Sentencia 1996-05793 de marzo 14 de 2013

 

Sentencia 1996-05793 de marzo 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012331000199605793 - 01 (25.569)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Carlos María Ruíz Ruíz.

Demandado: Nación - rama judicial y otro

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., marzo catorce de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y la interpretación que acerca del alcance de dicha norma se realizó mediante el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(1).

2. Responsabilidad de la parte demandada.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido objeto el demandante Carlos María Ruíz Ruíz, desde día 5 de marzo de 1990 hasta el 23 de noviembre de 1995, con lo cual se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia del artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, esto es antes de la expedición de la Ley 270 de 1996.

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(2). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(3).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(4). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(5).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(6) pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta,(7) lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(8).

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo,(9) reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(10).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(11)—.

Y es que, de acuerdo con la posición mayoritaria asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, aún cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio in dubio pro reo, este no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, comoquiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo, dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado precautelativamente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre amparó a la víctima directa de tal detención, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento nunca se produce, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos”(12).

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con alto grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006 —Expediente 13.168—, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas...

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general...

De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(13) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(14). No en vano ya desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798,(15) en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

“ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de tales derechos, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o como un golpe de suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo(16) —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad.

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales fueron reiteradas en su integridad por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, Expediente 18.284(17) y serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso, como en efecto lo está, la responsabilidad de la entidad demandada.

3. El material probatorio que obra en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de un documento expedido por el Quinto Distrito de Policía de Vichada, subestación Cazuarito, el 6 de marzo de 1990, por medio del cual se dejó a disposición del Juzgado Promiscuo Territorial de Puerto Carreño a los señores Carlos María Ruíz Ruíz y Carlos Alberto Garzón Pineda, a quienes se les sindicó del delito de homicidio en la persona de señor José Arturo Parga Leal (fls. 2 a 3, cdno. 1).

— Copia auténtica de la providencia proferida el 13 de marzo de 1990 por el Juzgado Promiscuo Territorial de Puerto Carreño, a través de la cual se impuso medida de aseguramiento al señor Carlos María Ruíz Ruíz, de cuyo contenido se extrae (fls. 4 a 9, cdno. 1):

“... Que del análisis de las pruebas aportadas, se encuentra que efectivamente el día cuatro de marzo de mil novecientos noventa, aproximadamente a las dos de la tarde sucedieron los hechos en los cuales perdió la vida el señor José Arturo Parga Leal, al parecer a manos de Carlos Alberto Garzón Pineda y Amarildo Gordelles Sánchez, como autores materiales de delito y Carlos María Ruíz Ruíz, como autor intelectual del mismo, para lo cual se valieron de arma contundente y corto punzante.

Teniendo en cuenta las circunstancias en que sucedieron los hechos, como son la inferioridad de la víctima ya que no disponía de armas para su defensa ni tuvo oportunidad de defenderse porque el ataque vino por la espalda, cuando Amarildo, salió por atrás de la casa y sin previo aviso le propinó un garrotazo en la nuca, siendo rematado a puñaladas por Carlos Garzón, quien lo acuchilló en repetidas ocasiones según las personas que presenciaron los hechos y según la necropsia esas puñaladas estaban dirigidas a los pulmones y el corazón las cuales le causaron la muerte por herida a nivel de la aurícula derecha.

Las versiones dadas por los sindicados son de dudosa aceptación, habiendo realizado la conducta delante de testigos los cuales fueron amenazados que si llegaban a decir algo los matarían, entre ellos a la compañera permanente del occiso, a quien estuvieron buscando para dar muerte, no encontrándola porque se escondió. Así mismo, la versión que dio Carlos Garzón, ante la policía en la que declara que él mismo propinó varias puñaladas a José A. Parga, y después en compañía de Amarildo Gordelles, lanzaron el cadáver al río en un lugar alejado ya que gastó todo el full del tanque de la gasolina, se contradice con la versión que da en indagatoria en la cual aparece que se mantuvo alejado a unos veinte metros todo el tiempo y no participó en los hechos que se le imputan, siendo que inicialmente había confesado ser el autor material de los hechos, no existiendo razón para posteriormente afirmar lo contrario en la indagatoria. Igualmente existe contradicción en lo dicho por Carlos María Ruíz, quien según los testigos se encontraba a tres pasos con los brazos en la cintura viendo como Carlos Garzón, mataba a José A. Parga, mientras Amarildo se paseaba de un lado para otro amenazando con un garrote a quienes pretendían ayudar al occiso, al sindicado le fue encontrada una bolsa con aproximadamente cinco gramos de una sustancia al parecer bazuco, preguntado por la policía qué sustancia sería respondió que se trataba de un polvo para la buena suerte, posteriormente en la indagatoria dice no saber nada sobre la muerte de José Arturo Parga Leal, puesto que se encontraba muy enfermo por el paludismo y no se pudo enterar de los hechos, y del polvo no sabe nada. Estas contradicciones y reticencia así como la forma en que han expuesto los hechos no corresponden a la realidad y constituyen indicio en su contra.

Amarildo Gordelles Sánchez se dio a la fuga en el momento en que se intentó su captura por parte de la policía, Sijín siendo él la persona que según los testigos dio el garrotazo en la nuca a José A. Parga, dejándolo imposibilitado para defenderse, y quien amenazando con un garrote contuvo a quienes intentaron prestar ayuda al occiso, demostrándose que existía un acuerdo entre los sindicados y que el señor Carlos María Ruíz, sí forma parte de este acuerdo, puesto que estando a tres pasos del lugar según los testigos, se limitó a observar y en ningún momento fue agredido o alejado por Amarildo Gordelles, quien según la versión dada en indagatoria por Carlos A. Garzón, es el único responsable de la muerte de José A. Parga, siendo que el garrotazo según la necropsia no causó lesión que pudiera originar la muerte.

Conforme a lo anteriormente expuesto, considera el despacho que existe indicio grave en contra de los sindicados Carlos María Ruíz Ruíz, Carlos Alberto Garzón Pineda y Amarildo Gordelles Sánchez, artículo 23 del Código Penal, siendo procedente imponer medida de aseguramiento artículo 421 numeral 1º, consistente en detención preventiva contemplada en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal...”.

— Copia auténtica de la providencia proferida el 27 de septiembre de 1990 por el Juzgado Trece de Instrucción Criminal de Puerto Gaitán, mediante la cual acusó al señor Carlos María Ruíz Ruíz del delito de homicidio en la modalidad de autor intelectual y mantuvo vigente la medida de aseguramiento contra él proferida, con base en lo siguiente (fls. 10 a 18, cdno. 1):

“... A Carlos María Ruíz Ruíz, se vinculó mediante indagatoria por considerarlo autor intelectual del homicidio. De acuerdo a las pruebas se sabe que el mencionado señor mandó llamar al occiso para cancelarle un dinero que le debía, y al presentarse le manifestó que no tenía con qué pagarle, posteriormente lo invitó para que fueran donde la familia Sierra donde le estaban preparando un almuerzo, trasladándose en su canoa al mencionado lugar, canoa que era conducida por Carlos Alberto Garzón Pineda, llegando allí se bajaron del bongo momento en el que se les acercó Amarildo Gordellez Sánchez, con quien sostuvo dialogo, dirigiéndose de inmediato hacia el sitio donde se encontraba José Arturo Parga Leal y una vez cerca de él, por la espalda le propinó unos garrotazos, siendo rematado a puñaladas por Garzón Pineda, motorista de Ruíz, quien luego de lavarlo en el río lo echaron en la canoa desapareciendo del puerto donde se hallaban.

Dentro de las plenarias está comprobado que tanto Garzón Pineda como Gordellez Sánchez eran dependientes de Carlos María Ruíz Ruíz, quien en el momento del crimen ni siquiera se tomó la molestia de intervenir o llamarle la atención a sus obreros, sino por el contrario se quedó de pié observando como de la manera tan cruel y despiadada en que arremetieron contra el hoy occiso, acción esta llevada a cabo una vez, y como se anotara antes, haber dialogado Ruíz Ruíz con Gordellez, es de aquí donde se infiere que el sindicado es partícipe del hecho que se investiga, como autor intelectual. Está establecido que efectivamente Carlos Ruíz, sí mando llamar a Parga Leal, con el pretexto de cancelarle una deuda, que a la postre no hace, llevándolo a un sitio diferente de aquel donde se habían citado, con el pretexto de hacerle una invitación a almorzar, situación esta que es descartada por los testigos, los cuales dicen que allí en su casa no tenían invitados, no estaban haciendo ninguna clase de comida y mucho menos tenían invitados para ese día, por el contrario dice que es la primera vez que estos señores llegan a su casa Ruíz Ruíz, Gordelles y Garzón.

Se ha definido como autor intelectual la persona que crea en el ánimo de otro la voluntad de cometer el delito, mediante órdenes, mandatos, coacciones o consejos. De acuerdo a esta definición y teniendo en cuenta los roces y la charla sostenida por Carlos María Ruíz Ruíz, con Carlos Alberto Garzón y Amarildo Gordelles Sánchez, es que no le queda la menor duda al despacho que efectivamente se puede situar en la modalidad de autor intelectual en la muerte de Arturo Parga Leal, son muchas las coincidencias y el comportamiento de este ciudadano para creerse tal y como lo argumenta el señor defensor que es una persona totalmente inocente y ajena al delito que por puro azar de la vida estuvo presente en el teatro de los acontecimientos, pues hay un testigo como lo es Olga Lucía Chipiaje, quien bajo la gravedad del juramento, afirma que el señor Carlos María Ruíz, en las horas de la mañana de ese día 4 de marzo, llevó en su canoa a Amarildo dejándolo en el sitio del insuceso, donde permaneció escondido detrás de una piedra, saliendo de allí cuando llegaron, el cual cargaba un cuchillo pasándoselo a Carlos Garzón y con el cual fue agredido el occiso, este testimonio es irrefutable, digno de credibilidad pues no existen razones o motivos para señalar el procedimiento de estas personas con el solo ánimo de perjudicarlos, sino por el contrario, está ceñido a la verdad, pues es clara en plantear esta situación y la manera como se desarrolló el hecho.

