Sentencia 1996-08689 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 410012331000199608689 01 (31155)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Jorge Guzmán Vergel y otros

Demandado: Instituto Municipal de Obras Civiles de Neiva

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 15 de marzo de 2005, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

En primer lugar es conveniente precisar que solo la parte demandada apeló y como según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la providencia de la Sección Tercera de esta corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (CCA, art. 212)”(4).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandada.

2.3. El caso concreto.

El día 28 de mayo de 1994, en las horas de la noche, el señor Jorge Guzmán Vergel se desplazaba en una moto por la calle 19 entre carreras 41 y 42, de la ciudad de Neiva y como la vía estaba siendo reparada y no existía señales que lo indicaran sufrió un accidente y quedó seriamente lesionado y con secuelas que implican una disminución de su capacidad laboral.

2.4. Pruebas obrantes en el proceso.

1. Partida de matrimonio de Jorge Guzmán y Myriam Vergel; registro civil de nacimiento de Betty, Marisela, Bellair y Jorge Guzmán Vergel (fls. 16 a 20).

2. Historia clínica 114067 del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, en la cual se registró que se recibió el paciente con “politraumatismo en accidente de tránsito al caer de una motocicleta en movimiento”, en la epicrisis se registró que presentaba “TCE severo contusión cerebral hemorrágica frontal y parietal izquierda hemorragia perientricular secundaria. Lesión axonal difusa” (fls. 98 y 98 vto.).

3. Historia clínica Nº 121102 de la Clínica Fierro de Campoalegre, en la cual se registró la evolución posterior de las lesiones recibidas en el accidente, consignando el 21 de septiembre “Regresa presentando evolución satisfactoria, consciente, orientado, con leve dislalia, con hemiplejía izquierda, dilatación de pupila izquierda y alteración parcial de la visión, hay motricidad, ayudado, trae reciente TAC de control aún registra presencia de hidrocefalia, con hallazgo concreto de hidrocefalia comunicante, probablemente secundaria a la irritación hemática, intraventricular, a ausculta es normal, los reflejos están mantenidos...” (fls 89 a 174).

4. Valoración efectuada por el Instituto de Medicina Legal en la que se consignó:

“Examen físico por primera vez: Neurológico orientado en las tres esferas. Alerta. Hemiparecia (sic) izquierda. Ptosis izquierda completa. Por historia clínica y por examen físico se conceptúa que el examinado Jorge Guzmán presenta secuela de trauma craneoencefálico consistente en hemiparecia (sic) izquierda” (fl. 196).

5. Declaración de la señora Esther Vargas Lugo, quien manifestó que se encontraba en su casa cuando escuchó dos golpes fuertes y cuando acudieron al sitio encontraron al señor Guzmán tirado en la vía, lo recogieron y lo llevaron al hospital. Sobre la señalización existente manifestó que en la vía había unas piedras grandes y más adelante una cinta negra con amarillo pero estaba rota porque estaban haciendo trabajos en la vía, pero no había iluminación ni señales, solo las piedras y la cinta rota.

Manifestó también que el señor Guzmán habitualmente recorría esa vía porque tenía que pasar por ella para llegar al trabajo, de manera que sí la conocía de los trabajos que se adelantaban pero cree que el accidente fue causado por la falta de señales.

Respecto de la situación del lesionado manifestó que antes del accidente trabajaba en un taller y ayudaba a sus padres y hermanas con los que vivía, pero después quedó con un párpado caído y por el otro ojo no tenía mucha visión.

6. Declaración del señor Carlos Alberto Hernández Restrepo quien manifestó que no conocía al señor Guzmán antes del accidente que como señales solo existían unas piedras en la carretera, las cuales no eran muy visibles porque el lugar estaba oscuro, ya que se trata de una vía de dos carriles y la iluminación sólo estaba al otro lado donde quedaban las casas. Señaló también que en el sitio se adelantaban trabajos porque había huecos y los encargados de la obra pusieron unas cintas negras y amarillas, pero a las cuatro de la tarde ya no estaban porque se rompieron y solo quedaron las piedras.

