
María Edelmira Rodríguez (Abuela)
50 SMMLV

 

Quinto. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

Sexto. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Séptimo. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) En relación con los documentos y testimonios que hacen parte de las diligencias preliminares adelantadas por el Juzgado 47 de Instrucción Militar del Ejército Nacional, la Sala encuentra que pueden ser valorados en este proceso, toda vez que fueron pedidas por la parte demandante, se allegaron en copia auténtica, además la práctica de tales pruebas en el proceso primigenio (diligencias preliminares) se hizo con audiencia de la parte demandada en el presente asunto (Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional).

(4) Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de 12 de febrero de 2004, expediente 14636, Actor: Wilson de Jesús Gómez O.

(5) Consejo de Estado, sentencias proferidas el 25 de julio de 2002, expediente 14.001, Actor: Luz Dary Suaza Castrillón y otros, M.P. Ricardo Hoyos Duque, del 3 de mayo de 2001, expediente 12.338 y del 30 de mayo de 2006, expediente 15.441, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(6) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2009. Citada en la sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 15.783 (R-0080). M.P. Alier Hernández Enríquez.

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 15.783 (R-0080). M.P. Alier Hernández Enríquez.

(8) Nota original en la sentencia citada: Robert, André. Les responsabilites, Bruselas, 1981, pág. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, cit., pág. 19.

(9) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, pág. 8.

(10) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, pág. 581.

(11) Nota original en la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(12) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, pág. 21.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16.530.

(14) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda, Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (2) de dos mil siete (2007); expediente 190012331000199800031 01; radicación: 24.972.

(15) En relación con la identificación y previsibilidad de una persona potencialmente suicida, esta Sala, en providencia del 11 de abril de 2002, expediente 13122, con ponencia del Consejero Alier Hernández Enríquez señaló:

“En segundo lugar, no se puede afirmar que la enfermedad que padecía la paciente no implicaba un riesgo de suicidio, como tampoco se puede afirmar que este se encuentra asociado únicamente a un tipo de enfermedad específica, como la depresión. Lo cierto es que el suicidio se origina en múltiples condiciones que lo desencadenan, una de las cuales es la presencia de una enfermedad mental. Sobre el tema los expertos han señalado:

“Sobre la pregunta de si el suicidio es una enfermedad o un síntoma, los expertos han llegado a un consenso generalizado: el suicidio es un síntoma y no una enfermedad. Esto significa que el suicidio puede ser el resultado de un importante número de condiciones psicológicas y físicas, y que los intentos de suicidio pueden situarse en un punto intermedio en cualquier número de circunstancias.

“Sin embargo, existen algunos síntomas o conductas que suelen aparecer en el historial de las personas que intentan suicidarse o se suicidan. La depresión es el síntoma mencionado con mayor frecuencia. No obstante, el que un individuo sufra una depresión no significa que esté a punto de quitarse la vida. Ni todas las personas deprimidas son suicidas, ni todos los suicidas están necesariamente deprimidos (Cantor, 1987a).

“Aunque la depresión es el síntoma que se asocia con mayor frecuencia al suicidio, los factores significativos que sitúan a la persona en este riesgo están más relacionados con los cambios de conducta y cognitivos que con el diagnóstico de depresión.

“(...).

“¿Qué induce a la gente a suicidarse en la actualidad? Ya hemos dicho que el suicidio es un síntoma y no una enfermedad, y puede ser una consecuencia de enfermedades psiquiátricas, físicas o de desequilibrios bioquímicos...

“Es evidente que la enfermedad psiquiátrica predispone al suicidio, aunque no se trata de una variable necesaria. Además, no se ha podido determinar con exactitud cuáles son las enfermedades psiquiátricas que predisponen al suicidio (Cantor, 1989b; Shaffer, 1989).

“Las psicopatologías más documentadas en relación con el suicidio son los trastornos afectivos (en particular la depresión), los trastornos de conducta y el abuso de sustancias psicoactivas. También se citan los rasgos de personalidad, como la impulsividad y la agresión, así como los trastornos antisocial y límite de la personalidad. Por otra parte en un estudio reciente se aboga por los síntomas de ansiedad y angustia como los más claros indicadores de un potencial suicida (Weissman, Klerman, Markovitz y Ouellette, 1989).

“La literatura y el folclore nos inducen a pensar que el suicidio aparece en los individuos deprimidos. Sin embargo, los estudios actuales rechazan esta idea e indican otras áreas de riesgo, como la ansiedad, el abuso de sustancias psicoactivas, los trastornos bioquímicos y neuro químicos, y factores psicosociales, como la falta de apoyo, el estrés, la enfermedad crónica y la oportunidad.

“Además, la vulnerabilidad actual de un individuo ante el suicidio puede fluctuar de un día para otro. Esto hace que nos preguntemos si el suicidio es con frecuencia la consecuencia de la enfermedad mental o de extravagancias y tensiones de la vida, sean hormonales, bioquímicas o circunstanciales...

“En resumen, los factores que pueden conducir al suicidio o al intento de suicidio son diversos y no específicos. La lista de características bioquímicas, de conducta, psicológicas y sociales ligadas al suicidio, incluye:

El alcohol y el abuso de sustancias psicoactivas;

La enfermedad mental —con una fuerte controversia sobre la determinación de la enfermedad más relacionada;

Las conductas impulsivas y antisociales;

El estrés severo, el sentimiento de culpabilidad o las pérdidas(15).

“(…).

“¿Cómo se puede reconocer el riesgo suicida? A pesar de que la investigación sobre suicidios ha mostrado múltiples factores de riesgo, para el terapeuta es extremadamente difícil valorar en qué medida el paciente presenta riesgo real de suicidio. Los factores expuestos en la tabla 18-1 se refieren a lo que incrementa el riesgo de suicidio. Cuando aparecen varios factores a la vez, es imprescindible prestar la máxima atención. Además, a lo largo de la terapia se debe comprobar de nuevo el riesgo de suicidio del paciente.

“Tabla 18-1. Factores que hay que valorar ante el riesgo de suicidio.

“— Indicios de suicidalidad en el comportamiento de la paciente:

“Avisos directos o indirectos de suicidio, como decir que ya no tiene ilusión por vivir o que sólo es un carga para los demás.

“Intensa dedicación a rumiar el suicidio.

“Hacer planes de suicidio.

“Conocer a alguien o identificarse con alguien que ha consumado el suicidio.

“— Indicios de suicidalidad: (...)

“— Sospechas clínicas de suicidalidad:

“Enfermedad médica crónica.

“Trastornos de personalidad.

“Abuso de medicamentos, drogas o alcohol.

“Síntomas sicóticos.

“Conducta agresiva y falta de control de los impulsos.

“Desesperanza, sentimientos de culpa o pesimismo muy marcados.

“Baja autoestima.

“— Condiciones interpersonales, ambientales y sociodemográficas de suicidalidad: (...)”.

(16) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición, Ediciones Dupré. Bogotá 2008, págs. 207-209.

(17) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(18) Ver entre muchas otras: Sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 25000-23-26-000-1993- 09477-01(16085), M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 22 de abril de 2004, expediente 63001-23-31-000-1997-04420-01(15088), M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 30 de agosto de 2007, expediente 07001-23-31-000-1995-00004-01(15635), M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, M.P. Alier E. Hernández Henríquez.

(20) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, expediente 16.399, M.P. Enrique Gil Botero.