Por los anteriores planteamientos, este despacho considera que sí existen nexos entre los aquí implicados, relaciones que van de patrón obrero, ya que inmediatamente después de atracar, desembarcar, el patrón Carlos Ruíz habló con Amarildo y Carlos Garzón, desencadenándose los hechos conocidos y referidos en autos, situación que nos hace presumir que la muerte de José Parga fue preparada con antelación y que el cerebro de todo esto no es otro que Carlos María Ruíz, y por lo tanto se le deberá llamar a responder por estos cargos, como autor intelectual...”.

— Copia auténtica de la providencia fechada el 3 de febrero de 1995, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio por medio de la cual se condenó al señor Carlos María Ruíz Ruíz, como autor intelectual del delito de homicidio agravado, decisión que se fundamentó, en síntesis, en lo siguiente (fls. 26 a 38, cdno. 1):

“... Ahora bien, sobre la responsabilidad del señor Carlos María Ruíz Ruíz, se ha de analizar que no obstante la defensa pregona la carencia de prueba para un fallo condenatorio, aduciendo que en contra de su defendido se edificó la acusación arguyendo coincidencias, presunciones y sospechas.

Pero las pruebas allegadas al plenario y que en un momento sirvieron de soporte para proferir resolución acusatoria como intelectual del insuceso criminal; estudiadas en conjunto indubitablemente comprometen la responsabilidad del señor Ruíz Ruíz, habida consideración y como se dejó plasmado en párrafos precedentes y específicamente en su misma injurada al pretender mostrarse ajeno a los hechos, niega haber visto a Amarildo, como tampoco había visto a Parga Leal y que en la canoa solamente iban para donde Chucho con Paulino y Carlos Alberto Garzón, para concluir que no vio ni supo nada de la muerte de José Arturo Parga.

Contrario a su versión se demostró fehacientemente dentro del proceso que el señor Ruíz bajó en la canoa por la mañana y dejó a Amarildo Gordelles en los predios de Chucho a donde después en la misma canoa de Ruíz se trajo a Parga Leal como lo afirman los testimoniantes y que además venían las hijas de doña Ana Chipiaje, que una vez llegaron allí se reunieron a dialogar en una piedra los tres, es decir, Amarildo, Garzón y Ruíz, para de inmediato Amarildo atacar con garrote a Parga por detrás estando desprevenido hablando con Jesús Serrano.

Es claro que esta clase de autoría no goza siempre de prueba directa, sin embargo la prueba indiciaria y testimonial, es concluyente en establecer la responsabilidad penal en cabeza del señor Ruíz Ruíz quien determinó la consumación del punible contra la vida.

No obra en el proceso prueba que desvirtúe la acusación de la autoría intelectual, no obstante que al haberse ampliado las declaraciones mucho tiempo después inexplicablemente los testimoniantes en parte tratan de retractarse de la acusación en contra de Ruíz, pero es tan ostensible el comportamiento de sus trabajadores y autores materiales, mientras Ruíz se limita a observar en la escena del crimen para luego intentar huir a la presencia de la policía.

Y es que no solo ideó o trazó el comportamiento delictual, sino que también participó, al mandar llamar a su víctima y luego conducirla al lugar donde Amarildo debía darle muerte como lo hizo en asocio de Carlos Alberto y tal como se dejó plasmado en párrafos anteriores, es responsable, para un fallo condenatorio...”.

— Copia auténtica del escrito mediante el cual se presentó el recurso de apelación en contra de la providencia del 3 de febrero de 1995, cuyo fundamento consistió en señalar que mediante una sentencia en la cual se priva a una persona de su libertad, resulta natural que se efectúe un análisis de fondo de todo el expediente y con base en ello se decida sobre la situación jurídica del procesado, lo cual, según el representante del procesado, no habría llevado a cabo el juzgador (fls. 51 a 56, cdno. 1).

— Copia auténtica de la providencia proferida el 22 de noviembre de 1995, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal, a través de la cual revocó el fallo condenatorio y, en su lugar, absolvió de los cargos formulados al señor Carlos María Ruíz Ruíz, decisión que encontró fundamento en lo siguiente (fls. 39 a 50, cdno. 1):

“... De entrada hay que decir que la apelación se debe resolver en forma favorable mediante la aplicación de la regla del in dubio pro reo consagrada en el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, puesto que en realidad, como se alega en la sustentación del recurso, se carece de certeza sobre la eventual participación del procesado Carlos María Ruíz Ruíz en el homicidio cometido en José Arturo Parga Leal.

A esa situación de incertidumbre contribuyó la deficiente investigación al respecto, como los pobres interrogatorios a los testigos en relación con las aseveraciones de otros que dieron margen a tantos cabos sueltos acerca de la responsabilidad de este acusado, quedando como consecuencia, su comportamiento en el mero campo de las sospechas por las varias hipótesis que tendrían cabida como explicación del origen de estos hechos.

No existe duda que los autores materiales lo fueron los condenados Carlos Alberto Garzón y Amarildo Gordelles S., pues esta comprobación se encuentra en las declaraciones de los testigos presenciales Bertha Rodríguez, Ana y Olga Lucía Chipaje; aspecto que por otra parte, no aparece como materia de impugnación, que en este caso tiene que ver solamente con la responsabilidad atribuida al procesado Carlos María Ruíz como agente determinador del homicidio.

La incriminación contra Ruíz se basa en dichas declaraciones, que, sin embargo, no se consideran de la entidad suficiente para un fallo de condena en contra de este por cuanto no salen bien libradas de la pertinente crítica, según se analiza a continuación.

En cuanto al móvil, lo hizo consistir Bertha Rodríguez en la deuda de Carlos María Ruíz a su concubino José Arturo Parga Leal y el potencial riesgo que representaba este para Ruíz por haberle ofrecido pagar la deuda con droga (bazuco) obteniendo de él un rotundo rechazo.

Sobre el particular se debe señalar que esto no se probó plenamente por cuanto de la presunta propuesta de droga por deuda no fue testigo directo la declarante Bertha Rodríguez sino de oídas, ya que, según ella, se enteró porque “su marido le contó”. Y de haber sido el objetivo de Ruíz la eliminación de Parga para silenciar a un potencial testigo en su contra por violación al estatuto nacional de estupefacientes, no se ve una razón lógica por la cual se hubiera querido eliminar también a la señora Rodríguez, a no ser que se le viera como otro eventual riesgo por el contacto que tenían los dos a diario como pareja, y mucho menos ir a cometer los crímenes delante de varios testigos (Ana, Gloria y Olga Chipiaje, Jesús Serrano, Julio García, Antonio Bautista, José Arvey y Paulino N., según consta en los autos), como si fuera menos grave que aquella sindicación por los homicidios, estos últimos delitos, si, como manifiesta evidencia, lo cual resulta incomprensible. Tampoco esa posible causa de la muerte violenta de Parga, tendría verdadera relación con las manifestaciones posteriores al hecho provenientes de Gordelles cuando delante de todos los presentes lo trataba de “ladrón”, por lo cual le dio muerte, y también por “sapo”, según la declaración de algunos de estos.

Y si la deuda aisladamente como el móvil, se tiene que, además de ser muy poco el monto, en lo cual tiene razón el apelante, no había ocasionado disputa o enemistad entre el acreedor y el deudor que pudiera haber degenerado en un hecho tan grave como la eliminación de aquel por orden de este, a quien por tanto bastaba lograr más plazo para el pago de la acreencia.

En cuanto a la supuesta delación por parte de Garzón en contra de Ruíz ante la Policía cuando fueron capturados, según dijo la testigo Bertha Rodríguez, ocurre que si se revisan los informes rendidos por el cabo 2º José Duarte Rodríguez y el señor José Gabriel Gutiérrez (fls. 1, 2, 8, 9), comandante de la subestación y corregidor de Cazuarito, respectivamente, no aparece esa concreta acusación de aquel contra su patrón, no obstante lo comprometedora y su evidente significación para el esclarecimiento de los hechos. Lo que aparece al respecto es que el mencionado suboficial en la ratificación y ampliación de su informe dijo que “según versiones de la ciudadanía en general de Garcitas y la compañera del occiso, este señor (Ruíz) fue el que lo mandó matar, y según la esposa del muerto fue por no pagarle unos reales que le debía”; más antes había precisado que interrogado Garzón sobre el hecho respondió que “él sí había dado muerte a José Arturo Parga Leal pero porque había sido obligado, sin embargo no quiso decir qué persona lo había obligado” (fl. 12, primer cdno. original). Luego se establece que la incriminación anterior contra Ruíz no provino de Garzón (quien, por lo demás, en sus intervenciones nunca señaló como partícipe a su patrón), sino que se le ocurrió fue a la declarante Bertha Rodríguez en los términos que se menciona, sin hallar respaldo probatorio en el proceso.

