Sentencia 1996-06007 de noviembre 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 190012331000199606007-01 (20.757)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Víctor Iván Liévano Fernández y otros

Demandados: Nación - Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Acción de reparación directa (apelación)

Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, porque en la demanda se invoca como título de imputación del daño el error judicial y de acuerdo con el criterio adoptado en la Sala Plena de la corporación, las acciones de reparación directa en las que se pretenda la reparación de los daños causados con la actividad judicial son de competencia de los tribunales administrativos, en primera instancia y del Consejo de Estado, en segunda instancia, sin que en estos casos la cuantía de las pretensiones constituya factor de atribución de competencia(1).

2. La representación de la Nación en asuntos relacionados con la administración de justicia.

Como bien lo manifestó la Procuraduría en el escrito de respuesta a la demanda, esa entidad no debió ser llamada a representar a la Nación en el caso concreto, porque esa función no le corresponde, ni le ha correspondido antes, como bien se señaló en la doctrina que citó y que la Sala acoge:

“De acuerdo con el artículo 277 de la Constitución le corresponde al Procurador General por sí o por medio de sus delegados y agentes, defender los intereses de la sociedad (num. 3º) e intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales y administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales (num. 7º).

“La nueva Carta, con los principios que se dejan anotados, acabó con el equívoco que venía desde la Constitución anterior y que le asignaba al Ministerio Público, según algunos, la representación legal de la Nación, papel que se le trató de dar en forma explícita en la fallida reforma de 1979, concretamente, en el ordinal 7 del artículo 143, según el cual correspondía al procurador ‘representar judicialmente, por sí mismo o por medio de sus agentes, los intereses de la Nación, sin perjuicio de que el organismo interesado constituya apoderados especiales cuando lo juzgue conveniente’.

“Ese carácter de representante judicial de la Nación hizo posible que la doctrina, interpretando el alcance de los artículos 149, 150 y 151 del Código Contencioso Administrativa, entendiera que los funcionarios allí mencionados, en especial en el primero, eran sus representantes administrativos.

Hoy se despeja toda duda. El Ministerio Público no representa a la Nación, ni judicial, ni administrativamente. Esta estará representada a nivel administrativo por los ministros y directores de los departamentos administrativos que son los jefes de la administración en su respectiva dependencia (C.P., art. 208); y a nivel jurisdiccional ante lo contencioso administrativo esa representación la llevarán los funcionarios nacionales indicados en el inciso 2º del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo...”(2).

Por tratarse de la imputación de un error presuntamente cometido por el Consejo Superior de la Judicatura, entidad que por mandato del artículo 116 de la Constitución Política, hace parte de la rama judicial del poder público, y habiéndose presentado la demanda con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, la representación de la Nación correspondía al director ejecutivo de administración judicial, según lo dispuesto en el artículo 99 de dicha ley, que subrogó en este aspecto el inciso 3º del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo. En este caso fue llamado a representar a la Nación también el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, la entidad demandada ha estado debidamente representada.

3. La demanda fue presentada en tiempo.

Algunos de los magistrados que fueron llamados en garantía propusieron la excepción de caducidad, con el argumento de que por tratarse de hechos ocurridos antes de que entrara en vigencia la Ley 270 de 1996, la declaratoria de responsabilidad por el error judicial solo podía ser dirigida en contra de los jueces, dentro del año siguiente a la expedición de la providencia cuestionada.

Vale aclarar que en relación con la actividad jurisdiccional, en la jurisprudencia de la Sala, elaborada antes de la vigencia de la Constitución de 1991, se distinguió entre la actividad propiamente judicial y las actuaciones administrativas de la jurisdicción. En relación con las segundas admitió la responsabilidad por los daños que se causaran en ejercicio de dicha actividad, bajo el régimen de falla del servicio(3). Sin embargo, tratándose de la actividad jurisdiccional, se consideró que no era posible deducir responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica; de manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que este hubiera actuado con error inexcusable.

No obstante, en la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la administración de justicia(4).

Para pretender la declaratoria de responsabilidad de los daños causados con ocasión de la administración de justicia, como en todos los demás en los que se demandara la reparación de los daños causados por las actuaciones u omisiones de las entidades estatales, resulta procedente la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 136-8 ibídem, antes de la modificación introducida por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, debía intentarse en un término de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho, que para los efectos de la reparación por error judicial sería el de la ejecutoria de la providencia en la que se hubiera incurrido en el error aducido por el demandante.

Por lo tanto, como la sentencia proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 14 de julio de 1994, quedó ejecutoriada el 29 de agosto de 1994, según la constancia secretarial que obra en el expediente disciplinario (fl. 203, cdno.-1), la demanda presentada el 22 de agosto de 1996 lo fue en tiempo.

Ahora bien, en relación con el término para formular el llamamiento en garantía, advierte la Sala que aunque no se hará en este caso un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los magistrados que fueron llamados, porque, como ya se anunció, se negarán las pretensiones de la demanda, se señala al margen que la actuación que en tal sentido adelantó la entidad demandada también fue oportuna.

En efecto, como los hechos de que trata este proceso ocurrieron antes de que entrara en vigencia la Ley 678 de 2001, que reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía, para el estudio de la conducta de los servidores llamados en garantía en el caso concreto, había lugar a aplicar las disposiciones de orden sustancial previstas en el artículo 90 de la Constitución Política y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo y en materia procesal, los artículos 54 a 57 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso, el llamamiento se hizo oportunamente, esto es, dentro del término que tenía la entidad para contestar la demanda.

4. El daño.

4.1. Por hallarse demostrado que el señor Víctor Iván Liévano Fernández era abogado en ejercicio, según consta en las certificaciones expedidas por varios despachos judiciales del departamento del Cauca(5) y que al mismo se le impuso sanción de suspensión del ejercicio de su profesión por seis meses, mediante sentencia proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 14 de julio de 1994 (fls. 192-201, cdno. 1), se infiere que dicha sanción le causó daños de orden patrimonial y moral.

Los médicos: cirujano Luis Hernán Arias Caldas, e internista Jairo Alberto Mejía Trujillo declararon ante el a quo que la situación de stress (sic) que padeció el demandante como consecuencia del proceso disciplinario y de la sanción que se le impuso constituyeron factores de riesgo, tanto como el sedentarismo, el sobrepeso y la hipertensión arterial para la angina de pecho y las demás afecciones cardiovasculares que lo afectaron desde el año de 1994.

