Sentencia 1996-10274 de diciembre 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RENUNCIA A LA ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME

Validez de la efectuada cuando ya han cesado las circunstancias apremiantes del contratante.

EXTRACTOS: «1. En Colombia, los artículos 1946 y 1947 consagran la rescisión por lesión enorme, a la que hay lugar cuando la contraprestación que recibe el vendedor “es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende” o cuando la suma que paga por ella el comprador, supera el doble de su justo valor.

De esas disposiciones se infiere, de lo que no hay duda en la actualidad, que el criterio adoptado por el legislador patrio es el objetivo, “según el cual basta con que el precio convenido entre los contratantes sea lesivo en la medida determinada por la ley, para que opere esa figura”, el que implica, por lo demás, un distanciamiento “de la lesión como un vicio más del consentimiento”, pues ella “existirá independientemente de que el contratante haya tenido conocimiento de lo inequitativo del precio, o de que haya actuado bajo constreñimiento o engaño, o de que circunstancias apremiantes lo hayan impelido a contratar” (G.J., t. CCLXI, págs.1339 y 1340).

Desde luego que el comentado criterio objetivo no conlleva el desconocimiento de que los desequilibrios prestacionales en un contrato son el efecto de una causa, independientemente de la naturaleza de esta, pues, en tratándose de contratos conmutativos, siempre que se esté en presencia de obligaciones que no guarden un margen de proporcionalidad entre las partes, es dable pensar que tal resultado es el fruto de circunstancias relacionadas con los contratantes, y que son esos particulares factores los determinantes de tal desproporcionalidad, solo que para los fines de la rescisión por lesión enorme, en legislaciones como la nuestra, donde campea el referido criterio, no se impone necesario, por no requerirlo la ley, la alegación de esos motivos específicos y, menos aún, que deban demostrarse.

2. El contexto que se deja expuesto es, en definitiva, el que ha de servir de norte a efectos de establecer el genuino sentido del artículo 1950 del Código Civil, por cuanto, en últimas, el yerro que los casacionistas le atribuyen al juez de segunda instancia radica precisamente en la interpretación que este le dio a tal precepto.

En esa dirección ha de observarse cómo el artículo 1946 del Código Civil prescribe que el “contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme”, al tiempo que el artículo 1947 ibídem preceptúa que el vendedor la sufre “cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende”, mientras que el comprador la padece en aquellos eventos en que “el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella”.

Esta referencia normativa, expuesta en su literalidad, como la que también cabría hacer del artículo 1948 de la misma codificación, conduce a significar que tales preceptos, todos a uno, aluden justamente a que debe ser en el contrato de compraventa donde ha de presentarse la lesión, y no en ninguna otra parte, pues nada distinto ha de comprenderse cuando el primero de los señalados preceptos enseña que el “contrato de compraventa podrá rescindirse”. Se supone, entonces, que el elemento fundamental en orden a establecer si uno de los negociantes sufrió lesión enorme, ha de buscarse en el interior del contrato mismo, pues es en relación con lo que allí se hubiere pactado que el legislador prescribió la acción en cuestión.

Siendo ello así, como en puridad de verdad lo es, no puede desatenderse, por consiguiente, ese contexto general en vía de interpretar el genuino entendimiento del citado artículo 1950, no solo porque así lo manda el artículo 30 de esa misma codificación, cuando dispone que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya dentro todas ellas la debida correspondencia y armonía”, sino en razón a que de esa manera lo aconseja la lógica con que deben examinarse las normas jurídicas.

De suerte que si las disposiciones que establecen la estructura cardinal de la rescisión por lesión enorme tienen como soporte el contrato objeto de la compraventa, la interpretación que ha de hacerse del artículo 1950, cuando dispone que si “se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación” y que “si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita”, no puede ser sino en el sentido de que la renuncia que allí se prohíbe no es otra que la verificada por los contratantes directamente en el respectivo negocio jurídico, que no la realizada en acto diferente.

