Sentencia 1996-07866/14530 de noviembre 27 de 2003

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejera ponente:

Dra. María Elena Giraldo Gómez

Radicación número: 52001-23-31-000-1996-07866-01(14530)

Actor: José María Gerardo Chaves Lopez y Otros.

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Apelación Sentencia Indemnizatoria.

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil tres.

I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia proferida el día 21 de octubre de 1997 por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se dispuso “Declarar la inhibición del juzgador para pronunciar fallo de mérito que haga tránsito a cosa juzgada material” (fls. 152 a 159 cdno. ppal).

II. ANTECEDENTES PROCESALES:

A. DEMANDA:

La presentaron los señores José María Gerardo Chaves López y María Alba Reyes Martínez, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Gustavo Adolfo y Wilson Armando Chaves Reyes, mediante apoderado judicial, el día 1 de agosto de 1995 y la dirigieron frente la Nación (Fiscalía General de la Nación; fls. 1 a 9 cdno. ppal).

1. PRETENSIONES:

“1. La Fiscalía General de La Nación, es responsable civil y administrativamente de todos los perjuicios y daños, tanto morales como materiales ocasionados a mis poderdantes señores Gerardo Chaves López y María Alba Reyes Martínez, por la privación injusta de la libertad sufrida por el primero de los nombrados durante catorce (14) meses y un (1) día, en las instalaciones de la Cárcel Judicial de Pasto y por órdenes de la Fiscalía Regional de Cali-Valle.

2. Condénese a la Fiscalía General de La Nación, a pagar a los demandantes por intermedio de su apoderado, todos los daños y perjuicios tanto materiales como morales, que se causó con la detención injusta sufrida por órdenes de la Fiscalía Regional de Cali, durante catorce (14) meses y un (1) día, conforme a la siguiente liquidación:

a) Dos Millones de Pesos ($2.000.000,oo), por concepto de lucro cesante, correspondientes a los dineros que dejó de percibir mi poderdante por el cultivo de diferentes productos y la explotación del carbón de madera que se hace en la zona donde reside, desde el cuatro (4) de junio de 1993, hasta el cinco (5) de agosto de 1994.

b) Un Millón de Pesos ($1.000.000,oo) por concepto de daño emergente, originado en los gastos que tuvieron que hacer mis poderdantes y su familia, consultando abogados, pagando pasajes, estadía, vestuario y alimentación en los viajes desde su casa hasta el municipio de Buesaco y la ciudad de Pasto donde se halla ubicada la Cárcel Judicial.

c) El equivalente a tres mil (3.000) gramos oro fino, para cada uno de mis poderdantes, por concepto de perjuicios morales o “pretium dolores”, consistente en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de verse involucrado en una decisión de la Fiscalía General de la Nación totalmente injusta, e inhumana, por hechos en los cuales el señor Gerardo Chaves López, no tuvo nada que ver, máximo cuando los verdaderos responsables manifestaron que éste no había participado en la comisión del hecho punible.

d) Intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor.

e) Pago de la corrección monetaria de los valores correspondientes al daño emergente, que debe liquidarse a partir desde el momento de su privación de la libertad hasta la ejecutoria de la sentencia, gastos que pagaron mis poderdantes y sus familias.

3. La Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a l sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia” (fls.1 y 2 cdno. ppal).

2. HECHOS

“1. El señor Gerardo Chaves y la señora María Alba Reyes Martínez, contrajeron matrimonio por el rito católico, en la iglesia de la Inmaculada Concepción del municipio de Buesaco, el día 16 de enero de 1988.

2. Dentro del matrimonio nacieron los siguientes hijos legítimos: Gustavo Adolfo y Wilson Armando Reyes Martínez. Los cuales son menores de edad, han vivido y viven con sus padres.

3. Entre padres e hijos y su familia en general del anterior matrimonio, se desarrolló una extraordinaria unidad familiar y espiritual, pues se socorren mutuamente en sus necesidades y han convivido siempre bajo el mismo techo paterno, casa que está ubicada en la vereda el Granadillo en la jurisdicción del municipio de Buesaco.

4. El demandante Gerardo Chaves López es la persona que vela y siempre ha velado por su propio sustento y el de su familia, con los dineros que obtiene en las labores de la agricultura, actividad a la cual se dedica unas veces como agricultor en su pequeña parcela, como quemador de carbón o como jornalero en predios de sus vecinos.

5. El día tres (3) de junio de 1993, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, y mientras se encontraba mi mandante señor Gerardo Chaves López, con otras personas en la explotación de una carbonera que está ubicada cerca al sitio donde reside, en la vereda Granadillo de Lunas, jurisdicción del Municipio de Buesaco (Nar), agentes de la Policía Nacional lo capturaron, bajo los cargos de ser responsable de unos cultivos de amapola que se encontraban por esa región.

6. Al día siguiente de la captura, mi mandante señor Gerardo Chaves López fue sindicado de ser un cultivador y traficante de amapola, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Cali, quien una vez asumió el conocimiento de la investigación profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, la cual se hizo efectiva en la Cárcel Judicial de Pasto.

7. El afectado con la medida de aseguramiento, no tenía los recursos económicos para contratar los servicios profesionales de un abogado, para que lo asista en el proceso, sin embargo trató por todos los medios de demostrar su inocencia, no obstante la Fiscalía Regional de Cali, mantuvo la medida de aseguramiento, a todas luces injusta causándole agravio y sufrimiento al afectado y a su familia, pues su esposa e hijos de manera constante viajaban los fines de semana a visitar al señor Chaves López, para darle aliento espiritual y para saber cómo estaba, la visita siempre significó enormes sacrificios económicos, así mismo humanos, al tener que dejar semanalmente en ciertas ocasiones a algunos de los menores solos, en la casa de habitación ubicada en la vereda del Granadillo de Lunas del Municipio de Buesaco.

8. El demandante Gerardo Chaves, como cabeza de familia que es de su hogar, es el que consigue el sustento económico para toda su familia, por tal razón durante la época en que estuvo privado injustamente de su libertad, su esposa y sus hijos sufrieron mucho, pues se les dificultaba conseguir los alimentos diarios, teniendo que acudir a la generosidad de los vecinos y a los préstamos de dinero para poder sobrevivir.

9. La privación de la libertad de mi cliente, por hechos en los cuales él nada tuvo que ver, produjeron enormes daños y perjuicios morales, padeciéndolos el mismo, su esposa, sus hijos, hermanos y padres. Lesiones morales que no podrán pagarse con ninguna indemnización, pues la huella moral, social y familiar deberá seguirlos hasta su tumba, quedando tiqueteado como un delincuente y narcotraficante, calificación que para un campesino genera un profundo dolor moral.

10. La Fiscalía regional de Cali, como autoridad competente que era, instruyó el sumario, de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal Colombiano, y después de hacer diversos análisis probatorios, concluyó con una preclusión de la investigación a favor del señor Chaves López, afirmando en la decisión calificatoria, que no había prueba que indicara que los implicados y detenidos injustamente ese día 3 de junio de 1993, fueran autores del delito que es les imputaba, por ley 30 de 1986. La decisión fue consultada ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, entidad que confirmó la resolución y procedió el día 4 de agosto de 1994, a dejarlo en libertad inmediata e incondicional, cumpliéndose su libertad efectiva el día cinco (5) de agosto de 1994.

11. El Consejo de Estado, en relación con la responsabilidad de la Administración de Justicia, por privación injusta de la libertad, ha precisado que esta es eminentemente objetiva, razón por la cual es irrelevante que el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, estudie cuál fue la conducta del Fiscal en el presente asunto. De igual manera no se ha presentado en los hechos que terminaron privando de la libertad a Gerardo Chaves López culpa de éste o fuerza mayor que exima la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Razón por la cual solo debe limitarse a ordenar el pago de la indemnización por la injusta privación de la libertad.

El caso presente es efectivamente uno de los que consagra el art. 414 del Código de Procedimiento Penal, que general responsabilidad de la entidad que ha ordenado la injusta privación de la libertad” (fls. 3 a 5 cdno. ppal.).

B. TRÁMITE PROCESAL:

1. El Tribunal admitió la demanda por auto de 9 de agosto de 1996, en el cual ordenó notificar personalmente al Ministerio Público y al representante legal de la entidad demandada, a través de la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño - Putumayo, Pasto (fls. 49 y 50 cdno. ppal).

2. En la contestación de la demanda, la Fiscalía General de la Nación, frente a los hechos, se atuvo a lo que de ellos resulte probado en el proceso y que correspondan a una falla de la Administración. Se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que la entidad actuó conforme a sus obligaciones constitucionales y legales; transcribió dos párrafos de dos sentencias del Consejo de Estado, en el sentido de que la absolución penal no implica, por sí misma ni automáticamente, la responsabilidad de la Administración; igualmente citó la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional según la cual el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales. Con base en ello afirmó que “la actuación de la Fiscalía, antes de ser censurable, fue loable porque gracias a ella el actor salió avante en esa investigación demostrando su inocencia en los hechos que le endilga la Policía Nacional de infractor de la ley 30 como cultivador y traficante de amapola”.

