Sentencia 1996-08480 de mayo 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 410012331000 1996 08480 01

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Jaime Yunda Penagos

Demandado: Departamento del Huila – Contraloría departamental del Huila

Ref.: Proceso de responsabilidad fiscal

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «5.Consideraciones de la Sala.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la providencia del once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014)(4), ordenó remitir el expediente a la Sección Primera de la corporación en atención a que en el proceso se discute la legalidad de actos administrativos expedidos por la Contraloría Departamental del Huila, cuyo control le corresponde a esta Sección.

Repartido el proceso se avocó el conocimiento del mismo y se indicó que “(…) En firme este auto, vuelva de manera inmediata el expediente al despacho para proferir sentencia (…)”(5).

5.1. Los actos administrativos enjuiciados.

Los actos administrativos enjuiciados son: (1) la Resolución 914 de doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), mediante la cual la Contralora Departamental del Huila, impone una sanción pecuniaria, entre otras personas, al señor Jaime Yunda Penagos; y (2) la Resolución 9 de cinco (5) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), por la Contralora Departamental del Huila confirma la anterior resolución, resolviendo el recurso de reposición presentado por los sancionados.

5.2. El problema jurídico.

La Sala debe determinar, en el presente caso, si las resoluciones 914 de doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y 9 de cinco (5) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), expedidas por la Contralora Departamental del Huila y por las cuales se impone una sanción pecuniaria, entre otras personas, al señor Jaime Yunda Penagos: (i) transgredieron las normas que les debieron servir de fundamento, en particular los artículos 29 de la Carta Política; 72, 74, 75, 78 y 101 de la Ley 42 de 1993; 24 (numeral 1º, literal m) de la Ley 80 de 1993; 3º del Decreto 2251 de 1993; y a los artículos 2º, 3º, 18 y 21 transitorio del Decreto 855 de 1994; (ii) se encuentran falsamente motivadas; y (iii) fueron expedidas con desviación de poder.

5.2.1. Los cargos formulados en la demanda y en el recurso de apelación.

5.2.2.1.1. La violación de los artículos 29 de la Carta Política; 72, 74, 75, 78 y 101 de la Ley 42 de 1993; 24 (numeral 1º, literal m) de la Ley 80 de 1993; 3 del Decreto 2251 de 1993; y a los artículos 2º, 3º, 18 y 21 transitorio del Decreto 855 de 1994.

5.2.2.1.1.1. La posición del demandante.

El demandante consideró, de un lado, que la Contraloría Departamental del Huila violó el artículo 29 de la Carta Política, así como los artículos 72, 74, 75 y 78 de la Ley 42 de 1993, al imponerle una sanción sin previamente abrir el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.

Agrega que se desconoció, igualmente, el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, pues esta disposición faculta a los contralores para imponer multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado en los casos taxativamente señaladas por el legislador, sin que le sea permitido juzgar de plano la responsabilidad de las personas cuya gestión fiscal haya sido objeto de observación, puesto que para definir y determinar esta responsabilidad, el legislador creó el juicio de responsabilidad fiscal, cuyo objeto y reglamentación se encuentra previsto en el capítulo III de la Ley 42/93, artículos 72 y siguientes.

De otro lado, la parte demandante señala que la Contraloría Departamental del Huila transgredió los artículos 24 (numeral 1º, literal m) de la Ley 80 de 1993; el artículo 3º del Decreto 2251 de 1993; y los artículos 2º, 3º, 18 y 21 transitorio del Decreto 855 de 24 de abril de 1994, por cuanto, en primer lugar, se le sancionó por haber celebrado un contrato, benéfico y conveniente para la Industria Licorera del Huila, cuyos actos preparatorios se ajustan al procedimiento y a las formalidades previstas en el Estatuto de Contratación Estatal, en cuanto al sistema que utilizó para la selección del contratista y la forma como se hizo la escogencia, observando a plenitud los principios de transparencia, economía, responsabilidad y del deber de selección objetiva del contratista.

En esa medida, la Contraloría Departamental del Huila se equivocó al considerar que el procedimiento de selección del contratista era el de licitación pública, toda vez que se trataba de un contrato que tenía por objeto el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la Industria Licorera del Huila, empresa industrial y comercial del Departamento, por lo que el mecanismo de selección debía ser el de contratación directa al tenor de los artículos los artículos 13, 24 (numeral 1º, literal m), 32 y 40 de la Ley 80 de 1993.

