Sentencia 1996-09616 de 18 de diciembre de 2009

 

Sentencia 1996-09616 de 18 de diciembre de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 41001-3103-004-1996-09616-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil nueve.

Procede la Corte a dictar la sentencia sustitutiva que en derecho corresponde, tras haber prosperado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2002 por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario promovido por Fajardo & Cía. S. en C. contra Inversiones Sánchez Rodríguez Insaro Ltda.

Antecedentes

1. La sociedad Fajardo & Cía. S. en C. demandó a Inversiones Sánchez Rodríguez Insaro Ltda. para que se declarara resuelto por incumplimiento de la parte demandada el contrato de compraventa entre ellas celebrado el 14 de marzo de 1987, respecto de un establecimiento industrial y comercial ubicado en la ciudad de Neiva, se condenara a la demandada a restituirle a la demandante el bien objeto del mencionado negocio jurídico en las mismas condiciones en que le fue entregado, y a pagarle los frutos percibidos o que hubiese podido percibir desde la fecha en que lo recibió, así como la pena pactada en la suma de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000), más los correspondientes intereses moratorios.

Subsidiariamente, solicitó que se declarara resuelto el referido contrato por incumplimiento de ambas partes.

2. Las mencionadas pretensiones se apoyaron en los hechos que fueron resumidos por la Sala en la sentencia de casación dictada el 10 de octubre de 2006, en los siguientes términos:

"a) Mediante documento privado, auténtico, de fecha 14 de marzo de 1987 demandante y demandada celebraron un contrato de compraventa mediante el cual la primera transfirió a la segunda el derecho de dominio del establecimiento industrial y de comercio denominado 'Gaseosas Cóndor', por la suma de 86 millones de pesos.

b) Por tratarse de un establecimiento de comercio la enajenación se realizó como una unidad económica, incluyéndose dentro de esta un lote de terreno de aproximadamente diez mil metros, ubicado en la ciudad de Neiva, cuyos linderos y demás especificaciones fueron precisados en la demanda, conviniéndose que la escritura pública en virtud de la cual se transferiría la propiedad sobre el mismo, se otorgaría el 1º de abril de 1987, en la Notaría Segunda de Neiva.

c) En virtud del documento privado otorgado el mismo 14 de marzo de 1987, las partes complementaron y adicionaron el contrato inicial señalando que el valor real de la compraventa era de 210 millones de pesos, que debían ser pagados en varios instalamentos y de la forma allí prevista.

d) La demandada -según el actor- incumplió con la forma de pago prevista en el literal a del documento aclaratorio, como lo reconoció el Tribunal Superior de Neiva en sentencia dictada en un juicio ejecutivo que previamente vinculó a las partes, con lo que incumplió sus obligaciones contractuales.

e) El referido incumplimiento generó a favor de la demandante la "multa a título de indemnización" prevista en la cláusula octava del contrato inicial por valor de 80 millones de pesos.

f) La vendedora compareció por intermedio de su representante legal a la notaría acordada para suscribir la escritura pública, pero no lo hizo por razón del incumplimiento de la compradora demandada.

g) A la fecha de presentación de la demanda la escritura no se había otorgado, y la demandada adeudaba la suma de 50 millones de pesos".

3. La sociedad accionada contestó el libelo introductorio oponiéndose a sus súplicas, y formuló una excepción de fondo bajo el rotulo de "exceptio non adimpleti contractus".

4. La sentencia de primera instancia declaró resuelto el contrato de compraventa por mutuo incumplimiento de las partes; condenó a la demandada a restituir el establecimiento de comercio con la totalidad de los bienes que lo conformaban y que fueron entregados por la sociedad vendedora y, a la demandante, por su parte, a devolver la suma de ciento sesenta millones de pesos m/cte. ($ 160.000.000) que había recibido de la compradora, debidamente indexada; se abstuvo de reconocer al actor los frutos naturales y civiles, no dispuso el pago de la cláusula penal pactada, ni condenó en costas.

5. Ambas partes apelaron del fallo y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva lo revocó para, en su lugar, declarar impróspera la excepción propuesta y resuelto el contrato de compraventa por incumplimiento de la demandada; ordenó a las partes realizar las restituciones mutuas correspondientes, se abstuvo de condenar a la compradora a pagar los frutos reclamados, pero le impuso a esta pagar a la demandante la multa pactada por valor de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000) sin actualización, más las costas de las dos instancias.

6. La Corte, al resolver el recurso de casación que la sociedad demandada interpuso, quebró la sentencia de segunda instancia porque quedó demostrado que el tribunal incurrió en un error de derecho por violación de diversas normas probatorias, pues para arribar a la conclusión a la que finalmente llegó

"... se apoyó primordialmente en la sentencia dictada por esa entidad el 30 de octubre de 1992, en el juicio ejecutivo que previamente había vinculado a las partes, prueba con fundamento en la cual expresó que "... en la decisión comentada concluyó [ese tribunal, se aclara] que el no pago de los pagarés a favor del tercero, en la fecha incorporada a estos constituyó un incumplimiento por parte de la firma compradora", y al hacerlo incurrió en un error de contemplación jurídica de la referida pieza procesal (...), [pues] es sabido que para que las copias de actuaciones judiciales tengan mérito probatorio es indispensable que hayan sido ordenadas por el juez y autorizadas por el secretario del correspondiente despacho judicial, requisitos sin los cuales no puede considerarse que ellas se encuentran debidamente autenticadas",

y la Corte, precisamente, extrañó el cumplimiento de tales requisitos en la aducción de la mencionada providencia al presente proceso ordinario.

7. Como la prueba que de oficio se ordenó practicar ya se evacuó, es preciso adoptar la determinación que en derecho ponga fin a la presente controversia.

La sentencia de primera instancia

1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva declaró resuelto el contrato de compraventa que celebraron las sociedades Fajardo & Cía. S. en C. -vendedora- e Inversiones Sánchez Rodríguez Insaro Ltda. -compradora- respecto del señalado establecimiento de comercio, con fundamento en el mutuo incumplimiento de las partes, y adoptó las determinaciones consecuenciales descritas en precedencia.

2. Sostuvo el sentenciador a quo, tras aludir a la naturaleza jurídica del contrato celebrado -incluido el convenio complementario- y a su gobierno legal, que, en síntesis, debía declararse la prosperidad de la "pretensión formulada por la parte actora en su escrito de reforma de la demanda, [relacionada] con la resolución por mutuo incumplimiento de las partes contratantes, al no haberse suscrito por parte de la actora la respectiva escritura pública de enajenación del inmueble donde funciona el establecimiento industrial y comercial Gaseosas Cóndor y por la contradictora [al no efectuar] la cancelación efectiva de la cuota de $ 50.000.000 que debió haber hecho el 1º de abril de 1988, sin que hasta la presente muy a pesar de su incumplimiento se hubiere presentado una voluntad de alguna o ambas partes de allanarse a cumplir las prestaciones emanadas del contrato" (fls. 119 a 125, cdno. 1).