Manifestó que “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, propongo como excepciones la genérica, las que se desprenden de los hechos, de las pruebas y las normas legales pertinentes” (fls. 57 a 62 y 75 a 80 cdno. ppal).

3. Luego, se decretó la práctica de pruebas el día 12 de diciembre de 1996 y vencido el término probatorio se citó a las partes a audiencia de conciliación para el día 23 de julio de 1997, la cual se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio de la parte demandada; en consecuencia el 15 de agosto de 1997 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión (fls. 92 y 93, 112, 117, 178 y 123 cdno. ppal).

a. La parte demandante adujo haberse probado la privación de la libertad de Chaves López por 14 meses y un día, bajo los cargos de ser cultivador de amapola; que la Fiscalía Regional de Cali asumió el asunto al día siguiente de la captura; pero después concluyó que José Chaves no era el autor del ilícito, decisión confirmada por el superior, evento que encuadra en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, suficiente para derivar responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación (fls. 125 a 127 cdno. ppal).

b. La Fiscalía General de la Nación recordó el artículo 4º de la Constitución Política y agregó que la norma legal vigente para la presentación de la demanda era la ley 270 de 1996, según la cual el representante de la Nación (Rama Judicial) en actuaciones judiciales es el Director Ejecutivo de la Administración Judicial; que el Fiscal General de la Nación representaba a la Fiscalía pero en asuntos administrativos y contractuales, pero como parte de la Rama Judicial, la representación la tenía el Director citado; que como la Fiscalía General de la Nación no tiene personería jurídica, no podía ser demandada, debiendo demandarse a la Nación (Consejo Superior de la Judicatura - Fiscalía General de la Nación); que “en consecuencia, por falta de capacidad de la demandada Únicamente Fiscalía General de la Nación) esa colegiatura deberá dictar sentencia inhibitoria”.

Frente a la responsabilidad endilgada a la Nación (Fiscalía), advirtió que debe tenerse presente lo consignado en el numeral 10º del acápite de hechos de la demanda en el cual se afirmó que la Fiscalía Regional de Cali instruyó el sumario, acorde con la norma procesal penal, y después de hacer diversos análisis probatorios, precluyó la investigación a favor del actor, por carencia de pruebas, pero no por las circunstancias consignadas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal (fls. 134 a 137 cdno. ppal.).

c. El Ministerio Público consideró que José María Gerardo Chaves López no fue privado injustamente de su libertad, pues fue encontrado contiguo a los cultivos de amapola, lo que constituía un indicio grave de responsabilidad en su contra; que la detención preventiva es la única medida que podía dictarse tratándose de delitos consagrados en la ley 30 de 1986, y que “de todas maneras el demandante sí cometió un delito de encubrimiento en relación con el cultivo de amapola”.

Sobre lo que denomina “ilegitimidad de personería por pasiva” planteada por la Nación (Fiscalía), consideró que el numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996 dispuso como función del Director Ejecutivo de Administración Judicial “Representar a la Nación-Rama Judicial, en los procesos judiciales (…)” y al no haberse demandado así, la demanda es inepta, pues la Fiscalía no tiene personería, en tanto que es parte de la Rama Jurisdiccional. En consecuencia, solicitó que el Tribunal se inhiba de fallar en el fondo, y en el evento que no se atienda esa solicitud, consideró que deben negarse las pretensiones de la demanda (fls. 139 a 148 cdno. ppal).

C. SENTENCIA APELADA

Analizó el tema de la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser demandada; estimó que “(…) el Estado debe ser defendido y en especial el ente llamado a responder y no otro, y para que ello se logre es preciso dirigir la acción en debida forma”. No cabe duda, prosiguió, que la Fiscalía General de la Nación carece de capacidad para ser parte, ya que estando adscrita a la Rama Jurisdiccional, debió demandarse a la Nación – Rama Jurisdiccional, representada por el señor Director Ejecutivo de Administración Jurisdiccional; que el Fiscal General de la Nación es el representante legal de la Fiscalía en asuntos administrativos y contractuales, pero no lo es para defender los intereses de esa misma entidad en materia judicial. Y con fundamento en todo ello resolvió “declarar la inhibición del juzgador para pronunciar fallo de mérito que haga tránsito a cosa juzgada” (fls. 152 a 159).

D. RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, la parte actora solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Argumentó que según el artículo 249 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación tiene autonomía administrativa y presupuestal, lo cual fue ratificado por el artículo 28 de la ley 270 de 1996; que el artículo 22 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, contenido en el Decreto Ley 2.699 de 1991, expresa que “El Fiscal General de la Nación tendrá la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público así como frente a los particulares (...)”. Y por todo esto no puede afirmarse que la Fiscalía General no tiene capacidad jurídica para ser parte en este asunto “todo lo contrario lo que le sobra es capacidad legal”.

Para concluir, puso de presente que en el asunto 5915 que se adelantó ante el mismo Tribunal, en el cual se solicitaba el pago de perjuicios por una privación injusta de la libertad y en el que se demandó a la Nación (Ministerio de Justicia), en el fallo se manifestó que la Nación no tenía obligación de responder por cuanto era la Fiscalía General de la Nación la obligada, ya que tenía autonomía administrativa y presupuestal; con ese argumento se dijo que “el actor debía demandar a la Fiscalía General de la Nación”, contradicción que solicita sea corregida por el Consejo de Estado (fls. 163 a 165 cdno. ppal).

E. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA:

El recurso se admitió el día 12 de febrero de 1998 y luego, el 11 de marzo siguiente se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión; ninguno de los sujetos procesales allegó escrito final (fls. 172, 174 y 176 cdno. ppal).

III. CONSIDERACIONES:

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el día 21 de octubre de 1997, mediante la cual se inhibió de pronunciar fallo de mérito por lo que denominó “inepta demanda por ilegitimidad de personería” de la demandada.

El estudio del recurso se hará en los siguientes acápites:

A. ¿Ilegitimidad de Personería del Demandado?

De entrada, el Consejo de Estado advierte, fácilmente, que lo adoptado por el A Quo como ineptitud de la demanda no lo constituye, pues la indebida representación atañe con un hecho que, de ser cierto, sería constitutivo pero de nulidad procesal saneable. Basta examinar el Código de Procedimiento Civil para corroborar tal acerto: su artículo 140 indica que la indebida representación es una de las causales procesales de nulidad (num. 7º), la cual además es saneable (144 ibídem). En efecto:

El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo., contenido en el texto original del Decreto Ley 01 de 1º de marzo de 1984, dispuso que “el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la Rama Jurisdiccional”.

Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, 7 de julio, previó el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia (art. 228),

• Posteriormente el Decreto Ley 2.652 de 25 de noviembre de 1991 le asignó al Director Nacional de Administración Judicial la función de “llevar la representación jurídica de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura” (art. 15, num. 4º).

En la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Nº. 270 de 7 de marzo 1996, se asignó al Director Ejecutivo de Administración Judicial la representación de la Nación —Rama Judicial— (art. 99, num. 8º).

La demanda fue presentada en vigencia de la Constitución de 1991, el 1º de agosto de 1995; que se admitió el día 9 siguiente, momento para el cual la Fiscalía General contaba con capacidad adjetiva y procesal. En efecto:

La Constitución de 1991 previó en el “Artículo 249. (...). La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”; y estableció, en los artículos 5 y 27 transitorios, que cuando se expidieran los decretos extraordinarios que organizaran dicha entidad entraría a funcionar.

Por lo tanto el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 2.699 de 30 de noviembre de 1991 por medio del cual expidió el Estatuto Orgánico de dicha entidad, del cual se evidencia que la Fiscalía General de la Nación cuenta con capacidad adjetiva, sustantiva y procesal para desempeñarse; así:

“ART 1º. La Fiscalía General de la Nación, forma parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal. Está integrada por el Fiscal general de la Nación quien la dirigirá, los Fiscales Delegados, funcionarios y empleados de la Fiscalía.

“ART. 22. El Fiscal General de la Nación tendrá la representación de la entidad frente a las autoridades del Poder Público así como frente a los particulares y cumplirá las siguientes funciones.

16. Suscribir, como representante legal de la Fiscalía General, los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la misma.

“ART. 27. La Oficina Jurídica tendrá las siguientes funciones:

1. Representar a la Fiscalía mediante poder conferido por el Fiscal General en los procesos en que ésta sea demandada.”.

“ART. 187. La Fiscalía General de la Nación se subroga en todos los derechos y obligaciones que tengan las entidades que se incorporan a ella”.

