Sentencia 1996-11460 de mayo 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad: 13001-23-31-000-1996-11460-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Euromarmol LTDA.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Referencia: Apelación sentencia

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

• Decisión inhibitoria por ineptitud de la demanda

La actora considera violados los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la prevalencia del derecho sustancial, vulnerados, a su juicio, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir dentro del presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sentencia inhibitoria el día 25 de octubre de 2004, por considerar que el poder conferido en el presente asunto hace referencia a otros actos administrativos demandados.

En efecto, el error surgió porque el 1º de octubre de 1996, la doctora Natividad Barragán Garrido, haciendo uso de los poderes conferidos por la sociedad actora presentó tres (3) demandas en original y tres copias, contentivas cada una de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las siguientes resoluciones:

1. Resoluciones 00036 de 5 de marzo y 00055 de 23 de mayo de 1996, por medio de las cuales la división de liquidación y la división jurídica de la DIAN respectivamente, ordenaron el decomiso de una mercancía relacionada en el Acta 0167 de 20 de abril de 1995.

2. Resoluciones 00037 de 5 de marzo y 00057 de 23 de mayo de 1996, por medio de las cuales la división de liquidación y la división jurídica de la DIAN respectivamente, ordenaron el decomiso de una mercancía relacionada en el Acta 0166 de 20 de abril de 1995.

3. Resoluciones 00038 de 5 de marzo y 00056 de 23 de mayo de 1996, por medio de las cuales la división de liquidación y la división jurídica de la DIAN respectivamente, ordenaron el decomiso de una mercancía relacionada en el Acta 0168 de 20 de abril de 1995.

Ahora bien, los hechos y omisiones planteadas en cada una de las demandas presentadas, al igual que las normas violadas, el concepto de la violación y las pretensiones, fueron similares, variando únicamente en cuanto a la identificación de los actos acusados con su correspondiente notificación, el número de las declaraciones de importación y sus soportes, pero con la misma parte motiva y resolutiva.

Al detectar el demandante que en forma equivocada se ubicaron los poderes en el expediente que no correspondía, el 12 de octubre de 2001 (fl. 222-228) solicitó al tribunal, la conformación en debida forma de las piezas procesales del expediente de la referencia, explicando de manera clara y detallada el defecto que existía entre los actos administrativos enunciados en el poder y en el escrito de la demanda observa la Sala que el tribunal omitió dar trámite y respuesta a la solicitud presentada por la actora el 12 de octubre de 2001(fl. 222-228 cdno. Ppal.), mediante la cual pidió la conformación en debida forma de las piezas procesales del expediente de la referencia, explicando de manera clara y detallada el defecto que existía entre los actos administrativos enunciados en el poder y en el escrito de la demanda.

En ese contexto, en orden a la protección de sus derechos constitucionales fundamentales la actora solicita que se ordene al tribunal demandado fallar de fondo el citado asunto.

Los artículos 37 numeral 4º y 401 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en materia contenciosa administrativa por virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establecen:

“ART. 37.—Deberes del juez. Son deberes del juez:

(...).

4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias” (negrillas fuera de texto).

“ART. 401.—Medidas de saneamiento. Desde la admisión de la demanda y en las oportunidades que señala este código, es deber del juez decretar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorte necesario, evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria y prevenir cualquier tentativa de fraude procesal” (negrillas fuera de texto).

La Sala en sentencia de 1º de febrero de 2007(1) precisó que aunque estas disposiciones señalan al juez el deber de adoptar las medidas procesales respectivas para evitar que se dicten sentencias inhibitorias, no excluyen en forma alguna que se dicten ese tipo de decisiones, las cuales deberán proferirse si a pesar de haberse agotado tales medios no existen los presupuestos necesarios para proferir una decisión de mérito.

Pues bien, en orden a resolver lo pertinente es preciso señalar que en el proceso contencioso administrativo deben cumplirse una serie de presupuestos que condicionan no solo su nacimiento válido sino su normal desenvolvimiento y su culminación mediante un fallo con carácter de sentencia.