3. Como consecuencia de la declaratoria de "resolución por mutuo incumplimiento" a que se ha hecho referencia, el juez de primer grado ordenó las restituciones mutuas, para cuyo efecto condenó a Inversiones Sánchez Rodríguez Insaro Ltda. a devolverle a Fajardo & Cía. S. en C. el establecimiento de comercio de marras con la totalidad de los bienes que lo conforman y que le fueron entregados; dispuso, igualmente, que esta sociedad -la vendedora- le debía reintegrar a aquella persona jurídica -la compradora- las sumas de dinero que recibió a título de precio con motivo de la negociación, esto es, la cantidad de $ 160.000.000, debidamente indexadas; no reconoció los frutos naturales o civiles solicitados en la demanda, ni ordenó el pago de la cláusula penal pactada, y tampoco impuso el pago de las costas.

Los recursos de apelación

1. Como en precedencia se dejó expuesto, ambas partes apelaron la sentencia de primer grado.

2. Al interponer y sustentar el recurso vertical, la actora solicitó que por el superior se impusiera a la parte demandada el pago de los frutos civiles y de la cláusula penal pactada, así como las costas del proceso, con fundamento en que, por una parte, el artículo 964 del Código Civil al regular las prestaciones mutuas, cualquiera que sea la condición del poseedor, dispone que se deben devolver no solo los frutos percibidos sino también aquellos que el bien hubiese podido producir con mediana inteligencia y actividad, y, por la otra, que como "no ha incurrido en mora" porque la demandada fue quien dejó de atender a tiempo la obligación consistente en pagarle al tercero Hernando Falla Duque la suma de dinero acordada, ni canceló la cantidad de $ 50.000.000 que debía ser pagada el 1º de abril de 1988, el funcionario ad quem debía proceder consecuentemente, imponiéndole a la sociedad compradora el pago de la pena y de las costas causadas, ya que el proceso se originó "en el incumplimiento reiterado y permanente de la demandada, sin justificación legal alguna" (fl. 135, cdno. 1). Añadió la demandante recurrente que, en contra de lo que expuso el juzgado del conocimiento en la sentencia apelada, en el expediente está demostrado que la compradora desatendió los compromisos que asumió en virtud del contrato, "habida cuenta que el 18 de marzo de 1987 no pagó, como parte del precio, los pagarés otorgados por mi poderdante a Hernando Falla Duque, (...) lo que nos lleva a concluir la procedencia de la pretensión principal, consistente en la resolución del contrato por incumplimiento del deudor" (fl. 11, cdno. 4).

3. La otra contratante -demandada en el proceso-, por su parte, pidió la revocatoria de la sentencia del a quo y que, en su lugar, se denegaran las pretensiones de la demanda, toda vez que el silencio que le atribuyó el juzgador respecto de lo afirmado en la demanda en torno a la supuesta falta de pago de la obligación hipotecaria a favor de Hernando Falla Duque y el "probado incumplimiento de la compradora" que se dio por sentado en el fallo apelado, resultan contrarios a lo que revelan, ciertamente, las actuaciones obrantes en el proceso. Advirtió la demandada que la única prestación pendiente de honrar es la atinente a la suma de $ 50.000.000, que pagará cuando la vendedora suscriba, en su favor, el título escriturario que origine la transferencia del inmueble en el que tiene su asiento el establecimiento de comercio objeto del contrato, en relación con lo cual sostuvo que tal cantidad de dinero "... no la ha pagado porque entiende que esta obligación nace como consecuencia del otorgamiento de la escritura". Al respecto indicó, seguidamente, que "el día en que la parte vendedora cumpla su obligación, mi poderdante pagará" la suma adeudada y que "no está en mora la sociedad demandada en el cumplimiento de las obligaciones que reclama la sociedad demandante mientras esta no cumpla o no se allane a cumplir con las obligaciones contractuales a su cargo contenidas en el acto bilateral de que se ocupan los documentos privados presentados con la demanda" (fl. 133, cdno. 1).

Consideraciones

1. No hay duda en punto a que en el sub judice concurren, a cabalidad, los presupuestos procesales, sin que exista, de otra parte, causal de nulidad que afecte la validez de la actuación cumplida, situación que impone resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes que, en términos generales, como arriba se dejó expuesto, buscan combatir las decisiones que les resultaron adversas a lo que, respectivamente, ellas postularon en la demanda, así como en su reforma, y en la contestación con la que la demandada se refirió a aquellos escritos.

2. No ha existido debate en el proceso acerca de la celebración del contrato de compraventa sobre el establecimiento de comercio denominado Gaseosas Cóndor, ubicado en la ciudad de Neiva (Huila), pues con la demanda se acompañó una copia de los dos documentos contentivos de tal negocio jurídico, suscritos por las partes el 14 de marzo de 1987, cuyas firmas fueron reconocidas ante notario público, y respecto del perfeccionamiento de tal acuerdo de disposición de intereses ninguna discusión planteó la sociedad demandada, siendo preciso destacar, además, que acerca de su validez no se detecta vicio alguno.

A propósito de la figura jurídica del establecimiento de comercio y de los actos de transferencia que sobre él se pueden celebrar, resulta conveniente recordar que el ordenamiento jurídico colombiano acogió la noción que respecto de dicha universalidad se tiene en el sistema legal italiano(1), razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 del Código de Comercio se entiende por establecimiento de comercio "un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa". Con fundamento en el reseñado concepto normativo, la Sala ha indicado que ese fondo o hacienda mercantil lo constituye el "conjunto heterogéneo y organizado de bienes utilizados por el comerciante para desarrollar una actividad económica enderezada a la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios que, dada su destinación, conforma una unidad que permite su negociación 'en bloque'"(2).

Es pertinente anotar que el régimen legal aplicable a la materia no restringe o limita la naturaleza de los bienes que conforman la mencionada universalidad, no obstante que la lista enunciativa de sus elementos integrantes, contenida en el artículo 516 ejusdem, solo haga referencia a diversas clases de bienes muebles, cosas incorporales -derechos- o a los denominados bienes inmateriales o intangibles. En razón de lo anterior, pueden estar incorporados al fondo de comercio todos los bienes que el empresario haya destinado efectivamente a la actividad mercantil de que se trate, incluso los bienes inmuebles en los que la respectiva empresa tenga su asiento.

