Sentencia 1996-07506/13833 de febrero 26 de 2004

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 52001-23-31-000-1996-07506-01(13833)

Consejero Ponente:

Dr. German Rodríguez Villamizar

Actor: Rosa Elvira Benavides de Muñoz y otros

Demandado: Municipio de Ancuya

Referencia: Indemnizatorio

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil cuatro.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño el día 21 de mayo de 1997, mediante la cual se dispuso:

“Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda instaurada por las señoras Rosalba Elvira Benavides Vda. de Muñoz en su condición de curadora general del menor Jesús Armanado Rojas Benavides, María del Socorro Benavides, quien actúa como curadora legítima del menor José Alfredo Rojas Benavides y la señora Alba Cecilia Rivera Ortega quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijas menores María Antonia y María Alejandra Rojas Rivera por intermedio de apoderado judicial.

En consecuencia a la ejecutoria de esta providencia archívese el proceso previa desanotación en el LR:”

I. Antecedentes

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 1996, ante la Oficina Judicial de Pasto, a través de apoderado judicial las señoras Rosalba Elvira Benavides Viuda de Muñoz en representación del menor Jesús Armando Rojas Benavides; María del Socorro Benavides, en nombre del menor José Alfredo Rojas Benavides y la señora Alba Cecilia Rivera Ortega quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijas menores María Antonia y María Alejandra Rojas Rivera presentaron demanda para que se declare la responsabilidad del municipio de Ancuya, por los perjuicios morales y materiales causados por razón de la muerte de Jesús Armando Rojas Muñoz, ocurrida el día 27 de marzo de 1994, con las siguientes pretensiones.

“1. Declárese al Municipio de Ancuya (Nariño) representado por el señor Alcalde Municipal, administrativamente responsable de la muerte del señor agente de la Policía Nacional Jesús Armando Rojas Muñoz y por consiguiente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a Jesús Armanado Rojas Benavides, José Alfredo Rojas Benavides, Alba Cecilia Rivera Ortega, María Antonia y María Alejandra Rojas Rivera.

Los hechos por los cuales perdiera la vida el señor agente de la Policía Nacional Jesús Armanado Rojas Muñoz, sucedieron el día 27 de marzo de 1994, en la vía que de Ancuya (Nariño) conduce a Linares (Nariño), en el kilómetro 6 + 500 metros, al volcarse el vehículo campero Mitsubichi sin placas, modelo 1994, de propiedad del municipio de Ancuya, conducido por el señor Alcalde de esta localidad, en una evidente falla en el servicio.

Como consecuencia lógica de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares condenas:

1º. Perjuicios materiales:

1.1 Condénese al municipio de Ancuya (Nariño), a pagar la suma de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000), cantidad esta por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) que se liquidaran así; 50% a favor del hijo invalido y el otro 50% a favor de la esposa e hijos restantes del occiso, en la proporción que ha determinado la jurisprudencia, correspondiente a las sumas que el señor agente de la Policía Nacional Jesús Armando Rojas Muñoz (q.e.p.d) dejó y dejará de percibir por todo el resto de vida que le quedaba en la actividad económica a que se dedicaba al momento del insuceso y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria.

1.2. Valor perjuicios materiales.

Para la Liquidación de los perjuicios, los ingresos deberán actualizarse atendiendo la siguiente formula:...

También serán reconocidos en la estimación de los perjuicios, las mesadas correspondientes a primas, cesantías, vacaciones, o por lo menos el aumento del 25% que por este concepto ha ordenado el H. Consejo de Estado en reiteradas providencias...

Para la anterior liquidación se tomarán los siguientes valores:

Salario $ 308.017,50 mensual: $ 3.696.210.oo, anual: más el 25% prestaciones constitutivas de salario $ 4.620.262,50.

Subsidiariamente:

A falta de bases suficientes para la fijación o liquidación matemático actuarial de los perjuicios que se le deben al hijo invalido, esposa y a los hijos reclamantes del occiso, el Tribunal se servirá fijarlos, por razones de equidad, en el equivalente en pesos a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de cuatro mil (4.000) gramos de oro fino, atendiendo las voces de los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887.

2º. Perjuicios morales.

Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento de fallo, el equivalente en pesos a un mil (1.000) gramos oro fino, al precio que se encuentra el metal en la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el certificación que en tal sentido expida el Banco de la República.

3. Por intereses:

Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los que se generen a partir de la fecha de su ejecutoria de la sentencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, todo pago se imputará primero a intereses.

Se pagarán intereses comerciales desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia y transcurridos seis (6) meses los de mora.

4º. Cumplimiento de la sentencia:

El municipio de Ancuya (Nariño) dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta 830) días siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A...”

2. Los hechos.

En la demanda, se narran los siguientes:

“1º. Para el día 27 de marzo de 1994 aproximadamente a las 6 a.m, se presentó al municipio de Ancuya Nariño el señor inspector de la Vereda San Luis de ese mismo municipio, con el fin de informar que antes de llegar al empate había un joven tirado en el piso y que al parecer estaba muerto.