4.2. Todos los demás demandantes, con excepción de la señora Beatriz Yolanda Liévano Sánchez demostraron el vínculo que los unía al señor Víctor Iván Liévano Fernández, así: (i) los señores Juan Carlos, Nancy Esther, María Patricia Liévano Fernández y Alma Milena Liévano Sánchez demostraron ser sus hermanos. En los certificados de los registros civiles de todos ellos consta que eran hijos del señor Alfonso Liévano (fls. 49, 51-54); (ii) la señora Aura Nelly Pajoy Sarria demostró ser su esposa. Así consta en el registro civil de su matrimonio (fl. 56, cdno. 2); (iii) el señor Iván Andrés Líevano Pajoy demostró ser su hijo, porque así consta en la certificado del registro civil de su nacimiento (fl. 50, cdno. 1), y (iv) la señora Dora Fernández de Liévano demostró ser su madre, porque así consta en el certificado del registro civil del nacimiento del señor Víctor Iván Liévano Fernández (fl. 49, cdno. 1).

Del hecho del vínculo matrimonial y del parentesco en el primero y segundo grados de consaguinidad que los demandantes tienen con el señor Víctor Iván Liévano Fernández, se infiere el dolor moral que les causó la sanción disciplinario que a este se le impuso.

5. La responsabilidad por error judicial cometido por altas cortes.

Cabe señalar que en vigencia del artículo 90 constitucional, la jurisprudencia mantuvo la distinción que desde años atrás se hacía, entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efectivo el derecho subjetivo y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de ellas las de interpretar y aplicar el derecho. “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales...”(6). Así, se declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas,(7) o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados al depositario, o que no eran de propiedad del demandado(8).

Pero, bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) que se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) que el error incidiera en la decisión judicial en firme. Ha considerado la Sala, en jurisprudencia que se reitera:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. (...)

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos.

“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador(9)(10).

Posteriormente, se expidió la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, en estos términos: “el Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad” (art. 65).

El error jurisdiccional fue definido en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

Valga señalar que la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996 condicionó la decisión, en el sentido de que “no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica”.

No obstante, la Sección ha considerado que ese criterio fue modificado por esa misma corporación en la Sentencia C-038 de 1º de febrero de 2006 por medio de la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, porque en esa oportunidad afirmó que “tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado, el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño” y que pretender que la responsabilidad patrimonial del Estado solo se predica respecto de las acciones y omisiones de algunos de sus poderes, “sería abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del Estado social de derecho y de los principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la Constitución. Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico colombiano y que encontraron una de sus expresiones en la disposición constitucional en comento”(11).

Por estas y otras razones ha considerado la Sala que la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial en el que incurren las “altas cortes” no desconoce la independencia de los jueces ni la seguridad jurídica(12).

No obstante, se advierte que en el caso concreto, la valoración de la actuación del Consejo Superior de la Judicatura no está sometida a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada a la que se hizo alusión, porque si bien la demanda se presentó durante la vigencia de la Ley 270 de 1996,(14) (sic) las actuaciones que se señalan como constitutivas de error judicial ocurrieron antes de que esta empezara a regir.

En síntesis, es claro que con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró el deber del Estado de reparar a las personas que han sufrido un daño antijurídico por la acción u omisión de las autoridades públicas, en ejercicio o con ocasión de sus funciones judiciales o jurisdiccionales. Como en el caso concreto se discute la existencia de responsabilidad patrimonial, por los daños causados a los demandantes como consecuencia de los errores en los que presuntamente se incurrió en el proceso disciplinario que culminó con la decisión adoptada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 14 de diciembre de 1994, esto es, por hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 270 de ese mismo año, Estatutaria de Administración de Justicia, se concluye que el análisis del mismo se fundamentará en el artículo 90 superior y en la jurisprudencia adoptada por la corporación en relación con lo que debe entenderse por error judicial.

Valga señalar que al resolver sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, la corporación se ha planteado el problema de fondo que supone el concepto de error y la pretensión de corrección, con el hallazgo de la única respuesta correcta y ha concluido que esta no es más que una aspiración y que, por lo tanto, pueden resultar igualmente válidas varias respuestas, incluso contradictorias, cuando todas ellas están justificadas, son coherentes, razonables y jurídicamente atendibles, pero si alguna de ellas no goza de esos atributos la misma será errónea. Ha dicho la jurisprudencia:

“... la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”.

(...).

“Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional...”(15).

Conforme a la jurisprudencia de la corporación, el error judicial que puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reduce a la “vía de hecho”, ni se identifica con las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”: esto es, un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento inmotivado del precedente o una violación directa de la Constitución, porque el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Además, que el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial que de manera normal o anormal ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales(15)(sic).

6. El Consejo Superior no incurrió en el error judicial señalado en la demanda.

Afirma la parte actora que en la sentencia dictada por el Consejo Superior de la Judicatura, en la cual se le impuso como sanción la suspensión por seis meses en el ejercicio de la profesión, se incurrió en error judicial, porque la decisión se fundamentó en el hecho de no haber agotado la vía gubernativa, a pesar de que: (i) en el mismo acto en el que se reconoció la prestación al señor López Puscus, se dejó constancia de que el interesado renunció al término de ejecutoria. Por lo tanto, la prueba del agotamiento de la vía gubernativa está inserta en el mismo acto que sirvió de base a la ejecución; (ii) la Corte Suprema de Justicia, desde el año 1956 señaló que tratándose de procesos ejecutivos laborales no es necesario agotar ese requisito, el cual se aplica solo en relación con procesos ordinarios laborales; (iii) la decisión es notoriamente contradictoria, porque por los mismos hechos se absolvió al abogado por faltas contra la dignidad de la profesión y contra la lealtad debida a la administración de justicia, pero se le condenó por haber faltado a la recta administración de justicia; (iv) se vulneró el derecho de defensa, porque se tomó como fundamento de la sentencia un hecho nuevo, que no hizo parte de la acusación, ni se mencionó durante el transcurso del proceso disciplinario, por lo cual no pudo contradecir el cargo y (v) no se notificó personalmente al afectado la sanción disciplinaria que se le impuso.

Considera la Sala que en la decisión cuestionada por el demandante no se incurrió en los errores judiciales que este señala,(16) porque la sanción disciplinaria que se le impuso no originó en el hecho de que el abogado no había agotado la vía gubernativa, sino en el hecho de haber adelantado una causa para el cumplimiento de una obligación que ya había sido resuelta. La omisión del cobro prejurídico es, según el fallo, una prueba de la negligencia del disciplinado.

