Sentencia 1996-11826 de enero 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199611826 - 01 (26571)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Tiberio López Vargas y otros

Demandado: Empresa de Energía de Bogotá

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., enero veintinueve de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia(1) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 27 de noviembre de 2003.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, puesto que los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 1994 (fl. 21, cdno. 2) y la demanda se formuló el 31 de enero del año 1996 (fl. 32, cdno. 1).

3. Material probatorio susceptible de valorarse.

— Copia auténtica del registro civil de defunción, en el cual consta que el señor Misael Garzón Serrato falleció el día 9 de febrero de 1994, por “paro cardiaco electrocución”.

— Facturas por la prestación de servicios médicos a nombre del señor Tiberio López Vargas.

— Póliza de seguros 19889 expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con vigencia desde el día 29 de agosto de 1993 hasta el 26 de junio de 1994, en la cual figura como tomador, asegurado y beneficiario la Empresa de Energía de Bogotá “Cadena Antigua”. El límite asegurado ascendió a $ 100’000.000 “Evento/Año”.

— Oficio 25259 del 5 de diciembre de 1996, mediante el cual La Previsora S.A. Compañía de Seguros, certificó lo siguiente:

“En atención al llamamiento en garantía presentado a nuestra compañía, por el proceso en referencia, le informamos que la póliza de responsabilidad civil 19889 tuvo una vigencia comprendida entre el 29 de agosto de 1993 al 25 de junio de 1994, con una suma asegurada de $ 100.000.000 la cual se encuentra totalmente agotada por demandas presentadas ante los tribunales, en contra de nuestro asegurado Empresa de Energía de Bogotá, no existiendo disponibilidad para atender reclamación alguna derivada del presente proceso”.

— Testimonio rendido por el señor Jorge Enrique Parra Parra, según el cual:

“Preguntado: ¿indicará el testigo, si conoce al señor Misael Garzón Serrato? Contestó: sí, él fue trabajador mío, por varios años. Preguntado. ¿Qué conoce usted sobre accidente que causó la muerte al señor Misael Garzón Serrato y heridas al señor Tiberio López? Contestó. Sí, eso fue el 9 de febrero de 1994, alrededor de las nueve de la mañana, en la calle 11 Nº 33-38 de Bogotá, siendo esa hora estaban trabajando Tiberio y Luis Alvarado, estaban en trabajo de pintura del frente del edificio, cuando al mover el andamio trópico (sic) con la cuerda de alta tensión, por estar pelado el cable se produjo el accidente, en el cual quedaron heridos todos, Misael Garzón y Tiberio. Yo estaba a una distancia del andamio como de 3 metros cuando se produjo el accidente, creo que me alcanzó a pasar corriente a mí creo que recibí un golpe (...). Creo que eso se le puede atribuir el accidente a la cuerdas peladas, yo había observado que el cable de alta tensión estaba pelado y llamé con anterioridad a la empresa de energía para avisar que estaba en peligro de reventarse una línea de esas y podía ocasionar un peligro y allá me contestaron que esa no era línea de alta tensión (...). Preguntado. Manifieste al despacho, ¿si los cables a los cuales usted se refiere que rozaron con el andamio metálico, eran de alta o mediana conducción eléctrica? Contestó: de lo cual no puedo estar seguro, porque no tengo conocimientos eléctricos, pero para mí eran de alta tensión, como manifesté con anterioridad que llamé a la empresa y les manifesté el peligro que se corría por un cable que estaba a punto de romperse y un empleado que no sé quién sería que me dijo que esos eran cables de alta tensión. Preguntado. ¿Manifieste a qué altura aproximada, están instalados dichos cables? Contestó: creo que alrededor de 6 metros o algo más, alrededor de 8 metros. Preguntado. ¿A qué distancia del inmueble situado en la calle 11 Nº 33-36 y 33-38 de esta ciudad, están instalados, el poste que sostienen los cables de la fachada? Contestó. De uno con cincuenta a dos metros (...). Esos son unos cables que están al servicio del sector o de la ciudad (...). Contestó. Sí, en las horas de la tarde de la empresa de energía, llegaron a hacer el arreglo, en el cual le pusieron un pedazo de cable encauchetado (sic) o forrado llaman a eso, de alrededor de unos 30 metros, de resto quedó hacia arriba el cable como estaba, pelado (...)”.

— Declaración del señor Luis Antonio Alvarado Tabio.

“Preguntado. ¿Qué conoce usted sobre el accidente que causó la muerte al señor Misael Garzón Serrato y heridas al señor Tiberio López? Contestó. Sí, eso fue un sábado en 1994, el andamio con que estaba trabajando, en el que estaban Tiberio López y mi persona, se dio contra el cable de alta tensión y vino el choque, porque los cables estaban pelados, yo estaba abajo, a mí no me pasó nada, no recuerdo bien ese día, yo logró coger a Tiberio lo alcancé a alzar y al otro señor lo subieron a la camioneta y lo llevaron para el hospital. Yo estaba abajo en el piso y a mí no me pasó nada. El señor Misael murió, me contaron que había muerto, el otro el señor Tiberio López (...). Estaban en mal estado, estaban todos pelados, por eso fue el choque que hubo en el andamio, estaban en mal estado. Preguntado. ¿Manifieste a qué altura aproximada, están instalados dichos cables y el poste y a qué distancia del inmueble que ustedes estaban pintando? Contestó: creo que el poste estaba a un promedio de un metro de distancia hacia afuera y la altura en una aproximación de 6 (...)”.

— Testimonio del señor Héctor Cuají Jara.

“Sí, eso fue un día por la mañana, eso fue un día por la mañana, eso fue el 9 de febrero de 1994, yo estaba presente porque yo también sufrí heridas —muestra el testigo en la cara cicatriz y que casi no puede caminar—, entre ocho y media a nueve de la mañana, nos llamaron a ayudar a correr un andamio y como las cuerdas de la energía estaban bajiticas (sic), eso no más con el viento salían chispas, empujamos el andamio y entonces el andamio tocó las cuerdas y allí fue la explosión, como las cuerdas estaban bajiticas (sic) y todas peladas, ahí fue cuando nos accidentamos, yo perdí el sentido. Después fue cuando supimos que habían venido a ver los cables, como al año fue cuando volví a la empresa y me di cuenta que habían templado los cables, esos cables los templaron el mismo día del accidente (...) Preguntado. ¿En qué parte estaba ubicado el andamio metálico cuando chocó con los cables? Contestó: Al frente del Edificio. Preguntado. Manifieste al despacho a qué altura más o menos estaban instalados esos cables. Contestó. Bajiticos (sic), estaban como a tres metros y medio del piso, como había uno más alto y el otro más bajito. Preguntado. ¿El poste que sostenía esos cables a qué distancia del edificio estaba? Contestó: cerquita como pegado a la fachada, claro que el cable ya lo cambiaron (...)”.

— Certificación expedida por el director del Hospital Occidental Kennedy, en la cual consignó lo siguiente:

“a) El 9 de febrero de 1994 a las 11:50 ingresó a este hospital el señor Tiberio López Vargas, registrado en urgencias con el Nº 94-004246.

b) Al ingreso a esta institución el paciente presentaba quemadura ocasionada por la corriente eléctrica (cable de alta tensión), en miembro superior derecho y miembro inferior derecho, hombro izquierdo y antebrazo izquierdo.

c) En esta institución se realizó la amputación supracondilia de miembro inferior derecho el 13 de febrero/94, de acuerdo al informe quirúrgico (fl. 12).

(...)

d) Se practicaron dos intervenciones quirúrgicas:

1) Amputación supracondilia de miembro inferior derecho.

2) Resección de granuloma en muñón, el 27 de junio de 1994.

e) Por concepto de hospitalización cancelaron la suma de $ 50.800 m/cte., según recibo oficial de caja 636905. Dicha información no puede ser suministrada de forma desagregada debido a que en los archivos no reposa la factura del mencionado paciente, la información del pago fue tomada del recibo oficial de caja”.

— Historia clínica correspondiente al señor Tiberio López Vargas.

