Sentencia 1996-07142 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN b

Expediente: 27580

Rad.: 080012331000199607142 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actores: Luzmery Isabel Sarabia Herazo y otros

Elizabeth Martínez Zaballet y otros

Ricardo José Echandía González y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

13. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

14. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón de los recursos de apelación presentados por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de las demandas, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a las solicitudes de compensación de los perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

15. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por las acciones y omisiones en que incurrió dicha entidad y que, según la parte actora, determinaron causalmente la muerte de los señores Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez.

16. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este punto, la corporación ha reiterado que el juez de segunda instancia no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4).

17. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se probaron los lazos de parentesco y civiles entre las víctimas directas y todos los demandantes en el presente caso(5). Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el daño invocado en la demanda proviene de acciones y omisiones que corresponden a la Policía Nacional, de modo que la Nación, representada por dicha entidad, se tiene legitimada como parte demandada en este asunto.

18. Finalmente, sobre la caducidad de la acción, la Sala constata que en el presente asunto no opera tal fenómeno, dado que la muerte de los citados ciudadanos se registró el 3 de febrero de 1991 y las demandas se interpusieron el 3 de noviembre de 1992 y el 1º de febrero de 1993, es decir, dentro del término bienal que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para tal efecto.

II. Problema jurídico

19. La Sala debe determinar si la muerte de Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez, registrada el 3 de febrero de 1991 en la ciudad de Barranquilla, por la cual fue condenado penalmente el agente de la policía Jorge Arroyo González, resulta imputable jurídica o fácticamente a la Policía Nacional, o si se presenta la causal eximente de responsabilidad del hecho personal del agente. De comprobarse la responsabilidad de la entidad, se procederá a la respectiva liquidación de los perjuicios a indemnizar a favor de los familiares de las víctimas.

III. Validez de los medios de prueba

20. En el presente caso, la parte demandante aportó documentación en copia simple tendiente a acreditar los hechos que sirven de sustento a sus pretensiones. Estos documentos serán valorados por la Sala, si bien es necesario hacer algunas aclaraciones al respecto.

20.1. En decisiones anteriores, el Consejo de Estado consideró que las copias de documentos públicos y privados solo podían ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial si reunían las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber: (i) que hubieran sido expresamente autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que hubieran sido autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presentara; o (iii) que se hubieran compulsado del original o de una copia autenticada en el curso de una inspección judicial. Así las cosas, para que pudieran ser considerados como elementos de prueba válidos para demostrar los supuestos de hecho de interés para el proceso, los documentos públicos y privados debían allegarse en original o copia auténtica.

20.2. Posteriormente, la corporación también señaló que, en ciertas circunstancias, las exigencias legales para la valoración de las copias simples pueden flexibilizarse con el fin de proteger los principios de lealtad procesal, equidad y buena fe(6). Esta situación ocurre cuando la parte contra la cual se aducen las copias conserva el original de los documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si ello fuera procedente, o cuando la parte demandada ha utilizado tales documentos para sustentar su defensa, pues se presume que, con dicha actuación, acepta la validez de dichos medios de prueba, entre otros eventos.

20.3. En la actualidad, la Sala Plena de esta sección decidió unificar la jurisprudencia en el sentido de otorgar a las copias simples el mismo valor probatorio que se concede a los documentos originales o copias auténticas, siempre que no hayan sido objeto de tacha de falsedad, y estableció los siguientes parámetros:

Cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el CGP, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del CGP, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias. (...) En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia(7).

20.4. En el caso bajo examen, la entidad demandada pudo controvertir y tachar las pruebas documentales que fueron aportadas por la parte demandante. Por lo tanto, la Sala, como lo ha hecho anteriormente en aras de respetar los principios constitucionales de buena fe y acceso a la administración de justicia, y de preservar el deber de lealtad procesal, reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo de la controversia y que, surtidas todas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas(8).

21. Ahora bien, según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

21.1. En el presente caso, los demandantes solicitaron expresamente en el escrito de demanda que se ordenara a la oficina disciplinaria del Departamento de Policía de Barranquilla, a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, al Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad y al Juzgado Doce de Instrucción Criminal la remisión de copias auténticas de los procesos disciplinarios y penales seguidos por la muerte de estos ciudadanos (fl. 108, cdno. 4; fls. 16-17, cdno. 1; fls. 20-22, cdno. 8).

21.2. El tribunal decretó las pruebas (fls. 128-130, cdno. 4; fls. 48-50, cdno. 1; fls. 43-47, cdno. 8) y exhortó a las autoridades correspondientes para que allegaran los mencionados procesos (fls. 136-137, 139, cdno. 4; fls. 58-59, cdno. 1; fls. 48, cdno. 8).

21.3. En virtud de esta orden, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla remitió copia del proceso 6578 adelantado contra Jorge Arroyo González, Nicolás Antonio Aquino y Enoc Giovanny Fernández (fl. 161, cdno. 4). Por su parte, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos envió copia auténtica del proceso disciplinario 008-136529 seguido por los mismos hechos (fl. 81, cdno. 1). En cuanto a la Policía Nacional, informó que la investigación disciplinaria seguida por la entidad fue suspendida a solicitud de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, a la que se remitió el expediente (fls. 126, 153, cdno. 4; fl. 97, cdno. 8).

21.4. Las pruebas decretadas y practicadas en los procesos penal y disciplinario trasladados serán valoradas por la Sala dado que fueron aportadas en copia auténtica(9) por las entidades requeridas y estuvieron a disposición de las entidades demandadas, de manera que tuvieron la oportunidad procesal de conocerlas y controvertirlas.

21.5. No obstante, se aclara que no se reconocerá valor probatorio a las indagatorias que, con ocasión de los hechos del 2 y 3 de febrero de 1991, rindieron dentro de la investigación penal los procesados Nicolás Aquino Anaya (fls. 157-159, cdno. 3), Robinson Bolaño Jiménez (fls. 166-168, cdno. 3) y Jorge Arroyo González (fls. 174-177, cdno. 3), toda vez que la indagatoria es, como se sabe, un medio de defensa de los sindicados que carece de la solemnidad del juramento de que trata el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil(10). Esta precisión ha sido hecha en varias ocasiones por parte de esta corporación(11).

21.6. Tampoco podrán apreciarse las declaraciones de Álvaro Alfonso Mejía Villanueva (fls. 60-62, cdno. 3), Gustavo Adolfo Mejía Villanueva (fls. 67-68, cdno. 3), Yaneth del Carmen Palacín Hgeller (fls. 69-70, cdno. 3) y Nicolás Muñoz Lalinde (fls. 73-74, cdno. 3), rendidas ante la Policía Nacional, por tratarse de personas que integran la parte demandante en esta controversia y que no fueron requeridas por la entidad demandada a rendir interrogatorio de parte, en los términos del artículo 203 del estatuto procesal civil.

22. En cuanto al valor probatorio de las notas de prensa allegadas por la parte actora (sobre sellado, cdno. 11), se deben hacer algunas precisiones.

La corporación señaló inicialmente que la información consignada en artículos de prensa no puede ser admitida dentro del proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en especial porque no fue rendida ante un funcionario judicial bajo juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227)(12). Por tanto, las notas periodísticas podían ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero no de la veracidad de su contenido(13).

22.2. Posteriormente, se admitió que tales documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos objeto de examen(14).

22.3. Finalmente, la Sala Plena de la Sección señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y coincidencia con otros medios de prueba que obren en el expediente(15). De acuerdo con esto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(16).

22.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia interamericana, que al respecto ha indicado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser valorados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso, siempre que se encuentren completos o, por lo menos, sea posible constatar su fuente y fecha de publicación, y que se valorarán tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica(17).

22.5. En vista de lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la corporación y, en consecuencia, les dará valor probatorio a las notas periodísticas aportadas por la parte actora, luego de advertir que fueron allegadas en original por el medio que las publicó y que los hechos que narran guardan correspondencia con las demás pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.

IV. Hechos probados

23. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

23.1. El 2 de febrero de 1991, alrededor de las cuatro y treinta de la tarde, los señores Walter Mejía Villanueva y Víctor Amador Fernández se encontraban en el establecimiento de comercio “El Ruedo”, ubicado en la carrera 43 con calle 42 de la ciudad de Barranquilla, y los señores James Muñoz Galvis, César Echandía Meléndez y Rodrigo Cuadrado Martínez departían en el local “La Conquista”, ubicado en la acera de enfrente, cuando fueron abordados por personas fuertemente armadas que los sacaron a la fuerza de los locales y los obligaron a subir a un vehículo marca Chevrolet Luv, en el que fueron trasladados con destino desconocido (sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla —fls. 84-125, cdno. 1—; sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla —fls. 84-99, cdno. 4—; resolución de acusación —f. 41-83, cdno. 4—; informe de la división de investigaciones del CTI —fls. 99-103, cdno. 3—).

23.2. El día 3 de febrero de 1991, los señores Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez fueron encontrados sin vida en el barrio “Las Flores” de Barranquilla y sus cuerpos presentaban signos de violencia física (certificados y registros civiles de defunción —fl. 5, cdno. 1; fls. 20-21, 26, 35, cdno. 4—; acta de levantamiento de cadáveres —fls. 1-3, cdno. 3—; protocolos de necropsia —fls. 8-27, cdno. 3—).

23.3. Un testigo presencial de los hechos identificó al agente de policía Jorge Eliécer Arroyo González como uno de los captores (declaración de José Manuel Bujato Vergara —fls. 104-109, cdno. 3—; diligencia de reconocimiento en fila de personas —fls. 163-164, cdno. 3—). Para la época del suceso, el agente estaba en servicio activo (oficio 1751 del Departamento de Policía del Atlántico —f. 152, cdno. 4—; certificado del jefe de la sección de recursos humanos del Departamento de Policía del Atlántico —fl. 46, cdno. 5—; acta de visita de la Procuraduría —fl. 258, cdno. 6—).

23.4. En la diligencia de allanamiento y registro del domicilio de Nicolás Antonio Aquino Anaya se incautó un arma tipo revólver marca Llama, calibre 38 largo, IM1919D, de la Industria Militar de Colombia (acta de diligencia de allanamiento y registro —fls. 149-151, cdno. 3—). Los cuatro proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas corresponden a dicha arma (informe del grupo de criminalística del Departamento Administrativo de Seguridad —fls. 50-52, cdno. 3—; ampliación del dictamen del grupo de criminalística del Departamento Administrativo de Seguridad —fls. 199-201, cdno. 3—; informe del grupo de balística de la división criminalística del Medicina Legal —fls. 242-243, cdno. 3—).

23.5. El vehículo utilizado para transportar a las víctimas con el objeto de darles muerte fue una camioneta tipo Pick-Up, marca Chevrolet Luv, color negro, de placas BAC 672, identificada mediante la plaqueta de serie KS873824, serie de motor 984011 y serie de chasis KS873824, modelo 1989, destinada al uso del Departamento de Policía del Atlántico (acta de diligencia de inspección judicial en el Departamento de Policía del Atlántico —fls. 43-44, cdno. 3—; informe del Cuerpo Técnico de Investigación —fls. 100-101, cdno. 3—; acta de continuación de la diligencia de inspección judicial en el Departamento de Policía del Atlántico —fls. 92-93, cdno. 3—; declaración de José Bujato Vergara —fl. 109, cdno. 3—).

23.6. Con ocasión de estos hechos, el 6 de febrero de 1991, el Juzgado Doce de Instrucción Criminal abrió una indagación preliminar para dar con los responsables del delito (auto de apertura de la instrucción —fl. 6, cdno. 3—).

23.7. El 13 de febrero del mismo año, la Procuraduría Departamental del Atlántico inició indagación preliminar con el fin de determinar si algún miembro de la Sijín del Departamento de Policía del Atlántico participó en los hechos que rodearon la muerte de Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez (apertura de indagación preliminar —fl. 3, cdno. 6—).

23.8. El día 29 de noviembre de 1991, el Juzgado Doce de Instrucción Criminal dictó resolución de acusación contra Enoc Giovanny Fernández Cohen, Jorge Eliécer Arroyo González y Nicolás Antonio Aquino Anaya, los primeros como coautores y el último como cómplice en el homicidio de Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez, e impuso medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva. En el caso del agente Jorge Arroyo González, solicitó a la Policía Nacional que lo suspendiera del ejercicio del cargo y que adoptara las medidas necesarias para asegurar su comparecencia al proceso (fls. 41-83, cdno. 4).