En efecto, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente disciplinario, que fue remitido al a quo por la secretaria de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, en el cual obran todas las actuaciones del proceso ejecutivo laboral (fls. 63-225, cdno. 2), que se considera fue la actuación en la cual el abogado incurrió en la falta sancionada, los hechos ocurrieron así:

6.1. Lo ocurrido en el proceso ejecutivo laboral.

Los hechos que dieron origen al proceso disciplinario que se siguió en contra del abogado Víctor Iván Liévano Fernández se produjeron con ocasión del proceso ejecutivo laboral que adelantó ese abogado en nombre del señor Arcesio López Puscus en contra de la Caja de Previsión Departamental del Cauca y que se concretaron en las siguientes actuaciones:

— El señor Arcesio López Puscus otorgó poder al abogado Víctor Iván Liévano Fernández para que en su nombre iniciara proceso ejecutivo laboral, en contra de la Caja de Previsión Social del Departamento del Cauca, con el fin de obtener el pago de su “cesantía definitiva”, el cual tiene fecha de presentación personal de 25 de febrero de 1991 (fl. 66, cdno. 2).

— El abogado presentó demanda ejecutiva laboral el 16 de mayo de 1991 y para tal efecto aportó copia auténtica de la Resolución 1008 de 28 de mayo de 1987, expedida por la entidad demandada en ese proceso, por medio de la cual se liquidó la cesantía definitiva del señor López Puscus, por haber laborado al servicio del departamento del Cauca, durante casi 20 años, por $ 676.089,35. En la demanda se solicitó el embargo de “los aportes mensuales que por concepto de descuentos legales correspondientes a la tercera parte de la cuota periódica del 5% cuota de afiliación y sobretasa de la Ley 4ª de 1979 deben hacer los diferentes pagadores de las siguientes entidades... [y] la tercera parte del cinco por ciento (5%) que por descuentos legales deba hacer el pagador del Fondo Educativo Regional (FER) al personal docente y administrativo de esa entidad con destino a la Previsora y a la cuenta especial 005-00189-1 Fideicomiso, Fondo de Prestaciones Sociales...”.

— Mediante providencia de 4 de junio de 1991, el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, a quien correspondió conocer de la demanda ejecutiva, libró mandamiento de pago por la suma contenida en el acto administrativo, más los intereses causados a partir de su exigibilidad, ordenó notificar la providencia al gerente de la Caja de Previsión Social del Cauca y dispuso el embargo de los bienes, en los términos solicitados por la parte ejecutante.

— La Caja de Previsión Social del Cauca fue notificada oportunamente de la demanda y aunque el representante legal de la misma confirió poder a dos abogados para que defendieran los intereses de la entidad, estos no intervinieron en el proceso.

— El 15 de octubre de 1991, el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán dictó sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución.

— En razón del impedimento manifestado por el juez laboral del circuito de Popayán, el 30 de enero de 1992, el proceso pasó a conocimiento el juez laboral del circuito de Puerto Tejada, quien avocó conocimiento del asunto el 17 de marzo de 1992 y en audiencia pública que había sido convocada para el 23 de abril siguiente, con el fin de resolver la solicitud de desembargo de los bienes, formulada por la entidad demandada, se decretó la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia y se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares, por no haber agotado el ejecutante la vía gubernativa antes de acudir a la jurisdicción, conforme al siguiente razonamiento:

“... debe tenerse en cuenta que el artículo 6º del Código Procesal Laboral al precisar que ‘las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social podrán iniciarse solo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente’..., presupone que las instituciones allí mencionadas hacen parte integrante del Estado y que como tal están llamadas a reconocer los derechos de todos los ciudadanos. Es pues así que solo cuando se haya oído la decisión de ellas procede acudir ante la rama jurisdiccional, pues se presume que los únicos eventos en que hay rechazo a la pretensión es (sic) cuando lo invocado no se ajusta a la ley, y solo cuando se ha producido ese rechazo es cuando se debe pedir la intervención del aparato jurisdiccional. La honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho: ‘Para la Sala no cabe la menor duda de que la exigencia del art. 6º del Código de Procesal Laboral sobre agotamiento del procedimiento gubernativo o reglamentario constituye un factor de competencia para el juez laboral, y como tal debe estar satisfecho en el momento de la admisión de la demanda. Si no aparece demostrada esa circunstancia, con prueba que no tiene por qué ser forzosamente literal, porque el hecho admite otros medios probatorios, es imperativo su rechazo, como ocurre cada que falta un presupuesto procesal. Si a pesar de todo se le admite, la actuación nace viciada, y si no se alega oportunamente la excepción dilatoria de declinatoria de la jurisdicción ni se propone incidente de nulidad, el vicio sigue gravitando sobre el proceso y el juez está obligado a declararlo nulo en el momento en que lo observe, y de plano por ser inallanable la causal en virtud de que la competencia... es improrrogable’..., en el presente caso no se ha agotado la vía gubernativa o reglamentaria correspondiente, pues debió presentarse por parte del beneficiario de la Resolución 1008 de 1987, señor Arcesio López Puscus, una cuenta de cobro debidamente elaborada y así agotar el procedimiento respectivo, para que en caso de no cancelación por parte de la demandada quedaba habilitado para acudir a la vía judicial a través de la jurisdicción laboral...”.

— La providencia fue notificada el 24 de abril de 1992 y el término de ejecutoria corrió los días 27, 28 y 29 de ese mismo año, según constancia secretarial.

— El mismo día de la audiencia de trámite, celebrada en el proceso ejecutivo laboral, en la cual se declaró la nulidad de lo actuado, por falta de competencia, el apoderado del ejecutante solicitó mediante memorial que radicó en la secretaría de ese despacho judicial, que se diera por terminado el proceso, por pago total de la obligación y que se levantaran las medidas cautelares.

— Mediante auto de 29 de mayo de 1992, el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada, atendiendo la solicitud formulada por el apoderado del demandante en el proceso ejecutivo, declaró terminado el proceso, por pago total de la obligación.

Hace énfasis la Sala en el hecho de que, según el anterior resumen de las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo en el cual figuró como apoderado el señor Liévano Fernández, fue el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada, la autoridad judicial que consideró que el agotamiento de la vía gubernativa era un requisito de procedibilidad para iniciar la acción ejecutiva en ese caso concreto y en consecuencia, declaró la nulidad de lo actuado por falta de competencia.