— Certificación expedida por el propietario del depósito de maderas Jerppa, a través de la cual hizo constar:

“En atención al Oficio 97-D-1888 me permito manifestar que el señor Misael Garzón Serrato identificado con cédula de ciudadanía 19’056.211 de Bogotá laboró en el depósito de maderas “Jerpa” desde el 9 de septiembre de 1977 hasta el día 9 de febrero de 2004 y su último salario al momento de morir electrocutado era la suma de $ 135.000 mensuales”.

— Certificación expedida por la secretaria general de “Funerales Montesacro”, a través de la cual hizo constar:

“Esta agencia fue contratada para prestar los servicios funerarios para el sepelio del señor Misael Garzón Serrato quien falleció el día 9 de febrero de 1994. El costo del servicio fue de $ 520.000 el cual fue cancelado en su totalidad por la señora Blanca Cecilia Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 41.573.310 de Bogotá”.

— Copia auténtica del protocolo de necropsia 888-94 y del acta de levantamiento de cadáver correspondiente al señor Misael Garzón Serrato, en los cuales consta que murió a causa de una descarga eléctrica.

— Reconocimiento psiquiátrico practicado al señor Tiberio López Vargas el día 4 de junio de 1998 por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual arrojó el siguiente análisis y conclusiones:

“Análisis

El examinado es un adulto en cuya historia personal no existen antecedentes psicopatológicos de importancia antes de la fecha de los hechos investigados. Al momento actual presenta signos y síntomas propios de un evento traumático, tales como ideas intrusivas repetitivas de la experiencia vivida, alteraciones emocionales de depresión llanto, resentimiento e ideas de muerte no estructuradas. Conducta motora inhibida que se traduce en menor rendimiento laboral que en años anteriores. Exhibe señales referenciales fóbicas y generalización del estímulo fóbico (a las instalaciones eléctricas). Hay también moderadas interferencias de los hechos investigados con su capacidad de prospección y planeación.

Estas manifestaciones que se presentan en el examinado generan también otras manifestaciones en su esposa necesitada de orientación y asesoría para no caer en ser una pareja disfuncional. Por esta razón recomendamos que la asistencia terapéutica sea brindada también a su pareja. Para esto recomendamos la Asociación de Psicoanálisis y Psicoterapias, en donde realizan este tipo de asesorías.

La asesoría que el examinado debe recibir al igual que su esposa les genera costos, que usualmente equivalen a unos $ 50.000 por sesión de terapia familiar y probablemente unos $ 20.000 a $ 30.000 por sesión de terapia individual, la cual debe prolongarse en aproximadamente una frecuencia quincenal, durante unos dos años de duración (...).

Conclusión

El examinado presenta manifestaciones características de stress post-trauma. Esto en psiquiatría forense equivale a una perturbación psíquica que requiere tratamiento para él, su esposa y su grupo familiar”.

— Examen físico realizado al señor Tiberio López Vargas el día 17 de marzo de 1998, practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual arrojó las siguientes conclusiones:

“Mecanismo(s) causal(es): físicos, se fija incapacidad médico legal definitiva de 70 (setenta) días. Como secuela(s) presenta: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional de órgano de la locomoción de carácter permanente, pérdida anatómica de miembro inferior derecho y pérdida funcional de miembro inferior derecho”.

— Testimonio del señor José Luis Silva Gómez.

Eso fue en febrero por ahí el 8 o 10 de febrero de 1994 —me parece— yo llegué a la fábrica y había cuatro personas moviendo el andamio porque ya habían acabado de pintar la sección, subí al segundo piso y me asomé a la ventana y cuando vi que los cables pegaron con el andamio y bajaba la corriente por el andamio y a las personas las botó hacia los lados, cuando bajé a ayudarlos, el cable se desprendió, un pedazo pegó contra un kiosco que había allí y echaba chispas, en ese momento la luz se fue en el sector, yo me acerqué a donde don Misael Garzón, lo retiré del andamio, en ese momento murió, entonces lo solté, entré por las llaves del carro, subí al muerto y a los dos heridos (...). Preguntado. ¿Manifieste al despacho en dónde estaban instalados los cables que rozaron con el andamio y qué clase de cables son? Contestó. El cable que pegó es de alta tensión y estaba ubicado en el poste del alumbrado público (...). Estaban en mal estado, porque estaban flojos, se movían y eso motivó a que rozara con el andamio. En la actualidad los cables presentan el mismo problema, echan chispas de la salida del poste. Preguntado. ¿Manifieste al despacho, si esos cables fueron reparados una vez sucedió el accidente y por quién? Contestó: cuando volví de dejar los heridos, había un carro de la energía uniendo el cable reventado y templando los siguientes cables. Preguntado. ¿Manifieste al despacho, si usted sabe a qué distancia de la fachada del inmueble que estaban pintando, están instalados esos cables y los postes? Contestó: están entre un metro cincuenta y dos metros, separados de la fachada y la altura aproximada, calculo unos 7 u 8 metros. Preguntado. ¿Manifieste al despacho si usted o alguna persona de la empresa que pintaban los lesionados, habían hecho algún llamado de atención a la empresa de energía sobre esos cables? Contestó: si, mi patrón —Jorge Parra—, había llamado a informar del cable y en la actualidad don Jenrry Parra también ha llamado para informar que un cable echa chispas cuando se mueve (...). Preguntado. ¿Sírvase decir al despacho cuántas personas en total corrieron el andamio que hizo contacto con los cables de alta tensión? Contestó. Cuando llegué vi a cuatro personas, de ellas resultaron lesionados don Tiberio, don Misael Garzón y don Héctor Cuaguín, mi patrón también estaba en el suelo, pero no creo que haya estado corriendo el andamio.

— Oficio 674-00-JNCI a través del cual la secretaria ejecutiva de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez informó lo siguiente:

“En el asunto de la referencia esta junta decidió el día 27 de junio de 2000 conceder a: Tiberio Lopez Vargas identificado con c.c. 17.173.250, una pérdida de la capacidad laboral de: 56.87% (cincuenta y seis punto ochenta y siete por ciento) con fecha de estructuración: 9 de febrero de 1994 de origen profesional”.

— Durante el trámite de la segunda instancia, el magistrado ponente de la época decretó como prueba oficiar a la entidad demandada con el fin de que diera cumplimiento a un medio probatorio que, a su vez, había sido decretado en primera instancia —solicitado por el demandante—, consistente en que se emitiera una “certificación” acerca de varios puntos(2). La respuesta pertinente, allegada por el ente accionado se transcribe a continuación:

“Atentamente y dentro del término se da respuesta al Oficio A-2013-0800 de 14 de mayo de 2013, retirado en la secretaría del despacho el día 15 de mayo de 2013, mediante el cual se requiere a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, dar cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 12 de abril de 2013 relacionado con el Oficio 97-D-1883.

Al respecto se responden cada uno de los puntos solicitados:

1. “Envío del informativo adelantado con motivo de la muerte del señor Misael Garzón Serrato y las graves lesiones recibidas por el señor Tiberio López Vargas, en hechos ocurridos el 9 de febrero de 1994, aproximadamente a las 9:00 a.m., en la calle 11 frente al Nº 33-36 y 33-38 de esta ciudad, cuando un cable de alta tensión de conducción eléctrica contactó con un andamio metálico que movilizaban las dos personas referidas”.

R/. Se informa que el 23 de (sic) 1997 la Empresa de Energía de Bogotá culminó exitosamente un proceso de transformación y capitalización que conllevó a la creación de dos sociedades, una llamada Emgesa S.A. ESP, dedicada a la generación de energía y otra Codensa S.A. ESP dedicada a la distribución y comercialización de energía. En esa fecha EEB hizo un aporte en especie a la nueva empresa Codensa S.A. ESP que incluía todos los activos y pasivos, información del negocio histórico, incluyendo eventos como [el] tema objeto de esta pregunta; y a cambio recibió una participación en porcentaje de acciones de parte de la sociedad Codensa S.A. ESP:

Por esta razón desde el 23 de octubre de 1997 EEB no tiene ninguna información histórica de las actividades propias de la distribución y comercialización en Bogotá y otros municipios de Cundinamarca. Para cumplir la solicitud del honorable Consejo de Estado y teniendo en cuenta las razones anteriores EEB solicitó a Codensa S.A. ESP, el suministro del informativo adelantado con motivo del hecho acaecido objeto de esta demanda, ocurrido el día 9 de febrero de 1994 en la calle 11 frente al Nº 33-36 y 33. Se adjunta fotocopia del oficio y de la respuesta de Codensa S.A. ESP con los respectivos anexos.

