Sentencia 1996-11664 de noviembre 22 de 2012

 

Sentencia 1996-11664 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp. 24258

Rad.: 080012331000199611664-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Efraín Castañeda

Demandado: Nación - Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

16. La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, porque en la demanda se invoca como título de imputación del daño el indebido funcionamiento de la administración de justicia y de acuerdo con el criterio adoptado en la Sala Plena de la Corporación, las acciones de reparación directa en las que se pretenda la reparación de los daños causados con la actividad judicial son de competencia de los tribunales administrativos, en primera instancia y el Consejo de Estado, en segunda instancia, sin que en estos casos la cuantía de las pretensiones constituya factor de atribución de competencia(1).

II. Validez de los medios de prueba

17. Para resolver la controversia se valorarán las pruebas documentales aportadas directamente por las partes, que obran en copia auténtica; las testimoniales practicadas en el proceso y las allegadas al expediente por disposición del a quo, que constan, fundamentalmente, de las copias del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 17 Civil Municipal de Barranquilla, por el señor Efraín Castañeda, en contra del señor José Manuel Choperena.

III. Hechos probados

18. Con fundamento en las pruebas señaladas se tienen por demostrados los siguientes hechos:

18.1. El 19 de diciembre de 1995, el señor Efraín Castañeda, a través de apoderado judicial presentó demanda ejecutiva singular de menor cuantía, en contra del señor José Manuel Choperena, con fundamento en un cheque girado por este a favor del ejecutante, por $ 2.000.000, que al ser presentado para su cobro fue devuelto por el banco, por la causal de fondos insuficientes (f. 14-16).

18.2. El juzgado 17 Civil Municipal de Barranquilla, mediante providencia de 9 de abril de 1996 libró mandamiento de pago a favor del señor Efraín Castañeda y en contra del señor José Manuel Choperena (f. 18).

18.3. En memorial que figura en el expediente con posterioridad al mandamiento de pago, sin fecha, el ejecutante solicitó que se ordenara el “embargo en bloque y secuestro de los bienes muebles e inmuebles y enseres del señor José Manuel Choperena, ubicados en la calle 35 # 36-82, y a la vez, nómbrese secuestre administrador de la persona natural de distribuidora y representaciones Shopren, de propiedad de José Manuel Choperena, y a la vez, el embargo y secuestro del bien inmueble o residencia que se encuentra ubicado en el barrio Las Palmas, con la siguiente dirección: calle 35 # 5ª-61 y que posteriormente estaré entregado los linderos y su respectivo certificado de tradición” (f. 19).

18.4. El 18 de abril siguiente, el demandante formuló solicitud de “embargo y secuestro del bien inmueble del señor José Manuel Choperena, propietario de Distribuidora y Representaciones Shopren y que dicho bien aparece en Cámara de Comercio a nombre del mismo propietario y el bien a solicitud de embargo a nombre de Distribuidora y Representaciones Shopren, ubicado en la calle 35 Nº 5A-61, barrio Las Palmas, con matrícula inmobiliaria Nº 040-0005816, lote 16, manz. 35 y anexo a la presente certificado de tradición en el cual constan los linderos y su actual propietario”. Y advirtió en el memorial: “téngase en cuenta que las medidas cautelares anteriores no tienen validez sino la actual” (f. 27).

18.5. Mediante providencia de 9 de mayo, el Juzgado negó la solicitud formulada, con fundamento en que: “la persona demandada en este caso es una persona natural, contra quien se debe seguir la obligación y no contra una persona jurídica que es Distribuidora y Representaciones Shopren” (f. 28 c-1).

18.6. El 14 de mayo, el señor Efraín Castañeda reiteró la solicitud de embargo. Aclaró que conforme al certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, el señor José Manuel Choperena era el propietario del establecimiento de comercio denominado Distribuidora y Representaciones Shopren (f. 29).

18.7. En auto de 28 de mayo de 1996, el Juzgado decretó el embargo y secuestro señalado por el peticionario y dispuso oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, para se procediera de conformidad (f. 30).

18.8. De acuerdo con la anotación 21, del certificado de libertad y tradición 040-5816, que fue aportado con la demanda, el 9 de mayo de 1996, “Distribuidora y Representaciones Shopren Ltda.”, vendió a los señores Dolores Sarmiento Martínez y Ramón Murcia Torres el inmueble de su propiedad, conforme a la escritura de 29 de abril de 1996 (f. 33-35).