En refuerzo de su posición, considera que no puede entenderse que la Industria Licorera del Huila hubiera violado las normas de contratación administrativa por cuanto al proceso de selección le eran aplicables los artículos 3º y 18 del Decreto 855 de 1994, a pesar de que el mismo fue expedido cuando ya se estaba surtiendo dicho trámite, por lo que no puede decirse que el Gobierno Nacional no había reglamentado el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Así mismo, la demandante considera que se desconoció el contenido del Decreto 2295 de 1993 que autoriza la celebración de los contratos a los que se les aplique el numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, sin que aplique un procedimiento especial de selección.

En segundo lugar, la parte demandante considera equivocados los reparos que la Contraloría Departamental del Huila hizo al proceso de selección del contratista que realizaría la distribución y comercialización de los productos de la Industria Licorera del Huila.

Manifiesta en relación con la inscripción en el registro de proponentes, la asignación de puntajes a los criterios de evaluación y la omisión de la fecha y firma de los miembros del Comité Técnico en los cuadros y documentos de trabajo elaborados para la evaluación y calificación de las propuestas, que el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, limitó la exigencia del registro de proponentes a las personas que pretendan celebrar contratos de obra pública, consultoría, suministro y compraventa de bienes inmuebles.

Indicó que la asignación de los puntajes a los criterios de calificación, tampoco constituye falta o irregularidad alguna, porque, aun cuando no era obligatorio, en la invitación u oferta se establecieron dichos criterios y la administración estaba facultada para seleccionar directamente el contratista, sin que debiera cumplirse un procedimiento especial, como lo explicó anteriormente.

Estima, frente al retiro de la entidad de las propuestas y la elaboración de documentos relativos al proceso de selección en papelería no impresa de la entidad, que estos motivos no tipifican falta alguna ni constituyen motivo de violación del estatuto de contratación administrativa, recordando que el demandante era el encargado de la gerencia de dicha empresa y que al mismo tiempo se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Planeación del Huila y podía hacer trasladar los documentos hasta su oficina.

Afirma que no era obligación realizar la audiencia pública de adjudicación pues este procedimiento es propio de la licitación pública y no era aplicable a los eventos de contratación directa. Tampoco acertó la demandada al sostener que la firma contratada no era especializada en distribución de licores pues dicho requisito no fue consignado en la oferta pública e igualmente erró al señalar que la propuesta favorecida no fue acompañada de la declaración de renta y patrimonio de los años 1991 y 1992, del certificado de paz y salvo municipal y de los estados financieros por ellos reposan en la propuesta.

Finalmente, encuentra errada la posición de la parte demandante en tanto que la propuesta favorecida con la contratación fue allegada en forma oportuna por cuanto por un error involuntario se hizo referencia a un día no hábil para efectos de la entrega de las ofertas, por lo que aplicando el Código de Régimen Municipal y Política y el Código de Comercio, los términos que caen en días de fiesta se trasladan al siguiente día hábil.

5.2.2.1.1.2. La tesis del Tribunal Administrativo del Huila.

El Tribunal Administrativo del Huila solo estudio uno de los argumentos esbozados por la parte demandante consistente en que la Contraloría Departamental del Huila le impuso una sanción sin previamente abrir el respectivo proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto estimó que la sanción impuesta al demandante no tenía naturaleza disciplinaria sino que es la consecuencia directa de la función de control fiscal de la que está investida la Contraloría Departamental del Huila y, por ello, debió agotarse el trámite previsto la Ley 42 de 1993 (capítulo III).

5.2.2.1.1.3. Los argumentos expuestos por la entidad demandada en su recurso de apelación.

El apelante, a su turno, discrepa de la decisión de primera instancia señalando que el proceso de responsabilidad fiscal y el proceso administrativo sancionatorio, ambos previstos en la Ley 42 de 1993, son diferentes y, por ello, el procedimiento para la imposición de la sanción que se discute en este proceso judicial debía ser el regulado en el Código Contencioso Administrativo y en la Resolución 367 de 1994 y no el proceso de responsabilidad fiscal.

Conforme al anterior razonamiento, entonces, considera que cumplió el procedimiento previsto en dichas disposiciones, haciendo pública la actuación, comunicándole y notificándole al afectado la sanción para efectos de que interpusiera los recursos correspondientes.

5.2.2.1.1.3. La resolución del cargo propuesto.

Mediante los actos administrativos enjuiciados, la Contraloría Departamental del Huila ejerció la facultad prevista en el artículo 101 de la Ley 42 de 1992, que al tenor señala:

“(…) ART. 101.—Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello (…)”.