2. A las 7 a.m, del mismo día se presentó a las instalaciones de la Policía Nacional de Ancuya Nariño un señor quien dijo ser el padre del joven Milton López a informar que a las 12 de la noche del día 26 de marzo de 1994, tres individuos habían sacado de la casa a su hijo y posteriormente había aparecido muerto.

3. Ante el acontecimiento se trasladaron los señores agentes de la Policía Nacional Jorge Solarte Erazo y Álvaro Leyton Valencia, a la casa del señor Alcalde municipal de esa localidad a informarle lo sucedido.

4º. El señor Alcalde Municipal al percatarse de lo sucedido y estando en estado de embriaguez ya que la noche anterior había estado libando en el pueblo, ordenó inmediatamente al señor Comandante de la Estación de Policía que lo acompañara él y el resto de agentes que estaban en la estación, a hacer el levantamiento del joven Milton López.

5º. Abordaron el vehículo Mitsubichi, sin placas, modelo 1994, de propiedad del municipio de Ancuya el cual era conducido por el señor Alcalde Municipal de esa localidad Rodrigo Mauel Lagos Hidalgo y los señores agentes de la Policía Nacional Álvaro Leyton Valencia, Jorge Solarte Erazo, Jesús Armando Rojas Muñoz (q.e.p.d) y José Antonio Higera Solano.

6. Pasaron la Vereda Santa Rosa a excesiva velocidad y en zig -zag y al toparse con la curva se dio contra la pared del lado izquierdo y al tratar de controlar el vehículo se fue al abismo.

7º. En el siniestro accidente perdió la vida en forma inmediata el señor Agente de la Policía Nacional Jesús Armando Rojas Muñoz (q.e.p.d) y resultaron lesionados los agentes Álvaro Leyton Valencia y Jorge Humberto Solarte Erazo.

8º. Atendiendo el hecho generador de responsabilidad (la muerte del señor Jesús Armando Rojas Muñoz); el sujeto activo del hecho punible (El alcalde municipal de Ancuya - Nariño); la naturaleza del vehículo utilizado (oficial de propiedad del Municipio de Ancuya Nariño); los daños y perjuicios ocasionados (morales y materiales); la calidad de los actores del proceso (parientes próximos); se concluye la falla en el servicio y por consiguiente la relación de causalidad.”

3. Contestación de la demanda.

3.1. Dentro del término de fijación el apoderado del municipio demandado intervino (fls. 74 y 75), argumentando que en otro proceso tramitado ante el mismo Tribunal por los mismos hechos, se profirió sentencia denegando las pretensiones de la demanda. Que según los documentos allegados a la actuación se estableció que el municipio era el propietario del vehículo Mitsubichi que para esa época se encontraba sin placas, el cual fue utilizado por el alcalde para transportarse junto con varios agentes de la Policía Nacional al sitio donde al parecer había un cadáver.

Dijo que en el trayecto el vehículo sufrió un accidente en el cual resultó muerto el agente Jesús Armando Rojas Muñoz y heridos otros miembros de la policía, pero que las condiciones mecánicas del automotor eran buenas y que el Alcalde estaba en condiciones físicas y mentales aptas para su conducción, lo cual hizo con la debida precaución y prudencia.

Que el vehículo accidentado estaba cumpliendo el fin para el cual había sido adquirido, sin que se pueda colegir responsabilidad de la administración.

4. Llamamiento en garantía

Mediante auto de 5 de junio de 1996 (fl. 79), se admitió el llamamiento en garantía contra el señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, quien para la época de los hechos era el Alcalde Municipal de Ancuya, solicitado por el apoderado de la entidad demandada a través de escrito de 30 de mayo de 1996 (fl 76).

Mediante escrito obrante a folios 88 y 89, el llamado en garantía indicó que en el proceso No 6072 tramitado ante ese Tribunal, por los mismos hechos se profirió fallo denegatorio de las pretensiones y, que en este caso la conducta asumida por el señor Lagos Hidalgo se ajustó a los deberes y obligaciones que le correspondían como primera autoridad administrativa del municipio, más aún, cuando el alcalde cuenta con facultades de policía judicial y habían sido informados sobre un homicidio.

Afirmó que al momento del accidente el señor Lagos se encontraba en pleno uso y goce de sus capacidades físicas y psíquicas que le permitían asumir el control de la investigación y la operación del vehículo automotor oficial, el cual fue conducido con prudencia y pericia. Agregó que el campero se encontraba en perfecto estado mecánico y que el accidente se produjo por la presencia de fuerzas extrañas e irresistibles.

Manifestó que el alcalde fue exonerado por la Fiscalía Seccional del Municipio de Samaniego y dentro de la actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación.

5. Audiencia de conciliación.

Ante el a quo el 6 de marzo de 1997 se surtió el trámite propio de la audiencia de conciliación, sin que se obtuvieran resultados positivos (fl. 191).

5. La sentencia de primera instancia

5.1. El a quo, mediante sentencia de 21 de mayo de 1997 (fls. 210 a 221), negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo expuesto por esa corporación mediante sentencia de 7 de diciembre de 1995, en la cual se encontró que el alcalde municipal de Ancuya, junto con tres agentes de la Policía partieron en un vehículo oficial hacia el sitio donde al parecer había sido encontrado un cadáver, y cuando transitaban por el sitio conocido como Santa Rosa, en una curva apareció un caballo, y al tratar de esquivarlo, el vehículo rodó a un abismo aproximadamente 160 metros.