Basta concluir que con base en la Carta Política de 1991 y el citado Decreto Ley que la representación judicial de la Nación - Fiscalía General de la Nación corresponde al Fiscal General de la Nación y por lo tanto cabe concluir que no se presenta hecho respecto del cual deba dictarse, necesariamente, fallo inhibitorio, porque a más de que este tipo de sentencia debe evitarse a términos del artículo 37 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, la indebida representación, si es que existiera, es causal de nulidad procesal (art. 140, 7 ibídem) que se sanea cuando “la persona indebidamente representada (...) actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente” (art. 144 ib). En este caso no solo la Nación (Fiscalía general de la Nación) fue debidamente representada sino además que el hecho que propuso como excepción y que es en verdad, de existir, hecho constitutivo de nulidad procesal saneable, fue alegado después de que contestó la demanda (primera actuación dentro del proceso) como fue la de alegatos en primera instancia.

B. Responsabilidad Patrimonial del Estado Derivada de La Privación de La Libertad

1. Consideración preliminar:

La responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades encargadas de administrar justicia se derivó en vigencia de la Constitución Política de 1886, de lo dispuesto en el artículo 16 según el cual “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares”

Posteriormente, en la Constitución de 1991 quedó ese tipo de responsabilidad y cualquiera otro quedó definida en el artículo 90, que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas.

Luego en consonancia con la última y precitada norma constitucional, la ley 270 de 7 de marzo 1996, reguló ampliamente la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados “por la acción o la omisión de sus agentes judiciales” y estableció que esa responsabilidad se daría o por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, o por el error jurisdiccional y la privación injusta de la libertad (arts. 65 a 69).

Cabe resaltar que singularmente, en este caso, los hechos demandados según la demanda ocurrieron entre el 3 de junio de 1993 y el 5 de agosto de 1994, y que la norma jurídica aplicable es la Constitución de 1991; se precisa que posteriormente a esos hechos de expidió la ley Estatutaria de Administración de Justicia. En claro esas situaciones se hará referencia a los derechos subjetivos cuya garantía la parte demandante invocó en la demanda, la regulación legal de la detención preventiva para el momento de ocurrencia de los hechos alegados y los supuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado fundados en esta circunstancia.

2. Derecho a la libertad:

En la Carta Fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó así:

“ART. 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas; así:

•En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la ley 74 de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

•En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la ley 16 de 1972 que prescribe: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. Este tema no es nuevo en la jurisprudencia; en tal sentido la Corte Constitucional ha dicho:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas’”(1).

3. Presunción de inocencia:

Es de categoría constitucional, por virtud del cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(2).

Estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley:

•Ley No 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (Subrayado fuera del texto original).

•Ley No. 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8º dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...”

•Decreto Ley Nº. 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”.

En la Constitución de 1991 se consagró en el inciso 4 del artículo 29: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

Luego, el legislador extraordinario en el Decreto Ley 2.700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contiene el Código de Procedimiento Penal, expresa en el artículo 2º que: “En desarrollo de las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración definitiva sobre su responsabilidad.” El precitado Decreto Ley entró en vigencia el día 1º de julio de 1992, según términos del artículo 1º transitorio(3), para el caso, antes de la detención preventiva a la que alude la demanda.

4. Detención preventiva en la ley penal:

Constituye una medida de aseguramiento, entre otras, por virtud de la cual la ley permite la limitación del derecho a la libertad de la persona sindicada “en aras de la persecución y prevención del delito confiadas a la autoridad”, que garantiza “el juzgamiento y penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras cosas para asegurar la comparecencia del acusado al proceso”(4) e impide “al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción”(5).

Tiene respaldo en las siguientes fuentes jurídicas:

Bajo la Constitución de1991 el artículo 28, atrás citado textualmente, prevé la detención preventiva en determinadas y estrictas condiciones.

El legislador extraordinario en el decreto 2.700 de noviembre 30 de 1991 dispuso:

“ART. 397. La detención preventiva procede en los siguientes casos:

. Para todos los delitos de competencia de jueces regionales.

2º. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años.

3º. En los siguientes delitos:

• Cohecho propio (artículo 141);

• Cohecho impropio (artículo 142);

• Enriquecimiento ilícito (artículo 148);

• Prevaricato por acción (artículo 149);

• Receptación (art. 177);

• Fuga de presos (art.178);

• Favorecimiento de la fuga (art. 179);

• Fraude procesal (art. 182);

• Incendio (art. 189);

• Provocación de inundación o derrumbe (art. 191);

• Siniestro o daño de nave (art. 193);

• Pánico (art. 194);

• Falsificación de moneda nacional o extranjera (art. 207);

• Tráfico de moneda falsificada (art. 208);

• Emisiones ilegales (art. 209);

• Acaparamiento (art. 229);

• Especulación (art. 230);

• Pánico económico (art. 232);

• Ilícita explotación comercial (art. 233);

• Privación ilegal de libertad (art. 272);

• Constreñimiento para delinquir (art. 277);

• Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (art. 278);

• Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (art. 303);

• Lesiones personales con deformidad (art. 333);

• Lesiones personales con perturbación funcional (art. 334);

• Lesiones personales con perturbación psíquica (art. 335);

• Lesiones personales con pérdida anatómica (art. 336);

• Hurto agravado (art. 351);

• Los contemplados en el Decreto 1730 de 1991.

4º. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión.

5º. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

6º. Cuando el sindicado, injustificadamente no otorgue la caución prendaria o juratoria dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que la imponga o del que resuelva el recurso de reposición o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere prestado.

7º. En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335, 336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho”.

Respecto de la naturaleza excepcional de la detención preventiva y las condiciones necesarias para su procedencia resulta ilustrativo tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional

• “Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la investigación —complejidad respecto a los hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc.—, la conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia”(6).

• “La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal”(7).

• “El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no está en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales…”(8).

La secuencia normativa y la jurisprudencia indicada muestran que el derecho positivo Colombiano consagró y consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental no absoluto, limitado a ciertas condiciones y supuestos o constitucionales o legales; que una de las particulares restricciones a tal derecho es la detención preventiva que tiene carácter excepcional y está condicionada a supuestos también legales fundamentados en la efectividad de la presunción de inocencia.

5. Supuestos para la configuración de responsabilidad por detención preventiva: La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el Decreto Ley 2.100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”. El contenido de esa norma es la siguiente:

“ART. 414. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.”

a. La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias:

— Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada(9).

— Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final (…) no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención” (10).

— Sentencia del 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; se dijo:

“En relación con la responsabilidad de la administración por Privacion Injusta de La Libertad, la Sala desea hacer las siguientes precisiones, por la vía jurisprudencial, a saber:

a) Ella toma apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional y en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y se ubica en el ámbito de la responsabilidad directa del Estado por error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, y previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso, o como lo ha dicho la Corte Constitucional Italiana: ‘Todo procedimiento judicial que prive a la persona de uno de sus derechos fundamentales y que luego sea considerado erróneo’ (Sent. núm. 12 de 2 de febrero de 1978).

b) El error judicial puede responder a una errónea apreciación de los hechos, o a una desfasada subsunción de la realidad fáctica en la hipótesis normativa, o a una grosera utilización de la normatividad jurídica, en el caso sometido a consideración del juez.

c) El error de hecho, por sí solo, jamás será determinante de la responsabilidad administrativa, pues como lo enseña bien el Profesor Guido Santiago Tawil, ‘(…) cualquiera que sea el vicio determinante de la resolución, el error judicial no estará en los hechos o en las pruebas, en sí mismos considerados, sino en el Modo de Subsumir a éstos en el ordenamiento jurídico, cuya aplicación en cada caso resulte obligada’ (La Responsabilidad del Estado y de los Magistrados y Funcionarios Judiciales por Mal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Depalma, p. 54).

d) La responsabilidad de la Administración, dentro del ámbito que se estudia, no opera sólo en los casos contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues la Constitución Nacional ordena reparar el daño que se genere por una conducta antijurídica de ella. Con esto se quiere significar que el error judicial se debe reparar, no sólo en los casos de una Injusta Privacion de La Libertad, sino en todos los eventos en que se demuestre, con fuerza de convicción, la existencia de una manifiesta equivocación. (...)

e) Además de la existencia del error judicial, en el pronunciamiento judicial, debe probarse la existencia de Un Daño Fisico o Moral, evaluable económicamente, y una relación de causalidad entre el error y el daño indemnizable.

f) Condictio sine qua non para que se pueda declarar la responsabilidad de la Administración es la de que no se registre una Actitud Dolosa o Culposa por Parte del Sindicado o de Los Damnificados. (...).

g) La reparación por el daño causado debe ser integral, esto es, se debe indemnizar tanto el daño emergente, como el lucro cesante y el daño moral. Ni la Constitución Nacional ni ley alguna han puesto limitaciones en este particular.”(11)

—Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”(12).

—Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996(13); indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”.

b. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención.

La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del Decreto Ley 2.700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias:

—Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994(14):

“el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. consagra una acción indemnizatoria en contra del Estado y a favor de quien ha sido privado injustamente de la libertad, cuando sea exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible. Como en el sub iudice se determinó la inexistencia de hecho punible, el actor tiene derecho a reclamar del estado colombiano, una indemnización por los perjuicios sufridos. Este artículo 414 es fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, sólo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas.”

—Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996(15):

“Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no requiere la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduce en la demostración de que dicha providencia estuvo ajustada a la ley (...).

Por las mismas consideraciones, en estos casos tampoco puede exigirse al demandante, como requisito de procedibilidad de su pretensión indemnizatoria que haya interpuesto los recursos legales contra la providencia que ordenó la detención; y este es el motivo por el cual, a juicio de la Sala, la ley 270 de 1996 al enunciar los presupuestos de la responsabilidad estatal por error judicial dentro de los cuales se encuentra el de que el afectado haya interpuesto los recursos de ley, exceptúa los casos de privación de la libertad, disponiendo que en dichos eventos no es necesario el cumplimiento de tal requisito”.

—Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001(16):

“No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”. (Subrayado la Sala)”.

c. Posición actual de la Sala y respecto del artículo 414 del Código de Procedimeinto Penal, exclusivamente, por cuanto los hechos demandados ocurrieron bajo su vigencia: Se reitera lo dicho en la Sentencia precitada, de 27 de septiembre de 2001, porque se considera que en esos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto 1) o porque la detención resultó injusta o 2) porque fue exonerado por sentencia absolutoria definitiva debido: o a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible. Al respecto no queda duda, pues así lo indica el artículo 414 que nuevamente se cita.

“ART. 414. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria degfinitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.” (Destacado con negrilla por fuera del texto original).

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 de nuestra Constitución Política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal y posteriormente liberado mediante providencia judicial en la que se resuelve desvincularlo del proceso penal, los daños que demuestre y que deriven de la detención deben serle indemnizados, toda vez que no estaba en el deber de soportarlos. 

Dicho en otras palabras, cuando una persona es privada de la libertad por virtud de decisión de autoridad y luego puesta en libertad por la misma autoridad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, ya sea porque el hecho imputado no existió, o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, este daño es indiscutiblemente antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

No es necesario, generalmente, demostrar la existencia de una decisión errónea; conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que una providencia judicial proferida conforme a la ley que prevé y regula la detención preventiva, puede causar un daño antijurídico cuando en el curso de la investigación penal no se desvirtúa la presunción de inocencia del sindicado que, en cumplimiento de dicha providencia, ha sido privado de la libertad. 

Se precisa igualmente que no es de recibo el argumento, aducido por la Nación (Fiscalía General de la Nación), según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la convención de derechos humanos y en nuestra carta magna, en particular el in dubio pro reo. Al efecto cabe tener en cuenta que la Sala consideró, en sentencia proferida el día 18 de septiembre de 1997 que: “No puede aceptarse que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad, se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento”(17).

Nótese que descomponiendo el contenido de dicha norma se advierten dos situaciones para la indemnización de los daños padecidos por las personas que han sido detenidas; así:

• Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios; y

•Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal e incluso es enjuiciado hay lugar a la indemnización cuando se prueba o que fue injustamente privado de la libertad, o porque fue exonerado por sentencia absolutoria definitiva o por su equivalente en alguno de los eventos anotados. El estudio anterior sobre el sentido del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal muestra que la responsabilidad patrimonial del Estado procede cuando, se recaba, demostrado el daño, se cumplen además los siguientes supuestos:

1. O cuando una persona ha sido privada injustamente de la libertad.

2. O cuando ha sido exonerada por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, en este último caso cuando se dé alguno de los siguientes eventos:

• porque el hecho no existió,

• porque el sindicado no lo cometió, o

• porque la conducta no constituía hecho punible.

Partiendo del principio de legalidad analizado y de la interpretación de la jurisprudencia se analizarán los hechos demandados y los medios de convicción que existen al respecto para definir el recurso único, interpuesto por el demandante contra la decisión inhibitoria.

C. CASO PARTICULAR:

Los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad del Estado por los daños materiales y morales que, afirman, les fueron causados con la privación de la libertad de que fue objeto el señor José María Gerardo Chaves López, la cual se dio entre los días 3 de junio de 1993 y 5 de agosto de 1994.

1. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA DECISIÓN:

En el juicio están contenidas las diligencias y las actuaciones adelantadas contra el señor Chaves López por la jurisdicción de orden público y por la Fiscalía General de la Nación, cuales fueron trasladas a solicitud de ambas partes.

a. el día 3 de junio de 1993 josé maría chaves lópez fue retenido por miembros de la policía nacional; fue capturado junto con 9 personas y puesto a disposición del fiscal regional de nariño por el comandante de la estación de buesaco el día 4 de junio de 1993. en el correspondiente informe se afirma que “fueron retenidos en la vereda la esperanza (…) donde fueron incautados y decomisados las sustancias y elementos mencionados en las respectivas actas, como también se encontró un cultivo de 200.000 mil matas de amapola entre pequeña y en edad de producción de la sustancia látex, base principal para procesar heroína” al informe se anexaron: tres tarros que contienen sustancia látex, acta de incautación de la sustancia, la semilla y el cultivo de amapola, acta de decomiso de un dinero, acta de destrucción de 200.000 matas de amapola, acta de pesaje y reconocimiento de los elementos y sustancias incautadas y $114.350 en diferentes denominaciones (fls. 1 a 9 cdno. 1); y también se allegaron tres actas, a saber:

— De incautación de una sustancia estupefaciente látex y una semilla de amapola, en la que se lee:

“Sustancia IncautadaCantidad

Tarros de cola granulada con látex3 400 gramos aprox.

Semilla seca de amapola1½ libras

Semilla de amapola en flor para secar2 sacas 42 libras

Matas de amapola pequeña y en producción200.000 4 hectáreas

(…)

A quien se les incautó la sustancia y semilla 

Libardo sánchez Ortiz—Silvio Humberto Sánchez Ortiz

—De decomiso de un dinero en efectivo, en la cual se describió:

Elementos de comisadosCantidad

57 billetes de $2.000 cada uno$ 114.000

1 billete de $200$ 200

1 billete de $100$ 100

2 monedas de veinte pesos$ 40

1 moneda de diez pesos$ 10

Total$114.350

a quien se les decomisó el dinero: 

Libardo Sánchez Ortiz Flor Martínez Armero” (resaltado fuera del texto original, fls 4 y 5).

— De destrucción de 200.000 matas de amapola localizadas propiedad del señor Gilberto Arturo Chaves López”, en la cual se hizo firmar a todos los retenidos; a José Chaves López lo anunciaron como “familiar” del propietario del terreno (fls. 6 y 7).

b. El día 4 de junio de 1993 la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Departamento de Policía Nariño profirió auto mediante el cual avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó comunicar a las Fiscalías Regionales de Pasto y de Cali practicar algunas pruebas, entre ellas una inspección judicial (fl. 10 cdno. 1).

c. El día 7 de junio de 1993 la Fiscalía Regional de Pasto declaró abierta la instrucción, ordenó vincular a los retenidos y dispuso remitir al jefe de la secretaría común las piezas originales para que sean asignadas a un fiscal de la unidad de ley 30 de 1986 quien definirá la situación jurídica (fl. 29 cdno. 1).

d. El mismo 7 de junio, la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de Pasto, Departamento de Policía Nariño, realizó “diligencia de inspección judicial, toma de muestras y destrucción de semillas y sustancias incautadas”, en presencia de los retenidos y su defensor. En la diligencia se designó a un agente de la SIJIN como perito, quien: (1) al analizar las plantas puestas a su disposición consideró que se trataba de amapola y que algunas de ellas tenían incisiones a través de las cuales se extrae una sustancia blanca que al ser expuesta al sol se torna color miel conocido como ‘látex’; (2) al analizar la sustancia contenida en tres recipientes o ‘tarros’ afirmó que se trata de látex extraído del fruto de las plantas de amapola con un peso neto total de 945 gramos; (3) al analizar el contenido de dos ‘sacas’ concluyó que se trata de frutos de amapola en proceso de disección para obtener la semilla, con un peso neto total de 21 kilos 460 gramos; (4) al analizar una bolsa de tela, dictaminó que en su interior había 700 gramos de semillas de amapola. Dejó constancia que no se utilizaron reactivos por carecer de ellos, pero que por su experiencia y en honor la verdad, rindió el dictamen que se le pidió (fls. 33 a 35 cdno. 1).