IV. Problema jurídico

19. Deberá la Sala resolver si el Juzgado 17 Civil Municipal de Barranquilla incurrió en error judicial y/o indebido funcionamiento de la administración de justicia, por no haber ordenado el embargo del inmueble de propiedad del ejecutado, desde la fecha de su solicitud y, en cambio, haber negado inicialmente la medida, por considerar que el propietario del bien era una persona jurídica diferente al demandado. En consecuencia, se determinará si el daño aducido por el señor Efraín Castañeda, que consistió en la imposibilidad de obtener el embargo de dicho inmueble, es o no imputable a la Nación.

V. Análisis de la Sala

20. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, esto es, la imposibilidad de inscribir el embargo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 040-0005816, de la Oficina de Instrumentos Públicos del Atlántico de Barranquilla, como medida cautelar en el proceso ejecutivo que adelantó ante el Juzgado 17 Civil Municipal de esa ciudad.

21. Cabe señalar que si bien no obra constancia relacionada con la negativa de la Oficina de Registro de realizar la inscripción de la medida de embargo, sí se cuenta en el expediente con la prueba documental que acredita que la orden judicial se dictó de 28 de mayo de 1996, esto es, con posterioridad a la fecha en la cual se registró la transferencia del inmueble, la cual fue realizada por “Distribuidora y Representaciones Shopren Ltda.”, a los señores Dolores Sarmiento Martínez y Ramón Murcia Torres, terceros ajenos al proceso ejecutivo que adelantaba el demandante en el Juzgado 17 Civil Municipal. Por lo tanto, hay lugar a concluir que el demandante no pudo lograr la inscripción de la medida cautelar dispuesta contra el ejecutado.

22. Ahora bien, en la demanda se reclamaron $ 50 000 000, como indemnización por el perjuicio material. No obstante, ese valor no fue justificado, en especial, si se tiene en cuenta que el crédito que se perseguía era de $ 2 000 000. Con todo, entiende la Sala que en la suma reclamada, el demandante incluyó el valor del crédito, el cual señaló que “se encontraba asegurado” con la medida. Es decir, que el señor Efraín Castañeda pretende a través de esta acción que se le reconozcan, además, de otros perjuicios que no concretó, la suma reclamada en el proceso ejecutivo.

23. Sin embargo, el actor no demostró, ni siquiera afirmó que en el proceso ejecutivo se hubiera dictado auto ordenado seguir adelante con la ejecución, pero que no pudo hacer efectivo el crédito por la insolvencia del deudor, quien carecía de otros bienes con los cuales pudiera dar cumplimiento a la obligación, es decir, el demandante no acreditó que por el hecho de no haberse logrado el embargo del bien inmueble de que trata este proceso, le fue imposible obtener la satisfacción del crédito. De tal manera, que para la Sala, el daño reclamado y demostrado por el demandante no es la pérdida de la suma reclamada en el proceso ejecutivo, sino la imposibilidad de obtener el embargo del bien inmueble, que aseguró que era de propiedad del ejecutado.

24. Ahora bien, señala el demandante que el hecho de que la medida no se hubiera podido registrar oportunamente se debió a la tardanza para decidir la solicitud, la cual se prolongó por haber incurrido el juez, inicialmente, en error al apreciar las pruebas que obraban en ese expediente y que había sido aportadas con la demanda y la solicitud de embargo.

25. Para resolver el problema anterior, considera la Sala procedente referirse, en primer término, a la distinción entre el error judicial y el indebido funcionamiento de la administración de justicia, distinción que ya había hecho la jurisprudencia aún antes de que se expidiera la Constitución de 1991, para señalar que era plenamente admisible la responsabilidad del Estado por las actuaciones administrativas de la jurisdicción, bajo el régimen de falla del servicio(2), pero que tratándose de la actividad jurisdiccional, no era posible deducir responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica. De manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que este hubiera actuado con error inexcusable.

26. Desde la expedición de la Constitución de 1991 ya no es posible excluir la responsabilidad del Estado por acción u omisión alguna de la administración de justicia, en razón a que artículo 90 consagra la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, sin distingo alguno.