Es importante resaltar que los señores Garzón y López, utilizaron un andamio metálico para pintar la fachada del frente que da a la calle del inmueble (...). Dado que el metal es conductor eléctrico incurrieron en una conducta imprudente poniéndose en una situación de peligro que conllevó a una causal eximente de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de las víctimas, como lo solicitó el Ministerio Público y lo corroboraron las declaraciones que obran en el proceso que indican que al correr el andamio los afectados no se percataron de la presencia de los cables ni tomaron las medidas especiales de control, cuidado y precaución que cualquier persona con elementales conocimientos para efectuar este tipo de trabajo, debe tener aún necesidad de considerarse un experto. Por lo tanto se demostró la falta de prudencia y cuidado de las víctimas, circunstancia que declaró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia para absolver a la empresa.

2. Se certifique, “si el cable o cuerda de alta tensión ubicado en la calle 11 Nº 33-33 y 33-38 de Bogotá, forma parte de las instalaciones y redes de la Empresa de Energía de Bogotá.

R/. En relación con este punto, se informa que para el año 1994, el cable ubicado en la calle 11 Nº 33-33 y 33-38 de Bogotá, SI formaba parte de las instalaciones y redes de la antigua Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, puesto que para esa época la Empresa desarrolló dentro de su objeto social la distribución y comercialización de la energía en el Distrito Capital. Actualmente Codensa S.A. ESP es la propietaria de dichas redes de distribución debido a que, como se anotó, el 23 de octubre de 1997 la compañía atravesó un proceso de transformación, del cual surgió Codensa S.A. ESP, cuyo objeto es la distribución y comercialización de energía y a quien fueron transferidos todos los activos destinados al desarrollo de dicha actividad.

3. “A qué distancia horizontal del inmueble (...) se encuentra el poste a que está adherido el citado cable de alta tensión y a cuántos metros de altura”.

R/. Como se observa de las fotos anexas, la red de distribución localizada frente al inmueble (...) se compone de un circuito de media tensión a 11.4 KV (11.400 voltios) y un circuito de baja tensión a 208 voltios/120 voltios. Constructivamente y en cumplimiento de la norma técnica de EEB vigente en su momento el circuito de media tensión utiliza conductor desnudo o sin aislamiento y el circuito de baja tensión en cumplimiento de la misma norma es aislado, lo que determina que el andamio hizo contacto con el circuito de media tensión, originando la descarga correspondiente.

En estas fotografías se puede observar que la distancia horizontal del poste a la edificación es de 3 metros y del conductor más cercano a la misma, es de 2 metros, lo que cumple la distancia mínima especificada por la norma (1.50 metros), de la cual se anexa copia para circuitos de 11.400 voltios. En cuanto a la altura está de 10.2 mts. de altura.

Esta información se obtuvo del operador de la red Codensa S.A. ESP como se evidencia en el informe de Codensa S.A. ESP 26571.

Por el espacio disponible para ubicar la red de distribución, el cual no ha cambiado en el tiempo, se asume que las redes conservan las distancias que estaban en la fecha de ocurrencia de los hechos.

Se aclara que el cable no era ni es de alta tensión por cuanto las redes que operan en las zonas urbanas son únicamente de baja o media tensión; así mismo es pertinente aclarar que la infraestructura eléctrica que transporta energía a más de 230 Kv es la denominada de alta tensión, la cual se encuentra fuera de los perímetros urbanos.

También se aclara que el accidente no se ocasionó porque la red de distribución incumpliera distancias de seguridad a la edificación; sino porque las víctimas violaron dichas distancias de seguridad cuando acercaron el andamio metálico hacia la red de distribución.

(...)

Debe destacarse además, que el demandante no cumplió con la carga de la prueba que solicitó en la demanda consistente en el dictamen pericial para que un experto determinara la distancia horizontal del inmueble (...) y la del poste a que estaba adherido el citado cable de “alta tensión” y a cuántos metros de altura y si el mencionado cable estaba forrado, presentaba señales de reparación o había sido añadido y si era aéreo o subterráneo en su instalación. En cualquier caso esta prueba es inane porque la red no ocasionó el evento si no el andamio.

Se adjuntan las normas LA 007 y LA 007-I que establecían las distancias mínimas verticales y horizontales en redes de 34.5 y 13.2 - 11.4 Kv (media tensión) normas técnicas que cumplió EEB y se encontraban revisadas por el comité de normas y aprobadas por el comité de distribución.

4. “Si dicho cable de alta tensión está forrado y si con motivo del accidente ocurrido a las personas antes citadas, el cable fue reparado o añadido por la empresa de energía.

R/. Se reitera lo indicado en el punto 3 en cuanto a que el cable no es de alta tensión. Las normas técnicas establecen que en circuitos de media tensión los conductores estén sin aislamiento para este tipo de redes (no forrado) y el hecho de que no estuviese forrado no significa que no funcione correctamente pues dicha instalación está acorde con la norma técnica; además no se probó que a la empresa en esa época le hubiesen presentado reclamaciones por fallas en las instalaciones o por no cumplir los requisitos mínimos de seguridad técnica de dicha instalación, razón por la cual se presume que la misma cumplía con los requisitos mínimos de seguridad y el accidente se debió, como se probó y se anotó en la sentencia de primera instancia, a culpa exclusiva de las víctimas.

Tampoco podía la empresa controlar los elementos utilizados por los contratistas de la empresa Gerppa Ltda., mucho menos un andamio metálico que como se mencionó es un material conductor de electricidad, hecho que cualquier persona de elemental conocimiento está llamado a conocer. En este punto es donde el demandante tampoco cumplió con la prueba que solicitó del dictamen pericial para que un experto determinara la distancia horizontal del inmueble (...) y la del poste a que estaba adherido el citado cable de “alta tensión” y a cuántos metros de altura y si el mencionado cable estaba forrado, presentaba señales de reparación o había sido añadido y si era aéreo o subterráneo en su instalación.

(...)

5. “Si dicho cable está instalado por vía aérea o subterránea”.

R/. De acuerdo con lo que se evidencia en el expediente, el cable se encontraba instalado por vía aérea para la fecha de la ocurrencia de los hechos y actualmente continúan aéreos tal como se evidencia en la inspección al centro de distribución (CD 10044 y a la línea de distribución de las calles 11 Nº 33-06, 33-36 y 33-38 realizado por Condensa S.A. ESP).

6. “Certificar según las normas técnicas si dichos cables deben ser instalados por vía aérea o subterránea”.

R/. La Empresa de Energía de Bogotá siempre ha operado bajo la normatividad vigente. Para la fecha de los hechos los cables estaban instalados por vía aérea cumpliendo la norma como se evidencia en las normas LA 007 y LA 007-I que establecían las distancias mínimas verticales y horizontales en redes de 34.5 y 13.2 — 11.4 Kv (media tensión) que se anexan.

Así mismo en el informe que se mencionó, elaborado por Codensa S.A. ESP, se indica que “En el archivo fotográfico de muestra la red aérea que pasa por la calle 11 Nº 33-38. Se identifica red de MT abierta y red de BT abierta, cumpliendo con todas las normas vigentes.

7. “Certificar según las normas técnicas de la empresa de energía a qué distancia horizontal de los inmuebles que forman la calle o la carrera deben estar instalados los cables de alta tensión de conducción eléctrica y a qué altura deben estar”.

R/. Las normas técnicas son las ya mencionadas en los puntos 3 y 6 (LA 007 y LA 007-I) que establecían las distancias mínimas verticales y horizontales en redes de 34.5 y 13.2 - 11.4 Kv (media tensión) a las cuales daba cumplimiento la empresa.

(...)”.

— Dictamen pericial rendido por los señores María Lucy González de Zúñiga y Víctor Manuel Jiménez Alonso el 20 de octubre de 2000, el cual tuvo por objeto conceptuar acerca de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, sufridos por los demandantes con ocasión de los hechos que dieron origen al presente proceso.

