Sentencia 1996-10282/31330 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB SECCIÓN A

Exp.: 540012331000 199610282 01 (31330)

Actor: Luis Gabriel Ortega Gómez y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Acción: reparación directa

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en contra de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar el 30 de septiembre de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 50’000.000, por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, mientras que el monto exigido en el año de 1996 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $ 13’460.000 (D. 597/88).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

De acuerdo con el libelo, la responsabilidad administrativa que se reclama se originó en la destrucción de un inmueble con ocasión del ataque guerrillero perpetrado el 7 de agosto de 1994 en contra de la Estación de Policía de Santiago, Norte de Santander y, por ende, al haberse interpuesto la demanda el 6 de agosto de 1996, debe concluirse que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.

3. Las pruebas allegadas al proceso.

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

En original o copia auténtica los siguientes documentos:

— Escritura pública Nº 292 de 9 de diciembre de 1952, del Círculo Notarial de Gramalote, Norte de Santander, con la cual se establece que el señor Luis Felipe Ortega Contreras compró un inmueble ubicado en el municipio de Santiago. En el último folio de este documento aparece una constancia de que el mismo fue inscrito en la Registratura del Circuito de Cúcuta(19).

— Registro civil de defunción del señor Luis Felipe Ortega, según el cual falleció el 13 de junio de 1985 en el municipio de Cúcuta(20).

— Registros civiles de nacimiento de cada uno de los demandantes los señores Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez, por medio de los cuales se establece que su padre era el señor Luis Felipe Ortega(21).

— Certificación expedida por el Alcalde Municipal de Santiago, en cuanto a que en esa municipalidad se perpetró un ataque guerrillero el 7 de agosto de 1994(22).

— Oficio 0336 de 26 de marzo de 1997, suscrito por el Jefe de la Unidad Investigativa Sijín Denor, en el cual se indica que el “7 de agosto de 1997 (sic)” se perpetró un ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía de Santiago, Norte de Santander, tras el cual resultó destruida la vivienda de los demandantes(23).

Las siguientes declaraciones testimoniales:

— De los señores José Gregorio Molina Castellanos, Demetrio Rojas Rodríguez e Iván Enrique Ureña Gómez, acerca de las circunstancias en que resultó destruida la vivienda de los demandantes(24).

4. La legitimación en la causa por activa.

En el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia de primera instancia, se indicó que los señores Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez, carecen de legitimación en la causa por activa para reclamar indemnización del daño emergente por la destrucción de un inmueble tras el ataque guerrillero perpetrado el 7 de agosto de 1994, en el municipio de Santiago.

En ese sentido, la Nación —Policía Nacional— señaló que el hecho de que los actores actúen como los herederos de su difunto padre, el señor Luis Felipe Ortega Contreras, de modo alguno significa que esa circunstancia prueba que ellos sean los dueños del citado inmueble, pues la prueba del derecho de dominio cuando se trata de esta clase de bienes, es el certificado de matrícula inmobiliaria, el cual no obra en el proceso.

En aras de solucionar los cuestionamientos formulados por la entidad demandada en su recurso, es indispensable iniciar el análisis por aclarar si, en efecto, los demandantes actúan o no como herederos de su padre.

Tras leer la demanda, se encuentra que hay varios apartes de ella en los cuales se indica que los accionantes comparecen al proceso en condición de propietarios, poseedores y herederos del bien objeto de discusión. Así dice textualmente:

— “Pretensiones

1. La Nación —Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional— es responsable administrativamente de la totalidad de los perjuicios materiales y morales causados a Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez, herederos legítimos de Luis Felipe Ortega (…), por los daños materiales ocurridos el pasado 7 de agosto de 1994”(25).

— “Los daños morales que son los que no pueden evaluarse económicamente (…) la aflicción por la pérdida total de sus enseres destrucción total de su casa(26).

— “La forma como ocurrió la incursión guerrillera y la destrucción de la casa bienes y enseres de los herederos de Luis Felipe Ortega”(27).

— “No cabe la menor duda de que la destrucción de los bienes de los hermanos Ortega Gómez, se debió a la toma guerrillera acaecida el pasado 7 de agosto”(28).

— En este aspecto la prueba no deja duda que los hermanos Ortega Gómez, son los únicos herederos de la casa cuya posesión ejercían sin la menor perturbación de tiempo atrás; compra con el exclusivo fin de vivir allí y explotar el Hotel Central”(29) (Negrillas por la Sala).

Ahora bien, no obstante la indeterminación sintáctica del libelo, lo cierto es que hay una idea que es transversal a su contenido y consiste en señalar a los señores Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez, como los herederos de su padre.

Dicha afirmación halla fundamento tras encontrar que el único apelativo jurídico que es desarrollado en el texto de la demanda, es el de heredero, cuando expresamente se reconoce al padre de los accionantes como el propietario del citado bien. Se transcribe textualmente el hecho primero del libelo que traduce claramente esa idea:

1. Los señores Luis Felipe Ortega Contreras y Ana Tilcia Gómez Jurado conformaron su hogar en el municipio de Santiago, procrearon 4 hijos que vivían en una casa ubicada (…) inscrita en el catastro con el número 25 y adquirida por Escritura # 292 del 9 de diciembre de 1954 murió (sic) Luis Felipe Ortega adquirió este inmueble por compra hecha al señor (…) el 14 de junio de 1985 murió Luis Felipe Ortega y posteriormente el día 4 de marzo de 1989, murió la señora Ana Tilcia Gómez Jurado, padre y madre respectivamente de los demandantes quienes vivían en ese inmueble hasta la toma guerrillera del 7 de agosto de 1994 en el cual fue destruida casi en su totalidad(30) (Negrilla y subraya por la Sala).

El reconocimiento que se hace en la demanda en cuanto a que los señores Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez, no son los dueños del mencionado inmueble sino que lo era su difunto padre, permite concluir que ellos comparecen al proceso en condición de herederos —calidad que está debidamente probada— pues resultaría contradictorio y, por tanto, erróneo, afirmar que lo hacen como propietarios o simples poseedores cuando el derecho de dominio lo han reconocido en otra persona(31).

Dicho lo anterior, procede la Sala a estudiar si hay elementos probatorios que demuestren que el padre de los demandantes era el propietario del inmueble destruido.

Para probar la calidad de propietario que el señor Luis Felipe Ortega Contreras ostentaba respecto del inmueble, se allegó al proceso la copia auténtica de la Escritura Pública Nº 292 de 9 de diciembre de 1952, del Círculo Notarial de Gramalote, Norte de Santander, mediante la cual compró al señor Ramón Estanislao Gutiérrez Mendoza, una casa ubicada en la avenida 2da Nº 4-58 del municipio de Santiago de ese departamento, datos que al coincidir con los suministrados por la demanda, permite concluir que se trata de la misma edificación(32).

Aunque no obra en el expediente el registro de matrícula inmobiliaria en el cual conste la inscripción del citado contrato de compraventa en la oficina de registro de instrumentos públicos, documento que de conformidad con el artículo 756 del Código Civil(33) —así como de la jurisprudencia de esta corporación(34)—, permite establecer la propiedad de los bienes inmuebles en tanto demuestra el cumplimiento de la tradición, lo cierto es que la Sala no puede pasar por alto el sello que obra en la referida escritura pública el cual dice lo siguiente:

“República de Colombia

Departamento Norte de Santander

Registratura del Circuito

Norte de Santander

Registrada bajo la partida Nº 1.390 Diciembre 23 - 1952

Folios 129/30 del Libro de Registro Nº 1 volumen 12

Matrícula 164 de Santiago

Justiniano Bustamante Álvarez

Registrador”(35) (Negrilla por la Sala).

No puede la Sala dejar de otorgarle valor probatorio a la anotación que viene de transcribirse, pues la misma es una prueba debidamente allegada al proceso y de la cual emerge de manera clara y contundente, una realidad objetiva cual es la inscripción de la Escritura Nº 292 en el registro de matrícula inmobiliaria, como requisito por medio del cual se perfecciona la tradición de los bienes inmuebles, y no hay razones para que la ausencia del folio de matrícula inmobiliaria, impida revestir de mérito demostrativo a tal anotación.

En este punto de la providencia, es oportuno recordar que las consideraciones de forma en los procesos judiciales como garantías procesales de las partes no se justifican en sí mismas, sino en razón de los fines de la administración de justicia, cual es entre otras, la verdad material y por ende, la efectividad del derecho sustancial(36).

En ese sentido y en relación al caso en concreto, la ausencia en el expediente del folio de matrícula inmobiliaria, no es impedimento para tener por establecido la titularidad del derecho de dominio del inmueble objeto de discusión.

Dado que lo fundamental cuando se trata de establecer la propiedad de un bien inmueble es la certeza de que el título traslaticio de dominio se ha inscrito en el registro de matrícula inmobiliaria y, siendo que el citado sello es indicativo del cumplimiento de esa ritualidad, para la Sala no hay duda que la persona que figura como propietario del bien inmueble destruido es el señor Luis Felipe Ortega Contreras, quien, para la época de los hechos, ya había fallecido, pues no hay prueba en contrario. Adicionalmente, ha de decirse que en ningún momento a lo largo del proceso, la entidad demandada cuestionó que el padre de los demandantes fuera el propietario del bien.

Se sigue de lo que viene de verse, que hay un reconocimiento implícito por parte de la parte demandada, que el padre de los accionantes es el propietario inscrito del citado bien, pues no de otra forma hubiera insistido a lo largo del proceso, que la condición de herederos de Luis Felipe Ortega Contreras no los legitimaba para demandar la indemnización del daño emergente por la destrucción del inmueble.

Como corolario de lo anterior, surge para la Sala el siguiente interrogante: ¿Puede un heredero, en su condición de tal, pedir para sí todo como demandante o está obligado a pedir para la sucesión?

Se tiene entonces que los demandantes sustentan su aspiración indemnizatoria del daño emergente por la destrucción de un inmueble en virtud de los derechos patrimoniales que la ley les otorga como herederos de su padre, quien era el titular del derecho real de dominio sobre la vivienda que se constituye en el objeto de sus pretensiones.

Estudiada la jurisprudencia de la corporación, se encuentra que la posición frente al tema no ha sido uniforme.

En efecto, en sentencia del 27 de marzo de 1992(37), se resolvió negar las pretensiones de la demanda interpuesta por el actor Guido Quintana Orozco, al encontrar que se configuraba respecto de él la falta de legitimación en la causa por activa, pues tratándose de una demanda de revisión impetrada en contra del acto administrativo que declaro la extinción de dominio de un predio rural que, según el libelo, pertenecía a los padres fallecidos del actor, respecto de quienes, para ese momento, no se habría iniciado proceso de sucesión, se consideró que el actor en esa litis debió pedir para las sucesiones de sus progenitores, dado que su derecho de acción lo derivaba de su calidad de heredero y no de dueño singular de tal inmueble.

En otra oportunidad, la jurisprudencia de la corporación resolvió apelar a las bondades de la hermenéutica jurídica, para efectos de tener por legitimados en la causa por activa a los demandantes que habían invocado su calidad de herederos y que, no obstante señalarlo así, no pidieron expresamente para la sucesión.

Bajo ese temperamento, en sentencia de 30 de octubre de 1992(38), la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que el juez de primera instancia debió interpretar racionalmente tanto el poder como la demanda, para entender, sin lugar a equívocos, que los accionantes al pedir en su carácter de herederos, en ese caso de la señora Lía Vejarano de Zambrano, estaban demandando para la sucesión de ésta.

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, la Sala ha de señalar hoy que comparte y acoge para el caso concreto los planteamientos que se contienen en la sentencia proferida el 30 de octubre de 1992 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en tanto resulta ser más compatible con un criterio que da primacía al derecho sustancial y en tal virtud, garantiza a los señores Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez su derecho de acceso a la administración de justicia, por cuanto, si bien es cierto acudieron a esta litis en calidad de herederos de Luis Felipe Ortega Contreras y no pidieron para la sucesión sino para sí mismos, la Sala entiende que, cuando demandaron en esas condiciones, lo hicieron en beneficio de la masa herencial.

Ahora bien, tras revisar el expediente resulta que no hay prueba de que se hubiera iniciado la sucesión del señor Luis Felipe Ortega Contreras, quien, según su registro civil de defunción, falleció el 13 de junio de 1985(39).

Ante tal estado de cosas, no siendo posible determinar si se llevó a cabo o está en curso el trámite sucesoral del mencionado causante y, por ende, si los demandantes son sus únicos herederos, para la Sala resulta pertinente acudir a la solución que la corporación adoptó en un caso similar en sentencia de 26 de mayo de 2006(40), decisión en la que al margen de haberse reconocido que el derecho a la reparación de los daños morales resulta transmisible mortis causa, se dijo:

“(…)

No obstante, como no se acreditó en el proceso que se hubiera iniciado la sucesión del señor Efraín Quintero Rozo y, por lo tanto, se desconoce si los demandantes son sus únicos herederos, se ordenará que la indemnización de los perjuicios que le hubiere correspondido al causante favorezca a su sucesión, sin individualizar los reconocimientos (Negrilla por la Sala).

(…)”.

Se sigue de lo que viene de verse que en caso de que se llegue a confirmar la sentencia de primera instancia, la indemnización del daño emergente por la destrucción del bien inmueble ha de reconocerse a favor de la sucesión del señor Luis Felipe Ortega Contreras y no a cada uno de los demandantes individualmente considerados.

En este punto de la providencia, es oportuno precisar que las consideraciones que acaban de hacerse sólo son relevantes en relación a la condena impuesta por concepto de la indemnización del daño emergente por la destrucción del bien inmueble y no así para la condena en abstracto para liquidar la indemnización del lucro cesante, ni la negativa del a quo de indemnizar el daño emergente por la destrucción de los muebles y enseres de ese establecimiento de comercio.

Lo anterior, por cuanto el estudio que se hizo de la legitimación en la causa por activa como presupuesto necesario para reclamar indemnización por la destrucción del bien, no es predicable respecto del lucro cesante a favor de los demandantes, el cual reposa en los salarios dejados de percibir por su actividad laboral en el Hotel Central y no en razón de su condición de herederos del inmueble destruido, aspecto que por lo demás, no fue objeto de la apelación.

Igual situación ocurre respecto de la negativa del a quo de indemnizar el daño emergente por la destrucción de los muebles y enseres que hacían parte del Hotel Central, en tanto que al margen del vínculo jurídico que pudiera existir entre tales objetos y los demandantes, es un tema que no fue objeto de la apelación.

5. Caso concreto.

5.1. El daño.

No cabe duda en cuanto a que el 7 de agosto de 1994 se perpetró en contra de la Estación de Policía del municipio de Santiago, Norte de Santander, un ataque guerrillero, pues así lo confirma el Oficio 0336 de 26 de marzo de 1997, suscrito por el Jefe de la Unidad Investigativa Sijín Denor(41) así como una certificación expedida por el alcalde de esa población(42).

En cuanto a los daños que habrían sufrido los demandantes como consecuencia de la incursión guerrillera, se allegaron al proceso las declaraciones testimoniales de los señores José Gregorio Molina Castellanos, Demetrio Rojas Rodríguez e Iván Enrique Ureña Gómez, quienes afirmaron ser vecinos del municipio de Santiago, los cuales son contestes en señalar que la casa donde vivían los demandantes y en el cual funcionaba un establecimiento de comercio denominado Hotel Central, así como los enseres del lugar, resultaron destruidos tras la acción de la guerrilla.

En su declaración testimonial el señor Iván Enrique Ureña Gómez, quien dijo estar casado, dedicarse al comercio y vivir en el municipio de Santiago sostuvo:

“Eso se inició aproximadamente a las 7:45 de la noche del día 7 de agosto de 1994, yo me encontraba en el negocio, cuando escuché los primeros disparos y más tarde se dio un tiroteo fuerte, sonaban bombas y muchos disparos; (…) yo salí después como por ahí a la una de la mañana y fue cuando vi la casa del señor Gregorio Molina y de la familia Ortega Gómez había sufrido bastante (…) ahí funcionaba una especie de hotel de nombre Hotel Central, en la parte donde funcionaba el negocio se vino abajo el techo y las paredes y acabó con lo que había adentro. También la casa sufrió en la parte de adentro donde funcionaba el comedor y también en unas piezas, se dañaron las paredes y el techo (…) Tenían restaurante y fuente de soda (…) tenían mesas, sillas, un tanque vitrina, un botellero grande, un equipo de sonido, dos ventiladores, y el surtido, que se vendía cerveza, costeña, gaseosas, licores. (…) Era grandecito, como había restaurante era grandecito (…)”(43) (Negrilla por la Sala).

En idéntico sentido declaró el señor Demetrio Rojas Rodríguez, quien dijo ser vecino del municipio de Santiago, estar casado y ser comerciante:

“Yo estaba donde Juan Mojica en ese momento que empezó la toma (…) yo me volví para donde Juan Mojica y me quedé allá y como a las cinco de la mañana subí y ya estaba todo en el suelo, la casa de Gregorio completamente en el suelo, y la de los Ortegas, estaba totalmente caído el techo ahí de donde estaba el negocio y toda esa parte de los techos y las paredes que van pa bajo, taban todo reventadas las paredes (sic) (…) una fuente de soda, venta de gaseosa y cerveza y trago (…) un tanquesito, las vitrinas, el estante, un calentador mesas y sillas metálicas, pero no sé cuántas serían, y el surtido que había”(44).

Cuando preguntado acerca de lo que pasó con el Hotel Central tras el citado ataque guerrillero, dijo:

“Ahí vendían también comida (…) ellos acabaron porque como ahí el puesto donde tenían la fuente de soda quedó acabado, tumbadas las paredes y el techo, pues lo acabaron”(45).

De modo semejante rindió testimonio el señor José Gregorio Molina Castellanos, quien dijo ser residente del municipio de Santiago y dedicarse al comercio:

“Apenas habían acabado de salir de la misa de las siete de la noche cuando empezó la balacera y comenzaron ahí por la esquina de donde queda el colegio y así se fue arreciando hasta que la policía también les contestó de ahí del puesto de policía (…) todo lo que era el negocio y la placa quedó vencida (…) tenían mesas con sus respectivas sillas, como unos ocho juegos me parece, metálicos, tenían un enfriador(46).

Del análisis en conjunto de las testimonios que vienen de transcribirse, los cuales ninguno fue cuestionado por la entidad demandada, la Sala concluye que está probado que en el inmueble donde vivían los demandantes cuyo propietario era su padre, funcionaba un establecimiento de comercio llamado Hotel Central donde además había una fuente de soda en la cual vendían bebidas y, que en desarrollo del ataque guerrillero perpetrado el 7 de agosto de 1994, dicho bien inmueble así como lo que había en su interior, resultaron destruidos.

Así las cosas, al estar probados los daños por los cuales se reclama indemnización, debe la Sala establecer si son atribuibles a la entidad demandada, razón por la cual se hace el siguiente análisis.

5.2. La imputabilidad de la responsabilidad.

El análisis del material probatorio allegado al proceso no permite establecer tal y como se indicó en la demanda, que la Policía Nacional no adoptó las medidas necesarias para evitar que la guerrilla incursionara en el municipio de Santiago como pudo ser el incremento del pie de fuerza, con miras a evitar los daños que se produjeron en desarrollo del mencionado ataque guerrillero.

En efecto, a partir de las probanzas no es posible determinar que la Policía tuviera información de que iba a ocurrir un ataque guerrillero en contra de la Estación de Santiago, por lo que no es posible no es posible afirmar que la entidad demandada hubiere omitido tomar las medidas preventivas adecuadas para contrarrestar tal evento.

A pesar de que en las declaraciones testimoniales rendidas por los señores José Gregorio Molina Castellanos e Iván Enrique Ureña Gómez, ambos afirmaron que en el año de 1991 se perpetró una ataque guerrillero en el municipio de Santiago(47), lo cierto es que este hecho no sirve de parámetro para hacer una valoración de la conducta desplegada por la entidad demandada durante la incursión guerrillera de 7 de agosto de 1994, pues se reitera, no hay evidencias que permitan entrever una falencia en su defensa del municipio.

En ese sentido no existe la posibilidad de imputar la responsabilidad del Estado a título de falla en el servicio, por cuanto del análisis del material probatorio, la Sala concluye que no es posible extraer algún elemento que permita tener por demostrada actuación irregular o anómala alguna por parte de la entidad demandada.

5.3. Responsabilidad del Estado con ocasión de daños sufridos por los particulares con ocasión del conflicto armado interno. Reiteración de jurisprudencia(48). 

La Sala considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que los daños ocurrieron dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no tenga que obedecer a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que puede llegar a concretarse como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y que representan y hacen visible y viviente la legitimidad del Estado.

En cuanto a la excepción propuesta por la parte demandada como eximente de responsabilidad, soportada en “el hecho de tercero”, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, que no aparece configurada en este caso por cuanto la declaratoria de responsabilidad que recae en la entidad demandada no parte de la determinación del causante del daño, —fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas—, sino que proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad(49).

