Sentencia 1996-07624 de febrero 9 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-26-000-1996-07624 01 (14851)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Intervisión S.A.

Demandado: Inravisión–Consejo Nacional de Televisión

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandante, en contra de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de noviembre de 1997, pues el monto de la pretensión mayor, para la época en que fue presentada la demanda, supera el exigido para que el proceso tenga vocación de doble instancia.

2. Cuestiones previas.

2.1. Desistimiento.

Como quedó dicho, el apoderado de la parte actora solicita la nulidad de la Resolución 1 de 1991 fundado en la falta de competencia del Consejo Nacional de Televisión de Inravisión para proferirla y, en los alegatos de conclusión de esta instancia, el señor apoderado, con fundamento en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, desiste del cargo y asimismo de la pretensión principal, porque, a su juicio, la entidad actuó en ejercicio de sus competencias dado que, cuando se expidió la resolución que controvierte, el organismo que la reemplazaría, en los términos de los artículos 77 y 76 constitucionales, no había sido reglamentado por la ley.

Dispone el citado artículo 342 del estatuto procesal civil, aplicable a este juicio por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que “cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso” y que si no se refiere a la totalidad de las pretensiones, el proceso continuará respecto de lo no comprendido en él. Además, el artículo 343 ibídem restringe la facultad de desistimiento a los apoderados expresamente autorizados para hacerlo.

Ahora bien, a folio 262 de la segunda parte del cuaderno 1, obra el poder conferido por la demandante con facultad expresa para desistir y a folios 269 a 322 del mismo cuaderno, los alegatos de conclusión que, como se dijo, contienen la manifestación expresa de desistimiento. En consecuencia, se aceptará la petición en lo relativo a la pretensión principal de la demanda y se abordará el estudio del recurso de apelación únicamente en lo referente a la pretensión subsidiara. Quiere decir, entonces, que esta Sala no realizará pronunciamiento alguno sobre el cargo primero de la demanda, que trata de la falta de competencia para expedir el acto impugnado.

2.2. Excepciones.

Reprocha el señor apoderado de la parte actora, al sustentar el recurso y echa de menos en la sentencia de primera instancia, un pronunciamiento del juez a quo que resuelva las excepciones, a su parecer y del apoderado de la demandada, debidamente probadas. Cabe precisar, para el efecto que, en términos del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, no procede en segunda instancia avanzar sobre el estudio de las excepciones no resueltas en la primera, pues este pronunciamiento en sí mismo puede agravar la situación del único apelante en este caso.

3. Planteamiento del problema y análisis de los cargos.

La sociedad Intervisión S.A., a través de apoderado judicial, solicita declarar la nulidad parcial de la Resolución 1 de 1991 dictada por el Consejo Nacional de Televisión, para definir la Licitación Pública 1 de 1991 que tenía por objeto la concesión de espacios de televisión por las cadenas 1 y 2 de Inravisión, específicamente i) de la consideración expuesta en la parte final del segundo párrafo de la página cuarta de la resolución, por cuya virtud la adjudicación de espacios de opinión y de espacios de noticiero es excluyente y ii) de la parte resolutiva de la resolución que adjudica los contratos de espacios de televisión, para el período comprendido entre el 1º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1997, a los programas denominados informativo noticiero. Para, en su lugar, disponer adjudicación del contrato de concesión para espacio de noticiero la sociedad Intervisión S.A. Lo último porque la propuesta presentada por la actora reunía los requisitos legales exigidos y ostentaba un alto puntaje en el registro de empresas concesionarias de espacios de televisión.

En consecuencia, la Sala abordará previamente el análisis de los cargos relacionados con la legalidad de los criterios seguidos por el Consejo Nacional de Televisión para la adjudicación de informativos noticieros, comoquiera que, a juicio del actor, tienen que ver con el artículo 2º del Decreto 1266 de 1991 y el pliego de condiciones elaborado en cumplimiento del mismo, para luego detenerse en la consideración expuesta en la parte final del segundo párrafo de la página cuarta de la resolución, relacionada con la participación en la licitación de espacios de opinión.