Se encontró acreditado que el automotor era de propiedad del municipio de Ancuya y que si bien se mencionó que Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo se encontraba en estado de embriaguez y se probó que la noche anterior estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, según el examen practicado por el perito médico del CTI se trata de una persona que soporta los niveles de alcohol a los que presentaba y puede presentar locuacidad, disminución de los reflejos alteraciones en la percepción, pero no estado de ebriedad o alicoramiento.

Está demostrado que el señor Lagos Hidalgo se encuentra habilitado para conducir vehículos y que el campero había sido destinado para el traslado de enfermos, campañas de salud rural y gestiones de la alcaldía, y que el conductor del mismo había sido destinado para la conducción de una volqueta.

Que según los testimonios recepcionados, la carretera era angosta, de una sola vía que estaba lloviznado, había presencia de barro, lo cual la hacía resbalosa, y que cuando transitaban aproximadamente a 35 kilómetros por hora, en una curva y en sentido contrario apareció un caballo. Al tratar de esquivarlo el conductor hizo una maniobra y posteriormente, al tratar de retomar la vía el campero rodó a un abismo.

Recordó que el alcalde se encontraba en estado de alicoramiento, más no ebrio, que conducía prudentemente con buenos reflejos y que la causa eficiente del hecho dañoso fue la presencia súbita de un semoviente y las malas condiciones reinantes en el sitio, que impiden responsabilizar a la administración municipal.

6. El recurso de apelación.

La parte actora discrepó de la decisión del tribunal, en lo siguiente (fls. 234 a 238):

Argumentó que el señor alcalde municipal Ancuya para el año 1994 conducía el vehículo en estado de alicoramiento, lo cual disminuyó sus reflejos y la pericia que requiere el manejo de vehículos, la que es considerada de alto riesgo, factor más importante para que se produjera el accidente en comento.

Considera inverosímil el argumento de que se hubiese atravesado un caballo en la vía, pues si el conductor estuviera sobrio, habría podido esquivarlo sin ningún problema. Agregó que el accidente no habría ocurrido si al interior del vehículo no fuera “un número de personas tan alto como el que llevaba en ese momento”. Considera que si transitaba a una velocidad de 35 kilómetros por hora habría podido superar al semoviente, pero no pudo hacerlo al ir en estado de alicoramiento, además, considera que por la forma en que ocurrió el accidente el vehículo debía ir excediendo la velocidad.

Manifestó que debe “acogerse la teoría de la falta o falla presunta, ya que se acreditaron a lo largo del plenario todos tales como los elementos tales como la utilización de un vehículo oficial, un funcionario oficial y la relación de la administración y el daño causado... Por último es bien sabido que la fuerza mayor, es el acontecimiento extraño, irresistible e imprevisible que exonera de responsabilidad. En el sub lite de no haberse dado las referidas circunstancias de individual y no en ejercicio de las funciones como tal, porque por expresa disposición constitucional (artículo 315 numeral 2), el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio

7. Alegatos de conclusión.

7.1. El apoderado de la parte actora al alegar de conclusión reiteró lo expuesto en la demanda y en el escrito de sustentación del recurso de apelación (presentó escrito de alegatos seguridad del Estado, ni aparece demostrado que la autoridad no hubiese actuado en forma diligente (fls. 247 a 250).

Los apoderados de la entidad demandada, del llamado en garantía y la agente del Ministerio Público guardaron silencio.

II. Consideraciones de la Sala:

Los hechos probados

En relación con los hechos de que da cuenta la demanda, obran en el expediente los siguientes medios probatorios:

1.1 Sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho en que perdió la vida el agente Rojas, en la actuación penal adelantada contra el señor Rodrigo Lagos Hidalgo, se recepcionaron las siguientes declaraciones :