Téngase en cuenta, por otro lado, que si, como ocurre comúnmente, la preocupación principal del autor intelectual es la de no dejar rastro alguno de su participación, llegando, en veces, a eliminar al autor material para quitar toda posibilidad de ser descubierto, es difícil pensar que Ruíz, en un caso excepcional, hubiera osado, con tantos testigos a la vista, traer no solo a la víctima al sitio donde iba a ser sacrificada sino también a los victimarios. De donde emerge la posibilidad de que Ruíz no actuó en connivencia con los autores materiales y si se le puede reprochar de tolerante con ellos, no hay que perder de vista la peligrosidad de que hicieron gala y su falta de humanidad, lo cual, de hecho, impidió que cualquiera de los presentes le prestara algún auxilio al hoy occiso cuando era atacado. Por lo que la actitud pasiva de Ruíz no indica, fatalmente, su presunta relación con el hecho punible.

En cuanto a que Ruíz llevó temprano a Godellez el día de los hechos al sitio donde ocurrieron, como en actitud sospechosa según se desprende de la declaración rendida al respecto por Olga Lucía Chipiaje, se tiene que el testigo Humberto Wescoth, cuya declaración le fue recibida en la audiencia pública, vino a poner en duda esa aseveración ya que aseguró que Ruíz se hospedó en su casa y ese día salió como a las once de la mañana, luego de encargar unos víveres, hacia el lugar donde tuvieron ocurrencia los sucesos.

Si se sigue la versión de Olga Chipiaje, resulta cuando menos extraño que Ruíz hubiera llevado temprano a ese sitio a Gordelles para que se quedara escondido detrás de unas piedras, es decir, como si tratara de ocultarle, y más tarde hubiera hecho su aparición no solo sino nada menos que con el otro autor material —Garzón— y con más personas fuera de la víctima, como Bertha Rodríguez, Gloria y Olga Chipiaje; lo que quita sentido a lo de Gordelles puesto que si lo que pretendía era no figurar con los autores materiales nada sacaba con tratar de no aparecer con uno y con el otro sí abiertamente, precisamente con el que vino a rematar a cuchillo a la víctima, con el agravante de irse luego en el bote con los dos como hizo para retornar a Garcitas.

En cuanto al motivo del viaje de Ruíz ese día a la casa donde luego tuvieron ocurrencia los hechos, ciertamente no hay uniformidad entre lo dicho por este y lo sostenido por Jesús Serrano y Ana Chipiaje, pero lo cierto es que se trasladó no solo con Parga sino en compañía de más personas como ya se ha dicho, lo que hace pensar en lo incomprensible que vendría a ser un homicidio premeditado, urdido por él, con la concurrencia de varios testigos presenciales que podrían relacionarle con los autores materiales y el hecho criminoso.

Pero los interrogantes que surgen del dicho de las Chipiaje y Bertha Rodríguez no paran ahí. En el desarrollo de la vista pública se ordenó recibirles ampliación de declaración y ocurre que en esta ocasión para nada aludieron a una eventual intervención en los hechos de Carlos María Ruíz. Ana Chipiaje, llegó a manifestar que para su primera declaración fueron obligadas por la Policía. Y Bertha Rodríguez, prácticamente se retractó de los cargos que había hecho inicialmente contra Ruíz.

¿Cuándo dijeron la verdad? Difícil precisarlo. Por cuanto ya se vio lo deleznables que resultan los elementos probatorios que podrían deducirse de sus primeras declaraciones, por oposición a otros testimonios recibidos en el curso de la actuación o al sentido común o a la razón, lo que llega a minar su credibilidad.

De acuerdo a todo lo anteriormente analizado, se concluye que no obrando dentro del proceso prueba de irrefutable solidez acerca de la responsabilidad del acusado Carlos María Ruíz Ruíz, se impone en su caso una decisión absolutoria, en lugar del fallo de condena que se le dictó...” (negrillas y subrayas de la Sala).

4. El caso concreto.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, se tiene que el demandante Carlos María Ruíz Ruíz fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el día 5 de marzo de 1990 hasta el día 22 de noviembre de 1995, por su supuesta autoría en el homicidio del señor José Arturo Parga Leal; sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio lo absolvió de los cargos imputados, porque no encontró en el expediente pruebas acerca de la real o efectiva consumación del ilícito punible objeto de investigación por parte del ahora demandante, ni en relación con su responsabilidad penal, aunque formalmente invocó la aplicación del principio in dubio pro reo, como fundamento de su decisión.

A juicio de la Sala, la sentencia impugnada amerita revocarse, toda vez que de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia en punto a la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en este proceso la entidad demandada sí está llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado a la parte actora.

En efecto, se probó que el señor Carlos María Ruíz Ruíz fue capturado y vinculado a un proceso penal por su supuesta autoría en el homicidio del señor José Arturo Parga Leal, por lo cual estuvo privado de su libertad durante más de 5 años; posteriormente, a través de decisión calendada el día 22 de noviembre de 1996, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio decidió absolver de los cargos imputados porque “... en realidad, como se alega en la sustentación del recurso, se carece de certeza sobre la eventual participación del procesado Carlos María Ruíz Ruíz en el homicidio cometido en José Arturo Parga Leal...” (se destaca).

Así las cosas, esta Subsección encuentra que la razón que en realidad llevó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio a absolver al procesado, obedeció a que no se contaba con material probatorio necesario para determinar su responsabilidad penal, circunstancia que por sí sola constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(18).

Conviene precisar que si bien dentro de la decisión que absolvió al señor Ruíz Ruíz se aludió a la aplicación del principio universal de in dubio pro reo como fundamento de dicha decisión, lo cierto es que al analizar en forma íntegra las consideraciones allí expuestas, se puede determinar, como ya se dijo, que en realidad la separación del proceso penal del ahora demandante se produjo porque no existían los elementos de convicción y de acreditación de su autoría en la comisión del hecho punible del cual se le sindicó, por manera que la responsabilidad que aquí se le atribuirá a la parte demandada no estriba en la aplicación del mencionado principio de in dubio pro reo, sino porque en este caso se configuró uno de los supuestos previstos en el ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal como constitutivo de la privación injusta de la libertad: el sindicado no cometió el delito.

Por consiguiente, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que a la actora se le causó un daño antijurídico, el cual le resulta jurídicamente imputable a la Nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere tal responsabilidad.

A tal efecto resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(19).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro —como ya lo ha consignado la Sala(20)— que el señor Carlos María Ruíz Ruíz no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual resulta antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a la parte demandante, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento y consiguiente condena, las cuales posteriormente fueron revocadas.

Finalmente, la Sala precisa que dentro del presente asunto no operó la caducidad de la acción, por cuanto la decisión proferida en segunda instancia, mediante la cual se absolvió al aquí demandante, fue proferida el 22 de noviembre de 1995 y la demanda fue presentada el 18 de octubre de 1996 (fl. 58, cdno. 1)(21).

Por otra parte, la Sala considera necesario resaltar que las providencias proferidas a lo largo del proceso penal adelantado en contra del señor Carlos María Ruíz Ruíz, fueron expedidas por el Juzgado Promiscuo Territorial de Puerto Carreño, el Juzgado Trece de Instrucción Criminal de Puerto Gaitán y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio, lo cual permite determinar que la responsabilidad patrimonial que aquí se le atribuye al Estado por la privación injusta de la libertad de dicha persona recae en la rama judicial y, por lo tanto dicho ente deberá resarcir los daños causados a los actores, amén de que la demanda se dirigió contra esa entidad, la cual fue formalmente vinculada al proceso.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la rama judicial por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Carlos María Ruíz Ruíz.

5. Indemnización de perjuicios.

Antes de determinar la procedencia de los perjuicios deprecados en el libelo introductorio, resulta necesario determinar que dentro del presente proceso el único actor —víctima directa de la privación injusta de la libertad— falleció el día 2 de octubre del año 2000, tal como lo acredita la copia auténtica del registro civil de defunción del señor Carlos María Ruíz Ruíz (fls. 377 a 379 y 383, cdno. ppal.).

Al respecto conviene puntualizar lo siguiente:

Dentro de la audiencia de conciliación que se surtió en primera instancia el día 31 de octubre de 2000 (fl. 315, cdno. 1), el apoderado judicial del demandante manifestó el fallecimiento de su representado, para lo cual aportó copia simple de unos documentos que en su momento habrían de contener una licencia de inhumación y del certificado de defunción del actor (fls. 332 y 333, cdno. 1).

El proceso continuó su curso y, por lo tanto, se surtió la etapa de alegaciones finales y posteriormente, una vez concluida dicha etapa procesal, el tribunal administrativo a quo consideró que los documentos allegados por el apoderado del demandante para acreditar la muerte de este último carecían de eficacia probatoria por cuanto se encontraban desprovistos de autenticación, motivo por el cual, a través de auto de 12 de octubre de 2001, se requirió al mandatario judicial del demandante para que aportara en original o en copia autenticada el registro civil de defunción del señor Carlos María Ruíz Ruíz (fls. 358 y 359, cdno. 1), pero la parte requerida no dio cumplimiento a ello (fl. 361, cdno. 1).

El Tribunal Administrativo del Meta dictó sentencia 2 años más tarde y, como ya se indicó, denegó las pretensiones de la demanda (fls. 362 a 376, cdno. ppal.).

Antes de notificarse por edicto la sentencia,(22) el apoderado de la parte actora allegó —el día 11 de marzo de 2001— copia autenticada del registro civil de defunción del señor Carlos María Ruíz Ruíz y esgrimió algunas razones que según él le impidieron allegar oportunamente dicho documento (fl. 377, cdno. ppal.).