23.9. Impugnada la resolución de acusación, el 23 de junio de 1992, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Penal, la confirmó en su integridad (fls. 84-99, cdno. 4).

23.10. El día 26 de octubre de 1993, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos abrió formalmente la averiguación disciplinaria y formuló pliego de cargos contra el agente de policía Jorge Arroyo González, “quien al parecer se encuentra incurso en faltas disciplinarias al retener ilegalmente, torturar y ocasionar el posterior homicidio de Walter Mejía Villanueva, Víctor Enrique Amador, César Echandía Meléndez, Rodrigo Cuadrado y James Muñoz” (auto de apertura de investigación —fls. 293-294, cdno. 6—; pliego de cargos —fls. 295-297, cdno. 6—).

23.11. El 25 de mayo de 1994, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla profirió sentencia condenatoria contra Enoc Giovanny Fernández Cohen, Jorge Eliécer Arroyo González y Nicolás Antonio Aquino Anaya, a quienes impuso penas privativas de la libertad de 20, 18 y 8 años, respectivamente, los primeros en calidad de coautores y el último como partícipe en el homicidio de Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez (fls. 1-44, cdno. 5).

23.12. El 9 de noviembre de 1994, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirmó en su integridad la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla(18) (fl. 118, cdno. 2).

23.4. El 14 de marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decidió no casar la sentencia impugnada por el señor Jorge Eliécer Arroyo González y declaró la extinción de la acción penal respecto del delito imputado a Nicolás Aquino Anaya por haber operado el fenómeno de la prescripción (fls. 118-135, cdno. 2).

V. Análisis de la Sala

24. En el caso bajo análisis, la Sala encuentra demostrado el daño, pues la muerte violenta de los señores Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez, ocurrida el día 3 de febrero de 1991 en la ciudad de Barranquilla y causada por disparos de arma de fuego, es un hecho plenamente acreditado en el proceso.

24.1. Al respecto, los protocolos de necropsia levantados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses detallan las lesiones y heridas que presentaban cada uno de los cuerpos, así:

(i) Walter Mejía Villanueva recibió un disparo de arma de fuego en la región cervical superior, lado derecho, que le produjo una sección de la médula espinal; presentó hematoma periorbitario izquierdo, equimosis en el cuello, excoriaciones en tórax superior y región supraclavicular izquierda, laceraciones superficiales en la piel de escapular derecho y región latero dorsal derecha, excoriaciones en rodillas, hemorragia en la fosa cerebral posterior y fractura de vértebra cervical; como causa de la muerte se señaló: “Paro respiratorio por sección de médula espinal por herida por arma de fuego” (fls. 8-11, cdno. 3).

(ii) César Echandía Meléndez registró cuatro disparos: en la cabeza, lo que causó fractura de huesos en la bóveda craneana, derrame de masa encefálica y lesión en el ojo derecho; en la región cervical izquierda, que le produjo lesión en los músculos del cuello y la piel; en el lado izquierdo del tórax, que afectó el corazón y el pulmón izquierdo, además de los músculos pectorales y dorsales; y en el hombro derecho, que lesionó el tejido subcutáneo y dejó huella de quemadura en el brazo; como causa del fallecimiento se indicó: “Laceración de masa encefálica y herida de corazón por arma de fuego” (fls. 12-15, cdno. 3).

(iii) Rodrigo Cuadrado Martínez sufrió un disparo en el cráneo que le causó fractura de huesos parietales y la base del cráneo, y laceración de masa encefálica con hemorragia en ambos hemisferios. El proyectil se alojó en el mastoides derecho; la causa de la muerte fue: “Laceración de masa encefálica por herida por arma de fuego” (fls. 16-19, cdno. 3).

(iv) Víctor Amador Fernández, no identificado aún en el momento de la necropsia, mostró huellas de disparo en la región preauricular izquierda, cerca del oído, lo que generó lesiones en la piel, músculos temporales, hueso temporal izquierdo y base del cráneo, además de afectar la masa encefálica; la causa de la muerte fue descrita así: “Laceración de masa encefálica por herida por arma de fuego” (fls. 20-23, cdno. 3).

(v) James Muñoz Galvis presentó tres disparos de arma de fuego: en el lado izquierdo del tórax, que comprometió el ventrículo del corazón y el pulmón izquierdo; en la región dorsal izquierda de la espalda, que afectó el pulmón derecho y los músculos intercostales; y el último en la región infraauricular, en el lado izquierdo del cuello; como causa de la muerte se registró: “Choque hipovolémico por herida de corazón y pulmones por arma de fuego” (fls. 24-27, cdno. 3).

24.2. Además, en el acta de diligencia de levantamiento de cadáveres, el Juzgado Cuarto de Instrucción Criminal Permanente dejó constancia de que los cuerpos presentaban signos de violencia (fls. 2-3, cdno. 3):

Nos trasladamos hasta el corregimiento de Las Flores con el fin de practicar una diligencia de levantamiento de varios cadáveres, una vez en dicho lugar, más exactamente a dos kilómetros de la carretera que comunica al corregimiento de Las Flores con el corregimiento Eduardo Santos “La Playa”, pudimos observar el cadáver de cinco personas regadas a lado y lado de la carretera en una distancia de doscientos metros aproximadamente, el primer cadáver fue encontrado en la acera norte de la referida carretera (...) totalmente desnudo en posición decúbito abdominal, de contextura gruesa, estatura 1.75 metros, de unos 28 años de edad aproximadamente, cara redonda, frente amplia, pelo negro, tabique nasal partido, boca asimétrica, seguidamente procedimos a observar los signos de violencia, constatándose que presenta herida abierta en la región malar superior que abarca también la región orbital y frontal derecha, un orificio en la región subclavia derecha, un orificio en la región mamilar izquierda, a un centímetro de línea medida del tórax, una herida abierta en la región occipital parte media con desprendimiento de masa encefálica, orificio en la cara anterior del brazo derecho. (...) Seguidamente, a unos 100 metros aproximadamente, sobre la misma acera norte encontramos el cadáver de otra persona, de sexo masculino, vestido con una camisa negra, estampada, manga larga, calzoncillo azul, tiene un escapulario marrón, en posición decúbito dorsal, cabeza al norte, pies al oeste, de estructura delgada, color trigueño claro, de unos 26 años de edad, cara cóncava, boca grande, labios gruesos, nariz recta base ancha, orejas medianas, lóbulos separados, de 1.65 metros de estatura, seguidamente procedimos a observar los signos de violencia, constatándose que presenta una herida en el parietal. (...) Seguidamente nos trasladamos a la acera opuesta, a unos 40 metros, acera Sur, y en medio de la cerca de alambre de púa encontramos el cadáver de la última persona, en posición decúbito abdominal, corrijo, decúbito dorsal, con calzoncillos fondo blanco y líneas horizontales azul y verde, de contextura delgada, de unos 30 años de edad aproximadamente, de 1.70 metros de estatura, color blanco, frente amplia, con entradas, cara periforme, nariz recta, boca grande, orejas medianas, lóbulos adheridos, usa bigotes, seguidamente procedimos a observar los signos de violencia, constatándose que presenta una herida en la región occipital.

24.3. Las lesiones que evidencian los cuerpos también se registran en el informe del comandante de patrulla Juan Manuel Rivera (fl. 56, cdno. 3). En igual sentido, Catalina Ramírez, prima de Walter Mejía, manifestó que este, al ser encontrado sin vida, presentaba “las rodillas maltratadas, golpes en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cara, a la altura de la nariz, y en el pecho, se encontraba en ropa interior, tenía arena como si hubiera estado en la playa” (fl. 65, cdno. 3).

25. Sobre las condiciones de las víctimas y la primera impresión de la población barranquillera sobre los hechos, puede consultarse la nota de prensa del diario “El Heraldo”, publicada el 4 de febrero de 1991 en su edición 18.126 (ejemplar original del periódico —p. 1, 8A, cdno. 11—):

Torturan y acribillan a 5 hombres en Las Flores

Cinco personas, entre ellas el bongosero del grupo Los Tímidos, aparecieron ayer torturados y acribillados en la vía que conduce del basurero de las Flores al corregimiento de La Playa.

Las víctimas, todas de sexo masculino, fueron arrojadas a ambos lados de la carretera con 5 y 8 metros de distancias entre una y otra.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, las 5 personas presentaban visibles señales de haber sido torturadas.

Ayer las autoridades policiales desconocían los móviles de este múltiple crimen.

Hasta ayer a las 6 de la tarde habían sido identificadas cuatro de las víctimas. Uno era Walter Mejía Villanueva, barranquillero de 26 años, quien desde hace dos años tocaba el bongó en el grupo Los Tímidos.

La segunda, César Echandía Méndez, barranquillero de 26 años, hijo de Edgardo Echandía y María Méndez de Echandía, vivía en el apartamento 101 del bloque 5 de la Ciudadela 20 de Julio.

La tercera fue identificada como James Muñoz Galvis, 25 años, de Cali, quien hasta el año pasado trabajaba al servicio de Nadelco.

Rodrigo Cuadrado Martínez, de 22 años, barranquillero, hijo de Rodrigo Cuadrado e Isabel Martínez de Cuadrado, es la cuarta persona acribillada. Vivía con sus padres en la carrera 3G 17-55 de la urbanización Costa Hermosa (...)

Las autoridades encargadas de practicar el levantamiento de los cinco hombres afirmaron que fueron asesinados con armas de diferente calibre. El primero de ellos estaba desnudo y boca abajo, mientras que los otros cuatro se hallaban en ropa interior.

Los asesinos arrojaron las prendas de vestir de sus víctimas a varios metros del sector donde fueron hallados.

Una fuente oficial indicó que los cinco jóvenes fueron vistos el sábado a las 4 de la tarde en una tienda ubicada entre las calles 42 y 43, de donde un grupo de desconocidos fuertemente armados los sacó y los obligó a subir en una camioneta tipo Blazer, mientras otras versiones aseguran que fue en una camioneta Luv de color negro.

Según el informe especial, se supone que fueron asesinados en horas de la noche y arrojados a las pocas horas en un tramo que del basurero de Las Flores comunica con el corregimiento de La Playa.

26. Con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte de estos ciudadanos, la división de investigaciones del CTI hizo el siguiente recuento de los hechos (fl. 99, cdno. 3):

Se tiene conocimiento que el día en mención, ocho (8) hombres aproximadamente irrumpen en el establecimiento conocido como refresquería “La Conquista”, ubicada en la calle 42 km de Barranquilla, reteniéndose a César A. Echandía Meléndez, Rodrigo Cuadrado Martínez, James Muñoz Galvis y Enoc Giovanny Fernández Cohen, quienes son forzados a abordar un vehículo Chevrolet Luv color negro, e instantes después se procede de igual manera con los señores Víctor Amador y Walter Mejía Villanueva, quienes se encontraban en la tienda “El Ruedo”, diagonal a la refresquería citada, siendo ubicados todos ellos en el platón del vehículo. En el recorrido efectuado frente a la tienda “La Española”, uno de los retenidos, al parecer Walter Mejía, pretendió huir de sus captores y tras ser dominado recibió dos (2) impactos de arma de fuego, apareciendo posteriormente los cadáveres de todos los citados con visibles muestras de tortura en el basurero de Las Flores.

27. A su vez, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, en la sentencia condenatoria dictada contra Enoc Giovanny Fernández Cohen, Jorge Eliécer Arroyo González y Nicolás Antonio Aquino Anaya, encontró demostrado que las víctimas fueron abordadas por personas armadas que las obligaron a subir a una camioneta y fueron cubiertas con una sábana; que uno de los aprehendidos intentó huir, por lo que recibió dos impactos de arma de fuego; y que los aprehendidos fueron encontrados sin vida posteriormente (fl. 2, cdno. 5):

Realizadas las primeras investigaciones, se logró la identificación de las víctimas Walter Mejía Villanueva (integrante de la orquesta Los Tímidos), James Muñoz Galvis, César Echandía Meléndez, Rodrigo Cuadrado Martínez y Víctor Amador Fernández. Todas las víctimas presentaban heridas ocasionadas con armas de fuego.

