Sentencia 1996-11887/31534 de diciembre 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 19961188701 (31534)

Consejera Ponente:

Dr. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Carmen Alicia Sánchez de Rojas y otro

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación y otros

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D. C., seis de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, dado que la cuantía del asunto alcanza la exigida en vigencia del Decreto-Ley 597 de 1988, para que esta corporación conozca en segunda instancia(2).

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver sobre la responsabilidad patrimonial de la Nación - Procuraduría General y de los señores Carlos Gustavo Arrieta, Rafael A. Ballén Molina y Claudia Isabel Niño, exprocurador General de la Nación, exprocurador Delegado para la Vigilancia Judicial y abogada comisionada, respectivamente, por violación del derecho fundamental a la honra y al buen nombre de la demandante Carmen Alicia Sánchez de Rojas, en razón de las imputaciones en su contra, en el ámbito de un comunicado oficial de prensa difundido por los medios de comunicación y al tiempo establecer el monto de la indemnización.

La Sala se pronunciará sobre la legitimación de la parte actora para convocar a responder por el daño antijurídico a los agentes estatales que considera comprometidos en la actuación.

3. Hechos probados.

De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:

3.1. El daño.

3.1.1. Consta el Boletín Nº 17, expedido por la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, el 14 de febrero de 1994, que da cuenta de una defraudación en contra del patrimonio público y de los educadores y de los funcionarios comprometidos. En los antecedentes informa que la actora estaba siendo investigada “por expedir certificados que no correspondían a la verdad” –folios 79 a 81 del cuaderno de pruebas 4 y 6ª del cuaderno de pruebas 8–. Se destaca.

“UN ABOGADO, UN JUEZ Y FUNCIONARIOS DE MINEDUCACIÓN DEFRAUDAN A LA NACIÓN Y A EDUCADORES.

La Procuraduría General de la Nación descubrió que un abogado, con la colaboración de un Juez y funcionarios del Ministerio de Educación, mediante irregularidades en un proceso ejecutivo, defraudaron a 292 educadores en una suma cercana a los mil millones de pesos.

El Ministerio Público estableció que de los 1.232 millones de pesos que la Nación le giró al abogado (...) –producto de una demanda ejecutiva que éste ganó a la Nación - Ministerio de Educación, éste tomó 904 millones, correspondientes a intereses sobre el capital y además le descontó a cada educador un 30 por ciento aproximadamente, sin informarles a sus apoderados que había dejado para sí todos los intereses.

De esos recursos irregularmente tomados por (….), la Delegada para la Vigilancia Judicial encontró que este consignó en una cuenta Personal del Banco Cafetero de Cúcuta 104 millones de pesos, constituyó un depósito a término por 135 millones y un Cititrus por 70 millones en el Banco Citibank sucursal avenida Chile de Bogotá, constituyó un depósito a término por 300 millones y adquirió un apartamento en Bogotá por 225 millones de pesos.

Los antecedentes

La acción fraudulenta se empezó a ejecutar desde 1991, cuando (...) presentó una demanda en el Juzgado de reparto en ocho oportunidades, entre los meses de febrero y mayo de 1991, hasta que logró que su demanda entrara al Juzgado Cuarto Laboral, donde se libró mandamiento de pago a los dos días.

La Procuraduría que en ese entonces representaba a la Nación interpuso el recurso de apelación y el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, revocó la decisión. Contra esta decisión el abogado interpuso acción de Tutela la que no prosperó.

Más tarde el abogado impugnó pero este recurso tampoco le prosperó, sin embargo la Honorable Corte Suprema de Justicia le advirtió que podía volver a ejecutar cuando presentara título idóneo, lo cual no había hecho en el comienzo del proceso.

No obstante lo anterior, el abogado (…), sin completar los documentos volvió a iniciar proceso ejecutivo en 1993. La demanda fue repartida en cinco Juzgados y finalmente llegó al Juzgado Primero Laboral. El juez (...) aceptó la demanda el 18 de febrero de 1993 y días después, el cuatro de marzo, el apoderado de la parte actora adicionó 93 demandantes más.

Posteriormente, el 10 de marzo, el juez ordenó al Ministerio de Educación el pago de 400 millones de pesos, a favor de los educadores, y por tener la obligación más de 18 meses aplicó los intereses comerciales y moratorios de acuerdo con el artículo 177 del Código Contenciosos Administrativo ordenando otro pago por 833 millones de pesos.

El 12 de marzo del mismo año el representante legal de la Nación, (…), se notificó del contenido del auto anterior pero, en su calidad de Jefe de la Oficina de Escalafón no adelantó ninguna acción para defender a la nación de los requerimientos del abogado y a los cuales accedió el Juzgado primero.

El Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral– ya se había pronunciado en el sentido de que con las solas sentencias de lo Contencioso Administrativo no era posible establecer cuál es el incremento a que tienen derecho los educadores.

Por su parte, el juez (…) libró en mandamiento de pago sin haber examinado previamente que las sentencias presentadas como título de recaudo ejecutivo no cumplían a cabalidad los requisitos del artículo 100 del Código de Procedimiento del Trabajo, en concordancia con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, por no acompañar la prueba que determina la equivalencia entre los grados con las categorías de los educadores para realizar en la debida forma la liquidación de los reajustes legales a que tienen derecho los demandantes.

Además, que aceptó que sumas de dinero devengaran intereses moratorios con dos años de anterioridad ha (sic) haberse causado. Es decir los reajustes correspondientes a 1992, ganaron intereses desde enero de 1989, lo mismo que las sumas correspondientes a 1991, liquidándose intereses desde el 1º de enero de 1989.

Al término de una investigación, la Delegada para la Vigilancia Judicial remitió copia de la diligencia al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue disciplinaria y penalmente a (…), Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá y al abogado (…).

A la vez, remitió copia de la actuación a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, para que se investigue a (….), abogado representante del Ministerio de Educación, así como a Carmen Alicia Sánchez, pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres.

Al señor (...) por presunta negligencia en el cumplimiento de sus deberes, y a la señora Sánchez por expedir certificados que no respondían a la verdad.

Esa misma Delegada recibirá copias para que se investigue por posible negligencia, a los funcionarios del Ministerio de Educación que desde 1982 han incumplido el mandato del contencioso administrativo de pagar por nomina los reajustes de sueldo ordenados, situación que ha dado lugar a los excesivos pagos de intereses, como en este caso (subrayas fuera del texto).