6.2. La investigación disciplinaria.

Ahora bien, la acción disciplinaria que se adelantó en contra del abogado Liévano Fernández tuvo su origen en la queja formulada por el representante legal de la Caja de Previsión del Departamento del Cauca, por haber presentado un proceso ejecutivo para el cobro de una obligación que ya había sido cumplida.

— En efecto, está demostrado que el 7 de julio de 1992, el gerente de la Caja de Previsión Social del Cauca solicitó al juez laboral del circuito de Puerto Tejada compulsar copias con destino al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, con el fin de que se investigara la conducta asumida por el apoderado del ejecutante, por haber presentado una demanda ejecutiva, por una suma que había sido cancelada al beneficiario el 3 de diciembre de 1987 y que el apoderado, después de haber agotado el proceso, solo al darse cuenta de que la providencia dictada por la Sala le era desfavorable, decidió dar por terminado el proceso por pago total de la obligación, conducta que, según el solicitante, era “reprochable desde todo punto de vista y que va en contra de la ética profesional”.

— Atendiendo esa solicitud, el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada compulsó copias del expediente con destino a la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

— La Sala Disciplinaria de dicho tribunal, mediante auto de 19 de octubre de 1992, avocó el conocimiento del asunto y dispuso la práctica de algunas diligencias preliminares, entre ellas, se ordenó recibir el testimonio del señor Arcesio López Puscus. Para tal efecto, se constituyó el despacho en audiencia el 24 de noviembre de 1992, diligencia a la cual no asistió el testigo citado.

— Ante la inasistencia del testigo, que según la Sala Disciplinaria, impidió lograr algún resultado de la indagación preliminar, esa corporación, mediante auto de 5 de marzo de 1993, ordenó investigar formalmente al abogado Liévano Fernández, con el fin de determinar si el denunciado había o no incurrido en faltas contra la dignidad de la profesión, la recta administración de justicia, o la lealtad debida a la administración de justicia:

“El gerente de la Caja de Previsión Social Departamental..., en comunicación de julio 7 de 1992 le hizo saber al juez laboral del circuito de Puerto Tejada que mediante Resolución 1008 de 28 de mayo de 1987 esa institución le reconoció y ordenó pagar al señor Arcesio López Puscus..., la suma de $ 676.089,35 por concepto de cesantía definitiva..., cuenta que fue pagada el 3 de diciembre del mismo año...Termina expresando el señor gerente que: ‘como se puede observar, después de tres años y medio de haberse cancelado la cesantía definitiva al señor Arcesio López Puscus, en forma inexplicable y asumiendo una conducta reprochable, la notifican (sic) a la entidad un mandamiento ejecutivo por una prestación que ya había sido cancelada en su totalidad y después de haberse agotado todo un proceso, el apoderado de la parte demandante, al darse cuenta de que la providencia dictada por su señoría le era desfavorable, decide dar por terminado el proceso por pago total de la obligación...

(...).

Es evidente que, de acuerdo con las afirmaciones del señor Jesús Francisco Castro Guerrero existe la posibilidad de que se haya incurrido en un ilícito de fraude procesal, en cuya autoría puede estar implicado el Dr. Víctor Iván Liévano Fernández, apoderado del señor Arcesio López Puscus, infracción que en el campo penal se ubica en el artículo 182 del Código Penal y en el disciplinario en los artículos 48-4, 51-2 y 52-2 del estatuto del ejercicio de la abogacía (D. 196/71)

(...).

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Disciplinaria ordena abrir investigación contra el abogado Víctor Iván Liévano Fernández..., a fin de determinar con precisión si en realidad incurrió en una falta contra la dignidad de la profesión (D. 196/71, art. 48-4), en armonía con el artículo 74-1 del Código de Procedimiento Civil, o en una falta contra la recta administración de justicia (D. 196/71, art. 51-2), o contra la lealtad debida a la administración de justicia (D. 196/71, art. 52-2)”.

Resulta claro que el fundamento fáctico de la acusación que se formuló al abogado en el auto mediante el cual se dispuso la apertura de la investigación disciplinaria fue el de haber iniciado una acción ejecutiva para el cobro de una prestación que había sido cancelada tres años y medio antes, proceso del cual el abogado solo pidió su terminación cuando el juzgado decretó la nulidad de lo actuado, por falta de competencia, derivada, a su vez, de falta de agotamiento de la vía gubernativa.

Esos hechos, según el auto de apertura de la investigación pudieron configurar los tipos disciplinarios descritos en los artículos 48-4, 51-2 y 52-2 del Decreto 196 de 1971, esto es, por faltas contra la dignidad de la profesión, la recta administración de justicia y la lealtad debida a la administración de justicia.

— La providencia fue notificada al abogado, quien descorrió el traslado, alegando en su defensa que para el momento en el cual interpuso la acción desconocía el hecho de que la Caja de Previsión Departamental del Cauca hubiera realizado pago alguno al señor Arcesio López; que solo el 22 de abril de 1992 conoció ese hecho, por comunicación que le hizo la entidad demandada.

Agregó que ante ese desconocimiento, su actuación no resultaba reprochable y que, en cambio, sí era imputable a la entidad ejecutada, porque el 8 de mayo de 1991 expidió copia auténtica de la Resolución 1008 de 28 de mayo de 1987, sin hacer ninguna anotación al margen de que tal prestación hubiera sido cancelada total o parcialmente, o de que no prestara mérito ejecutivo y que de haber existido tal nota, él no hubiera entablado ninguna acción judicial contra la caja.

Que, además, la negligencia de la entidad no se había limitado a omitir la nota de cancelación en la copia auténtica del acto, sino que se había repetido al guardar silencio cuando le fue notificado el mandamiento de pago, frente al cual los abogados de la entidad, como era su deber, no interpusieron los recursos de ley, ni propusieron las excepciones dentro de los términos legales, ni durante el trámite del proceso manifestaron que la obligación había sido cancelada, omisiones que le impidieron conocer el hecho que se le reprocha con antelación.

Reiteró que fue sólo el 22 de abril de 1992, cuando la abogada Marlene Carabalí en forma verbal, ante testigos y luego mediante oficio, le solicitó dar por terminado el proceso ejecutivo, por pago total de la obligación y por eso había acudido al día siguiente al Juzgado de Puerto Tejada, con el fin de solicitar que se diera por terminado el proceso por pago total de la obligación, con lo cual quedaron en evidencia su buena fe en el ejercicio del litigio y su correcta aplicación de la ética profesional. Destacó que, a pesar de que la entidad ejecutada no podía ser escuchada en ese juicio, porque no utilizó en forma oportuna los medios de defensa que la ley le concedía, su ética y su moral no le permitían hacer uso de los medios legales en perjuicio de ninguna persona o entidad y por eso, no continuó adelante con la ejecución.