Posteriormente, a través de escrito que se radicó ante la dirección seccional de Villavicencio el día 14 de mayo de 2003, quienes manifestaron ser las hijas del actor fallecido interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación contra el fallo de primera instancia, documento que, bueno es precisarlo, no corresponde al original suscrito por las personas que allí aparecen como signatarias del mismo, sino que consiste en una copia —sin autenticación alguna—, sin nota de presentación personal y sin intervención de apoderado judicial (fl. 382, cdno. ppal.).

Junto con el anterior documento aparece una copia simple de un escrito al parecer elaborado por quienes dicen ser los herederos del actor, por medio del cual se le solicitó al tribunal de primera instancia que les reconociera tal calidad, para cuyo efecto se indicó que se aportaban copias de la cédula de ciudadanía, del certificado de defunción y de la licencia de inhumación del señor Ruíz Ruíz, así como las copias de los registros civiles de nacimiento correspondientes y de sus cédulas de ciudadanía, pero lo cierto es que dichos documentos no obran en el expediente (fls. 380 y 381, cdno. ppal.).

A través de otro documento, radicado el mismo 14 de mayo de 2003, el apoderado de la parte actora presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fls. 385 a 388, cdno. ppal.).

El tribunal administrativo de primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, sin llevar a cabo consideración alguna acerca de la petición que presentaron quienes decían actuar en condición de herederos del actor fallecido (fls. 391 y 392, cdno. ppal.).

El referido recurso de alzada se admitió por parte del magistrado ponente de la época mediante proveído de 31 de octubre de 2003 (fl. 397, cdno. ppal.); posteriormente se dio traslado a las partes para alegar de conclusión, sin intervención alguna por parte de los sujetos procesales y sin existir una sola actuación posterior a dicha etapa procesal, hasta ahora que se procede a dictar sentencia de segunda instancia.

En primer lugar, la Subsección estima que dentro del presente asunto no existe dificultad de índole procesal para desatar el recurso de apelación —y por esa razón ello ya se hizo—, por cuanto es claro que la impugnación de la cual se conoció en esta instancia corresponde a aquella que formuló oportunamente el apoderado del señor Carlos María Ruíz Ruíz, quien contaba con plena facultad para interponerlo, no obstante la muerte de su mandante, según los precisos términos del artículo 69, inciso 5º, del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores”.

Y dentro del presente asunto no existió revocatoria al mandato conferido por el señor Carlos María Ruíz Ruíz a su apoderado judicial por parte de los herederos o sucesores de este, pues ni siquiera uno de ellos pretendió, de manera formal y con los documentos idóneos para tal efecto, hacerse parte en este proceso.

En efecto, aunque existe una petición —que ni siquiera consiste en el documento original— de quienes serían los herederos del actor aquí lamentablemente fallecido para que en sede de primera instancia y luego de que se hubiere dictado sentencia se les tuviere como herederos del señor Carlos María Ruíz Ruíz, lo cierto es que ese escrito se encuentra desprovisto de toda autenticidad, sin nota de presentación personal, ni siquiera, como se dijo, es el original, sino una copia simple y, como si fuese poco —que en modo alguno lo es— las personas que aparecen como sus signatarios no acreditaron, mediante medio idóneo de convicción alguno, la condición de hijos del actor.

En ese sentido, comoquiera que sí se probó la muerte del actor, la Sala dispondrá los reconocimientos económicos que en este fallo se harán a favor de la sucesión procesal del señor Carlos María Ruíz Ruíz, tal como ya lo ha hecho en similares situaciones, en las cuales se ha considerado que “...como la acción de reparación directa tiene un contenido puramente patrimonial y la indemnización que haya de ordenarse hace parte del derecho a la reparación que es de contenido económico, es evidente que procede ordenar el pago de la condena a la sucesión”(23).

Así, por ejemplo, en oportunidad anterior, también la Sala señaló:

“Normalmente, cuando el actor fallece, el apoderado debe dar noticia de este hecho al juez y el proceso, como reza el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador, es decir, que se surte una sucesión procesal y el proceso continúa, como si subsistiera el demandante original, puesto que las cuestiones de fondo que son objeto del litigio no se modifican ni afectan por su deceso. Por su parte, el artículo 62 del mismo código, establece que los sucesores, tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención. Volviendo al presente caso, se observa que en el proceso no se dio noticia al tribunal de primera instancia sobre el fallecimiento del demandante antes de que profiriera su decisión; no se produjo la sucesión procesal que era procedente, y como consecuencia de ello, se condenó a la parte demandada a indemnizar los perjuicios a favor del actor, señor José Ramiro Vargas Palacio; sin embargo, con ocasión del recurso de apelación, la Sala ha tenido conocimiento de su deceso, y por lo tanto, procederá a modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de que la condena en ella proferida, se hace a favor de la sucesión del señor Vargas Palacio(24) (se destaca).

5.1. Perjuicios morales.

La Sala considera importante señalar que la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(25).

En consecuencia se reconocerá a favor de la sucesión del señor Carlos María Ruíz Ruíz la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.2. Perjuicios materiales.

5.2.1. Lucro cesante. En la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios por lucro cesante, de la siguiente manera:

“... a) $ 82’500.000 correspondientes a los daños sufridos inmediatamente y por el solo hecho de verse privado de la libertad, puesto que los bienes que perdió Ruíz, tales como ganado, mercancías, vivienda, bienes muebles etc., detallados en el hecho sexto así:

Como comerciante:

Negocios frustrados$ 3’000.000
Mercancías perdidas$ 3’000.000
Cuentas impagadas$ 4’000.000
Embarcación y motor$ 3’000.000
Subtotal$ 13’500.000

Como hacendado

20 cabezas ganado vacuno$ 12’000.000
160 cabezas ganado porcino$ 9’000.000
10 cabezas ganado equino$ 2’000.000
2 casas$ 40’000.000
Cultivos$ 4’000.000
Menaje de las casas$ 82’000.000
Subtotal$ 69’000.000

Total perjuicios causados actividades económicas: $ 82’500.000.

b) Lo dejado de recibir al ver truncada su actividad económica tales como la desatención de los negocios y hacienda que en cifras manejables a su nivel empresarial y social, los ingresos dejados de percibir por Ruíz Ruíz ascienden a una suma no inferior a $ 332’000.000...”.

Como se desprende de lo anterior, dentro de la pretensión se introdujo erróneamente, como parte del lucro cesante, la suma de “...$ 82’500.000 correspondientes a los daños sufridos inmediatamente y por el solo hecho de verse privado de la libertad...”, componente que en realidad forma parte del daño emergente —el cual se analizará más adelante—, por manera que ese aspecto no será examinado dentro del presente rubro, pero sí lo será el otro ítem que señaló la parte actora como elemento integral del lucro cesante y que dice relación con lo dejado de percibir por el actor al ver interrumpida su actividad como comerciante y “finquero”.

La Sala reconocerá la indemnización por lucro cesante a favor del señor Ruíz Ruíz, pero la cuantificará con base en el salario mínimo legal mensual vigente, toda vez que dentro del proceso no obra medio de convicción alguno que demuestre cuánto devengaba la víctima directa del daño para el momento de la privación de su libertad.

Por consiguiente, dado que se demostró en el proceso que el señor Ruíz Ruíz ejercía una actividad productiva como comerciante y agricultor,(26) pero no se probó su ingreso mensual, se liquidará la indemnización con base en el salario mínimo legal mensual vigente para el año 1990 ($ 41.025), siempre y cuando este no resulte inferior al salario mínimo de este año, una vez sea actualizado a valor presente.

Se puntualiza, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el periodo consolidado comprendido entre el 5 de marzo de 1990 y el día 23 de noviembre de 1995, más los 8.75 meses que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral.

Acerca del periodo a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses)(27)(28).

Por lo tanto, si bien el actor Ruíz Ruíz estuvo privado de la libertad hasta 23 de noviembre de 1995, lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este periodo resulta necesario sumarle el tiempo durante el cual, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a la recuperación de su libertad.

Ra = Rh ($ 41.025)índice final – ene./13 (112.15)
 _________________________
 índice inicial - mar./90 (9.12)

Ra = $ 504.490

Toda vez que el valor actualizado resulta inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma ($ 589.500), previo incremento del 25% ($ 147.375), por concepto del correspondiente factor prestacional, lo cual determina un ingreso base de liquidación de: $ 736.875.

((29))

S = $ 736.875 (1+ 0.004867)76.75 - 1
 _________________
0.004867

S = $ 68’366.637

Indemnización a favor de la masa sucesoral del señor Carlos María Ruíz Ruíz = $ 68’366.637.

5.2.2. Daño emergente: se solicitó a favor de la víctima directa del daño, de la siguiente manera:

“... Lo que representaría para esta fecha el valor de los bienes que perdió Carlos Ruíz, por el hecho de su detención, por lo que solicito se aplique la indexación, esto es que a la fecha se aplique la tabla indexativa para determinar cuánto valdrían ahora los bienes a que se hizo alusión en el hecho sexto de esta demanda.

Lo que tuvo que pagar Carlos Ruíz para asumir su defensa como fue:

Al suscrito le canceló la suma de $ 1’500.000 para representarlo en la etapa de juicio.

Los gastos del suscrito para desplazarse a Puerto Carreño (Vichada para asistir a la práctica de las pruebas ordenadas en la etapa de juicio que fueron sufragados con dineros propios de Ruíz Ruíz y que ascendieron a la suma de $ 700.000...” (fl. 65, cdno. 1).