e. El día 8 de junio de 1993 la Fiscalía Regional de Pasto escuchó en ratificación a Portella Rojas Jorge Enrique, comandante de la estación de Buesaco y quien rindió el informe; de su versión, se destaca: “A los trabajadores tenían herramientas de trabajo como machete que cada uno portaba y no se está diciendo que ellos se encontraban dedicados a la actividad de extracción del látex en ese momento, pero que se encontraban dentro del cultivo de amapola y que ellos conocían que eso es ilícito” (fls. 89 a 91. cdno. 1).

f. El día 9 de junio de 1993 José María fue oído en indagatoria, de la cual la Sala destaca lo siguiente:

“El día jueves me encontraba amontonando madera en horas de la mañana donde el señor Libardo Sánchez en el punto de la esperanza, (…), el domingo nos miramos en una gallera de Granadillo de Chaves y ahí me contrató me dijo que vaya a ganar arrumándole madera, me ofreció pagarme a $1.000 diarios y yo acepté porque en las demás partes se paga $600 no más, este Libardo también me dijo que era en las propiedades de Gilberto Chaves que había arrendado esos terrenos que los había arrendado a este mismo Gilberto Chaves , me contrató toda la semana de lunes a sábado pero como ya se produjo la captura el día jueves entonces no se pudo terminar de trabajar, no me quedaba descansando o durmiendo en el rancho que ellos ocupaban puesto que terminaba de trabajar a las cuatro de la tarde y regresaba a mi casa a mirar mis niños, unos días trabajé con unos trabajadores y otros días con otros, (…) eran seis carboneras, era la primera vez que trabajaba en las carboneras (…) Preguntado: Por qué será que se informe que el número de matas incautas superan las 200.000 en cambio Ud dice que son de 400 a 500 en qué radica esta diferencia?. Contesto: Era rala, rala, una manchita no más estaba tupida, entonces que van a caber ese número que dicen los policías, las carboneras estaban unas sacándolas, otras quemándose y otras engavillándose para quemar, entonces fue una sola que encontraron con esa mata. (…)Contesto: Yo estuve trabajando en un hueco entonces no pude mirar y no se si alguien estaría en ese trabajo, es que las matas de amapola las miré cuando bajábamos y cuando estaba trabajando no las podía mirar porque el cultivo queda en un hueco. (…) Desde que llegaba a las 8 hasta las 4 estaba en las carboneras, a los ranchos porque son dos pequeñitos no entrábamos, el almuerzo en la parte de afuerita que adentro no había donde sentarse. Preguntado: Qué herramientas de trabajo tenía cuando llegaron los efectivos de la policía? Contesto: Teníamos machete y hacha y una saca para echar al hombro y cargar” (fls. 104 a 108 cdno. 1).

g. El día 11 de junio de 1993 la Fiscalía Regional de Pasto remitió a la secretaría común de la Fiscalía Regional de Cali el cuaderno original del expediente y dejó a los retenidos a su disposición en la cárcel judicial de Pasto (fl. 132 cdno. 1).

h. Los días 15, 16 y 17 de junio de 1993 la Unidad Investigativa de Policía Judicial oyó en declaración de agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo, algunos de ellos refieren que en el sitio existían unas carboneras y palos tumbados. Todos coinciden en que las semillas, el látex, los bultos de abono y el dinero fueron hallados en el rancho o cambuche (fls. 269 a 283 cdno. 1). El agente Héctor Fabio Cañizares Reyes manifestó que “había rastros de que allí se había quemado carbón” y que a los retenidos que no estaban en el cambuche “no se les encontró nada en su poder” fl. 282 cdno. 1). El agente Jesús Oswaldo Cruz Realpe, al preguntársele qué actividad realizaban los capturados (fuera de Libardo Sánchez y su esposa, encontrados en el rancho), respondió: “Ellos se encontraban allí en la montaña y se miraba que habían estado cortando madera para las carboneras, tenían machetes (…)” y a otra pregunta aseveró que observó unos cuatro hornos “que ya se estaban quemando”. Igualmente se destaca:

Preguntado. Diga si por parte de alguno de los capturados se informó quién los había contratado a cada uno de ellos, bajo qué condiciones y hacía cuánto tiempo que estaban laborando en dichos predios. Contesto. A los que se encontraron quemando el carbón decían que les pagaba la pareja que estaba en el rancho (…) (Resaltado fuera del texto original; fls. 279 a 280 cdno. 1).

i. El día 28 de junio de 1993 la Fiscalía Regional de Cali impuso a los sindicados medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, como presuntos infractores de lo dispuesto en el inciso primero, artículo 32 de la ley 30 de 1986. Fundó su decisión en el acta de la diligencia de inspección judicial, toma de muestras y destrucción de semillas y sustancias incautadas; en la ratificación y ampliación del informe y en el análisis de las indagatorias, de todo lo cual consideró que existen en contra de los retenidos “indicios graves de responsabilidad en su contra” (fls. 144 a 157 cdno. 1).

j. Los días 13, 14, 15 y 17 de julio de 1993 la Unidad Investigativa de la Policía Judicial recibió algunas declaraciones de acuerdo con las manifestaciones hechas por los sindicados en sus indagatorias (fls. 94 a 307 y 314 a 319, 321 a 323 cdno. 1). Luis Eladio Chaves López y Tomás Cipriano Chaves Madroñero declararon que José María Chaves se dedicaba básicamente a la agricultura, en los terrenos de la sucesión de su papá, que además trabaja como jornalero donde vecinos de la misma vereda y que no les consta que se dedique al cultivo de amapola (fls. 306 y 307 cdno. 1).

k. El día 4 de agosto de 1993 José María Chaves López y otros detenidos solicitaron la práctica de testimonios de personas de la región, solicitud que fue acogida por la Fiscalía Regional de Cali el 18 de agosto de 1993; respecto de José María Chaves López se ordenaron las declaraciones de Miguel Chávez y Juan Elías Chávez (fls. 186 a 192 cdno. 1).

l. El día 20 de agosto de 1993 Chaves López y 5 de los detenidos, solicitaron preclusión de la investigación y cesación de procedimiento y el 1º de septiembre siguiente, en subsidio, solicitaron la libertad provisional (fls. 197 y 202 cdno. 1).

m. El día 4 de septiembre de 1993 el Personero Municipal de Buesaco (Nariño) envió el oficio 152 al Fiscal Regional, del cual se transcribe el siguiente aparte:

“(…) un grupo de humildes campesinos fueron retenidos por la Policía de Buesaco, por haber sido encontrados al parecer en unas carboneras que se hallaban rodeadas por unos cultivos de amapola, pero no obstante las personas que a continuación relaciono (…) José María Gerardo Chaves (…) no tienen responsabilidad alguna en estos cultivos, habida consideración de que tan solo se dedicaban desde hacía dos (2) días anteriores a la fecha de su captura, a trabajar en las carboneras, y tan solo lo hacían porque encontraban en ese trabajo la posibilidad de obtener un jornal de mil quinientos (1.500) pesos diarios, que era sustancialmente mayor al que normalmente pagan en la vereda, con lo cual encontraban la oportunidad de obtener un mejor ingreso para mantener a sus familias que viven en extrema pobreza. Se trata pues, de unas personas con familias bastante numerosas, y viven en una vereda de terrenos áridos, con escasez de agua y totalmente improductivas, motivo por el cual, los habitantes de esta región del municipio, cotidianamente tienen que visitar otras veredas, para con el fruto del jornal diario obtener unos ingresos para la manutención de sus familias” (Resaltado fuera del texto original; fl. 390 cdno. 1).

n. El día 17 de septiembre de 1993 se recibieron los testimonios ordenados en resolución de 18 de agosto (fls. 375 a 396 cdno. 1). Tobías Miguel Chaves Loaiza declaró que José María Chaves se dedicaba a la agricultura propia en el lote de la mamá de donde le dan ‘alguna cosita por sembrarlo’ y cuando le sobraba tiempo también salía a ganar el diario como jornalero; que José María sabe sobre carboneras, pero que no lo ha visto trabajar de continuo en eso, sino que rara vez lo hacía y en su criterio, era la primera vez que José María iba a los terrenos donde fue capturado (fl. 387). E Isidro Juan Elías Botina manifestó que José María siempre ha estado dedicado a la agricultura, que se trata de una persona honrada, trabajadora, la actividad la desarrolla “a medias ya que no tiene terrenos y de vez en cuando jornaliando”, no ha sabido que se dedique a cultivar amapola y que de vez en cuando pudo haber armado una carbonera (fl. 395).

o. El día 14 de octubre de 1993 la Fiscalía negó las solicitudes de preclusión y de libertad provisional (fls. 260 a 267 cdno. 1).