Según lo investigado, las víctimas fueron obligadas a subir a un vehículo Chevrolet Luv, color negro. Se encontraban en la refresquería “La Conquista”, ubicada en la calle 42 con carrera 43. Los señores César Echandía Meléndez, Rodrigo Cuadrado Martínez, James Muñoz Galvis y Enoc Giovanny Fernández Cohen, quienes fueron forzados a abordar la camioneta. Y en la misma forma se obligó a Víctor Amador y Walter Mejía Villanueva, quienes se encontraban en la tienda “El Ruedo”, diagonal a la refresquería citada. Al parecer las víctimas fueron ubicadas en el platón del vehículo y tapadas con una sábana. Uno de ellos trató de huir, pero recibió dos impactos de arma de fuego.

Según testigos, los sujetos que irrumpieron en los citados establecimientos, eran varios y se encontraban armados.

Aparecieron posteriormente cinco cadáveres, mas no el de Enoc Fernández Cohen, quien supuestamente también fue obligado a subir a la camioneta.

Un testigo presencial afirma que se encontraba reunido con César Echandía, James Muñoz y Enoc, porque iban a tratar un negocio, que fue al baño, atravesó al frente en los billares “El Ruedo” y al salir vio que a ellos los estaban subiendo casi a la fuerza a la camioneta negra Luv y vio a dos tipos atravesar la calle, por lo que se escondió en el orinal. Que después de un rato le preguntó a la bolitera que qué había pasado y ella le contestó que la Policía se había llevado unos muchachos del frente y dos más de la tienda.

28. El testigo mencionado es José Manuel Bujato Vergara, quien en su declaración jurada manifestó haber conocido, a través de Nicolás Aquino, a Enoc Fernández, quien lo invitó a él, a César Echandía y a James Muñoz a beber unas cervezas en el local “El Ruedo” el 1º de febrero de 1991, lugar en el que estuvieron hasta las siete de la noche y acordaron encontrarse al día siguiente en ese mismo sitio. Agregó que en la tarde del 2 de febrero se reunieron todos ellos en la tienda “La Conquista” y que Enoc Fernández Cohen mostraba un claro interés en mantenerlos unidos. Luego señaló haber visto cuando arribó al local una camioneta negra de la cual se apearon unas personas que obligaron a quienes allí departían a subirse al vehículo, por lo cual él se escondió en el baño; al salir le preguntó a una mujer qué había ocurrido y esta le contestó que la policía se había llevado a unos muchachos. En vista de ello, Bujato les dio aviso a los familiares de César Echandía y estos iniciaron su búsqueda ante las autoridades respectivas con el objeto de saber en dónde estaba detenido. El declarante, además, identificó a dos de los captores, uno apodado “el Chino Bolaños” y el otro de apellido “Arroyo”, hermano del artista Joe Arroyo y comandante de la estación de policía de la Alcaldía de Barranquilla (fls. 104, 109, cdno. 3).

Yo era ayudante de César Echandía en un puesto de papas en la 35 con carrera 44, ahí se reunía mucha gente porque es un punto donde se conoce la esquina caliente, conocí también a James Muñoz y un nuevo muchacho que nos presentaron de un día a otro, de nombre Enoc, lo conocí por intermedio de un supuesto amigo que nos lo presentó, de nombre Aquino, según él es abogado, eso fue el día viernes 1º de febrero, cuando nos conocimos nos invitó a una cerveza a César Echandía, a James Muñoz y a mi persona, a tomarnos una cerveza, jugamos en el billar como de 3 a 4 de la tarde ese día 1 de febrero, viernes, pero Enoc nos propuso un negocio, pero que teníamos que hablar en frente del SENA, calle 42 con carrera 43, frente a los billares El Ruedo, bebimos en la tienda El Ruedo como hasta las 7:00 p.m. porque César Echandía, una de las víctimas, dijo que se tenía que ir porque había que entregarle cuentas a la suegra, antes de separarnos quedamos en convenio de vernos al día siguiente en el mismo sitio, de 4 a 4 y media de la tarde; el día sábado 2 de febrero llegamos y nos reunimos en el negocio con César Echandía, James Muñoz, Enoc y mi persona, en vista de que la suegra de César, la señora Betsalia, le había quitado el puesto a César Echandía, nos pusimos a jugar desde temprano en el billar El Cafetal, diagonal a donde está el negocio que César administraba, como a la 1 o 1 y media César Echandía desistió de ir a su casa, porque iba a ir a la casa a ver a los niños y que luego regresaba, lo mismo hizo Enoc, James Muñoz y yo nos íbamos a encontrar en el lapso de una hora en el mismo sitio, billar El Cafetal, cuando yo llegué al sitio citado me encontré ya a Enoc, estaba jugando billar con unos tipos que no los conozco pero que a todos les brindaba cerveza, después se presentó James Muñoz, por último César Echandía y otro conocido de por ahí del sitio, nos brindó un rato cerveza a todos, a eso de las 3 de la tarde nos dijo Enoc “bueno, este es el último, que nos vamos para allá para el sitio”, que todos habíamos quedado de encontrarnos ahí en el SENA, llegamos al sitio, la refresquería La Conquista, nos tomamos una tanda de cerveza, cuando a la segunda tanda pedida cogí mi botella y sin decir nada me fui a la siguiente esquina, o sea calle 43, y me puse a ver el partido pero como a los 10 minutos llegó Enoc y me dijo que no podíamos estar separados, que nos fuéramos para el sitio, que teníamos que estar juntos y yo le hice caso y vine al puesto, o sea la refresquería, volví y pedí mi cerveza y me vine más cerca, al frente del estadero El Ruedo, pero por la parte del billar, estando yo oyendo el partido en la puerta del billar, como a los 5 minutos aproximadamente estoy escuchando que le hacen el tercer gol al equipo de Colombia, cuando yo me desmoralizo de oír el gol, veo que al frente donde están los muchachos, veo una camioneta negra, los están subiendo en una Luv negra, los tiraron al piso de la camioneta, me quedé en el mismo sitio donde estaba yo parado, de pronto vi dos de ellos que se atraviesan y pienso yo que como a ellos se los llevan, me vienen a buscar a mí también, lo que yo hice fue meterme al baño del billar y me quedé un ratico ahí, esperando a que entraran por mí, al rato que yo me di cuenta que ya no estaban, salí y le pregunté a una muchacha que tiene un negocio de bolita que está en toda la puerta de la tienda El Ruedo, y le pregunté qué había pasado, ella me contestó que la policía se había llevado unos muchachos del frente y dos más de la tienda, en vista de eso me fui hacia donde nosotros administrábamos el puesto pero no le hice comentario en el momento a nadie, como a las 5 y media llegó un compañero o conocido taxista, le comenté lo sucedido con el fin de que me hiciera el favor de llevarme a la casa de César, que era el único conocido en cuanto a la dirección de él, me embarqué en el taxi de él y partimos pero en el camino me comentó el taxista que ese era un problema muy delicado, que esperara hasta mañana, que cuando ya verificara dónde estaba preso se podía dirigir.

Preguntado: díganos con exactitud en qué sitio se encontraba usted en el momento en que hace su aparición la camioneta Chevrolet Luv negra frente a la refresquería La Conquista, el día 2 de febrero del año en curso. Contestó: aproximadamente, entre las 4 y media y 5 de la tarde me encontraba en toda la puerta de los billares mirando hacia adentro del billar El Ruedo, en ese momento volteo a mirar hacia la refresquería La Conquista y me doy cuenta de que unos sujetos con brazaletes estaban embarcando a César Echandía, James Muñoz, Enoc y otro tipo que no distingo, llegué a distinguir a uno, que portaba una metralleta, y los que atravesaban la calle tenían armas cortas, como los vi venir hacia donde yo estaba, me entré. Preguntado: detalle exactamente la camioneta Chevrolet Luv en la que se llevan a sus compañeros. Contestó: una camioneta negra marca Chevrolet Luv, portaba una carpa en la parte trasera, blanca con rayas azules, recogida hacia la parte delantera del platón, y desde el punto donde yo estaba le distinguí una raya de color blanco por los lados de donde va el conductor, la raya era desde el guardafango hasta atrás. (...) Preguntado: díganos si usted está en capacidad de reconocer fotográfica o personalmente a los sujetos que usted ve que se llevaron a sus compañeros, detalle. Contestó: sí estoy en condiciones de reconocerlos, a uno que le dicen el chino Bolaños e incluso otro moreno que va en la cabina, de apellido Arroyo, que es hermano de Joe Arroyo y que es comandante de la estación de la Alcaldía de Barranquilla. Destaca la Sala.

29. A partir de la declaración del testigo Bujato Vergara se lograron esclarecer los hechos e identificar a los responsables de los mismos. Según el Cuerpo Técnico de Investigación, Nicolás Aquino Anaya, quien había organizado un hurto en la residencia del cantautor “Joe Arroyo” el 8 de diciembre de 1990, contactó a Enoc Fernández, César Echandía, James Muñoz y José Bujato Vergara, y los citó en el establecimiento “La Conquista” para concretar lo que llamaron “un negocio”. Agregó que uno de las captores fue identificado por un testigo como alguien de apellido “Arroyo”, hermano del mencionado cantante (fls. 102-103, cdno. 3):

De acuerdo a las labores de inteligencia adelantadas y testimonios recepcionados hasta la fecha, se señalan claramente como partícipes del hecho punible que se investiga a: el abogado Aquino Anaya Nicolás Antonio quien es señalado por un testigo en su declaración como organizador de bandas delictivas en la ciudad de Barranquilla y que estuvo organizando en compañía de Enrique Fornaris, actualmente detenido en la Cárcel Modelo de esta ciudad, César Echandía (q.e.p.d.) y Silvio, el atraco a la residencia del cantautor Joe Arroyo, para el día 8 de diciembre de 1990, siendo este mismo la persona que el día 1º de febrero del año en curso se encargara de presentar personalmente a Enoc Giovanny Fernández Cohen con César Echandía (q.e.p.d.), James Muñoz (q.e.p.d.) y José Manuel Bujato Vergara (testigo).

Enoc Giovanny Fernández Cohen, una vez presentado con los anteriormente nombrados, los cita para el día siguiente, sábado 2 de febrero, en la refresquería “La Conquista” y una vez allí demuestra su interés claro por que se mantengan reunidos para hablar de un presunto negocio.

Posteriormente se hace presente la camioneta Chevrolet Luv negra, en la que son transportados como retenidos Enoc Fernández, César Echandía, James Muñoz y Rodrigo Cuadrado.

Al día siguiente, domingo 3 de febrero de 1991, aparecen muertos en el basurero de Las Flores los anteriormente citados excepto Enoc Fernández, quien por labores de inteligencia adelantadas se encuentra con vida y aparece registrada en documentos la dirección (...).

Dice uno de los testigos en su declaración que dos (2) de los sujetos que retienen a sus compañeros, los identifica como “El Chino Bolaños” y otro de apellido Arroyo, quien dice es hermano de Joe Arroyo y que es comandante de la estación de la Alcaldía.

30. Además se estableció que el arma con que se perpetró el delito es la misma encontrada en la diligencia de allanamiento y registro del domicilio de Nicolás Antonio Aquino Anaya, esto es, un revólver marca Llama, calibre 38 largo, número IM1919D, de la Industria Militar de Colombia. Al respecto, el grupo de criminalística del Departamento Administrativo de Seguridad estipuló (fls. 50-51, cdno. 3):

Elementos recibidos para estudio.

Un revólver marca Llama, calibre .38 largo, número IM 1919 D, con su respectiva chapuza.

Cuatro proyectiles embalados en bolsas plásticas por separado, debidamente rotuladas y numeradas del 1 al 4, los cuales según el auto y el oficio remisorio, fueron encontrados así:

Proyectil número 1, en el cadáver de Walter Mejía Villanueva.

Proyectil número 2, en el cadáver de César Echandía Meléndez.

Proyectil número 3, en el cadáver de Rodrigo Cuadrado Martínez.

Proyectil número 4, en el cadáver de Víctor Enrique Amador (...).

Como ya se dijo, al efectuar el estudio de los proyectiles, los acotados con los números 1, 2 y 4 fueron disparados con el revólver incriminado (marca Llama número IM 1919 D). En cuanto al proyectil demarcado con el número 3, no fue posible establecer plena identidad debido a la deformación y desgaste que presentan sus zonas de cotejo (estrías y macizos). Sin embargo, los números 1, 2 y 4 [coinciden] con el arma incriminada en lo referente a calibre, número y sentido de rotación de sus estrías.

31. Sumado a lo anterior, se determinó que el vehículo utilizado para la sustracción de las mencionadas personas y su posterior homicidio, estaba destinado a la Policía Nacional.