Son presupuestos procesales de la demanda, los siguientes: a) que la demanda se formule ante el funcionario competente de la jurisdicción contencioso administrativa; b) que la persona demandada tenga capacidad jurídica y procesal para comparecer en juicio en calidad de tal; y c) que la demanda reúna los requisitos exigidos por la ley.

Uno de tales requisitos exigidos por la ley es que con la demanda formulada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se allegue el poder que confiere el demandante a un abogado inscrito, el cual constituye uno de los anexos de la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo con el artículo 65 ibídem, los poderes pueden ser generales o especiales; en el segundo caso, los asuntos se determinarán claramente, de modo tal que no puedan confundirse con otros.

En el caso bajo estudio, el actor interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad de la decisión contenida en las resoluciones 0037 de 5 de marzo y 00057 de 23 de mayo de 1996, mediante las cuales la DIAN ordenó el decomiso de la mercancía descrita en el Acta 0166 de 20 de abril de 1995, por considerarla como no declarada de conformidad con el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992.

Sin embargo, se observa a folio 1 del cuaderno principal que la actora otorgó poder especial, amplio y suficiente a la doctora Natividad Barragán Garrido, dirigido al Tribunal Administrativo de Bolívar, “para que inicie y lleve hasta su terminación la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 00038 de 5 de marzo y 00056 de 23 de mayo de 1996 proferidas por la división de liquidación y división jurídica de la DIAN de Cartagena”

Según se observa, el citado poder especial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, puesto que no se determinaron claramente los asuntos objeto del mismo, de modo que existe confusión entre los actos administrativos que se enuncian en el poder conferido y los que en realidad se demandan en el caso presente.

No obstante lo anterior, el magistrado del tribunal sustanciador de dicho proceso ordinario, no inadmitió la demanda para ordenar la corrección de ese defecto formal, tal como le correspondía hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo; contrario a ello, admitió la demanda sin advertir defecto o falencia alguna en la misma, e impartió el trámite ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo para esta clase de procesos.

Esto adquiere relevancia ante la falta de respuesta del tribunal a la solicitud del demandante a que se ha hecho referencia.

Siendo ello así, debió proferir finalmente un fallo de mérito y no uno inhibitorio, pues se entiende que al admitir la demanda el tribunal consideró que el poder aportado con ella facultaba al apoderado del actor para demandar los actos administrativos precisamente señalados en la misma y no otro.

En consecuencia, debe la Sala abordar el fondo del asunto.

• El caso concreto

La DIAN —administración Cartagena— mediante Acta 0166 de 20 de abril de 1995 aprehendió una mercancía consistente en “14.880 Unidades de listelos y cenefas esmaltadas ref. 11013 y 11083”, amparada con la declaración de importación 9708525053872-8 de 19 de abril de 1995, por omisión en la descripción mínima de acuerdo con la Resolución 259 de 19 de enero de 1995 (fl. 166 cdno. ppal.), cuyo tenor es el siguiente:

“Resolución 259 de 19 de enero de 1995

(...).

Artículo 1º. En las declaraciones de importación de las mercancías que se clasifiquen en los capítulos, partidas y subpartidas del Arancel de Aduanas, la descripción de las mismas deberá contener los elementos que a continuación se indican para cada una de ellas:

(...)

69.08.90.00.00

Baldosas, cubos, dados y artículos similares de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; los demás barnizados o esmaltados.

- Material

- Utilización

- Presentación

- Dimensiones

- Unidad cial.: m2

- Resistencia a la abrasión

- Normas internals.

- Fabricante

- Calidad: primera o segunda

Nota: Además de los requisitos anteriores se debe tener en cuenta:

1. Para pisos no es indispensable detallar el material. Para azulejos especificar si el material es monocotura ; de bicotura o si es de 3er fuero.