p. El día 16 de febrero de 1994 el Personero Municipal de Buesaco remitió un segundo oficio, el Nº 026 al Fiscal Regional de Cali, en el que solicitó a favor de siete de los sindicados, entre ellos José María Chaves, el beneficio de la detención domiciliaria; argumentó que se trata de humildes campesinos que no tienen cómo pagar un defensor, que sus familias están en extrema pobreza y que si llegare a ser del caso, la Fiscalía negocie con ellos la pena y se les conceda los subrogados penales (fls. 555 y 556 cdno. 1).

q. El día 4 de abril de 1994 La Fiscalía Regional de Cali cerró parcialmente la investigación, recordó que Libardo Sánchez se acogió a sentencia anticipada y que a Flor Elisa Martínez se le precluyó la investigación (fl. 497 cdno. 1).

r. El día 15 de abril de 1994 se llevó a cabo audiencia especial de terminación anticipada del proceso realizada con el sindicado Libardo Sánchez Ortiz, en la cual aceptó los cargos formulados por la Fiscalía (fl. 514 cdno. 1).

s. El día 18 de abril de 1994 Braulio Reyes, Segundo Salomón Loaiza Nupán, Eduardo Rodrigo Narváez y José Alejandro Chaves presentaron alegatos de conclusión; en escrito separado Alberto Mesías Chaves hizo lo propio (fls. 540 a 547 cdno. 1). El procesado José María Gerardo Chaves López no presentó alegato de conclusión.

t. El día 30 de abril de 1994, la Fiscalía Regional delegada ante los Juzgados Regionales de Cali profirió resolución de preclusión de la investigación a favor de los sindicados “porque se encuentra demostrada su no participación en los hechos por los cuales fueron vinculados a la misma”, providencia que se ordenó consultar con el superior (fls. 570 a 579 cdno. 1). En las consideraciones de la providencia, expresó:

“Es claro para esta Fiscalía de instancia que, todos los inmediatamente nombrados, han sido, son y serán por el resto de sus días campesinos, dedicados exclusivamente a las arduas labores del campo; campesinos que fueron contratados por los hermanos Sánchez Ortiz, a razón de $800,oo o $1.500,oo por día laborado, con el único objeto de destinar su fuerza productiva a la explotación de las ‘carboneras’ que en el predio existían; actividad a la que realmente se dedican como se desprende de sus naturales, espontáneas y sinceras explicaciones rendidas en sus diligencias de indagatoria, y a la que se dedicaban al momento en que se lleva a efecto el operativo policial, como así pueden constatarlo y reportarlo los gendarmes involucrados en el allanamiento –véase por ejemplo declaración del agente Rafael Darío Gómez Díaz cuando manifiesta en declaración rendida bajo la gravedad del juramento ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial DIJIN DENAR que ‘... en ese momento aparentemente se disponían a armas unas carboneras con los demás, a ellos se les encontraron machetes, un barretón, no se les encontró más, que yo me haya dado cuenta...’; o como lo manifiesta el agente Jesús Oswaldo Cruz Realpe ‘...ellos se encontraban allí en la montaña y se miraba que estaban cortando madera para las carboneras, tenían machetes, estas herramientas las fueron volviendo en las casas cuando ya nos veníamos...’ —Actividad a la que solamente se venían dedicando unos desde el día lunes 31 de mayo, otros desde el día martes 1 de junio e inclusive desde el día miércoles 2 como fue el caso de Segundo Salomón Loaiza Nupan— véanse declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento por José Marcelino Loaiza, fl. 298, Gilberto Reyes Martínez fl. 302, Franco Luis Aldemar Ordóñez fl. 306, Luis Eladio Chaves fl. 307, María Clemencia Martínez Chaves fl. 315 y Luis Antidio Loaiza López fl. 320.

Lo anterior aunado a las declaraciones rendida en diligencia de indagatoria por los dos únicos coautores —hermanos Sánchez Ortiz— y por las vertidas en ampliación de su indagatoria por Segundo Nelson Chaves Martínez —fls. 409 a 412—, permiten desvirtuar cualquier elemento de juicio que en su contra hubiera y que fuera tenido en cuenta ab initio de la investigación como pruebas suficientes para su vinculación a la misma.

La conclusión clara y contundente entonces no puede ser otra que, José María Gerardo Chaves López (…), ninguna relación tuvieron con el hecho ilícito de efectos permanentes que se ejecutaba en el predio que fuera dado en arrendamiento a los hermanos Sánchez Ortiz” (Resaltado y subrayado fuera del texto original; fls. 576 y 577 cdno. 1).

u. El día 4 de agosto de 1994 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional profirió resolución mediante la cual confirmó la providencia consultada; algunos de las consideraciones son las siguientes

“Ellos todos son humildes labriegos, asalariados a jornal, residentes en el sector, quienes afirman haber sido contratados, por los hermanos Sánchez Ortiz por unos días para realizar la labor de quemar la madera que resultaba del ‘desmonte’ de vegetación que se había hecho en el lugar, para convertir esa leña en carbón vegetal. Algunos admiten haber notado la presencia del cultivo de amapola, otros dicen ni siquiera haberse dado cuenta de ello.

Lo cierto del caso es que en el lugar sí se hallaron ‘carboneras’ es decir cúmulos de madera picada y puesta bajo tierra donde era sometida al fuego. En el momento de la llegada de los policías se estaba realizando la labor relacionada con ese beneficio de la madera, así fue declarado por los agentes que intervinieron en esa operación, además en las respectivas fotografías tomadas en el lugar aparecen los cúmulos de madera y hasta el humo que producía una de las ‘carboneras’. En el mismo lugar también se hallaron 30 bultos de carbón ya beneficiado (fl. 283 declaración del agente Cañizares Reyes) (…)

Se reitera que aparece claro en el expediente que los procesados, si bien no hay prueba de su participación en el hecho investigado, sí debieron de haberse enterado de la existencia del cultivo ilegal; en consecuencia, al confirmar la resolución de primera instancia, este despacho la adicionará en el sentido de ordenar que se expidan copias con destino a la Fiscalía que sea competente para que por separado se averigüe el delito previsto en el artículo 176 del Código Penal, comportamiento que sí puede atribuírseles y el cual es bien diverso a aquél de que se les sindicó en este expediente.

La confirmación de la providencia de primera instancia comporta la libertad inmediata de los procesados (…)” (Resaltado fuera del texto original; fls. 646 a 651 cdno. 1).

v. El día 5 de agosto de 1994 la secretaría común de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional expidió la boleta de libertad 012393 dirigida al director de la Cárcel del Distrito Judicial de Pasto, en la que le solicita “se digne dejar en Libertad a José María Gerardo Chaves López, quien se halla sindicado de infracción ley 30 de 1986 (…) Observaciones: Libertad Inmediata e Incondicional Siempre y Cuando No Sea Requerido por Otra Autoridad” (fls. 653 y 678 cdno. 1).

w. El mismo día 5 de agosto de 1994 el señor José María Gerardo Chaves López fue notificado en forma personal de la resolución de segunda instancia (fl. 698 cdno. 1).

x. El día 26 de agosto de 1994 la Fiscalía Regional de Cali profirió auto en el cual ordenó remitir la investigación a la secretaría común de Fiscalías Regionales, para dar cumplimiento a la orden de expedición de copias y que realizado ello “se procederá al archivo del cuaderno original, ello en virtud a que la resolución calendada el 30 de abril del 94 quedó debidamente ejecutoriada” (Subrayado fuera del texto original fl. 688 cdno. 1).

Con el antecitado material probatorio, se examinará a continuación si se demostraron los supuestos de hecho necesarios para la prosperidad de las pretensiones procesales:

2. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:

La Sala encuentra cumplidos los supuestos legales para que se configure la responsabilidad del Estado, contenidos en el artículo 414 del Decreto Ley 2.700 de 1991, puesto que al señor José María Gerardo Chaves López se le precluyó la investigación en la cual se le sindicó de la comisión del delito de infracción a la ley 30 de 1986, con fundamento en que el sindicado no lo cometió. En efecto los medios de convicción, la mayoría documental pública, evidencian la realidad de los siguientes hechos:

• Que José María Gerardo Chaves López fue retenido sin orden de autoridad competente y sin que se hubiesen presentado hechos de flagrancia; luego detenido preventivamente mediante decisión de autoridad judicial en desarrollo de investigación penal por el delito de infracción a la ley 30 de 1986;

• Que mediante providencia judicial ejecutoriada se dispuso la preclusión de la investigación y se ordenó su libertad;

• Que la decisión absolutoria se fundó en varias situaciones: la no realización por parte de José María Chaves López de la conducta endilgada y la ejecución de actividad licita por parte de esa persona; además se puso de presente que si el sindicado pudo realizar alguna conducta, ésta se refería al favorecimiento (art. 179 CP.);

• Que los responsables de la conducta penal imputada eran los hermanos Sánchez, quienes así lo confesaron y se acogieron a sentencia anticipada;

• Que el sindicado era un campesino humilde, labriego, que fue contratado por Libardo Sánchez para una actividad lícita, la cual aceptó por representarle un jornal atractivo, labor que ejecutaba tan sólo tres días antes de su captura;

• Que tanto el sindicado como algunos de sus familiares sufrieron tristeza y congoja, y además se vieron privados de los ingresos que devengaba José María Chaves López como labriego y jornalero;

• Que José María Chaves López no determinó con su conducta, dolosa o gravemente culposa, la detención de que fue objeto y que por el contrario estuvo dispuesto y atento a contribuir con la investigación.