31.1. En la diligencia de inspección judicial realizada en la subestación “Los Alpes” del Departamento de Policía del Atlántico, el Juzgado Doce de Instrucción Criminal encontró en el lugar un vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet Luv, color negro, con rastros de disparos de arma de fuego en el platón, huellas que al parecer eran de sangre y evidencia de pintura fresca (fls. 43-44, cdno. 3):

El juzgado se trasladó hasta este último lugar, subestación de policía Los Alpes, en cuanto que en la Secretaría del F2 se encontraba la camioneta marca Chevrolet Luv, y una vez en ese lugar fuimos atendidos por el DG Guevara de Moya Leoncio (...) a quien se le puso de presente el objetivo de esta actuación, poniendo a órdenes del juzgado la única camioneta Luv Chevrolet negra que en el parqueadero de esta subestación se encuentra. (...) Se trata de una camioneta tipo Pick-Up, marca Chevrolet Luv, color negro original, de placas BAC 672, identificada mediante la plaqueta de serie KS873824, serie de motor 984011 y serie de chasis KS873824, todas estas series originales, el automotor es modelo 1989, se encuentra en buen estado de conservación, la parte externa del platón, lado izquierdo, se encuentra con otra capa de pintura también de color negro no original, el estado de las llantas es malo, sin líneas de rodamiento, para comprobar el estado de la pintura, tanto la original como la del platón lado izquierdo, que no lo es, se sometió el vehículo a un estudio físico de pintura, utilizando para ello el disolvente indicado, acetona químicamente pura, es difícil establecer el tiempo en que fue repintado el platón, pero por las características brillantes de la pintura se nota que es reciente, sin poder establecer la fecha exacta (...).

Sobre el vidrio lateral izquierdo de la cabina se revelaron algunos fragmentos de huellas de origen digitopapilar; pero por su conformación en los dibujos son de difícil utilización para el cotejo con otras muestras; 2. Se tomó muestra (corte) de la carpa que protegía el platón de la camioneta con unas manchas que al parecer son sangre, evidencia que se anexa; 3. Muestra tomada en el platón de la camioneta a unas manchas que al parecer contienen sangre; 4. Muestra tomada al platón de la camioneta sobre una hendidura producida al parecer por un impacto de proyectil disparado por arma de fuego; se requiere establecer la presencia de plomo, cobre o sangre en esta muestra; 5. Muestra tomada al platón de la camioneta Luv para tratar de establecer presencia de sangre; 6. Muestra tomada en el platón de la camioneta Luv en un orificio causado al parecer por un impacto de proyectil disparado por arma de fuego, se requiere establecer presencia de plomo, cobre o sangre; 7. Muestra de tierra tomada en el guardabarros trasero izquierdo de la camioneta Luv, la cual será confrontada con muestras de tierra que se recogerán en el lugar de los hechos que investiga este despacho; 8. Tapete color habano, el cual contiene unas manchas al parecer de sangre (...).

31.2. Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigación, al constatar que el citado vehículo se encontraba en una estación de policía, acudió al lugar y levantó un informe en el que indicó que la camioneta presentaba impactos de arma de fuego y huellas al parecer de sangre que trataron de ocultarse con pintura negra (fls. 100-101, cdno. 3):

En labores de inteligencia recibimos información de que en el parqueadero de la Subestación de Policía Los Alpes se encontraba una camioneta de las características anotadas por los testigos. Por tal motivo, el día 21 de febrero nos trasladamos a la citada dependencia en compañía del señor Juez 12 de Instrucción Criminal de Barranquilla, doctor Jaime E. Vélez Paternina, un perito en automotores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el señor José Luis Guillo Rocha, técnico en criminalística, asignado para esta diligencia por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

Una vez allí se encontró efectivamente una camioneta Chevrolet Luv de platón, color negro, con placas BAC 672, sobre la cual se realizó inspección judicial con los siguientes resultados:

En el piso del platón, parte delantera, se apreciaron huellas de dos (2) impactos al parecer de arma de fuego, como lo muestran las correspondientes fotografías. Estas huellas trataron de ocultarse con pintura negra. Lo anterior coincide con lo manifestado por algunos testigos en el sentido de que en la camioneta recibió muerte Walter Mejía Villanueva. Se recogieron las muestras pertinentes para ser enviadas al laboratorio.

Se observó que los costados interior y exterior del platón aparecen repintados en forma burda, presuntamente con el ánimo de ocultar unas líneas blancas laterales. Dos de los testigos hablaban de este detalle de la camioneta en que fueron transportados los hoy occisos. Se notaron manchas de pintura negra en el espejo retrovisor de la puerta izquierda (...)

En la parte delantera del platón, lado izquierdo, se tomaron unas muestras al parecer de sangre que se encontraba mezclada con residuos al parecer de pintura; fueron enviadas al laboratorio para su correspondiente análisis.

31.3. De forma aún más concluyente, la división de investigaciones del CTI encontró que el platón de la camioneta tenía una carpa tipo playera a rayas blancas azules, con manchas de sangre, idéntica a la que fue advertida por los testigos de los hechos (fl. 101, cdno. 3):

Algunos de los testigos que se encontraban cerca de la tienda “La Española” manifestaron que las personas que allí eran transportadas estaban cubiertas con una tela o sábana blanca. La camioneta sobre la que se realizó la inspección judicial tenía una carpa playera a rayas azueles y blancas y completamente blanca por el revés, por donde presentaba huellas de sangre. Es de anotar que un testigo en su declaración afirma haber visto la camioneta en el momento de su aparición en la refresquería “La Conquista”, portando una carpa a rayas color azul y blanco sobre la parte delantera del platón. Se tomaron las respectivas muestras para el análisis de laboratorio.

31.4. La presencia de manchas de sangre en la carpa del platón de la camioneta mencionada fue confirmada por el laboratorio clínico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 269, cdno. 3).

31.5. En la continuación de la inspección judicial, el Juzgado Doce de Instrucción Criminal indicó que el vehículo automotor en mención había ingresado a la entidad el 20 de agosto de 1990 y se había utilizado en otras ocasiones para la prestación del servicio (fls. 92-93, cdno. 3):

El 20 de agosto/90 a las 12:00 horas entró la camioneta Chevrolet modelo 79, negra, serie KS873824, de placas BAC 672 (...) A página 485 del mismo libro consta que el 15 de septiembre /90 la camioneta en referencia salió para el servicio llevándosela el agente Castro R. Efrén, patrulla 412. Terminado de examinar el libro 3 hasta el séptimo renglón del folio 599 hasta donde está escrito, no aparece entrada de esa camioneta a este parqueadero. Se deja constancia de que el resto del folio 599 y el folio 600 se encuentran en blanco. Se continúa con el examen del libro 4, observándose que a folio 262 aparece la anotación de haber entrado de servicio el 26 de diciembre/90 la camioneta Chevrolet Pick-Up de placas BAC 672, aparece una carpa en mal estado en la parte trasera del cojín, le faltan los cocuyos laterales, latonería y pintura en regular estado, andando, motivo por terminar de servicio. La condujo a los patios el agente Carlos Sierra Ramírez, entró a las 17:00 horas de ese día. A folio 269 obra registrada la salida de ese mismo automotor a las 14:00 del 29 de diciembre/90, recibiéndola el agente Jorge Carrillo Cuentas, placa 691, corrijo, 69018. A folio 273 aparece al final de las anotaciones haber entrado ese vehículo de servicio a las 17:30 horas del 31 de diciembre/90, observándose una enmendadura en esa anotación y que por término de año se cerró dicho folio 273, aparece una, corrijo, dos rayas en forma de cruz para indicar que el libro ya había sido cerrado (...) para ese día, 31 de diciembre/90, estaba de servicio el agente Leoncio Guevara de Moya.

31.6. Finalmente, el testigo José Bujato Vergara identificó la camioneta de la Policía Nacional como el vehículo en que fueron raptados Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez (fl. 109, cdno. 3).

32. Con base en esta información y en ulteriores investigaciones, el Juzgado Doce de Instrucción Criminal profirió resolución de acusación contra Enoc Fernández Cohen, Jorge Eliécer Arroyo González y Nicolás Aquino Anaya, los primeros como coautores y el último como cómplice en el homicidio de las mencionadas personas (fls. 41-83, cdno. 4).

32.1. Nicolás Aquino Anaya fue acusado como cómplice del homicidio al estar acreditado que el arma que se encontró en su domicilio era la misma que se utilizó para perpetrar el crimen. Además, fue identificado por José Manuel Bujato Vergara como la persona que contactó a Enoc Fernández con César Echandía y James Muñoz para llevar a cabo el supuesto “negocio” en los establecimientos antes indicados (fls. 59-60, cdno. 4).

32.2. La acusación contra Enoc Giovanny Fernández Cohen se soportó en el hecho de haber sido quien contactó, con ayuda de Nicolás Aquino, a José Bujato y a dos de las víctimas, César Echandía y James Muñoz. Se encontró además que Enoc Fernández fue el único que quedó con vida de los que subieron al vehículo en que sustrajeron a las víctimas, y luego se perdió su rastro, por lo que su juzgamiento fue en ausencia.

32.3. Jorge Eliécer Arroyo González fue acusado del mencionado delito luego de ser identificado por el testigo Bujato Vergara —en su testimonio y en la diligencia de reconocimiento en fila de personas— como uno de los integrantes del grupo de hombres armados que obligó a las víctimas a abordar la camioneta en que fueron sustraídas. La acusación también se sustentó en su calidad de policía y en la coincidencia de este hecho con el de haberse encontrado el vehículo que sirvió de instrumento para el delito en el parqueadero de una subestación de policía de la ciudad. Sobre la responsabilidad del acusado, el juzgado señaló (fls. 66, 70, cdno. 4):

El testimonio de José Bujato Vergara, que lo sindica, es el que proporciona la convicción firme en este juzgador de haber sido ese señor procesado Jorge Arroyo González otro de los autores de la sustracción o rapto de los jóvenes y causación de sus muertes, puesto que al señalársele como una de las personas que hizo parte del grupo de hombres armados que aprehendieron y se llevaron por la fuerza a los jóvenes en una camioneta negra Luv, aproximadamente como a las 4:30 horas o 5:00 horas p.m. del día 2 de febrero del año en curso, apareciendo y encontrándoselos muertos al siguiente día en un lugar despoblado de la ciudad. (...).

De manera que si se sigue elucubrando críticamente su posición también se advierte que lo declarado por el testigo Bujato en torno a la camioneta LUV negra que presenta una carpita a rayas blancas y azules encima del platón y una raya blanca a lo largo de la parte lateral izquierda, que él vio en el escenario del suceso cuando varios de los jóvenes raptados fueron subidos a ella por la fuerza; eso que precisamente él dice haber percibido con respecto a los caracteres externos a la camioneta, los presenta la que se halla en el parqueadero de la subestación de policía Los Alpes; y en atención a que el informe del cuerpo técnico de Policía Judicial se lo suministró en el sentido de que supuestamente podía ser esa la camioneta que los hombres armados tenían en su poder, llevándose en ella a las víctimas, mediante varios indicios graves concordantes y confluyentes se ha establecido el hecho confiable y convincente de que ese es el vehículo automotor, entonces quiere esto significar que los hombres coautores armados sí son miembros de la Policía, en cuanto que la camioneta solo pudo ser sacada del parqueadero de la subestación de policía Los Alpes por miembros de esa institución, tal cual como el policía testigo Leonicio Guevara de Moya, a cargo de la vigilancia de ese parqueadero, lo dio a conocer en su testimonio (...). Esos indicios graves concordantes y convergentes que proporcionan la firme y confiable convicción de ser esa camioneta Luv negra que se halla en el parqueadero de la subestación de la policía Los Alpes la que se empleó por parte de los policías raptores que sustrajeron a los jóvenes, llevándoselos a bordo de la misma, para seguidamente en un lugar despoblado, maltratarlos y matarlos.

33. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de Arroyo González contra la resolución de acusación, el tribunal confirmó la decisión en su integridad, al encontrar probada la participación de los acusados en los hechos debatidos, en estos términos (fls. 92-96, cdno. 4):

En el estadero “La Conquista”, que queda en la carrera 43 con calle 42, esquina, calle de por medio con el SENA, se agruparon nuevamente a partir de las tres (3) de la tarde del día dos (2) de febrero de 1991 las personas mencionadas en el punto inmediatamente anterior, tan verdadero resulta esto que abundan los testimonios diferentes al de José Bujato Vergara, que de dicho lugar de esparcimiento por lo menos tres (3) individuos fueron retenidos por personas que pertenecen a un cuerpo secreto del Estado y subidos con violencia, haciendo para ello uso de armas que portaban y desplegaban, a la chaza de una camioneta negra marca Luv color negro y con carpa de colores blanca y azul. Que otros dos (2) sujetos fueron traídos del establecimiento “El Ruedo”, ubicado en línea diagonal a “La conquista”, por dos individuos pertenecientes al mismo vehículo, el que después de terminada la operación efectuada en forma relámpago partió rápidamente siguiendo la ruta de circulación de los vehículos, es decir, hacia la carrera 43 (...).

Está igualmente demostrado que el rodante marca LUV, tipo camioneta, color negro, de carpa color azul y blanco, a rayas, se corresponde con un vehículo de idénticas características que aparece inmovilizado en los patios de la Estación de los Alpes de la Policía Nacional, la que es usada por personal del llamado F-2 o Sijín para las pesquisas de rigor, y que antes que Juzgado Doce de Instrucción Criminal practicara sobre ella una diligencia de Inspección Judicial tenía una franja de pintura de color blanco, la que le trataron de hacer desaparecer repintándola con color negro; así lo demuestra la inspección que practicó el Juez Dieciséis de Inscriminal y el mismo Juez Doce de Inscriminal, cuando posteriormente realizó una nueva inspección sobre el mismo automotor y ya era visible la raya color blanco que, se reitera, se le trató de disimular para los días antes a cuando se le adelantó la investigación presente. En este mismo orden, también el instructor estableció la adulteración del libro en minuta de la estación de policía Los Alpes sobre el último ingreso a dicho parqueadero de la camioneta Luv, con lo que se quiere demostrar que desde el mes de diciembre de 1990, jamás volvió a salir de tal sitio la mentada camioneta (...).

En cuanto a la situación del procesado Jorge Eliécer Arroyo González, es menester destacar que no quedó demostrado que luego de haber dejado su labor en la estación de policía de la Alcaldía Municipal de Barranquilla hubiese permanecido en su casa, pues al respecto es supremamente válida la argumentación del funcionario de instancia, y amén de ello, resultado de gran valor el reconocimiento que de su persona hizo el testigo José Bujato Vergara, cuando de manera indubitable al concurrir a una rueda de personas lo señaló como el mismo individuo que él observó el día de los hechos que se desempeñaba como jefe de la patrulla. El testigo al respecto ha dado suficiente información sobre los motivos que tenía para haberlo particularizado y serle, en cierta forma, fácil identificarlo de manera plena, pues lo había visto con antelación en su lugar de trabajo, cerca al suyo en alguna ocasión, por la tesorería municipal.

34. Sobre la condición de Jorge Arroyo González, se probó que para la época de los hechos era miembro activo de la Policía Nacional, en calidad de agente, según el certificado extendido por el Departamento de Policía del Atlántico (fl. 46, cdno. 5), y que estaba asignado a la Sijín de dicho departamento, de acuerdo con el acta de visita de la Procuraduría Departamental (fls. 258-259, cdno. 6).

35. Como antes se indicó, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla encontró culpables de homicidio a Enoc Fernández Cohen, Jorge Eliécer Arroyo González y Nicolás Aquino Anaya, y los sancionó con penas privativas de la libertad de 20, 18 y 8 años, respectivamente (fls. 1-44, cdno. 5). Al examinar la responsabilidad individual del agente Arroyo González, el despacho consideró probada su autoría en el mencionado crimen con base en las siguientes consideraciones (fls. 19-21, 31, 36, cdno. 5):

Respecto a Jorge Eliécer Arroyo González, [José Manuel Bujato] lo vincula como uno de los sujetos que participaron obligando a sus amigos a subirse a la camioneta Chevrolet Luv de color negro. Dice que lo distinguió como el comandante de la patrulla, que es de apellido Arroyo, que lo había visto antes de los hechos como comandante de la estación de policía que queda en la Alcaldía. Y que es hermano de Joe Arroyo (...).

De lo narrado por el testigo Bujato Vergara se deduce que él vio a dos individuos a quien supuestamente reconoce más adelante como los agentes de policía “el Chino Bolaños” y “Arroyo”, da una descripción de los mismos. Posteriormente por sus declaraciones se obtienen retratos hablados de los agentes. Y dice también haber visto la camioneta Chevrolet Luv de color negro en que transportaron a sus compañeros. Posteriormente reconoce en la fila de personas a Jorge Arroyo González, mas no a “el Chino Bolaños” (...).

Existe el testimonio base de incriminación, que es el del señor Bujato Vergara, el cual ha ofrecido plena credibilidad para los funcionarios que han conocido este proceso, y que para este Juzgado es de recibo, pero por corresponder en muchos aspectos a hechos que se lograron probar dentro del expediente. Además, porque existen indicios graves que proyectan efectivamente la responsabilidad de los procesados.

Existen testimonios que corroboran lo manifestado por el señor José Manuel Bujato Vergara, respecto a que efectivamente unos hombres armados se llevaron a los sujetos que aparecieron posteriormente masacrados. Existen igualmente los testimonios que respaldan lo dicho por el señor Bujato Vergara en cuanto a que se trataba de hombres armados y algunos dicen que del DAS o del F-2. Abundan los testimonios que afirman lo expresado por el testigo Bujato, respecto a que con violencia, a la fuerza, subieron a las víctimas a una camioneta Chevrolet Luv, color negro, exactamente a la chaza de esta camioneta.

Se ha demostrado igualmente que el vehículo utilizado por los sujetos que obligaron a las víctimas a subir en él es una camioneta Chevrolet Luv de color negro, de carpa color azul y blanco a rayas. Y que esta camioneta ha sido utilizada por personal del F-2 o Sijín para las pesquisas de rigor, y que esta camioneta se encontraba inmovilizada en los patios de la estación Los Alpes de la Policía Nacional.

Respecto a este automotor, se constató igualmente que tenía una franja de color blanco y que trataron de hacerla desaparecer pintándola o repintándola de color negro. Todo esto se constató en la diligencia de inspección judicial. El instructor también observó que en los libros pertinentes que registran la entrada y salida de los vehículos que se encuentran en el parqueadero de Los Alpes, presentaba adulteraciones. Por todo ello se ordenó compulsar copias e iniciar una investigación ante la autoridad competente (...).

Se allegaron también dictámenes pertinentes a un arma de fuego que le pertenece al procesado Nicolás Aquino Anaya, y al cotejo de la misma con los proyectiles extraídos de los cuerpos de algunas de las víctimas. Se trata del revólver marca Llama, calibre 38 largo, número IMI919D, junto con algunas municiones. Y se constató por los peritos que efectivamente tres proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas corresponden o fueron disparados por el arma perteneciente a este procesado (...).

Jorge Eliécer Arroyo González: En cuanto a la situación de este procesado, se observa que se trata de un agente de la policía, con una hoja de vida y servicio intachable. Que le gustan los deportes y los practica, en especial el softball, como lo demostró. Sin embargo, la coartada que presentó respecto a dónde se encontraba después de culminar sus labores en la estación de policía de la alcaldía de esta ciudad, no se probó. No quedó demostrado que efectivamente se encontrara en su residencia jugando dominó; no se logró respaldar estas exculpaciones por parte del procesado, por lo que no son de recibo para el Juzgado. Este procesado ha sido vinculado principalmente o únicamente por el testigo José Manuel Bujato Vergara, quien lo calificó como la persona que comandaba la patrulla. Dijo que era grueso y moreno. Que lo había visto en la estación de policía de la alcaldía. Lo distingue igualmente como el hermano del cantautor Joe Arroyo. También lo reconoce durante la diligencia de reconocimiento en fila de personas (...).

La sindicación de Bujato, apoyada con otras pruebas indiciarias, lleva a este despacho al convencimiento de que también el procesado Arroyo González es responsable del delito que se le ha imputado.

Existen a lo largo de este expediente indicios de que quienes cometieron el crimen atroz fueron agentes de la Policía Nacional, del F-2; esto es lo que han manifestado algunos testigos. Se ha querido vincular igualmente los hechos que hoy se juzgan con el hecho delictivo de que fue víctima el señor conocido como el “Joe Arroyo”, es decir, cuando fue víctima de un atraco en su residencia: esto al parecer debido a que una de las víctimas de este homicidio, César Echandía, participó en ese atraco. Esto lo dice el testigo Bujato en su declaración y se deriva igualmente de lo manifestado por el señor Enrique Fornaris, sujeto este a quien se le encontró en su poder objetos que fueron sustraídos de la residencia del Joe Arroyo. Igualmente, en el expediente se leen declaraciones de los familiares de una de las víctimas, Walter Mejía Villanueva, quien era músico y pertenecía a la orquesta Los Tímidos. Respecto a que el Joe Arroyo estuvo visitándolos (a los familiares de Mejía Villanueva), que les manifestó que no tenía nada que ver con lo ocurrido. Que trataban de vincularlo a estos hechos. Que él trataba de explicarle que no había tenido nada que ver en ello. Que incluso la mujer del Joe fue acompañada de la mujer del procesado Arroyo González a la residencia de ellos para decirles lo mismo, que no tenían nada que ver con lo sucedido. Incluso dicen que el Joe manifestó que Walter Mejía era un buen muchacho y que “cayó de gancho de ciego”. Son estos indicios tendientes a vincular al procesado Arroyo González con el crimen cometido.

Indiscutiblemente, el testigo José Bujato Vergara señalaba a Jorge Arroyo González como uno de los que obligó a sus compañeros a subir a la camioneta negra. También es indiscutible que este procesado fue reconocido por el testigo plenamente. Y no pudo justificar el encausado donde se encontraba cuando se cometió el delito.

Por lo anterior, considera el despacho que está probada la responsabilidad de este procesado en el hecho imputado.

36. Al desatar la apelación interpuesta contra esa decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirmó la sentencia en su integridad (fl. 118, cdno. 2). Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, decidió no casar la sentencia impugnada por Jorge Arroyo González y declaró la extinción de la acción penal respecto del delito imputado a Nicolás Aquino Anaya por haber operado la prescripción (fls. 118-135, cdno. 2).

37. Tal como lo encontró demostrado la justicia penal, agentes de la Policía Nacional participaron en los hechos que dieron lugar a la muerte de Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez, si bien solo se corroboró la responsabilidad penal del agente Arroyo González, quien fue condenado a 18 años de prisión por el delito de homicidio.

38. Es preciso, entonces, establecer si la muerte de los mencionados ciudadanos, causada, entre otros, por un agente de policía en servicio activo, compromete la responsabilidad de la Policía Nacional como lo sostiene la parte demandante, o si, por el contrario, se trata de un hecho personal del funcionario que exime de responsabilidad a la entidad, tal como lo decidió el tribunal de primera instancia.

39. En casos de similar naturaleza, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha adoptado de manera unívoca el criterio jurídico según el cual la responsabilidad de las entidades públicas está comprometida por los hechos de sus agentes, siempre y cuando estos actúen en actividades conexas con la prestación del servicio público, de tal forma que el hecho absolutamente privado y personal del servidor público no compromete la responsabilidad del organismo estatal al cual está vinculado(19). En este sentido, la corporación ha señalado:

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, que ahora se reitera, las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público(20). La simple calidad de funcionario que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública.

En doctrina que la Sala ha acogido en dichas decisiones, se señala que para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que esta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público:

“... no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación de responsabilidad a la administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de este pueda calificarse como propia del “funcionamiento de los servicios públicos”. Es decir que la conducta del agente de la administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. “Por tanto, la administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de la imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda calificación jurídico pública”(21) (...).

En síntesis, las pruebas que se recogieron en el expediente y los indicios que se construyen a partir de las mismas permiten concluir que la muerte de Vladimir Giraldo Castro fue cometida por los agentes de la Policía que hacían parte de un grupo dedicado a mantener el orden mediante la comisión de crímenes selectivos en contra de personas que consideraban indeseables y en esa medida, sus acciones constituyen expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público que les fue encomendado, aunque de manera indebida.

Se insiste: los servidores estatales conservan siempre su investidura, aunque no se encuentren prestando un servicio determinado, pero sus actos solo comprometen patrimonialmente a las entidades a las cuales se encuentren vinculados cuando estos tengan nexo con el servicio que se les ha encomendado, y no cuando actúen dentro de su esfera privada(22).