Corresponde recordar, igualmente, que la propia legislación mercantil ha dispuesto que "la enajenación de un establecimiento de comercio, a cualquier título, se presume hecha en bloque o como unidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que lo integran" (C. Co., art. 525), exigiéndose como requisito de forma que el negocio jurídico que sirva de fundamento a la enajenación se otorgue a través de "escritura pública o en documento privado reconocido por los otorgantes ante el funcionario competente", ello con el fin de que el acto surta efectos entre las partes (art. 526, ejusdem), sin perjuicio de la inscripción que deba realizarse en el correspondiente registro mercantil con propósitos de oponibilidad frente a terceros (estatuto mercantil, art. 28, num. 6º). Ahora bien, por la naturaleza particular de los bienes raíces, así como por la certidumbre que se requiere en su titularidad y circulación, la inclusión de inmuebles como parte de un establecimiento de comercio, así como su efectiva transferencia como consecuencia de la enajenación de la mencionada universalidad, requerirán determinaciones particulares, v. gr. por las formalidades que son exigidas para los actos dispositivos que tengan como objeto dicha clase de bienes.

3. En la demanda presentada el 28 de noviembre de 1996, como se anticipó, la demandante -vendedora del establecimiento de comercio- apoyó la pretensión resolutoria del contrato, en los relatos que en lo fundamental se transcriben a continuación: "a pesar que la fecha de vencimiento del pagaré de que trata el literal a referente a la forma de pago contenida en el documento aclaratorio, transcrita en el hecho anterior, era el 18 de marzo de 1987, siendo precisamente este día en el que debió cancelarse, como lo reconoció el Tribunal Superior de Neiva en sentencia de segunda instancia proferida en proceso ejecutivo iniciado por la sociedad Insaro Ltda. contra mi poderdante, aquella no canceló este, incumpliendo así sus obligaciones contractuales" (hecho quinto); que "dicho incumplimiento ha generado a favor de mi representada 'la multa a titulo de indemnización' establecida en la cláusula octava" (hecho sexto); e "igualmente, [que] dicho incumplimiento originó que el representante legal de mi patrocinada (...) se negara a suscribir la escritura pública de venta" (hecho séptimo), lo que todavía no se ha materializado ya que "la demandada aún le adeuda a mi patrocinada la suma de $ 50.000.000" (hecho noveno) (fls. 24 y 25, cdno. 1).

Es decir, en concreto, la actora imputó dos diversos incumplimientos a la sociedad demandada, relacionados ambos con la solución de parte del precio acordado, a saber: el primero, con el no pago de la cantidad de $ 45.000.000 a favor del señor Hernando Falla Duque, de conformidad con lo previsto en el ordinal a del documento aclaratorio y, el segundo, atinente a la falta de pago de la suma de $ 50.000.000 de que trata la letra f del citado pliego, que se aseguró está pendiente de ser satisfecha.

Posteriormente, con fundamento en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, el libelo introductorio se reformó mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 1997 (fls. 65 y ss.), y en él se incluyó, como súplica subsidiaria, la resolución del negocio jurídico "por incumplimiento de las partes intervinientes en él", pretensión que se soporta en algunos de los hechos narrados en la demanda original, en los que la parte demandante, además de enrostrarle a la demandada los incumplimientos arriba reseñados, aceptó que no había suscrito la escritura pública que debía formalizar la transferencia del inmueble, aun cuando justificó dicha conducta omisiva en el incumplimiento previo de la sociedad demandada.

4. En la sentencia de primera instancia, conviene memorarlo, se declaró resuelto el contrato en cuestión por el incumplimiento de ambas partes y se ordenaron las correspondientes restituciones mutuas que debían hacer los litigantes, expresándose en la parte motiva que existía un "probado incumplimiento inicial de las partes respecto de las obligaciones contraídas en el contrato de compraventa del establecimiento de comercio (...) pues la compradora no desmiente el no haber cancelado oportunamente los pagarés que por $ 45.000.000 se había comprometido en favor de Hernando Falla Duque, en la fecha en que aquellos eran exigibles y la vendedora no dio cumplimiento a su obligación de suscribir el título escriturario con el cual se perfeccionaba la venta de las instalaciones del bien inmueble donde funcionaba el establecimiento industrial y comercial..." (fl. 122, cdno. 1), además de lo cual se señaló que "la pretensión formulada por la parte actora en su escrito de reforma de la demanda en el sentido de deprecar la resolución por mutuo incumplimiento de las partes contratantes", tenía sustento en "no haberse suscrito por parte de la actora la respectiva escritura pública de enajenación (...) y por la contradictoria la no cancelación efectiva de la cuota de $ 50.000.000 que debió haber hecho el 1º de abril de 1988" (fl. 125).

5. Ahora bien, para dilucidar la problemática suscitada, es pertinente auscultar lo que los contratantes pactaron en la cláusula relativa al pago del precio, particularmente en el documento en el que acordaron modificar y aclarar lo convenido inicialmente, estipulación que es del siguiente tenor:

"... hacemos constar que el precio real es de doscientos diez millones de pesos ($ 210.000.000), moneda corriente, que se pagan por la sociedad compradora a la vendedora, que declara tener recibidos así:

a) Con la obligación de cancelar a Hernando Falla Duque la obligación a su favor y a cargo de la sociedad vendedora, y con garantía hipotecaria sobre el inmueble identificado, o sea la suma de cuarenta y cinco millones de pesos ($ 45.000.000) moneda corriente.

b) La suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) moneda corriente, en cheque que se gira pagadero a la vista contra el Banco de Crédito y Comercio de Colombia sucursal Neiva, distinguido con el número 1320589 de la cuenta corriente 058-00137-1.

c) Con la suma de veintidós millones de pesos ($ 22.000.000) moneda corriente, que con anterioridad recibieron ya los vendedores, que constaban en pagarés y que en la fecha se devuelven a la sociedad vendedora, para su anulación.

d) Con la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) moneda corriente, que se pagan el cinco (5) de abril de 1987, suma que está representada en cheque 1320590 contra la cuenta corriente 058-00137-1 del Banco de Crédito y Comercio de Colombia sucursal Neiva.

e) Con la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) moneda corriente, que se pagan el día primero (1º) de mayo de 1987, suma que está representada en cheque número 132091 contra la cuenta corriente 058-00137-1, del Banco de Crédito y Comercio de Colombia, sucursal Neiva.

f) Con la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) moneda corriente, representados en pagaré a cargo de la sociedad compradora y los señores Hernando Sánchez Henao y María Elina Rodríguez de Sánchez y a favor de Fajardo & Cía. S. en C. que podrá fraccionarse sin alterar su valor en varios pagarés según lo disponga la sociedad vendedora. Sobre ésta suma se reconocerá a la sociedad vendedora intereses a la rata del 2.5% mensual pagaderos en forma anticipada. Este pagaré será exigible el día primero (1º) de abril de 1988" (fl. 8, cdno. 1).