Tales situaciones fehacientemente representadas en juicio evidencian la demostración del primer elemento de responsabilidad.

D. DAÑOS Y NEXO DE CAUSALIDAD E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

1. Daño moral y nexo de causalidad con la conducta estatal. La demanda solicitó la indemnización de perjuicios por ese tipo de daño para la víctima directa y para las víctimas indirectas (esposa e hijos) por “el equivalente a tres mil (3.000) gramos oro fino, para cada uno” consistente en el profundo trauma psíquico que produce el verse involucrado en una decisión de la Fiscalía General de la acción totalmente injusta, e inhumana.

Probatoriamente la calidad alegada por los otros actores quedó demostrada con el certificado de matrimonio entre José María Gerardo Chaves López y María Alba Reyes Martínez; y con los registros civiles de nacimiento de Wilson Armando Chaves Reyes y Gustavo Adolfo Chaves Reyes, de los cuales se aprecia que son hijos de Gerardo Chaves López (fls. 12 a 14 cdno. ppal.).

Para la Sala es indemnizable el daño moral en el caso particular porque, en primer término, infiere del parentesco la relación de afecto y, en segundo término, de los hechos ocurridos de retención y detención injustas –hechos probados plenamente– deduce igualmente la afectación del ámbito moral de los demandantes (nexo de causalidad). En efecto:

• Para José María Gerardo Chaves López, víctima directa, además de que se presume judicialmente el daño moral, por la inferencia lógica de hechos indicadores, salta a la vista de la prueba documental (memoriales que remitió a los jueces y fiscales que adelantaron la instrucción) que él se encontraba afectado pues solicitó repetidamente su libertad y manifestó su tristeza y depresión provenientes de su reclusión, que resultó injusta e indemnizable.

• Para las víctimas indirectas (cónyuge e hijos de aquel) obran, procesalmente, testimonios rendidos ante esta jurisdicción, de vecinos del sindicado que dan cuenta que José María Gerardo Chaves López vivía junto con su familia en una casa en la vereda Granadillo, que les consta el sufrimiento de la familia “porque eso fue algo que no ocurre normalmente en nuestro medio, fue un escándalo por ello los tacharon de amapoleros, y su familia sufrió la pena moral, en lo económico también porque no había quien sostenga las necesidad del hogar, por eso los hijos tuvieron problemas en la Escuela” (testimonio de Everth Domingo Viveros Gómez, fl. 100 c. ppal); que cuando a él se lo llevaron la familia tuvo una crisis, a veces no tenían para comer (testimonio de José Diomedez Bolaños Delgado, fl. 101 c. ppal) y que resulta lógico que la familia sufrió pena moral y también económica, porque la esposa de vio en la necesidad de vender huevos y otras cositas para subsistir (testimonio de Mauro Francisco Castro González, fl. 102 cdno. ppal).

A propósito de ese tipo de daño causado en la comprobación de la detención injusta indemnizable, la Sala reitera la tesis, contenida en fallo proferido el día 30 de marzo de 1990:

“(…) como lo demuestran los testimonios, y como lo corrobora la lógica misma, cada uno de los miembros del grupo familiar sufrió una afrenta en su patrimonio moral. El padre, por verse injustificadamente detenido, y por haber debido soportar unos hechos para él bochornosos, no sólo por la imagen que fue proyectada a su familia, sino por aquella que fue proyectada a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La Madre y los hijos, por haber tenido que soportar la merma de su patrimonio moral, dentro del cual obviamente también se encuentra la reputación familiar. Se ha demostrado por demás, que a ellos la falla del servicio les causó congoja, pesadumbre, al encontrarse ante una situación a todas luces angustiante. Pero, si bien se da por establecido el perjuicio moral para todos los componentes del grupo familiar, estima la Sala que su tasación no puede hacerse en forma similar para todos ellos, puesto que, como lo ha afirmando la jurisprudencia nacional, ‘si se admite, como es necesario admitir las diferencias de grados, es natural que la reparación de los daños busque una equivalencia más o menos aproximada para que la justicia no pierda su naturaleza de dar a cada uno lo que es suyo’ (Corte Suprema de Justicia, Sala de negocios generales, 13 de diciembre de 1943, G. J., Tomo LVI, Nº. 20001 - 2005, p. 668)”(18).

2. Cuantificación del perjuicio moral: Determinados, entonces, los extremos de los cuales la jurisprudencia ha inferido el daño moral y con éste el derecho a indemnizar el perjuicio causado, la Sala hará entonces referencia a la jurisprudencia actual, contenida en la sentencia dictada el día 6 de septiembre de 2001.En dicho fallo, después de hacerse referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a los factores legales y económicos que una y otra han tomado y con objeto de variar la jurisprudencia sobre la forma de cuantificar la indemnización por dicho perjuicio, hizo referencia a varios puntos:

• La modificación del valor del oro en proporción completamente distinta, “por lo general muy inferior, a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano”;

• La inexistencia de un nexo entre las variaciones del valor de estos dos rubros;

•La denominación de las obligaciones en oro “es un método absolutamente inadecuado para conservar la capacidad adquisitiva del acreedor o de la víctima”;

• La reparación integral y equitativa del daño, que exige el artículo 16 de la ley 446 de 1998;

• El abandono necesario del criterio adoptado por el Consejo de Estado desde el año de 1978, mediante el cual se daba aplicación extensiva a las normas que al respecto traía el Código Penal.

• Las razones nuevas de orden jurídico, “apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión”.

Después de analizar esos puntos el mencionado fallo concluyó:

“Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda (…)”(19).

Para aplicar al caso concreto esa nueva tesis judicial, teniendo en cuenta que la demanda pidió el equivalente en pesos a 3.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes la Sala observa lo siguiente:

— Por las condiciones personales del señor José María Gerardo Chaves López, al lapso en que estuvo recluido (14 meses y 1 día) y la ansiedad y congoja que demostró dentro de las diligencias penales, la Sala fundamentándose en esos hechos demostrados —criterio razonado— le reconocerá el derecho a ser indemnizado en 600 gramos oro, respecto de los cuales se hará la conversión a salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo con lo estudiado en la nueva jurisprudencia.

— Por la demostración fehaciente del daño moral que sufrieron la cónyuge y los hijos de José María Gerardo Chaves López, pues estuvieron inmensamente preocupados y tristes por la retención y detención de éste, las cuales resultaron ser injustas, les serán reconocidos a título de indemnización de dicho perjuicio los siguientes valores: María Alba Reyes Martínez —cónyuge—, Gustavo Adolfo Chaves Reyes y Wilson Armando Chaves Reyes —hijos— el equivalente en salarios mínimos legales de 400 gramos de oro, convertidos a salarios mínimos legales.

La conversión de los gramos en salarios mínimos legales es la siguiente:

1 gramo (20 noviembre 2003)= $35.964,68

600 gramos de oro= $21’578.808

400 gramos de oro= $14.385.872

Esos valores de pesos en salarios mínimos legales mensuales son los siguientes: Debe partirse que el salario mínimo legal mensual en enero de este año de 2003, es decir por $332.000. En consecuencia la indemnización para la víctima directa, José María Gerardo Chaves López, será por 64.99 salarios mínimos legales mensuales ($21’578.808), y para los demás demandantes, María Alba Reyes Martínez —esposa—, Gustavo Adolfo Chaves Reyes y Wilson Armando Chaves Reyes —hijos—, será por 43.33 salarios mínimos legales mensuales /$14’385.872) para cada uno de ellos.

3. Daño material y nexo de causalidad.

a. La Sala encuentra acreditados esos elementos configurativos de responsabilidad, pero sólo en relación con la víctima directa (sindicado), toda vez que como se indicó en el acápite de pruebas, los familiares, vecinos, amigos y los conocidos del señor José María Chaves declararon en el proceso penal y ante esta jurisdicción que el sindicado era honesto y trabajador, que vivía con su familia, que sembraba y cosechaba ‘a medias’ en terrenos de su señora madre y que también laboraba como jornalero, actividades con las que sostenía a su familia, pero ninguno de ellos determina el monto de los ingresos percibidos por aquel (fls. 100 a 102 cdno. ppal y 306 y 307 cdno. 1).

