Sentencia 1996-05477 de septiembre 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 50001-23-31-000-1996-05477-01(19771)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Florentino Rodríguez Gaona y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., dieciséis de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá el 26 de octubre de 2000, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en $ 100.000.000 por concepto de lucro cesante para cada uno de los lesionados, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 9.610.000 (D. 597/88).

En razón del ejercicio del recurso de apelación interpuesto de manera exclusiva por la parte actora, la competencia de esta Sala se habrá de contraer a los aspectos que suscitan la inconformidad de los demandantes, vale decir, al reconocimiento de perjuicios a favor de los mismos, razón por la cual no se hará un análisis sobre los elementos de la responsabilidad de la entidad demandada, por cuanto esto no es objeto de controversia y, además, el Ministerio de Defensa —Ejército Nacional— no apeló la decisión proferida por el a quo.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se originó en los daños sufridos por los actores con ocasión de la lesiones que afectaron a los señores José Rodríguez Moreno, Miguel Ángel Huertas Herrán, Alirio Sánchez y Manuel Ruíz Traslaviña por parte de otros miembros del Ejército Nacional, en hechos ocurridos el 20 de octubre de 1995, en el municipio de Cumaral —Meta—, lo que significa que tenían hasta el día 20 de octubre de 1997 para presentarla y, comoquiera que ello se realizó el 21 de mayo de 1996, el 12 de junio 1996, el 8 de julio de 1996 y el 2 de agosto de 1996, resulta evidente que el ejercicio de las acciones se hizo dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. La indemnización de los perjuicios.

3.1. Perjuicios morales.

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de esta corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufren un daño moral calificado como antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria(10) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo que corresponderá al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante.

La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Debe entenderse, entonces, que los elementos de prueba que para el efecto se alleguen al proceso sirven para demostrar la existencia de la afectación, pero en ninguna forma se dirigen a establecer una medida del dolor que de forma exacta pueda adoptarse, por ello la jurisprudencia ha establecido que con fundamento en dichas pruebas, corresponde al juez tasar de forma discrecional el valor de tal reparación(11).

El juez debe ejercer su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y, para tal efecto, han de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.

En el caso en estudio se tiene que todos los demandantes acreditaron el vínculo civil que los une con los cuatro soldados lesionados, por lo que, establecido el parentesco con los registros civiles,(12) la Sala infiere el perjuicio moral de los actores con ocasión de las lesiones sufridas por los soldados, pues de acuerdo con las reglas de la experiencia, ampliamente reconocidas por la jurisprudencia, ese dolor puede válidamente inferirse tanto del lesionado como de sus familiares, más aun cuando los testimonios debidamente practicados en el presente proceso dan fe de la congoja que sintieron los familiares al enterarse de las graves lesiones que habían sufrido los soldados como consecuencia de la falla en que incurrió la administración, por lo que se reconocerá y ordenará indemnizar por este rubro del perjuicio a los demandantes.

Por otra parte, si bien la condena fue impuesta en gramos de oro, de acuerdo con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001(13) se ha sugerido la imposición de las condenas por dicho concepto en salarios mínimos legales mensuales, por ello se modificará en este aspecto la sentencia de primera instancia y se incrementaran los montos de la indemnización en consideración a la gravedad de las lesiones.

De manera que, con base en las reglas de la experiencia ampliamente reconocidas por la jurisprudencia en razón de que puede inferirse el dolor en la persona de la víctima del daño antijurídico y del núcleo más cercano de sus familiares, máxime cuando las lesiones de los soldados en el sub judice han revestido gravedad, se reconocerá y dispondrá de la siguiente forma:

Proceso 5477 (familiares del lesionado José Rodríguez Moreno).

— Para José Rodríguez Moreno la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Florentino Rodríguez Gaona y Margarita Moreno García —padres— la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Blanca Inés Bernal —esposa— la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Carmen Rudy, Florentino y Arnobis Rodríguez Moreno —hermanos— la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Proceso 5471 (familiares del lesionado Alirio Sánchez).

Debido a que en el sub judice se comprobó que los señores David y Mariela Sánchez sí se encuentran representados en debida forma, ya que obra el poder por ellos otorgado,(14) la Sala revocará el aparte pertinente de la sentencia de primera instancia y condenará al Ministerio de Defensa a perjuicios morales a favor de estas dos personas.