7. Declaración del señor José Ronar quien era vecino del señor Guzmán y manifestó que al momento del accidente no estaba en la ciudad pero sí se enteró de lo ocurrido. Sobre el estado del lesionado señaló que quedó mal de un ojo y en general de un lado, que camina como si le hubiera dado una trombosis y quedó incapacitado para trabajar.

Acerca de la relación con su familia dijo que Jorge Guzmán siempre ha vivido con sus padres y sus hermanas en la misma casa y que antes trabajaba para sostenerlos pero ahora quien trabaja es su padre.

8. Declaración de la señora Lina del Carmen Pastrana Dussan, quien manifestó que conoce a la familia del lesionado de tiempo atrás y se enteró del accidente ocurrido cuando se realizaban trabajos en la vía. Sobre la salud del señor Guzmán indicó que después del accidente estuvo hospitalizado entre uno y dos meses y al salir quedó muy mal de un lado, con un ojo cerrado y un brazo paralizado, casi no puede caminar y no recuerda muchas cosas desde el accidente. Antes era mecánico en un taller, pero ya no puede trabajar y vive con sus padres y sus hermanas.

9. Fotografías del estado en que quedó la moto después del golpe y de una vía que presenta huecos.

10. Facturas del centro de escanografías, del Hospital General de Neiva, de la Clínica Fierro y de Drogas La Rebaja (fls. 23 a 66).

11. Cotizaciones del arreglo de la motocicleta que se accidentó (fls. 67 a 69).

12. Tarjeta de propiedad 92-1398064, de la motocicleta Yamaha de placas CUC 99, en donde consta que su propietario es el señor Jorge Guzmán Vergel (fl. 71).

2.5. El daño antijurídico.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño antijurídico ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuridicidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”[5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, en el presente caso, el daño consiste en las lesiones sufridas por el señor Jorge Guzmán Vergel, las cuales se probaron con la copia de la historia clínica y el informe del Instituto de Medicina Legal.

2.6. La imputación.

Establecida la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la parte demandada.

Se demanda al Instituto Municipal de Obras Civiles (IMOC) de Neiva, puesto que dicha entidad adelantaba trabajos de reparación en la vía, días antes del accidente y según los demandantes el accidente se presentó por falta de señalización, ya que en la vía sólo se colocaron unas piedras grandes que no eran visibles porque había poca iluminación y una cinta amarilla con negro que al momento del accidente estaba rota y desprendida.

La entidad en su defensa aduce que el lesionado conocía la existencia de las obras de reparación en la vía porque transitaba frecuentemente por ella y adicionalmente se instaló como señal una cinta amarilla y negra, de modo que el accidente fue causado por la propia víctima, quien al momento del accidente no tenía casco ni los otros elementos de seguridad exigidos a quienes se desplazan en motocicleta.

Sobre la importancia de la instalación de señales adecuadas, la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión, “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Según este principio, además del deber de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene la obligación de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros.

Si por falta o falla de la administración, no se advierte a tiempo de los peligros o conocida la existencia de los mismos, la administración no los remedia, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, por falta de seguridad(5).

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre este tema en reiteradas oportunidades, para señalar que además de la obligación de mantenimiento sobre las vías a cargo del Estado, para evitar el peligro proveniente de daños o desperfectos en las mismas, esa responsabilidad también comprende el deber de prevenir a los usuarios sobre los riesgos existentes e incluso de impedir el tráfico cuando sea necesario, para garantizar la seguridad de los ciudadanos(6).