27. Con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 90 constitucional, se mantuvo la diferencia entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efectivo el derecho subjetivo y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar el derecho. “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales (...)”(3).

28. En la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, artículo 65, se estableció la responsabilidad del Estado “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”, bien que provengan del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, del error jurisdiccional, o de la privación injusta de la libertad.

28.1. En el artículo 66 ibídem, se definió el error judicial como el “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Los presupuestos que deben estar presentes en determinado caso para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, quedaron precisados en el artículo 67, en los siguientes términos:

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto todos los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva del error deberá estar en firme”.

28.2. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recurso de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(4). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no solo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(5).

28.3. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

28.4. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(6), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(7). Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(8).

28.5. Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre esta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

28.6. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

28.7. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(9), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(10). En palabras de Alexy:

“En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta”(11).

28.8. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que esta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(12).

28.9. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de este fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico.

29. Con respecto al indebido funcionamiento de la administración de justicia, el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, establece: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

29.1. El funcionamiento anormal de la administración de justicia puede producirse como consecuencia de cualquier actuación irregular en la tramitación de los procesos; no se reduce a los problemas de dilaciones injustificadas, aunque estos sean los casos más típicos de esta modalidad, y genera responsabilidad patrimonial del Estado cuando el desconocimiento de esas actuaciones genera daños a los usuarios del servicio, que pueden implicar desde la denegación del derecho fundamental de acceso al servicio (art. 228 de la Constitución), pero que también pueden consistir en la vulneración a otros derechos, como lo son los derechos patrimoniales que se persigan a través de la interposición de las acciones correspondientes(13).

29.2. En cuanto al tema de las dilaciones injustificadas, que resulta relevante para la decisión del caso concreto, ha señalado la Sala, que los artículos 229 y 228 de la Constitución, que establecen como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y consagran los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”(14), guardan armonía con lo previsto en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce esa garantía como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales(15).

29.3. Para identificar lo que se considera un funcionamiento anormal de la administración de justicia la doctrina ha señalado que debe compararse la actuación con lo que se consideran como estándares de funcionamiento normal de ese servicio:

“La compresión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la administración de justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en estas su origen y se basa únicamente en causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”(16).

29.4. Se advierte que también en relación con los daños derivados de la administración de justicia, procede la causal de exoneración del hecho exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70 de la Ley Estatutaria de la Administración, que establece que “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”.

30. En el caso concreto hay lugar a considerar que el Juzgado 17 Civil Municipal de Barranquilla incurrió en una dilación injustificada, porque el tiempo transcurrido entre la formulación de la solicitud de decreto de la medida cautelar y la expedición de la providencia mediante la cual se ordenó el embargo del inmueble, sí superó el término señalado en el artículo 685 del Código de Procedimiento Civil(17) para resolver la solicitud de medidas cautelares.

30.1. Sin embargo, esa dilación no fue la causa del daño que se aduce, porque: (i) para el 14 de mayo de 1996, fecha en la cual el demandante insistió en la medida de embargo y aclaró a ese despacho que el bien inmueble figuraba registrado a nombre de un establecimiento de comercio de propiedad del ejecutado (f. 30), aquel ya aparecía registrado a nombre de las personas a quienes se había transferido su dominio, desde el 9 de mayo anterior, según escritura pública de 29 de abril de 1996, tal como consta en la copia de la matrícula inmobiliaria expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla (f. 35), y (ii) el bien nunca estuvo registrado a nombre del señor José Manuel Choperena, que fue la persona demandada en el proceso ejecutivo adelantado por el señor Efraín Castañeda.

30.2. Lo anterior significa que el daño sufrido por el demandante, que consistió en no haber podido registrar la medida cautelar, no es imputable al Juzgado 17 Civil Municipal de Barranquilla, porque así la solicitud se hubiera resuelto al día siguiente de su formulación, tal como se dispone en la ley, esto es, el 15 de mayo de 1996, el resultado habría sido el mismo, porque el inmueble no figuraba como de propiedad del ejecutado.