1.1.1. El 4 de mayo de 1994, el agente Evert Fabian Burbano Pasuy dijo (fls 9 a 11 cdno 2):

“Resulta que el día domingo 27 de marzo de este año siendo aproximadamente las seis de la mañana se presentó el señor Inspector de la vereda San Luis de este municipio con el fin de informar que antes de llegar al empate había un muchacho que parecía estaba muerto de esto fui informado por el señor comandante de guardia a quien le ordené se le tome una versión aproximadamente a las siete de la mañana se presentó el padre del señor Milton López, a informar que siendo las doce de la noche aproximadamente tres individuos según él decía llegaron a su casa y sacaron a su hijo de nombre Milton López, y que se lo llevaron y quien manifestó que era la guerrilla a quien también se le tomó versión cuando escuchó la versión del inspector éste dijo es mi hijo minutos antes yo le ordené al finado agente Rojas quien le tocaba el servicio de plaza de mercado que tratara de averiguar sobre la persona que se decía estaba muerta y ya siendo las siete y diez de la mañana me trasladéen compañía de los agentes Solarte Eraso Jorge, y Leyton Valencia Álvaro hasta la residenciadel señor Alcalde con el fin de informarle la novedad y solicitarle los medios de transporte para dirigirme hasta el sitio El Empate cuando llegué a la casa del señor Alcalde la señora nos recibió y le pregunté por el señor Alcalde y me contestó que está durmiendo entonces yo le dije despiértelo que yo quiero hablar urgentemente con él, me hicieron seguir hasta la pieza donde duerme y le comenté la novedad él nos manifestó que lo esperáramos un momento mientras se vestía que él personalmente nos llevaba en el carro de la Alcaldía siendo aproximadamente las siete y cuentahoras abordamos el vehículo de la Alcaldía los agentes Leyton Valencia Álvaro, se ubicó en la parte de atrás afuera en la llanta de emergencia, los agentes Solarte Eraso Jorge, Rojas Muñoz Armando, Higuera Solano José Antonio en la segunda banca del vehículo el Alcalde lo conducíay yo iba a la derecha en la parte de adelanteemprendimos el viaje cuando pasadola vereda Santa Rosa hay dos semicurvas en la primera de ellas apareció un caballo a galope o sea corriendo bien abiertoosea ocupando el centro de la carretera, el señorAlcalde trató de hacerle el quite hacia la pared del lado izquierdo con el fin de evitar la colisión con el animal nuevamente trató de regresar a la vía me di cuenta que nos fuimos al abismoy nosderrumbamosy rodamos aproximadamenteunos 150 metros quedamos en la siguiente forma el suscrito al lado del vehículo,, metros más arriba me encontraba el agente Solarte, pasando un sendero al pie de un árbol de balso se encontraba el extinto agente Rojas. A ellos fue lo que primero vi cuando me levanté y traté de auxiliarlos tan pronto el vehículo y ya nos detuvimos, procedía a buscar la base del radio para informar la novedad y este estaba fuera de servicio... el vehículo era un vehículo nuevo de aproximadamente tres meses de comprado aparentementese encontraba bien ya que no soy expertoen cuestiones de mecánica y la velocidad era normal por las condiciones del terreno...el alcalde era Rodrigo Lagos y se encontraba bien y manejaba despacho (sic) porque las condiciones del terreno no le permite velocidades... para mí fue el quite que le hizo al caballo que sorpresivamente salió de la curva en todo galopeiba a colisionar contra el carro y a mi parecer al tratar de esquivar el caballo se produjo el accidente... físicamente y síquicamente nos encontrábamos bien todos ya que el agente Solarte y Leyton terminaban el primer turno, Higuera recibía el segundo turno y Rojas se encontraba de servicio en la plaza de mercado y pueden dar razón que nosotros estábamos bien es decir sin tomar ninguna bebida embriagante donde nos alimentamos que nos fuimos a tomar un tinto a ese restaurante y también Rodrigo Ortega que tuvo por aquí en el pueblo que le golpearon la camioneta de su propiedad... El tiempo estaba bueno amanecióun díabueno la condición del terreno estaba mala porque días anteriores estaba lloviendo pero si podía mirar perfectamentepor eso nos dimos cuenta que el caballo saliósorpresivamente en la curva y se iba a colisionar (sic)con el vehículo.”

Posteriormente al declarar el día 21 de junio de 1994, al ser preguntado sobre “a qué distancia del vehículo en el cual se accidentaron, perteneciente a la Alcaldía de este municipio miró al semoviente caballar que se dice se presentó en aquél día que se suscitó el incidente” manifestó (fl. 51 cdno. 2):

sobre la distancia

“...determinar la distancia es difícil porque tan pronto se presentó el caballo el señor Alcalde le sacó el quite al semoviente para no chocar...”

Y sobre la reacción del conductor indicó:

pues en ese momento para evitar la colisión con el semoviente, fue la adecuada porque si no hubiera maniobrado de esta forma hubiera colisionado conel semoviente... yo no podría decir como fue porque tan pronto se encontró con el caballo el señor conductor maniobró hacia la izquierda subiendo y allí mismo giró la dirección hacia la izquierda subiendo y allí ya nos fuimos al abismo, y en ese tiempo estaba lloviendo y la carretera estaba mala por la lluvia, y yo desconozco qué circunstancia fue para que nos derrumbamos (sic) porque eso fue cuestión de segundos para irnos a abismo...”

1.1.2 El 4 de mayo de 1994 el agente Álvaro Leyton Valencia mencionó (fls 12 y 13 cdno 2)

“... El día domingo 27 de marzo de este año personalmente recibí unas informaciones la una del señor Inspector de Policía de la vereda San Luis de este municipio, en la que decía que había un cadáver en el sitio El Empate este informe lo recibí más o menos a las siete y cuarto de la mañana del día ya referido no terminada esta diligencia llegó un señorde nombre José LeovigildoLópez, a eso de las doce de la noche, llegarontres sujetos que decían pertenecer a las FARC y le dijeron que la entregaran al hijo de nombre Milton que lo iban a llevar para una investigación, entonces como la descripciónde la vestimenta que dioal señor López, coincidía con el muertoque estaba en el punto El empate, se procedióa informar al comando de Estación, luego al señor Alcalde para que nos facilitara los medios de transporte y confirmar la información, el señor Alcalde manifestóque personalmente nos llevaba en el vehículo de la alcaldía abordamos y emprendimos camino hacia el mencionado lugar yo me hice en la parte de la llanta de repuesto para ir pendiente de cualquier movimiento extraño al llegar al sitio Santa Rosa apareció un caballo por lo que el conductor trató de esquivarlo y no alcanzó a maniobrar y se fue el carro al abismo tan pronto miré que emprendía esa ruta yo salté y me vine para acá al pueblo y di unas informaciones... todos los que viajábamos en el carro de la Alcaldía incluyendo al señor Alcalde estábamos en estado sobrio... pues a mi parecer íbamos subiendo y la carretera es mala... pues elaccidentese debió a que el conductor por esquivar el caballo que venía a galope el cual apareciórepentinamente en una curva y lo creo que por no golpiarlo (sic) al caballo... el tiempoese día si estaba buenoy había buena visibilidad y la carretera si estaba transitable lo que pasa es que es muy angosta...”