La Sala se abstendrá de valorar el anterior dictamen, comoquiera que no se ajustó a los parámetros que para el efecto son utilizados por el Consejo de Estado.

Ciertamente, se encuentra que, en relación con el lucro cesante, en el ingreso base de liquidación no se tuvo en cuenta el aumento del 25% por concepto de las prestaciones sociales, ni se descontó —en el caso de la indemnización liquidada para los familiares del señor Misael Garzón Serrato— el 25% del ingreso que se presume era destinado por la víctima para sus gastos personales.

De igual forma, respecto de la indemnización calculada para los hijos del señor Garzón Serrato se extendió la misma hasta el momento en que cumplieron 18 años, cuando, según los parámetros utilizados por esta corporación, la liquidación se efectúa hasta que los menores cumplen la edad de 25 años.

Así mismo, en la liquidación del lucro cesante para el señor Tiberio López Vargas, no se tuvo en cuenta que en los eventos en los cuales el salario mínimo mensual vigente —debidamente actualizado— para la época de ocurrencia de los hechos, resulta menor al salario vigente para el tiempo que se efectúa la liquidación correspondiente, se utiliza esta última cifra como ingreso base de liquidación.

Así las cosas, comoquiera que el citado dictamen no se ajusta a los parámetros que utiliza el Consejo de Estado en estos eventos, la Sala se abstendrá de acogerlo.

5. El título jurídico de imputación aplicable a los eventos en los cuales se examina la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la producción de daños derivados por la conducción de redes eléctricas.

Al respecto, resulta pertinente reiterar lo afirmado por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 19 de abril de 2012,(3) en torno a la aplicación de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia; en la providencia en comentó se consideró:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En este orden de ideas, la jurisprudencia reiterada de la corporación ha sostenido lo siguiente, cuando se trata de la producción de daños originados por la conducción de redes eléctricas:

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política...(4).

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima(5) (negrillas y subrayas adicionales).

Sobre el particular, la doctrina especializada en el tema(6) ha precisado:

“La doctrina del riesgo creado puede ser sintetizada de esta manera: quien se sirve de cosas que por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan. La teoría que analizamos pone especial atención en el hecho de que alguien “cree un riesgo”, “lo conozca o lo domine”; quien realiza esta actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, sin prestar atención a la existencia o no de una culpa del responsable (...).

“Por nuestra parte, pensamos que la correcta formulación de la teoría del riesgo debe ser realizada sobre la base del llamado “riesgo creado”, es decir, en su formulación más amplia y genérica.

“Quien introduce en el medio social un factor generador de riesgo potencial para terceros, se beneficie o no con él, debe soportar los detrimentos que el evento ocasione. Esto es una consecuencia justa y razonable del daño causado, que provoca un desequilibrio en el ordenamiento social y pone en juego el mecanismo de reparación”.

Esta Sala en otra oportunidad y con ocasión de un debate sobre la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento o la instalación de redes eléctricas y de alto voltaje, manifestó lo siguiente:

“En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios públicos.

“En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima”(7).

Como se observa, el título objetivo de imputación —riesgo excepcional— es el que en principio resulta aplicable, el cual mantiene como asidero y fundamento el concepto de daño antijurídico (C.P., art. 90), en la medida en que comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular —quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal—, no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas(8). Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración, para exonerarse de responsabilidad, la carga de probar la ocurrencia de una causa extraña(9).

6. Lo probado en el proceso.

De conformidad con lo probado en el presente proceso, en el caso concreto se encuentra que en la mañana del día 9 de febrero de 1994, los señores Tiberio López Vargas, Luis Antonio Alvarado Tabio, Misael Garzón Serrato y Héctor Cuají Jara, se encontraban realizado un trabajo de pintura en la fachada de un edificio ubicado en la calle 11 Nº 33-36 y 33-38 de la ciudad de Bogotá D.C. En el momento en que estaban trasladando el andamio sobre el cual estaban trabajando, este rozó un cable de energía y ello lo cual produjo una descarga eléctrica que causó la muerte del señor Garzón Serrato así como graves heridas al señor Tiberio López Vargas a quien como consecuencia de las heridas recibidas, hubo necesidad de amputarle su pierna derecha.

Ahora bien, en relación con la imputación del daño antijurídico endilgado por la parte actora en cabeza de la Empresa de Energía de Bogotá, resulta necesario efectuar algunas precisiones a efectos de determinar si en el caso sub lite el daño o detrimento se produjo como la concreción o materialización del riesgo excepcional, traducido en la actividad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, por parte de la entidad demandada.

Sobre el particular, debe señalarse que la actividad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica es en sí misma una actividad lícita del Estado, a través de la cual somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo excepcional y, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios. Así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta misma Sección(10).

En el caso sub examine, la parte actora pretende derivar responsabilidad de la entidad demandada, pues —en su criterio—, la concreción del daño se debió a una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte al señor Misael Garzón Serrato y graves heridas al señor Tiberio López Vargas, quienes no estaban obligados a soportar el daño, comoquiera que ese riesgo que se materializó rompió con las cargas públicas a que se encuentra sometida cualquier persona; adicionalmente, según la demanda, la entidad demandada habría incurrido en una falla del servicio por no haber instalado, según las normas técnicas, los cables de energía, al tiempo que se le endilgó la falta de mantenimiento y la ausencia en la adopción de las medidas de seguridad en relación con el aislamiento de las redes de energía eléctrica las cuales, al parecer, se encontraban en mal estado.

Ahora bien, en criterio de la Sala, de conformidad con el material probatorio obrante en el proceso, en especial de los testimonios recaudados —los cuales no fueron controvertidos por la entidad demandada, a pesar de que en la audiencia en que se practicaron se contó con la asistencia y participación de su apoderado— hay lugar a concluir que los cables de energía eléctrica que se encontraban cerca de la edificación en la cual se encontraban realizando el trabajo de pintura, estaban en mal estado.

Ciertamente, los testimonios de los señores Jorge Enrique Parra Parra, Luis Antonio Alvarado Tabio, Héctor Cuají Jara y José Luis Silva Gómez, son coincidentes en afirmar que los cables se encontraban en mal estado, que estaban “pelados” que desprendían “chispas”, circunstancias que, sin lugar a dudas representaban un peligro inminente para la seguridad del sector y para las personas que por allí transitaban.

Se recuerda que por tratarse de una actividad riesgosa —esto es la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica— resulta necesario e indispensable la adopción de medidas adecuadas y suficientes con el fin de mitigar el peligro que supone la ejecución de la citada actividad, esto es, en especial, las labores de mantenimiento de las redes eléctricas con el fin de garantizar su óptimo estado de seguridad.

Ciertamente, fue precisamente la electricidad transportada por la Empresa de Energía de Bogotá, la que desencadenó el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó, circunstancia por la cual no es posible aceptar que la entidad demandada se pueda desprender de su responsabilidad, máxime si de conformidad con los oficios allegados al proceso por la misma entidad, se tiene que aquella era la propietaria y encargada del mantenimiento de las redes.

Ahora bien, para la Sala no pasa desapercibida la conducta imprudente asumida por las personas que se encontraban trabajando en el andamio, actuación que sin duda contribuyó de manera eficaz a la producción del daño ocasionado cuya reparación se depreca.

En relación con la figura de la concausa, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (CC, art. 2357 (11)) es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño(12). Al respecto la Sala ha señalado:

“b.4. Como para el tribunal la conducta de la víctima tuvo participación eficiente, más no única, en la producción y para los demandantes ello no es así jurídicamente, se estudiará con mayor precisión ese punto, porque de ser así como lo concluyó el a quo habría lugar a que en la apreciación del daño este estuviera sujeto a reducción. Al respecto el Código Civil enseña: “ART. 2357.—La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

Sobre este particular la Sala precisa que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio, como lo señala el citado artículo 2357 Código Civil, es el que contribuye en la producción del hecho dañino (concausa); es decir, cuando la conducta de la persona dañada participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado fatal. Se hace esta afirmación en atención a que no es de recibo a términos del artículo 90 de la Constitución Política, reducir los alcances de la cláusula general de cobertura de responsabilidad, so pretexto de meras conductas culposas, que no tienen incidencia causal en la producción del daño, pues por esa vía se reduciría el sentido y el alcance del valor normativo, contenido en dicho precepto constitucional. Téngase en cuenta que tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales de esta —daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal—, la conducta del dañado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del quantum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento tenga las notas características para configurar una co causación del daño. En esta dirección puede sostenerse que no es de recibo el análisis aislado o meramente conjetural de una eventual imprudencia achacable a la víctima, si la misma no aparece ligada co causalmente en la producción de la cadena causal.