5.1. Acerca de la prestación indicada en el ordinal a, atrás referido, se observa que las partes no establecieron, en estrictez, en qué momento se debía realizar el pago de la suma de $ 45.000.000, tampoco aludieron o hicieron referencia a un pagaré con fecha cierta de vencimiento, como lo menciona el actor en el hecho quinto de la demanda, por lo que -a falta de cualquier otra estipulación contractual que pudiera conducir a una solución diversa- corresponde concluir que se trata de una obligación pura y simple, que debía ser atendida inmediatamente, ya que, bien se sabe, en esta clase de relaciones obligatorias converge el momento de su nacimiento con el de su exigibilidad, como que, ha señalado esta Sala, "esos dos momentos son uno mismo en el tiempo" (CXLVIII,194).

Traduce lo anterior, entonces, que el pago de la referida suma de dinero se debía realizar por la demandada el mismo día en que se suscribieron los dos documentos, vale decir, el 14 de marzo de 1987, o, a más tardar, en el plazo que se pudiera considerar como tácitamente establecido al tenor de lo señalado en el artículo 1551 del Código Civil, lo que conduce a concluir que, en rigor, dicho pago debía efectuarse en fecha anterior a la firma de la escritura pública de transferencia del inmueble donde está radicado el establecimiento industrial y comercial Gaseosas Cóndor, por cuanto, según lo pactado por las partes, en la cláusula sexta del contrato inicial, la escritura se debía otorgar el 1º de abril de 1987.

5.2. Ciertamente la sociedad compradora, al dar respuesta al hecho quinto de la demanda, admitió que para la fecha en la que debió solventarse la señalada obligación de hacer -suscribir el aludido título escriturario- aún no había pagado la cantidad prevista en la letra a del documento aclaratorio, porque entendió que conforme al convenio original la vendedora debía cumplir primero con el otorgamiento de la precitada escritura, pues dicho acto no estaba sujeto a eventualidad alguna. Sin embargo, como antes se expresó, al ser aquella una obligación pura y simple, su régimen jurídico imponía atenderla en forma inmediata.

5.3. No se puede desconocer tampoco que el Tribunal Superior de Neiva, al tramitar y decidir la segunda instancia del proceso ejecutivo que la sociedad Inversiones Sánchez Rodríguez Insaro Limitada le entabló a Fajardo y Cía S. en C., para efectos de que le transfiriera el lote de terreno en el que se encuentra ubicado el establecimiento de comercio Gaseosas Cóndor, en sentencia proferida el día 30 de enero de 1992, oficiosamente recaudada como prueba por la Corte en virtud de lo decidido en la sentencia de casación fechada el 10 de octubre de 2006, en relación con el pago que la sociedad Insaro Limitada debía realizar a favor del señor Hernando Falla Duque por la suma de $ 45.000.000, señaló que aunque

"… en el contrato no se precisó la fecha en que dicha suma debía ser cancelada (…) al proceso de incorporaron como prueba los cuatro pagarés (…) otorgados cada uno por varias personas, entre ellas, por la sociedad demandada -Fajardo y Cía. Ltda. S. en C. (sic)- en favor de Hernando Falla Duque, así: el primero por la suma de $ 20.000.000; el segundo y el tercero por $ 10.000.000 cada uno; y, el cuarto por $ 5.000.000, para un total de $ 45.000.000 (…). Cada uno de los títulos referidos tiene como fecha de suscripción la del 19 de diciembre de 1986 y como fecha de vencimiento la del 18 de marzo de 1987 y todos aparecen endosados por el beneficiario, sin responsabilidad de su parte, en favor de la sociedad demandante y de Hernando Sánchez Henao, el 14 de abril de 1987" (se destaca).

Posteriormente, el Tribunal, luego de afirmar que la obligación asumida por la sociedad Insaro Limitada para con Hernando Falla Duque, en cuantía de $ 45.000.000, debía ser satisfecha el día de vencimiento de los pagarés arriba reseñados -18 de marzo de 1987- pues esa fecha "implícitamente se entendía estipulada por los contratantes", concluyó que la sociedad allí ejecutante no había descargado oportunamente los citados títulos valores, más aún cuando estos aparecían "endosados sin responsabilidad del beneficiario el día 14 de abril de 1987", en favor de la sociedad Insaro Limitada y de Hernando Sánchez Rodríguez, por lo que continuaban en circulación y en cualquier momento podían ser exigidos a los deudores. Con base en dicha conclusión, el Tribunal Superior de Neiva, luego de considerar que "la obligación jurídicamente se encontraba vigente", determinó que debía prosperar la excepción de contrato no cumplido propuesta por la sociedad ejecutada (fls. 310 a 315, cdno. Corte).

5.4. Se encuentra acreditado, por tanto, que la sociedad demandada en este proceso, Inversiones Sánchez Rodríguez Insaro Limitada, cumplió tardíamente el compromiso que asumió el día 14 de marzo de 1987 de pagar la suma de $ 45.000.000 que Fajardo y Cía. S. en C. adeudaba al señor Hernando Falla Duque, toda vez que debiendo cancelarla inmediatamente o, a más tardar, el día 18 de marzo -fecha de vencimiento de los títulos valores que incorporaban esa cantidad de dinero-, terminó atendiéndola el día 14 de abril de 1987, fecha en la cual el beneficiario de los títulos los endosó sin responsabilidad cambiaria a favor de quien, se entiende, le pagó las sumas adeudadas.

5.5. Asimismo, no puede soslayarse que en el texto de la demanda la propia sociedad vendedora señaló que "... el pagaré en mención solo vino a ser cancelado el día 29 de enero de 1988, mediante auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva dentro del proceso ejecutivo a que se hizo relación en el hecho quinto" (fl. 25), circunstancia que si bien la accionada al contestar la demanda no asintió expresamente, lo cierto es que una aseveración de tal linaje, respecto de la actora, por virtud de lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, tiene el valor de confesión por apoderado judicial, en torno a que, por una parte, la compradora cumplió, aunque en forma tardía, con el pago de los citados $ 45.000.000 y, por la otra, que cuando se presentó la demanda ordinaria de ahora -28 de noviembre de 1996-, tal obligación, por el fenómeno previsto en el numeral 1º del artículo 1625 del Código Civil, se había extinguido años atrás, lo que se corrobora en el hecho siguiente de la demanda, en el que se afirma que "en la actualidad no se ha suscrito la escritura pública a la que se ha venido haciendo referencia y la demandada aún adeuda a mi patrocinada la suma de cincuenta millones de pesos $ 50.000.000".