La Subsección estima procedente la indemnización correspondiente a este último rubro, por cuanto quien actúa como apoderado de la parte actora en este proceso fue también quien asumió la defensa técnica del sindicado en el proceso penal y si bien es cierto que no obra en el expediente una prueba documental que determine el valor que el actor le debió pagar a su apoderado por la asistencia en el proceso penal, no es menos cierto que el aludido profesional del derecho manifestó en la demanda que por sus servicios en el referido proceso penal se le pagó la suma de $ 2’200.000.

Al respecto conviene precisar que en casos como el que aquí se examina, la Sala(30) ha accedido a esta clase de daño emergente, pero ante la falta de elementos de prueba para cuantificarlo, se ha condenado en abstracto, ello bueno es precisarlo cuando el apoderado judicial de la parte actora en el proceso contencioso administrativo resulta diferente al abogado que representó a la víctima directa del daño en el proceso penal; sin embargo, en este caso ocurre que ambas representaciones las llevó el mismo mandatario judicial.

Así las cosas, con fundamento en el principio de economía procesal, la manifestación del apoderado de la parte actora con la presentación personal que él hizo de la demanda, lo cual equivale a un recibo para todos los efectos, permite tener por acreditado el monto del perjuicio y, por lo tanto, la Sala considera que la condena de este perjuicio se debe realizar en concreto con el fin de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia, para lo cual la suma anteriormente descrita se tendrá como cierta y se actualizará de la siguiente manera:

Ra = Rh ($ 2’200.000)índice final - ene/13 (112.15)
__________________________
índice inicial – oct./96 (37.42)

En consecuencia se reconocerá a título de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 6’593.532.

Ahora bien, según se indicó anteriormente, en el libelo introductorio se solicitó, pero como parte del lucro cesante, el monto derivado de los daños sufridos por el actor una vez fue privado de su derecho fundamental a la libertad, consistente en:

“... a). $ 82’500.000 correspondientes a los daños sufridos inmediatamente y por el solo hecho de verse privado de la libertad, puesto que los bienes que perdió Ruíz , tales como ganado, mercancías, vivienda, bienes muebles etc., detallados en el hecho sexto así:

Como comerciante:

Negocios frustrados$ 3’000.000
Mercancías perdidas$ 3’000.000
Cuentas impagadas$ 4’000.000
Embarcación y motor$ 3’000.000
Subtotal$ 13’500.000

Como hacendado

20 cabezas ganado vacuno$ 12’000.000
160 cabezas ganado porcino$ 9’000.000
10 cabezas ganado equino$ 2’000.000
2 casas$ 40’000.000
Cultivos$ 4’000.000
Menaje de las casas$ 82’000.000
Subtotal$ 69’000.000

En este proceso se practicaron los testimonios de los ciudadanos Paulina Ruíz Ruíz (hermana de la víctima directa del daño), Juan de Dios Vaca Lesmes, Germán Edgar Orozco Guzmán, Gildardo Novoa Franco, Luis Enrique Reyes Martínez, Camilo Reyes Martínez, y Stella Janeth López (fls. 174 a 190, 216, 279 a 281, 288 a 291, cdno. 1) quienes, respectivamente, expresaron lo siguiente:

“...Pues tengo entendido que durante el tiempo que él estuvo en la cárcel él perdió el capital que él tenía, y que como me ayudaba o nos ayudaba a mí y a otros dos hermanos, y él quedó mejor dicho en la miseria, este es el momento que no se ha podido recuperar de todo lo que perdió. El era comerciante, tenía dos fincas en el Vichada, la una en la Ponderosa es una finca de más o menos unas 1.500 hectáreas, allá tenía dos casas, era una finca muy hermosa, muy grande, ahí tenía ganado, tenía cerdo, criaba bastantes cerdos que los sacaba de aquí para Villavicencio, más o menos cuidaba unos 150 cerdos y yuca y plátano para sostener los animales. La otra finca está en, como es que se llama eso allá, yo alcancé a ir una solita vez, que mandó una camioneta que tenía para llevar una mercancía y me fui yo con él, eso queda en el Vichada, allá para ese lado está un sobrino, la finca Garcitas me parece que se llama allá, si me parece que es Garcita, allá más o menos son unas 500 hectáreas, lo mismo, allá si tenía más poquito ganado, en la Ponderosa tenía unas 50 reses, ya en la otra tenía 30 yo mandé la vacuna para 30, allá lo mismo sembraba yuca, sembraba maíz, plátano, mantenía más o menos unos cinco obreros. Mi hermano mantenía con una falca que era con la que él repartía la mercancía que se le mandaba de aquí para el resto de fincas. El vendía víveres, que yo se los mandaba de aquí en tiempo de verano cada ocho días, y en invierno cada quince o veinte días. Como ya había dicho él tenía allá ganado, cerdos, caballos y agricultura. Las mejoras pues yo entiendo que son las casas, él tenía allá sembrado yuca, maíz plátano, las casas pues eran bastante grandes, tenía planta eléctrica. Las casas eran en bloque, unas casas amplias, cada una más o menos tenía unas cinco o seis piezas, con alcobas grandes y unos ventanales amplios en estructura metálica, con sus buenas puertas, con sus buenos baños, tenía corral, lo que se llama para el ganado que también así en estructura, para lo que era el ordeño de las vacas. Yo creo que por ahí unos cuatro o cinco millones, tenía televisor, su nevera, vajilla tenía mucha, tenía un juego de sala, de comedor, así en muebles no más, no me acuerdo de más. Pues eso se perdió todo porque él no volvió a mandar nada de camiones, yo vine a saber como a los tres meses vine yo a saber, porque como yo no tengo teléfono, entonces no tenía con quién comunicarme porque a él se lo llevaron para Puerto Carreño, entonces yo quedé incomunicada con él y yo vine a saber más sino hasta ahí, y como yo no pude bajar entonces yo no supe nada de la finca, de los bienes de lo que había en la finca, porque hasta la señora que estaba en la finca le tocó salirse, porque llegó la guerrilla y según ella, se apoderó de todo y que no dejaban entrar a nadie allá. Nada, no se logró sacar nada, todo, todo se perdió todo. Pues yo considero más o menos unos tres o cuatro millones por ahí más o menos en un mes, ese era el promedio mensual, porque es que como eso se lleva una lista, uno tiene un cuaderno, porque así se acostumbra, lo que uno va comprando lo va anotando, y según la venta que haya ese día se va anotando, y al final de mes suma uno lo que compró y lo que vendió, y sabe uno si está ganando o está perdiendo, yo de contabilidad no sé nada pero así lo llevábamos. Tenía 50 cabezas de ganado, y caballos 10. Pues él mandaba la camioneta, otras veces se le mandaba en camión. Allá las distribuía en una falca, es una canoa grande, cogía por todo el río como es que se llama ese río, no me acuerdo en el momento, la cosa era que él cogía, por el pié de la finca pasa un río, por ese río era él que navegaba para llevar la mercancía para todas las otras fincas. Más o menos eso era para unas 80 toneladas, con capacidad de unas 80 toneladas, ahí se llevaba papa, tomate, cebolla, todo lo que es verdura, grano, fríjol, la movilizaban con motor, y el material no sé cómo se llamará, lámina será, eso tenía su casa, que ahí se le arrumaba todo. Se perdió porque al no haber nadie quien, allá de familiares de él, eso se perdió, no se supo nada. De eso no quedó nada, de la finca lo único que quedó fue la tierra, fue lo único que no se pudieron llevar...”.

“(...)

“...Sí señor, lo conocí porque ellos vivían cerca a nosotros cuando estaban en Restrepo, relación de parentesco no, pero sí amigos, con los papas de él también amigos. Me citaron que viniera aquí a dar la declaración sobre la conducta de él, yo puedo declarar porque lo he conocido desde pequeñito, hace unos 50 años lo menos. Yo lo conocí desde pequeñito, ellos eran trabajadores en finca de propiedad, yo lo conocí desde pequeñito, ellos venían a la casa y nosotros íbamos a la finca de ellos, los muchachos míos también, éramos amigos, ellos son trabajadores, vendían leche, ahora yo le he visto por ahí trabajando, por allá, me llevó una vez a una finca por allá en el vichada, tenía campo de aterrizaje, todo, eso hace como unos 9 o 10 años, allá me demoré como ocho días, tenía finca bien arreglada, tenía cerdos, ganado, tenía un bote, vendía mercancía, ese era el destino, esa vez nos fuimos repleto el carro de mercancía. El era comerciante porque él iba vendiendo mercado todo el camino, todas esas tiendas, la finca estaba por allá en el Vichada, cerca a una reserva nacional, en todo caso íbamos por la carretera que va para Santa Rita, y por ahí llegando como a unas 14 horas desde aquí de Villavo, y voltea uno hacia este lado, y ahí tenía la finca, cerca a una reserva, decían que era una reserva, yo allá me quedé, duré como casi 8 días y me devolví, él iba a navegar por un río, no recuerdo como es el nombre de ese río, en todo caso un río pequeño, ahí tenía una canoa siempre grande, le cabían aproximadamente unas 15 personas, y se iba a vender por allá mercancía río abajo y río arriba, una canoa con un motor grande, íbamos a pescar, la pasamos muy bien, nos atendió muy bien. Bueno la finca es sumamente grande, tenía lo menos unas 1000 hectáreas, eso era inmenso, ahí tenía ganado, marranos y tenía cementera, para gasto. No sé cuantas hectáreas, pero lo que corríamos nosotros andábamos, tenía más de 1000 hectáreas, íbamos para un lado, una hora para otro lado, otra hora, para el río media hora. Cementera tenía como plátano y yuca como unas dos hectáreas, para el gasto, ganadito, marranos, unos perritos, la casa sí era grande, muy bonita, con cerchas de hierro, puertas, ventanas, todo eso muy bien arreglado, tenía su cocinita aparte, y todo muy bonito, y ahí cerquita tenía unas paredes para levantar otra casa. Tenía piezas, tenía su garaje, piezas no sé cuántas eran, pero como unas siete piezas grandes, nosotros guindábamos hamacas, y dijo que las cerchas las habían llevado en avioneta, tenía campo de aterrizaje ahí para abajo, no habían chucuas, todo. Plano. El valor de las casas, yo digo una cosa, cuanto le poniéramos (sic) de precio a eso, es muy difícil. El precio de esas casas ahora eso valdría mucho dinero ahora, eso valdría como más de unos treinta o cuarenta millones de pesos, porque no ve que era en eternit, cerchas de hierro, y altas, porque ahí cabía una camioneta esas casas valdrían ahorita. Yo digo que ganado aproximadamente habría unos 40 o 50 reses, habían cerdos lo menos como 50 marranos entre pequeños y grandes, y perros también habían, como unos tres perros, caballos también había como unos seis o siete bestias, entre caballos y yeguas. Yo le vi una canoa en el río, tenía un motor, un motor 40, un motor grande, que sirven para echar carga, o ganado. Bueno, yo no he sabido nada de fincas, no les puedo declarar eso porque no sé, no he sabido nada de la finca, que la hicieron, nada, yo no volví más por allá”.