— Para Alirio Sánchez la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para María Deisa, David, Betty, Mariela y Gilberto Sánchez —hermanos— la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Proceso 5472 (familiares del lesionado Manuel Ruíz Traslaviña).

— Para Manuel Ruíz Traslaviña la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Eduardo Ruíz y Ana Teofilde Traslaviña —padres— la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Eduardo, Hermes y Nancy Rocío Ruíz Traslaviña —hermanos— la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Proceso 5557 (familiares del lesionado Miguel Ángel Huertas Herrán).

— Para Miguel Ángel Huertas Herrán la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Miguel Ángel Huertas Cuervo y Lucila Herrán de Huertas —padres— la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Esau, Rafael y Yaneth Herrán —hermanos— la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. Daño emergente.

Debido a que no se concedieron perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente en la sentencia de primera instancia y que la parte actora no tuvo objeción alguna al respecto, la Sala confirmará el fallo proferido por el a quo en lo concerniente con los mencionados perjuicios.

3.2.2. Lucro cesante.

La parte demandante solicitó reconocimiento por concepto de indemnización por lucro cesante para cada uno de los lesionados, la suma de $ 100.000.000, correspondiente a lo que habían dejado y dejarán de producir en razón de la grave merma laboral que les aqueja y que los acompañará por todo el resto posible de vida.

Al respecto, se tiene que al proceso se allegó prueba de que los soldados José Rodríguez Moreno,(15) Alirio Sánchez,(16) Manuel Ruíz Traslaviña(17) y Miguel Ángel Huertas Herrán(18) devengaban la totalidad de $ 215.414.

Para la Sala es de recibo el argumento expresado por la parte actora en el recurso de apelación, puesto que la liquidación de los perjuicios deberá hacerse teniendo en cuenta el salario total que devengaban los soldados para la época en que sucedieron los hechos.

Dicho suma será actualizada de conformidad con la siguiente formula(19):

Ra= Va xÍndice final (jun./2011)
 __________________________
 Índice inicial (oct./95)

Ra= $215.414 x(107,90)
 ___________________
 (30,71)

Ra= $ 756.860

Ahora bien, toda vez que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral en todos los casos supera el 50%,(20) la Sala, en atención a los criterios jurisprudenciales trazados por esta Sección,(21) realizará la liquidación de los perjuicios con base en el 100% de pérdida de su capacidad laboral, en razón de que, según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993,(22) los soldados serán tenidos como inválidos y no como discapacitados.

Proceso 5477 (José Rodríguez Moreno).

Edad del lesionado para la época de los hechos: 22 años.

Expectativa de vida total del lesionado: 58,0 años.

Periodo consolidado: 190 meses.

Periodo futuro: 506 meses .

Porcentaje de la pérdida de capacidad laboral: 79.19%(23).

Ingreso del lesionado: $ 756.860

Al ingreso del lesionado se le adiciona un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Ingreso base de liquidación

$ 756.860 * 25% = $ 946.075

Por manera que la suma sobre la cual debe liquidarse el lucro cesante a dicho demandante es de $ 946.075; la respectiva indemnización comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos (oct./95) hasta la fecha del presente fallo (ago./2011), y el otro, futuro o anticipado, que comprende el interregno transcurrido entre el día siguiente a la fecha de esta providencia y la fecha calculada como esperanza de vida del lesionado, en consideración a su edad al momento de la liquidación.

Consolidado: desde la fecha en que sucedieron los hechos (oct./95) hasta la fecha de esta sentencia (ago./2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i

S= $ 946.075(1 + 0.004867)190 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 294’598.973

Futuro: de la fecha de la sentencia hasta el resto del periodo de vida probable de la víctima, esto es 506 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i(1 + i)n

S = 946.075(1+0.004867)506 - 1
 ___________________
 0.004867(1.004867)506

S= $ 177´727.803

Total lucro cesante = $ 472´326.776

Proceso 5471 (Alirio Sánchez).

Edad del lesionado para la época de los hechos: 27 años.

Expectativa de vida total del lesionado: 53,2 años.

Periodo consolidado: 190 meses.

Periodo futuro: 448,4 meses.

Porcentaje de la pérdida de capacidad laboral: 90.42%(24).