2. Para pisos anotar la resistencia a la abrasión.”

Mediante Resolución 00037 de 5 de marzo de 1996, la Jefe de la división liquidación aduanera de la DIAN —administración Cartagena— decomisó a favor de la Nación, la mercancía relacionada en el Acta de Aprehensión 0166 de 20 de abril de 1995, por no describir el “material, utilización y resistencia a la abrasión, fabricante ni calidad de la misma”, lo que llevó a considerarla como no declarada de conformidad con el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

“ART. 72.—Mercancia no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración. Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la Aduana. (...)” (negrilla fuera de texto)

La Sala en reiterada jurisprudencia(2) ha expuesto lo siguiente sobre el alcance del artículo 72, inciso 1 del Decreto 1909 de 1992:

“En torno al alcance de esta disposición, el criterio de la Sala ha sido unánime en considerar que no puede confundirse la omisión de la descripción de la mercancía con la deficiencia de la misma; y ha sido enfática en cuanto a que en la aplicación de este criterio deben tenerse en cuenta las especiales circunstancias que rodean cada caso en particular.

Es así como en providencia de 24 de septiembre de 1998, (Exp. 5079, Actora: Multipartes Ltda., C.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa), dijo la Sala:

“... en cada caso particular deben atenderse las circunstancias peculiares de que se trate, a fin de determinar si son aplicables los criterios jurisprudenciales pertinentes sentados respecto de otro...”.

De igual manera dijo la Sala en sentencia de 18 de mayo del 2000 Expediente 4193, actora: Compaq Computer de Colombia S.A., y lo reiteró en sentencias de 19 de julio de 2000, Expediente 5737, 7 de septiembre de 2000, Expediente 5724, Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; de 4 de mayo de 2001, Expediente 6664, Actora: Auto Beck Ltda., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero; de 14 de febrero de 2002 (Exp. 7149, C.P. doctor Manuel S. Urueta Ayola) y de 28 de febrero de 2002, expediente núm. 6969, Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo):

“... Los elementos esenciales de individualización varían de acuerdo con la naturaleza de la mercancía.

(Énfasis fuera de texto).

En efecto, en tratándose de la importación de vehículos, por ejemplo, en principio, lo relevante sería la marca, el modelo y el número de motor; el número de la serie, si bien contribuye a una mejor identificación, su omisión podría no ser obstáculo para su adecuada individualización.

Pero, en lo que toca con otras mercancías, como por ejemplo, los electrodomésticos y sus partes; equipos de computación y sus partes, limitarse a señalar únicamente el nombre del objeto y su marca no constituye una descripción tal que permita diferenciarlos de los demás...”.

La Sala debe analizar si la mercancía aprehendida por la DIAN corresponde a la descrita en la Declaración de Importación allegada por la actora.

Obra en el expediente la Declaración de Importación 9708525053872-8 de 19 de abril de 1995 (fl. 81 cdno.3) en la que se observa que la actora diligenció la casilla corresponde a la subpartida arancelaria con el número 69.08.90.00.00 y en la casilla 44 describe la mercancía importada de la siguiente manera:

“14.880 Unidades listelos y cenefas esmaltadas dimensiones 5X20 6X20 8X25 14X28 CMS. Colores y referencias varias. Parte container TRLU-262739-0 (6 pallets con 646 cartones”.

El 20 de abril de 1995, funcionarios de la DIAN practicaron la diligencia de reconocimiento y avalúo de la mercancía y dejaron constancia mediante Acta 0166 (fl. 220 c. 2) lo siguiente:

“14.880 unidades de listelos y cenefas esmaltadas, las cuales se detallan así:

