Sentencia 1996-08709 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 410012331000199608709 01 (26.089)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: María Eva Castro y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Apelación sentencia. Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., febrero veintisiete de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Subsección decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, el día 21 de julio de 2003, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

1. El caudal probatorio obrante en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Hernando Sierra Morera, quien falleció el 3 de junio de 1994 en el municipio La Plata (Huila), a causa de una laceración cerebral (fl. 18, cdno. 1).

— Extracto (original) de la hoja de vida del agente Hernando Muñoz Vargas, quien según dicho documento ingresó a la Policía Nacional el día 4 de abril de 1988 y su retiro de dicho ente se produjo el día 11 de noviembre de1994, por destitución (fl. 1, cdno. 2).

— Al proceso también se allegaron copia autenticada del proceso disciplinario que adelantó la Policía Nacional contra el agente Hernando Vargas Muñoz por los hechos ocurridos el día 3 de junio de 1994 en los cuales falleció el señor Hernando Sierra Morera (cdno. 4) y del proceso penal que se surtió por ese mismo hecho (fls. 112 y ss., cdno. 2 y cdno. 3).

Respecto de las mencionadas pruebas trasladadas, debe tenerse en cuenta que la parte demandante solicitó su decreto en la demanda, petición a la cual se accedió en primera instancia a través de auto de 9 de abril de 1999 (fl. 90, cdno. 1); la secretaría del tribunal administrativo a quo libró para tal fin los oficios correspondientes y, en virtud de tal requerimiento, tanto la propia entidad demandada (fl. 1, cdno. 4), como el Juzgado Penal del Circuito del municipio de la Plata - Huila (fl. 112, cdno. 2), aportaron copia auténtica de los aludidos procesos disciplinario y penal, respectivamente.

Los documentos y diligencias que obran dentro de las referidas pruebas trasladadas serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que la entidad pública demandada también solicitó el decreto de dichas pruebas al contestar la demanda, amén de señalar que en cuanto al proceso disciplinario se refiere, éste se allegó por parte de la Policía Nacional, es decir que proviene de la propia entidad que adelantó la actuación.

Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma pacífica y reiterada, que la admisión de la prueba solicitada por una de las partes y recaudada con el asentimiento o la propia voluntad de la otra parte representa la renuncia al —o mejor constituye una modalidad de— ejercicio del derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de reproducir su práctica, de modo que no le es dable al juez de la causa desconocer ese interés e insistir en la exigencia del cumplimiento de una formalidad cuyo objeto constituye la protección del derecho sustancial (CPC, art. 228)(1).

Dentro de la mencionada prueba trasladada obran, entre otros, los siguientes medios de convicción:

En el proceso penal:

— Copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver del señor Hernando Sierra Morera, fechada el 3 de junio de 1994 en el municipio de La Plata (Huila), en cuyo contenido consta:

“Por información del señor José Diomedes Arango, propietario del Bar-cantina - donde ocurrieron los hechos, el occiso se encontraba allí desde las diez de la mañana tomando cerveza… aproximadamente a las cuatro de la tarde llegaron dos personas entre ellas el dueño de la cantina alcatraz, se sentaron en la mesa del occiso y desde allí su amigo le disparó a la cabeza de Hernando Sierra Morera” (fls. 5 y 6, cdno. 3).

— Copia autenticada de la resolución de acusación que profirió la Fiscalía 23 Seccional de La Plata (Huila), el día 3 de octubre de 1994 contra el señor Hernando Vargas Muñoz por el homicidio del señor Hernando Sierra Morera, dentro de la cual se indicó:

“Se halla establecido procesalmente que aproximadamente a las 4:30 de la tarde del viernes tres de junio de 1994 en el bar ‘ganadero’ propiedad de Diomedes Arango, de ésta localidad fue muerto de dos disparos de arma de fuego a la altura del cráneo el ciudadano Hernando Sierra Morera.

“Las pruebas allegadas destacan que el autor material de la muerte de Sierra Morera, no es otro que Hernando Muñoz Vargas quien para la fecha de autos tenía la calidad de agente de la Policía Nacional, pero gozaba de permiso otorgado por su superior, lo que indica que el hecho fue cometido fuera del ejercicio de sus funciones.

“(…).

“(…) en el presente caso se estructuran los elementos configurantes para la consagración del hecho punible de homicidio, de que fuera sujeto pasivo Hernando Sierra Morera, y cuya responsabilidad penal recae sin duda alguna en contra de Hernando Muñoz Vargas (…)” - (se resalta) - (fls. 126 a 133, cdno. 3).

— Declaración del cabo segundo de la Policía Nacional Luis Albeiro Rodríguez Raigosa, quien relató:

“A las 17:30 horas me fue a informar el agente Coronado, a la cancha de fútbol, donde nos encontrábamos jugando un partido amistoso; ese agente me informó sobre el hecho que había ocurrido en el Bar Ganadero; inmediatamente procedí a desplazarme a ese sitio, donde ocurrió el hecho para apersonarme mejor de la situación; inmediatamente procedí a impartir diferentes consignas para dar con el paradero con el tipo que había ocasionado el homicidio. Es así como a las 18:30, más o menos, el cabo segundo, Arguello, me informó que habían aprehendido a un tipo con las características del mencionado autor del homicidio. En ese momento le dije que se trasladara para la subestación con el sujeto en mención. Cuando llegó a las instalaciones de la estación me di cuenta que la persona que habían cogido era el agente Muñoz Vargas Hernando, quien se encontraba en un estado de embriaguez muy avanzado; procedí entonces con el comandante de guardia, en ese momento agente Cuadros y lo trasladamos al kiosko; dicho agente estaba un poco irritado y manifestando con palabras soeces y amenazas que iba a acabar con todos los que habían allí. Inmediatamente le ordené al comandante de guardia, que en medida preventiva y de seguridad, que lo mejor era meterlo un momento a la sala de retenidos, para que calmara un poco los ánimos… con respecto al homicidio dijo que le había dado al tipo porque era un informante… El homicidio tuvo lugar por arma de fuego, pero al agente no se le encontró ninguna dotación (…)” (resaltados adicionales) - (fls. 222 y 223, cdno. 3).

— Copia auténtica de la sentencia que dictó el Juzgado Tercero Penal del Circuito de La Plata (Huila), el día 1° de noviembre de 1995, mediante la cual se condenó penalmente al señor Hernando Muñoz Vargas por el delito de homicidio en la persona de Hernando Sierra Morera (fls. 290 a 318, cdno. 2).

En el proceso disciplinario:

— Informe que emitió el comandante de la tercera sección de vigilancia de la Estación de Policía de La Plata (Huila), el día 3 de junio de 1994, según el cual:

“(…) el día 03-06-94 siendo aproximadamente las 16:45 horas, en el perímetro urbano del municipio de La Plata … en el sitio denominado cantina … se tuvo conocimiento del homicidio en persona del señor quien en vida respondía al nombre de Hernando Sierra Morera … quien presenta dos impactos con arma de fuego a la altura parte frontal de la cabeza. Según descripción del señor Diomedes Arango Gallego, informó que un individuo de mediana estatura, que vestía chaqueta de jeans, botas caucho altas, gorra azul entró al establecimiento y sin mediar diálogo le disparó al señor antes mencionado, el cual inmediatamente emprendió la huída con rumbo desconocido. La patrulla de Policía bajo mi mando que se encontraba de servicio, inició la búsqueda del sospechoso basándonos en la descripción dada por el señor José Diomedes Arango Gallego; en el trayecto vía que de este municipio conduce a la ciudad de Popayán Cauca, en la avenida las Américas antes de llegar al puente que cruza la quebrada denominada Cuchallacao, se observó un individuo con la descripción dada por el antes mencionado, a lo cual se procedió a la correspondiente identificación y requisa al cual no se le encontró ninguna clase de arma, manifestando ser miembro activo de la Policía Nacional, quien dijo llamarse Muñoz Vargas Hernando (…)” (fl. 4, cdno. 4).

— Testimonio del agente de la Policía Antonio Jesús Ortiz Saza, a quien se le interrogó acerca de si el día 3 de junio de 1994, él y el agente Hernando Muñoz Vargas cumplían funciones inherentes al servicio, a lo cual respondió: <<No cumplíamos ninguna misión>> (fl. 39, cdno. 4).

— Copia auténtica del fallo que profirió la Policía Nacional el día 6 de septiembre de 1994 dentro del proceso disciplinario que dicho ente adelantó en contra del agente Hernando Muñoz Vargas, a través del cual se le declaró, en primera instancia, responsable por la comisión de las faltas contra el ejercicio de la profesión, por el homicidio del señor Hernando Sierra Morera y se destituyó de la entidad demandada; dentro de dicha decisión se señaló:

“Del resultado y análisis pormenorizado de todas y cada una de las pruebas allegadas a la presente investigación, se logró establecer, que ciertamente para la fecha, del 03-06-94, el Ag. Muñoz Vargas Hernando, se encontraba en servicio activo, disfrutando de un permiso concedido por el comandante de la Estación de Policía Belén, para realizar diligencias personales en el municipio de la Plata Huila”(se resalta).

La anterior decisión se confirmó por parte de la Dirección General de la Policía Nacional (fls. 97 a 110, cdno. 2).