Señaló que el representante legal de la entidad al solicitar que se compulsaran copias para que se le investigara disciplinariamente obró de mala fe, porque él sabía que la causa de la solicitud de terminación del proceso ejecutivo, obedeció a la solicitud que le remitió la asesora jurídica de la entidad y que en reciprocidad a su actitud solidaria al prestarle su colaboración para evitar que los sancionaran penal y disciplinariamente por su falta de diligencia profesional y por prevaricato por omisión, lanzaron en su contra falsas imputaciones y lo acusaron injusta e infundadamente. Que si hubiera querido actuar de mala fe, hubiera interpuesto los recursos de ley contra la providencia dictada por el juez laboral de Puerto Tejada, como lo había hecho en relación con providencias semejantes relacionadas con procesos ejecutivos.

Concluyó que no había incurrido en mala fe o temeridad en la presentación de la demanda; que no fue él quien aconsejó al ejecutante para que demandara a la entidad, ni le insinuó que cobrara de nuevo el valor de la prestación, ni ha efectuado ningún acto fraudulento, ni ha causado perjuicios económicos a la entidad demandada, porque desconocía el hecho de que la obligación ya había sido cancelada y además, no recibió pago alguno por ese proceso.

Al apreciar las razones expuestas por el abogado Liévano Fernández en el traslado de la providencia en la cual se ordenó abrir investigación en su contra, resulta ostensible que el disciplinado tuvo un claro conocimiento de que el hecho que se le imputaba era el de haber iniciado un proceso ejecutivo para el pago de una obligación inexistente, hecho que él no negó, pero sí pretendió justificar, expresando las razones por las cuales había actuado de esa manera, razones, que se resumían en señalar que él desconocía esa circunstancias y que ese desconocimiento era imputable a la propia entidad ejecutada, por no haber advertido de manera oportuna que la obligación ya había sido pagada.

— En el proceso disciplinario no solo se valoraron las actuaciones que integraron el proceso ejecutivo laboral y se escucharon las razones del abogado Víctor Iván Liévano, con las cuales pretendió justificar su actuación en ese proceso, sino que también se recibió el testimonio al poderdante en ese proceso, a los empleados que el abogado tenía en su oficina y a una funcionaria de la Caja de Previsión Departamental del Cauca, así:

— El señor Arcesio López Puscus manifestó que él había requerido los servicios del abogado Liévano Fernández, pero para que le cobrara el valor correspondiente a la reliquidación de la cesantía definitiva y no esta misma prestación, porque, según el testigo, él le manifestó al abogado que desde el año de 1987 se le había pagado su cesantía definitiva:

“... trabajé por espacio de 20 años y luego pedí mi cesantía definitiva a que tenía derecho y apenas salí de la gobernación presenté los papeles para reclamar la cesantía, la cual ascendió a la suma de $ 676.089,35, la cual me fue pagada el 4 de diciembre de 1987, habiendo quedado pendiente una reliquidación por valor de $ 35.000, la cual me fue pagada en el año 1992. La cuenta por el valor de la reliquidación estaba en la Tesorería Departamental y allí me decían que no me pagaban porque no había la plata, que tenía que esperarme hasta que hubieran los fondos necesarios para tal pago..., fui donde el Dr. Liévano a solicitarle los servicios para que me comprara (sic) la cuenta de reliquidación de que estamos hablando y él me dijo que le diera poder para poder actuar, yo hice el trámite necesario para llevarle los papeles para que el pudiera proceder a actuar, entonces él me dijo que la cuenta era muy poca, que era mejor esperar que la pagaran, pero él no hizo papeles en la tesorería y no me pidió tampoco que le llevara de la tesorería papel alguno. En vista de que yo le había dicho que me comprara (sic) esa cuenta y que él me dijo que era muy poco el valor, entonces yo le retiré los papeles que le había llevado, o sea el poder..., yo no le di poder para que cobrara la cesantía..., porque no hubo problemas para el pago de esa cesantía...El doctor Liévano tenía acceso a la tesorería de la caja y vio la cuenta de cobro mía por $ 676.089,35 y cuando yo le llevé la cuenta por la suma de $ 35.000 él dijo que había visto una cuenta por $ 676.089,35, entonces yo le dije que de esa cuenta no se trataba, sino de otra cuenta por menos (sic) valor y yo le llevé una constancia de la tesorería en que constaba que era por $ 35.000...”.

— Los señores Jesús María Molina Rebolledo y César Quisoboni Vidal declararon en el proceso disciplinario que ellos laboraban en la oficina del abogado Liévano Fernández y por eso tuvieron conocimiento directo de que el señor Arcesio López Puscus se había presentado a esa oficina, con el fin de solicitar sus servicios para el cobro de la cesantía definitiva que le adeudaba la Caja de Previsión Departamental del Cauca, por lo que el último de los declarantes, quien se desempeñaba como secretario de esa oficina le entregó al interesado dos poderes: uno para que el abogado se encargara de hacer el trámite ante la caja y otro dirigido al Juzgado Laboral del Circuito de Popayán y le dio instrucciones de realizar la presentación personal de esos poderes ante el juzgado y que al llevarlos de nuevo a la oficina, él le pidió que llevara el acto mediante el cual se le reconocía la prestación que reclamaba.

— Esos mismos declarantes afirmaron que en la oficina se recibió en el mes de abril de 1992 el Oficio 041 mediante el cual la asesora jurídica de la entidad le solicitaba dar por terminado el proceso, por pago total de la obligación. La señora María Omaira Guerrero Martínez confirmó lo dicho por los testigos; aseguró que solo ocho meses después de que fuera notificada la demanda ejecutiva se dieron cuenta de que la prestación ya había sido pagada y por eso le solicitaron al apoderado dar por terminado el proceso, solicitud que ella misma le entregó al secretario de la oficina y que al día siguiente de la comunicación, el abogado había dado satisfacción a esa solicitud, pidiendo al juzgado la terminación del proceso, por pago de la obligación.