3.1. Alcance de la calificación obtenida en el registro de proponentes(44). 

La sociedad demandante impetra la nulidad parcial de la Resolución 1 de 1991, porque los integrantes del Consejo Nacional de Televisión, al resolver sobre la adjudicación de espacios de noticiero, desconocieron las situaciones jurídicas derivadas de su calificación en el registro de proponentes. El apoderado de la actora hace consistir la vulneración de la situación jurídica consolidada de su representada(45) en el marco de la Licitación Pública 1 de 1995, en que el Decreto 1266 de 1991 y el pliego de condiciones fijaron un criterio de evaluación subjetiva, porque sujeta el 70% de la calificación a la discrecionalidad de los consejeros de televisión y solo el 30% de la misma al criterio objetivo derivado de la calificación en el registro de proponentes.

Efectivamente, conforme al material probatorio es dable sostener que cuando Intervisión S.A. se presentó al proceso licitatorio portaba en el registro de proponentes una calificación de 896 puntos sobre 1.000 posibles, obtenida por la evaluación de su experiencia y aspectos técnicos, económicos, operativos y contractuales; y puede afirmarse que la misma ostentaba una situación jurídica consolidada respecto del registro, dados los alcances licitatorios establecidos en los artículos 14 y 39 de la Ley 14 de 1991.

Prevé el literal j) del artículo 14(46) en cita que la reglamentación del registro de proponentes debe considerar, cuando menos, la capacidad financiera, técnica y operativa, la experiencia, el nivel profesional y el cumplimiento de normas y disposiciones contractuales anteriores de los inscritos. Y el numeral 4º del artículo 39 Ibídem(47) manda que la adjudicación se efectúe tomando en consideración, entre otros aspectos, los evaluados en el registro de proponentes, pero no solo ellos, sino también las clasificaciones de los espacios y de la programación. Estas normas distinguen, en consecuencia, la evaluación del registro de proponentes de la que, en cada caso, define la adjudicación de la propuesta.

La inscripción en el registro de proponentes, al tenor de los artículos 45 del Decreto 222 de 1983 y 1º de la Resolución 1 de 1989(48), habilitaba a quien obtuvo la inscripción, por este solo hecho, a participar en procesos licitatorios y a ver reflejada la evaluación ya obtenida en la calificación con fines de adjudicación. Aspecto este reglamentado por el Decreto 1266 de 1991, en el sentido de disponer que el 30% de la evaluación de la oferta para noticiero correspondería a lo valorado en el registro de proponentes. Previsión que, si bien le restó objetividad a la proyección, no vulneró la capacidad consolidada de los inscritos, pues el Decreto 222 de 1983 y la Ley 14 de 1991 no fijaron porcentajes, ni avanzaron sobre la incidencia de la evaluación propia del registro en el ámbito de la calificación de las ofertas.

Tampoco a la proyección de la calificación previa, prevista en el Decreto 1266 de 1991, se le puede endilgar el desconocimiento de la buena fe que ampara las relaciones entre el Estado y la sociedad demandante, en el ámbito del Proceso Licitatorio 1 de 1991, si se considera que la entidad fijó las reglas licitatorias con antelación a la apertura del proceso y las mantuvo incólumes a lo largo del mismo, hasta la adjudicación final.

Vale recordar que esta corporación, al resolver sobre la nulidad del artículo 2º del Decreto 1266 de 1991, porque al parecer de los accionantes la norma desconocía las reglas legales que fijan el alcance del registro de proponentes, distinguió dos momentos evaluatorios, el que tiene que ver con el registro y el que se sigue con fines de adjudicación. Señala la decisión:

“(...) dos son los momentos de la licitación pública a que hacen referencia las normas que se han venido mencionando: El registro de proponentes que, como lo dice el inciso segundo del artículo 44 ut supra transcrito, deberá hacerse con anterioridad a la apertura de la licitación; para la inscripción de dicho registro, deberá hacerse una previa calificación y clasificación, llamada también evaluación por el Decreto 222. De ahí la determinación del inciso final del mismo artículo 44: Una vez hecha la evaluación correspondiente, se hará la inscripción en el registro de proponentes dentro de la clase o grupo y con la calificación que resulte de dicho estudio.

Esa calificación y clasificación, como lo anota el libelista demandante, regirán para todas las propuestas que el inscrito presente, según lo establece el inciso octavo del artículo 45, ibídem. Es decir, que no se exigirá una nueva inscripción en el registro de proponentes, a no ser que se hayan vencido los términos establecidos en el inciso cuarto del mismo artículo, o sea, la vigencia de los veinticuatro meses, transcurridos los cuales, el interesado deberá presentar oportunamente los documentos que la respectiva entidad considere necesarios para conocer las calidades actuales del inscrito.

Esta calificación y clasificación (Evaluación) en nada se afecta por el Decreto 1266 de 1991, ya que éste en su artículo 20, el acusado, trata de la calificación para efectos de la adjudicación la que, constituye un aspecto diferente dentro de la licitación.

El otro momento es la adjudicación.

El artículo 33 del decreto patrón que se viene analizando, determina los criterios para la adjudicación. El artículo en forma muy clara, precisa que para hacerla, deberá haber un previo estudio del caso y un análisis comparativo y que se hará al licitador o concursante cuya propuesta se estime más favorable y esté ajustada al pliego de condiciones o términos de referencia, según el caso.

Así también, exige la norma que en esta evaluación de las propuestas, se tengan en cuenta, además de los criterios de adjudicación de que habla el literal j) del artículo 30, numeral 2º, ibídem, los cuales son tenidos en cuenta por el decreto demandado en su artículo 1º, LAS PONDERACIONES DE ESOS CRITERIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CORRESPONDIENTE, con fundamento, entre otros, los siguientes factores: el precio, el plazo, la calidad, cumplimiento en contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, organización y equipo de los oferentes (mayúsculas de la Sala).

No dice en parte alguna esta norma superior, hipotéticamente transgredida por el acto demandado, que los presupuestos para la adjudicación, los criterios para conferirla, deban ser los mismos que se dedujeron en la evaluación previa a la inscripción en el registro de proponentes y, por ende, el Decreto 1266 de 1991 no modificó condiciones ni confirió al Consejo Nacional de Televisión facultades extrañas o contrarias al ordenamiento jurídico como lo denuncia el demandante, ni tampoco pasó por alto el precepto contenido en el ordinal b) del artículo 14 de la Ley 14 de 1991 cuando advierte que el reglamento de las condiciones en que puedan utilizarse los espacios de televisión deberán estar conforme a las leyes y reglamentos superiores.

Corolario de lo hasta aquí discurrido, es la comprobación de que las normas de estirpe superior en cuya defensa fue instaurada la acción de simple nulidad, es decir, los artículos 14 de la Ley 14 de 1991 y, 33, 44 y 45 del Decreto 222 de 1983, no sufrieron agresión alguna por parte del acto demandado, y en consecuencia, no aparece violado tampoco, indirectamente el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional al comprobarse que el decreto cuestionado fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad de ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes, en este caso concreto, de la Ley 14 de 1991”(49).

Establecido que el Decreto 1266 de 1991 no desconoció la situación previamente consolidada de Intervisión S.A. respecto del registro de proponentes, el cargo de nulidad parcial de la Resolución 1 de 1991 por vulneración de los artículos 2º, 58, 83 y 84 de la Constitución Política y 8º, 44 y 45 del Decreto 222 de 1983 debe despacharse desfavorablemente.

3.2. El pliego de condiciones deberá inaplicarse.

En este proceso no se demanda la nulidad del pliego de condiciones de la Licitación Pública 1 de 1991, sin embargo, confrontando simplemente este con el numeral 2º del artículo 2º del Decreto 1266 de 1991, reglamentario de la Ley 14 de 1991, se concluye que el pliego violó abiertamente esta normatividad superior, por cuanto, lejos de aplicar factores objetivos, lo que el Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión hizo fue dotar a la proyección de la calificación que obraba en el registro de proponentes, determinante de la calificación de las propuestas para informativo noticiero con fines de adjudicación, de criterios eminentemente cualitativos y subjetivos. Indica el clausulado:

IV. El proponente

A ...

C. Documentos de la propuesta

Toda propuesta deberá contener los siguientes documentos en original y dos copias:

1 ...

7. Un audiovisual cuya duración en ningún caso podrá exceder de medio (0.5) hora, en donde se presente en forma televisiva los fines, principios y objetivos que inspiran la actividad de la programadora, la demostración de sus fines recursos técnicos y humanos para hacer producción nacional, y en general la capacidad del proponente para asumir programación en todos los caracteres y franjas para programación general y para informativo noticiero.

El audiovisual de los proponentes deberá considerar los criterios de evaluación descritos en la parte pertinente del pliego según sea para programación general o para informativo noticiero (...).

VI. Adjudicación

A. Criterios de evaluación y adjudicación

(...).

2. Evaluación de criterios.

2.1. Criterios relacionados con el contenido de la propuesta.

El contenido de a propuesta (sic) tendrá una asignación porcentual del treinta (30%) por ciento en el puntaje total del proponente de programación general. Para las propuestas de informativo noticiero, tendrá una asignación porcentual del setenta (70%) por ciento.

(...).

Así mismo, cada uno de los consejeros de televisión asignará a cada propuesta de informativo noticiero, una calificación de uno (1) a cien (100) puntos distribuidos así:

1. Concepción de los principios de imparcialidad, libertad de expresión, preeminencia de interés público sobre el privado, pluralidad de la información, de la función social de los medios de comunicación y del derecho de rectificación, con un máximo de sesenta (60) puntos.

2. Infraestructura y capacidad periodística del proponente, con un máximo de treinta (30) puntos.

3. Calidad técnica de producción, con un máximo de cinco (5) puntos.

4. Directores, secciones del informativo, presentadores y corresponsalías nacionales e internacionales, con un máximo de cinco (5) puntos.

5. Concepto, mensaje y presentación de las franjas y de cada carácter de programación, con un máximo de cuarenta (40) puntos, que se distribuyen así: diez (10) puntos a los recreativos (...)(50).

Asunto bien diferente a lo previsto en los artículos 39 de la Ley 14 de 1991, 30 y 33 del Decreto 222 de 1983 y 2º del Decreto 1266 de 1991, a cuyo tenor:

ART. 39.—Los contratos de concesión de espacios de televisión se celebrarán mediante el procedimiento de la licitación pública, contemplado en el régimen vigente de contratación administrativa, en lo que no se oponga a los términos de la presente ley. Este contrato se regirá, además, por las siguientes disposiciones:

1 ...

4. La adjudicación se efectuará tomando en consideración, entre otros, los aspectos evaluados en el registro de empresas concesionarias de espacios de televisión, la clasificación de los espacios y la clasificación de la programación, de conformidad con los literales g) y h) del artículo 14 de la presente ley —14 de 1991—.

ART. 30.—De los criterios para la adjudicación. La adjudicación deberá hacerse, previos los estudios del caso y efectuado el análisis comparativo, al licitador o concursante cuya propuesta se estime más favorable y esté ajustada al pliego de condiciones o términos de referencia, según el caso.

En la evaluación de las propuestas deberán tenerse en cuenta, en forma rigurosa, los criterios de adjudicación y las ponderaciones de esos criterios conforme a lo establecido en el pliego de condiciones correspondiente, con fundamento, entre otros, en los siguientes factores: el precio, el plazo, la calidad, cumplimiento en contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, organización y equipo de los oferentes ... (D. 222/83).

ART. 2º—Para efectos de la adjudicación, cada propuesta que reúna los requisitos mínimos señalados por la ley y el pliego de condiciones, será calificada con un puntaje total, que se obtendrá de la sumatoria de los (2) siguientes factores:

1. Un setenta por ciento (70%) del puntaje de las propuestas para programación general, corresponderá los aspectos evaluados en el “Registro de empresas concesionarias de espacios de televisión” que lleva Inravisión. Para las propuestas para la adjudicación de programas informativos-Noticieros, dichos aspectos corresponderán a un treinta (30%) de su puntaje.

Las proporciones en que se valoren los distintos aspectos evaluados en el registro serán determinadas en el pliego de condiciones, según lo que se estime más adecuado para buscar la idoneidad de los concesionarios.

2. La otra parte del puntaje corresponderá a la calidad y contenido de la propuesta. Este factor se obtendrá del promedio de las calificaciones que cada uno de los consejeros de televisión asigne a cada propuesta, y con base en los precisos factores objetivos que especifique el pliego de condiciones —se destaca—.

Siendo ello así, la Sala inaplicará el pliego de condiciones, en lo relativo a la licitación y adjudicación de programas de informativo noticiero, por razón de que los factores allí establecidos, determinantes de la calificación de la calidad y el contenido de las propuestas para estos espacios, desconocen las normas superiores que los sustentan.

3.3. La calificación de la propuesta.

No obstante que por el solo hecho de inaplicar el pliego de condiciones procede anular la resolución demandada, la Sala se pronunciará sobre su validez, con el objeto de despachar en todo caso las pretensiones de la demanda.

Demostrado que la actora no ostentaba el derecho a trasladar el puntaje del registro a la calificación de su propuesta, fuera del marco que debía fijar el pliego de condiciones, resta considerar los criterios aplicables para la calificación de las propuestas.

De acuerdo con los artículos 30 y 33 del Decreto Extraordinario 222 de 1983, aplicable por remisión de los artículos 37 y 39 de la Ley 14 de 1991, las propuestas se deben evaluar rigurosamente con los criterios establecidos en el pliego de condiciones, tales como el precio, el plazo, la calidad, el cumplimiento en contratos anteriores, la solvencia económica, la capacidad técnica y la experiencia, organización y equipo de los oferentes, todos ellos de naturaleza objetiva. En igual sentido, el Decreto 1266 de 1991 mandó que el 70% de la calificación total de las propuestas para noticiero debe corresponder a la evaluación de la calidad y el contenido “(...) con base en los precisos factores objetivos que especifique el pliego de condiciones”.

Los criterios de imparcialidad, libertad de expresión, preeminencia del interés público sobre el privado, pluralidad de la información, función social de los medios de comunicación y derecho de rectificación, a los que el pliego de condiciones asignó el mayor puntaje de la calificación de las propuestas para noticiero, son abstracciones que expresan valores cualitativos, definidos en la Ley 14 de 1991 como fines y principios que rigen la concesión del servicio público de televisión, que difícilmente se pueden cuantificar y que, por esa misma razón, otorgan un amplísimo margen de discrecionalidad a los evaluadores, como inmediatamente lo advirtió el señor Procurador General de la Nación que acompañó el proceso licitatorio y como, a la postre, se refleja en los tarjetones en que los integrantes del Consejo Nacional de Televisión plasmaron los criterios individuales de evaluación, asignando los evaluadores calificaciones muy disímiles a una misma propuesta. Se desconoce así el artículo 2º del Decreto 1266 de 1991.

3.4. Restricción para adjudicar espacios de opinión a los oferentes de programa noticiero.

En desarrollo del artículo 6º del Decreto 1266 de 1991, a cuyo tenor el Consejo Nacional de Televisión debía procurar la adjudicación de los espacios de opinión a proponentes distintos de programas noticieros, el inciso cuarto del literal b), numeral 1.1, literal A, del capítulo VI, del pliego de condiciones dispuso, en el ámbito de la Licitación Pública 1 de 1991, que “[l]os espacios para programas de carácter informativo, modalidad opinión, se adjudicarán a los proponentes distintos de informativo noticiero”. Arguye el actor que esta restricción, además de violatoria del artículo 38 de la Ley 14 de 1991, le impidió participar en el proceso de adjudicación de espacios de opinión como sí lo hizo en los espacios de noticieros; sin perjuicio de la calificación obtenida en el registro proponentes, dada su experiencia en la producción de espacios comprendidos en la restricción.

Efectivamente, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 14 de 1991 —relacionado con la adjudicación de espacios de televisión— preceptúa que “[l]as empresas concesionarias de espacios para la programación de noticieros no podrán serlo de espacios para otra clase de programas, excepto informativos y de opinión”, tal como lo afirma el actor, empero, del material probatorio allegado al plenario no se deduce la disposición de la sociedad accionante para participar en la oferta de espacios de opinión. Por el contrario, todo indica que su interés estuvo dirigido únicamente a la adjudicación de espacios de noticiero.

Frente a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada para hacer al Estado responsable patrimonialmente de los daños antijurídicos, debe establecerse, si hesitación, que estos efectivamente se produjeron. No discute esta Sala la nulidad del pliego de condiciones ya resuelta por esta corporación, pero de ello no se sigue la causación del daño que el actor endilga a la entidad accionada. Por el contrario, la realidad probatoria demuestra que la restricción derivada de dicho pliego no afectó el interés de la entidad demandante, quien concurrió al proceso licitatorio sin controvertir la legalidad del mismo, enfocada directa y exclusivamente a obtener un espacio noticioso, circunstancia que parece haber cambiado, al asistir al fracaso de sus intereses licitatorios.

Cabe preguntarse, entonces, por qué insistir en la nulidad parcial de la adjudicación de los espacios de opinión con miras a alcanzar a la postre los beneficios ofrecidos, al tiempo que se controvierte la legalidad del proceso, por haber restringido la participación.

Habiéndose establecido que el pliego de condiciones no afectó el interés de la entidad demandante para ofertar la adjudicación de un espacio de opinión, se sigue que el cargo por violación del artículo 38 de la Ley 14 de 1991 se debe despachar desfavorablemente.

4. Los perjuicios reclamados.

Establecido, como está, que el pliego de condiciones no perjudicó a la entidad demandante en su interés para ofertar la adjudicación de un espacio de opinión, corresponde a la Sala determinar si, consecuencialmente a la nulidad de la adjudicación de los espacios de informativo noticiero, procede la indemnización pedida subsidiariamente, consistente en el reconocimiento de los gastos de elaboración y presentación de la propuesta, los costos de liquidación del personal, la venta activos y las utilidades dejadas de percibir. Para el efecto, deberá considerarse, igualmente, que el pliego de condiciones no fue demandado en este proceso.

La prevalencia del ordenamiento jurídico superior exige que para la licitación y adjudicación de los programas de informativo noticiero, incluidos en la Licitación Pública 1 de 1991 de Inravisión, no se apliquen los criterios manifiestamente ilegales establecidos en el pliego de condiciones y una vez producida la nulidad del acto de adjudicación, como consecuencia de la excepción de ilegalidad, este desaparece jurídicamente del ordenamiento vigente.

Siendo imposible jurídicamente licitar y adjudicar los programas de informativo noticiero con los pliegos de condiciones que rigen la Licitación Pública 1 de 1991 adelantada por Inravisión, por ser ilegales los criterios determinantes de la calificación de las propuestas para esos espacios, se concluye que no existe la causa de los perjuicios reclamados en la pretensión subsidiaria de la demanda y, en consecuencia, no hay lugar a ordenar el reconocimiento de perjuicios como consecuencia de la nulidad del acto de adjudicación que se dispondrá en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ACEPTAR el desistimiento de la pretensión principal de la demanda fundada en la falta de competencia del Consejo Nacional de Televisión de Inravisión, para expedir la Resolución 1 de 1991 demandada, presentado por el apoderado de Intervisión S.A., con los efectos previstos en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil.

2. MODIFICAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de noviembre de 1997, así:

INAPLICAR, para efectos de esta decisión, el pliego de condiciones de la Licitación Pública 1 de 1991, adelantada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión, en los apartes relativos a los programas de informativo noticiero, concretamente, los numerales 1.a) y 3.A., A.1, del literal B del capítulo III, que tratan de la licitación de este tipo de espacios; del numeral 4º del literal C del capítulo V, en tanto prevé la garantía de seriedad de la oferta para proponentes de informativo noticiero; del numeral 3º del literal D del capítulo V, respecto de los documentos exigidos a los proponentes de informativo noticiero; de los numerales 1.2 y 2º del literal A del capítulo VI, en tanto versan sobre la adjudicación y criterios de evaluación de propuestas para informativo noticiero y el literal B, del capítulo VI, en lo relacionado con la metodología para evaluar las propuestas de informativo noticiero.

En consecuencia, DECLARAR nula la parte del artículo 1º de la Resolución 1 del 1º de agosto de 1991, expedida por el Consejo Nacional de Televisión del Instituto Nacional de Radio y Televisión, que adjudicó los programas de Informativo Noticiero en la Licitación Pública 1 de 1991, a Prego Televisión Ltda., Noticiero Veinticuatro (24) Horas S.A., Compañía de Medios de Información Ltda. CMI Televisión, N.T.C. Nacional de Televisión y Comunicaciones Ltda. NTC, Datos y Mensajes S.A., Telestudio Ltda., Programar Televisión S.A., T.V. 13 Ltda., Criptón S.A. y Globo Televisión Ltda.

3. CONFIRMAR las demás decisiones de la sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones subsidiarias de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Intervisión S.A. contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión)-Consejo Nacional de Televisión.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese y notifíquese».

(44) Al tenor de los artículos 44 y 45 del Decreto 222 de 1983 y 14 y 39 de la Ley 14 de 1991.

(45) Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “[l]a institución de los derechos adquiridos propiamente tales, solamente se aplica en el derecho privado pues en el derecho público la doctrina y la jurisprudencia consideran que es más apropiado hablar de situaciones jurídicas consolidadas” (Sentencias C-604 y C-926 de 2000, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz). Tales situaciones se consolidan cuando han jugado o se concretan a favor de una persona determinada los supuestos fácticos y normativos que las hacen nacer, momento a partir del cual solo pueden ser modificadas o desprovistas de sus efectos por las causas legalmente establecidas y a través de los respectivos procedimientos administrativos o de las concernientes acciones judiciales.

(46) “ART. 14.—Funciones. El Consejo Nacional de Televisión tendrá las siguientes funciones: a) ... j) Reglamentar el registro de empresas concesionarias de espacios de televisión, tomando en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: la capacidad financiera, la capacidad técnica, la experiencia y el nivel profesional, la capacidad operativa y el cumplimiento de normas y disposiciones contractuales anteriores”.

(47) “ART. 39.—Del contrato de concesión de espacios de televisión. Los contratos de concesión de espacios de televisión se celebrarán mediante el procedimiento de la licitación pública, contemplado en el régimen vigente de contratación administrativa, en lo que no se oponga a los términos de la presente ley. Este contrato se regirá, además, por las siguientes disposiciones: 1 ... 4. La adjudicación se efectuará tomando en consideración, entre otros, los aspectos evaluados en el registro de empresas concesionarias de espacios de televisión, la clasificación de los espacios y la clasificación de la programación, de conformidad con los literales g) y h) del artículo 14 de la presente ley”.

(48) Dispuso esta norma que “Sólo podrán licitar, ser adjudicatarios y celebrar contratos de concesión de espacios de televisión las personas naturales y jurídicas que se hallen debidamente inscritas, clasificadas y calificadas en el registro de proponentes que llevará el Instituto de Radio y Televisión-INRAVISIÓN, que se regula en la presente resolución y que se denominará ‘Registro de empresas concesionarias de espacios de televisión’”.

(49) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de septiembre 1992, Consejero Ponente Yesid Rojas Serrano, Radicación 1950.

(50) Folios 186 y siguientes del cuaderno 3 de pruebas.