En este orden de ideas resulta palmario, con arreglo al método interpretativo referenciado, que cuando la disposición en cuestión manifiesta que si “se estipulare que no podrá intentarse” la dicha acción, está aludiendo a la estipulación que sobre el particular se incluya en el contrato mismo y no, como erradamente lo entienden los censores, a una determinación establecida en acto diferente. Y es que no podría ser de ninguna otra manera, pues, en tratándose de negocios jurídicos, la expresión “estipulación”, más que apuntar a un acuerdo de voluntades autónomo e independiente, esto es, al contrato propiamente considerado, hace referencia a uno de los aspectos incorporados o regulados en una convención determinada, o, cual lo define la Real Academia Española en la acepción que viene al caso, “cada una de las disposiciones de un documento público o particular” (1) ; es decir, que, contrario a lo pregonado por la censura, la expresión verbal objeto de análisis no es el contrato como tal sino una de sus partes.

Lo que viene sosteniéndose es tan evidente que cuando se ocupa de regular el comportamiento del vendedor, el precepto ya no utiliza el vocablo “estipulare” sino “expresare”, para seguidamente señalar que la manifestación que aquel haga de donar el exceso, será sancionada teniendo “esta cláusula por no escrita”. Dice este aparte de la norma: “y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita”. En el entendido, pues, que la norma se ocupa de una misma situación, como es la de regular el comportamiento de la parte que resultare lesionada en el contrato, se muestran claras estas últimas expresiones de la norma, pues de ellas se deduce que las manifestaciones del contratante perjudicado consignadas en el negocio mismo, dirigidas a impedir el ejercicio de la rescisión, incluida la del vendedor de donar el exceso, son cláusulas inválidas, que deben tenerse por no escritas, esto es, itérase, estipulaciones de la convención que no pueden surtir efectos.

Precisamente por lo que viene de expresarse, la doctrina (2) y la jurisprudencia nacional, a una sola voz, han entendido que las declaraciones de voluntad que reprime el señalado artículo 1950 son aquellas que las partes produjeron en el interior del respectivo negocio jurídico dispositivo, mas no las que acuerden con posterioridad al mismo, pues a estas no se extienden los efectos prohibitivos del aludido precepto.

En efecto, en el entendido de que la lesión enorme no engendra un vicio del consentimiento y, por ende, no provoca, por esta causa, una nulidad relativa del contrato, la corporación ha reconocido, desde antiguo, la viabilidad de la renuncia a la rescisión de que se trata, con la sola condición de que ella se haga después de celebrado el contrato contentivo del agravio y de desaparecidas las particulares circunstancias que hubieran inducido a esos contratantes a convenir de la manera en que lo hubieren hecho, esto es, sin vulneración del artículo 1950 del Código Civil. Sobre el sentido y alcance del citado precepto legal concretamente ha dicho:

“a) En cuanto prohíbe estipular que no se puede ejercer la acción rescisoria, o lo que es lo mismo, la renuncia de la acción, el texto repite, simplemente, la disposición del artículo 1752, que prohíbe la renuncia de las acciones de nulidad y rescisión.

b) El hecho de no estar permitida la renuncia no significa que no pueda ratificarse la venta, porque la renuncia que se prohíbe es la que se hace al celebrarse el contrato, no la que se hace después, porque, por una parte, si se permitiera aquella, habrían desaparecido prácticamente la nulidad por lesión enorme y su acción, en consecuencia, ya que la renuncia se habría vuelto costumbre, o de estilo, como dicen algunos autores; y por otra, la renuncia posterior no es otra cosa que una ratificación del contrato, que está admitida.

c) La renuncia posterior, para que sea válida, debe ser hecha desaparecidas ya las circunstancias que engendraron la lesión, porque, llámese renuncia, llámese ratificación, el acto quedaría viciado como viciado quedó el contrato.

d) Los autores franceses, al comentar el artículo 1674 del código de 1804, que es igual en la sustancia de esta materia al artículo 1950, sin una sola voz discordante admiten la renuncia posterior, así como la ratificación de la venta, que no son sino caminos distintos para llegar a una misma meta: la consolidación del contrato. (V. Josserand ob. cit. to. 2º núms. 1052 y 1057; Planiol, Ripert y Hamel ob. cit. to. 10., Nº 2369). Los comentadores chilenos son de igual parecer. (Alessandri Besa ob. cit. Nº 1170). Y entre los nuestros Vélez (ob. cit. to. 7º, 399).

e) Prohíbe, igualmente el artículo estipular donación del exceso, porque ello equivale a renunciar a la acción; pero, así como la renuncia de esta puede hacerse después, no hay óbice para que posteriormente se done el exceso, desde luego con sujeción, a las reglas de las donaciones” (G.J., t. LXXIX, págs. 174, 177 y 178).

