Sentencia 1996-7369 de diciembre 4 de 2002

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 23001-23-31-000-1996-7369-01(13922)

Actor: Saudith del Carmen Gómez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil dos.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y los llamados en garantía contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 1997 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“1. Condénase (sic) que la Nación - Mindefensa - Policía Nacional, es administrativamente responsable de la muerte del señor LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, ocurrida el 20 de agosto de 1995, en el Corregimiento de San Miguel, Municipio de San Carlos, en el marco de las circunstancias expresadas en la motivación de este fallo.

“2. Como consecuencia de la declaratoria anterior, se condena a la Nación - Mindefensa - Policía Nacional, a pagar a las personas demandantes, relacionadas a continuación, por concepto de perjuicios materiales las cantidades en dinero que se indican así:

“Para la compañera permanente SAUDITH DEL CARMEN GÓMEZ SÁNCHEZ, la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 34´253.148).

“Para la menor hija de la víctima CATHERINE GÓMEZ SÁNCHEZ o CASTILLO GÓMEZ, la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 12´451.837).

“3. Condénase igualmente a la Nación - Mindefensa - Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente en dinero de las cantidades de oro que se indican, para cada persona que se relaciona a continuación así:

“Para JESÚS MARÍA CASTILLO VEGA padre, AMPARO EDITH TORDECILLA PEÑA, madre, y para la menor hija del occiso, la cantidad de mil (1000) gramos oro para cada uno.

“Para la compañera permanente la cantidad de setecientos (700) gramos oro y para el hermano de la víctima BEDER EMILIO CASTILLO TORDECILLA, la cantidad de trescientos (300) gramos oro.

“4. Declárase que la Nación, Mindefensa, Policía Nacional, por la conducta gravemente culposa de los Agentes EFRAÍN ALFONSO MERCADO CASTRO y CARLOS CAPDEVILLA ÁLVAREZ, debe repetir en su contra por la totalidad de la indemnización de perjuicios morales y materiales a que ha sido condenada en esta providencia.

“5. Ordénase cumplir este fallo en los términos y de conformidad con lo establecido en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, una vez quede ejecutoriado el proveído.

“6. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

“7. De no ser apelado, consúltese la presente sentencia” (fls. 182 y 183, cdno. ppal. Mayúsculas del texto original).

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Córdoba el 25 de enero de 1996 (fl. 10, cdno. ppal.), la señora Saudith del Carmen Gómez Sánchez, en nombre propio y en representación de la menor Katherine Gómez; los señores Jesús María Castillo, Amparo Edith Tordecilla y Beder Emilio Castillo, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda a fin de que se declare la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (fls. 1 a 10, cdno. ppal.), por la desaparición y posterior muerte de Leiber Jesús Castillo, ocurrida el día 20 de agosto de 1995 en la ciudad de Montería.

Como consecuencia de la anterior petición, solicitaron el reconocimiento de las siguientes pretensiones:

“A. PERJUICIOS MATERIALES:

“a) Condénese a la nación (sic) al pago de los perjuicios materiales causados a la menor CATHERINE GÓMEZ en su calidad de hija del difunto LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA contados desde la fecha en que ocurrió la muerte del antes mencionado y hasta la fecha en que la menor cumpla la edad de 18 años, por concepto de alimentos congruos y necesarios, perjuicios que ascienden a $ 50.000 mensuales, para un total de $ 10.800.000. Suma esta que deberá ser actualizada de conformidad con la variación del índice nacional de precios al consumidor tasado por el DANE y de conformidad con las fórmulas existentes para tal fin.

“b) Condénese a la nación (sic) al pago de los perjuicios materiales ocasionados a SAUDITH DEL CARMEN GÓMEZ SÁNCHEZ con ocasión de la muerte de su compañero permanente LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, a razón de $ 250.000 pesos mensuales, desde la fecha del fallecimiento del antes mencionado y hasta la edad de vida probable del mismo, suma que taso en aproximadamente CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS. Suma esta que deberá ser actualizada de conformidad con la variación del índice nacional de precios al consumidor tasado por el DANE y de conformidad con las fórmulas existentes para tal fin.

“En subsidio de las anteriores pretensiones y en caso de no existir pruebas que demuestren el salario devengado por el difunto LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, solicito sea tenido en cuenta el salario mínimo legal para tasar los perjuicios materiales, y que se distribuyan en las proporciones antes señaladas.

“B. PERJUICIOS MORALES

“a) Condénese a la nación (sic) al pago a: JESÚS MARÍA CASTILLO VEGA, AMPARO EDITH TORDECILLA PEÑA, SAUDITH DEL CARMEN GÓMEZ SÁNCHEZ y a la menor KATERINE GÓMEZ lo equivalente al valor al valor (sic) de mil gramos de oro fino para cada uno en sus calidades de: padres los dos primeros y compañera permanente e hija los (sic) dos últimos (sic) del finado LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, suma que se actualizará de conformidad con las fórmulas establecidas para tal fin.

“b) Condénese a la nación (sic) al pago a BEDER EMILIO CASTILLO TORDECILLA lo equivalente al valor de quinientos gramos de oro fino en su calidad de hermano del finado LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, suma esta que será actualizada de conformidad con las fórmulas establecidas para tal fin.

“3) La Nación Colombiana dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta días siguientes a su ejecutoria y como lo ordenan los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 1 y 2, cdno. ppal., Mayúsculas del texto original).

El día 7 de marzo de 1996, la parte actora corrigió la demanda (fls. 27 y 38, cdno. ppal.) para solicitar como prueba trasladada el proceso adelantado por el Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar contra los agentes de la policía Carlos Capdevilla y Efraín Mercado por el delito de homicidio de Leiber Jesús Castillo y, una inspección judicial sobre la ruta que siguieron los citados agentes el día 20 de agosto de 1995, al momento de transportar a la víctima en una de sus motocicletas.

2. Los hechos.

En la demanda, se narran los siguientes:

“1) Que el día 20 de los corrientes, a las 12:30 del día en la diagonal 18 transversal 7 y 8 del barrio La Granja, de esta ciudad de Montería, en la casa distinguida como la número 6-42 de la señora Carmen Cuadro, y por requerimiento de ésta a la autoridad de policía, fue detenido el señor: LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, por los agentes de la Policía Nacional de nombres: EFRAÍN ALFONSO MERCADO CASTRO y CARLOS CAPDEVILLA ÁLVAREZ, los cuales en presencia de toda la vecindad procedieron a esposarle y a subirle en una motocicleta en que se movilizaban los uniformados, siendo el procedimiento del detenido el de acceder al requerimiento de la autoridad y no ofreciendo resistencia alguna, subiéndose voluntariamente a la motocicleta en cumplimiento de orden dada por parte de los agentes antes mencionados. Es de señalar que este es el último momento en que el finado LEIBER JESÚS CASTILLO es visto con vida por todos los vecinos y amigos, ya que desde ese momento nunca más fue visto con vida.