38.40 metros cuadrado, ref. n5501, dimensiones 8x25

18.24 metros cuadrado, ref. g5028, dimensiones 8x25

10.08 metros cuadrado, ref. g5031, dimensiones 8x25

4.86 metros cuadrado, ref. g8014, dimensiones 8x20

20.16 metros cuadrado, ref. m5378, dimensiones 8x20

4.86 metros cuadrado, ref. g8012, dimensiones 8x20

4.86 metros cuadrado, ref. g8015, dimensiones 9x20

18.00 metros cuadrado, ref. m11083, dimensiones 6x20

6.24 metros cuadrado, ref. n1103, dimensiones 6x20

7.68 metros cuadrado, ref. g5027, dimensiones 8x25

12.00 metros cuadrado, ref. g11020, dimensiones 6x20

12.00 metros cuadrado, ref. m11016, dimensiones 6x20

12.00 metros cuadrado, ref. n11078, dimensiones 6x20

3.60 metros cuadrado, ref. t11033, dimensiones 6x20

3.60 metros cuadrado, ref. t11080, dimensiones 6x20

3.00 metros cuadrado, ref. t2511, dimensiones 5x20

3.00 metros cuadrado, ref. m2509, dimensiones 5x20

3.84 metros cuadrado, ref. n5503, dimensiones 8x25

11.76 metros cuadrado, ref. p1012, dimensiones 14x28

11.76 metros cuadrado, ref. p1013, dimensiones 14x28

12.00 metros cuadrado, ref. g11020, dimensiones 6x20

2.40 metros cuadrado, ref. n5503, dimensiones 8x25

2.40 metros cuadrado, ref. g5027, dimensiones 8x25

1.92 metros cuadrado, ref. g5028, dimensiones 8x25

1.92 metros cuadrado, ref. n5501, dimensiones 8x25”.

A folio 82 del cuaderno 3 obra el registro de importación del Incomex, en cuya casilla 17, correspondiente a la descripción de mercancía, se lee lo siguiente:

“Cerámica para revestimiento de paredes, unidad comercial: unidad. Fabricante / país: cerámica cabrera S.A./España; resistencia: 40. Normas: no aplica. Calidad: primera. Tipo: Único. Listelos y cenefas esmaltada, en cerámica para revestimiento de paredes, dimensiones 5x20CMS, 6x20CMS, 8x25 CMS; 14x28 CMS. Colores y referencias varias”.

En la casilla 18, aparece como subpartida arancelaria la número 69.08.90.00.00. Y en la casilla 25 correspondiente a salvedad de error figura: “Casilla 21 léase: Unidad: Código 11”.

Como se observa, la actora especificó en el registro de importación del Incomex que se trataba de cerámica para revestimiento de paredes (material y utilización), que la resistencia a la abrasión es de 40, su fabricante Cabrera S.A. (España) y calidad de primera; luego la DIAN sí tenía otros elementos de juicio para verificar que la mercancía físicamente correspondía con la declarada.

En consecuencia, la administración no podía ordenar el decomiso de la mercancía argumentando una supuesta omisión en la descripción de la misma relacionada en la declaración de importación, pues lo cierto es que, se reitera, bien pudo la DIAN, con base en la descripción efectuada en el Registro de Importación del Incomex, establecer el material, utilización, resistencia a la abrasión, fabricante y calidad de la mercancía, cuestión que ni siquiera intentó, limitándose a alegar la omisión en la descripción, la cual, como se anotó, no se presentó en el asunto bajo examen.

En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 12 de febrero de 2004(3).

Por lo anterior, la Sala considera que la DIAN desconoció los principios de buena fe, justicia y equidad, pues de haber hecho un mayor esfuerzo, habría podido comprobar que la mercancía declarada coincidía con las características de la que tuvo a la vista, máxime si, como lo reconoce, la actora pagó los tributos aduaneros correspondientes a una mercancía que se encontraba clasificada en la subpartida arancelaria declarada.

Se impone, pues, revocar la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar el restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 25 de octubre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 00037 de 5 de marzo de 1996, mediante la cual ordenó el decomiso de la mercancía relacionada en Acta 0166 de 20 de abril de 1995; así como de la Resolución 00057 de 23 de mayo de 1999 confirmatoria de la anterior.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la DIAN tener como declarada la mercancía amparada en la Declaración de Importación 9708525053872-8 de 19 de abril de 1995, DECLÁRASE que la actora no está obligada a pagar suma alguna por concepto de impuestos y/o sanciones a favor de la Nación.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de mayo de 2011».

(1) Expediente: AC-2006-1475. Actor: Jairo E. Caballero Laurent. M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(2) Sentencia de 23 de enero de 2003, Expediente 7345, Actora: UNINSA S.A., C.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo. Sentencia de 24 de enero de 2008, Expediente 1999-1970, Actora: Inversiones Cardona Sánchez LTDA., M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.

(3) Expediente: 1996-11458. Actora: Euromarmol LTDA. M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.