6. Situada la problemática en ese puntual terreno, corresponde examinar si frente a esa particularidad, esto es, cuando la prestación a cargo de una de las partes del contrato ha sido cumplida, pero en forma tardía o inoportuna, el otro contratante puede demandar, exitosamente, la resolución del contrato en ejercicio de la acción prevista en el artículo 1546 del Código Civil.

6.1. Preliminarmente, se debe recordar que la facultad de resolver los contratos por incumplimiento requiere la presencia de varios presupuestos o requisitos que, aunque no generan unanimidad en la doctrina, se han concretado tradicionalmente en la existencia de un contrato bilateral válido, el incumplimiento de uno de los contratantes y el cumplimiento o la disposición a cumplir del otro. Igualmente, se ha indicado que en la institución de que se trata resulta protagónica la figura del incumplimiento, como elemento estructural de esta causa de extinción de los contratos, pues, sobre la base del respeto al principio de normatividad de los negocios jurídicos, se establece una circunstancia excepcional que permite solicitar a la administración de justicia la aniquilación de la relación contractual, consistente en que uno de los contratantes -deudor de determinados deberes de prestación- ha incumplido o desatendido sus compromisos, y dicho incumplimiento es de tales características que puede dar lugar a que se adopte una solución del mencionado temperamento o rigor. Por lo anterior, cuando se alude al señalado requisito se lo denomina como incumplimiento resolutorio(3), por cuanto no toda separación del programa obligacional por parte del deudor habilita a su contraparte para ejercer la mencionada facultad enderezada a que se decrete la extinción del contrato.

Es decir, es bien sabido que la expresión incumplimiento tiene un significado técnico preciso en derecho, en cuanto que con ella se hace referencia a la desatención por parte del deudor de sus deberes de prestación, que tiene como consecuencia la insatisfacción del interés del acreedor; se alude, igualmente, incluso a nivel legal, a diversas formas de incumplimiento, ya sea total y definitivo, cumplimiento defectuoso, cumplimiento parcial o retardo (C.C., arts. 1613 y 1614). Sin embargo no toda separación por parte del deudor respecto del "programa obligacional" previamente establecido, permite poner en funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la relación que une al obligado con el acreedor -particularmente la resolución contractual-, toda vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podrían dar lugar a la resolución contractual, no se consideran de entidad suficiente como para justificar tan radical determinación, en cuanto se podrían producir con ello situaciones inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la señalada facultad resolutoria, además de afectarse el principio de conservación del contrato.

En el contexto que se ha precisado anteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente distinguir, entonces, si la obligación insatisfecha es una obligación principal o simplemente accesoria, o también si el incumplimiento es definitivo o apenas parcial o transitorio, y, en todo caso, analizar la trascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento(4), determinadas tales circunstancias, entre otros criterios, por lo que las partes hayan convenido, por la afectación que se haya presentado en el interés del acreedor en el mantenimiento de la relación, por la frustración del fin práctico perseguido con el contrato -en la que se incluye la inobservancia de un término esencial-, o, en fin, por el impacto que se haya podido generar en la economía del contrato.

6.2. La jurisprudencia nacional no ha sido ajena a considerar la gravedad del incumplimiento como elemento que se debe tener en cuenta para definir la prosperidad de la pretensión resolutoria. Así, por ejemplo, en sentencia del 11 de septiembre de 1984, la Corte señaló que

"... en rigor jurídico es verdad que en los procesos en que se pide la resolución de un contrato bilateral por incumplimiento del demandado, es deber inexcusable del juez, para que su fallo resulte equitativo, detenerse sobre el requisito de la importancia que la ley requiere para que el incumplimiento invocado de asidero a la pretensión deducida; en justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una de las partes contratantes tiene muy escasa importancia en atención al interés de la otra".

Y en esa misma providencia se señaló que la gravedad del incumplimiento debe ser analizada de manera específica según el asunto particular objeto de estudio, para lo cual

"... se impone el examen de todas las circunstancias de hecho aplicables al caso: la cuantía del incumplimiento parcial; la renuencia del acreedor a recibir el saldo; el propósito serio de pagar lo que el deudor mantuvo siempre; la aceptación del acreedor a recibir pagos parciales por fuera de los plazos estipulados y su exigencia de interés por esa mora que él consintió, etc."(5).

Posteriormente, la Sala, en sentencia de 7 de marzo de 1997 señaló que

"Razones de orden jurídico, pero también económico, permiten afirmar que la alternativa que ofrece el artículo 1546 del Código Civil, encuentra un límite en eventos como el descrito, donde, según se vio, el contrato ha sido parcialmente cumplido y el demandado muestra su voluntad de satisfacer el interés del demandante, y no a raíz de la demanda. Estas circunstancias excluyen de por si el aniquilamiento de la relación material, de un lado por quedar eliminada la idea de desistimiento, y de otro, en consideración a la irrelevancia del incumplimiento, frente al interés económico del contrato. Respecto a lo primero, el cumplimiento parcial de una misma obligación o de varias escindibles, sumada a la intención de llevar a cabo las prestaciones aún pendientes, trasluce, a no dudarlo, una manifestación inequívoca de perseverar en todo lo pactado. En torno a lo segundo, no sobra repetir que el contrato fue cumplido en importante porcentaje de las prestaciones (…)"(6).

6.3. En relación con el cumplimiento tardío como supuesto habilitante para ejercer la facultad resolutoria, la doctrina especializada que se ha ocupado del tema estima que, en atención a las circunstancias particulares, el cumplimiento con retraso puede eclipsar la posibilidad de impetrar la acción resolutoria, y para el efecto razona de la siguiente manera: "el vínculo contractual no debe resolverse en los supuestos de cumplimiento inexacto, siempre claro está, que no asuma caracteres de gravedad, y entre ellos hay que situar el del cumplimiento tardío o extemporáneo, cuando la demora no supere ciertos límites (…)", pues "dado el carácter radical y extraordinario que tiene el remedio resolutorio, el mismo debe reservarse para aquellos supuestos en que se haya quebrantado el programa jurídico-económico querido y plasmado en el contrato, por lo que ante la hipótesis de un sencillo retraso en el cumplimiento de la obligación, que no frustra ni torna indeseables los objetivos perseguidos por el negocio contractual, parece necesario concluir que lo que procede es el mantenimiento del vínculo y no su extinción. A ello coadyuvan, ciertamente, los principios de conservación del negocio (favor negotii), el de buena fe que preside la vida de todos los contratos y el que impone odiosa sunt restringenda que debe predicarse respecto a todo recurso sancionador, como lo es el resolutorio"(7).