Bien se ha dicho sobre el particular que la reducción del daño resarcible, con fundamento en el concurso del hecho de la víctima, responde a una razón de ser específica, cual es que la víctima haya contribuido realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte de perjuicio no deviene antijurídico y por ende no tiene la virtud de poder ser reconducido al patrimonio de quien se califica de responsable. Por consiguiente, cuando hay derecho a la disminución, esta ha de analizarse en función de la relación de causalidad, que es el ámbito propio en donde tiene operancia dicho elemento co causal y no en el denominado plano de la compensación de culpas”(13).

De las pruebas obrantes en el proceso se encuentra que a los señores Luis Antonio Alvarado Tabio, Héctor Cuají Jara, José Luis Silva Gómez y Tiberio López Vargas, les fue encargada la labor de pintura en relación con la fachada de un edificio en el cual funcionaba un depósito de maderas, sin embargo, a pesar de que necesariamente tuvieron que haber advertido la presencia de cables de energía, lo cierto es que no adoptaron las medidas de precaución que se requerían en situaciones como la que se examina, de manera que se expusieron en forma imprudente al riesgo que por obvias razones implicaba trabajar cerca de redes eléctricas de esta naturaleza.

Ciertamente, al omitir la adopción de medidas de precaución necesarias y al trasladar el andamio sin seguridad alguna, se concluye que las víctimas participaron de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado fatal, motivo por el cual debe concluirse que en el presente asunto se cumplieron los presupuestos previstos por la ley y la jurisprudencia para disminuir el monto de la indemnización en un 50% al presentarse una concausa.

7. El llamado en garantía.

Indicó la llamada en garantía que en caso de imponerse condena en contra de la entidad demandada, no estaba llamada a responder, por cuanto el valor asegurado en la póliza 19889 —$ 100’000.0000 evento/año— se encontraba agotado. Para el efecto se aportó una certificación expedida por el gerente de la sucursal intermediarios de la llamada en garantía.

El Código de Comercio establece en su artículo 1079 que el asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada; por su parte, el artículo 1089 ejusdem preceptúa que, para el momento del siniestro, la indemnización no excederá en ningún caso del valor real del interés asegurado, por manera que la Empresa de Energía de Bogotá tendrá derecho a que la aseguradora La Previsora S.A., llamada en garantía, le reembolse el valor total de la condena que se le impondrá a aquel, pero ese reembolso no podrá superar el límite máximo de responsabilidad pactado, amén de la aplicación de los deducibles correspondientes.

En el proceso obra copia auténtica de la póliza de seguro 19889, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con vigencia desde el día 29 de agosto de 1993 hasta el 26 de junio de 1994, en la cual figura como tomadora, asegurada y beneficiaria la Empresa de Energía de Bogotá “Cadena Antigua”. El límite asegurado ascendió a $ 100’000.000 “Evento/Año”(14).

Si bien en el expediente obra una certificación en la cual la entidad llamada en garantía indicó que el monto asegurado se encontraba agotado, para la Subsección dicho documento resulta insuficiente para declarar, de entrada, que no hay lugar a que el llamado responda por las sumas respecto de las cuales se va condenar a la entidad demandada, dado que la aludida certificación no se encuentra respaldada por medio probatorio adicional en cuya virtud se pudiere tener por acreditado de manera efectiva el aludido agotamiento de la suma asegurada, por manera que la “constancia” expedida por la Previsora S.A., no pasa de representar una afirmación carente de sustento probatorio.

Así pues, habiéndose probado, de manera formal, tanto el derecho contractual de la Empresa de Energía de Bogotá respecto de La Previsora S.A., como el derecho material a la indemnización del perjuicio que aquel sufrió como consecuencia de la sentencia condenatoria, se condenará a la aseguradora a indemnizar al llamante la cantidad que a su turno se le ordenará pagar a este último en la presente sentencia, para cuyo efecto se deberán reunir los siguientes presupuestos: i) En ningún caso el monto que la entidad llamada en garantía deberá asumir en relación con las sumas que se determinarán en esta providencia, deberá superar el límite asegurado, debidamente actualizado a valor presente, previsto en la póliza 19889; ii) La entidad llamada en garantía deberá asumir los montos de la condena, en tanto exista cupo y hasta el saldo de ese cupo en relación con el valor asegurado en la póliza 19889. Lo anterior, sin perjuicio del descuento del deducible a que haya lugar.

Se precisa, finalmente, que el reembolso que deberá efectuar La Previsora S.A., en los términos antes mencionados, se hará exigible de acuerdo con los términos señalados en el Código de Comercio, según el cual el asegurador indemnizará al asegurado o al beneficiario dentro del mes siguiente a que se acredite judicial o extrajudicialmente el siniestro, de manera que si el asegurador no realiza el pago dentro de ese plazo, estará obligado a pagar intereses moratorios comerciales (CC, art. 1080).

Lo anterior ha sido reiterado por la jurisprudencia de esta corporación, al sostener que

“...si el asegurador no realiza el pago dentro de ese plazo estará obligado a pagar intereses moratorios comerciales (CC, art. 1080), situación que ha corroborado la jurisprudencia al decir(15): ‘si la obligación de pagar el seguro es fijada por fallo judicial, como este tiene el carácter de condena y no constitutivo o declarativo, el asegurador debe ser condenado a pagar intereses moratorios desde el término que indica el artículo 1080 del Código de Comercio y no desde la ejecutoria del fallo’.

Esa normatividad a la cual refiere la jurisprudencia sirve para precisar que los intereses moratorios que se ordenan se aplican solo si la aseguradora no paga al demandado Emcali dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, cuando se define con certeza la obligación; nótese que son exigibles los intereses moratorios solo después de ocurrido ese plazo”(16).

8. Indemnización de perjuicios.

8.1. Perjuicios morales.

La Sala los estima procedentes, pues las lesiones causadas a una persona dan lugar a la indemnización de perjuicios morales, no obstante que su tasación dependa, en gran medida, de la gravedad y entidad de tales lesiones, razón por la cual, en ciertas ocasiones, dichas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales se definirá en cada caso, por el juez, en proporción al daño sufrido(17).

Es lo común, lo esperable y comprensible que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima(18).

Ahora bien, en relación con esta clase de perjuicios, tratándose de la muerte de una persona, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado —sin perjuicio de la existencia de otros medios probatorios que acrediten dicho perjuicio—, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de un pariente próximo les debió causar un profundo dolor moral, aún más en las dramáticas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del presente caso, como se expuso con anterioridad.

En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(19).

Con fundamento en las anteriores declaraciones, la Subsección procederá a determinar si en el presente caso, respecto de cada uno de los demandantes, se causaron los mencionados perjuicios.

8.1.1. Grupo familiar del señor Tiberio López Vargas.

En atención a lo ya expuesto y sumado a la circunstancia de que se encuentra probado que con ocasión de estos hechos el señor Tiberio López Vargas sufrió una lesión que le generó una incapacidad relativa y permanente y una disminución en su capacidad laboral del 56.87%, situación que necesariamente presenta también una afectación moral, para la Subsección en atención a la magnitud del daño sufrido por el demandante, consistente en la “Pérdida anatómica de miembro inferior derecho y pérdida funcional de miembro inferior derecho” , se considera que una tasación justa y acorde con la reparación por el citado perjuicio será de 100 salarios mínimos legales vigentes.

Por las lesiones sufridas por el señor López Vargas también demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de hijos y hermanos; para acreditar su parentesco allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia de los registros civiles de nacimiento correspondientes a José Reiniero, María Lourdes, José Albeiro y Luz Mayerly López Guillen, en los cuales consta que el señor Tiberio López Vargas es su padre; ii) copia del registro civil de nacimiento de la víctima directa, en el cual figura que es hijo de los señores Pablo Emilio López y María Clementina Vargas; iii) copia de los registros civiles de nacimiento de los demandantes Timoleón, Isidro, Elvira, Miguel Antonio y Marco Antonio López Vargas, documentos en los cuales consta que estas personas también son hijos de los señores Pablo Emilio López y María Clementina Vargas y, por ende, hermanos de la víctima directa del daño.

En relación con la señora Carmen Lesvia Guillén Porte, los testimonios de los señores Maximiliano Rincón Rodríguez y José Ramiro Velandia dan cuenta de su condición de compañera permanente del señor Tiberio López Vargas, comoquiera que indicaron que les constaba que convivían en unión libre por más de 16 años y que fruto de esa unión procrearon 4 hijos.

Por consiguiente, se encuentra acreditada la relación de los actores para con la víctima directa del daño, en sus condiciones de hijos, hermanos y compañera permanente, respectivamente, razón por la cual cuentan con legitimación en la causa por activa y además son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por lesiones sufridas por el señor Tiberio López Vargas.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, las pruebas del parentesco y de la unión marital de hecho para con la víctima resultan suficientes para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que las lesiones de su padre, compañero permanente y hermano les debió causar un profundo dolor moral, por lo cual se le reconocerá a los hijos y compañera permanente de la víctima, un monto equivalente a 100 smlmv, y para cada uno de los hermanos del señor Tiberio López Vargas, un monto equivalente a 50 smlmv

Finalmente, respecto del señor José Ernesto López Vargas quien acudió al proceso en calidad de hermano del señor Tiberio López Vargas, no se allegó al expediente el registro civil de nacimiento por medio del cual se hubiere acreditado dicha condición, al tiempo que de los testimonios practicados tampoco puede considerársele como un tercero damnificado, comoquiera que en ninguna de las mencionadas declaraciones se le mencionó de manera directa y expresa.

8.1.2. Grupo familiar del señor Misael Garzón Serrato.

Por la muerte del señor Misael Garzón Serrato demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de compañera permanente e hijos; para acreditar su condición se allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia de los registros civiles de nacimiento correspondientes a Yovanni Garzón Gómez, Andrea Paola Garzón, en los cuales consta que el señor Tiberio López Vargas es su padre; ii) testimonios de las señoras María Jadime Hoyos de Moreno y Luz Mary Linares Bolaños, según los cuales los señores Garzón Serrato y Blanca Cecilia Gómez Pedraza tenían una relación marital de por lo menos 17 años, que eran una pareja “ejemplar”, fruto de la cual tuvieron dos hijos.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, las pruebas del parentesco y de la unión marital de hecho para con la víctima resultan suficientes para tenerlo por configurado —aún al margen de la existencia de otros medios de acreditación que evidencien dicho perjuicio—, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de su padre y compañero permanente les debió causar un profundo dolor moral, por lo cual se les reconocerá a cada uno un monto equivalente a 100 smlmv

Dado que en el presente caso, como se expuso, se declarará la existencia de una concausa, el monto de los perjuicios reconocidos, será reducido a la mitad.

8.2. Perjuicios materiales.

8.2.1. Daño emergente.

8.2.1.1. Para el señor Tiberio López Vargas.

Se solicitó el reconocimiento de lo pagado con ocasión de las intervenciones quirúrgicas que se realizaron en el Hospital Kennedy de Bogotá D.C., y por las terapias y la prótesis adquirida en la Fundación Pro Cirugía Reconstructiva —CIREC—.

Obra en el expediente una factura por el valor del $ 310.000 a nombre del señor Tiberio López Vargas, correspondiente a una “prótesis modular AR. PPLNO”; si bien solo se anexaron algunas otras facturas a través de las cuales consta el pago efectivo, en el año 1995, por el valor de $ 208.000, lo cierto es que fue allegada al proceso una certificación expedida por el CIREC en la cual indicó que el señor López Vargas pagó en su totalidad la aludida prótesis (fl. 122, cdno. 2).

Así las cosas, la Sala procederá a reconocer el valor actualizado de $ 310.000 por concepto de daño emergente.

De igual forma, reposan en el encuadernamiento varias facturas pagadas entre el año 1994 y 1995, correspondientes a consultas y terapias médicas realizadas al señor Tiberio López Vargas, las cuales suman un total de $ 26.900, valor que, una vez actualizado, será objeto de reconocimiento.

Finalmente, existe constancia expedida por el director del Hospital de Occidente Kennedy, a través de la cual hizo constar que, en el año 1994, se canceló la suma de $ 50.800 por concepto de gastos de hospitalización, valor que también será incluido en la presente providencia.

Para la actualización se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

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Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta histórica, el monto de la condena impuesta en primera instancia.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,98 que es el correspondiente a diciembre de 2013.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, i) 24,44 correspondiente al mes de junio de 1994 (fecha en que se cancelaron los gastos de hospitalización); ii) 30.18, correspondiente al mes de agosto de 1995 (fecha en la cual se canceló la prótesis); iii) 30.43 correspondiente al mes de septiembre de 1995 (fecha de la última factura por concepto de consultas).

Gastos de hospitalización:

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Gastos de la prótesis:

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Gastos de las citas de control:

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Total daño emergente a favor del señor Tiberio López Vargas: $ 1’508.439.

8.2.1.2. Daño emergente a favor de la señora Blanca Cecilia Gómez Pedraza.

Se solicitó el reconocimiento del valor que debió sufragar por concepto de los gastos funerarios de su compañero permanente.

Obra en el expediente certificación expedida por la empresa Funerales Montesacro a través de la cual hizo constar que la señora Blanca Cecilia Gómez canceló la suma de $ 520.000 por concepto de los gastos funerarios realizados el día 9 de febrero de 1994, correspondiente al sepelio del señor Misael Garzón Serrato.

Por lo anterior, se reconocerá a la señora Blanca Cecilia Gómez Pedraza el valor actualizado del monto antes enunciado, por concepto de daño emergente.

Se tiene entonces:

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Dado que en el presente caso, como ya se expuso, se declarará la existencia de una concausa, el monto de los perjuicios reconocidos, será reducido a la mitad.

8.2.1.3. Daño emergente futuro.

Bajo la denominación “lucro cesante futuro adicional” los demandantes solicitaron el reconocimiento de los gastos que necesariamente tendrían que efectuar a futuro por concepto de los servicios de una persona para que asista al señor Tiberio López Vargas, dado su estado de invalidez, circunstancia que le impediría valerse por sí solo.

No obstante, el aludido perjuicio se ajusta mejor a la denominación de “daño emergente futuro”, puesto que se trataría de erogaciones que tendrían que salir del patrimonio del afectado con el fin de cubrir los gastos que implicaría contratar a una persona para que asista al señor López Vargas.

Revisado el expediente, no se encuentra medio probatorio alguno a través del cual se permita establecer con certeza la necesidad de que el señor López Vargas deba contar con la asistencia de una persona, en la medida en que si bien reposan en el proceso varios dictámenes, lo cierto es que se limitan a indicar las lesiones que padeció la víctima y a establecer el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral que sufrió.

La única mención que existe acerca de los efectos de las lesiones que sufrió el señor López Vargas, está contenido en el reconocimiento psiquiátrico efectuado por el Instituto de Medicina Legal, regional Bogotá D.C., según el cual la víctima requería de asistencia terapéutica tanto para él como para su pareja, debido a las alteraciones y trastornos emocionales que sufrió con ocasión del accidente.

Sin embargo, dado que no se solicitó suma alguna por concepto de la aludida asistencia terapéutica, en aplicación del principio de congruencia, resulta improcedente realizar reconocimiento alguno por el aspecto antes mencionado.

En consecuencia, se denegará el reconocimiento del perjuicio denominado en la demanda como “lucro cesante futuro adicional”.

8.2.2. Lucro cesante.

8.2.2.1. Para el grupo familiar del señor Misael Garzón Serrato.

En relación con este perjuicio, está acreditado que para el momento de los hechos el señor Misael Garzón Serrato trabajaba en un depósito de maderas, labor de la cual obtenía como remuneración la suma de $ 135.000 mensuales. Además, de los testimonios recaudados se probó que el monto devengado lo destinaba al sostenimiento económico de su compañera permanente y de sus hijos, razón por la cual esta Subsección encuentra que sí hay lugar a su reconocimiento.

Para determinar lo que le corresponde a los demandantes por concepto de lucro cesante se actualizará el valor de la suma que devengaba en el año 1994 el señor Garzón Serrato.

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Ra = $ 674.585

Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 resulta inferior a la anterior cifra ($ 616.000), se tomará la primera cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.

Este monto ($ 674.585) se debe incrementar en un 25% por el correspondiente factor prestacional ($ 168.646), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $ 843.231; a esta cifra se le descontará el 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($ 210.807). De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima disponía de ingresos mensuales para su familia por la suma de $ 632.424.

El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de la compañera permanente y el otro 50% se dividirá a su vez, en partes iguales, a favor de cada uno de sus hijos.

Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta que como consta a folio 134 cuaderno 2, el señor Garzón Serrato nació el 15 de noviembre de 1947, razón por la cual para el 9 de febrero de 1994, fecha de su muerte, tenía 46 años, por lo cual la liquidación tendría que hacerse teniendo en cuenta la expectativa de vida de la víctima, que era de 35.3 años, es decir 423.6 meses.

— Para la señora Blanca Cecilia Gómez Pedraza.

En el caso de la señora Gómez Pedraza, se encuentra acreditado en el expediente que ella nació el 23 de julio de 1952 (fl. 148, cdno. 2), razón por la cual se tomará en cuenta la expectativa de vida del señor Garzón Serrato.

Consolidado: desde la fecha del hecho (feb. 9/1994) hasta el de esta sentencia (oct. 9/2013), esto es 236 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1996-11826ECUA7.jpg
 

S = $ 316.212 x 440.73

S = $ 139’364.114

Futuro: por el resto del periodo de vida probable del señor Garzón Serrato, esto es 187.6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1996-11826ECUA8.jpg
 

S = $ 316.212 X 122,83

S = $ 38’840.319

Total perjuicios materiales: ciento setenta y ocho millones doscientos cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte. ($ 178’204.433).

— Para Yovanni Garzón Gómez

Consolidado: desde la fecha del hecho (feb. 9/1994) hasta el día en que cumplió 25 años (mar. 3/2004), esto es 120,93 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1996-11826ECUA9.jpg
 

S = $ 158.106 x 164.13

S = $ 25’949.937

Total perjuicios materiales: veinticinco millones novecientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y siete pesos m/cte. ($ 25’949.937).

— Para Andrea Paola Garzón Gómez.

Consolidado: Desde la fecha del hecho (9 de febrero de 1994) hasta el día en que cumplió 25 años (06 de agosto de 2008), esto es 173,9 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1996-11826ECUA10.jpg
 

S = $ 158.106 x 272.52

S = $ 43’087.047

Total perjuicios materiales: cuarenta y tres millones ochenta y siete mil cuarenta y siete pesos m/cte. ($ 43’087.047).

8.2.2.2. Para el señor Tiberio López Garzón.

En relación con este perjuicio, cuando se trata del daño consistente en la disminución de la capacidad laboral, la Sala se ha pronunciado de la siguiente forma:

“3.4. En relación con el perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, el a quo reconoció a favor de la señora Adiela García Vinasco una indemnización equivalente a $ 671.636,50 suma que correspondió a la liquidación de los 35 días de su incapacidad médico legal, determinada por el perito del Instituto de Medicina Legal, por la asignación mensual certificada de $ 155.015. Sin embargo, negó la indemnización por el lucro cesante futuro, por considerar que si bien se había acreditado que tuvo un grado de invalidez del 75%, no se demostró que por ese hecho hubiera dejado de laborar o que fuera impedimento definitivo.

La parte demandante recurrió la decisión para solicitar la indemnización por el lucro cesante por el término de su vida probable, conforme a los criterios señalados por la jurisprudencia, teniendo en cuenta que la pérdida de la capacidad laboral fue fijada por el perito en un 75%.

Conforme a los criterios jurisprudenciales señalados por la Sala en relación con el lucro cesante reconocido por todo el término de su vida probable, a favor de quienes pierdan total o parcialmente su capacidad para trabajar, así se desempeñen en labores diferentes de aquellas a las que se dedicaban antes de sufrir esa pérdida, esa indemnización se liquidará conforme a los siguientes parámetros:

— El dictamen médico laboral señaló que la pérdida de la capacidad laboral de la demandante era del 75%. De acuerdo con la jurisprudencia adoptada por la Sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, la condena se debe calcular sobre el 100% de la renta para la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral “entendida esta como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en su trabajo habitual (D. 917/99, art. 2º, lit. c)”(20).

— Se acreditó que la señora Adiela García Vinasco recibió durante el año 1991 una asignación básica mensual de $ 152.150, más una prima de alimentación de $ 2250, y una prima de población de $ 115, según el certificado expedido por la rectora de la Normal Nacional de Cali (fl. 18, cdno. 2). Ese valor, actualizado a la fecha de esta sentencia equivale a $ 1.808.278, según el siguiente cálculo(21)”:

En el presente caso se encuentra acreditado que al señor Tiberio López Vargas, como consecuencia de las lesiones sufridas, se le dictaminó una incapacidad permanente parcial equivalente al 56.87%, por tanto, para la Sala hay lugar al reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

— Indemnización debida o consolidada:

Se tomará entonces como periodo indemnizable, aquel comprendido entre la fecha en la cual ocurrió el hecho (feb. 9/94) y la de la presente sentencia, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:

S1996-11826ECUA11.jpg
 

En donde,

S = es la indemnización a obtener;

Ra = es el ingreso percibido por el actor, de conformidad con el testimonio del señor José Ramiro Velandia, quien expuso que el señor López Vargas se dedicaba a las labores de construcción y albañilería, por lo cual recibía el salario mínimo para el año 1994 ($ 98.700), cifra que actualizada a valor presente arroja un total de $ 493.197.

No obstante, dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2013 resulta ser superior a la anterior cifra ($ 589.500), se tomará esta última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.

Este monto se debe incrementar en un 25% por concepto de prestaciones sociales(22) ($ 147.375), lo cual arroja un monto de $ 736.875; la incapacidad dictaminada al demandante fue de 56.87%, razón por la cual, según la jurisprudencia de la corporación, esta indemnización debe liquidarse sobre el 100% de los ingresos percibidos, esto es $ 736.875 (Ra).

Entonces:

Ra = $ 736.875

I = interés puro o técnico: 0.004867

N = número de meses que comprende el periodo indemnizable (236(23)).

S1996-11826ECUA12.jpg
 

Total indemnización debida = $ 324’762.918.8.

Indemnización futura:

Para la fecha de ocurrencia de los hechos el demandante tenía 49 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 32.5 años,(24) equivalentes a 390 meses, de los cuales se descontará el número de meses que fueron liquidados por el periodo debido o consolidado (236), es decir 154 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

S1996-11826ECUA13.jpg
 

En donde,

S = es la indemnización a obtener

Ra = $ 736.875

I = interés puro o técnico: 0.004867

N = número de meses que comprende el periodo indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta el límite de la vida probable del señor Tiberio López Vargas (154 meses).

Reemplazando, se tiene que:

S1996-11826ECUA14.jpg
 

Total indemnización futura = $ 79’722.506,25

Total perjuicios materiales: cuatrocientos cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos ($ 404’485.425)(25).

Dado que en el presente caso, como ya se expuso, se declarará la existencia de una concausa, el monto de los perjuicios reconocidos será reducido a la mitad.

9. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión, el día 27 de noviembre de 2003 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Empresa de Energía de Bogotá, en un 50%, por los perjuicios causados a los señores Tiberio López Vargas, María Lourdes López Guillén, José Reiniero López Guillén, Carmen Lesbia Guillén Forte, José Albeiro López Guillén, Luz Magali López Guillén, Isidro López Vargas, José Ernesto López Vargas, Marco Antonio López Vargas, Elvira López Vargas, Miguel Antonio López Vargas, Timoleón López Vargas, Blanca Cecilia Gómez Pedraza, Yovanni Garzón Gómez y Andrea Paola Garzón Gómez, de conformidad con lo expuesto anteriormente.

2. CONDÉNASE a la Empresa de Energía de Bogotá a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Tiberio López Vargas50 smlmv
Carmen Lesbia Guillén Forte50 smlmv
María Lourdes López Guillén50 smlmv
José Albeiro López Guillén50 smlmv
Luz Magali López Guillén50 smlmv
José Reiniero López Guillén50 smlmv
Isidro López Vargas25 smlmv
Marco Antonio López Vargas25 smlmv
Elvira López Vargas25 smlmv
Miguel Antonio López Vargas25 smlmv
Timoleón López Vargas25 smlmv
Blanca Cecilia Gómez Pedraza50 smlmv
Yovanni Garzón Gómez50 smlmv
Andrea Paola Garzón Gómez50 smlmv

3. CONDÉNASE, a la Empresa de Energía de Bogotá, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Tiberio López Vargas la suma de setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos diecinueve pesos ($ 754.219) y a favor de la señora Blanca Cecilia Gómez Pedraza la suma de un millón doscientos noventa y nueve mil doscientos dos mil pesos ($ 1’299.202).

4. CONDÉNASE a la Empresa de Energía de Bogotá a pagar, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

Tiberio López VargasDoscientos dos millones doscientos cuarenta y dos mil setecientos doce pesos ($ 202’242.712)
Blanca Cecilia Gómez PedrazaOchenta y nueve millones ciento dos mil doscientos dieciséis pesos ($ 89’102.216)
Yovanni Garzón GómezDoce millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos ($ 12’974.968)
Andrea Paola Garzón GómezVeintiún millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos veintitrés pesos ($ 21’543.523)

5. Sin condena en costas.

6. CONDÉNASE a La Previsora S.A. Compañía de Seguros a pagar y/o a reembolsar a la entidad demandada y a la vez llamante en garantía, las sumas que ella deba pagar en virtud de las condenas que a su cargo se le imponen mediante la presente sentencia, pero siempre y cuanto el monto a pagar no exceda la suma máxima de cobertura convenida en la póliza 19889, en los precisos términos definidos en la parte motiva de esta providencia.

7. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con el Decreto 597 de 1988 —$ 13’460.000—, teniendo en cuenta que la demanda se radicó en el año 1996 y la cuantía del proceso se estimó en la suma de $ 14’805.000.

(2) Los aspectos objeto de la aludida “certificación” están transcritos en la parte inicial de cada punto.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(4) Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, Expediente 10.024.

(5) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 14 de junio de 2001. Ver también: sentencia del 29 de enero de 2011. Expediente. 18940.

(6) Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, pp. 38 y 43.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, Expediente 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de mayo de 2007. Expediente 16.898, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

(9) Sin perjuicio de lo anterior, esto es de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por la creación de un riesgo excepcional, resulta necesario precisar que el juez puede, en todos los casos, ejercer una labor de control de la acción administrativa del Estado, por manera que si las pruebas evidencian una falla del servicio que revele el incumplimiento de una obligación a cargo de la entidad demandada, bien por acción o por omisión, no hay duda de que esta debe ser declarada.

Al respecto resulta pertinente señalar que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, en el sentido de determinar que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “...debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”.

Es que las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. En ese sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril de 2008, Expediente 16.235 y del 23 de abril de 2009, Expediente 17.187, entre muchas otras.

(10) Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 15 de marzo de 2001, Expediente 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez y el 31 de mayo de 2007. Expediente 16.898, M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras.

(11) “ART. 2357.—La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

(12) Sentencias del 13 de septiembre de 1999, Expediente 14.859, del 10 de agosto de 2005, Expediente 14.678. M.P. María Elena Giraldo Gómez y del 17 de marzo de 2010, Expediente 18.567.

(13) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Expediente: 13050. M.P. María Elena Giraldo.

(14) Se recuerda que el accidente ocurrió el 9 de febrero de 1994, esto es dentro de la vigencia de la póliza.

(15) Nota original de la sentencia citada: sentencia del 10 de octubre de 1980, Corte Suprema de Justicia Sala Civil.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de uno (1) de marzo de dos mil seis (2006), Radicación: 76001-23-31-000-1993-08858-01(16287); C.P. Maria Elena Giraldo Gómez; actor: Gamaliel Montenegro y otros; demandado: municipio de Cali y Emcali.

(17) Así ha discurrido la Sala, mediante sentencias dictadas el 29 agosto de 2007, Expediente 16.052 y de septiembre 2 de 2009, Expediente 17.827, entre otras.

(18) En tal sentido, ver sentencias proferidas el 2 de septiembre de 2009, expedientes 18.011, 17.729 y 17.801, entre otras.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(20) Entre otras, puede consultarse la sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente 18.273 y de 5 de diciembre de 2005, Expediente 13.339

(21) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 enero de 2009. Expediente 16050. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(22) Aunque la labor productiva a la cual se dedicaba el lesionado al momento del hecho dañoso no correspondía a una actividad económica o laboral dependiente, por la cual se pudiere sostener que parte de los ingresos periódicos por él percibidos estaban destinados, de manera ininterrumpida, al pago de prestaciones sociales para sí mismo, se accederá a tal reconocimiento —en el equivalente al 25% del salario base de liquidación—, por razones de equidad y además porque su pago constituye un imperativo de rango constitucional de carácter irrenunciable, tal como lo ha sostenido la Sala:

“Es preciso señalar, que el a quo no realizó reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales sobre el salario base de liquidación, sin embargo, ello se hará porque se trata de un asunto de ley que en nada contraviene la consulta misma, pues su pago constituye un imperativo de rango constitucional irrenunciable.

Sobre la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales la Corte Constitucional en sentencia del 6 de diciembre de 1994 [Sent. C-556/94], señaló:

‘La norma bajo examen trata de dos situaciones diferentes: por una parte de la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales y por el otro regula lo relativo a la inembargabilidad de la pensión de invalidez. El sentido que fluye de la disposición acusada es que las prestaciones sociales son irrenunciables, lo cual está de acuerdo con el principio general de la irrenunciabilidad de los derechos laborales que son ciertos e indiscutibles. En consecuencia, cuando el trabajador ha adquirido el derecho, no puede renunciar a su beneficio. Este principio que ya estaba consagrado a nivel legal en la legislación laboral fue elevado a canon constitucional en 1991 en el artículo 53, el cual consagra entre los principios mínimos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el Estatuto del Trabajo, que debe expedir el Congreso, el de la ‘irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas generales’. La pensión de invalidez es inembargable en su totalidad; pero en cambio sí son embargables las demás prestaciones así como los sueldos en la proporción señalada por la ley.

Para la Corte, en consecuencia, la norma acusada debe leerse correctamente así: ‘Las prestaciones sociales consagradas en este decreto y en otras disposiciones aplicables son irrenunciables. Con excepción de la pensión de invalidez que es inembargable, las demás, así como los sueldos, solo podrán serlo hasta un 50% de su valor, siempre que sean en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con las disposiciones civiles’” (sentencia proferida en sep. 23/2009, Exp. 23.287. M.P. Enrique Gil Botero).

(23) Número de meses transcurridos entre la ocurrencia del hecho dañoso (feb./94) y la fecha de la presente sentencia (oct./2013).

(24) Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera.

(25) Si bien al actualizar a la fecha de la presente sentencia la suma que por este perjuicio se solicitó en la demanda, arrojó como resultado un monto inferior al que finalmente se está reconociendo en esta providencia, situación que en principio podría considerarse como un incumplimiento al principio de congruencia, cierto es también que en el libelo introductorio se hizo la salvedad consistente en pedir lo allí estimado o “el mayor valor que resultara” a partir de la liquidación que se efectuare según los parámetros aplicados por el Consejo de Estado, lo cual fue lo que ocurrió en este caso, puesto que a partir de las fórmulas matemáticas y demás presupuestos que ha venido aplicando esta corporación para liquidar esta clase de perjuicios, se llegó a la suma finalmente reconocida.