“2) Que desde el momento mismo de su detención, los familiares del finado LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, visitaron las dependencias de la Policía, Das, Sijín, comando (sic) de Policía del barrio La Granja, cárcel (sic) nacional (sic) Las Mercedes y en ninguna de estas instalaciones se les dio razón o información de la suerte del ser querido, y el mismo no fue visto nunca más, y no se supo más de él.

“3) Que el cadáver de LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA fue encontrado el día 21 de agosto de los corrientes, o sea, el día siguiente de su detención, en la vía que conduce al municipio de San Carlos, a las 5:00 de la tarde, quemado, y en estado de descomposición, siendo reconocido posteriormente el día 23 de agosto de 1995 por su compañera permanente la señora SAUDITH DEL CARMEN GÓMEZ SÁNCHEZ y ante la Unidad Local del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación.

“4) Que los agentes EFRAÍN ALFONSO MERCADO CASTRO y CARLOS CAPDEVILLA ÁLVAREZ que capturaron a LEIBER JESÚS, reconocieron en declaración rendida ante el Departamento de Policía de Córdoba que realizaron la citada detención, pero la explicación que dan el trágico final de su detenido es que éste “se les tiró de la moto y se les voló con las esposas puestas momentos después de la detención”, explicación que no es satisfactoria por los siguientes hechos:

“a) Porque (sic) se iba a volar de sus captores el difunto LEIBER JESÚS si nada debía a la justicia, y si se dejó capturar en forma pacífica y sin oponer ninguna resistencia?

“b) Que alguien se tire de una moto en movimiento con las manos esposadas es un ejercicio increíble de imaginar e imposible de realizar.

“c) El difunto LEIBER JESÚS no fue visto después de su detención, no se comunicó con sus padres ni con su compañera con la que tenía una niña recién nacida.

“d) El difunto LEIBER JESÚS es encontrado muerto justo el día siguiente de su detención en estado de descomposición y quemado, de lo que es dable sacar las siguientes conclusiones: 1. El verdugo tuvo que haberle quitado las esposas antes o después de la ejecución, y obviamente debía tener las llaves de las mismas, 2. los Victimarios (sic) tenían interés en hacer pasar el cadáver como N.N., o sea que no se descubriera su identidad, puesto que se tomaron demasiadas molestias como es el traslado del cadáver a un paraje lejano y su posterior incineración, 4. (sic) Se demostrará procesalmente que el estado de descomposición del cadáver es indicativo (de) que su deceso se produjo estando en poder de sus captores, o sea aproximadamente en las mismas horas en que fue detenido.

“e) Los agentes de Policía que detuvieron al finado Leiber Jesús dicen que su fin era “llevarlo a la SIJIN” para establecer sus “antecedentes” y manifiestan que se les “voló” frente al SENA, historia que es absurda y traída de los cabellos por lo siguiente: 1) El SENA sitio frente al cual dicen los captores de Leiber Jesús éste se les “voló” no queda en la ruta que conduce del sitio en que fue detenido el difunto a la Sijin, sino que es otra ruta vía”. 2) Lo lógico era que el detenido fuera llevado a la estación de Policía más cerca del sitio de detención y no al más lejos, por lo tanto, la razón indica que el detenido debió ser conducido a la estación de Policía de La Granja. 3) Curiosamente el detenido es conducido por el camino más largo e inseguro y no por el más corto y seguro, sin embargo es absurdo e imposible que alguien con las manos esposadas salte de una moto en movimiento y se le escape a dos agentes motorizados armados. Para corroborar todo lo anterior el suscrito anexa mapa de Montería expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en donde resalté como A: el sitio en que fue detenido Leiber Jesús; como B: el sitio en donde dicen los agentes de policía que el detenido se les voló; como C: El comando de Policía La Granja, que era el sitio más cerca y a donde debió ser llevado el detenido; como D: El sitio en que está ubicado (sic) la SIJIN y que queda en otra ruta distinta a donde dicen los agentes que se les escapó el detenido y como E: El sitio en que se encuentra el comando central de policía Córdoba, el cual también se encuentra en una ruta distinta a donde dicen los agentes que se les escapó el detenido, sitios que son ampliamente conocidos en esta ciudad.

“4) (sic) Que hacían (sic) cuatro años atrás de su muerte que LEIBER JESÚS CASTILLO sostenía relaciones maritales, o unión marital de hecho con la señora SAUDITH GÓMEZ, la cual era su compañera permanente y con la que tuvo una niña, la hoy menor Katerine Gómez, la que apenas tenía 6 meses al momento de la muerte del antes mencionado, y la que no alcanzó a ser reconocida debidamente por el difunto LEIBER JESÚS, pero su proceso de reconocimiento legal se adelanta por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Montería. En dicho hogar quien prodigaba el sustento era el difunto LEIBER JESÚS, ya que SAUDITH GÓMEZ se dedicaba a los trabajos del hogar y durante el último semestre de su vida conyugal al cuidado de su menor hija.

“5) (sic) Que el difunto LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA era mecánico de máquinas de coser y tenía un taller en la casa de sus padres, de donde obtenía unas entradas diarias promedio de $ 10.000, o sea un sueldo mensual promedio de $ 300.000—, sueldo con el cual atendía a su hogar y a su pequeña hija.

“6) (sic) Que el trágico deceso de LEIBER JESÚS CASTILLO causó un grave perjuicio económico a su compañera permanente, a su pequeña hija, al quedar en el completo y absoluto desamparo, ya que su único sostén era el esposo y padre fallecido, igualmente causó un gravísimo perjuicio moral a las antes mencionada (sic), a sus padres y a su hermano, todo ello por la congoja y el sufrimiento que trae consigo la pérdida de un ser querido” (fls. 2 a 4, cdno. ppal. - mayúsculas y Resaltados del texto original).

3. Contestación de la demanda.

A través de apoderado, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional contestó la demanda y formuló solicitud de llamamiento en garantía contra los agentes de policía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, como presuntos responsables de la muerte del señor Leiber Jesús Castillo (fls. 29 a 31, cdno. ppal.).

Los llamamientos en garantía fueron admitidos por el a quo mediante providencia del 27 de junio de 1996 (fls. 38 y 39 ibíd.).

4. Actuación de los llamados en garantía

Mediante apoderado los llamados en garantía intervinieron en el proceso de manera extemporánea, según aparece registrado al folio 173 del cuaderno principal del expediente, situación en la que solicitaron la suspensión del mismo, hasta la fecha en que se dicte fallo dentro del proceso adelantado en su contra por el Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar (fls. 48 a 51, cdno. ppal.).

5. Audiencia de conciliación.

Ante el tribunal de instancia se celebró la audiencia de conciliación el día 18 de marzo de 1997, sin lograrse acuerdo alguno entre las partes (fls. 152 y 153, cdno. ppal.).