La Corte, por su parte, en sentencia de casación del 26 de enero de 1994, señaló, de manera general, que cualquier forma de incumplimiento -incluyendo el cumplimiento tardío- puede dar lugar al ejercicio de la acción resolutoria. Al respecto, esta corporación indicó que

"… independientemente de la fuente legal o convencional que tenga, la resolución no puede ser declarada en sede judicial sino en la medida en que sea rendida prueba concluyente de esa situación de hecho antijurídica que es el incumplimiento el que, por principio, se produce ante cualquier desajuste entre la prestación debida y la conducta desplegada por el obligado, desajuste que a su vez puede darse bajo una cualquiera de las tres modalidades que con el propósito de definir las causas posibles que dan lugar al resarcimiento de perjuicios en el ámbito contractual, describe el artículo 1613 del Código Civil, refiriéndose al incumplimiento propio o absoluto, al cumplimiento imperfecto que también suele denominarse 'incumplimiento impropio' y en fin, al cumplimiento tardío o realizado por fuera de la época oportuna"(8).

Posteriormente, la Sala, en sentencia de 21 de septiembre de 1998, luego de reiterar el pronunciamiento anteriormente transcrito, señaló que

"... atendiendo autorizados criterios que conjugan acertadamente el efecto particularmente vinculante de los contratos con el interés que en ellos depositan los contratantes, debe inferirse que el cumplimiento tardío de la prestación no ataja la acción resolutoria cuando el plazo pactado es esencial al negocio, o su incumplimiento apareja la frustración del fin práctico perseguido por ellos, o, en general, cuando surja para el afectado un interés justificado en su aniquilación, pues de no ser así se propiciarían enojosas injusticias y se prohijaría el abuso del derecho de los contratantes morosos" y que "si se admitiesen, pues, como ciertas todas estas circunstancias que permitirían pensar que mientras no se ejercite la acción judicial, para unos, o mientras no se profiera sentencia que declare la resolución, para otros, es posible el cumplimiento de la prestación debida, pagando, de todas formas, los perjuicios moratorios causados, lo cierto es que imperativos de justicia y de repulsión al abuso del derecho, llevarían de cualquier modo a considerar que cuando el plazo pactado es esencial al negocio, o cuando su infracción acarrea la decadencia del fin práctico perseguido por las partes, o, en general, cuando surja para el afectado un razonable interés en la resolución del mismo, el cumplimiento retardado no puede enervar la acción resolutoria, a menos claro está, que este lo hubiese consentido o tolerado".

Dada la necesidad de analizar las circunstancias del caso particular para determinar si, de manera ciertamente excepcional, la acción resolutoria es improcedente en presencia del cumplimiento tardío del contratante demandado, en la providencia antes citada la Sala señaló que "es preciso examinar en cada caso los efectos del retardo en la prestación y la actitud de los contratantes, particularmente la del deudor, a quien de ningún modo se le puede patrocinar que pague tardíamente para obtener provecho censurable, como acontece, por ejemplo, cuando pretende prevalerse de la depreciación de la moneda o las fluctuaciones de la economía" (CCLV, 653, 654).

6.4. Como se puede observar, la jurisprudencia vigente de la corporación considera que el cumplimiento tardío o extemporáneo de la obligación no impide que el contratante cumplido pueda ejercer la acción resolutoria del contrato, particularmente cuando el plazo pactado -y desatendido- se pueda considerar esencial, esto es, en aquellos casos en los que la ejecución de la prestación con posterioridad a una cierta oportunidad sea ya inútil al acreedor en cuanto que su interés en el derecho de crédito ha sido definitivamente lesionado, o cuando el incumplimiento genera una frustración del fin práctico perseguido por las partes en el negocio, o, por último, cuando se pueda observar un razonable interés en la resolución del contrato. Contrario sensu, si las circunstancias del caso concreto permiten concluir que la ejecución retardada de las obligaciones del contratante demandado no presenta características como las anteriormente mencionadas, en cuyo caso, se precisa, se puede considerar que el incumplimiento no tiene la gravedad o la entidad como para ser considerado un incumplimiento resolutorio, criterios como la equidad o la prevención del abuso del derecho, y la aplicación del principio de conservación de los contratos, hacen aconsejable que no se deba estimar la pretensión resolutoria en esas condiciones puesta a consideración de la administración de justicia.

Lo anteriormente señalado, sin perjuicio de que, en otros supuestos de hecho, la aceptación del acreedor respecto del pago tardío realizado por el deudor, pueda ser válidamente considerada como una "subsanación" o "purga" del incumplimiento -o de la mora, en su caso-, o, incluso, como una renuncia tácita a la facultad de resolver el contrato.

7. Como ya se ha reseñado, la acción resolutoria que es objeto de análisis en esta providencia tiene su fundamento principal en el incumplimiento en el que habría incurrido la sociedad demandada, Inversiones Sánchez Rodríguez Insaro Limitada, respecto del compromiso que asumió el día 14 de marzo de 1987 de pagar la suma de $ 45.000.000 que Fajardo y Cía. S. en C. adeudaba al señor Hernando Falla Duque. Asimismo, se ha indicado que de los medios de prueba arrimados al expediente se desprende que la mencionada demandada, debiendo cancelar la citada obligación inmediatamente -por no haberse pactado expresamente un plazo y ser, por ende, una obligación pura y simple- o, a más tardar, el día 18 de marzo siguiente -fecha de vencimiento de los títulos valores que incorporaban dicho crédito, según ya se ha señalado-, terminó atendiéndola el día 14 de abril de 1987 -un mes después-, fecha en la cual el beneficiario de los instrumentos que incorporaban la mencionada cantidad de dinero los endosó sin responsabilidad cambiaria a favor de quien le pagó las sumas adeudadas -la sociedad Insaro Limitada y su representante legal-, documentos estos que, además, según afirma la propia demandante, fueron cancelados -formalmente, se entiende- el día 29 de enero de 1988.