Conforme lo indicó el Tribunal Administrativo del Huila, este artículo, junto con los artículos 99, 100 y 102 de la Ley 42 de 1993 fue estudiado por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-484 de 2000, la cual determinó su alcance, en la siguiente forma:

“(…) Sanciones no pecuniarias del Contralor y vigilancia de la gestión fiscal

7. De acuerdo con el numeral 5º del artículo 268 de la Carta el contralor tiene la facultad de imponer las sanciones pecuniarias que se deriven de la responsabilidad fiscal. Además, tal y como lo expuso la Corte en precedencia, la finalidad del proceso fiscal es el resarcimiento de perjuicios ocasionados como consecuencia de una gestión fiscal irregular. Por ende, es claro que el contralor puede aplicar sanciones pecuniarias, mientras que es más problemático sostener que también puede imponer otro tipo de sanciones, pues, como se señaló en el fundamento jurídico 4º de esta sentencia, el Legislador puede atribuirle a los contralores otras funciones, siempre y cuando estas sean acordes con su naturaleza jurídica. Así las cosas, las multas, como “sanciones pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado”(6), pueden interponerse directamente por el contralor.

No obstante lo anterior, al analizar con detenimiento la figura de la multa que consagra el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, la Corte encuentra que esta tiene un carácter diferente a la multa sanción, ya que busca facilitar el ejercicio de la vigilancia fiscal, pues pretende constreñir e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, trasparente y eficiente control fiscal. Por consiguiente, la norma en mención consagra una multa coercitiva, la que si bien consiste en una exacción pecuniaria, su finalidad principal se dirige a vencer los obstáculos para el éxito del control fiscal.

Obsérvese, que en el mismo sentido, se concibe la amonestación, con la cual el Legislador tampoco pretende resarcir ni reparar el daño sino que busca establecer un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado, por lo que la multa y la amonestación se entienden como sanciones correccionales que pueden imponerse por las diferentes ramas y órganos del poder público. En efecto, en relación con las medidas correccionales adoptadas por los jueces, esta corporación ya había establecido que “la facultad del funcionario judicial de adoptar medidas correccionales frente a los particulares que incurran en alguna de las causales que justifican la adopción de medidas sancionatorias, tiene fundamento en el respeto que se le debe a la administración de justicia”(7).

En consecuencia, la Corte concluye que la multa y la amonestación que consagran las normas acusadas son medidas correccionales que pueden ser impuestas directamente por los contralores en ejercicio del control fiscal.

(…)

8. De otra parte, esta corporación tampoco encuentra que la existencia de multas y amonestaciones en el proceso de responsabilidad fiscal, vulneran el principio del non bis in ídem en relación con las sanciones disciplinarias de los mismos nombres, pues como lo ha dicho en varias oportunidades esta Corte(8), solo es posible predicar la vulneración del artículo 29 superior cuando dos sanciones consagran “identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le hace la imputación”(9). Pues bien, la multa sancionatoria en el proceso de responsabilidad fiscal pretende resarcir el daño causado al erario público, mientras que la multa en el proceso disciplinario se impone como sanción a una conducta en el servicio jurídicamente reprochable. Así mismo, la multa y la amonestación como medidas correccionales en el proceso fiscal, no tienen la misma naturaleza que las sanciones disciplinarias del mismo nombre, como quiera que, estas últimas, son impuestas como consecuencia del incumplimiento de los deberes propios del servidor público y, las primeras facilitan el ejercicio de la vigilancia fiscal. De igual manera, las medidas comparadas no tienen el mismo objeto, ya que las primeras pretenden sancionar una conducta reprochable disciplinariamente y, las segundas, buscan garantizar la eficiencia y eficacia del control fiscal. Finalmente, las multas y las amonestaciones correccionales y disciplinarias tampoco se identifican en cuanto al sujeto pasivo, como quiera que las primeras podrán imponerse a cualquier persona que maneje bienes o fondos del Estado, mientras que las sanciones disciplinarias se desenvuelven en el estricto ámbito de la función pública.

Por lo expuesto, la Corte concluye que las multas y las amonestaciones que impone la contraloría no vulneran el artículo 29 de la Carta (…)”.