6. La sentencia de primera instancia.

Mediante providencia del 23 de mayo de 1997 (fls. 171 a 183, cdno. ppal.), el tribunal de primer grado declaró la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por motivo de la desaparición forzada y posterior muerte del señor Leiber Jesús Castillo.

Para adoptar tal decisión, consideró lo siguiente:

“Para la Sala, los testimonios rendidos y los allegados del proceso penal militar, no obstante la versión rendida por los agentes policiales en él, no dejan la menor duda de que al mediodía del 20 de agosto de 1995, fué (sic) retenido por dos agentes policiales y llevado con rumbo desconocido el interfecto CASTILLO TORDECILLA, quién (sic) al día siguiente fué (sic) encontrado muerto incinerado en la región de San Miguel, municipio de San Carlos, Córdoba, sin que los agentes retenedores hayan explicado satisfactoriamente tal resultante.

“(...).

“De lo precedente se concluye, tanto con fundamento en la prueba indiciaria como por la naturaleza de la obligación a cargo del Estado o sus autoridades, frente a la persona del retenido o capturado sometido a su voluntad y por cuya vida deben responder, que ha quedado demostrada la falla del servicio, que para el caso más podría llamarse la denegación del derecho a la vida por quién (sic) debe protegerlo, pues las circunstancias conducen al juzgador indubitablemente a tener la certeza del nexo causal existente entre la retención del señor CASTILLO TORDECILLA por los agentes policiales y su posterior aparecimiento muerto e incinerado como en una especie de ajusticiamiento” (fls. 176 y 177, cdno. ppal. - mayúsculas del texto original).

En relación con los perjuicios morales, reconoció a cada uno de los padres y a la hija de la víctima la cantidad de 1.000 gramos de oro; a la compañera permanente, el equivalente a 700 gramos de oro y, al hermano 300 gramos de oro.

También otorgó a la compañera permanente y a la hija de la víctima, una indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Sobre la responsabilidad de los agentes llamados en garantía, ordenó a la entidad condenada repetir contra tales oficiales por la totalidad de la indemnización de perjuicios materiales y morales, pues, “con la prueba indiciaria esta (sic) demostrado que el hecho dañoso, que se integra en una cadena de abuso de autoridad desde la retención del interfecto, fue autoría de los dos agentes citados, y se hace también evidente que su conducta punible recorrió todas las etapas del iter-criminis, hasta terminar en la ejecución de un acto de barbarie, en procura de ocultar la identidad de la víctima y con ello el delito” (fl. 181, cdno. ppal.).

7. El recurso de apelación.

7.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Inconforme con la decisión del a quo, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional la apeló (fls. 189 y 190, cdno. ppal.), por considerar que está demostrado en el expediente que el señor Leiber Castillo se fugó de la custodia ejercida por los agentes de policía, lo que constituye culpa de la víctima, causal esta que permite exonerar a la entidad demandada.

Así mismo, sostuvo que el argumento de la medida de aseguramiento dictada por el Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar en contra de los agentes Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, bajo la cual el tribunal sustentó la falla del servicio de la Policía Nacional, carece de fundamento, dado que posteriormente fueron absueltos por la Presidencia del Consejo Verbal de Guerra, mediante providencia del 3 de diciembre de 1996.

Además, adujo que la relación de causalidad no se encuentra acreditada en el proceso, porque la retención del señor Castillo tuvo ocurrencia el día 20 de agosto de 1995 a las 12:30 del día y, sólo hasta el día siguiente en horas de la tarde fue hallado el cadáver.

7.2. Los agentes Carlos Capdevilla y Efraín Mercado.

Los llamados en garantía igualmente interpusieron recurso de apelación contra la providencia del tribunal (fls. 198 a 207, cdno. ppal.), por estimar del escaso acervo probatorio recaudado en el expediente y la sentencia proferida por el Consejo Verbal de Guerra el día 3 de diciembre de 1996, no se encuentra demostrada su responsabilidad en la muerte de Leiber Castillo, como quiera que no se logró establecer que el cadáver encontrado perteneciera a la víctima, ni que los autores del homicidio fueran agentes pertenecientes a la entidad demandada. Por lo tanto, solicitan revocar la sentencia apelada y que, consecuencialmente, se nieguen las súplicas de la demanda.

8. Alegatos de conclusión.

8.1. La parte actora.

En escrito que obra a folios 159 a 189 del cuaderno principal del expediente, coadyuvó plenamente los argumentos esgrimidos por el tribunal para condenar a la entidad demandada, pues, a su juicio, la falla del servicio emerge en el caso concreto porque “el servicio se prestó mal, en contravención del mandato legal, porque hubo omisión y también hubo acción, de los agentes del Estado, en ejercicio de sus funciones, acciones y omisiones que causaron el desenlace fatal. Puesto que al momento de detener a Leiber Jesús Castillo Tordecilla y quedar en poder la Policía, nacía la obligación de devolverlo a su familia sano y salvo, hecho este que no se cumplió, o sea, se omitió un deber, constitucional y legal” (fl. 168 ibíd.).

8.2. El Ministerio Público.

Conceptuó que la sentencia apelada debe ser confirmada (fls. 234 a 242, cdno. ppal.), porque está probado en el proceso la detención del señor Leiber Castillo por parte de los agentes de policía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla y, que con posterioridad a que éste fuera detenido, tuvo ocurrencia su muerte, razón por la que, se encuentra demostrada la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, como quiera que las autoridades al momento de detener un ciudadano adquieren una obligación de resultado, consistente en devolverlo a la sociedad en el mismo estado en que es aprehendido o ponerlo a disposición de los organismos judiciales competentes, en tanto que la entidad demandada no logró acreditar “el proceder diligente y prudente de sus agentes en lo que concierne a la seguridad del detenido y dejar las constancias pertinentes de su proceder para probar su actuar transparente y así cumplir con la obligación de resultado a su cargo, pero en este sentido la actividad de la Policía Nacional fue escasa” (fl. 240 ibíd.).

8.3. La entidad demandada y los llamados en garantía.

No realizaron actuación alguna en esta etapa procesal.

II. Consideraciones de la Sala

La Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 23 de mayo de 1997.

Las razones son las siguientes:

1. La responsabilidad de la entidad demandada.

El hecho de la muerte de Leiber Jesús Castillo, ocurrida el día 23 de agosto de 1995 en Cereté - Córdoba, se encuentra debidamente probada con el certificado del registro civil de defunción expedido por el Notario Único del Círculo de tal municipio (fl. 19, cdno. ppal.).