Resulta así palmar que, como lo sostiene Luis Josserand, lo que se prohíbe es la renuncia a la acción efectuada el día del negocio, que no la realizada con posterioridad, toda vez que “es en el momento de la venta cuando el vendedor quiere estar protegido contra sí mismo”, por cuanto “después, y una vez recibido el precio, ha vuelto a encontrar su independencia” (Derecho civil, tomo II, volumen II, Contratos, Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1983, pág. 38).

La circunstancia de que la rescisión objeto de comentario sea susceptible de renunciarse, mediante el cumplimiento, claro está, de los requisitos ya explicados, ha dado pie para que la jurisprudencia, de manera uniforme, a la hora de concebir los presupuestos a través de los cuales dicha acción adquiere configuración, incorporó el atinente a la mencionada renuncia. Ha dicho la Corte, ciertamente, que

“... lo primero que debe examinar el fallador, una vez allanada la vía para el proferimiento de decisión de mérito, es lo atañedero a la presencia de los elementos configurantes de la acción pertinente, que para el caso estudiado de la rescisión por lesión enorme son los siguientes: ‘a) Que verse sobre inmuebles y que la venta no se haya hecho por ministerio de la justicia (L. 57/1887, art. 32); b) Que el engaño sea enorme (art. 1947); c) Que no se trate de un contrato de carácter aleatorio; d) que después de la celebración del contrato de compraventa no se haya renunciado la acción rescisoria por lesión enorme; e) Que la cosa no se haya perdido en poder del comprador; f) Que la acción se instaure dentro del término legal’” (G.J., t. CCLXI, pág. 1192) (se resalta).

Como colofón de las consideraciones precedentes deviene inevitable afirmar que la memorada disposición, interpretada a la luz de los artículos 28, 29 y 30 del Código Civil, prevé, en efecto, que cuando en el contrato alrededor del cual se predica la lesión para alguna de las partes “se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación; y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita”.

3. El planteamiento que se trae ofrece base sólida para hacer ver, en primer lugar, cual lo dedujo el juzgador, que era viable inferir, y sigue siéndolo, que el aludido precepto normativo se limitó a prohibir la renuncia a la acción rescisoria por lesión enorme consignada en el propio contrato generador de tal defecto, dejando así a salvo el evento de la renuncia expresada en acto posterior a dicho acuerdo, de donde aflora, por ende, infundada la afirmación de los impugnadores, según la cual la norma objeto del comentario no limita el espacio temporal en el que la susodicha renuncia es inválida, pues tal prohibición está referida con exclusividad a la estipulación que se haga en el contrato mismo.

4. Ahora, como buena parte de la exposición que contiene el cargo está enderezada a pretender demostrar que por estar guiada la lesión enorme por un criterio objetivo, donde, per se, está descartada toda injerencia subjetiva, razón por la cual en tratándose de la renuncia tampoco debían incidir ni tomarse en cuenta elementos de esa naturaleza, pretendiendo con ello significar que el tribunal erró al asegurar que la renuncia hecha por los demandantes era eficaz en la medida en que se hizo una vez desaparecidos los factores que pudieron llevarlos a ajustar el negocio en el precio ya conocido, es de verse que ello, de resultar ser cierto, ninguna incidencia tendría en la conclusión que aquel sacó, pues, aun con prescindencia de tal elemento, esa inferencia del ad quem se seguiría manteniendo con la consideración en el sentido de que dicha renuncia, por haberse efectuado días después de ajustado el contrato, reunía las exigencias impuestas, cual es, justamente, según quedó ampliamente analizado, el verdadero espíritu del artículo 1950.