1.1.3.El día 5 de mayo de 1994, el agente Jorge Humberto Solarte Eraso (fls. 15 a 17 cdno. 2), señaló:

“..El día domingo 27 de marzo del presente año estábamos realizando el primer turno de vigilancia con el agente Leyton, al culminar el turno más o menos a las seis y treinta de la mañana se presentó el inspector de la vereda San Luis de este municipio informando que en la vía del empate había persona tirada y que no se sabía si estaba muerta o viva por lo cual se le tomó por parte del agente Leyton una versión escrita y se le informó de inmediato al comandante para que se apersonara del caso momentos después se presentó el señor Leovigildo Romo, a dar parte sobre tres tipos que el día anterior a las doce de la noche fueron a sacar al hijo al señor Milton Alfonso López y que le miraron las cicatrices que tenía en el cuello y que se lo habían llevado dando las mismas características de la misma persona que se encontraba tiradaen el punto El Empate para ir a conocerese caso nosotros fuimos donde el señor Alcalde para que nos facilitaralos mediosde transporteel dual él mismo se ofreció y dijo que lo esperámos (sic) unos diez minutos mientras se arreglaba para él mismo conducirnoshasta allá de tal modo que a las sietey treinta salimos con el señor comandante y los demás compañeros y cuandonosotros íbamosen el sitio Santa Rosa se derrumbó el carrose salió de la vía personalmente yo desconozco los motivos por los cuales nos derrumbamos yo iba en la parte de atrás yo no iba mirando cuando me desperté inconsciente escuchaba a la gente que decía que el agente Rojas estaba muerto... el señor Alcalde se encontraba en estado normal y conducíaa una velocidad prudente... desconozco totalmente que en el momento en que lo abordamos no nos percatamos de la condición del vehículo y el tipo de carro es un Mitsubichi Campero de propiedad de la Alcaldía de este lugar, vehículo nuevo... He escuchado comentarios de mi cabo que iba en la parte de adelante del carro que el accidente se debió porque el Alcalde quiso esquivar un semoviente caballar de lo cual no puedo decir si fue verdad porque no me di cuenta y como íbamos prevenidos que de pronto la guerrilla nos vaya a emboscar yo iba mirando hacia la montaña por eso no me di cuenta como fue el accidente sin o que ya sentí que nos derrumbamos...se distinguía perfectamente y la vía estaba normalmente.”

1.2. Sobre las condiciones del sitio donde se produjo el accidente, en el acta de la diligencia de inspección judicial realizada el día 5 de mayo de 1994 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ancuya (fls. 20 a 22 cdno. 2) se consignó:

“..Llegados al sitio de los hechos después de recorrer 6 kilómetros se observa que sobre la carretera que conduce de Ancuya a Linares, vereda Santa Rosa, se encuentra el lugar donde se accidentó el vehículo de la alcaldía municipal, por donde se deslizó, se puede observar un abismo de más de 100 metros de profundidad, casi en su totalidad cubierto de matorrales nativos de la región, y también se puede observar la huella dejada por el accidente; en el lugar del accidente hay una semicurva subiendo, la carretera tiene 4-50 metros de ancho que permite el acceso de automotores, también a 16 metros subiendo al sitioindicado se halla una casa habitada por la señora Rebeca Caicedo, la visibilidad sobre la vía es buena que permite identificar perfectamentecualquier objeto que se presente sobre la misma...”

1.3. Informe de accidentes de tránsito suscrito por el agente Jairo Alberto Ramírez, en el cual consta que la vía tenía un ancho de 4.40 metros que el vehículo se desplazaba desde Ancuya hacía Linares, así mismo se indicó (fls 22 y 23 cdno 2):

“...Causas probables; Código 134. Impericia en el manejo por el conductor del vehículo.

Versión conductor No 1: Subía y traté de esquivar un caballo maniobre ligeramente y nos fuimos al abismo...

Observaciones: Se solicitó mediante oficio la prueba de Alcoholemia a medicina legal, donde posteriormente haré llegar los resultados.