“(...)

“... Cuando yo lo conocí, por medio de mi patrón él tenía una tienda de víveres en Barranca de Upía, era ganadero y agricultor, precisamente íbamos a comprarle un arroz, no yo mi patrón, hicimos amistad, tomábamos trago y en Barranca todo mundo lo conocía, inclusive en Villa Nueva. Posteriormente, yo me independicé y empecé a trabajar por mi cuenta y la amistad con el señor Carlos Ruíz continuó, le hacía préstamos para compra de mercancías varias y más tarde me enteré que se había separado de su señora Alicia, él me contó que se iba a establecer en el Vichada. Frecuentemente me visitaba en mi casa y me pedía favores de dinero para él comprar mercancías y me pagaba un interés, de manera regular porque sus visitas a Villavicencio no eran frecuentes. Me contó que tenía una finca en el Vichada, estaba dedicado a la cría de porcinos, ganado y a la agricultura, razón por la cual nuestra amistad y mis créditos hacia él se fueron haciendo cada vez mayores, a finales del año 89, el señor Carlos Ruíz me dijo que necesitaba una plata para comerciar mercancía a través del río, que compraría en Venezuela, me refiero al río Vichada, yo le hice el préstamo y quedó de devolvérmela a finales de abril del 91, pero después me enteré que había sido detenido. A mi manera de ver él era un hombre muy solvente, pues cuando me pagaba los intereses nos invitaba a unos tragos, pagaba las cuentas y hablaba de sus logros, razón por la cual de él nunca se desconfiaba. Realmente nunca fui al Vichada, pero por referencias de los amigos que estuvieron allá me contaban que tenía unas cabezas de ganado, un criadero de cerdos, algunos caballos, y un bote muy grande para comercializar mercancías. Porque como ya lo dije, fue detenido en el Vichada y me mandó en repetidas ocasiones razón de que cuando saliera me iba a pagar todo con los intereses. El me dijo que tenía unas cabezas de ganado, que si las aceptaba como parte de pago, cabezas de ganado que nunca llegaron a mí, porque dizque la guerrilla se las comió”.

“(...)

“...Conozco a Carlos María Ruíz Ruíz, no tengo parentesco, somos amigos y si sé por qué me llamaron a declarar en este proceso. El tuvo un problema, o sea yo lo conozco allá en sus negocios, estuvo detenido, sé que tiene una finca por allá en el Vichada, lo conozco aquí en Villavicencio más que todo y también tiene negocios para la zona de Villa Nueva y Barranca, entonces tuvo problemas, estuvo detenido y me pidió que le colaborara con la declaración de que lo conozco a él y como lo he conocido y en qué lo he conocido. Lo he conocido digamos en sentido por ahí en reunión de amigos, de negocios, en esa forma lo he conocido, tragos. A ver yo me daba cuenta que él venía mucho aquí a Villavicencio a comprar mercancías, o sea compraba mercancías aquí en Villavicencio porque él trabajaba con mercancías mucho por allá en el Vichada, me di cuenta más de cualquier quince veces en esa situación, compraba bastante cantidad y llevaba esa mercancía en un camión de acá de Villavicencio y allá movía en un bote que creo que era de propiedad de él. No en la finca nunca estuve yo, sé que la tenía por los comentarios que se hacían siempre en reunión, hablaba de la finca y de ganado que tenía, hablaba de unos cerdos que tenía, de la cría de cerdos. Los que sí sé es que la finca era una finca siempre grande y la tenía bien organizada. O sea el negocio principal de él, él trabajaba digamos con ganado y lo más principal él trabajaba mucho con la mercancía era el principal fuerte de él. Por lo que se notaba en las reuniones que teníamos, se notaba que era una persona de bastantes medios económicos por digamos, uno se daba cuenta por la cantidad de mercancía que compraba, por lo que hablaba en la reunión, y él siempre pagaba las cuentas lo invitaba a uno y hablaba siempre de sus negocios”.

“(...)

Yo lo conocí en el Vichada en una finca que él tenía. Lo conozco aproximadamente hace unos doce años. Yo trabajé para él a partir del año 87 hasta el año 90 aproximadamente. El era comerciante y dueño de fincas, ganadero, eso era lo que él hacía. Yo dejé de trabajar desde que se acabó todo lo que él tenía porque la guerrilla lo sacó a uno de por allá, lo cogieron preso cuando eso y ese fue el motivo para no seguir trabajando con él. Había una finca que se llamaba la Ponderosa, esa era la que más valía, tenía dos casas grandes hechas en material todo en hierro, una casa de esas para una finca debe valer por ahí unos cincuenta millones, tenía todos los servicios; en la otra finca se cultivaba había como cinco hectáreas de yuca, plátano y maíz que eso no se pudo aprovechar debido a que lo cogieron a él preso, eso quedó abandonado y todo se perdió, esa agricultura vale como unos ocho millones de pesos. El comercio, él era comerciante, traía cemento, harina pan, enlatados, todo eso quedaba en bodega, eso era para distribuirlo pero al final todo se perdió, tiene un valor por ahí como de unos cuatro millones de pesos. Tenía ganado, sesenta cabezas de ganado, ganado vacuno y equino también había, había veintidós equinos, había aproximadamente unos ciento setenta cerdos, no recuerdo más. La realizaba por medio de una embarcación o bongo, aproximadamente unas diez toneladas se transportaba en ese bongo y se distribuía en una camioneta. El bongo era movido por un motor fuera de borda. El motivo es cuando lo colocaron preso, ese es el principal motivo y el segundo motivo es porque la guerrilla le decía a uno que tenía que abandonar esos predios que había dejado el señor Carlos Ruíz, por motivo de un homicidio de que lo acusaban a él, que eso no era verdad, que una persona que había cometido un homicidio no podía estar en la región ni los empleados tampoco, debían de salir todos, por esas dos razones se perdió lo que tenía. El bongo quedó por allá amarrado en la orilla del río, nadie lo reclamó o se lo llevaron porque nadie iba a reclamarlo porque a él se lo habían llevado preso, en esa época el bongo valía aproximadamente unos cuatro millones de pesos sin él fuera de borda, para esa época valía como tres millones porque ahorita vale como ocho millones de pesos. Tenía de todo lo que tiene una finca organizada. Tenía juego de sala, comedor, televisores, nevera, equipo de sonido, planta eléctrica y planta para agua, eso en esa época costaba todo como siete millones de pesos, eso más o menos para el año 1987. En el sólo comercio por ahí unos cuatro millones de pesos mensuales y de ganadería como eso es variable aproximadamente unos diez millones de pesos mensuales, él compraba y vendía ganado. Que le debían si (sic), en la mercancía él fiaba y se recogía la plata de la fianza a quince días o un mes y él plata no debía, a él le debían sí. Las deudas se perdieron porque uno iba a cobrar y decían que ya habían pagado, como sucede siempre cuando uno cae preso. Él le debía veinte mil pesos, pero don Carlos Ruíz los mandó a pagar conmigo a ese señor. Era de un alquiler de otro bongo porque el que él tenía estaba en reparación en esos días”.

“(...)