Sin embargo, lo cierto es que ese otro presupuesto para la cabal eficacia de la renuncia a ejercer la rescisión, ha sido implementado por la doctrina y la jurisprudencia no propiamente en función de abrirle espacio a la renuncia posterior sino, fundamentalmente, como desarrollo del correcto entendimiento del señalado precepto legal, pues si la causa para no aceptarse la susodicha renuncia en el contrato mismo radica en que en ese momento el contratante perjudicado se encuentra influenciado por las circunstancias personales que lo llevaron a negociar de la manera en que lo hizo, lo que sin mayores dificultades lo podrían inducir a consentir en la renuncia, no estaría en consonancia con ese principio el que se aceptara la aludida manifestación sin consideración a si esas circunstancias desaparecieron o no, toda vez que de no ser así, ese factor intrínseco que el legislador quiso proteger con prohibir el renunciamiento en el mismo acto no se cumpliría. Como lo dicen Henry, Jean y León Mazeaud, después “del cumplimiento del contrato —luego del pago del precio en la compraventa de inmuebles—, el contratante lesionado no se encuentra ya bajo la dependencia económica del otro contratante; este no dispone ya de medios de presión. Por eso, las convenciones posteriores al cumplimiento del contrato, por las que la víctima de la lesión renuncia al ejercicio de la acción rescisoria, son válidas” (Lecciones de derecho civil, parte segunda, volumen I, Obligaciones: El contrato, la promesa unilateral, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1978, pág. 252).

Con la precisión anterior, viene al punto relievar que el desaparecimiento de las circunstancias apremiantes para cuando se produjo la renunciación el fallador lo encontró establecido al estimar que, para cuando ella se verificó, las apreturas económicas de los demandantes no existían en la medida que a la sazón ya habían recibido la suma de dinero correspondiente al precio de la venta, lo que perfectamente les permitía, si así lo hubieran querido, sustraerse de generar esa renuncia, apreciación que encontró probada no solo del comportamiento procesal asumido por los actores sino del hecho de que en el cuerpo del contrato mismo quedó expresado que en la fecha de su celebración los vendedores recibieron el importe convenido por la enajenación. Este aspecto, por lo demás, no aparece rebatido y, por el contrario, en relación con el mismo encuentra la Sala cómo en el hecho sexto de la demanda los actores expusieron que “el precio de la venta... no se sujetó a plazos ni condiciones algunos” y que ellos “recibieron a satisfacción de la sociedad compradora” la suma correspondiente (fl. 7, cdno. 1).

A propósito del planteamiento que se trae, no está de más recalcar que el aspecto atinente al desaparecimiento de las especiales condiciones que llevaron al contratante lesionado a otorgar su voluntad negocial, en nada se opone al carácter objetivo que en torno de la lesión enorme impera en el sistema colombiano, pues el hecho de que, conforme a este criterio, para establecer la configuración de la laesio ultra dimidium no sea necesario demostrar las particulares circunstancias que llevaron a esa parte a convenir de manera lesiva a sus propios intereses, no significa que ellas no deban tomarse en cuenta a efectos de determinar la viabilidad de la renuncia a ejercer la rescisión, ya que, como viene de verse, tal presupuesto no se predica propiamente de la acción sino de la renuncia que la ley admite, en la medida en que la razón fundamental que movió al legislador a no tolerar la convenida en el contrato mismo estriba precisamente en que la efectuada en tal momento no sería producto de la libertad negocial de ese contratante sino de dichas circunstancias, lo cual rompería el equilibrio que debe reinar en todo contrato conmutativo.

A lo anterior ha de agregarse que el hecho de que con arreglo al memorado criterio, para establecer si alguno de los contratantes resultó afectado en su patrimonio de manera severa, solo se haga necesario acreditar que el precio pagado por la cosa era inferior a la mitad o superior al doble de su justo precio, no conduce a sostener que detrás de esa valoración meramente objetiva no hayan causas específicas que hubieran impulsado a la parte lesionada a pactar en forma desigual o que la respectiva acción no se pudiera renunciar, pues el señalado sistema, per se, no determina que la rescisión pueda o no renunciarse.