Anexos: Adicional información y solicitud prueba de alcoholemia”

1.4. En cuanto a las condiciones mecánicas del vehículo, en el acta de la diligencia de inspección judicial al campero de propiedad de la alcaldía, realizada el día 31 de agosto de 1994 (fls 22 y 23 cdno 2) consta:

“... tengo ante mi presencia un campero marca Mitsubichi Montero, modelo 1994, color rojo, vidrios polarizados los laterales y el de la parte de atrás, sin placas, vidrios retrovisores derecho e izquierdo, limpiabrisas, antena para radio, con radio pasacinta, radio teléfono, sus correspondientes accesorios, dos parlantes, pasacinta Pionner, radioteléfono YAESU FT-212RH... el funcionamiento de este vehículo es óptimo, ya que es un vehículo nuevo, actualmente cabinado, con fibra de vidrio la carrocería, bien de luces, frenos bien, ventilador y radiador nuevos, motor nuevo, en general todo nuevo, modelo 1994... este vehículo ha sufrido un rodamiento, se ha derrumbado en accidente, lo detecto porque la alineación del vehículo no es perfecta como cuando son nuevos y sin sufrir accidente alguno, éste se aprecia que tiene su cierta falla en la alineación lo que hace que un mecánico experto detecte la falla a simple vista, pero si no tiene experiencia no lo detecta, más no tiene vestigio de haberse rodado, todo lo demás está bien, no hay huellas de nada, porque el carro está en perfecto estado de funcionamiento ”

2. Responsabilidad Patrimonial del Estado.

De conformidad con el artículo 90 de la Conggstitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar en cada caso concreto si se configuran los elementos previstos en esta norma para que nazca el deber del Estado de reparar, esto el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado. 

En cuanto al problema jurídico, la parte actora menciona que se les causó un daño antijurídico, como consecuencia de la muerte de Jesús Armando Rojas Muñoz, ocurrida el día 27 de marzo de 1994. La Sala ha sostenido que en los casos de daños producidos en desarrollo de actividades peligrosas como lo es la conducción de vehículos, el título de imputación no es otro que el fundamentado en la actividad generadora de riesgo, en el cual el demandante debe probar la ocurrencia del hecho y su relación con la actividad peligrosa (sin que se deba valorar la conducta del demandado); el daño y un nexo causal entre éste y aquél. A su vez, el demandado puede exonerarse demostrando una causa extraña, bien sea fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero. 

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, el día 27 de marzo de 1994, el campero de marca Mitsubichi (sin placas), color rojo Montana, con número de motor 4G54KW, 9518 cayó a un abismo en el sitio denominado “El Empate”, en la vía Ancuya - Linares. La propiedad del mencionado automotor se encontraba en cabeza del municipio de Ancuya, según se prueba con la certificación expedida por el Alcalde de ese municipio el día 4 de octubre de 1996, en los siguientes términos:

“...que el municipio de Ancuya, es propietario del vehículo de marca Mitsubichi, modelo L042GNL año 1994, chasis o serie L042MO8767, motor 4G54KW.9518, color rojo Montana, clase campero...”

Al momento del accidente el vehículo era conducido por el señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, quien ostentaba la calidad de alcalde del municipio de Ancuya según se demuestra con el Decreto No 437 de 5 de agosto de 1993, proferido por el Gobernador del Departamento y el acta de posesión de fecha 9 de agosto de ese mismo año (fls. 129 a 132). Igualmente aparece acreditado que en ese instante el automotor era utilizado para llevar a un grupo de agentes de la Policía Nacional al sitio donde al parecer se encontraba el cadáver de un individuo que días antes había sido secuestrado al parecer por miembros de un grupo guerrillero.

Aunque el campero no estaba asignado directamente a la Policía Nacional, aquél fue puesto a su servicio en la mañana del día 27 de marzo de 1994 por el señor Alcalde Municipal, quien por lo demás, se ofreció a conducirlo. Tal intervención del alcalde, se encuentra De conformidad el numeral 2º del artículo 315 de la Constitución Nacional y el artículo 39 de la ley 62 de 1993 los alcaldes son jefes de policía en su respectivo municipio y les corresponde coordinar y dirigir lo relativo a la Policía local (art 40 Código Nacional de Policía). En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 ejusdem, las autoridades municipales pueden contribuir con apto logístico necesario para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Policía Nacional, dentro de las que se encuentra el deber de intervenir cuando ha ocurrido un hecho punible, además, dicho apoyo tiene fundamento en el deber de las diferentes entidades del Estado de colaborar armónicamente para la realización de sus fines (art. 113 Constitución Nacional).

Siendo así las cosas, se encuentra demostrado que el campero oficial en mención al momento del accidente se encontraba afecto al servicio de la Policía, cuyos miembros se dirigían a constatar la posible ocurrencia de un hecho punible. También se demostró que como consecuencia del volcamiento del vehículo perdió la vida el agente Jorge Armando Rojas Muñoz, quien viajaba en la parte trasera del campero.

Además de la ocurrencia del hecho y su relación con la actividad peligrosa desarrollada en ese momento (conducción de vehículo), está demostrado el daño sufrido por los demandantes quienes acreditaron su parentesco con el demandante con los documentos públicos obrantes de folios 3 a 21 del expediente, en los cuales consta que Alba Cecilia Rivera Ortega era su esposa y Jesús Armando Rojas Benavides, José Alfredo Rojas Benavides, Maria Antonia y María Alejandra Rojas Rivera, y en consecuencia, respecto de ellos se presume la aflicción moral que les causó la muerte del agente Jorge Armando Rojas Muñoz.