40. En el caso bajo análisis, los recursos de apelación interpuestos por los grupos familiares que integran la parte demandante coinciden en alegar la responsabilidad de la entidad demandada por la participación de un agente de policía en los hechos que dieron lugar al hecho fatal y por la utilización de un vehículo oficial como instrumento para perpetrar dicho crimen. Y de forma aún más concreta, la parte actora que reúne a los familiares de César Echandía ofrece los siguientes argumentos para solicitar que se revoque el fallo del a quo: (i) el vehículo utilizado como instrumento para el delito tiene carácter oficial por su destinación y uso, pues estaba en calidad de depósito bajo la guarda de la entidad; (ii) la camioneta salió de la subestación con el aval de la policía, se adulteró el libro de minutas para ocultar el egreso y se alteró la pintura del mismo sin que la entidad lo advirtiera o, al menos, dejara registro de ello, con lo cual se facilitó la actividad criminal del agente Arroyo González; (iii) si los presentes en el lugar de los hechos identificaron a los captores como agentes de policía, tal como lo hizo José Bujato Vergara, es de concluir que las víctimas también advirtieron esta condición de autoridad, por lo que no ofrecieron resistencia alguna.

41. En relación con el primer cuestionamiento, la Sala observa que, en efecto, el vehículo utilizado para cometer el crimen del que fueron víctimas las personas mencionadas, era una camioneta al servicio de la Policía Nacional, según pudo constatarse no solo en la declaración del testigo José Manuel Bujato, sino en la diligencia de inspección judicial que adelantó con toda seriedad el Juzgado Doce de Instrucción Criminal y los resultados investigativos del Cuerpo Técnico de Investigación. Si esto fuera poco, se encontró además que el platón de la camioneta y la carpa que lo cubría registraban manchas de sangre, según lo estableció Medicina Legal, y que estas huellas trataron de ser borradas con pintura negra, como pudo evidenciarlo el ente investigativo.

41.1. Este hallazgo, en principio, compromete la responsabilidad de la entidad demandada en la medida en que uno de sus funcionarios estuvo involucrado en el hecho dañino y utilizó para tal efecto un instrumento destinado al cumplimiento de una misión pública, esto es, el vehículo tipo camioneta al que se ha hecho mención en repetidas ocasiones.

41.2. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación, el simple hecho de evidenciarse que el daño fue causado por un servidor público o que se produjo o propició con un instrumento de carácter oficial no es suficiente para que surja la responsabilidad de la entidad a la que pertenece el agente o a la que estaba destinado el instrumento, porque, se reitera, es necesario determinar si la conducta dañina tiene una relación con el servicio encargado a dicha institución. Para este propósito, deberá observarse, en cada caso concreto, si el funcionario actuó prevalido de la función pública, lo cual se determina, a su vez, evaluando si el daño ocurrió en horas en que se prestaba o debía prestarse el servicio, si devino con ocasión del mismo, y/o si acaeció en el lugar donde este se prestaba. Igualmente, se debe estudiar si el agente involucrado actuó u omitió actuar impulsado por el cumplimiento de un servicio bajo su responsabilidad, y si el particular percibió o advirtió la encarnación de una función pública en el agente generador del daño(23). Sobre este particular, en sentencia de 10 de junio de 2009 se plasmaron las siguientes consideraciones:

Para establecer cuándo un hecho cometido por un agente estatal tiene vínculo con el servicio, inicialmente, la Sala, en sentencia del 17 de julio de 1990, Expediente 5998, formuló el siguiente test de conexidad, con fundamento en la doctrina extranjera: ¿advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo? ¿El agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión? En la misma providencia se advirtió que “ello no quiere decir que siempre que el hecho ocurra dentro de cualquiera de aquellas especies o de ambas, necesariamente se vea comprometida la responsabilidad, pero sí resultará que el juez, en primer término, tendrá mejores elementos de juicio para inferir que existió una falla del servicio”.

En providencias posteriores se señaló que “en las decisiones que se ha acudido al referido test, este no conduce inexorablemente a una u otra conclusión, ya que se deberán analizar, en cada caso, las circunstancias especiales que rodearon el hecho para poder determinar si el daño es atribuible o no al demandado, aportando únicamente hechos indicadores en relación con la conducta imputada (no con el nexo de causalidad), a partir de los cuales y en armonía con las demás pruebas se podrá solucionar la controversia”(24).

Finalmente, la Sala en providencia de 25 de febrero de 2009(25), reiteró en relación con el nexo instrumental, que la responsabilidad de la Nación, no se ocasiona con la simple comisión del hecho con un instrumento del servicio, sino que dicha responsabilidad se origina, principalmente de las características de la acción u omisión que desarrolló el funcionario respectivo y por la cual causó un daño, la cual debe tener una relación directa con el servicio público prestado. Al respecto señaló:

“Frente a ello, precisa la Sala que el nexo con el servicio que debe presentar una actuación para comprometer la responsabilidad de la administración pública, no se desprende exclusivamente del horario en el que se encontraba el agente estatal, ni de los implementos usados por aquel, ni de las funciones que tenía asignadas en ese momento, sino principalmente de las características de la acción u omisión que desarrolló el funcionario respectivo y por la cual causó el daño, que debe tener una relación directa con el servicio público prestado”.

“El horario del servicio, las funciones asignadas y los instrumentos utilizados en la ejecución de las mismas, son circunstancias que pueden llevar al juez al convencimiento de que el hecho generador del daño presentó un nexo con el servicio, porque fueron determinantes en su producción; pero de ninguna forma, implican que por su sola verificación se deba presumir responsabilidad de la administración. Es necesario que con motivo del desarrollo de las funciones públicas, se cause el daño alegado en la demanda, porque de lo contrario, se estaría ante un caso de responsabilidad personal del agente”(26).

41.3. Al aplicar la regla jurisprudencial al caso concreto, se observa que la calidad de agente en servicio activo de Jorge Arroyo González y el hecho de que haya utilizado un vehículo de carácter oficial para causar el daño invocado en la demanda —esto es, la muerte de las personas mencionadas—, aunque son circunstancias relevantes para evidenciar el nexo del daño con el servicio público, no son suficientes para acreditar la responsabilidad de la entidad, pues es preciso que esa lesión se haya causado en desarrollo o con ocasión de las funciones encargadas por la Constitución y la ley a la institución policial.

41.4. Sobre la función del cuerpo de policía, la Sala recuerda que, por orden constitucional, las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en el país, y que a la Policía Nacional corresponde mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales(27).

41.5. En el asunto examinado, no se observa que la lamentable muerte de los ciudadanos Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez, haya sido ocasionada en cumplimiento de dicha función o con ocasión de la misma, bien como una expresión del servicio de policía a cargo del agente Arroyo González o como una deformación de este. No se evidencia, en concreto, que el agente haya actuado prevalido de la función pública, pues el daño no se produjo en el marco de un operativo policial para la captura de presuntos infractores de la ley ni en una simulación del mismo, no ocurrió durante las horas del servicio, y no es posible concluir con certeza que las víctimas hayan percibido en la actuación del aludido agente una encarnación de la función pública.

42. Este último punto remite a uno de los argumentos planteados por la parte apelante, consistente en afirmar que, al igual que el testigo José Bujato Vergara pudo advertir la calidad de agente de la policía del citado Jorge Arroyo González, así mismo pudieron advertirla las víctimas, de modo que, persuadidos de que su captura obedecía a un operativo, no intentaron sustraerse de la orden impartida de abordar el vehículo.

42.1. Sin embargo, la Sala no encuentra acreditado que los captores, entre ellos el agente Arroyo González, para llevar a cabo el reprochable crimen hayan creado una atmósfera de autoridad para simular que sus actuaciones se desarrollaban bajo la égida de la función pública, por las razones que se exponen a continuación.

42.2. En primer lugar, la camioneta en que se movilizaban los captores no tenía emblema o símbolo alguno que aludiera a la Policía Nacional y, en esa medida, pudiera provocar en quienes la observaran la convicción de que era un vehículo oficial, sino que estaba pintada de color negro en su totalidad. Nótese que los testigos de los hechos afirman haber visto una camioneta Chevrolet Luv de color negro que se estacionó cerca de los locales “El Ruedo” y “La Conquista” de Barranquilla, pero en ningún momento manifiestan que se tratara de un vehículo oficial. Además, en el acta de diligencia de inspección judicial a la subestación de policía se registró: “examinada nuevamente la camioneta, el juez deja constancia de que no se le notó ninguna clase de emblemas” (fl. 93, cdno. 3). Finalmente, el agente de policía Leoncio Guevara, encargado de vigilar la entrada y salida de vehículos de la estación, dice: “yo no recuerdo si cuando entró tenía o no tenía algún emblema” (fl. 95, cdno. 3).

42.3. En segundo lugar, los individuos que se apearon del vehículo ya mencionado y obligaron a la fuerza a las víctimas a abordar el mismo, no portaban uniformes privativos de la Policía Nacional u otras prendas que revelen la intención de hacerse pasar por miembros de la entidad. Se debe admitir, en todo caso, que varios de los testigos sostienen, bien por haberlo visto o por haberlo oído de otras personas, que al menos dos de los captores portaban brazaletes, que los declarantes identifican indistintamente con grupos como el F-2 o el DAS.

42.3.1. Por ejemplo, Nidya Villanueva de Mejía, madre de Walter Mejía, manifestó: “Según me dicen, de cinco a cinco y media de la tarde se presentó una camioneta negra Luv, con seis hombres con brazaletes” y agregó: “Cuando estaba allá en la funeraria se presentó un hombre que según el comentario le dicen el flaco y él dijo que sabía quiénes eran, que eran del F2, que se habían llevado a los muchachos” (fls. 115-116, cdno. 3).

42.3.2. Por su parte, Rociris Quintero Pérez, trabajadora en el local “El Ruedo” de Barranquilla, fue cuestionada: “Sírvase decir por qué usted cree que fue el DAS”, a lo que contestó: “Porque la gente que cuenta dice que ellos tenían una identificación en el antebrazo que decía DAS, por lo que oigo que ellos son muy malos y matan a la gente” (fl. 123, cdno. 3).

42.3.3. No obstante, el señor Jaime Virviescas Camacho, comerciante de la zona, expresó: “La gente comenta, no me consta, por comentarios callejeros, que fue el F-2”, y agregó: “Ellos no se identificaron cuando llegaron ni portaban ningún distintivo” (fl. 129, cdno. 3).

42.3.4. Como puede observarse, las afirmaciones según las cuales los perpetradores portaban brazaletes alusivos al grupo policial F-2 como forma de investirse de autoridad, resultan infundadas, no solo porque las declaraciones en ese sentido son bastante vagas y se sustentan en comentarios y rumores de terceros, sino porque otro de los declarantes reconoce que los atacantes no portaban distintivo alguno.

42.4. En tercer lugar, no está demostrado que los captores se hubieran identificado ante sus víctimas como miembros de la Policía Nacional, del grupo F-2 o de alguna otra entidad pública, para así denotar autoridad, propiciar la obediencia y facilitar la comisión del delito. En ninguna de las declaraciones de los testigos presenciales se evidencia que aquellas personas hayan pronunciado palabra alguna, y aún menos en el sentido de simular una condición de la que carecían. Claro está que algunos de los testigos conjeturaron que podría tratarse de agentes de policía o de miembros del grupo F-2.

42.4.1. En ese sentido, Alcimar Enrique Vargas Palencia, trabajador en el establecimiento “La Española”, manifestó: “Siguieron derecho hacia la vía al basurero. Al rato que habían pasado los manes en la camioneta Luv negra, pasó una patrulla de la Policía como a los cinco minutos. Según me parece, estos manes eran como del F-2” (fl. 133, cdno. 3).

42.4.2. Por su parte, Carlos Hurtado Acosta, testigo de los hechos, dijo: “Aquí todo el mundo comenta que los muchachos que los sujetos que llevaban la camioneta negra eran del F-2. Y fueron los muchachos que al otro día aparecieron en el basurero de las Flores, muertos” (fl. 135, cdno. 3).

42.4.3. Modesta Anaya Doria, testigo de oídas, señaló: “Todo el mundo decía que eran del F-2 los que mataron a los muchachos esos, se dice que por la forma como actuaron sin explicación alguna” (fl. 126, cdno. 3).