30.4. En síntesis, a pesar de la dilación que se atribuye al Juez 17 Civil Municipal de Barranquilla, el daño aducido por el señor Efraín Castañeda no es imputable a la Nación - Rama Judicial, porque la causa de que este no hubiera podido obtener el embargo del bien inmueble señalado no fue la tardanza del juez de decretar la medida sino el hecho de que el bien figuraba a nombre de una sociedad ajena al litigio, quien, además, lo enajenó a terceros.

31. A la misma conclusión se llega al resolver sobre la imputación de error judicial en contra de la entidad demandada. En efecto:

31.1. No se discute que la providencia de la cual se predica el error fue expedida por el Juzgado 17 Civil Municipal de Barranquilla, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que corresponden a ese órgano judicial.

31.2. Para la Sala es claro que el error que el demandante predica tiene incidencia respecto de la efectividad de los derechos que se estaban discutiendo en el proceso ejecutivo, toda vez que se trató de una decisión en que se negó una medida de embargo de un bien de propiedad del ejecutado, lo cual podía ser determinante para obtener el pago reclamado.

31.3. El error que la parte demandante le endilga a la providencia está relacionado con la valoración de los medios de prueba que obran en el expediente —error de hecho—.

31.4. Sin embargo, se observa que el error judicial que se predica no fue cometido en una providencia que pusiera fin al proceso, comoquiera que se trató de un auto interlocutorio, por medio del cual se negó la procedencia de una medida cautelar, que no decidió de fondo sobre el derecho reclamado por el ejecutante.

31.5. Además, porque contra esa providencia se podía interponer el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “El auto que decrete o niegue las medidas cautelares y el que las revoque por vía de reposición, son apelables en el efecto devolutivo”.

31.6. En este punto, valga señalar que si bien el ejecutado no interpuso el recurso de apelación, no por ello debe considerarse que este actuó con culpa grave, en razón a que su insistencia frente a la medida y la decisión posterior del juez al concederla resultaron ser más eficaces y expeditas, para el logro del objetivo propuesto por el demandante. En otros términos: si bien la revocatoria de la providencia no se produjo como consecuencia de la interposición del recurso de apelación, la insistencia del solicitante tuvo los mismos efectos.

31.7. Sin perjuicio de todo lo dicho, observa la Sala que la providencia dictada por el Juez 17 Civil Municipal resultaba razonable, justificada, coherente, jurídicamente atendible y, por lo tanto, no constitutiva de error judicial, si se considera que el ejecutado era el señor José Manuel Choperena, y quien figuraba como propietario del bien inmueble objeto de la medida era, según la anotación 20 del registro, “Distribuidora y Representaciones Shopren” y según la anotación 21 del mismo, en el cual se inscribió la venta del inmueble a los señores Dolores Sarmiento Martínez y Ramón Murcia Torres, “Distribuidora y Representaciones Chopren Ltda.”. Es decir, que mientras que el ejecutado era una persona natural, quien aparecía en el registro público como titular del derecho de dominio del inmueble era una persona jurídica. Por lo tanto, era deber de juez obtener certeza sobre ese hecho antes de decretar la medida cautelar, porque de otra manera podrían causarse daños a terceros.

31.8. Advierte la Sala que según la anotación 20 del registro, el titular del inmueble era “Distribuidora y Representaciones Shopren”, que según el demandante, este era un establecimiento de comercio de propiedad del ejecutado. Sin embargo, por definición del artículo 515 del Código de Comercio, el establecimiento de comercio es “un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”, pero no goza de los atributos de la persona jurídica, la cual es “capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”, en los términos del artículo 633 del Código Civil. Del establecimiento de comercio forman parte, entre otros, “las instalaciones”, según lo previsto en el artículo 516 del Código de Comercio, pero el titular de ese conjunto de bienes, incluidos por lo tanto, sus instalaciones es, a voces del mismo artículo, una o varias personas. Por lo tanto, era razonable que el Juez 17 Civil Municipal de Barranquilla, al leer el certificado de libertad y tradición aportado por el demandante, considerara que quien figuraba como titular del derecho de dominio del bien inmueble era una persona jurídica y, por eso, solicitara la aclaración cuestionada en este proceso.