“...Yo lo conocí en el Vichada en una finca que él tenía, como en mitad del año 87. Yo lo conocí a él como comerciante y finquero, él compraba y vendía ganado. Él tenía 2 fincas, yo trabajaba en una de ellas, se llamaba La Ponderosa, ahí tenía ganado, unas 50 reces aproximadamente y unas 10 bestias, él tenía más o menos unos 145 cerdos y como unas 5 hectáreas de lo que era comida, maíz, yuca y plátano. Como comerciante llevaba harinas, panela, arroz, todo lo que se consume por ahí, él lo llevaba en un bongo que tenía por un río. Él en la finca tenía dos casas grandes hechas en material con ventanas de hierro y ahí tenía motobomba para sacar el agua, planta para luz, tenía un televisor y un juego de sala, la alcoba. En esa época la casa valdría unos 35 ó 45 millones de pesos, pues era una casa grande, la motobomba y planta en ese tiempo valdrían $ 1’500.000 las dos cosas, los muebles de la casas valdrían por ahí unos $ 2’000.000. El ganado valdría por ahí unos 22 millones de pesos, pues el ganado era bonito, los cerdos unos 4 a 4 y medio millones aproximadamente, los caballos por ahí 2 y medio millones en ese tiempo y los cultivos de comida unos 3 y medio millones de pesos. Yo dejé de trabajar para él cuando él estuvo preso, que fue más o menos en el año 90 que lo acusaron a él por un homicidio, desde ahí dejé de trabajar porque en la finca no había quién respondiera, en eso nos tocó venirnos de allá de la finca porque la guerrilla dijo que la persona que cometiera un homicidio no podía volver, desde ahí se perdió la finca de don Carlos y el trabajo de nosotros se perdió porque nos quedaron debiendo una plata. Habíamos 5 que trabajábamos siempre ahí constante con él. Ese bongo lo dejamos amarrado en el río y ahí se lo llevaron o se perdió porque la guerrilla no dejaban pasar nada de eso, ese bongo era una embarcación siempre grande y él lo movía con un motor fuera de borda, el motor valdría, en ese tiempo, unos 2 millones setecientos mil pesos y el bongo valdría por ahí unos cuatro millones. Nosotros tuvimos que salir de ahí porque llegó la guerrilla y nos dijeron que nos fuéramos que de ahí no podían sacar nada, que don Carlos tampoco podría volver por allá, porque ellos lo amenazaron que lo mataban. El ahorita, en este momento, es vendedor ambulante, yo creo que a como está antes su situación económica ahorita no es igual, para mí la situación económica es mala”.

“(...)

“...Yo lo conocí aproximadamente hace 12 años, en la finca que él tenía, en Placer Vichada, lo conocí en la finca trabajando, él era un hombre trabajador. Pues él se la pasaba comprando mercancía comprando y vendiendo ganado, viajaba a traer su mercancía, en la hacienda tenía 150 cerdos, aproximadamente 400 ó 500 cabezas de ganado, tenía como unos 50 caballos. Yo en la casa me ocupaba a ayudarle ahí en la casa y en la bodega a vender cuando él dejaba las llaves; la bodega era muy grande y el señor tenía mucha mercancía ahí. El en la finca tenía planta, una motobomba de agua, tenía bien arreglada su casa, tenía su equipo de sonido, su televisor sus muebles, la casa de él era de material, sus puertas eran de reja, sus ventanas de reja tenía su piso, en la cocina tenía sus estufas, su vajilla, la finca tenía cercas de cemento, como corrales, él en la hacienda tenía cultivos de maíz, yuca, plátano, caña. Yo dejé de trabajar con él, cuando se lo llevaron porque a él lo cogieron preso, yo dejé de trabajar con él porque él era el que mandaba, cuando a él se lo llevaron a nosotros nos sacó la guerrilla de ahí, porque ahí nos dijeron los guerrilleros que teníamos que desalojar eso, que ya no teníamos nada que hacer ahí. Como 5 ó 6 trabajadores tenía, me acuerdo de 3 de los nombres de ellos: Luis Enrique Reyes, Camilo Reyes, Carlos no sé el apellido. La mercancía la traía en el bongo, era un bongo grande, tenía la canoa grandísima en la cual transportaba la mercancía, el bongo es el motor, eso lo manejaba el mismo”.

Aún prescindiendo del testimonio de la hermana(31) del actor Carlos María Ruíz Ruíz, para la Sala resulta claro que dicha persona contaba con una labor económica y productiva relacionada con el agro, actividad que le permitía trasladarse durante distintos sectores en los departamentos del Meta y Vichada para efectos de comercializar los distintos productos y alimentos derivados de dicha actividad.

A juicio de la Sala, la pretensión que por daño emergente se elevó está llamada a prosperar, dado que de los testimonios practicados se extrae con claridad y coherencia que como consecuencia de la privación de la libertad a la cual fue sometido de manera injusta el señor Carlos María Ruíz Ruíz, este debió desatender su predio, lo cual llevó a la pérdida de los bienes que dentro de dicho inmueble se encontraban, situación —o mejor— perjuicio que resulta coherente y razonable con las circunstancias que rodearon el caso.

Ahora bien, no puede la Sala desconocer la evidente dificultad que frente a la acreditación de los perjuicios alegados por la parte actora se presenta en este caso, habida cuenta de la inexactitud que existe en punto a determinar cuáles y cuántos eran realmente los bienes —animales, cultivos, muebles, enseres y demás— que existían dentro del predio de propiedad de la víctima directa del daño; sin embargo, existen diversas circunstancias, desde luego todas ellas derivadas de la prueba que sí existe acerca de la existencia de tales bienes al momento de presentarse la detención del señor Ruíz Ruíz, que permiten establecer la certeza del perjuicio deprecado.

Según lo demuestran los testimonios, todos ellos provenientes de personas que desde años atrás conocían a la víctima e incluso algunos de ellos eran sus trabajadores,(32) el señor Ruíz Ruíz tenía en su predio ganado vacuno, cerdos, caballos y diferentes bienes muebles y enseres; que como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto no pudo atender su predio y ello le impidió su explotación, ocasionando una desaparición de los bienes muebles, semovientes y enseres que tenía en ese momento, lo cual se traduce, por tanto, en la pérdida de los mismos; debe tenerse en cuenta, además, que el procesado estuvo privado de su derecho a libertad por más de 5 años, tiempo absolutamente amplio para el deterioro y la consiguiente pérdida de cualesquier bien mueble, incluso por el simple paso del tiempo, lo cual resulta igualmente aceptable si se tiene en cuenta la época en la cual se presentaron los hechos (año de 1990 a 1995).

De conformidad con todo lo anterior, la Sala estima que la pérdida de los bienes muebles y enseres, incluidos los semovientes, obedeció a la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Ruíz Ruíz y, por consiguiente, el perjuicio material derivado de dicha pérdida le resulta imputable a la Nación, comoquiera que se estableció que después de que fue retenido dejó de atender el predio y por lo tanto se perdieron los bienes muebles, semovientes y enceres que había en ese momento en el inmueble.

Resulta cierto, como se indicó en precedencia, que no existe una prueba concreta y directa con la cual se cuantifique el daño ocasionado; no obstante, por esa razón no debe denegarse el reconocimiento del perjuicio deprecado, cuando los hechos hablan por sí solos, a lo cual conviene reiterar que mal haría en exigirse una prueba de esa naturaleza si dentro del expediente se cuenta con los testimonios rendidos por parte de los señores Luis Enrique Reyes Martínez, Camilo Reyes Martínez y Stella Janeth López —trabajadores del señor Ruíz Ruíz— los cuales resultan idóneos y creíbles, por cuanto ellos coinciden en afirmar que como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto la víctima directa del daño, se perdieron los bienes muebles, semovientes y enceres que tenía en su predio.

Por otra parte, la Sala no se detendrá en analizar una posible indemnización por la supuesta pérdida de los bienes inmuebles propiedad del señor Ruíz Ruíz, por cuanto ello no fue objeto de pretensión en la demanda, a lo cual se agrega que los testimonios rendidos en este proceso no resultan el medio probatorio idóneo y conducente para demostrar tal derecho real, amén de que la reparación únicamente se solicitó respecto de los bienes muebles, semovientes y enseres que se perdieron como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Carlos María Ruíz Ruíz.

Toda vez que no obran en el expediente más elementos probatorios que puedan ser valorados con miras a establecer, con fundamento en criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño que por concepto de la pérdida de los bienes muebles, semovientes y enseres le fue irrogado a la parte demandante, la Sala acudirá al criterio de la equidad(33) como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(34)— impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el aquí demandante, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero con la alta probabilidad —por no decir que certeza— de que no se podrán recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica o precisa, con apoyo en elementos matemáticos, el monto del perjuicio a indemnizar.

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que, por un lado, el señor Carlos María Ruíz Ruíz no pudo atender su predio como consecuencia de la privación de la libertad a la cual fue injustamente sometido, razón por la cual perdió los bienes muebles, semovientes y enseres que tenía y que, por el otro, la parte demandante en el libelo introductorio de la litis solicitó el reconocimiento de “los daños sufridos inmediatamente y por el solo hecho de verse privado de la libertad, puesto que los bienes que perdió Ruíz, tales como ganado, mercancías, vivienda, bienes muebles etc.” que le fueron causados por la conducta de la demandada, la Sala reconocerá a favor de la masa sucesoral del señor Carlos María Ruíz Ruíz, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. Responsabilidad del llamado en garantía y aspectos relativos a la misma(35). 

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Así mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios serán responsables por los daños que causen en el ejercicio de sus funciones por culpa grave o dolo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado. En todo caso, cuando prospere la demanda contra una entidad pública, la sentencia dispondrá que esta satisfaga los perjuicios y si el funcionario ha sido llamado al proceso —artículo 57 Código de Procedimiento Civil(36)—, determinará la responsabilidad de aquel.

En tal sentido, la acción de repetición se consagró en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000, para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios o ex funcionarios o de un particular en ejercicio de funciones públicas, pudiere solicitar de este el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia judicial o de una conciliación. De conformidad con la disposición anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño derivado de una acción u omisión estatal, se encuentra facultado para demandar a la entidad pública o a esta y al respectivo funcionario. En este último evento, la responsabilidad del servidor público habrá de establecerse durante el proceso.