En cuanto a nexo causal entre la actividad peligrosa y el daño sufrido por los demandantes, debe tenerse en cuenta que tanto la entidad demandada, como el llamado en garantía alegaron la ocurrencia de una causa extraña, pues según su dicho el accidente fue ocasionado por un caballo que se atravesó en la vía y obligó al conductor del vehículo a efectuar una maniobra para esquivarlo.

De manera que corresponde a la Sala determinar si efectivamente se configura la eximente de responsabilidad alegada. Para tal fin es necesario en primer término recordar que si bien el artículo 69 del Código Civil asimila el concepto de fuerza mayor al de caso fortuito (concepción unitaria), definiéndolos como el imprevisto que no es posible resistir, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, acogiendo la concepción dualista ha diferenciado el caso fortuito de la fuerza mayor, admitiendo solamente esta última como exonerante. 

Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina(1) se entiende que la fuerza mayor debe ser: 

1) Exterior: esto es que “está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del ofensor”. 

2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho” 

3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo(2)

A su vez, el caso fortuito debe ser interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino porque proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa, puede ser desconocido y permanecer oculto, En tales condiciones, según la doctrina se confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de exención de responsabilidad.(3)

En el caso objeto de estudio, contrario a lo afirmado por la parte actora al sustentar el recurso de apelación, está demostrado con los testimonios de los agentes de la Policía que viajaban en el campero que:

a) al momento del accidente el conductor trataba de esquivar un caballo que de manera intempestiva apareció en la vía pública en un sector donde había una semicurva.

b) El vehículo era conducido a una velocidad aproximada de 35 kilómetros por hora y en forma prudente.

c) El vehículo era nuevo y se encontraba en buen estado de funcionamiento, y por el contrario, la vía no se encontraba además de ser angosta no se encontraba en buen estado, por cuanto días antes había llovido en ese sitio, 

De modo que en este caso se configuró una fuerza mayor, por cuanto la reacción asumida por el conductor fue producida por un hecho exterior (presencia de un caballo en la vía), que en momento alguno estaba determinado por la actividad del conductor; era irresistible, ya que ante la presencia del animal en la vía y la inminencia de chocar con él, a fin de evitar un accidente al señor Lagos Hidalgo no le quedaba otra alternativa que tratar de esquivarlo, sólo que las malas condiciones del terreno impidieron corregir la maniobra a efectos de encarrilarse y continuar normalmente su camino. En cuanto a la previsibilidad, ninguno de los testigos, refirió al tránsito y circulación habitual de semovientes por ese sitio, ni existían señales de tránsito que informaran sobre esa situación, a fin de exigirle al entonces alcalde que estuviera especialmente atento a esa situación y por tanto en ese momento y lugar no era posible prever su ocurrencia. 

Por lo demás, aunque en la demanda se afirmó que al momento en que el campero se accidentó el Alcalde se encontraba en estado de embriaguez, de una parte, al expediente no se allegó prueba en ese sentido y de la otra, según los testigos el señor Rodrigo Manuel Lagos se encontraba en perfectas condiciones físicas y psíquicas, además de que conducía el vehículo con total prudencia y diligencia. Es más, atendiendo a las circunstancias especiales que rodearon el hecho, e independientemente del grado de alicoramiento que tuviera el conductor, aún una persona en perfectas condiciones habría reaccionado en la misma forma que lo hizo el señor Lagos, con el fin de esquivar el animal, pues de haber chocado con él tal vez las consecuencias habrían sido más graves.

En cuanto a la glosa formulada en el sentido de que al mencionado señor Lagos Hidalgo se le había expedido la licencia meses antes del insuceso y que por tanto de esa situación podía inferirse su negligencia e impericia para la conducción de vehículos, es necesario anotar que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 18 y 19 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, la licencia de conducción es el documento público de carácter personal e intransferible expedido por la autoridad competente, en virtud de la cual se autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional, y para su expedición se requiere acreditar entre otros requisitos: la edad exigida; allegar certificado expedido por la escuela de enseñanza; demostrar aptitud física y mental para conducir, comprobada mediante examen médico y psicotécnico practicado por médicos; demostrar ante la autoridad de tránsito competente la aptitud para conducir el vehículo respectivo, así como el conocimiento de las normas vigentes sobre tránsito y seguridad vial.

Entonces, independientemente de la fecha de expedición de la licencia de conducción, se presume que quien la porta ha cumplido con los requisitos antes mencionados, y por tanto, reúne todas las condiciones y aptitudes requeridas para la conducción de automotores y por tanto no es dable predicar por aquélla situación la impericia o negligencia del conductor. Tampoco es posible sostener que el vehículo tenía sobrecupo, por cuanto se probó en el interior del campero viajaban 5 personas, y aunque en la parte exterior iba un agente, ello obedeció, según lo indicaron los testigos, a la necesidad de prestar vigilancia y poder reaccionar ante “cualquier movimiento extraño”... dado que en esa zona hay presencia guerrillera. En sentido similar se pronunció la Sala en sentencia de 16 marzo de 2000(4), al resolver un proceso que versaba sobre los mismos hechos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el día 21 de mayo de 1997, por el Tribunal Administrativo del Nariño.

2. En firme este proveído, vuelvan las diligencias al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, Presidente—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Peirano Facio. Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981. Págs. 451 a 459.