Así lo ha considerado esta Sala:

“La Sala ha reiterado la obligación que tiene la administración en la debida y adecuada señalización cuando adelanta obras públicas, por el riesgo que pueda generar para quienes transitan por el lugar. Para la Sala, no es de recibo el argumento según el cual pueden emplearse cualquier tipo de señales para prevenir a los conductores sobre la existencia de obras en la vía, puesto que las normas reglamentarias establecen exigencias distintas. Además no puede aceptarse como señal preventiva un “montón de tierra” obstaculizando el camino, pues antes que prevenir, resulta peligrosa para quien transite en inmediaciones de la obra pública. En el caso concreto no queda duda de que el Invías no cumplió con el deber de colocar la señalización adecuada. En estas condiciones, los hechos probados configuran un típico caso de responsabilidad patrimonial, bajo el entendido de que el factor de imputación que compromete la responsabilidad del ente demandado está configurado por una falla del servicio consistente en la omisión en que incurrió la entidad encargada del mantenimiento y conservación de la vía, de una parte y, por la otra la inobservancia de las obligaciones reglamentarias referidas a la correcta, oportuna y adecuada señalización que ha debido adoptarse en el lugar donde se presentó el accidente”(7).

En lo relacionado con la señalización de las vías, se tiene que de acuerdo con el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en las resoluciones 8408 de 2 de octubre de 1985 y 5246, del 2 de julio de 1985(8), las señales preventivas se definen como aquellas orientadas a advertir al usuario la existencia de una situación peligrosa y su naturaleza, y allí mismo se contempla que cuando el peligro es temporal, la señal debe ser retirada de la vía una vez cesen las condiciones que dieron lugar a su instalación.

Sobre este tema la doctrina ha establecido que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público a ellas encomendado y por tanto, deben responder por la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, y su consecuente inseguridad(9).

Analizado el acervo probatorio, se tiene que el accidente se presentó a la altura de la calle 19 entre carreras 41 y 42, de la ciudad de Neiva, vía en la cual el Instituto Municipal de Obras Públicas de Neiva adelantaba algunos trabajos de mantenimiento, hecho que fue aceptado por la entidad.

No obstante, mientras la demandada aduce que sí existían señales que advertían de las reparaciones, los demandantes manifestaron que la única señal era unas piedras y una cinta color amarillo con negro que al momento del accidente estaba rota.

Al respecto debe advertirse que pese a haberse solicitado oportunamente, al proceso no se allegó informe del accidente, documento que aportaría claridad sobre lo ocurrido, pero la falta de señales apropiadas fue corroborada por los testigos Carlos Alberto Hernández y Esther Vargas Lugo, quienes acudieron al sitio de los hechos en el momento en que sintieron el golpe causado por el accidente, declaraciones a las cuales la Sala otorga credibilidad ya que los deponentes no tenían vínculo con el demandante y si bien no presenciaron el accidente, sí estuvieron allí en momentos posteriores al mismo y por tanto pueden dar fe de las condiciones en que se encontraba la vía.

Por otra parte, al confrontar lo dispuesto por las normas acerca de las señales preventivas, es posible concluir que colocar unas piedras en la vía como obstáculo o instalar una cinta al lado de la vía, no se ajusta a las especificaciones previstas en la disposición legal y en consecuencia no resulta una señal adecuada para prevenir el peligro existente en la vía, motivo por el cual, se concluye que hubo una falla en el servicio.

Ahora bien, en cuanto a lo alegado por la entidad acerca del conocimiento del lesionado sobre los trabajos en la vía porque transitaba por ella, hecho del cual infiere entonces una negligencia en su conducta, considera la Sala que no tiene vocación de prosperidad, en primer lugar porque ello no justifica el incumplimiento de las disposiciones sobre tránsito y señalización y además porque tratándose de reparaciones temporales en una vía urbana, no puede afirmarse con certeza que la víctima tenía conocimiento sobre la permanencia de las obras en ese sitio específico.

De otro lado, en cuanto tiene que ver con una culpa de la víctima porque al momento del accidente no tenía casco ni los otros elementos de seguridad exigidos a los conductores de motocicletas, debe precisarse que no existe una sola prueba de dicho argumento, porque como antes se señaló, no se allegó el informe sobre el accidente de tránsito y tampoco se presentaron testimonios que corroboraran esa afirmación, carga que estaba radicada en cabeza de la demandada, por lo cual no se declarará la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad, por hecho exclusivo de la víctima.