31.9. En consecuencia, la medida de embargo solicitada por el demandante el 18 de abril de 1996 no podía ser registrada bajo pretexto de que el bien pertenecía al demandante, a su vez propietario del establecimiento de comercio que funcionaba en dicho inmueble, porque, como ya se señaló, de acuerdo con la ley un establecimiento de comercio no goza de los atributos de la personalidad y, por lo tanto, no podía ser titular del derecho de dominio; en cambio, el propietario del bien sí podía serlo una persona jurídica, que es la que figura registrada como vendedor del inmueble en la anotación 21 del certificado de libertad y tradición, a la cual se hizo ya referencia, esto es, la sociedad “Distribuidora y Representaciones Shopren Ltda.”, persona jurídica de la cual podía el ejecutado tener la calidad de socio, pero que no se confundía con él, porque como tal esta sí goza de patrimonio propio.

31.10. En este orden de ideas, la causa del daño sufrido por el demandante al no poder registrar la medida cautelar en el registro público inmobiliario no es atribuible a la Nación - Rama Judicial, sino al hecho de que el ejecutado no era el titular del derecho de dominio del bien inmueble, el cual figuraba a nombre de una persona jurídica diferente a quien había adquirido la obligación cuyo cumplimiento se estaba reclamando por la vía ejecutiva.

32. Finalmente, se observa que es cierto que la sentencia dictada el 13 de junio de 2001, aparece firmada por uno de los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico que había sido separado del proceso, por habérsele aceptado el impedimento que manifestó, en su condición de pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad del apoderado del demandante, según se decidió en auto de 20 de enero de 1997 (f. 38); pero, ese hecho no la invalida porque el proyecto presentado a la Sala de Decisión fue aprobado también por los otros dos magistrados, que la integran.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por Tribunal Administrativo del Atlántico, el 13 de junio de 2001.

2. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 En decisión proferida por la Sala Plena de la Corporación el 9 de septiembre de 2008, exp. 34.985 se consideró que: “(...) el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia corresponde, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 SMLMV”.

2 Por ejemplo, en relación con los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo la custodia de las autoridades judiciales. Sentencias del 10 de noviembre de 1967, exp: 868; 31 de julio de 1976, exp: 1808 y del 24 de mayo de 1990, exp: 5451, Julio César Uribe Acosta.

3 Ver sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

5 Ibíd.

6 No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha ido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. Es este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

8 De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

9 En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio, pp. 147 a 208, trad. del inglés de Martha Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

10 En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

11 Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., pp. 151 y ss.

12 Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: “(...) el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial (...). Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (...). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, exp. 18059, C.P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

13 Vicente C. Guzmán Fluja. El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia. Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, pp. 181-182, señala que “el funcionamiento anormal se identifica con irregularidad detectada en la tramitación de los procesos y de la que se deriva un daño injusto para el justiciable. Esencialmente esa irregularidad consistirá en la infracción de una norma jurídica atinente al proceso, ya sea una norma de índole estrictamente procesal o una norma reguladora de las actividades de índole administrativa necesaria para la correcta tramitación de los procesos, para que estos avancen; en resumen, abarca a los actos procesales, a los preparatorios de estos y, en general, a la actividad de la oficina judicial. De entrada se puede afirmar que el funcionamiento anormal es el contrario a las normas, lo ilegal, y así será en un gran número de casos; pero quede claro que el funcionamiento anormal no exige siempre una ilegalidad ni el incumplimiento de una norma y buen ejemplo de ello lo tenemos en la actividad material de la administración de justicia, señaladamente en la de ejecución. Sin embargo, adviértase que no toda irregularidad procesal o administrativa referida al proceso es funcionamiento anormal generador de responsabilidad del Estado, sino solo aquella que se traduzca en un daño injusto. Habrá ocasiones en las que la irregularidad dé origen a unas simples molestias, que son inherentes al funcionamiento de cualquier servicio, que no exceden las cargas o gravámenes que se deben soportar dentro del marco de la convivencia democrática”.

14 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Además, ha considerado la Sala que “para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla”. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13.539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

15 Aunque en el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue reconocido concretamente el derecho del acusado de delito “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, pp. 306-307 y 442.

16 Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Edit. Tecnos, 1986, p. 358.

17 El artículo 685 del Código de Procedimiento Civil establece: “El juez resolverá las solicitudes de medidas cautelares, a más tardar al día siguiente del reparto o de la presentación de ellas”.