El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 Constitución Política, encuentra hoy su desarrollo en la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición” (se destaca). Esta ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hubiere dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública hubiere ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía y fijó bajo la égida de los primeros, generalidades tales como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio y especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales habrá de calificarse la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales, con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; al amparo de los segundos, determinó asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares al interior del proceso.

Sin embargo, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición en contra de funcionarios o ex funcionarios del Estado o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política.

Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella solo será aplicable respecto de los hechos producidos a partir de su expedición y hasta el momento de su derogación; solo de forma excepcional, las leyes pueden tener efectos retroactivos.

Lo anterior da a entender, válidamente, que los actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la normativa anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón de su conducta calificada como dolosa o gravemente culposa.

De manera que, si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público resultan posteriores a la entrada en vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos —artículos 6º, 90, 121, 122 y 124, C.P.—.

En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o con dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:

“Artículo 63, Código Civil. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (se destaca).

Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(37) ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política(38) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.

En consideración a lo anterior, la Sala(39) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aún así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.

Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

Pues bien, la Sala estima que dentro del presente asunto no se acreditó que el juez cuarto penal del circuito de Villavicencio hubiere actuado con culpa grave y mucho menos en forma dolosa frente a la producción del daño, dado que no se encuentra que su comportamiento hubiere estado prevalido de la intención de producir las consecuencias nocivas que se generaron, puesto que del material probatorio allegado no puede arribarse a tal consideración.

En efecto, de la documentación aportada con la demanda por la parte actora y que consiste, básicamente, en las decisiones proferidas dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Ruíz Ruíz no puede determinarse que el entonces funcionario del Estado llamado en garantía habría actuado con culpa grave o con dolo, pues lo único que en tales decisiones está consignado es la respectiva motivación de aquellas que lo requerían, sin que de allí se extraiga una actuación irregular, con la virtualidad necesaria para responsabilizar al llamado en garantía por el daño antijurídico padecido por la parte accionante.

7. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Meta, el día 29 de abril de 2003 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - rama judicial, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Carlos María Ruíz Ruíz.

2. Condénase a la Nación - rama judicial a pagar, a favor de la sucesión del señor Carlos María Ruíz Ruíz, un monto equivalente a cien (100) smlmv, a título de perjuicios morales.

3. Condénase a la Nación - rama judicial a pagar, a favor de la sucesión de Carlos María Ruíz Ruíz, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 68’366.637.

4. Condénase a la Nación - rama judicial a pagar, a favor de la sucesión de Carlos María Ruíz Ruíz, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 6’593.532, por concepto de los honorarios del apoderado judicial, en el proceso penal.

5. Condénase a la Nación - rama judicial a pagar, a favor de la sucesión de Carlos María Ruíz Ruíz, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, un monto equivalente a cien (100) smlmv, por concepto de la pérdida de los bienes muebles, semovientes y enseres.

6. Sin condena en costas.

7. Absuélvese de responsabilidad al llamado en garantía.

8. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009.

(2) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(3) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

(4) Sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9734.

(5) Sentencia del 25 de julio de 1994, Expediente 8.666.

(6) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(7) Sentencia del 17 de noviembre de 1995, Expediente 10.056.

(8) Sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 10.229.

(9) Sentencia de 4 de abril de 2002, Expediente 13.606.

(10) Sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, Expediente 11.413.

(11) Sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiterada por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299.

(12) Sentencia del 4 de diciembre de 2.006, Expediente 13.168, reiterada en sentencia de octubre 8 de 2007, Expediente 16.057. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al derecho comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica, también reiterada en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, Expediente 25.508 y en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299.

(13) Sobre el punto, véase De Asís Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodriguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

(14) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, p. 375.

(15) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., p. 139.

(16) Ver sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, proferida por esta Subsección.

(17) Ibídem.

(18) En ese sentido pueden consultarse las providencias dictadas por la Sección Tercera de la corporación los días del 23 de febrero de 2012, Expediente 18.418; de 9 de mayo de 2012, Expediente 20.779, de 11 de julio de 2012, Expediente 24.008, reiteradas de manera reciente por esta Subsección a través de sentencias de 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y de 13 de febrero de 2013 Expediente 24.296, entre muchas otras providencias.

(19) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta Subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Expediente 40.455. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(20) En ese sentido pueden consultarse las providencias dictadas por la Sección Tercera de la corporación, Subsección A, los días del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y de 13 de febrero de 2013 Expediente 24.296.

(21) En cuanto al fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción en procesos en los cuales se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de sus ciudadanos, la Sala ha sostenido:

“4. En el caso concreto, el tribunal a quo rechazó la demanda instaurada por la actora al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad. Explicó para adoptar esta decisión que el hecho generador del daño por el cual se imputa responsabilidad patrimonial a la demandada, tuvo lugar con la expedición de la providencia de 15 de febrero de 2001 mediante la cual se revocó la medida de aseguramiento que contra el agente Jhon Fredy Arango Hurtado fue decretada el 18 de diciembre de 2000, y como la demanda se presentó el 26 de abril de 2007, para ese momento ya habían transcurrido los dos años para intentar la acción de reparación directa que consagra el artículo 136, numeral 8º del Código Contencioso.

La Sala encuentra que no le asiste razón al a quo, por cuanto solo a partir del momento en que quedó en firme la providencia que decretó la cesación de procedimiento comenzó a correr el término de dos años para intentar la acción.

En este sentido, comoquiera que el hecho generador de los perjuicios alegados en la demanda se concretó con la decisión judicial adoptada el 26 de abril de 2005 proferido por la Fiscalía Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar, fecha en la que se confirmó la providencia de 25 de noviembre de 2003 emitido por la Fiscalía 144 Militar ante Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que decretó la cesación de procedimiento a favor de los procesados, y la demanda se presentó el 26 de abril de 2007, se concluye que el fenómeno de la caducidad no ha operado en este evento, y por tanto se procederá a revocar el auto apelado (se destaca).

(22) Actuación que se produjo el día 7 de mayo de 2003 (fl. 381, cdno. 1).

(23) Sentencia del 1º de marzo de 2006, Expediente 14.408. Consejero ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez.

(24) Sentencia del 3 de mayo de 2007, Expediente 16.180. Consejero ponente Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

(25) Sentencia del 11 de julio de 2012. M.P Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente 23.688.

(26) Testimonio rendido en este proceso por el señor de Dios Vaca Lesmes, quien afirmó lo siguiente: “...El era comerciante porque él iba vendiendo mercado todo el camino, todas esas tiendas. Bueno la finca es sumamente grande, tenía lo menos unas 1000 hectáreas, eso era inmenso, ahí tenía ganado, marranos y tenía cementera, para gastos. No sé cuantas hectáreas, pero lo que corríamos nosotros andábamos, tenía más de 1000 hectáreas, íbamos para un lado, una hora para otro lado, otra hora, para el río media hora. Cementera tenía como plátano y yuca como unas dos hectáreas, para el gasto, ganadito, marranos, unos perritos...” (fls. 179 a 82, cdno. 1).

Testimonio rendido por el señor Germán Edgar Orozco Guzmán del cual se extrae lo siguiente: “...Cuando yo lo conocí, por medio de mi patrón él tenía una tienda de víveres en Barranca de Upía, era ganadero y agricultor...” (fls. 183 a 186).

Testimonio rendido por el señor Luis Enrique Reyes Martínez, del cual se extrae lo siguiente:

“...El comercio, el era comerciante, traía cemento, harina pan, enlatados, todo eso quedaba en bodega, eso era para distribuirlo pero al final todo se perdió, tiene un valor por ahí como de unos cuatro millones de pesos. Tenía ganado, sesenta cabezas de ganado, ganado vacuno y equino también había, había veintidós equinos, había aproximadamente unos ciento setenta cerdos, no recuerdo más...” (fls. 279 a 281).

(27) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, reiterada en sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18.860. M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras providencias.

(29) Número de meses trascurridos desde la fecha de la privación de la libertad (mar. 5/90) hasta la fecha en que el actor recobró tal derecho (nov. 23/95), más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral (8.75 meses).

(30) Ver, entre otras, sentencia de 27 de enero de 2012, Expediente 18.754; de 30 de enero de 2013, Expediente 23.998.

(31) Artículo 217, Código de Procedimiento Civil. “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas” (se destaca).

(32) Nótese cómo en las diferentes providencias que se dictaron dentro del proceso penal se alude a personas que dependían laboralmente del entonces sindicado del hecho punible, cuestión que coincide con las personas que en tal condición rindieron sus declaraciones en este proceso.

(33) Ver, entre otras, sentencia de 19 de junio de 1997, Expediente 11.875, M.P. Dr. Daniel Suárez Hernández; de 30 de octubre de 1997, Expediente 10.958. Consejero ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.

(34) Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(35) Se reiteran las consideraciones expuestas en diferentes pronunciamientos de la Sala, tales como sentencias de abril 28 de 2010, Expediente 17537; de agosto 11 de 2010, Expediente 16.074.

(36) Artículo 57, Código de Procedimiento Civil. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización de los perjuicios que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que con el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

Artículo 56 ibídem. (...) En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de este.

(37) Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, Expediente 10865, reiterada en muchas otras decisiones, entre ellas la sentencia dictada por esta Subsección el 27 de abril de 2011, Expediente 19.192.

(38) El artículo 83 constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

(39) Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, Expediente 23049.