— El 5 de noviembre de 1993, la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán remitió el proceso por competencia a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, corporación que mediante providencia de 8 de febrero de 1994, absolvió al disciplinado de los cargos que se le imputaron, por las siguientes razones:

“El conjunto de la prueba documental y testimonial pone en evidencia que el ciudadano Arcesio López Puscus, al contratar los servicios profesionales del doctor Víctor Iván Liévano Fernández para los fines ya relatados, en forma maliciosa le ocultó a dicho profesional que ya había recibido el pago de su cesantía definitiva y por tanto indujo a este profesional del derecho a formular un segundo cobro por la vía ejecutiva contra Caprecauca, sin que el abogado ejecutante se percatara de la situación real y obrara, por el contrario, convencido de que por primera vez se exigía judicialmente el pago de esa prestación social reconocida a Arcesio López Puscus en la Resolución 1008 de Caprecauca. Y tanto es así, que cuando funcionarios de esa entidad le hicieron saber del anterior pago de la misma acreencia laboral, de inmediato procedió a pedir la terminación del proceso. Por lo tanto, resulta cierto que el inculpado no obró con mala fe y no ha vulnerado la dignidad en el ejercicio de la profesión, como tampoco a la recta administración de justicia promoviendo una causa manifiestamente injusta. Conclusión que también abarca la ausencia de responsabilidad del inculpado en falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, pues está demostrado que no aconsejó, ni patrocinó al señor Arcesio López Puscus en la realización de actos fraudulentos para perjudicar a Caprecauca...”.

— La decisión fue consultada ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que confirmó la absolución por faltas contra la dignidad profesional y contra la lealtad debida a la administración de justicia, pero sancionó al abogado Liévano por faltar a la recta administración de justicia, definida en el numeral 2º del artículo 151 del Decreto 196 de 1971 y le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía por el término de seis meses, por considerar que:

“El auto enjuiciatorio determinó la posibilidad de que el abogado acusado estuviera incurso en faltas contra la dignidad de la profesión, por mala fe en los negocios; contra la recta administración de justicia, por promover, a sabiendas, una causa manifiestamente injusta y contra la lealtad debida a la administración de justicia, por el consejo, el patrocinio o la intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.

“Resulta cierto que el señor Arcesio López Puscus confirió poder al abogado acusado para tramitar el pago de su cesantía, con la presentación personal efectuada ante el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, el 25 de febrero de 1991, y que al proceso se acompañó la resolución de reconocimiento de la cesantía, autenticada el 8 de mayo de 1991, sin ninguna anotación de encontrarse cancelada, y por lo mismo, no merece credibilidad la versión dada por el cliente López Puscus en su declaración de que acudió al abogado para que le comprara una cuenta de reliquidación de $ 35.000 y que retiró los papeles. Permite su manifestación confirmar, como lo sostienen los testimonios de los señores Jesús María Molina Rebolledo y César Quisiboni Vidal, que concurrió a la oficina del abogado para confiar el caso del cobro de la cesantía y a otorgar el poder respectivo.

“También está demostrado que la Caja Nacional de Previsión fue notificada el 11 de junio de 1991; que el gerente de esa entidad confirió poder a los doctores Marlene Carabalí Vanegas y José Milet Toro Moreno, el 17 de junio de 1991, y como lo sostuvo el doctor Liévano Fernández, que aquellos no interpusieron los recursos ni propusieron excepciones, por lo que sobrevino la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución el 15 de octubre de 1991.

“Asimismo, los testimonios de los señores Jesús María Molina Rebolledo, César Quisiboni Vidal y de la señora María Omaira Guerrero Martínez, funcionaria de la Caja de Previsión Departamental, corroboran que a petición de la asesora jurídica de la misma, doctora Marlene Carabali Vidal, confirmada mediante Oficio 41 del 22 de abril de 1992, acompañado del comprobante de pago, se pidió al doctor Liévano Fernández terminar el proceso ejecutivo por dicha razón y que lo hizo de manera inmediata.

“Empero, el doctor Liévano Fernández no podía ignorar la ley que lo obligaba a acompañar a la demanda la prueba del agotamiento de la vía gubernativa, y es claro que si hubiera cumplido con este requisito, no habría podido presentar, como lo hizo, demanda para hacer efectiva una prestación pagada hacía varios años.

“El artículo 6º del Código Procesal Laboral establece que las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse solo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente, y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado reiteradamente que el agotamiento de la vía gubernativa es para el juez laboral un factor especial de competencia establecido por el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo. Igualmente sostienen que la vía gubernativa se agota con la simple formulación, por sí o mediante apoderado de la reclamación pertinente ante la entidad enjuiciada (...).

“El juzgado de conocimiento admitió la demanda sin haberse cumplido este requisitos, pero esta circunstancia y la de que el abogado acusado tuviera tan oportunos testigos que sostengan que la prestación había sido cancelada, no le disculpan de la inobservancia de la ley, que solo fue subsanada por dicho juzgado cuando, percatado de la omisión de tan especial requisito legal, decretó la nulidad del proceso. El profesional acusado permitió que el juzgado permaneciera en el error desde la admisión de la demanda, el 4 de junio de 1991, hasta la audiencia del 23 de abril de 1992, en que se produjo el auto de anulación del proceso. De manera que si bien no son predicables las faltas contra la dignidad de la profesión y contra la lealtad debida a la administración de justicia en cuanto a que no es posible afirmar la mala fe en los negocios del abogado, ni el consejo, el patrocinio, o la intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, por las discrepancias con su cliente, sí se evidencia por las pruebas que, a sabiendas, porque no es admisible que ignore la ley, promovía causa manifiestamente injusta, cuando presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Previsión Departamental del Cauca, sin el cumplimiento del requisito especial dicho y porque impulsó el proceso hasta cuando el juzgado decretó la nulidad, incurriendo en la falta contra la recta administración de justicia de que trata el numeral 2º del artículo 51 del Decreto 196 de 1971. En consecuencia, procede confirmar la sentencia consultada en cuanto absuelve al abogado acusado de las faltas contra la dignidad de la profesión y contra la lealtad debida a la administración de justicia, y sancionarle con suspensión del ejercicio de la abogacía por el término de seis (6) meses, dada la gravedad de la falta, contra la recta administración de justicia”.

Como se aprecia, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura consideró que las pruebas que obraban en el expediente disciplinario demostraban que la conducta del abogado Liévano Fernández, al iniciar una acción ejecutiva por una obligación ya cancelada, no era constitutiva de faltas contra la dignidad de la profesión, ni contra la lealtad debida a la administración de justicia, pero sí contra la recta administración de justicia.