2. Caso concreto.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, la Sala encuentra acreditado el daño causado a los demandantes, consistente en la muerte del señor Hernando Sierra Morera, a causa de las heridas propinadas con arma de fuego por parte del entonces agente de la Policía Hernando Muñoz Vargas; sin embargo, ese daño no resulta atribuible a la entidad demandada, por cuanto si bien es cierto que fue causado por un agente del Estado, también lo es que devino de una actuación abiertamente ajena al servicio público.

En efecto, el acervo probatorio evidencia que el deceso del señor Sierra Morera fue consecuencia de la actuación de un integrante de la entidad demandada, mientras éste se encontraba de permiso y se hallaba, junto con la víctima directa del daño, en un establecimiento de comercio en el municipio de La Plata (Huila), al parecer bajo el influjo de bebidas embriagantes y con un arma que ni siquiera era de dotación oficial.

Al respecto, la Sala ha precisado(2), de manera reiterada, que el atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este último se hace responsable de su reparación, pero tal atribución sólo resulta posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio; dicho de otra manera, las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público, pues la simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, dado que dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado, esto es separado por completo de toda actividad pública, tal como ocurrió en este caso.

Conviene igualmente precisar que aunque el agente del Estado que causó el daño se encontraba en servicio activo, ello no compromete la responsabilidad patrimonial de la entidad accionada, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de la corporación(3), cuando un miembro de la fuerza pública se encuentra en estado de “disponibilidad”, consecuencialmente está en servicio activo; empero, esa circunstancia no significa, per se, el ejercicio de funciones propias del cargo, las cuales se desarrollarán, por ejemplo, cuando encontrándose en esa situación le sean asignadas tales funciones por quien corresponda, evento éste en el cual se establecerá un claro nexo con el servicio, por manera que de no presentarse dicho vínculo, las actuaciones adelantadas por el agente no comprometerán a la entidad pública y por ende sus consecuencias radicarán, exclusivamente, en cabeza del servidor, quien actúa dentro de su ámbito privado.

Así las cosas, en el sub judice se encuentra plenamente acreditada la configuración de la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa personal del agente, circunstancia que impide estructurar la imputación jurídica del daño causado en contra de la entidad pública demandada, elemento éste indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado, por cuanto si bien el daño lo causó un miembro de la Policía Nacional, en ese momento no lo hizo prevalido de tal condición sino que lo hizo dentro de su esfera personal.

Finalmente, en relación con la imputación hecha en la demanda —y sobre la cual descansa buena parte del recurso de apelación— en punto a que se responsabilice a la Policía Nacional por permitir que el agente que causó el daño hubiere permanecido en la entidad, no obstante sus antecedentes de mal comportamiento y faltas disciplinarias, pues con dicha actuación permisiva u omisiva se habría facilitado que perpetrare el hecho dañoso, la Subsección estima que aunque algunos medios de convicción(4) aluden a dichos antecedentes negativos por parte del agente del Estado, lo cierto es que esa inacción en modo alguno podría acogerse como la causa eficiente del daño, de conformidad con el cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño sólo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata(5), en este caso lo fue la actuación personal del agente.

3. Condena en costas.

Dado que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, el día 21 de julio de 2003.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 2 de mayo de 2002, exp. 13.247, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15.088, sentencia de diciembre 4 de 2006, exp. 15.723 y de 23 septiembre de 2009, expediente 17.532, entre muchas otras decisiones.

(2) En ese sentido pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias proferidas el 14 de abril de 2010, expediente 17.898 y el 28 de abril de ese mismo año, exp. 18.322.

(3) Al respecto, la Sección Tercera de la corporación, en sentencia de agosto 10 de 2001, expediente 13.666 —reiterada en sentencia de 28 de abril de 2010, exp. 18.322—, expresó:

“Se concluye, entonces, que el agente de la Policía que se encuentra disponible está en servicio activo, pero no tiene señalada una función específica, la cual, sin embargo, puede serle asignada en cualquier momento. Así las cosas, mientras no se le ordene desarrollar una determinada labor, no cumplirá funciones propias del servicio, y sus actuaciones, por lo tanto, no vincularán al Estado, a menos que existan elementos adicionales que permitan considerar que su conducta tiene un nexo con el servicio respectivo” (se resalta).

(4) De conformidad con el extracto de la hoja de vida del agente Hernando Vargas Muñoz, durante los años 1989 a 1991 presentó diversas sanciones y amonestaciones por procedimientos incorrectos y constitutivos de faltas disciplinarias (fl. 55, cdno. 1).

(5) Sentencia de 19 de agosto de 2009, expediente 17.957, reiterada en sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 19.032.