Ahora bien, es pertinente resaltar que con posterioridad a la fecha del incumplimiento endilgado a la sociedad compradora, la vendedora -aquí demandante- hizo efectivos los cheques girados a su favor en los que se incorporaron los recursos necesarios para atender los restantes instalamentos del pago del precio, quedando pendiente el pago del saldo final, por $ 50.000.000, según ya se ha reseñado, el cual debía efectuarse un año después del otorgamiento de la escritura pública de transferencia del inmueble. Por otra parte, tampoco se puede desconocer que la demanda que dio origen al presente proceso se presentó el 28 de noviembre de 1996, vale decir, más de nueve años después de que la demandada hubiera cumplido la obligación relativa al pago de la suma de cuarenta y cinco millones de pesos ($ 45.000.000), concertada en el ordinal a del convenio aclaratorio.

Las circunstancias antes destacadas conducen a la Sala a concluir que la pretensión de resolución del negocio jurídico, radicada en el incumplimiento de la precitada obligación dineraria -claramente inexistente en virtud de su pago cuando se inició el proceso varios años después- no tiene, en realidad, un fundamento atendible o plausible, pues, según ya se reseñó, para el cumplimiento de ese específico compromiso económico no se estipuló un plazo que se pueda considerar esencial, y no se advierte, ciertamente, que la citada tardanza hubiera desquiciado seriamente la economía del negocio celebrado o alterado el fin perseguido por las partes, comoquiera que la propia sociedad vendedora -presunta afectada con ese comportamiento- continuó recaudando con posterioridad los pagos estipulados en su favor.

El anterior aserto se ve corroborado, además, en que la negativa de la compradora en cuanto al pago de la prestación que se viene analizando la fundó esta, no en su imposibilidad de cumplir o en su rebeldía frente al compromiso adquirido, sino en una discrepancia con la parte vendedora sobre el alcance y contenido del literal a del prenombrado acuerdo aclaratorio, lo que, en vista de lo convenido en el contrato inicial relativo a que solo quedaba pendiente la transferencia del inmueble en el que tenía su asiento el establecimiento de comercio y ante la falta de estipulación expresa del plazo en que debían ser pagados los $ 45.000.000, podría explicar el retardo en el pago de la mencionada cantidad, sin que se advierta del mencionado contexto la intención de la compradora de obtener un "provecho censurable" con la tardanza, enfoque desde el cual es dable concluir que al momento de decidirse el litigio no se podía atender la petición de resolución del contrato con el fundamento, simple y escueto, de que la demandada se encontraba en situación de incumplimiento respecto de la citada prestación dineraria, tal como lo alegó la parte demandante.

Expresado de otra manera, pese a que la compradora tardó en entregar el dinero acordado en el citado ordinal a del convenio aclaratorio, asunto que también se acreditó con las copias que la Corte ordenó, ex officio, incorporar al expediente, no lo es menos que, en virtud de ese pago efectuado al tercero beneficiario de la prestación, tal compromiso económico se extinguió, se destaca, nueve años antes de la presentación de la demanda ordinaria de resolución contractual. El cumplimiento tardío a que se ha hecho referencia, examinado detenidamente, y evaluado frente a los requisitos estructurales de la figura en comento, no configura en el presente asunto un "incumplimiento resolutorio", el cual, como ya se ha señalado, no puede ser, ciertamente, una desatención menor o relativa a prestaciones accesorias, o, para el caso particular, una demora no referida a un término esencial, o que por su naturaleza hubiera conducido a la frustración del fin práctico perseguido por las partes con la celebración del negocio jurídico, más aun si la misma fue superada varios años antes de la presentación de la correspondiente solicitud de resolución del contrato.

8. Lo expuesto en precedencia impone señalar que la tardanza en el pago de los referidos $ 45.000.000 al señor Falla Duque, acaecida en la forma descrita, no tiene, entonces, la virtualidad suficiente para apuntalar la súplica principal atinente a la resolución del contrato de compraventa, imponiéndose, así, examinar lo que corresponde acerca de la pretensión subsidiaria, que, según se ha reseñado, se encaminó a que se "resolviera" el mismo contrato, pero por el "incumplimiento de las partes intervinientes".

Respecto de esta pretensión importa recordar que el juzgado del conocimiento la acogió, teniendo en cuenta que se había probado que la vendedora no otorgó la escritura pública y que, la demandada -compradora-, a su turno, no había cancelado el saldo del precio previsto en el literal f del convenio adicional en cuantía de $ 50.000.000, sin que existiera "una voluntad de alguna o ambas partes de allanarse a cumplir con las prestaciones emanadas del contrato de compraventa".

Efectuado el análisis que corresponde lo cierto es que en el sub judice la mencionada pretensión tampoco puede salir avante como pasa a explicarse a continuación de manera sucinta.

8.1. Si la pretensión subsidiaria planteada por la actora en su escrito de reforma a la demanda se interpreta como el ejercicio de la acción resolutoria de que tratan los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, ha de recordarse, como lo ha indicado reiteradamente la Corte, que la ley reservó tal prerrogativa para el contratante que ha cumplido con sus compromisos, al punto que, en esa materia, el ordenamiento jurídico "... es afirmativo y contundente en ubicar el fenómeno de la resolubilidad o del cumplimiento del contrato únicamente en cabeza de la parte que ha estado puntual para atender las prestaciones a su cargo", y, por tanto, "cierra este camino para resolver el contrato bilateral o exigir su cumplimiento, si se está frente a una situación sustancial definida de desatención recíproca o simultánea" (CLXXX, 110).

De esta manera, no resulta jurídicamente atendible una pretensión de resolución contractual fundada en el mutuo incumplimiento de las partes.

8.2. Si de la referencia a la "resolución" por el incumplimiento recíproco de los contratantes se interpreta que la demandante pretende que el contrato se termine o se disuelva por mutuo disenso tácito, la improsperidad de una pretensión en esos términos considerada también debe declararse, en la medida en que, como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta corporación "... no siempre que medie el incumplimiento de ambos contratantes y por consiguiente que el artículo 1546 del Código Civil no sea el pertinente para regir una hipótesis fáctica de tal índole, es permitido echar mano de la mencionada figura [pues] '... es menester que los actos u omisiones en que consiste la inejecución, sean expresivos, tácita o explícitamente, de voluntad conjunta o separada que apunte a desistir del contrato...' " (CLVIII, 217), ya que

"... entre la disolución de un contrato bilateral por efecto del llamado incumplimiento resolutorio y lo que acontece como consecuencia de la convención extintiva derivada del mutuo disenso, existen radicales diferencias que nunca pueden ignorar los jueces de instancia para, a su talante, modificar pretensiones deducidas en juicio que con la claridad necesaria aparecen fundadas en uno u otro instituto. A través del primero y dada su naturaleza estudiada de vieja data por los doctrinantes, se pide de manera unilateral por el contratante cumplido que el negocio se resuelva con restituciones e indemnización por daños a su favor, mientras que en el segundo lo solicitado ha de ser que, sobre la base insustituible de rendir la prueba de aquella convención extintiva en cualquiera de las dos modalidades en que puede ofrecerse, el acto jurídico primigenio se tenga por desistido sin que haya lugar, desde luego, a resarcimiento de ninguna clase ya que, como es bien sabido, este tipo de prestaciones indemnizatorias requieren de la mora (C.C., art. 1615) y en el supuesto de incumplimiento recíproco objeto de análisis, esa situación antijurídica no puede configurarse para ninguno de los contratantes de conformidad con el artículo 1609 ibídem" (cas. civ. 7 de marzo de 2000, exp. 5319)(9).