En la providencia cuestionada se desestimaron las razones expuestas por el inculpado y las pruebas mediante las cuales se demostró que el mismo actúo con desconocimiento del hecho de que la obligación ya había sido pagada. Se consideró que a pesar de esos hechos, su conducta fue reprochable; que faltó a su deber de respetar el bien jurídico tutelado por la ley: la recta administración de justicia, en tanto no demostró que hubiera realizado actuación alguna dirigida a obtener certeza sobre la existencia de la obligación, tal como la de haber efectuado el cobro de la presunta obligación a la entidad, antes de interponer la acción.

En otros términos, para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la conducta del abogado, al interponer una acción para reclamar el cumplimiento de una obligación ya pagada, vulneró la recta administración de justicia. Ese hecho, que no fue negado por el inculpado, no se consideró justificado por el juez disciplinario, porque a su juicio, el abogado bien pudo evitar el daño, si hubiera actuado como correspondía, esto es, si hubiera intentado, por ejemplo, un cobro prejurídico.

La interposición de la acción ejecutiva por una obligación ya cumplida se consideró injustificada en la providencia cuestionada, porque a juicio de la Sala Disciplinaria, el abogado habría podido tener conocimiento de ese hecho, si en vez de proceder a presentar la demanda, hubiera actuado en armonía con la misión inherente al ejercicio de su profesión, cual era la de verificar que la causa fuera justa, lo que hubiera podido lograr si hubiera solicitado el pago de la presunta obligación ante la misma entidad, en lo que la providencia denominó como “agotamiento de la vía gubernativa”.

Pero, quedó claro en la providencia que lo que se reprochó al abogado no fue el hecho de no haber agotado la vía gubernativa, porque era una consideración de orden procesal, que solo correspondía hacer a los jueces de instancia, sino que, se insiste, lo que se reprochó al abogado fue el haber adelantado una causa injusta y el argumento relacionado con el agotamiento de la vía gubernativa no fue en la providencia más que una razón para señalar el porqué no eran de recibo las explicaciones del disciplinado.

En este orden de ideas, considera la Sala que en la sentencia dictada el 14 de diciembre de 1994, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no incurrió en los errores que señala el demandante, relacionados con la exigencia de un requisito de procedibilidad, al cual, en su criterio, además de habérsele dado cumplimiento, porque en el mismo acto administrativo consta que se renunció a los términos de ejecutoria; era innecesario, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, porque, se reitera, en dicha providencia no se sancionó al abogado por no haber cumplido ese requisito, sino por haber interpuesto una acción sin causa. Lo que se reprochó al abogado no fue el haber omitido una actuación procedimental, porque ese no era un juicio de carácter técnico, ni relativo al cumplimiento del contrato de mandato propiamente dicho, sino, que se trató de un juicio de carácter ético, cuyo objetivo fue el de valorar si el abogado cumplió o no su misión profesional, como defensor del derecho y de la justicia(18)(sic).

Por las mismas razones, se concluye que la decisión tampoco vulneró el derecho de defensa del demandante, en tanto no es cierto que se le hubiera sorprendido con la sanción por un hecho ajeno a la formulación de los cargos contenida en la providencia mediante la cual se abrió la investigación disciplinaria. El hecho que se le imputó fue el mismo por el cual fue sancionado. La decisión disciplinaria, por lo tanto, fue congruente con la imputación que se le hizo en la providencia mediante la cual se le formularon los cargos.

El demandante manifestó que resultaba contradictorio el hecho de que se hubiera considerado en el fallo que la misma conducta no fue constitutiva de faltas a la dignidad de la profesión y a la debida administración de justicia, pero que sí vulneró la recta administración de justicia. Considera la Sala que en la providencia cuestionada no se incurrió en incoherencia alguna, porque la conducta que objetiva y subjetivamente se consideró reprochable fue encuadrada en el tipo disciplinario que describía esos mismos fundamentos fácticos, que en este caso fueron los contenidos en el artículo 51-2 del Decreto 196 de 1971, norma que establecía: “Son faltas contra la recta administración de justicia: ...2a. Promover, a sabiendas, una causa manifiestamente injusta”.

La conclusión a la que llegó en esa providencia no carece de razonabilidad, la misma se fundamentó en las pruebas que obraban en el expediente, las cuales fueron valoradas por esa corporación y una de las pruebas que se consideró relevantes para esa conclusión fue aquella que demostraba que el abogado no había realizado ninguna actuación tendiente a obtener certeza sobre la existencia de la obligación, como lo hubiera sido haber reclamado a través de cualquier medio el pago de la prestación.

Como antes se señaló, se incurre en error judicial en una providencia, cuando esta carece de justificación, coherencia, razonabilidad, cuando no es jurídicamente atendible y en el caso concreto, la valoración que se hizo en la sentencia dictada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 14 de diciembre de 1994, consulta el ordenamiento jurídico vigente al momento de ocurrencia de los hechos y valora las pruebas que obraban en el expediente de manera completa y razonable y llega a la conclusión de que al disciplinado le es subjetivamente imputable el hecho material, cuya ocurrencia no se discute: el ejercicio de la acción ejecutiva para el cobro de una obligación ya resuelta.

Por lo tanto, al margen de que puedan tenerse criterios jurídicos diferentes en relación con el fallo, lo relevante es que no está demostrada la existencia de error judicial alguno atribuible al mismo.

Finalmente, considera la Sala que tampoco se incurrió en vulneración del derecho de defensa del abogado por no habérsele notificado personalmente la providencia sancionatoria. Dicha sentencia fue notificada por edicto que permaneció fijado en la secretaría de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, entre el 19 y el 23 de agosto de 1994 y quedó ejecutoriada el 29 de agosto de ese mismo año, según la constancia secretarial que obra en el expediente disciplinario.

La notificación personal de la sentencia proferida en segunda instancia no era obligatoria. De conformidad con lo establecido en el Decreto 2700 de 1991, aplicable por remisión expresa del Decreto 196 de 1991, solo era obligatorio notificar las providencias al sindicado privado de la libertad y al Ministerio Público.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Por las razones expuestas en la parte motiva, CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Cauca, el 14 de febrero de 2001.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En decisión proferida por la Sala Plena de la Corporación el 9 de septiembre de 2008, Expediente 34.985 se consideró que: “…el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv”.

(2) Carlos Betancur Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo. Bogotá, Editora Señal, 1992, p. 99.