La Corte Constitucional, en ninguno de los apartes que se han transcrito y contrario a lo manifestado por el Tribunal Administrativo del Huila, señala que el procedimiento para la imposición de las multas debe ser el consagrado en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Más aún, esta Sala(10) ha diferenciado, con anterioridad, el proceso de responsabilidad fiscal del régimen sancionatorio previsto en los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993, así como el procedimiento que es aplicable a cada uno de ellos así:

“(…) El proceso de responsabilidad fiscal, como lo ha entendido la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, no es un proceso sancionatorio, sino un procedimiento eminentemente resarcitorio, en cuanto busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial del Estado. Es pues, la responsabilidad fiscal, una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o penal que pueda corresponder por los mismos hechos.

En consecuencia, la Sala estima que si bien es cierto que las consideraciones de la Corte Constitucional antes expuestas son compartidas por la Sala, en el sentido de que la regulación del proceso de responsabilidad fiscal es del resorte del legislador, también lo es que las mismas no son aplicables al asunto que se examina, pues nótese que uno es el proceso de responsabilidad fiscal a que se refieren los artículos 72 a 89 de la Ley 42 de 1993, y otras son las sanciones a las que también se refiere la ley citada en los artículos 99 a 104, y cuyo procedimiento para su imposición fue objeto de reglamentación mediante los actos acusados.

Por consiguiente, no le asiste razón al Tribunal Administrativo del Huila cuando afirma que se debió acudir al procedimiento previsto para el proceso fiscal para la imposición de la sanción al demandante. No obstante, esta Sala considera necesario verificar si en el procedimiento seguido por la Contraloría Departamental del Huila se observó la garantía constitucional del debido proceso.

La Resolución 914 de doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) no da cuenta de que se hubiera seguido procedimiento alguno para la imposición de la multa al demandante (entre otros).

La Resolución 9º de cinco (5) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995) únicamente hace referencia a que “(…) dentro del término legal, los interesados interpusieron recurso de reposición contra la resolución mencionada, fundamentados en los argumentos que en conclusión se señalan: (…)”.

La entidad demandada, en su recurso de apelación, señala que se ajustó al procedimiento especial establecido en la Resolución 367 de 2 de mayo de 1994 y a lo ordenado en el Código Contencioso Administrativo, por cuanto:

“(…) Cuando se expidió la Resolución 914 del 12 de diciembre de 1994, con la que se multó al señor YUNDA PENAGOS esta se le notificó personalmente el día 13 del mismo mes y año entregándole una copia gratuita de la misma en donde se dejó expresa constancia que contaba con cinco días hábiles siguientes para interponer el recurso de reposición para que hiciera valer sus derechos.

Dentro de este término interpuso el recurso en mención, que fue decidido con la Resolución 9º del 5 de enero de 1995 confirmándole en un todo la multa, decisión que le fue notificada el 25-09-95 todo esto significa única y exclusivamente de que el multado contó con todas las garantías que el proceso administrativo sancionatorio establecía para esa época que es la Resolución 367 y no se tenía porque estarse a lo dispuesto en el capítulo III artículo 72 a 89 de la Ley 42 de 1993, por no ser de su naturaleza (…)”.

La parte demandada omite referirse a las actuaciones que siguió para proferir la Resolución 914 de doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa (1994), máxime cuando mediante acto administrativo de trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se procedió “(…) al cierre de la investigación que fuera ordenada en oficio DCPVF-11-271 del 25 de mayo de 1994 (…)”, sin iniciar proceso de responsabilidad fiscal en contra del señor Jaime Yunda Penagos. El señalado acto administrativo resolvió:

“(…) Resuelve (…) 1. Proceder al cierre y archivo de la Investigación Fiscal con fecha 12 de octubre de 1994, ordenada mediante auto No. 048 calendado el 14 de junio de 1994, prorrogado el 28 de julio de 1994 y suspendido el 7 de septiembre de 1994. (…) 2. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, procédase a correr traslado a la Señora Contralora a fin de que establezca las sanciones pecuniarias del caso a los miembros del Comité Técnico debido a las presuntas irregularidades presentadas por la inobservancia de las disposiciones sobre la Ley de contratación estatal, artículo 30. 3. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de selección y adjudicación del contrato de distribución y comercialización de licores. (…) 4. Establecer la responsabilidad por el presunto sobre costo del contrato adjudicado por la doctora María del Pilar Duran García Ex – gerente de la Industria Licorera del Huila a la firma AAF Asociados (…)”.