Similar consideración se predica respecto de la imputación de tal hecho dañoso a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a partir del cual los demandantes pretenden atribuir a esa entidad una responsabilidad de carácter patrimonial extracontractual, con el propósito de obtener una indemnización de perjuicios materiales y morales, por cuanto en el asunto bajo estudio, las probanzas aportadas al proceso y las trasladadas del proceso penal militar (cdno. 1, exp.), cuyas copias fueron trasladadas a solicitud de ambas partes (fls. 27 y 31, cdno. ppal.), permiten afirmar los siguientes hechos:

1.1. El señor Leiber Jesús Castillo fue retenido por agentes de la policía el día 20 de agosto de 1995, en una de las motocicletas en las que se desplazaban tales agentes:

Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la retención de la víctima a manos de unos agentes de la policía, son diáfanas y coincidentes las declaraciones hechas por las señoras Zamira Machado y Carmen de Machado, quienes fueron testigos presenciales de lo ocurrido hacia el mediodía del 20 de agosto de 1995, habitantes en el inmueble ubicado en la diagonal 18 número 6-42 del barrio La Granja de la ciudad de Montería, cuando la señora Machado descubrió la extraña presencia del señor Leiber Castillo en una de las habitaciones de su residencia y, dio aviso telefónico a la Policía de tales hechos:

Al respecto, Zamira Machado refirió lo siguiente:

“Ese 20 de agosto, como a las nueve o diez de la mañana, llegó una compañera y salí a buscar un libro. Cuando volví a las once a.m. encontré los vecinos mirando hacia la casa del joven Leiber porque la estaban allanando, mi mamá estaba también allá y me llamó. Volvimos a la casa me puse a preparar el desayuno. Más tarde mi mamá estaba asustada y me dijo que había llamado a la policía porque estaba un ratero e (sic) mi cuarto. La policía llegó a los quince minutos, lo hicimos pasar y al entrar al cuarto el joven leiber (sic) iba como a salir, y al ver a los policías dijo que porque (sic) se lo iban a llevar, mi mamá a (sic) ver que era él, le preguntó qué hacía allí dentro, que era un abusivo, al no querer salir los policías le pidieron permiso a mi mamá para requisarlo, lo hicieron y lo esposaron con las manos adelante, y salió obedientemente, se montó en una de las motos atrás, se lo llevaron. Mi mamá se privó, tuvo una crisis nerviosa. Nos tocó llevarla al hospital donde estuvimos tres horas. A las cuatro volvieron los policías e informaron que el jove (sic) Leiber se había escapado y se fueron. Volvieron a las siete de la noche, diciendo que el muchacho se había escapado esposado, por los lados de Comfacor, le dijeron a mi mamá que le colocará (sic) una denuncia por violación de domicilio, para volverlo a capturar, ya que sin esta denuncia no le podían detener. Como el martes se oyeron los rumores que había aparecido muerto y quemado” (fls. 97 y 98, cdno. ppal.).

En el mismo sentido, Carmen Cuadro de Machado relató:

“El día domingo 20 de agosto del año pasado, a eso de las 10 de la mañana yo estaba sentada en la sala viendo Televisión (sic), llegó una vecina y me dijo: que estaban allanando la casa del señor Jesús y vi dos carros, un taxi amarillo y un carro blanco, y seguí caminando hasta la esquina junto con otros vecinos, observando a ver que pasaba. Vimos que habían cinco personas vestidas de civil con metralletas en la mano, entrando y saliendo, nosotros nos preguntábamos que pasará. Mi hija había salido con una amiga en una moto a prestar un libro, antes del susceso (sic) y estando en la esquina llegó ella y la amiga y las llamé. Nos volvimos a la casa, cuando me dirigí a la habitación de mi hija sentí que había alguien escondido detrás del escaparate, enseguida llamé al 112 y pedí protección e informe (sic) que pasaba. Al cabo de 15 minutos llegaron dos agentes motorizados, me pidieron permiso para entrar y les informe (sic) donde estaba la persona que creí ver, ellos fueron el (sic) cuarto y el señor Leiber estab (sic) en (la) mitad del cuarto cerca de la puerta. El agente le dijo que saliera, pero le replicó que porque (sic) le iban a llevar, y yo le dije por atrevido, usted es violador de domicilio. Los agentes me pidieron permiso para entrar y requisarlo. Lo requisiron (sic) y pusieron las esposas delante y salió sin problema ni resistencia, tampoco los policías los (sic) trataron mal ni de palabras ni de hecho, se comportaron decentemente. El mismo se subió en una de las motos, y se fueron. Luego me dio una crisis de nervios, y una amiga me llevó al hospital donde estuve tres horas en tratamiento. Al volver (a) casa supe que los agentes habían vuelto a informar que el muchacho se les había escapado. Corroborado lo anterior por ellos mismos en la noche ya que volvieron a mi casa, como a las siete. Me sugirieron poner el denuncio por violación de domicilio, y lo coloque (sic) el denuncio al día siguiente (lunes), en el Juzgado Permanente de Turno en la Granja. Ese lunes estuvieron en mi casa en las horas de la mañana, la mamá y la mujer del señor Leiber, exigiendo que les dijera donde estaba él, como se llamaban los policías que se lo llevaron, como yo no estaba volvieron en la noche y yo las atendí y les dije que yo no sabía nada que fueran a preguntar a las autoridades...” (fls. 99 y 100, cdno. ppal.).

De otra parte, es importante destacar que en el proceso no existe ningún elemento de prueba o de juicio, que induzca a sospechar o a restar credibilidad a los testigos antes citados, razón por la que sus relatos, dado el fundamento que del mismo exponen, ameritan tenerse por ciertos.

1.2. Los nombres de los agentes de la policía que retuvieron a la víctima el 20 de agosto de 1995, corresponden a Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, quienes para esa fecha se encontraban de servicio:

Mediante informe suscrito por el Jefe de la Unidad Investigativa de Policía Judicial el día 15 de septiembre de 1995 (fls. 54 y 55, cdno. 1), se tiene que los agentes de policía que retuvieron al señor Leiber Castillo el 20 de agosto de ese año, fueron identificados como Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, quienes para esta fecha se desempeñaban como agentes profesionales del Departamento de Policía de Córdoba, nombrados mediante resoluciones 577 del 25 de enero de 1989 y 2886 del 16 de abril de 1993 respectivamente (fls. 111 y 113, cdno. ppal.).

Además, en el libro de minuta de información correspondiente al día 20 de agosto de 1995, no figuran anotaciones de salida al servicio, vacaciones, franquicia u otra misión ordenada a los agentes Efraín Mercado y Carlos Capdevilla (fl. 67, cdno. ppal.), de igual manera según el libro de minuta de armamento, tales oficiales portaban armas de dotación oficial en el turno comprendido entre el 19 y el 20 de agosto de ese año (fls. 81 y 82 ibídem).

1.3. Luego de la retención, el señor Leiber Jesús Castillo desapareció el 20 de agosto de 1995, hasta que al día siguiente apareció su cadáver

Con motivo de la desaparición de su hijo Leiber, el señor Jesús María Castillo formuló denuncia ante la Fiscalía 18 Unidad de Reacción Inmediata, en los siguientes términos:

“El día domingo 20 del presente mes y año, como de doce y media para una de la tarde, mi hijo de nombre LIVER o LEIVER JESÚS CASTILLO TORDECILLA, se encontraba en la casa de la señora Carmen Cuadro, quien reside en el barrio La Granja diagonal 18 transversal 6 y 7 número 642, y él se metía a esa casa debido a que tenía amores con la hija de ésta e (sic) nombre Samira Machado Cuadro. Ese día ella lo encontró en la casa y de allí llamó a la policía, llegaron dos agentes de moto y se lo llevaron y al día siguientes (sic) amaneció muerto por San Carlos... PREGUNTADO: Diga si usted el día e (sic) de los hechos, llegó al Comando de la Policía de este lugar solicitando por su hijo, en caso afirmativo que resultados obtuvo?. CONTESTO. Fuimos al Comando, La (sic) Sijin y el DAS, pero en ninguna parte nos dieron razón de él” (fl. 14, cdno. 1).

En el mismo sentido, declaró ante la Unidad de Desaparecidos y Amenazados de la SIJIN DECOR, la señora Lucina del Socorro Tordecilla:

“...resulta de (sic) que el día domingo veinte (20) de agosto del presente año y como a las tres de la tarde me enteré de que mi hijo LEIVER JESÚS CASTILLO estaba desaparecido y como a las siete de la Noche (sic) fui al distrito de Policía de la Granja, el día lunes desde las diez de la mañana fui a la carcel (sic) Nacional, no se encontraba, fui al comando de la Policía, tampoco estaba, vine a la Sijin y tampoco estaba, fui al DAS no me dieron razón de él, regresé a mi casa como a las cinco de la tarde, pero como yo me había enterado de que a mi hijo lo había sacado la Policía de la casa de la señora CARMEN CUADRO, el mismo día domingo en la noche fui donde ella, y le pregunté que porque (sic) me había hecho poner preso a mi hijo y me dijo no, se lo llevaron dos Policías (sic), porque el estaba en mi recámara y le heche (sic) la Policía y de ahí me fui enseguida, y ya el día martes 22 de agosto del presente año, como a las doce del día me di cuenta de la muerte de LEIVER CASTILLO mi hijo, porque por radio pasaron la noticia de que habían encontrado un N.N. que vestía Jeans azul botas negras marca fila, medias negras y cuando escuchamos esa noticia fuimos hasta Cereté pero cuando llegamos ya estaba enterrado, pero por las prendas de vestir lo reconocimos” (fl. 65, cdno. 1).

1.4. El hallazgo e identificación del cadáver del señor Leiber Jesús Castillo:

El día lunes 21 de agosto de 1995, esto es, al día siguiente de haber sido retenido el señor Leiber Castillo en la residencia de la Familia Machado, situada en la ciudad de Montería, por parte de los miembros de la policía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, fue encontrado su cadáver “en campo abierto... en el corregimiento de San Migel (sic) perteneciente a San Carlos, posteriormente el occiso fué (sic) trasladado al Hospital San Diego de Cereté donde se le practico (sic) la diligencia... El cadáver fue quemado totalmente por lo cual no se le pudo hacer el reconocimiento...Presenta herida en la región frontal”, de acuerdo con el acta de levantamiento Nº 0038 practicada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Local de Cereté - Córdoba (fl. 5, cdno. 1).

No obstante la dificultad para reconocer el cadáver del señor Leiber Castillo dado su avanzado estado de descomposición, el Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Montería, por intermedio de Luis Ramírez, Técnico Criminalístico - Lofoscopista, concluyó que “el cadáver N.N. de Sexo masculino, que se hallaba en la morgue del hospital de Cereté pertenece a quien en vida respondía al nombre de LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA” (fl. 526, cdno. 1), luego de adelantar las siguientes actuaciones:

“El día 22 de Agosto de 1995 me trasladé a la morgue del Hospital de Cereté, en compañía del doctor ADRIAN BLANCO VENECIA, odontólogo (sic) Judicial y el doctor MARIEL MORALES, Médico, como integrantes del grupo de N.N. y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de Montería. Una vez en la morgue nos encontramos un cadáver de sexo masculino, de 20 a 25 años de edad aproximadamente, el cual estaba en estaba (sic) en estado de descomposición, tomándose fotografías y reseña necrodactilar a la mano derecha, a la izquierda se le recuperaron los pulpejos, los que mediante tratamiento en el laboratorio se obtuvo la reseña de los 5 dedos de esa mano desde el pulgar izquierdo hasta el meñique izquierdo.

“Ese mismo día en las ropas se encontraron unos escritos entre ellos uno en el cual apareció un nombre “LEIBER JESÚS CASTILLO TORDECILLA”, al igual que direcciones; acto seguido me trasladé a la registraduría (sic) del estado (sic) civil (sic) de esta localidad en donde solicité verificar si en los archivos de esa entidad aparecía este nombre; una vez me localizaron ese nombre realice (sic) el cotejo dactiloscópico del índice derecho que aparece en la tarjeta alfabética de la registraduría (sic) con el índice derecho de la necrodactilia que se tomó al cadáver N.N. de la morgue del hospital de Cereté, coincidiendo morfológica y topográficamente las dos huellas lo que indica que se trata de la misma persona” (fl. 526, cdno. 1. Mayúsculas del texto original).

Una vez que el Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Montería identificó el cadáver de Leiber Castillo, se llevó a cabo ante la Unidad Local de Cereté (Córdoba), la diligencia de reconocimiento por parte de sus familiares, para lo cual se hizo presente el día 23 de agosto de 1995 la señora Saudith del Carmen Gómez, en su condición de compañera permanente de la víctima, “siendo reconocidas un pedazo de pantalón color azul un pedazo de cinturón negro de cuero yun (sic) zapato negro marca fila” (fl. 3, cdno. 1).

En estas condiciones, es claro para la Sala determinar que estas pruebas son suficientes para afirmar que los agentes de la policía Carlos Capdevilla y Efraín Mercado retuvieron al señor Leiber Jesús Castillo el día 20 de agosto de 1995, quien no fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y de quien no se volvió a tener noticia desde entonces hasta que el día siguiente en que, apareció el cadáver.

En efecto, con fundamento en las declaraciones rendidas en el proceso por las señoras Zamira Machado y Carmen de Machado (fls. 98 a 100, cdno. ppal.), se tiene por demostrado que en horas del mediodía del domingo 20 de agosto de 1995, al parecer huyendo de un allanamiento del cual era objeto su lugar de residencia, el señor Leiber Castillo fue encontrado por la señora Carmen de Machado al interior de su hogar, ubicado en la diagonal 18 número 6-42 del barrio La Granja de la ciudad de Montería, razón por la que ésta dio aviso telefónico a la Policía Nacional y se hicieron presentes dos agentes de la policía, portando uniformes y armas de dotación oficial, quienes requisaron al señor Castillo, lo esposaron y lo montaron en la parte trasera de una de las motocicletas en las que se desplazaban tales agentes.

De acuerdo con el informe suscrito por el Jefe de la Unidad Investigativa de Policía Judicial el día 15 de septiembre de 1995 (fls. 54 y 55, cdno. 1), también existe certeza respecto de la identificación de los agentes de la policía que retuvieron el 20 de agosto de ese año al señor Leiber Castillo, esto es, Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, quienes para esa fecha se encontraban de servicio y portaban armas de dotación oficial, según se infiere de los libros de minuta de información y de armamento de la Policía antes relacionados.

A partir del momento en que el señor Castillo fue privado de la libertad por parte de los citados agentes de policía, éstos adquirieron una obligación de resultado relativa a devolverlo a la sociedad en las mismas condiciones de integridad y salud en las que fue retenido, tal como lo ha sostenido la Sala(1) entre otras providencias, en los siguientes términos:  

“Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer esto es de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar. En síntesis, la retención como ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí misma no es una actividad que genere responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a la retención misma, dado que esta es una carga que los ciudadanos deben soportar daño jurídico y por ende no encuadrable dentro del supuesto general que consagra el artículo 90 de la Carta Política, salvo, claro está, cuando el ejercicio de dicho poder se desborda, vgr. en los supuestos de retención injusta (L. 270/96, art. 68, y CPP, art. 414).Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que esa retención es una actividad que redunda en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos. En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como los de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta. En relación con los daños sufridos por una persona retenida no es propio afirmar que hubo un daño especial sino una falla del servicio: el incumplimiento del Estado de las obligaciones de resultado que asumió al momento de retener a la persona”. 

Sin embargo, los referidos agentes de policía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla no trasladaron inmediatamente al joven arrestado a la Fiscalía o a la estación de policía más cercana, la que de acuerdo con el mapa de la ciudad de Montería obrante a folio 22 del cuaderno principal (punto c), estaba ubicada a pocas cuadras del inmueble donde se produjo la detención (punto a), sino que, a partir de la retención, existe evidencia probatoria derivada de la denuncia presentada por el señor Jesús María Castillo ante la Fiscalía 18 Unidad de Reacción Inmediata y, la declaración rendida en la Unidad de Desaparecidos y Amenazados de la SIJIN DECOR por la señora Lucina del Socorro Tordecilla, de que su hijo Leiber Jesús Castillo desapareció a partir de ese momento, hasta que al día siguiente apareció su cadáver.

En efecto, el día lunes 21 de agosto de 1995, fue encontrado el cadáver del señor Leiber Castillo, quien sin esposas, presentaba una herida en la región frontal de su cuerpo, cuyo cuerpo fue posteriormente incinerado, según informa el acta de levantamiento Nº 0038 (fls. 5 y 5 vto., cdno. 1). Respecto de la identificación del cadáver, no existe la más mínima posibilidad de que no correspondiera a la víctima, tal como equivocadamente lo afirmaron la entidad demandada y los llamados en garantía en los recursos de apelación (fls. 190 y 205, cdno. ppal.), pues, como quedó antes expuesto, su reconocimiento fue plenamente establecido por el Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Montería (fls. 526 a 528, cdno. 1). 

En síntesis, a) el hecho de que el señor Leiber Jesús Castillo fue encontrado por la señora Carmen de Machado al interior de su residencia ubicada en la diagonal 18 número 6-42 del barrio La Granja de la ciudad de Montería y, en consecuencia, retenido por agentes de la policía el día 20 de agosto de 1995, en una de las motocicletas en las que se desplazaban tales agentes, cuyos nombres respondían a Efraín Mercado y Carlos Capdevilla; b) su consecuente desaparición a partir de la retención realizada por parte de los mencionados agentes de la policía; c) la insistencia de los padres para que se investigara la desaparición del señor Castillo desde el mismo momento en que ésta se produjo y la atribución que hicieron de la retención a dichos agentes de la policía dada la información suministradas por los testigos presenciales de la retención; d) el hecho de que los agentes de la policía no hubieran trasladado al retenido a la estación de policía del barrio La Granja, la cual era la más cercana si se tiene en cuenta que se encontraba a pocas calles del lugar de la retención y, e) el hecho de que al día siguiente de la retención, apareciera el cadáver incinerado, con el fin de imposibilitar la identificación del mismo, proporcionan a la Sala suficientes elementos de juicio que permiten afirmar que el Estado debe responder por la desaparición forzada de que fue víctima Leiber Jesús Castillo, porque agentes de la policía en servicio, plenamente identificados en el proceso, utilizando motocicletas de propiedad de la entidad demandada, lo retuvieron el día 20 de agosto de 1995 y no lo pusieron a órdenes de ninguna autoridad competente. 

Si bien sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor Leiber Castillo no se tiene pleno conocimiento en el proceso, pues no hay testigos presenciales del homicidio cometido contra él o, si fue causado por miembros de la fuerza pública, de lo que sí existe absoluta certeza, es que las últimas personas que aseguran haberlo visto con vida, coinciden en afirmar que fue retenido por los agentes de policía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla el día 20 de agosto de 1995, quienes desatendieron las obligaciones referentes a proteger la vida e integridad del señor Castillo, al no ponerlo a disposición de las autoridades judiciales competentes, o devolverlo a la sociedad en las mismas condiciones de salud en que fue retenido.

En el caso de la desaparición forzada de ciudadanos, consecuente de la dificultad de recaudarse en el plenario pruebas directas demostrativas de la responsabilidad patrimonial de la administración, la Sala ha acudido a medios probatorios tales como los indicios, para fundamentar sus decisiones, tal como ocurrió en la sentencia del 17 de junio de 1993, expediente 7918, en los siguientes términos:

“En varias ocasiones ha tenido la Sala oportunidad de manejar casos como el presente, en los cuales no aparece la prueba directa para demostrar la autoría de un homicidio, ni las circunstancias mismas de tiempo, modo y lugar en que aquel se ejecutó. En tales ocurrencias se ha dicho que exigir esa prueba directa equivaldría a pedir una prueba imposible por lo que se hace necesario mediante un manejo Inteligente, técnico y adecuado de los demás elementos probatorios disponibles, procurar establecer desde el punto de vista administrativo cual ha sido la participación oficial en el hecho dañoso correspondiente Lo anterior con el objeto de que en casos como el examinado se pueda establecer lo más seguramente posible cual fue el destino de quienes por una u otra razón se ven privados de su libertad por cuenta de organismos estatales de seguridad y mas tarde aparecen lesionados o desaparecen para luego encontrarlos como cadáveres, en muchos casos torturados. Innecesaria, y arbitrariamente los jóvenes fueron mantenidos privados de la libertad por parte de la policía a sabiendas de que la causa de su retención carecía de fundamento. Tal comportamiento sin duda alguna resulta comprometedor para la Institución demandada(2).