3.1.2. Obra dictamen de medicina legal que da cuenta del compromiso psicológico sufrido por la señora Sánchez de Rojas a raíz de los hechos de que trata esta demanda –folio 1 del cuaderno de pruebas 6–:

Bogotá D. C., enero 24 del 2003

DE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Grupo de Psiquiatría y Psicología Forenses)

PARA: Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera)

De acuerdo a sus instrucciones se practicó examen psiquiátrico forense a la señora Carmen Alicia Sánchez Vda. de Rojas,…

EXAMEN MENTAL: Mujer adulta que ingresa por sus propios medios al consultorio, viene sola. Aparenta la edad cronológica. Bien cuidada en la presentación personal. Orientación: Orientada en todas las esferas. Atención: Centrada. Afecto: Depresivo moderado. Pensamiento: Lógico, bradipsiquíco (lento), ideación de minusvalía y de deshonor con los hechos aquí investigados. Sensopercepción: Sin alteración evidente. Juicio: Apropiado. Raciocinio: Bien. Memoria: Sin compromiso. Inteligencia: promedio esperado. Conación (sic): Ligeramente disminuida. Prospección: Disminuida. Sueño: Refiere insomnio global tratado con medicinas alternativas con leve mejoría. Apetito: Refiere que frecuentemente presenta episodios de hiporexia (bajo apetito) asociado con la sensación de tristeza y desesperanza. Rasgos de personalidad: No se perciben rasgos patológicos de personalidad.

NEUROLÓGICO: Sin alteraciones evidentes.

DISCUSIÓN: La examinada Carmen Alicia Sánchez Vda. de Rojas es una mujer adulta (…). Recibió apoyo para alcanzar logros académicos y realizó estudios técnicos en secretariado que le permitieron desempeñarse laboralmente desde temprana edad. Por lo conocido la examinada no tuvo dificultades para el aprendizaje y desarrollo psicomotor. De igual manera no presentó dificultades para la adaptación en las esferas social y afectiva.

Con respecto a los hechos aquí investigados y de acuerdo con lo conocido tenemos que la examinada hasta antes de los hechos llevaba una vida dentro de lo esperado para su condición académica, social y económica pero después de los mismos presenta evidentes síntomas de alteraciones en las diferentes esferas de su vida cotidiana. Principalmente presenta ansiedad y depresión moderada que la obligaron a consultar a psiquiatría en el año 1994-1995, pero no recibió de manera regular el tratamiento ya que argumenta “que las pastillas le caían mal”. Acude a tratamientos alternativos que no le brindan una mejoría importante. Dado el tiempo que ha trascurrido desde la ocurrencia de los hechos, de acuerdo con la evolución clínica y los hallazgos al examen mental en la valoración actual podemos considerar que la examinada presenta PERTURBACIÓN PSÍQUICA que se manifiesta como un trastorno depresivo moderado que le ha perturbado su percepción en la autoestima, la prospección de su propia vida, el continuar realizando actividades laborales que le permitan mantener su nivel económico de vida, le ha afectado sus relaciones interpersonales y sociales hasta el punto que ha permanecido, aunque ahora en menor grado, aislada socialmente.

Con respecto al examen mental actual encontramos básicamente alteraciones en las áreas del afecto y del pensamiento lo que permite hacer un diagnóstico de TRASTORNO DEPRESIVO MODERADO A SEVERO. Esta condición está relacionada con los hechos aquí investigados y debe recibir tratamiento psicofarmacológico y apoyo psicoterapéutico. En mi criterio no existen alteraciones de tipo orgánico, a nivel cerebral, que expliquen las alteraciones afectivas descritas y por lo tanto el origen de los síntomas está en la afectación de los valores que la examinada, para el momento de los hechos, tenía puestos sobre su actividad laboral el concepto de honradez, la amistad, el valor que le daba al respeto de sus compañeros. Esta condición, aunque le da un mejor pronóstico a la enfermedad, requiere que la examinada reciba tratamiento especializado adecuado, de manera prolongada y así evitar un deterioro mayor.

CONCLUSIONES

1. La examinada Carmen Alicia Sánchez Vda. de Rojas, presenta PERTURBACIÓN PSIQUICA PERMANENTE asociada con las situaciones vividas y relacionadas con los hechos que motivaron la presente investigación.

2. La examinada Carmen Alicia Sánchez Vda. de Rojas presenta en este momento un TRASTORNO DEPRESIVO MODERADO A SEVERO.

3. La examinada debe recibir tratamiento psiquiátrico pronto, apropiado y de forma prolongada para evitar un mayor deterioro (subrayas fuera del texto).

3.1.3. Consta que de la unión matrimonial de los señores Marcelino Idelfonso Rojas y Carmen Alicia Sánchez –folio 1 del cuaderno de pruebas 2–, nació Humberto Rojas Sánchez el 28 de junio de 1958 –folio 358 del cuaderno principal–.

3.2. La imputabilidad.

3.2.1. Mediante Comunicado Nº 001 publicado en el Boletín Nº 32 de 24 de marzo de 1994, la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación aclaró el Nº 17 ya referido, respecto del Juez Primero Laboral y el abogado (…). Se dejó claro que se trataba de una investigación y que sobre el funcionario no pesaban antecedentes y tampoco cargos –folio 9 del cuaderno de pruebas 8–. Así:

“COMUNICADO Nº 001:

La Procuraduría General de la Nación se permite aclarar lo siguiente con respecto al Boletín número 17, de febrero 14 de 1994.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, previa investigación preliminar, encontró que posiblemente el señor Juez Primero laboral de Santafé de Bogotá, (…), y el abogado (…), pudieron haber incurrido en responsabilidad penal y o disciplinaria.

En consecuencia, la Delegada en mención envió al organismo competente, es decir, al Consejo Superior de la Judicatura, el proceso disciplinario para que determine la posible responsabilidad del juez y del abogado.

Así mismo, el Ministerio Público remitió a la Fiscalía General de la Nación, copia del expediente para que se determinen las posibles responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Debe quedar claro, entonces, que el señor Juez Primero Laboral de Santafé de Bogotá, (…), no ha sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación y tampoco se le han formulado cargos por parte de la delegada para la Vigilancia Judicial, pues las investigaciones fueron remitidas a las instancias competentes para falla.

Y, mediante Comunicado Nº 003, publicado en el Boletín Nº 40 de 8 de abril de 1994, nuevamente se dio alcance al Nº 17, esta vez para reiterar el Comunicado Nº 001, respecto del abogado (…) –folio 9 del cuaderno de pruebas 8–. Así:

“COMUNICADO Nº 003:

La Procuraduría General de la Nación se permite aclarar lo siguiente con respecto al Boletín número 17, de febrero 14 de 1994.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, previa investigación preliminar, encontró que posiblemente el señor Juez Primero laboral de Santafé de Bogotá, (...), y el abogado (...), pudieron haber incurrido en responsabilidad penal y o disciplinaria.

En consecuencia, la Delegada en mención envió al organismo competente, es decir, al Consejo Superior de la Judicatura, el proceso disciplinario para que determine la posible responsabilidad del juez y del abogado.