Nada aporta al respecto, el testimonio del testigo Carlos Ernesto Romero Perdomo, quien fungía como abogado asesor de la Contraloría Departamental del Huila, al manifestar: “(…) Con términos precisos no me acuerdo en el momento sobre los hechos y las circunstancias que dieron lugar a la realización de este acto administrativo. En consecuencia, me remito al expediente que reposa en la Contraloría Departamental, en donde se señalan en detalle los hechos que dieron lugar a ello. (…)”.

La Contraloría Departamental del Huila, pese a que indica, en su recurso de apelación, que se ciñó al trámite previsto en la Resolución 367 de dos (2) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y en el Código Contencioso Administrativo, ha omitido aportar dicho acto administrativo.

Sin embargo y en atención a que el demandante manifiesta que se ciñó “(…) a lo ordenado en el CCA (…)”, resulta conveniente observar el contenido del artículo 35 del mencionado código (Código Contencioso Administrativo), que al tenor señala:

“(…) ART. 35.—Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares (…)”.

En contraste con lo manifestado por la parte demandada, al señor Jaime Yunda Penagos no se le dio la oportunidad de expresar sus opiniones, ni aportar las pruebas que considerara pertinentes con anterioridad a que la autoridad administrativa profiriera la Resolución 914 de 12 de diciembre de 1994, razón por la que esta Sala considera que en la actuación administrativa que dio lugar a la imposición de la sanción al demandante, se le violó debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, norma que resulta, entonces, transgredida y, en esa medida, comparte la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, consistente en declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

5.2.2. La actualización de la liquidación de la condena proferida en la sentencia de primera instancia.

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad y atendiendo el contenido del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo que al tenor indica: “(…) ART. 178.—La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor. (…)”, la Sala procede a efectuar el ajuste de la condena, siguiendo para el efecto la fórmula empleada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila de la siguiente forma:

VP = Ra (I.F)

(I.I)

De donde VP es el valor presente o actualizado; Ra es la renta que se actualiza y que corresponde al valor de la multa ($ 1.000.000); I.F. es el índice final que equivale al índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia (se encuentra disponible hasta marzo de 2016); y I.I. es el índice inicial que corresponde al índice de precios al consumidor a la fecha del pago de la multa (noviembre 24 de 1995).

En relación con la aplicación de la citada fórmula por parte del Tribunal Administrativo debe precisarse que la misma tuvo en cuenta los datos correspondientes al documento digital “(…) Colombia, Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índices – Serie de empalme 1993 – 2008 (…)”, los cuales reflejan los índices empleados por dicha corporación para la actualización de la condena: (i) índice final: 143.90; y (ii) índice inicial: 59.3105.

No obstante, los índices empleados no son coincidentes con los que muestra el documento digital(11) “(…) Colombia, Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índices – Serie de empalme 2001-2016 (…)”, ni guardan coherencia con aquellos empleados por la Corporación para realizar la actualización de las condenas suministrados por el Banco de la República, explicable en cuanto que el documento empleado por dicha Corporación emplea “(…) Base Diciembre de 1998 = 100.00 (…)” y el actual “(…) Base Diciembre de 2008 = 100.00 (…)”.

En dicho documento digital se muestra que el índice para el mes de marzo de 2016, último disponible es 130.63 y, conforme a los datos suministrados por el Banco de la República, para el mes de noviembre de 1995, el índice era de 30.95, datos que serán empleados para realizar la actualización de la condena judicial, en la siguiente forma:

VP = $1.000.000 X 130.63 / 30.95

VP= $1.000.000 X 4.22067851

VP= $4.220.678,513

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR el numeral primero de la Sentencia de treinta (30) de septiembre de dos mil tres (2003) proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, mediante el cual se declaró la nulidad de las resoluciones 914 de 12 de diciembre de 1994 y 000009 de enero de 1995.

2. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para establecer como suma a restituir a favor del señor Jaime Yunda Penagos y a cargo del departamento del Huila, la suma de cuatro millones doscientos veinte mil seiscientos setenta y ocho pesos con quinientos trece centavos ($ 4.220.678,513).

3. En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

4 Fol. 583, Expediente.

5 Auto de seis (6) julio de dos mil quince (2015), fol. 587, Expediente.

6 Sentencia C-280 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero

7 Sentencia C-037 de 1996 M.P: Vladimiro Naranjo Mesa

8 Pueden consultarse las sentencias T-413 de 1992 M.P. Ciro Arangarita Barón, C-244 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-280 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

9 Sentencia C-244 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo del dos mil cuatro (2.004), Radicación número: 25000-23-24-000-2000-00680-01, Actor: María Carolina Rodríguez Ruiz, Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.

11 http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc