Sentencia 1996-11278 de julio 2 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1996-11278.

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 1º de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Actor: Luis Gaspar Suárez Sierra.

Bogotá, D.C., dos julio de dos mil nueve.

EXTRACTOS:VI. Consideraciones de la Sala

Los actos acusados dispusieron el decomiso del vehículo Chrysler New, modelo 1990, motor LS014204, chasís LT014204, placas FTS 161, color azul ultramarino.

Básicamente, los cargos de la demanda descansan en el hecho de que las autoridades de tránsito de Cartagena le expidieron al actor diferentes permisos para la movilización del vehículo, lo que lo indujo a un error invencible, que lo exime de responsabilidad; amén de que se le desconoció su derecho de defensa y el debido proceso.

Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente:

El inciso 2º del artículo 4º de la Constitución Política, establece que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia, acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades.

Es un hecho cierto que al actor, conforme consta a folios 43 a 46 del cuaderno principal, las autoridades de tránsito de Cartagena le permitieron la movilización del vehículo en cuestión en varias oportunidades, mientras le fuera expedido el certificado de movilización por el INTRA.

Empero, a juicio de la Sala, dicha circunstancia no constituye un error invencible, que lo exima de responsabilidad, pues desde un comienzo, esto es, con ocasión de su ingreso a este país, proveniente del Ecuador, el demandante tuvo conocimiento que su situación y la de su vehículo estaban condicionadas a las decisiones de las autoridades aduaneras.

En efecto, a folio 42 del expediente obra una recomendación del cónsul de Colombia en Tulcán, dirigida al administrador de aduanas de Ipiales el 13 de octubre de 1993, en la cual se lee:

“Muy respetuosamente me permito recomendar al señor Luis Gaspar Suárez Sierra, con pasaporte Nº 8-81-67 de ciudadanía panameña, quien requiere de su valiosa y oportuna colaboración en el asunto que le atañe...”.

Igualmente, a folio 40 obra la tarjeta de turista con automóvil, núm. 3867, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con desprendible destinado a la dirección general de aduanas, donde consta el ingreso del actor a este país, por Rumichaca-Ipiales, con fecha de vencimiento 8 de enero de 1994, donde claramente se advierte que el beneficiario de la misma no puede salir del país sin el vehículo allí descrito.

A folio 40 vuelto, esto es, en el reverso de dicha tarjeta, se lee:

Disposiciones

1. Esta tarjeta podrá ser utilizada para entrar al país con automóvil, una vez dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su expedición.

2. Válida para permanecer en el país por noventa días. Su expedición es gratuita...”.

Obligaciones del turista

a) El turista no puede desempeñar trabajo que implique remuneración económica durante su permanencia en Colombia.

b) El beneficiario no podrá prestar, vender ni enajenar a ningún título el vehículo aquí detallado mientras permanezca en territorio colombiano.

c) Se declara conocedor, además de las siguientes disposiciones: Su permanencia y la del vehículo en el país vencerán conjuntamente con la validez de esta tarjeta y, por tanto, el turista no podrá salir de él sin el vehículo. En caso de excepción, debidamente constatado por la Dirección General de Aduanas, podrá este despacho autorizar la salida del turista sin el vehículo; en Tal caso deberá quedar depositado en la aduana que indique la dirección hasta el vencimiento del plazo que esta le conceda, vencido el cual sin que haya sido reexportado, su permanencia en el país será considerada ilegal.

d) Sean cuales fueren las circunstancias, el turista beneficiario de esta tarjeta queda obligado a regularizar esta tarjeta, tanto a la entrada como a la salida del país”.

Cabe resaltar que al final del documento aparece la firma del turista en señal de notificación ante el cónsul de Colombia en Tulcán Ecuador.

Conforme se lee a folio 182 del cuaderno principal, el fundamento jurídico del pliego de cargos fue el Decreto 2666 de 1984, modificado por el Decreto 1740 de 1991, cuyo artículo 225, prevé, en lo pertinente:

“ART. 225.—Vehículos de turismo. Los vehículos de turistas (automóviles, camionetas, casas rodantes, motos, motonetas, bicicletas, cabalgaduras, lanchas, naves, aeronaves, dirigibles, cometas) utilizados como medios de transporte de uso privado, serán autorizados en importación temporal, cuando sean conducidos por sus dueños o por quienes tengan una autorización para usarlos, siempre que estos últimos lleguen conjuntamente con el vehículo.

— El plazo de importación temporal máximo para los medios de transporte de uso privado será de seis (6) meses, prorrogables por el administrador de aduanas hasta por otro plazo igual, limitado por la autorización de prórroga que haya obtenido en su visa, el turista.

ART. 225-1.—Turistas. Los extranjeros o los nacionales, no residentes en el país, serán considerados turistas para el efecto de ingresar un medio de transporte en importación temporal, sin necesidad de garantía ni de otro

documento aduanero que la tarjeta de ingreso que el director general de aduanas reglamentará para el efecto, la libreta de pasos por aduana u otro documento internacional que según el reglamento sea aceptable.

Los nacionales colombianos, no residentes en el país, al llegar deberán portar un certificado de residencia en el exterior expedido o visado por el cónsul colombiano en el país de residencia.

En caso de accidente comprobado ante la aduana, esta podrá autorizar un plazo especial condicionado por el tiempo que el medio de transporte requiera para su arreglo o para poder salir en condiciones mínimas de seguridad...”.

Estima la Sala que no son de recibo los argumentos del actor expuestos al descorrer el pliego de cargos, al interponer el recurso de reconsideración y en la demanda, pues, se repite, desde un comienzo tuvo conocimiento de cuál era la autoridad que en Colombia estaba facultada para decidir tanto su permanencia como la de su vehículo y, por ende, la prórroga.

De la misma manera se le hizo saber oportunamente que vencido el término de permanencia en el país del vehículo, sin que el mismo hubiera sido reexportado, tal permanencia se consideraría ilegal. Y la consecuencia de dicha ilegalidad no es otra que la decisión de decomiso, conforme se dispuso en los actos acusados. De ahí que lo procedente sea la confirmación de la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de julio de 2009».