Ahora bien, por los mismos hechos que se adelanta el presente proceso, el Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar adelantó un proceso penal contra los agentes de policía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, sindicados de la muerte del señor Leiber Castillo (obrante en el cdno. 1, exp.). Mediante providencia del 3 de diciembre de 1996 (fls. 208 a 220, cdno. ppal.), la Presidencia del Consejo Verbal de Guerra acogió el veredicto que, por unanimidad de votos emitieron los vocales participantes en el Consejo Verbal de Guerra y, en consecuencia, absolvió a los citados oficiales de policía por el delito de homicidio.

No obstante lo anterior, frente a la reclamación de responsabilidad patrimonial, estima la Sala que las pruebas aportadas en este proceso permiten deducir, sin ninguna duda dicha responsabilidad a cargo de la entidad demandada, derivada de la conducta ilegítima de los agentes llamados en garantía, la que culminó con la muerte de Leiber Castillo.

Por lo demás, a diferencia de lo sostenido por la Policía Nacional y por los llamados en garantía en los recursos de apelación (fls. 190 y 206, cdno. ppal.), en cuanto a que la presente providencia debe guiarse por la dictada en el proceso penal militar que absolvió a los agentes de policía por el delito de homicidio de Leiber Castillo, esta Corporación ha sostenido reiteradamente, entre otras, en sentencia del 17 de junio de 1998, radicación 10.650, que “mientras que en el proceso penal (ordinario o militar) se juzga la conducta personal del agente para determinar si ésta encuadra dentro de los tipos descrito por el Código Penal, en el proceso contencioso administrativo la responsabilidad del Estado puede resultar comprometida por el hecho doloso o culposo de su agente con incidencia penal, o aún en ausencia de esa connotación porque se haya producido una falla del servicio en tanto éste funcionó pero lo hizo en forma tardía o defectuosa o no funcionó. Por eso, se ha dicho también, la falla del servicio que comporta la responsabilidad de la administración puede ser orgánica, funcional o anónima”.

Así mismo, la Sala también ha manifestado lo siguiente:

“Tal decisión de carácter penal no puede ser modificada por esta jurisdicción y hace tránsito a cosa juzgada. Sin embargo, ese efecto se predica en relación con la situación jurídica del sindicado en ese proceso y en algunos eventos —CPP, art. 57— con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no en lo que concierne a la decisión que debe tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado.

“Con fundamento en el artículo 90 de la Constitución se establece claramente que la responsabilidad de la administración no deviene de la culpa personal del agente que produce el daño, sino de la antijuridicidad del perjuicio sufrido, esto es, del “detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y que exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social”(3).

“En otros términos, la norma constitucional “desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido con ella”(4) y ello implica una diferencia sustancial dado que el juez penal juzga la antijuridicidad de la conducta realizada por el funcionario, con fundamento en los principios y disposiciones del Código Penal, en tanto que al juez administrativo le interesa precisar si hubo o no un daño antijurídico, con prescindencia de la conducta personal del agente, la cual sin duda con fundamento en el inciso 2º del artículo 90 de la Carta tiene relevancia jurídica al momento de definir la responsabilidad de éste.

“En síntesis, dado que en materia penal y administrativa rigen normas, principios y objetivos diferentes, los fallos proferidos por el juez penal no determinan las decisiones del juez administrativo, el cual juzga no la responsabilidad del sujeto involucrado en el hecho sino la institucional de la persona jurídica demandada por la antijuridicidad del daño producido”(5).

Por lo tanto, con fundamento en lo antes expuesto, se encuentra demostrado que los miembros de la Policía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla, retuvieron a Leiber Castillo el día 20 de agosto de 1995 y que su muerte se produjo al día siguiente, esto es, durante dicha retención, razón por la que se encuentra acreditada la falla del servicio, además, que la administración no probó la causal de exoneración de responsabilidad que argumentó como culpa exclusiva de la víctima, tal como acertadamente lo afirmó la Procuradora Segunda Delegada en su concepto rendido ante esta Corporación (fls. 234 a 242, cdno. ppal.), pues, “la entidad demandada debió demostrar el proceder diligente y prudente de sus agentes en lo que concierne a la seguridad del detenido y dejar las constancias pertinentes de su proceder para probar su actuar transparente y así cumplir con la obligación de resultado a su cargo, pero en este sentido la actividad de la Policía Nacional fue escasa” (fl. 240 ibíd.).

Por lo anterior, la Sala confirmará la responsabilidad patrimonial declarada contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, así como la decisión de repetir contra los agentes llamados en garantía Efraín Mercado y Carlos Capdevilla por la totalidad de la indemnización de perjuicios morales y materiales, tal como concluyó el tribunal en la sentencia recurrida.

2. La indemnización de perjuicios.

2.1. Morales.

Se encuentra demostrado el parentesco que unía a los demandantes con la víctima de la siguiente manera:

De acuerdo con los respectivos certificados de registro civil de nacimiento (fls. 15 y 17, cdno. ppal.), se tiene que Jesús María Castillo y Amparo Edith Tordecilla son los padres de Beder Emilio y Leiber Jesús Castillo Tordecilla —la víctima—.

Así mismo, con las declaraciones rendidas por Reina Isabel Soto de Sánchez y Mónica Cuesta (fls. 101 y 124, cdno. ppal.) y, la sentencia mediante la que el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Montería declaró que la menor Katherine es hija extramatrimonial del señor Leiber Castillo (fls. 134 a 139, ibíd.), está acreditado que al momento de su muerte, la víctima y la señora Saudith Gómez eran compañeros permanentes, quienes procrearon a la menor Katherine.

Una vez demostrado en el proceso el parentesco que une a los demandantes con la víctima, la Sala confirmará la decisión del tribunal de condenar a la entidad demandada a pagar a cada uno de los padres, Jesús María Castillo y Amparo Edith Tordecilla, lo mismo que a la hija Katherine Castillo Gómez, la suma equivalente a 1.000 gramos de oro; a la compañera permanente Saudith del Carmen Gómez, 700 gramos de oro, y al hermano de la víctima Beder Emilio Castillo, 300 gramos de oro, como quiera que la parte actora manifiesta su conformidad sobre tales condenas, dado que ésta parte no interpuso recurso de apelación contra la providencia de primera instancia.

Así mismo, conforme a lo establecido en la providencia de fecha 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646, la Sala estableció el valor de las condenas por perjuicios morales en moneda legal colombiana y, fijó la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales para los eventos en que tales perjuicios cobran su mayor intensidad. En la demanda, se solicitaron 1.000 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes. En consecuencia, debe tenerse en cuenta que, si bien la condena máxima por los perjuicios morales es el equivalente a 100 salarios mínimos legales, no puede excederse el límite fijado por la pretensión, esto es, mil gramos de oro, para no incurrir en fallo ultra petita (CPC, art. 305).