Ingreso del lesionado: $ 756.860

Al ingreso del lesionado se le adiciona un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Ingreso base de liquidación

$ 756.860 * 25% = $ 946.075

Consolidado: desde la fecha en que sucedieron los hechos (oct./95) hasta la fecha de esta sentencia (ago./2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i

S= $ 946.075(1 + 0.004867)190 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 294’598.973

Futuro: de la fecha de la sentencia hasta el resto del periodo de vida probable de la víctima, esto es 456 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i(1 + i)n

S = 946.075(1+0.004867)448,4 - 1
 ___________________
 0.004867(1.004867)448,4

S= $ 172’383.373

Total lucro cesante = $ 466’982.346

Proceso 5472 (Manuel Ruíz Traslaviña).

Edad del lesionado para la época de los hechos: 23 años.

Expectativa de vida total del lesionado: 57,1 años.

Periodo consolidado: 190 meses

Periodo futuro: 495,2 meses

Porcentaje de la pérdida de capacidad laboral: 95.65%(25).

Ingreso del lesionado: $ 756.860

Al ingreso del lesionado se le adiciona un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Ingreso base de liquidación

$ 756.860 * 25% = $ 946.075

Consolidado: desde la fecha en que sucedieron los hechos (oct./95) hasta la fecha de esta sentencia (ago./2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i

S= $ 946.075(1 + 0.004867)190 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 294’598.973

Futuro: de la fecha de la sentencia hasta el resto del periodo de vida probable de la víctima, esto es 501,6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i(1 + i)n

S = 946.075(1+0.004867)495,2 - 1
 ___________________
 0.004867(1.004867)495,2

S= $ 176’828.757

Total lucro cesante = $ 471’427.730

Proceso 5557 (Miguel Ángel Huertas Herrán).

Edad del lesionado para la época de los hechos: 23 años.

Expectativa de vida total del lesionado: 57,1 años.

Periodo consolidado: 190 meses

Periodo futuro: 495,2 meses

Porcentaje de la pérdida de capacidad laboral: 95.97%(26).

Ingreso del lesionado: $ 756.860

Al ingreso del lesionado se le adiciona un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Ingreso base de liquidación

$ 756.860 * 25% = $ 946.075

Consolidado: desde la fecha en que sucedieron los hechos (oct./95) hasta la fecha de esta sentencia (ago./2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i

S= $ 946.075(1 + 0.004867)190 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 294’598.973

Futuro: de la fecha de la sentencia hasta el resto del periodo de vida probable de la víctima, esto es 501,6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S= Ra(1 + i)n - 1
 ___________________
 i(1 + i)n

S = 946.075(1+0.004867)495,2 - 1
 ___________________
 0.004867(1.004867)495,2

S= $ 176’828.757

Total lucro cesante = $ 471’427.730

3.3. Perjuicio de alteración de condiciones de la existencia.

Otro aspecto que dio lugar a la protesta de la parte actora es el referido a la negativa al reconocimiento de perjuicios “fisiológicos”, pues considera que se halla establecida su ocurrencia y, por lo mismo, el derecho a su indemnización por lo que pide por su concepto la suma equivalente a 4000 gramos de oro para cada uno de los soldados lesionados, debido a la magnitud de los daños que sufrieron y a que no podrán volver a realizar actividades que hacían agradable su existencia.

Aprovecha la Sala la oportunidad para precisar que, de conformidad con la pauta jurisprudencial de honorable Consejo de Estado que desde el año 2007(27) y ya en varias oportunidades ha señalado que las denominaciones de perjuicio fisiológico, hoy entendido como daño a la vida de relación, se encuentran inmersas dentro de una categoría que abarca una reparación más amplia que se ha denominado perjuicio de “alteración a las condiciones de existencia”. En efecto, la jurisprudencia de esta corporación señaló:

“Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre. Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio al que se viene haciendo referencia no alude, exclusivamente, a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, como parece desprenderse de la expresión préjudice d´agrement (perjuicio de agrado), utilizada por la doctrina civilista francesa. No todas las actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo (...). Lo anterior resulta claro si se piensa en la incomodidad que representa, para una persona parapléjica, la realización de cualquier desplazamiento, que, para una persona normal, resulta muy fácil de lograr, al punto que puede constituir, en muchos eventos, un acto reflejo o prácticamente inconsciente. Resulta, sin duda, más adecuada la expresión daño a la vida de relación, utilizada por la doctrina italiana, la cual acoge plenamente esta corporación. Se advierte, sin embargo, que, en opinión de la Sala, no se trata simplemente de la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos otros actos de su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas del mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior; aquel que afecta directamente la vida interior sería siempre un daño moral”(28).