En virtud de lo anterior y como en el sub lite no obran elementos de los cuales se pueda desprender la voluntad de los contratantes encaminada a abandonar o apartarse del negocio, y, por el contrario, existen en el expediente diversos comportamientos de las partes que revelan una intentio opuesta, vale decir, un querer orientado a persistir en la compraventa -v.gr. la comparecencia de ambos contratantes a la notaría con el fin de suscribir la escritura que formalizaría la transferencia del inmueble en el que está ubicado el establecimiento de comercio materia del negocio (escrituras públicas 1230 y 1232 del 1º de abril de 1987, obrantes a fls. 3 a 12 cdno. 2 y 6 a 8 cdno 1) y en lo que concierne a la sociedad accionada -apelante- con lo expresado al contestar el hecho noveno de la demanda, al tenor del cual: "Es cierto igualmente que la demandada adeuda a la sociedad demandante la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), a que se contrae el literal d de la respuesta al hecho quinto y no la ha pagado porque entiende que esa obligación nace como consecuencia del otorgamiento de la escritura. Por tanto, el día en que la parte vendedora cumpla su obligación, mi poderdante pagará" (fl. 61, cdno. 1)-, tampoco resulta atendible, entonces, la pretensión encaminada a lograr el aniquilamiento del contrato por el sendero del mutuo disenso tácito.

8.3. En consecuencia, es improcedente anonadar el contrato de compraventa celebrado entre las sociedades aquí contendientes por cuenta de un mutuo incumplimiento de los contratantes, por las razones anteriormente expresadas.

9. Ciertamente, la Corte, en circunstancias como las que se evidencian en el presente asunto, ha manifestado su preocupación por la situación en la que queda la relación contractual, sometida, en cierta forma, "... a la indefinida expectativa de que -en algún tiempo- pueda ejecutarse o resolverse el contrato no cumplido por iniciativa exclusiva de aquella de las dos que considere derivar mayores ventajas del incumplimiento común, o de que la acción implacable del tiempo le da vigencia definitiva a través de la prescripción..." (G.J. tomo CXLVIII, pág. 246). Sin embargo, no es menos cierto que la sentencia debe ser armónica con lo que constituye el objeto del litigio, es decir, "con las pretensiones formuladas en la demanda, las excepciones propuestas por el demandado y, si fuere el caso, con las súplicas de la reconvención y de los hechos exceptivos que se aduzcan para lograr su enervamiento, ya que en esta materia tiene preponderancia el principio dispositivo que inspira el procedimiento civil. Solo en casos determinados en que el juez se encuentra autorizado por el ordenamiento jurídico, puede hacer pronunciamientos oficiosos" (Cas. Civ. 27 de marzo de 1990, sin publicar).

En todo caso, en relación con situaciones como la que se analiza en este asunto no sobra recordar que, en atención a lo establecido en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, en concordancia con el artículo 871 del Código de Comercio, mientras el contrato no se haya extinguido por las causas legales o por el consentimiento de las partes, los deberes de prestación que del mismo hayan surgido conservan vigencia y exigibilidad, y deben ser ejecutados de buena fe, más aun cuando, como ocurre en este caso, las partes han reconocido expresamente las obligaciones insolutas que a cada una de ellas corresponde.

10. Por fuerza de lo señalado en precedencia, la sentencia apelada debe revocarse y en su lugar se deben desestimar las suplicas de la demanda, tanto principales como subsidiarias, por no haberse acreditado los presupuestos para su prosperidad.

Decisión

Con apoyo en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva el 30 de octubre de 2000.

2. Desestimar, por tanto, las pretensiones formuladas de la demanda y en el escrito de reforma.

3. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante. Tásense en legal forma.

Notifíquese.

William Namén Vargas-Jaime Alberto Arrubla Paucar-Ruth Marina Díaz Rueda-Pedro Octavio Munar Cadena-Arturo Solarte Rodríguez-César Julio Valencia Copete-Edgardo Villamil Portilla. 

(1) Cfr. artículo 2555 del Código Civil italiano.

(2) Sentencia 141 de 27 de julio de 2001. No publicada oficialmente.

(3) Díez Picazo, Luis. Los incumplimientos resolutorios. Editorial Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2005. Clemente Meoro, Mario E. La facultad de resolver los contratos por incumplimiento. Tirant lo Blanch. Valencia, 1998. Págs. 237 y ss. Ibáñez, Carlos Miguel. Resolución por incumplimiento. Astrea. Buenos Aires, 2006. Págs. 176 y ss. Dell'Aquila, Enrico. La resolución del contrato bilateral por incumplimiento. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 1981. Págs. 170 y ss.

(4) El artículo 1455 del Código Civil italiano establece que "[e]l contrato no puede resolverse si el incumplimiento de una de las partes tiene escasa importancia, teniendo en cuenta el interés de la otra". En sentido semejante el canon 325 del Código Civil alemán. Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Tomo III, de las obligaciones. Págs. 178 y 179. Larroumet, Christian. Teoría general del contrato. Volumen II. Pág. 153. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1999. En el mismo sentido para el derecho español, Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. Tomo II. Pág. 710. Editorial Civitas. Madrid, 1996.

(5) G.J., CLXXVI, pág. 247.

(6) Sentencia S-01 del 7 de marzo de 1997. No publicada oficialmente.

(7) Montes, Ángel Cristóbal. La mora del deudor en los contratos bilaterales. Civitas. Madrid, 1984. Págs. 139 y 140. En sentido semejante, Clemente Meoro, Mario. Op. Cit. Págs. 321 y ss. Mosco, Luigi. La resolución de los contratos por incumplimiento. Ediciones Nereo. Barcelona, 1962. Págs. 48 y 49 del capítulo V.

(8) Sent. Cas. Civ. 26 de enero de 1994. No publicada oficialmente.

(9) En el mismo sentido, Sent. Cas. Civ. de 1º de diciembre de 1993, exp. 4022 y sent. de Cas. Civ. 17 de febrero de 2007, exp. 0492-01.