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de noviembre de 1962.

3 Ob. Cita pág 457.

4 Providencia de 16 de marzo de 2000. Accionante Martiniano Rojas y otros.

Salvamento de voto del Dr. Ricardo Hoyos Duque

No comparto la decisión mayoritaria de la Sala, por las mismas razones que expuse en mi salvamento de voto a la sentencia del 16 de marzo de 2000 (exp. No. 11.670), al decidir una controversia planteada por los mismos hechos, por otro grupo familiar.

Se afirma en la sentencia de la cual me separo:

“En el caso objeto de estudio, contrario a lo afirmado por la parte actora al sustentar el recurso de apelación, está demostrado con los testimonios de los agentes de la Policía que viajaba en el campero que:

a) Al momento de accidente el conductor trataba de esquivar un caballo que de manera intempestiva apareció en la vía pública en un sector donde había una semicurva.

b) El vehículo era conducido a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora y en forma prudente.

c) El vehículo era nuevo y se encontraba en buen estado de funcionamiento, y por el contrario, la vía no se encontraba (sic) además de ser angosta no se encontraba en buen estado, por cuanto días antes había llovido en ese sitio. 

De modo que en este caso se configuró una fuerza mayor, por cuanto la reacción asumida por el conductor fue producida por un hecho exterior (presencia de un caballo en la vía), que en momento alguno estaba determinado por la actividad del conductor; era irresistible, ya que ante la presencia del animal en la vía y la inminencia de chocar con él, a fin de evitar un accidente el señor Lagos Hidalgo no le quedaba otra alternativa, que tratar de esquivarlo, sólo que las malas condiciones del terreno impidieron corregir la maniobra a efectos de encarrilarse y continuar normalmente su camino. En cuanto a la previsibilidad, ninguno de los testigos, refirió al tránsito y circulación habitual de semovientes por ese sitio, ni existían señales de tránsito que informaran sobre esa situación, a fin de exigirle al entonces alcalde que estuviera especialmente atento a esa situación y por tanto en ese momento y lugar no era posible su ocurrencia.”

Es cierto que la fuerza mayor, en la medida en que rompe el nexo de causalidad, constituye causal de exoneración en todos los regímenes de responsabilidad. Sin embargo, otorgarle ese calificativo de fuerza mayor a la aparición, así sea repentina, de un semoviente en una carretera veredal, destapada, en relación con un vehículo que se desplazaba en subida con seis personas y por lo tanto tenía que hacerlo a baja velocidad, constituye cuando menos una ligereza.

La fuerza mayor, se ha dicho, debe reunir dos características para que tenga la virtualidad de exonerar de responsabilidad: debe ser imprevisible e irresistible (art. 1º ley 95 de 1890).

Aquí cabe preguntar si lo más previsible en una carretera veredal no es justamente la aparición de un semoviente, o equino para el caso? Claro que sí.

Adicionalmente, en las precisas condiciones en las que se desplazaba el vehículo en el que viajaba la víctima y que se describieron antes, eludir la presencia del caballo que apareció en forma repentina resultaba resistible.

Con razón ha dicho la más autorizada doctrina, que la fuerza mayor está reservada para los acaecimientos realmente insólitos y extraños al campo de las previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su propia naturaleza(1).

Así, en España el artículo 144 de la ley 13 de 1993, de contratos de las administraciones públicas, califica como supuestos de fuerza mayor los siguientes acontecimientos:

“ a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.”

También la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al referirse a las características que debe revestir un hecho para ser calificado de fuerza mayor, en sentencia del 26 de noviembre de 1999 (Exp. No. 5220) señaló:

“Así, pues, la cuestión del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos por norma general, no admite ser solucionada mediante una simple clasificación mecánica de acontecimientos apreciados en abstracto como si de algunos de ellos pudiera decirse que por sí mismo, debido a su naturaleza específica, siempre tienen tal condición, mientras que otros no. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodean el hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, reúne las características que indica el art. 1º de la Ley 95 de 1890, tarea en veces dificultosa que una arraigada tradición jurisprudencial exige abordar con severidad.

Esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unido a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer (G.J. t. XLII, pág. 54) y son, en consecuencia, los siguientes:

a) Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él. Aunque por lo demás, respecto del acontecimiento de que se trata, haya habido, como lo hay de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización, factor este último con base en el cual ha sostenido la jurisprudencia que”...cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor...” (G.J tomos LIV, página 377, y CLVIII, página 63).

b) Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente -sojuzgado por el suceso así sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito” (Las subrayas no son del original).”

Son estas las razones que me llevan a concluir que en el asunto decidido por la Sala en forma mayoritaria, ni por asomo se configura una fuerza mayor y por lo tanto, ha debido accederse a las pretensiones de la demanda.

Ricardo Hoyos Duque 

1 Cfr. Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de derecho administrativo. Madrid, edit. Civitas, 1982, 2ª. Ed. T. II, p. 351 y 352. Michel Paillet, por su parte, señala que la definición de fuerza mayor obedece a criterios bastante rigurosos (irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad) lo cual significa que raramente sea admitida como causal de exoneración. La Responsabilité administrative. Paris, Dalloz, 1996, p. 49.