42.4.4. Cabe recordar que el testigo José Manuel Bujato manifestó que luego de salir del sitio en que estaba escondido, le preguntó a una joven que trabajaba cerca del local qué había pasado y esta le respondió que “la policía se había llevado unos muchachos del frente y dos más de la tienda” (fl. 105, cdno. 3), lo que motivó que Bujato fuera en busca de la madre de César Echandía para contarle que su hijo estaba “capturado”, y esta a su vez fuera en busca del aprehendido ante distintas autoridades para averiguar en dónde estaba “preso”. Este es el testimonio (fls. 105-106, cdno. 3):

Al día siguiente, domingo 4 de febrero, temprano me dirigí al puesto para comentarle al marido de la señora Betsalia, porque él era el encargado de traer los fritos al puesto, que César estaba preso, entonces él me contestó a mí que lo esperara, que dentro de un ratico íbamos, en eso se presentó un muchacho avisando que le dijéramos a la suegra de César que buscaran 70.000 pesos antes de las 10 de la mañana o si no lo mataban, entonces a mí me dieron nervios y me fui para mi casa, pero ya le había avisado al marido de la señora Betsalia, Raúl, como a la una y media de la tarde en mi casa se presentó la señora Betsalia, Raúl y otros amigos más, que les dijera dónde estaba César, porque ya habían recorrido todos los sitios donde podía estar y donde iba les contestaban que nunca habían llevado detenida a esa gente, ella fue al F-2, al DAS y la respuesta fue esa. Volvimos a insistir de ir al F-2 para volver a preguntar, dándonos la misma respuesta, que no los conocían, que no habían llevado a nadie detenido allá (...). Resalta la Sala.

42.4.5. Así las cosas, aunque algunos testigos reconocieron con acierto que los captores eran miembros del grupo F-2 (al menos esta calidad se demostró con respecto a uno de ellos), lo cierto es que ningún medio de prueba permite establecer con certeza que este reconocimiento resulta predicable de las propias víctimas y si, de ser así, fue precisamente esta percepción la que determinó la alegada pasividad con que los afectados supuestamente se sometieron a la voluntad de sus victimarios. Si bien la madre de César Echandía estaba convencida de que la Policía Nacional había “capturado” a su hijo y que este se encontraba “preso”, es preciso reconocer que esta reacción fue motivada exclusivamente por el relato de los hechos que el señor Bujato Vergara le ofreció, determinado a su vez por el reconocimiento visual que hizo del agente Arroyo González.

42.4.6. Adicionalmente, el hecho de que un testigo advirtiera la calidad de policía de uno de los agresores no implica per se que esta persona se haya prevalido de su condición de autoridad o sus funciones públicas para ocasionar o facilitar el daño invocado y probado. En este asunto es necesario distinguir entre policía y autoridad, pues la primera calidad se puede advertir al registrar los rasgos físicos de la persona, si se la ha visto anteriormente, como sucedió en el caso de José Bujato Vergara, mientras que la segunda se observa solo cuando la persona exterioriza la función pública y se vale de ella para orientar su comportamiento, lo que no se evidencia en el presente caso.

42.4.7. Por lo tanto, aún si se aceptara —en gracia de discusión— que las víctimas debieron haber advertido la calidad de policía del agente Jorge Arroyo González, tal como lo hizo el testigo principal del proceso (lo que además es una suposición infundada, pues implicaría asumir que todos ellos lo reconocían como funcionario), esto no implica necesariamente que debieron percibir su condición de autoridad, pues esta última exige una manifestación concreta del poder público. Contario a ello, la forma en que fueron aprehendidas (por sujetos vestidos de civil y obligadas a abordar un vehículo sin emblemas ni placas), arroja serias dudas sobre la posibilidad de que las víctimas pudieran reconocer algún indicio de la autoridad constituida, al tratarse de una conducta tan arbitraria.

42.5. En resumen, la Sala no encuentra demostrado que las personas que participaron en la aprehensión y la posterior muerte de los aludidos ciudadanos, hayan creado en estos, como afirma la parte apelante, la convicción de que actuaban en nombre de la autoridad, apropiándose así de funciones privativas de la institución policial, por varias razones: (i) el vehículo en que se movilizaban los captores no tenía emblemas ni distinción alguna que aludiera a la entidad demandada; (ii) los agresores carecían de uniforme oficial o de otros elementos que los caracterizaran como fuerza pública; y (iii) sobre todo, no está probado que se hubieran investido de autoridad para cometer el ilícito, de modo que el argumento de la apelación frente a este punto no tiene vocación de prosperidad.

42.6. El acervo probatorio obrante en el plenario revela que la conducta del agente Jorge Eliécer Arroyo González, concretada en la aprehensión arbitraria, maltrato y posterior muerte de Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez, constituye una actuación personal de dicho agente, motivada por su propia voluntad y ajena a las funciones de la Policía Nacional, lo que impide el surgimiento de responsabilidad de la entidad demandada.

43. Por último, la parte actora afirma que la entidad facilitó la actividad criminal del agente de policía Arroyo González al permitir la salida de la camioneta que estaba bajo su custodia sin dejar registro de ello. Añade que la Policía Nacional, por el contrario, adulteró el libro de minutas para ocultar el egreso del vehículo y permitió que este fuera pintado de negro para encubrir los rastros del crimen.

43.1. En efecto, en la diligencia de inspección judicial a la subestación de policía “Los Alpes”, al revisarse el libro de minutas, no se encontró el registro de la salida del vehículo de dicha estación (fl. 44, cdno. 3):

El señor juez, ante la oficial mayor, deja constancia de que el DG. Guevara, quien nos atendió la visita, puso a disposición del juzgado dos libros, los cuales se estuvieron examinando, pero siendo en estos momentos las 6:30 p.m. no se pudo encontrar la radicación de la entrada de la referenciada camioneta, e igualmente consultado otro libro que nos fue puesto de presente a partir del 1º de febrero del año en curso, no se encontró que apareciera radicada la salida de esa camioneta.

43.2. En la continuación de la inspección judicial se señaló que en las anotaciones escritas entre el 30 de diciembre de 1990 y el 5 de febrero de 1991 no figuraba ningún registro de que el vehículo hubiera salido de la estación de policía (fl. 93, cdno. 3).

43.3. El agente de la policía Leoncio Guevara ratificó haber estado de guardia el 31 de diciembre de 1990 en la subestación de policía “Los Alpes” y haber registrado la entrada del vehículo ese mismo día. No obstante, al ser cuestionado sobre las entradas y salidas del automotor entre el 1º y el 4 de febrero de 1991, contestó: “Aparece la entrada del 31 de diciembre/90, pero yo solo tengo más o menos cuatro meses de estar prestando servicio ahí” (fl. 95, cdno. 3).

43.4. Además, en el informe de la división de investigaciones del CTI, se afirmó con razón que “la persona que se encontraba de servicio en el parqueadero de Los Alpes para el día 2 de febrero de año en curso debe tener conocimiento pleno de la persona o personas que retiraron de dichas instalaciones bajo su custodia la camioneta Chevrolet Luv negra en la que presuntamente se desarrollaron todos estos hechos” (fl. 103, cdno. 3). No obstante, el agente que estaba de guardia no dio cuenta de la salida o entrada del vehículo en la fecha en que se produjo la muerte de los citados ciudadanos, ni dejó registro de ello en el libro de minutas.

43.5. De lo anterior se desprende que, ciertamente, la Policía Nacional incurrió en una omisión consistente en no haber registrado la salida del vehículo automotor bajo su custodia en la tarde del 2 de febrero de 1991 ni la entrada del mismo al día siguiente. Además, al parecer no prestó atención alguna al sospechoso hecho de que este fue pintado de negro en los extremos laterales y en el platón, que mostraba huellas de sangre y rastros de tierra seca, lo que debió haber llevado a las autoridades a iniciar la respectiva investigación para determinar cuál era el uso dado al vehículo. Sumado a lo anterior, la entidad permitió que los uniformados cumplieran funciones en una camioneta sin emblemas ni símbolos que pudieran advertir a la ciudadanía que el vehículo pertenecía a la Policía Nacional y que sus tripulantes eran agentes del orden en servicio. Este conjunto de omisiones configuran sin duda una conducta irregular que resulta imputable a la entidad demandada, toda vez que incumplió sin justificación alguna las obligaciones de garantizar el correcto ejercicio de la función policial y de controlar el uso de los instrumentos encargados para el cumplimiento de su misión constitucional y legal.

43.6. Sin embargo, para que surja la responsabilidad de la entidad es preciso que exista un nexo de causalidad entre la conducta omisiva y el daño alegado en la demanda, a saber, la muerte de los señores Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez. En este asunto, se observa que la conducta de la Policía Nacional fue irregular, pues en la causación del daño se utilizó un instrumento sobre el cual la entidad debió ejercer funciones de guarda y control. Pese a ello, no se evidencia una contribución determinante, significativa o de tal entidad que sin la misma no se habría concretado el resultado final. En otras palabras, el hecho de no haber controlado adecuadamente la salida del mencionado vehículo y de no haber dispuesto para este los respectivos emblemas, no se erige como la causa directa o, al menos, próxima de la muerte de estas personas, por lo que no compromete la responsabilidad estatal.

43.7. Cabe añadir que la parte actora considera que la Policía Nacional “adulteró” el libro de minutas de la estación para facilitar el uso ilícito de la camioneta y la consumación del delito.

43.8. Al respecto, se tiene que en la inspección judicial se registró una enmendadura en la anotación del libro de minutas que dejó constancia de la entrada del vehículo a la estación de policía el 31 de diciembre de 1990, en los siguientes términos (fl. 93, cdno. 3):

A folio 273 aparece al final de las anotaciones haber entrado ese vehículo de servicio a las 17:30 horas del 31 de diciembre/90, observándose una enmendadura en esa anotación y que por término de año se cerró dicho folio 273, aparece una, corrijo, dos rayas en forma de cruz para indicar que el libro ya había sido cerrado, mas sin embargo en el ángulo que se forma de las rayas en cruz, parte superior, es donde aparece la anotación que por término de año se cierra dicho folio 273.

43.9. Sobre esta enmendadura en el libro de minutas fue cuestionado el agente de policía Leoncio Guevara, como sigue (fl. 95, cdno. 3):

Preguntado: el juzgado, en inspección judicial que realizó, observó una enmendadura en esa anotación relacionada con la entrada de ese carro. Quién hizo esa enmendadura. Contestó: no es enmendadura, sino que se puso una letra que no era y para corregir la letra se tuvo que borrar una de las letras, se puso una letra que no era de la placa y se tuvo que borrar, la primera creo que es, y como mantengo en el lugar las manos mugre porque es el parqueadero, donde hay que estar familiarizado con hierro, llantas, batería, etc. (...) Preguntado: en el folio 273 del libro radicador 4 de entrada y salida de vehículos, se puso faltando varios renglones dos rayas cruzadas para indicar que ya la radicación había terminado por ese año 1990, y muy a pesar de lo cual dentro del triángulo que se forma en la parte superior por el cruce de esas dos líneas se puso la anotación que por el término de año se corrió ese folio. A qué se debe que esa anotación manuscrita se haya puesto dentro de ese espacio. Contestó: se acostumbra la cerrada del libro a opción de quien en esos momentos esté de guardia, ya que no hay una regla o esqueleto para llenar especial a dicho libro, como no hay ningún reglamento que me diga dónde escribir, yo escribí ahí, esa letra es mía, puesta con mi mano derecha.

43.10. Sin otro medio de prueba que arroje mayores luces al respecto, la Sala debe concluir que lo que la parte actora llama una “adulteración” del libro de minutas de entrada y salida de vehículos de la estación de policía, corresponde en realidad a la corrección manuscrita de un error en el registro y a la constancia de cierre de dicho libro por la terminación del año 1990. Sobre todo, se observa que las supuestas inconsistencias en esa bitácora de la policía, de existir, carecerían de cualquier relación causal con el daño que aquí se debate porque corresponden a ciertas anotaciones del 31 de diciembre de 1990, mientras que los hechos que se examinan acaecieron el 1º de febrero de 1991, de manera que este último argumento será desestimado.