5. Por otra parte, no se remite a duda que en el terreno propio del mentado artículo 1950 el juez de segundo grado no concibió erradamente, como lo pregona la censura, aquel precedente jurisprudencial, esto es, el fallo de esta Sala de 30 de noviembre de 1954 citado enantes, pues, como ya quedó suficientemente visto, en dicha providencia la Corte efectivamente se refirió al mentado aspecto para concluir, como en efecto lo hizo, lo que sobre el particular quedó transcrito.

6. Y ha de insistirse cómo la Corte, contra lo que en este aspecto quiere hacer ver el recurrente, cuando ha tenido la ocasión de referirse al tema, dentro de los presupuestos de la rescisión por lesión enorme ha incluido el atinente al hecho de que alguno de los contratantes no hubiera renunciado a ejercer la acción, cual lo aseveró en fallo de 1954 (G.J., t. LXXIX, págs. 177 y 178) y reiteró, entre otras muchas, en sentencias de 1961 (G.J., t. XCV, pág. 771), 5 de julio de 1977 (G.J., t. CLV, pág. 158) y 29 de noviembre de 1999, al señalar que uno más de los requisitos para la viabilidad de la susodicha acción radicaba en “que después de la celebración del contrato de compraventa no se haya renunciado la acción rescisoria por lesión enorme” (G.J., t. CCLXI, pág. 1192).

7. Un último aspecto en que los recurrentes afincan su censura, es que la lesión enorme y, por consiguiente, la acción rescisoria que de ella se deriva, son de orden público y, por ende, la segunda no es renunciable, al tenor de lo establecido en los artículos 15 y 16 del Código Civil, los cuales establecen, en su orden, que podrán “renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia” y que no “podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.

Sobre el particular necesario resulta advertir que no puede darse un concepto unívoco y definitivo de orden público, como quiera que él, por una parte, no responde a una faceta específica de la vida en sociedad, sino que incide, si se quiere, en todos los aspectos que integran la existencia de cualquier conglomerado social, y, por la otra, evoluciona al paso que se desarrolla el mismo grupo humano, de donde, y sin que con ello pretenda la Corte agotar el tema, baste con decir aquí que son notas características de las normas de orden público el que ellas se ocupan de reglamentar materias en que tiene interés la comunidad en general, porque desarrollan principios como los políticos, religiosos, sociales o económicos, en que está edificado su funcionamiento armónico, que hacen, justamente, que su cumplimiento sea obligatorio para todos, cuestión en la que también media el interés general.

Mirados sus orígenes, puede admitirse que, ciertamente, el instituto de la lesión enorme está guiada por normas de orden público, como quiera que en ellos la inspiración de la figura fue, precisamente, el establecer un principio general limitativo de la autonomía de la voluntad que, por tanto, tiene cabida en esta materia negocial, y conforme el cual al contratar los particulares deben siempre respetar márgenes de proporcionalidad y garantizar, por ende, el equilibrio entre las partes, no pudiendo ninguno de los contratantes aprovecharse de circunstancia alguna, como la inexperiencia, la necesidad o la ignorancia de la otra. Solo entendida de la manera expuesta puede visualizarse la lesión enorme como de orden público y aceptarse que en su cabal acatamiento tiene interés toda la sociedad.

En relación con lo anterior, ha sostenido la Corte que dentro de las exigencias de los artículos 15 y 16 del Código Civil “se encuentran los derechos civiles susceptibles de ser válidamente renunciados, y por sentido contrario, de ellos se deduce también los que no pueden renunciarse, esto es, los derechos conferidos por la ley, no solo en interés individual sino también en interés colectivo y social y aquellos cuya renuncia expresamente prohíbe la ley”, siendo que dentro de “estos que son objeto de una prohibición especial de renuncia, figuran, por ejemplo, el derecho de ... intentar la acción rescisoria por lesión enorme a que se refiere el artículo 1950” (G.J. t., XLIX, pág. 569).