(3) Por ejemplo, en relación con los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo la custodia de las autoridades judiciales. Sentencias del 10 de noviembre de 1967, Expediente 868; 31 de julio de 1976, Expediente 1808. C.P. Alfonso Castilla Saiz y del 24 de mayo de 1990, Expediente 5451, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(4) En sentencia de 13 de diciembre de 2001, Expediente 12.915, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, dijo la Sala: “La Carta Política de 1991 indicó que el Estado responderá patrimonialmente de los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (art. 90). Esa norma, de contenido abierto, no restringió la responsabilidad Estatal a una función del Estado; es extensiva a todo escenario de la función pública, independientemente del contenido y la forma que adopte, por lo tanto comprende, entre otros, los daños antijurídicos que se causen en desarrollo de la función judicial… De ese texto constitucional se infiere que siempre que se ocasione daño antijurídico por una actuación de autoridad pública, por acción o por omisión, en principio puede haber responsabilidad, porque la Carta Política no hizo distingos. Por tanto la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causa, puede surgir también cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. En sentencia de 5 de agosto de 2004, Expediente 14.358, reiteró: “Pero, como es bien sabido, el fundamento y alcance de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general, sufrió una sustancial modificación con la expedición de la Constitución de 1991, ya que a partir de esta, hoy en día la fuente primaria y directa de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontractual, está contenida en el inciso 1º del artículo 90 de la Carta, conforme con el cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. De tal manera que, en el caso concreto de la responsabilidad de naturaleza extracontractual, el Estado tiene la obligación de indemnizar todo daño antijurídico que produzca con su actuación, lícita o ilícitamente, voluntaria o involuntariamente, ya sea por hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas de cualquiera de sus autoridades, o de particulares especialmente autorizados para ejercer función pública, pero que la víctima del mismo no está en el deber jurídico de soportar, cuya deducción puede ser establecida a través de distintos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo, la ocupación temporal o permanente de inmuebles, el error judicial, el indebido funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad, entre otros”.

(5) En respuesta al a quo, los juzgados Primero Civil Municipal de Popayán, Primero Civil del Circuito de Popayán, Segundo Civil Municipal de Popayán, Segundo Civil del Circuito de Popayán, Laboral del Circuito de Puerto Tejada, Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao y el Tribunal Administrativo del Cauca expidieron certificación en la cual relacionaron los asuntos que eran apoderados por el abogado Víctor Iván Liévano Fernández, a 31 de octubre de 1994 y que se hallaban “activos, inactivos y archivados por diferentes causas” (fls. 235-264, 267-284, 293-295 y 332-333, cdno. 3).

(6) Ver sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(7) Por ejemplo, en sentencia de 25 de noviembre de 2004, Expediente 13.539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, se declaró la responsabilidad del Estado por dilación injustificada del proceso. Dijo la Sala: “… en el caso concreto, la duración del proceso penal por más de cinco años, sin que hubiera quedado ejecutoriada la resolución de acusación, constituyó una dilación injustificada, que da lugar a la reparación de los perjuicios sufridos por el demandante, porque, además de esa falla de la administración de justicia, están acreditados en el expediente la probabilidad de que la decisión hubiera sido adversa al sindicado Pedro Antonio Corredor Forero y consecuencialmente, favorable a la parte civil y que la reparación del perjuicio hubiera sido posible, en consideración a la capacidad económica del responsable de los daños, si se tiene en cuenta que para tal fin le fue embargado y decomisado un vehículo de su propiedad”.

(8) Sentencia de 3 de junio de 1993, Expediente7859, C.P. Julio César Uribe Acosta, dijo la Sala: “La abundante prueba aportada al proceso permite concluir que este es un caso más, de otros similares de que ha conocido la Sala, en que se condena a la administración, no con apoyo en la filosofía jurídica que informe el llamado "error judicial", sino por un "mal servicio administrativo de la justicia", pues no otra cosa cabe predicar de la conducta del juez primero superior, que en providencia calendada el día 15 de noviembre de 1985 ordena el depósito bajo comiso del vehículo objeto del presente conflicto de intereses, nombra depositario del mismo al señor Sergio Luis Córdoba, pero no lleva a cabo la diligencia correspondiente, limitándose a remitirlo al cuerpo de bomberos, donde queda abandonado, al sol y al agua, realidad que determinó el deterioro con el cual fue entregado posteriormente a su dueño. Esa conducta negligente de la juez lesionó un bien del demandante, causando un daño antijurídico, por omisión de la autoridad, que el actor no tiene por qué soportar. Así las cosas la administración debe indemnizar los perjuicios causados con apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional. La misma posición jurisprudencial se adoptó en relación con la demanda de reparación formulada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con el embargo de un vehículo, automotor que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, Expediente 12.791, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(9) “Reyes Monterreal, José María. La Responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia. Editorial Colex. Madrid. 1995. Página 24”.

(10) Sentencia de 27 de abril de 2006, Expediente 14.837, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(11) Expediente D-5839; actor: Félix Hoyos Lemus. M.P: Humberto Antonio Sierra Porto.

(12) Ver, por ejemplo, sentencias el 4 de septiembre de1997, Expediente 10.285, C.P. Ricardo Hoyos Duque y de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(14) (Sic) La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia comenzó a regir el entró a regir el 15 de marzo de 1996.

(15) Sentencia de la Sección Tercera de la corporación de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.776, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) (Sic) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra: “La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro solo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.

(16) Ninguna duda ofrece el carácter judicial de las decisiones que adopte la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. A este respecto, ver sentencias de la Corte Constitucional C-417 de 1993 y C-037 de 1996. En esta última sentencia, esa corporación afirmó: “…las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinaria son en realidad sentencias y, por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que profiera cualquier otra autoridad judicial”.

(18) (Sic) Sobre la misión ética del abogado pueden consultarse, entre otras, la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, de 22 de mayo de 1975, en la cual se consideró que: “La cooperación o colaboración con las autoridades ‘en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia’, no es el deber exclusivo del abogado sino de todas las personas. Es el principal y más importante de los deberes sociales, [por cuanto] sin un orden jurídico estable y una recta y cumplida prestación del servicio de justicia, no es posible adelantar tarea alguna de desarrollo o progreso colectivo. Y por razón de sus conocimientos, es del abogado de quien se exige un mayor y permanente esfuerzo para alcanzar ese fin vital” y las sentencias de la Corte Constitucional C-060 de 1994, C-190 de 1996, C-619 de 1996, C-393 de 2006 y C-212 de 2007, en las cuales se resolvió sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas del Decreto 196 de 1971.