Así mismo, el Ministerio Público remitió a la Fiscalía General de la Nación, copia del expediente para que se determinen las posibles responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Debe quedar claro, entonces, que el abogado, (...), no ha sido sancionado por la procuraduría General de la nación y tampoco se le han formulado cargos por parte de la Delegada para la Vigilancia Judicial, pues las investigaciones fueron remitidas a las instancias competentes para fallar”.

3.2.3. Obra certificación expedida el 8 de febrero de 1995, por la Secretaría de Educación del Distrito que da cuenta de los cargos ocupados en los diferentes establecimiento educativos por la demandante Carmen Alicia Sánchez de Rojas y, en lo que se refiere al Colegio Externado Nacional Camilo Torres, hace constar –folio 359 y 360 del cuaderno principal–:

“Revisada la hoja de vida de Carmen Alicia Sánchez de Rojas, identificada con CC 27.648.073 de Cáchira - Norte de Santander, según registros enviados por el Ministerio de Educación Nacional le figura lo siguiente:

Pagadora en la escuela Normal de Varones de Norte de Santander del 4 de julio de 1963 al 15 de septiembre de 1964 nombrada por Resolución 963 según certificado del plantel de 12 de agosto de 1971 - sin acta de posesión.

Pagadora en la escuela de Icononzo nombrada por Resolución 2448 del 5 de agosto de 1964, trabajó del 15 de septiembre de 1964 al 20 de octubre de 1966 según certificado del plantel de 4 de agosto de 1971, sin acta de posesión.

Pagadora en la escuela normal de varones de Pamplona nombrada por Resolución 3852 del 29 de noviembre de 1966. Laboró el 1º de diciembre del año /66 al 18 de mayo de 1970 según certificado del plantel de 11 de agosto de 1971 sin acta de posesión.

Auxiliar de contabilidad II-12 en el Instituto Nacional Femenino Lorencita Villegas de Bogotá, nombrada por Resolución 1517 del 11 de marzo de 1974, posesionada el 15 de marzo de 1974, cargo que desempeñó hasta el 2 de julio/74.

Pagadora 2-14 en la Escuela Normal de Varones de Icononzo, nombrada por Resolución 4255 del 20 de junio de 1974, posesionada el 3 de julio de 1975, cargo que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 1976.

Pagadora III-16 en el Liceo Nacional Agustín Nieto de Bogotá trasladad por Resolución 8651 del 13 de octubre de 1976, posesionada el 1º de octubre de 1976, cargo que desempeñó hasta el 17 de octubre de 1978.

Pagadora 5045-11 en la escuela Piloto de aplicación y Bavaria de Bogotá, trasladada por Resolución 14189 del 4 de octubre de 1978, posesionada el 18 de octubre de 1978, cargo que desempeñó hasta el 24 de junio de 1979.

Pagadora 5045-11 en el colegio Sergio Arboleda de Bogotá, trasladada por Resolución 9489 del 11 de junio de 1979, posesionada el 25 de junio de 1979 cargo que desempeñó hasta el 23 de agosto de 1981.

Pagadora 5045 - 13 en el Externado Nacional “Camilo Torres” nombrada por Resolución 12632 21 24 [sic] de Agosto de 1981.

Actualmente se encuentra laborando normalmente.

3.2.4. Mediante Resolución 4384 de 11 de septiembre de 1996, la Secretaría de Educación del Distrito Capital aceptó la renuncia presentada por la demandante al cargo de pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres –folio 214 del cuaderno principal–.

“Aceptar a partir del 16 de septiembre de 1996 la renuncia presentada por Carmen Alicia Sánchez de Rojas… al cargo de pagadora 5045-13 del Externado Nacional Camilo Torres dependiente del Fondo Educativo Regional programa de Planteles Nacionales”.

3.2.5. Obra sentencia de 27 de noviembre de 1981, proferida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró que operó el silencio administrativo negativo y ordenó al Ministerio de Educación Nacional reajustar los sueldos básicos de los docentes accionantes, en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto 953 de 1970 –folio 8 del cuaderno de pruebas 5–. En su parte resolutiva dispuso:

PRIMERO: Declárese que se ha operado el silencio administrativo en relación con las peticiones formuladas por los demandantes ante el Ministerio de Educación Nacional por medio de los escritos presentados en octubre 26 de 1977, enero 26 y mayo 24 de 1978.

SEGUNDO: El Ministerio de Educación Nacional reajustará los sueldos básicos de los señores Daniel Enrique Pérez Vásquez y demás demandantes, en número de 129, que aparecen relacionados al comienzo del presente fallo, en la forma prevista por el artículo 11 del Decreto 953 de 1970, según la explicación de la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Para efectuar los reajustes ordenados el Ministerio de Educación Nacional tendrá en cuenta las respectivas acreditaciones de los demandantes en el escalafón nacional de las categorías especiales de la enseñanza secundaria, en forma tal que solo cubra los periodos transcurridos a partir de las fechas de las respectivas providencias emanadas de la misma entidad y hasta tres años contados hacía atrás a partir de la presentación de las reclamaciones en vía gubernativa.

CUARTO: El Ministerio de Educación Nacional dará cumplimiento a esta sentencia dentro del término previstos en el artículo 121 del C.C.A.

3.2.6. Mediante sentencia de 11 de mayo de 1982, la Sección Segunda de esta corporación confirmó la sentencia consultada –folio 22 del cuaderno de pruebas 5–.

3.2.7. Obra copia, sin fecha de recibido, de la demanda ejecutiva laboral presentada por el abogado actuante en ejercicio de un acto de apoderamiento otorgado por varios docentes de establecimientos educativos oficiales -folio 35 a 60 del cuaderno de pruebas 5–. Igualmente, se conoce la orden de pago librada el 18 de noviembre de 1983 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, por distintos montos a favor de varios docentes y al tiempo el embargo y la retención de las sumas de dineros depositadas en el Banco de la República, hasta por la suma de $ 13.500.000,oo.

3.2.8. El 17 de febrero de 1993, el profesional presentó demanda ejecutiva laboral en contra de la Nación - Ministerio de Educación, con el fin de lograr el cumplimiento del Decreto 953 de 1970 con la pretensión de que se incremente el 20 % de los salarios de los docentes que hubieran ingresado a las categorías especiales. Se solicitó la acumulación de otra acción ejecutiva presentada por noventa y tres docentes más. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en providencia de 10 de marzo de 1993, libró mandamiento de pago en contra de la Nación –folios 37 y siguientes del cuaderno de pruebas 5–. El 13 de abril de 1993, se profirió sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución, al tiempo que se negó la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa –folio 93 del cuaderno de pruebas 5 - cuaderno de pruebas–.

3.2.9. Por presunta defraudación, se compulsaron copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para adelantar investigaciones respecto del abogado (...) y del juez (…), sin que se conozca ninguna decisión en contra de la señora Carmen Alicia Sánchez de Rojas, según da cuenta la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa –folio 02 del cuaderno de pruebas 8–:

“…en atención a la petición del oficio de la referencia, recibido en este despacho el 14 de julio de 2004 y teniendo en cuenta la información registrada a la fecha en el Sistema de Gestión Disciplinaria - GEDIS, a continuación me permito informarle que no existe ningún proceso contra la señora Carmen Alicia Sánchez Rojas”.

3.2.10. El 13 de julio de 2004, la División de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación dio cuenta de la misma situación –folio 4 del cuaderno de pruebas 8–. “informo que en razón a que sistema GEDIS corte 12/07/04 según datos registrados por (ilegible) no arroja de pro., discipl., contra Carmen Alicia Sánchez Rojas (…)”. En términos similares, obran los oficios de 18 de mayo –folio 26 del cuaderno de pruebas 4– y de 1º de junio de 2001 –folio 25 del cuaderno de pruebas 4–. Al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios Nº 155439 de 18 de mayo del mismo año, en el que se lee –folio 27 del cuaderno de pruebas 4–:

“Que Sánchez de Rojas Carmen Alicia quien se identifica… Una vez examinada la información existente en los archivos magnéticos de la entidad, a la fecha, NO REGISTRA antecedentes disciplinarios”.

3.2.11. Se tienen registros noticiosos de diferentes medios de comunicación, sobre la posible defraudación puesta al descubierto por la Procuraduría General de la Nación, en los que se alude a la actora. Se destaca:

3.2.11.1. En el diario El Mundo - Medellín, el 16 de febrero de 1994, en la página 12, sección última, se registra el siguiente hecho noticioso, conforme da cuenta la certificación de 13 de junio de 2000 –folio 71 del cuaderno de pruebas 4–:

TITULAR: “PROCURADURIA DESCUBRIÓ MILLONARIA DEFRAUDACIÓN” - Implicados un Juez y dos funcionarios de Mineducación.

“A los beneficiarios del fallo, que tuvo origen en una decisión del Consejo de Estado que ordenó reliquidar un porcentaje adicional de sus pensiones, les fue girado solamente el capital por parte del abogado con la anuencia del Juez, la pagadora del Colegio y el representante del Ministerio en el Proceso… La procuraduría pidió a la Judicatura que sancione al Juez Primero del Circuito de Bogotá, (….), y que se investigue al representante del Ministerio, (….), y a la pagadora del Externado” (resaltado de la Sala)

3.2.11.2. El diario La Patria - Manizález, (sic) el 16 de febrero de 1994, publicó, conforme da cuenta el oficio del 14 de junio de 2000 –folio 68 del cuaderno de pruebas n°4–:

Febrero 16 de 1994

TITULAR: TITULAR: “Defraudan al Mineducación por $1.232 Millones”

El Ministerio de Educación fue defraudado en $1.200 millones de pesos por parte de un abogado, quien en complicidad con un juez y varios funcionarios del Ministerio, alteraron el curso de un proceso ejecutivo que en favor de 292 maestros se adelantaba.

(...) Al culminar la investigación respectiva, el Ministerio Público remitió copia de la diligencia al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen disciplinaria y penalmente al abogado (...) y al Juez Primero Laboral (...).

A la vez pidió a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa que investigue al abogado representante del Ministerio de Educación, (….), y a la pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres, Carmen Alicia Sánchez…”. (Resaltado de la Sala)

“Otra vez repartida”

“(…) La procuraduría, a través de la Delegada para la Vigilancia Administrativa, investigará al abogado (….), por su presunta negligencia en el cumplimiento de sus deberes; mientras que a la pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres, Carmen Alicia Sánchez, por expedir certificados falsos…”. (resaltado de la Sala)

3.2.11.3. El diario El Nuevo Siglo, el 16 de febrero de 1994, dio cuenta de la información –Folio 76ª cuaderno de pruebas 4–. Pág. 15 del diario–, así:

DIARIO EL NUEVO SIGLO

(BOGOTÁ). Febrero 16 de 1994

TITULAR: “Ponen al descubierto fraude por $1.000 millones”

“Una defraudación por más de mil millones de pesos en la que están comprometidos un juez de la República, un abogado y dos funcionarios del Ministerio de Educación, puso al descubierto la Procuraduría al remitir el caso a la Fiscalía General de la nación. Mediante acciones fraudulentas la red de estafadores logró que el Ministerio de Educación girara más de 1.200 millones de pesos… A los beneficiarios del fallo que tuvo origen en una decisión del Consejo de Estado que ordenó reliquidar un porcentaje adicional de sus pensiones le fue girado solamente el capital por parte del abogado con la renuencia del juez, la pagadora del colegio y el representante legal del Ministerio de Educación en el proceso…”.

3.2.11.4. En el diario El Espectador - Bogotá, el 16 de febrero de 1994, se informó –folio 76B cuaderno de pruebas 4– Pág. 10 del diario–:

TITULAR: “MILLONARIO FRAUDE”

“La Procuraduría General de la nación descubrió que el abogado (…), con la colaboración del juez laboral… y dos funcionarios del Ministerio de Educación, defraudaron a 292 educadores en una suma cercana a los $2.000 millones… Así mismo, pidió que se investigue administrativamente a…, y a Carmen Alicia Sánchez, pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres”. (Resaltado de la Sala)

3.2.11.5. Mediante escrito de 6 de agosto de 1996, la Dirección del Noticiero CM& certificó la publicación de 15 de febrero de 1994, así –folio 18 del cuaderno de pruebas 2–:

“Con la presente enviamos copia de la nota emitida el 15 de febrero de 1994, que se titulaba MAESTROS FRAUDE, sustentada con base en la información de la Procuraduría General de la nación - Anexo: Video cassete”.

La transcripción del documento da cuenta de la información. Se destaca –folio 16 del cuaderno de pruebas 2–:

“LE ROBARON A LOS MAESTROS… Como ella fueron víctima de una patraña judicial del abogado (...) y el Juez Primero Laboral de Bogotá, quienes además de ganar el pleito contra el Ministerio de Educación Nacional irregular; nunca le dijeron a sus dueños que eran dueños de una pequeña fortuna de intereses de mora. También resultó involucrado en una investigación de la Procuraduría un funcionario del Ministerio de Educación por no haber hecho nada y una pagadora del colegio Distrital Camilo Torres y encima de todo el dinero de los pobres maestros ya había sido invertido casa, carros y títulos del abogado” (resaltado de la Sala).

3.2.11.6. En el diario El Espacio - Bogotá se informó así –folio 8 del cuaderno de pruebas 2–:

Febrero 16 de 1994

TITULAR: “ROBO POR $1.200 MILLONES”

“Un multimillonario robo se detectó por parte de la Procuraduría General de la Nación, en el Ministerio de Educación Nacional. En efecto, en el hecho están comprometidos un Juez de la República, tres funcionarios del Ministerio y el pagador del Colegio Camilo Torres de Bogotá… La denuncia de la Procuraduría quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, la que deberá iniciar una severa investigación tendiente a castigar ejemplarmente a los delincuentes” (resaltado de la Sala)

3.2.11.7. El diario El Tiempo - Bogotá informó en los siguientes términos –folio 16 del cuaderno de pruebas 2–:

Febrero 17 de 1994

TITULAR: Procuraduría acusa a abogado, a juez y a 2 funcionarios de timar a Nación y a educadores.

“DESCUBREN FRAUDE POR $1.232 MILLONES”

“Un abogado, un juez y dos funcionarios del Ministerio de Educación fueron acusados ayer por la Procuraduría de defraudar a 93 educadores por más de mil millones de pesos. Los responsables de la millonaria defraudación, dijo la Procuraduría, son el abogado (…), el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, (...); el abogado (...), representante del Ministerio de Educación y la pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres, Carmen Alicia Sánchez… Igualmente, remitió copia a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para que investigue al abogado (...) por presunta negligencia en el cumplimiento de sus deberes, y a la pagadora del Externado Camilo Torres por expedir certificados que no correspondían a la verdad…” (Resaltado de la Sala)

3.2.12. Obra declaración del docente Daniel Pérez Vásquez, vinculado al Colegio Externado Nacional Camilo Torres para la época de los hechos, sobre la conducta de la demandante –folio 80 del cuaderno de pruebas 6–:

PREGUNTADO: Manifieste al Despacho si UD., conoce de vista, trato y comunicación a Carmen Alicia Sánchez de Rojas, en caso afirmativo díganos lo que le conste acerca de su idoneidad, honestidad, consagración a sus labores como funcionario del Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de pagadora del Colegio Camilo Torres y de otros colegios de la ciudad. CONTESTÓ: Si la conozco porque yo trabajo como profesor en el Colegio Camilo Torres desde el año 1973 y ella llegó como pagadora no recuerdo si en el año 1980 0 1981. En ese entonces los pagadores tenían que expedir los certificados sobre tiempo de servicio, sueldo devengado, además que entregaban los cheques sobre salarios. Siempre por lo que a mí me consta ejerció su cargo con eficiencia. PREGUNTADO: Manifieste al despacho todo lo que usted sepa y le conste acerca de los perjuicios ocasionados a la demandante en relación con el comunicado de prensa emitido por la Procuraduría. CONTESTÓ: Sobre esto, a mí personalmente me sorprendió cuando vi en la prensa que se le inculpaba de haber defraudado al Estado en asocio con el abogado Dr. (…), apoderado nuestro en la reclamación sobre los derechos que teníamos en las categorías especiales, un funcionario del ministerio al cual no conozco y un juez que tampoco conozco, puesto que no fuimos a donde el a nada, eran los que habían defraudado al Estado, en lo cual debo aclarar que la pagadora del Camilo Torres no entregaba dinero alguno sobre esta demanda puesto que tengo entendido que estos se reclamaban directamente al Ministerio de Educación o al Ministerio de Hacienda ya que la pagadora se limitaba a expedir certificados donde constaba el salario que uno devengaba y que no se habría aplicado la sentencia del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el pago de las diferencias salariales correspondiente a las categorías especiales. - PREGUNTA EL APODERADO DE LA PARTE ACTORA–. PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho si sabe y le consta que funciones desempeñaba la señora Carmen Alicia Sánchez de Rojas en el Colegio Camilo Torres. CONTESTÓ: Ella era la pagadora del Colegio y entre sus funciones estaba la de entregar los cheques de salarios a cada uno de los docentes, de expedir los certificados que se solicitaran sobre tiempo laborado, sueldo devengado, además que era la encargada de llevar todas las cuentas del colegio, con la supervisión de la auditoria que existía en ese momento, auditoria que entiendo era una dependencia de la Contraloría General de la República. PREGUNTADO: Sírvase informar si la señora Carmen Alicia en su calidad de pagadora del Camilo Torres le expidió a usted algunos certificados, en caso afirmativo, en razón de qué y con qué objeto. CONTESTÓ: A mí me expidió certificados en varias oportunidades donde constaba el tiempo que tenía laborando como docente de la institución, el salario que devengaba, en este caso particular para anexarlo a una demanda ejecutiva para reclamar lo que nosotros considerábamos justo derecho de que se nos pagaran las diferencias salariales sobre las categorías especiales para hacer efectivo una sentencia del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la cual se ordenaba que se nos incluyera en el salario mensual dichas diferencias y como eso no se había hecho, a través del Dr. (...) le habíamos dado poder para que se pagaran dichas diferencias. PREGUNTADO: Sírvase informar si dentro de esas certificaciones expedidas por la señora Carmen Alicia en su calidad de pagadora del Camilo Torres se consignaron algunas cosas, o algunos hechos que no fueran ciertos o que no estuvieran acordes con la realidad. CONTESTÓ: En mi caso particular y hablando con los compañeros que estaban en las mismas condiciones mías de demandantes, me consta que lo que ella anotaba en los certificados correspondía a la verdad puesto que para expedirlo utilizaba las hojas de vida que estaban en el archivo de la pagaduría.

4. Juicio de responsabilidad.

Es claro que en los términos del artículo 90 constitucional, el Estado está obligado a reparar el daño que la víctima no tenía que soportar, imputable a la acción y omisión de agentes estatales(3).

En el caso concreto, la señora Carmen Alicia Sánchez de Rojas pone de presente la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y debido proceso, en cuanto la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado que difundió en su Boletín, en el que de manera asertiva pone en evidencia una defraudación contra el erario público y el patrimonio de algunos docentes, que vincula a la actora. Señaló la publicación a la demandante por la expedición de certificaciones falsas, en su condición de pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres y se la relacionó con la compulsa de copias para que, tanto la Fiscalía como la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, adelantaran las investigaciones pertinentes. A lo que se suma la amplia difusión de la noticia en la prensa hablada y escrita, entre el 15 y el 16 de febrero de 1994, esto es, una vez los medios conocieron el Boletín fechado el día 14 anterior. Refiere que la afectación de su honra y buen nombre, además de un profundo dolor y sufrimiento, le generó un estado de depresión que no tendría que soportar, si se considera que se limitó a certificar como correspondía, acorde con las hojas de vida de los docentes; al punto que ninguna investigación se adelantó en su contra, sin perjuicio de que así lo difundió la demandada. Siendo así, la actora aboga por que se declare la responsabilidad personal y conexa del Procurador General, del Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y de la Abogada Comisionada que conoció del asunto, dado que el comunicado y su difusión les competían en razón de sus funciones y jerarquía.

5. Sobre la divulgación de las investigaciones disciplinarias y penales.

La Sala confirmará la decisión del tribunal, comoquiera que advierte los elementos que comprometen la responsabilidad estatal. Para el efecto, se considera del caso vislumbrar las tensiones entre el derecho a la honra y la libertad de información, a la luz del ordenamiento constitucional, con miras a determinar si la sola difusión de la información le causó a la demandante el daño que ella refiere y si tenía que soportarlo.

Inicialmente, es menester tener presente los contenidos de los derechos a la honra y el buen nombre, a los que se ha referido la Corte Constitucional, así(4):

Los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra en el ordenamiento constitucional

La Constitución Política en su artículo 15 primer inciso, señala que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.

El derecho al buen nombre fue catalogado por esta Corte desde sus primeras providencias como un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia muestra como crédito una persona. El concepto del buen nombre es exterior y algunos tratadistas ven este derecho concatenado e íntimamente relacionado con el derecho a la honra.(5)

Así mismo la jurisprudencia y la doctrina lo han entendido como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas.(6) De manera que el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo.

Como bien lo ha expresado la Corte en anteriores oportunidades, el derecho al buen nombre, no se refiere únicamente al concepto que se tenga de una persona, sino también a la ‘buena imagen’ que ésta genera ante la sociedad. Es por esto, que para poder proceder a su protección, se exige como presupuesto indispensable el mérito, la conducta irreprochable del individuo o el reconocimiento social hacia el comportamiento del mismo(7).

Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución Política garantiza el derecho a la honra y, en el inciso segundo del artículo 2º, establece que entre los deberes de las autoridades está el de proteger en su honra a todas las personas residentes en Colombia. Así mismo, en el artículo 42, establece el carácter inviolable de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia.

El concepto del derecho fundamental a la honra en gran medida es asimilable al buen nombre, pero tiene sus propios perfiles y la Corte en la Sentencia T-411 de 1995 la definió como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan.

Igualmente esta corporación(8) ha señalado que este derecho está íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad.

Por otra parte, la comunidad internacional ha dado una singular importancia al derecho a la honra y al buen nombre, al punto que su necesidad de protección se ha regulado en distintos instrumentos sobre derechos humanos que han sido aprobados por el Estado colombiano. Así tenemos el artículo 12(9) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 17(10) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11(11) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”(12) (subraya la Sala).

4.1. Como se observa, los derechos al buen nombre y a la honra están directamente relacionados con el comportamiento de la persona, la credibilidad social que tal comportamiento genere, la buena imagen que la persona proyecta y el prestigio ganado con sus actos. Cuando una persona resulta vinculada a un proceso penal o disciplinario puede ocurrir que la sociedad a la cual pertenece la repudie o, por lo menos, la considere indigna del tratamiento que le venía dispensando; sin embargo, tanto el proceso penal como el disciplinario constituyen los medios jurídicos para que la persona investigada ejerza el derecho a la defensa, aporte pruebas a su favor, controvierta las que obren en su contra, desvirtúe los cargos y pueda demostrar que no es responsable de la conducta que se le imputa.

En todo caso, siguiendo los principios del artículo 29 de la Constitución Política, la persona sometida a un proceso penal o disciplinario cuenta a su favor con la garantía de que será considerada inocente hasta tanto tal presunción no sea válidamente desvirtuada (subrayas de la Sala).

Se tiene entonces que los derechos fundamentales aludidos tienen que ver con la estimación o deferencia con que la persona es tratada por la sociedad, por la imagen que la misma proyecta y también por la que otros hacen conocer de ella, de ahí que quien propaga mensajes falsos o erróneos que, de una u otra manera demeritan la imagen de otro, menoscaban su prestigio o posicionamiento social, esto es, vulnera sus derechos y deberá restablecerlos, hasta donde ello resulte posible. Esto último, porque, cuando de la honra se trata difícilmente lo perdido se puede recuperar, al tiempo que las rectificaciones sólo consiguen traer del olvido las ofensas, dando lugar a una no deseable revictimización. Siendo así y dado que los demandados echan de menos la solicitud de la señora Sánchez de Rojas, en orden a que la Procuraduría considerara volver sobre el Boletín Nº 17 de 1994, lo cierto es que, si bien se trata de una opción que la víctima puede considerar, no tendría que ser obligada a intentarla. Así las cosas, si bien en un principio los derechos al nombre, honra o prestigio no tendrían que afectarse por la apertura de las investigaciones penales o disciplinarias establecidas precisamente para hacer claridad sobre hechos y conductas y al tiempo señalar a los reales responsables, lo cierto es que la tensión se presenta, de donde a las autoridades les corresponde propender por el mayor equilibrio, entre sus funciones de investigar, difundir y sancionar y el derecho a la honra e imagen de los sujetos pasivos de denuncias e investigaciones.

Al respecto, vale recordar que en los términos de los artículos 15 y 21 de la Carta Política de 1991, el buen nombre y la honra comportan derechos fundamentales que gozan de protección constitucional reforzada.

En efecto, el artículo 15 prevé:

ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

Igualmente, el artículo 21 dispone:

Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

A lo anterior, se suma que sobre el derecho a la información, el artículo 20 constitucional establece:

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

En este punto, es importante señalar que, para cuando ocurrieron los hechos de que trata el asunto cuya decisión ocupa a la Sala, la potestad disciplinaria a cargo de la Procuraduría General se regía por la Ley 13 de 1984, reglamentada por el Decreto 482 de 1985, sin perjuicio de la entrada en vigor de las disposiciones antes referidas, de aplicación inmediata, en los términos del artículo 85 de la Carta. Ahora en lo relativo al trámite preliminar y la publicidad de las investigaciones en las disposiciones referidas, se dispuso:

Artículo 18. De cómo se origina el proceso disciplinario. Cuando el jefe del organismo o de la dependencia regional o seccional, por queja presentada por un particular, información de empleado público, o de oficio, tenga conocimiento de un hecho o acto que pueda constituir falta disciplinaria, deberá:

a) Designar un funcionario para que practique diligencias preliminares encaminadas a determinar si es procedente la apertura de una investigación disciplinaria, si no se tiene certeza de la ocurrencia de tales hechos o actos; o

b) Designar un funcionario para que adelante la investigación disciplinaria contra el posible o posibles responsables, cuando se tenga certeza de la ocurrencia de tales hechos o actos; o

c) Designar un funcionario para que adelante la investigación disciplinaria y formule de inmediato los cargos contra el posible o posibles responsables, una vez éste haya recibido bajo juramento declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad o cuando exista un indicio grave contra el posible o posibles responsables.

Artículo 19. De las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares tienen por objeto comprobar la existencia de los hechos o actos que puedan llegar a constituir falta disciplinaria y a determinar los posibles responsables.

El funcionario designado para el efecto, una vez practicadas las diligencias dentro del término que se le haya señalado, deberá rendir un informe escrito sugiriendo si debe o no iniciarse investigación disciplinaria. El jefe del organismo o de la dependencia regional o seccional respectiva con base en el informe designará un investigador para que adelante la investigación disciplinaria, si lo considera pertinente.

Artículo 20. De las etapas de la investigación disciplinaria. La investigación disciplinaria podrá tener las siguientes etapas:

a) Iniciación de la investigación;

b) Práctica de pruebas;

c) Formulación de cargos;

d) Recepción de descargos;

e) Cierre de la investigación.

Aunque la anterior normativa no regula lo relativo a la información, ello no impide suponer la real tensión entre los derechos fundamentales del investigado a la presunción de inocencia, la honra y el buen nombre y el deber constitucional de investigar y hacer conocer el cumplimiento de las funciones asignadas, de donde, cuando menos, en la fase preliminar, en la que aún no se tiene certeza del hecho, tampoco de los responsables, la necesidad de mantener prudente reserva y sostenerla, hasta que la madurez de la investigación lo exija, debe ser un imperativo. Sin que por ello se entienda conculcado el derecho a la información, pues este no se puede comprender desligado de la verdad e imparcialidad que le son propias.

Siendo así y dado que la comunidad reclama de sus autoridades informaciones veraces, no queda sino señalar que la persona inculpada no tendría que ser sorprendida con la difusión en los medios de comunicación de una información que previamente no pudo confrontar.

Ahora, la Ley 57 de 1985, vigente para cuando ocurrieron los hechos, al tiempo que disponía que “[L]as investigaciones de carácter administrativo o disciplinario, no estarán sometidas a reserva”, preveía que “[E]n las copias que sobre estas actuaciones expidan los funcionarios, a solicitud de los particulares, se incluirán siempre los documentos en que se consignen las explicaciones de las personas inculpadas” –artículo 19–.

Por su parte, la Ley 190 de 1995, en su artículo 33, dispuso:

Harán parte de la reserva las investigaciones preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulen la Procuraduría General de la Nación y demás órganos de control dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tenga acceso a la investigación, desde los preliminares.

Parágrafo Primero. La violación de la reserva será causal de mala conducta.

Parágrafo segundo. Tampoco podrán publicarse extractos o resúmenes del contenido de la investigación sometida a reserva, hasta que se produzca el fallo.

Parágrafo tercero. En el evento de que se conozca la información reservada, la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a la opinión las posibles razones del hecho.

Norma esta que la Corte Constitucional, en Sentencia C-038 de 5 de febrero de 1996(13), declaró exequible, en el entendido que la reserva se levantaría practicadas las pruebas decretadas en la oportunidad legal y, en todo caso, una vez expirado el término señalado en la ley para la investigación.

Ahora, si bien es claro que el 14 de febrero de 1994 a la Procuraduría General de la Nación no le era exigible sujetar el Boletín Nº 17 a la restricción de la Ley 190, sin duda tenía que considerar los postulados de la Ley 57 de 1985, que pasó por alto, dado que divulgó una información sobre la actora que comprometió definitivamente su imagen y honra sin haberla escuchado, condición sine qua non que, entonces, hacía posible la divulgación de actuaciones preliminares en materia disciplinaria.

Con todo, la Sala hace suyas algunas reflexiones de la sentencia que se trae a colación, pues el derecho a la honra no puede menoscabar la divulgación de datos de interés general y, por esta vía, sustraer del libre escrutinio la conducta de funcionarios o servidores y de quienes gestionan asuntos de interés público. Esto, sin perjuicio de que se ha sostenido, en repetidas oportunidades que, no obstante su trascendencia, las libertades de información y opinión en toda sociedad democrática comportan límites y responsabilidades en su ejercicio, razón por la cual son legítimas las limitaciones para asegurar los derechos y la reputación de los asociados; tanto así que las personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes pueden exigir su rectificación y en todo caso reparación(14).

Esto es, el derecho a la rectificación no exime al emisor de las demás responsabilidades legales, civiles o penales a que hubiera lugar. En cuanto, el ejercicio de las libertades de expresión e información no devienen en absolutas, comportan restricciones dirigidas a evitar su colisión con otros derechos individuales y colectivos; puede afirmarse, sin hesitación alguna, que quien suministra información asume responsabilidad social, esto es, con la comunidad política en general e individual con los directamente afectados.

Ahora, volviendo al caso concreto, se conoce que los diarios El Mundo, la Patria, El Nuevo Siglo, El Espectador, El Espacio, El Tiempo y El Noticiero CM&, entre los días 15 y 16 de febrero de 1994, dieron a conocer, como un hecho cierto, una defraudación a los recursos públicos y a un grupo de docentes, dejando al descubierto los responsables de las conductas penales y disciplinarias, entre ellos, a la señora Carmen Alicia Sánchez de Rojas, en su calidad de pagadora del Colegio Externado Nacional Camilo Torres de esta ciudad. A esta última, se le imputó la expedición de certificados falsos para facilitar la consumación del hecho delictivo. Registros noticiosos originados en el Boletín Nº 17, expedido por la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación el 14 de febrero de 1994 y que coinciden perfectamente con su contenido, en cuanto difunden lo que primeramente publicó el ente de control, de donde la entidad demandada desconoció su obligación de emitir información clara, veraz e imparcial, quebrantando igualmente el derecho de la actora a la honra y buen nombre. En cuanto, a la par que difundió hechos que no investigaba y a la postre no dieron lugar a abrir procedimiento disciplinario, señaló a la antes nombrada con asertividad de haber incurrido en una conducta contraria a derecho. Esto último, sin haberla escuchado, previamente, para así mismo dar difusión a sus descargos, como lo imponía la Ley 57 de 1985.

En ese orden, es claro que el daño está acreditado, pues el 14 de febrero de 1994, la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación expidió el Boletín Nº 17, en el que informó sobre la defraudación en que incurrieron un funcionario judicial y varios servidores del Ministerio de Educación, bajo el título “Un abogado, un juez y funcionarios de Mineducación defraudan a la Nación y a educadores”; agregó que “descubrió que un abogado, con la colaboración de un juez y funcionarios del Ministerio de Educación, defraudaron a 292 educadores en una suma cercana a los mil millones de pesos”. Nótese que los verbos no dan lugar a considerar que se trata de hechos objeto de investigación, sino demostrados a los que se vincula a la actora, señalada con certeza de expedir certificados falsos, utilizados para adelantar el proceso ejecutivo en contra de la Nación - Ministerio de Educación, vía utilizada para consumar el ilícito.