Conforme a lo dicho, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declarar a la Nación —Ministerio de Defensa—, administrativamente responsable de los perjuicios causados a los actores por haber sido una estación de policía el objetivo militar de la incursión guerrillera que tuvo lugar el 7 de agosto de 1994 en el municipio de Santiago —Norte de Santander—.

6. Actualización de la condena.

La Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, reconoció a los demandantes la suma de $ 37’559.746, por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por los daños sufridos al bien inmueble propiedad de su padre.

Para la actualización de dicha condena se tendrá en cuenta el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (septiembre de 2004) y el IPC vigente a la fecha de esta sentencia (mar./2015), conforme a la siguiente fórmula:

fórmulas
 

Ca: $ 56’970.637

De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia, la indemnización del daño emergente por valor de $ 56’970.637, deberá reconocerse a la sucesión del señor Luis Felipe Ortega Contreras y no a los demandantes individualmente considerados.

7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2004 por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa—, por los perjuicios causados a los señores Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez, como consecuencia del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía de Santiago, departamento de Norte de Santander, el 7 de agosto de 1994.

2. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa—, a pagar a cada uno de los señores Luis Gabriel Ortega Gómez, Fernando Ortega Gómez, Gladys María Ortega Gómez y Víctor Ortega Gómez, por concepto de indemnización del lucro cesante, el valor que resulte de adelantar el incidente de liquidación de perjuicios de conformidad con los parámetros expuestos en la sentencia de primera instancia.

3. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa—, a pagar a favor de la sucesión del señor Luis Felipe Ortega Contreras y por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, consistente en la destrucción del bien inmueble, la suma de cincuenta y seis millones novecientos setenta mil seiscientos treinta y siete pesos ($ 56’970.637).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

19 Folios 14-15, cuaderno principal.

20 Folio 25, cuaderno principal.

21 Folios 21-24, cuaderno principal.

22 Folio 29, cuaderno principal.

23 Folio 67, cuaderno principal.

24 Folios 58-64, cuaderno principal.

25 Folio 2, cuaderno principal.

26 Folio 3, cuaderno principal.

27 Folio 6, cuaderno principal.

28 Folio 9, cuaderno principal.

29 Folio 11, cuaderno principal.

30 Ibíd.

31 A folios 21-24 del cuaderno principal, obran los los registros civiles de nacimiento de cada uno de los demandantes, por medio de los cuales se establece que el señor Luis Felipe Ortega Contreras era su padre.

32 Así se identifica el bien inmueble en el texto de la demanda: “…casa ubicada en la Av. 2 # 4-58 (…) adquirida por Escritura # 292 del 9 de diciembre de 1952 (…) por compra hecha al señor Ramón Estanislao Gutiérrez Mendoza” (Negrilla por la Sala).

33 Según este artículo la tradición de bienes inmuebles se perfecciona con la inscripción del título traslaticio del dominio en la oficina de registro de instrumentos públicos: “ART. 756. Tradición de bienes inmuebles. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.
De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca”.

34 Consultar sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 12 de mayo de 2014, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Demandante: Ángela Marleny Salazar de Cobo y otros.

35 Folio 15, cuaderno principal.

36 Ver Sentencia C-131 de 2002.

37 Expediente 5.986. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

38 Expediente 7.016. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

39 Folio 25, cuaderno principal.

40 Expediente 14.908. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacios.

41 Folio 67, cuaderno principal.

42 Folio 29, cuaderno principal.

43 Folios 63-64, cuaderno principal.

44 Folios 61-62, cuaderno principal.

45 Ibíd.

46 Folios 58-59, cuaderno principal.

47 Folios 60 y 64, cuaderno principal.

48 Se reiteran los planteamientos expuestos en sentencia proferida el 19 de abril de 2012 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 190012331000199900815 01 (21515).
Actor: María Hermenza Tunubalá Aranda.
Demandada: Nación - Ministerio De Defensa - Policía Nacional.
Acción: Reparación directa.

49 Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, expediente 9261 ya la Sección había dicho:
“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a - quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”.
En caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del dr. Ricardo Hoyos Duque se afirmó:
En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.
En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.
Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes. (Negrillas fuera de texto).