No obstante ello, como a términos del aludido artículo 15, citado por los mismos recurrentes, pueden renunciarse, ciertamente, “los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”, es claro que en tratándose de la lesión enorme esa noción de orden público tiene incidencia en relación con aquella renuncia expresamente prohibida por el artículo 1950 ejusdem, mas no frente a la que se encuentra legalmente permitida, según viene de verse, esto es, aquella que la ley posibilita que el contratante agraviado haga después de ajustado el negocio y desaparecidas las circunstancias que lo hubieran llevado a negociar del modo en que lo admitió, cual ocurrió con aquella a que se contrae este debate. En este preciso sentido Luis Josserand, en la obra enantes citada, expresa que “la rescisión por causa de la lesión no es de orden público sino hasta el pago del precio inclusive”.

Circunscritos al tema de la autonomía de la voluntad, puede decirse, como lo exponen Alessandri Rodríguez, Somarriva Undurraga y Vodanovic H., que son “de orden público las normas que, para los supuestos que consideran, imponen necesariamente su propia regulación, sin permitir a los particulares prescindir de ella y establecer otra prescripción diversa. La situación o relación forzosamente debe ser regulada por esa norma”, en contraposición de las normas de orden privado, “que, para los supuestos que consideran, fijan una regulación solo aplicable si los particulares no toman la iniciativa de disponer diferentemente”. Lo anterior no significa que las normas de orden privado no estén concebidas para garantizar la coexistencia armónica y pacífica de los asociados, ni que, cuando de su aplicación se trata, ellas estén desprovistas de la imperatividad que, por definición, es inherente a toda norma legal. Como lo explican los mismos autores en “la norma de orden público hay un interés social en que la regulación de los casos que trata sea una sola para todos los individuos, la que dicha norma determina. Distinta es la filosofía de la norma de orden privado: la regulación prescrita se estima beneficiosa para la generalidad de los particulares, pero sin desconocer que estos, en sus situaciones o relaciones concretas, puedan tener por conveniente otra que ellos mismos se den, y como no aparece comprometido ningún interés de la colectividad, dicha norma permite que se la descarte” (Tratado de derecho civil, parte preliminar y general, t. I, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 1998, pág. 46).

Aquí no se trata, como quedó ampliamente sustentado, de la renuncia efectuada en el contrato en sí mismo considerado, que el legislador expresamente prohíbe, sino, ha de insistirse, de una realizada luego del momento en que se produjo la conjunción de la voluntad de las partes, la cual, por no corresponder al supuesto de hecho regulado en el señalado precepto legal, la parte lesionada podía hacerla en tanto, desaparecidos los factores que pudieron llevarla a contratar en condiciones desventajosas, miraban únicamente el interés individual de los renunciantes. Al referirse a los aspectos que caracterizan la nulidad relativa y la rescisión de que aquí se comenta, la Corte expuso, precisamente, que una y otra estaban “configuradas en beneficio o en interés particular de quienes han sido víctimas o de la nulidad o de la lesión y por eso pueden sanearse tales vicios” (G.J., t. LII, pág. 404).

8. Ha de notar la Sala, finalmente, cómo dentro del proceso no reside ningún otro elemento de convicción que venga a indicar fraude o simulación en el señalado escrito de renuncia, no solo porque dentro de los supuestos fácticos del libelo absolutamente nada se dijo al respecto sino en consideración a que en el desarrollo de las instancias ninguna afirmación se lanzó en ese sentido, a más que ni siquiera se trató de probar sobre alguno de esos aspectos.

9. El análisis precedente permite ver que no fue errada la interpretación que el sentenciador le dio al artículo 1950 del Código Civil y que, por ende, no quebrantó las normas señaladas por la censura».

(Sentencia de casación, 19 de diciembre de 2005. Expediente 08001-31-03-004-1996-10274-02. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

(1) Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, editorial Espasa, 2001, pág. 998.

(2) Gómez Estrada, César. De los principales contratos civiles, tercera Edición, Temis, Bogotá, 1999, págs. 131-132; Pérez Vives, Álvaro. Compraventa y permuta en derecho colombiano. Librería y Editorial Gran Colombia, Bogotá - Colombia, 1943, págs. 120-121; Rodríguez Fonegra, Jaime. Del contrato de compraventa y materias aledañas, Ediciones Lerner, Bogotá, 1960, págs. 1099-1100; Vélez, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano, tomo séptimo, Imprenta Oficial, Medellín - Colombia, 1909, págs 322-323;

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