Bajo esta perspectiva ha de decirse que, en este caso, es evidente que los lesionados sufrieron, a más del daño moral y material que le produjo su incapacidad laboral permanente, una alteración grave de sus condiciones de existencia, cuya indemnización deprecan bajo la denominación de “perjuicio fisiológico”, el cual rebasa la esfera interna de la persona y se sitúa en el ámbito de su vida exterior.

Para la Sala es claro que cuando las lesiones sufridas producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral y el material, dicho de otra forma, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a las lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas.

En el presente caso, se tiene que el tribunal a quo sólo reconoció esta modalidad de perjuicios a Manuel Ruíz Traslaviña en la cantidad de mil gramos oro por la pérdida anatómica que sufrió en su brazo izquierdo, y no reconoció dichos perjuicios a los otros tres soldados que resultaron lesionados, razón por la cual el apelante busca que se haga extensivo el reconocimiento de esta modalidad de perjuicios para todos ellos y se incremente el monto de la indemnización en el equivalente a 4000 gramos de oro.

Para la Sala resulta claro que la alteración que sufrió el soldado Ruíz Traslaviña en su brazo izquierdo, que le debió ser amputado, impedirá que él pueda seguir realizando las actividades cotidianas, ya que se puede inferir razonablemente que la pérdida de su miembro superior conlleva una modificación drástica en su forma de vida y que no pueda seguir realizando las actividades que normalmente efectuaba.

De la misma manera, la Sala estima que los otros soldados también sufrieron alteraciones en sus condiciones de existencia en razón de la descripción de las distintas secuelas que tienen como consecuencia de las heridas sufridas por ellos.

De tales secuelas destaca la Sala los problemas auditivos, pues a todos se les dictaminó hipoacusia,(29) lo cual conlleva a que las vidas hayan cambiado radicalmente, en tanto no podrán disfrutar de los placeres de la vida que van ligados al sentido del oído, como son gozar de la música, escuchar los sonidos de la naturaleza o entablar conversaciones, tal y como lo hacían en forma habitual, con anterioridad, con las demás personas.

En consonancia con lo anterior, resulta evidente que las secuelas que afectan la audición de los demandantes tienen implicaciones no solo a nivel social, sino en la percepción que tienen de su propio ser, la que se ve afectada colateralmente a raíz de las dificultades para interactuar con su entorno, de manera que tal limitación incide en su autoestima y sus proyectos de vida(30).

Ahora bien, en cuanto hace al caso específico del soldado Rodríguez se tiene que sufrió heridas en el hígado y en el colon, quemaduras de grado II en las piernas y le quedó una cicatriz abdominal dolorosa y cicatrices deformantes en los miembros inferiores. La Sala no puede ser ajena frente a esa situación, pues en el entorno social, donde se manejan patrones de estética, la existencia de dichas cicatrices deformantes en el cuerpo de una persona bien pueden generar una afectación a su autoestima, la cual tiene incidencia directa en sus relaciones sociales y en la forma como interactúa con ellas y, por lo mismo, ello lleva a que se produzca una clara alteración a las condiciones de existencia de quien las sufre.

Respecto de las secuelas producidas como efecto de las heridas del soldado Huertas se tiene que sufre de monoplejia del miembro superior izquierdo, lo cual, indudablemente, conlleva a que no pueda realizar las actividades de las cuales disfrutaba antes de que fuera lesionado. Dentro del testimonio prestado por Juan García se señaló que el soldado Huertas disfrutaba jugando baloncesto y haciendo natación, y que, ahora, debido a la parálisis de su brazo izquierdo no puede hacer nada de eso. Se manifestó lo siguiente:

“el quedó sordo no oye bien, también en la pierna, la espalda, el ánimo es muy triste muy acongojado (...) el quedó inválido, el antes jugaba basquetball (sic) u (sic) hacía natación y ahora no puede hacer nada de eso”(31).

En igual sentido, el soldado Sánchez sufrió alteraciones en las condiciones de existencia, en razón de las graves secuelas que le resultaron como consecuencia de las heridas. Así lo puso de presente el señor Álvaro Sánchez Ortiz:

“el (sic) era muy alegre, muy parrandero, jugaba futbol, montaba a caballo y ahora es caído de espíritu y de ánimo (...) todo el mundo lo rechaza y hasta le dan ganas de llorar, de verse desesperado”(32).