44. En consecuencia, por las razones ya expuestas, el daño alegado en la demanda y demostrado en este proceso, esto es, la lamentable muerte de los señores Walter William Mejía Villanueva, César Antonio Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis, Rodrigo Cuadrado Martínez y Víctor Enrique Amador Fernández, no resulta imputable jurídicamente a la entidad demandada, de manera que se impone la confirmación del fallo de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

45. Por último, la Sala reconoce que en múltiples pronunciamientos de esta corporación se ha establecido la responsabilidad del Estado y, en especial, del Ejército y/o la Policía Nacional cuando sus agentes han tomado parte en la muerte o la desaparición de seres humanos en una suerte de mal llamada “limpieza social”, una actividad criminal dirigida al exterminio de ciertos grupos poblacionales y usualmente auspiciada o patrocinada por las mismas instituciones que deberían defender la vida.

45.1. Por ejemplo, en julio de 2013 se declaró la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Ovidio Alfonso Ardila Elorza, ocurrida el 29 de septiembre de 1993 en el municipio de Yarumal, Antioquia, y causada por un grupo clandestino de “limpieza social” autodenominado “los doce apóstoles”, del cual hacían parte activa miembros de la Policía Nacional, comerciantes y un sacerdote de la zona. En esa oportunidad, claro está, se reafirmó el criterio sostenido por la corporación según el cual la responsabilidad del Estado no surge porque se constata que un agente estatal está involucrado en el hecho dañino, sino que es preciso que exista una relación entre el daño y el ejercicio de la función pública. En este sentido, se hizo hincapié en la necesidad de “analizar y valorar las particularidades de cada caso específico, comoquiera que el vínculo instrumental, funcional u ocasional, por sí mismo no compromete, la responsabilidad patrimonial del Estado”. En consecuencia, la decisión se fundamentó en la notoriedad pública de la vinculación entre el grupo criminal y la institución policial, advertida a partir de los indicios(28)que ofrecía la prueba testimonial:

En el caso sub examine, el daño no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, toda vez que, era de público conocimiento en el municipio de Yarumal, que algunos de los miembros del grupo de “limpieza social” eran agentes activos de la policía, y actuaban revestidos de esta condición, lo que vislumbra el ánimo o la intención de que el resultado fuera producto del servicio.

Adicionalmente, el común denominador de los testimonios es claro en indicar que la finalidad del grupo —conformado también por los policías—, era combatir la delincuencia y la violencia subversiva con métodos censurables como la amenaza, la intimidación, la desaparición, el secuestro y finalmente el homicidio, asimismo, las otras declaraciones coinciden en que miembros de la fuerza pública estaban involucrados en estas reprochables actividades, sin que las autoridades tomaran medidas al respecto, todo lo contrario, se seguían persiguiendo supuestos delincuentes de manera ilegal, hechos que sin lugar a dudas configuran una falla del servicio(29).

45.2. En mayo de 2011, se había declarado la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Francisco Ortiz Jiménez, Juan Carlos Muriel Guerrero, y María del Carmen Leguizamón, en hechos ocurridos el 27 de abril de 1994 en la ciudad de Cali. En este caso, las víctimas fueron abordadas por personas armadas y encubiertas que afirmaron pertenecer a “la judicial”, y recibieron la orden de subir a una camioneta para ser supuestamente conducidos a una estación de policía. Luego de la aprehensión, las víctimas fueron llevadas a la orilla del río Meléndez, en donde fueron reducidos y asesinados. Se encontró probado que uno de los homicidas, que portaba uniforme de policía, era agente activo, y que fue condenado a 50 años de prisión por los hechos. Sobre el nexo entre la muerte de estos ciudadanos y el ejercicio de la función pública, se encontró que el agente de policía actuó prevalido de su condición de funcionario, con lo cual comprometió la responsabilidad de la entidad:

En el caso concreto, la Sala comparte los planteamientos del a quo en tanto encontró demostrada la falla del servicio de la entidad estatal, toda vez que no es predicable la culpa personal invocada. En efecto, no debe perderse de vista que el agente de policía actuó prevalido de su condición de funcionario público, ya que no solo participó de la execrable masacre en servicio activo, sino que poseía información relevante, adquirida con ocasión de su investidura, sobre las reuniones en la casa de Tarcilo Córdoba y las personas que participaban en las mismas.

En consecuencia, no resulta posible prohijar una postura contraria en los eventos en que agentes del Estado actúan como los mal llamados grupos de “limpieza social” —tal y como ocurrió en el asunto bajo análisis— toda vez que los daños antijurídicos que se causen devienen imputables a la administración pública, siempre y cuando se verifique que los funcionarios ejecutaron la respectiva acción en tiempo del servicio o prevalidos de la condición de miembros de la fuerza pública, o de circunstancias o nexos que configuran lo que se ha denominado ocasionalidad necesaria(30).

45.3. Como puede observarse, la corporación ha sido consistente en señalar que la simple pertenencia del agresor a una entidad pública no compromete la responsabilidad de la administración, pues es necesario que exista una clara relación entre el hecho dañino y el servicio público. A diferencia de los casos citados, en este asunto no se advierte que los ejecutores de Walter Mejía Villanueva, Víctor Amador Fernández, César Echandía Meléndez, James Muñoz Galvis y Rodrigo Cuadrado Martínez hayan actuado prevalidos de la condición de autoridad o, por otra parte, que su vinculación con la entidad demandada, como institución, fuera de público conocimiento, por las razones ya expuestas, de manera que no resultan aplicables los procedentes antes citados.

45.4. En todo caso, la Sala desea reiterar su compromiso de procurar el respeto y garantía de los derechos constitucionales, velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y, en particular, adoptar las medidas necesarias para asegurar a las víctimas de hechos tan reprochables una justa compensación, siempre que encuentre demostrados los elementos que componen la responsabilidad del Estado.

VI. Costas

46. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de dicha parte dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 1º de febrero de 1993 y radicada bajo el número 7260, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de compensación de los perjuicios morales a favor de cada uno de los actores, fue estimada en $ 8.000.000, correspondientes al valor de 1.000 gramos de oro para la época. En las demandas radicadas bajos los números 7142 y 7277 se solicitó una reparación de 1.000 gramos de oro para cada demandante, si bien no se estimó el precio del metal. Al tratarse de procesos acumulados, se tendrá la primera de estas estimaciones como comprensiva de las demás demandas. Por estar vigente al momento de interposición del recurso de apelación, se aplica el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y dispone que la cuantía necesaria para que los procesos de reparación directa iniciados en los años 1992 y 1993 fueran de doble instancia, debía ser superior a $ 6.860.000.

(2) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala al respecto: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Expediente 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Está acreditado que Walter William Mejía Villanueva era cónyuge de Luzmery Isabel Sarabia Herazo (registro civil de matrimonio —fl. 14, cdno. 4—), padre de Walter Junior Mejía Sarabia y Belkis Lucía Mejía Sarabia (registros civiles de nacimiento —fls. 15-16, cdno. 4—), hermano de Álvaro Alonso Mejía Villanueva y Gustavo Adolfo Mejía Villanueva (registros civiles de nacimiento —fl. 17-18, cdno. 4—); James Muñoz Galvis era hijo de Nicolás Muñoz Lalinde (registro civil de nacimiento —fl. 22, cdno. 4—); Víctor Enrique Amador Fernández era hijo de Mario Alfonso Amador Martínez e Hilda Zenaida Fernández Acosta (registro civil de nacimiento —fl. 27, cdno. 4—) y hermano de Alfonso Armando Amador Fernández, Betty Luz Amador Fernández, Óscar Guillermo Amador Fernández y Luis Alberto Amador Fernández (registros civiles de nacimiento —fls. 28, 30-32, cdno. 4—); César Antonio Echandía Meléndez era cónyuge de Yaneth del Carmen Palacín Hgeller (registro civil de matrimonio —fl. 37, cdno. 4—), padre de César Augusto Echandía Palacín (registro civil de nacimiento —fl. 39, cdno. 4—), hijo de Ricardo José Echandía González y María del Carmen Meléndez Oliveros (registro civil de nacimiento —fl. 5, cdno. 8—) y hermano de Deibys Thomas Echandía Meléndez, Angélica María Echandía Meléndez, María Luisa Echandía Meléndez, Óscar Daniel Echandía Meléndez, Elizabeth María Echandía Meléndez, Ricardo de Jesús Echandía Meléndez y Gustavo Adolfo Echandía Meléndez (registros civiles de nacimiento —fls. 8-14, cdno. 8—); Rodrigo Alberto Cuadrado Martínez era hijo de Rodrigo Mario Cuadrado Martínez y Elizabeth Martínez Zaballet (registro civil de nacimiento —fl. 26, cdno. 1—) y hermano de Edinson Manuel Cuadrado Martínez, Patricia Esther Cuadrado Martínez y Alexander Cuadrado Martínez (registros civiles de nacimiento —fls. 27-29, cdno. 1—).

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 10 de marzo de 2011, Expediente 15666, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, Expediente 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(9) Sin perjuicio de la reciente decisión de unificación de la Sala Plena de esta Sección, según la cual los medios de prueba documentales traídos en copia simple al proceso serán valorados sin mayores formalidades, siempre que no se haya cuestionado su autenticidad a través de la tacha de falsedad. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(10) Código de Procedimiento Civil. ART. 227.—“Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes les precedan. Presente e identificado el testigo, el juez le exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. Quedan exonerados del juramento los impúberes” (...).

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, Expediente 19289, C.P. Enrique Gil Botero. “Sin embargo, en relación con las indagatorias de los miembros de la Policía Nacional que obran en el proceso citado, no pueden trasladarse al contencioso administrativo, ya que no pueden valorarse como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de declaraciones rendidas por un tercero, carecen del requisito del juramento, como lo prescribe el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de junio de 2007, Expediente 25627, C.P. Alier Eduardo Hernández; sentencia de 10 de junio de 2009, Expediente 18108, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia de 10 de marzo de 2011, Expediente 20099, C.P. Ruth Stella Correa.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2011, Expediente 20325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, Expediente 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de octubre de 2011, Expediente 20861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 15 de febrero de 2012, Expediente 20880, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 29 de mayo de 2012, Expediente 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(16) Este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, a la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza. Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social. Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub judice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social”.

(17) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, sentencia de 30 de enero de 2014, serie C 276, párr. 27; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 21 de julio de 1989, serie C 7, párr. 146; Caso J. vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 2013, serie C 275, párr. 41.

(18) Este hecho se extrae del fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto no obra en el expediente copia alguna de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2013, Expediente 25420, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 29 de febrero de 2012, Expediente 23412, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 9 de mayo de 2011, Expediente 19976, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 10 de febrero de 2011, Expediente 19123, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 10 de junio de 2009, Expediente 34348, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 22 de julio de 2009, Expediente 16911, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 26 de abril de 2006, Expediente 15427, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 15 de febrero de 2006, Expediente 15383, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 10 de agosto de 2001, Expediente 13666, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 13303, C.P. Ricardo Hoyos Duque, entre otras. También véase Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de febrero de 1995, Expediente S-123 (recurso extraordinario de súplica), C.P. Consuelo Sarria Olcos.

(20) [1] “En sentencia de 26 de septiembre de 2002, Expediente 14.036, dijo la Sala: “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna, sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo de la policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”.

(21) [2] “Andrés E. Navarro Munuera. La ampliación de la responsabilidad patrimonial de la administración a los daños ocasionados por sus funcionarios o agentes actuando al margen del servicio público, en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 60, octubre-diciembre de 1988. Se analiza en el artículo la sentencia del Tribunal Supremo de España del 27 de mayo de 1987, que concedió a los demandantes la indemnización por la muerte de su hijo ocasionada por un agente de la policía con arma de fuego reglamentaria, pero quien disfrutaba de sus vacaciones, en aplicación de la teoría del riesgo como título de imputación)”.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, Expediente 19123, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2011, Expediente 22935, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 13303, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(24) [5] “Sentencia de 6 de diciembre de 2004, Expediente 504222331000941044-01”.

(25) [6] “Expediente 17.426, actor: Bolívar Arce y otros, M.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, Expediente 34348, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(27) Constitución Política de Colombia. “Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

(28) Se insiste en que los indicios constituyen la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido. La utilidad de la prueba indiciaria se ha afirmado, entre otros, en casos de graves violaciones de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Expediente 16337, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 14 de abril de 2011, Expediente 20145, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 21377, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 6 de diciembre de 2013, Expediente 26669, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de junio de 2013, Expediente 25180, C.P. Enrique Gil Botero. En idéntico sentido, ver sentencia de 13 de febrero de 2013, Expediente 22393, C.P. Enrique Gil Botero.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2011, Expediente 22231-22289-22528, C.P. Enrique Gil Botero. En igual sentido, ver sentencia de 29 de enero de 2010, Expediente 16975, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.