De lo anteriormente expuesto se concluye entonces que existió una falla del servicio consistente en la ausencia de señalización de la vía y que esta falla debe ser atribuida a la entidad demandada, en la cual radicaba el cumplimiento de dicho función y como no se probó la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad, lo procedente es confirmar el fallo de primera instancia.

2.7. Los perjuicios.

2.7.1. Perjuicios morales.

Fueron concedidos a los demandantes en cuantía de 80 SMMLV para el lesionado, 40 SMMLV para cada uno de los padres y 20 SMMLV para cada una de las hermanas.

Para efectos de este reconocimiento, los demandantes aportaron los registros civiles de nacimiento, con lo cual probaron que están legitimados en la causa por activa, al establecerse el parentesco con el lesionado y para su liquidación se tuvo en cuenta las lesiones sufridas por el señor Jorge Guzmán y las secuelas que padece, según lo certificó el Instituto de Medicina Legal, decisión que esta Sala confirmará por encontrarla ajustada a los parámetros establecidos por esta corporación para la fijación de la indemnización solicitada por este concepto y por otra parte, la solicitud de aumentar los montos concedidos no es procedente ya que es extemporánea y como la entidad demandada es apelante único no puede hacerse más gravosa su situación.

2.7.2. Daño a la salud.

En cuanto tiene que ver con la indemnización por daño a la salud, encuentra la Sala que la suma concedida puede ser inferior a la que resultaría al efectuar la liquidación bajo los parámetros indicados por esta corporación en la jurisprudencia más reciente sobre el tema, pero dicha cantidad no podrá modificarse en virtud de la aplicación del principio de la no reformatio in pejus, ya que solo la entidad demandada apeló.

2.7.3. Perjuicios materiales.

Igual consideración procede en relación con los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, que fueron negados en la primera instancia, decisión que debe mantenerse para no hacer más gravosa la situación del apelante único.

Finalmente, en cuanto tiene que ver con las facturas aportadas y respecto de las cuales no se pronunció la entidad demandada para cuestionarlas o exigir su ratificación en el proceso, se confirmará también la procedencia de esta indemnización, actualizando a la fecha la suma concedida, según la siguiente fórmula:

 

FORMUL
 

Va = 3.181.053

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 15 de marzo de 2005, la cual quedará así:

1. Declarar que el Instituto Municipal de Obras Civiles de Neiva, es responsable de las lesiones sufridas por el señor Jorge Guzmán Vergel.

2. En consecuencia, condenar al Instituto Municipal de Obras Civiles de Neiva, a pagar las siguientes sumas

a) Por concepto de perjuicios morales.

A Jorge Guzmán Vergel, el equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecución de esta providencia.

A Jorge Guzmán Cortés y Miryam Vergel de Guzmán el equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecución de esta providencia, para cada uno.

A Bellair Guzmán Vergel, Maricela Guzmán Vergel y Betty Guzmán Vergel, el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecución de esta providencia, para cada uno.

b) Por perjuicios materiales, al señor Jorge Guzmán Vergel la suma de $3.181.053.

c) Por perjuicios por daño a la salud al señor Jorge Guzmán Vergel, el equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecución de esta providencia.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, al apoderado que ha venido actuando a lo largo del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La mayor pretensión de la demanda es de 2.000 gramos oro, al precio del 28 de mayo de 1996 (12940,34) para un total de $25.880.680 y por tanto es de doble instancia, teniendo en cuenta que para la época de presentación de la demanda, año 1996, la mayor cuantía era de $13.460.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042; C. P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Expediente 10922, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, Radicado 21060, C. P. Mauricio Fajardo.

(5) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, cuarta edición, Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010, pág. 377.

(6) Sentencia del 22 de septiembre de 1996.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 14 de 2005, Radicado 15630; C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Modificada por las resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989, 8171 del 9 de septiembre de 1987 y resolución 3968 del 30 de septiembre de 1992 del Ministerio de Transporte.

(9) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, cuarta edición, Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010, pág. 377.