Así las cosas, debido a que todos los soldados sufrieron alteraciones en sus condiciones de existencia, la Sala reconocerá por dicho perjuicio la cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales para Manuel Ruíz Traslaviña y la cuantía equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales para José Rodríguez Moreno, Alirio Sánchez y Miguel Ángel Huertas Herrán.

5. Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar los ordinales segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 26 de octubre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá, las cuales quedarán así:

“SEGUNDO. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional al pago de los perjuicios morales a los demandantes en la siguiente forma:

— Para José Rodríguez Moreno, Alirio Sánchez, Manuel Ruíz Traslaviña y Miguel Ángel Huertas Herrán la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Florentino Rodríguez Gaona, Margarita Moreno García y Blanca Inés Bernal; Eduardo Ruíz y Ana Teofilde Traslaviña; Miguel Ángel Huertas Cuervo y Lucila Herrán de Huertas la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Carmen Rudy, Florentino y Arnobis Rodríguez Moreno; María Deisa, David, Betty, Mariela y Gilberto Sánchez; Eduardo, Hermes y Nancy Rocío Ruíz Traslaviña; y Esau, Rafael y Yaneth Herrán la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional a pagar por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Jose Rodriguez Moreno la suma de cuatrocientos setenta y dos millones trescientos veintiséis mil setecientos setenta y seis pesos ($ 472’326.776); a favor de Alirio Sánchez la suma de cuatrocientos sesenta y seis millones novecientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos ($ 466’982.346); a favor de Manuel Ruiz Traslaviña la suma de cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos veintisiete mil setecientos treinta pesos ($ 471’427.730); y a favor de Miguel Ángel Huertas Herrán la suma de cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos veintisiete mil setecientos treinta pesos ($ 471’427.730).

CUARTO. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional a pagar por perjuicios de alteración de las condiciones de la existencia, a favor de Manuel Ruiz Traslaviña la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales y a favor de Gustavo Morales Marín, Alirio Sánchez y Miguel Ángel Huertas Herrán la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales.

2. Confirmar en lo demás la providencia apelada.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Editorial Antares, 1962, página 46.

(11) Sentencia de 2 de junio de 2004, Expediente 14950.

(12) Folios 4 a 9 del cuaderno 1; folios 4 a 8 del cuaderno 2; folios 4 a 9 del cuaderno 3; y folios 4 a 7 del cuaderno 4.

(13) Expediente 13.232-15.646.

(14) Folio 2 del cuaderno 3.

(15) Folio 210 del cuaderno 1.

(16) Folio 209 del cuaderno 1.

(17) Folio 207 del cuaderno 1.

(18) Folio 208 del cuaderno 1.

(19) La renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual fue proferido el fallo de primera instancia.

(20) José Rodríguez Moreno (79.19%); Alirio Sánchez (90.42%); Manuel Ruíz (95.65%); Miguel Ángel Huertas (95.97%).

(21) Sentencia de 30 de agosto de 2007. M.P. Dr. Ramiro Saavedra. Expediente 15724.

(22) Artículo 38, Ley 100 de 1993. Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

(23) Folio 76 del cuaderno 1.

(24) Folio 134 del cuaderno 1.

(25) Folio 41 del cuaderno 2.

(26) Folio 131 del cuaderno 1.

(27) Consejo de Estado. Sentencia del 4 de junio de 2008, Expediente 15.657. Magistrada ponente: doctora Myriam Guerrero de Escobar; sentencia del 15 de agosto de 2007, Expediente AG 2003-385. Magistrado ponente: doctor Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 1º de diciembre de 2008, Expediente 17.744. Magistrado ponente: doctor Enrique Gil Botero.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de julio 19 de 2000, Expediente 11842, C.P. Alier Hernández, reiterada posteriormente entre otras por la sentencia abril 20 de 2005, Expediente 15247, C.P. Ruth Stella Correa.

(29) Sobre este diagnóstico obra en el proceso la calificación que hizo la Junta Médica Laboral (fls. 74, 131 y 134, cdno. 1).

(30) Sobre las clases de hipoacusia y sus incidencias, puede consultarse el documento: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001061.htm, recuperado el 26 de julio de 2011, que se encuentra en la página web de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

(31) Folio 281 del cuaderno 1.

(32) Folio 333 del cuaderno 1.