La única referencia que existe sobre los ingresos son las indagatorias de Chaves López quien dijo que le ofrecieron $1.000 diarios y la de Libardo Sánchez, quien dijo haber contratado a Chaves López para la construcción de unas carboneras, ofreciéndole el pago de $800 diarios (fl. 66 cdno. 1). Sin embargo esas diligencias judiciales no son constitutivas de pruebas a términos del Código de Procedimiento Penal (art. 248 del Decreto Ley 2700 de 1991).

No existe entonces prueba de la cual pueda inferirse el valor de los ingresos percibidos por José María Gerardo, razón por la cual se acudirá a la solución acogida por la Sala en tales eventos, referente a presumir que la persona devengaba por lo menos, una suma igual al salario mínimo legal vigente, lo cual se torna más lógico si se tiene en cuenta que además del jornal, el demandante cultivaba y cosechaba productos agrícolas bajo la modalidad ‘a medias’ utilizada en el campo, que consiste en que el propietario de un terreno le permite a otra persona efectuar sembradíos o mantener animales, y la persona beneficiada le reconoce al propietario parte del producido como contraprestación.

En efecto, la Sala en desarrollo de los principios constitucionales que aseguran, entre otros, el derecho al trabajo en un marco económico y social justo propio de un Estado Social de Derecho y atendiendo las disposiciones constitucionales que prevén la igualdad de oportunidades para los trabajadores, su derecho a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y el derecho al reajuste periódico de las pensiones legales (art. 53 de la Constitución) ha considerado que “nadie puede ganar una suma inferior al salario mínimo establecido legalmente.” aún cuando esté probado un ingreso inferior(20). Pero igualmente advierte la Sala que ese ingreso se tomará siempre que al ser actualizado a hoy sea igual o superior al salario mínimo legal diario vigente al a fecha de esta sentencia(21).

El salario mínimo para cuando fue detenido el señor Chaves López, 3 de junio de 1993, era por $81,510 que, como lo advirtieran los testigos, los invertía para el sostenimiento de su familia, compuesta por su esposa y dos hijos menores de edad. En la demanda se solicitó en forma genérica “Dos Milones de Pesos ($2’000.000,oo), por concepto de lucro cesante, correspondientes a los dineros que dejó de percibir mi poderdante por el cultivo de diferentes productos y la explotación del carbón de madera que se hace en la zona donde reside, desde el cuatro (4) de junio de 1993, hasta el cinco (5) de agosto de 1994”. Es decir la demanda solicitó el pago de perjuicios materiales y a título de lucro cesante para el señor José María Gerardo Chaves López, y en ese sentido la Sala reconocerá la indemnización correspondiente, víctima directa de la detención injusta.

Bases para la liquidación (indemnización debida):

• Número de meses de reclusión = 14

• Salario mínimo legal mensual para la fecha de la detención = $81.510

• El ingreso mensual será actualizado desde la fecha en que se produjo la privación de la libertad hasta la fecha de esta sentencia(22).

• Para el cálculo del valor dejado de percibir durante el tiempo de la reclusión se aplicará la fórmula de la indemnización debida, en la que n = número de meses que duró la detención.

1996-07866 formula 1
 

1996-07866 formula 2
 

Como se ve, a pesar de la actualización, la suma resultante es inferior al salario mínimo legal que rige para la fecha de esta sentencia, la Sala tomará como base para la liquidación la suma de $332.000, equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2003, aplicando la siguiente fórmula:

n = 14 meses

1996-07866 formula 3
 

Sa = $4’797.943. Valor total suma debida por este concepto.

b. En la demanda igualmente se solicitó el reconocimiento de $1’00.000 a título de daño emergente, por concepto de “gastos que tuvieron que hacer mis poderdantes y su familia, consultando abogados, pagando pasajes, estadía, vestuario y alimentación en los viajes desde su casa hasta el municipio de Buesaco y la ciudad de Pasto donde se halla ubicada la Cárcel Judicial” (fl. 2 cdno. ppal.).

La Sala encuentra que esos hechos no fueron probados dentro del proceso, razón por la cual no se encuentra demostrado ese daño:

RESUMEN DE LOS PERJUICIOS

DemandanteP. MoralesP. MaterialesTotal
José María Gerardo Chaves López$21’578.808$4’797.943$26’376.751
María Alba Reyes Martínez$14’385.872---------$14’385.872
Gustavo Adolfo Chaves Reyes$14’385.872---------$14’385.872
Wilson Armando Chaves Reyes$14’385.872---------$14’385.872
Totales$64’736.424$4’797.943$69’534.367

D. PRESUPUESTO AFECTADO:

El Consejo de Estado advierte que los perjuicios que se causaron a los demandantes provienen de actuaciones judiciales penales surtidas en la etapa de instrucción, luego de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991. La instrucción de los procesos penales quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación bajo la nueva Carta Política de 1991 de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 ibídem y en el artículo 1 del Decreto Ley 2.699 de 30 de noviembre de 1991 se le dotó de un presupuesto autónomo.

Tales consideraciones, constitucional y legal, conducen a determinar que será el presupuesto de tal autoridad el que deberá responder patrimonialmente a los demandantes.

Con fundamento en todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar accederá a las pretensiones de la demanda en la forma y cuantía que se acaba de explicar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia inhibitoria, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el día 21 de octubre de 1997; en su lugar se dispone:

1: Declárase administrativamente responsable a la Nación (Fiscalía General de la Nación) por el daño antijurídico causado a todos los demandantes con la detención preventiva de que fue objeto el señor José María Gerardo Chaves López.

2: Condénase, como consecuencia de lo anterior, a la Nación (Fiscalía General de la Nación) a indemnizar a cada una de las siguientes personas así:

A. Por concepto de perjuicios morales: 

Al señor José María Gerardo Chaves López:$21’578.808

A la señora María Alba Reyes Martínez:$14’385.872

A Gustavo Adolfo Chaves Reyes:$14’385.872

A Wilson Armando Chaves Reyes:$14’385.872

B. Por concepto de perjuicios materiales 

Para José María Gerardo Chaves López:$4’797.943

3. Las sumas liquidadas ganarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

4. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

5. Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 expedido el 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a los demandantes serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Magistrados: German Rodríguez Villamizar, Presidente Ausente —María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque —Ramiro Saavedra Becerra.

1 Sentencia C-397 de 1997, del 10 de julio de 1997; actor: Alberto Yepes. .

2 Al efecto puede consultársela sentencia C 774 del 25 de julio de 2001, de la Corte Constitucional, actor: Diógenes Escobar..

3 Diario oficial No. 40.190 de 30 de noviembre de 1991.

4 Cfl. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-301 de 1993. Actor: Pedro Pablo Camargo.

5 Sentencia No. C-395 de 8 de septiembre de 1994. Actor: Mario Nicolás Cadavid y otro.

6 Sentencia C-301 de 1993.

7 .Sentencia C-689 de 5 de diciembre de 1996. Actor: María Carola Zuluaga.

8 Sentencia C-634 de 31 de mayo de 2000. Actor: Luis Gonzalo Peña y otro.

9 Expediente 7.058. Sección Tercera. Actor: Carmen Aminta Escobar Mejía.

10 Expediente No. 8.666. Sección Tercera. Actor: María Berenice Martínez de Bolívar y otros.

11 Expediente No. 9.391. Sección Tercera. Actor: Alberto Uribe Oñate.

12 Expediente 10.056. Sección Tercera. Actor: Ferney Guateros y otros.

13 Expediente 10.923. Actor: Rafael Antonio Niño.

14 Expediente 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta.

15 Expediente 10.299 Actor: José Angel Zabala Méndez

16 Expediente 11601. Actor: Ana Ethel Moncayo.

17 Expediente 11.754. Sección Tercera. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves.

18 Expediente No. 3.510. Sección Tercera. Actor: Luis Alberto Cifuentes.

19 Sección Tercera del Consejo de Estado. Expedientes Acumulados 13.232 y 15.646. Actores: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

20 En este sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 16 de agosto de 2001, expediente 13131; actor: Aurora Sánchez Tovar y otra.

21 En sentencia proferida el 3 de mayo de 1999, expediente 11.169, actor: Vicente Segundo Sierra Pérez, la Sala precisó que debe tomarse como salario base “el mínimo vigente a la fecha de los hechos actualizado a la de esta sentencia, siempre que no sea inferior al mínimo legal vigente”.

22 Se precisa que la Sala tomó este valor actualizado porque no es inferior al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de esta sentencia.