El valor del gramo de oro a la fecha es de $ 28.445,52, por lo que mil gramos de oro equivalen a $ 28.445.520, en tanto que el valor del salario mínimo legal es $ 309.000 y, en consecuencia, 100 salarios mínimos legales equivalen a $ 30.900.000.

Lo anterior, aplicado al asunto bajo estudio, significa que la indemnización por éste concepto para cada uno de los siguientes actores: Jesús María Castillo, Amparo Edith Tordecilla y Katherine Castillo Gómez, padres e hija de la víctima respectivamente, puede calcularse en el mayor valor que la jurisprudencia reconoce, sin que exceda el valor de la pretensión (1.000 gramos de oro) y, que por lo tanto, se le reconocerá el valor de $ 28.445.520, equivalentes a 92.05 salarios mínimos legales mensuales.

Similar consideración puede predicarse respecto de la compañera permanente de la víctima, Saudith del Carmen Gómez, a cuyo favor se solicitó en la demanda la cantidad de 1.000 gramos de oro; sin embargo, como el tribunal de instancia limitó la condena por perjuicios morales a favor de dicha demandante a 700 gramos de oro y la sentencia no fue apelada por la parte actora, la Sala condenará solo por el equivalente en salarios mínimos a la fecha de esta sentencia (64.44 smlm), esto es, a $ 19.911.864.

Para los hermanos, de acuerdo con el criterio jurisprudencial antes citado, pueden reconocérseles hasta 50 salarios mínimos legales mensuales, que equivalen a $ 15.400.000, pero, como en la demanda se limitó la solicitud de estos perjuicios a 500 gramos de oro para Beder Castillo, hermano de la víctima y, el tribunal solo condenó a 300 gramos de oro a su favor, se condenará a 27.61 salarios mínimos legales mensuales, equivalentes en pesos a la fecha de esta sentencia a $ 8.533.656.

2.2. Materiales en la modalidad de lucro cesante.

En relación con los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la compañera permanente y de la hija del señor Leiber Jesús Castillo, éstos se encuentran demostrados con las declaraciones rendidas por Reina Isabel Soto de Sánchez y Mónica Cuesta (fls. 101 y 124 cdno. ppal.), quienes coinciden en afirmar la dependencia económica existente entre las demandantes y la víctima.

Por consiguiente, dada la conducencia de la indemnización reclamada por este concepto, la Sala modificará la condena proferida por el a quo, para actualizar los valores a la fecha de la presente sentencia:

No está demostrado que la víctima estuviera vinculada laboralmente al momento de su muerte, por lo que siguiendo reiterada jurisprudencia de la Corporación, se tomará como base para el cálculo de la indemnización el valor del salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $ 118.933,50 (D. 2872/94).

Esta suma ($ 118.933,50), una vez actualizada, será la base de la liquidación y de ella se restará el 25%, porcentaje que se calcula que la víctima dedicaba a su propia subsistencia.

sent00031
 

S = $ 278.443,8

S = $ 278.443,8 - 25% = $ 208.833

2.2.1. Indemnización debida o consolidada

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

sent00032
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 208.833. Suma que se dividirá en dos partes iguales, una para la compañera permanente y la otra para la hija de la víctima, a cada una de las cuales les corresponderá, por tanto, el valor de $ 104.416,5.

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la ocurrencia del hecho a la fecha de la sentencia, o fecha en la cual la hija cumpla la mayoría de edad.

Indemnizaciones para Saudith del Carmen y Katherine Gómez:

sent00033
S = $ 11.213.168,7

2.2.2. Indemnización futura para Saudith del Carmen Gómez:

Esta cubre el período comprendido entre la fecha de esta sentencia y el término de vida probable del occiso, quien era mayor que la cónyuge sobreviviente, según se desprende de los certificados de registro civil de nacimiento de cada uno de ellos (fls. 15 y 20, cdno. ppal.). En este caso, el término es de 525.88 meses, luego de la deducción del tiempo correspondiente a la indemnización consolidada.

sent00034
 

S = $ 19.784.248,4

Indemnización futura para Katherine Gómez:

Esta indemnización abarca el tiempo comprendido entre la fecha de esta sentencia y la fecha cuando cumpla la mayoría de edad —18 de enero de 2013— (fl. 21, cdno. ppal.), esto es, 122.3 meses, previa deducción del período relativo a la indemnización debida.

sent00035
 

S = $ 9.606.442,3

Resumen:

BENEFICIARIOInd. DebidaInd. FuturaTOTAL

Saudith Gómez$ 11.213.168,7$ 19.784.248,4$ 30.997.417,1

Katherine Gómez$ 11.213.168,7$ 9.606.442,3$ 20.819.611

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFÍRMANSE los ordinales PRIMERO, CUARTO y SEXTO de la sentencia recurrida, esto es, la proferida el 23 de mayo de 1997 por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

SEGUNDO: MODIFÍCANSE los ordinales SEGUNDO, TERCERO y QUINTO de la referida providencia, los cuales quedan así:

2. Como consecuencia de la declaratoria anterior, se condena a la Nación - Mindefensa - Policía Nacional, a pagar a las personas demandantes relacionadas a continuación, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las cantidades en dinero que se indican así:

Para la compañera permanente SAUDITH DEL CARMEN GÓMEZ SÁNCHEZ, la suma de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 30.997.417,1).

Para la menor hija de la víctima KATHERINE CASTILLO GÓMEZ, la suma de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($ 20.819.611).

3. Condénase igualmente a la Nación - Mindefensa - Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente en dinero que se indica para cada persona que se relaciona a continuación así:

Para JESÚS MARÍA CASTILLO VEGA padre, AMPARO EDITH TORDECILLA PEÑA, madre, y para KATHERINE CASTILLO GÓMEZ, menor hija de la víctima, la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 28.445.520), equivalentes a 92.05 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

Para SAUDITH DEL CARMEN GÓMEZ, compañera permanente, la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 19.911.864), equivalentes a 64.44 salarios mínimos legales mensuales; y para BEDER EMILIO CASTILLO TORDECILLA, hermano de la víctima, la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 8.533.656), equivalentes a 27.61 salarios mínimos legales mensuales.

5. Para dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, expídanse copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados (CPC, art. 115 y D. 359/95, art. 37).

Las sumas liquidadas generarán intereses moratorias desde la fecha de ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: REVÓCASE el ordinal SÉPTIMO de la referida providencia.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, Presidente de Sala—Jesús María Carrillo B.—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Sentencia del 17 de junio de 1998, expediente 10.650, actor: José Hernández.

2 En el mismo sentido, entre otras, las sentencias del 28 de octubre de 1993, expediente 8551 y, del 29 de junio de 1995, expediente 10203.

3 Antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional Nº 56 de abril 22 de 1991, pág. 14.

4 Antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional Nº 56 de abril 22 de 1991, pág. 14.

5 Sentencia del 18 de octubre de 2000, expediente 12.707.