Ahora, aunque en los boletines Nº 32 y 40 de 24 de marzo y 8 de abril de 1994, respectivamente, la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación aclaró el comunicado anterior, lo fue respecto del Juez Primero Laboral de Bogotá y del apoderado de los educadores. Esto es así, porque puso de presente que el funcionario y el abogado no habían sido sancionados y que tampoco soportaban pliego de cargos. Informó, además, que las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría para lo de su competencia. Esto es, la rectificación no comprendió lo informado y para entonces ampliamente divulgado que comprometía el buen nombre y la honra de la señora Sánchez de Rojas, difundido ampliamente por los medios de comunicación como era de esperarse, en cuanto la información estaba contenida en el Boletín de la Procuraduría General de la Nación de la que no se podía esperar sino veracidad y compromiso con el ordenamiento. Siendo así y dado que la susodicha información no consultó el estado de la investigación, además, inexistente, comoquiera que no se encontraron méritos para abrir la investigación, no puede sino concluirse el menoscabo de la honra, buen nombre y defensa de la demandante, amén del desconocimiento del derecho a la información cierta, veraz e imparcial. Es por ello, que la entidad demandada debe responder por haber construido un Boletín que daba como ciertos hechos sin fundamento probatorio, en los que se desconocieron los derechos constitucionales fundamentales de la actora y de su hijo.

En estas condiciones, los elementos de prueba existentes permiten inferir el daño antijurídico imputable a la acción de la entidad demandada.

6. Responsabilidad personal de los funcionarios demandados.

Ahora, la actora, al tiempo que demanda a la Nación - Procuraduría General, vincula al exprocurador General, al exprocurador Delegado para la Vigilancia Judicial y a la abogada comisionada.

El tribunal absolvió a los funcionarios en cuanto no encontró probada su intervención o influencia en la actuación acusada, si se considera que en los términos de la Ley 4ª de 1990, la elaboración del Boletín noticioso era del resorte exclusivo de la oficina de prensa.

Ahora, en los términos del artículo 90 Constitucional, en el evento que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño, podrá repetir lo pagado contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a la causación del hecho generador. En ese orden, es claro que quien se perjudica con la acción u omisión de un agente estatal reclama del Estado la reparación y que, pagada la condena, procede la repetición, esto es, la entidad pública compelida a indemnizar habrá de adelantar acción, en orden a que el agente causante del daño repare el patrimonio estatal por haber actuado con culpa grave o dolo. Se advierte, entonces, que a las víctimas no les asiste legitimación para abogar por la condena del agente estatal, como aconteció en el sub lite. Aspecto este al que la Corte Constitucional alude en la Sentencia C-430 de 2000, en los siguientes términos:

Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes.

En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones.

En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables.

3.5. Según el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, sólo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquél repetir lo pagado contra éste. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición.

Ahora, cabría preguntarse, si por el hecho de que el artículo 78 autorice que la demanda pueda promoverse contra la entidad comprometida en el daño, o contra ésta y el funcionario, se desbordan los límites de la regulación constitucional?

Desde luego que no, porque la referida norma debe ser entendida bajo la idea de que sólo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad pública, es cuando ésta puede repetir contra el funcionario. De manera que con la demanda simultánea de la entidad y del agente no se vulnera la mencionada norma constitucional, sino que se atiende a la economía procesal, porque en un mismo proceso se deduce la responsabilidad que a cada uno de ellos corresponde (negrita con subrayas fuera del texto).

Atendiendo lo anterior, para la Sala es claro que la acción “conjunta” de que trataba el artículo 78 del C.C.A. se supedita a que la entidad pública haga suyo el llamado.

En este orden, esta Sala debe precisar que si bien por razones de economía procesal el agente estatal puede ser convocado a la acción de reparación directa, el llamado se deberá entender a cargo de la entidad pública, única titular del llamamiento con fines de repetición.

Tanto así, que el artículo 225 del CPACA dispone:

ARTÍCULO 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.

Es pertinente precisar, en este punto, que si bien la demanda de inexequibilidad instaurada en contra del artículo 78 del C.C.A. no prospero, es de notar que se fijó su entendimiento acorde con la carta, en el sentido de que “solo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad es cuando ésta puede repetir contra el funcionario”.

Según lo anterior, la norma debe interpretarse en el sentido de que únicamente puede perseguirse al funcionario por la vía de la acción de repetición, sólo después de que se haya resuelto mediante sentencia la condena del Estado por el daño antijurídico por el cual debe responder. La demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no contraviene el artículo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado.

En efecto, la norma constitucional es clara en cuanto al distinguir las dos responsabilidades, lo que igualmente comporta legitimación para pretenderlas. Delimita que es la entidad afectada con la condena la que puede pretender reparación contra el servidor público por la vía de la acción de repetición y que la víctima del daño, en cambio, no podrá pretender dicha condena, así considere su responsabilidad.

Lo expuesto, se establece con claridad en el artículo 90 Constitucional y en los debates adelantados por la Asamblea Nacional Constituyente que estudiaron el tema con detenimiento, esto es, de una parte, la cláusula general de responsabilidad a partir de un daño antijurídico imputable y, de otra, la repetición debidamente diferenciada, en cuanto originada en la culpa grave o dolo, únicamente y sucedánea al pago de la condena estatal. Esto es así, porque la propuesta inicial, la que trataba de una sola obligación solidaria del Estado y del agente, esto es, indistinta del imperativo estatal de responder a las víctimas de daño antijurídico, imputable a la entidad y al agente estatal comprometido, no fue acogida, en cuanto se consideró la distinción dado que se optó por regímenes de imputación distintos. Sobre el particular se sostuvo(15):

“Los españoles, descubrieron desde el año del (sic) 54 y así lo incorporaron en su famosa ley de expropiaciones forzosas, este nuevo mecanismo de responsabilidad, que es el de la responsabilidad por el daño antijurídico, los españoles dicen que el Estado es responsable de los daños que se cause con el funcionamiento anormal o normal de los servicios públicos, es decir, inclusive cuando las cosas funcionen como deben funcionar, si se le causa un daño a un particular que no debe padecer habrá lugar a responsabilidad, esa norma de expropiaciones forzosas la trasladaron a la Constitución vigente y en la Constitución Española nueva (sic), la Constitución del 78 está consagrada con la misma fundamentación, esta noción de la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal del servicio público, nosotros hemos querido seguir la pauta trazada, por los españoles, sin caer en el error que allí se incurrió que es la utilización del término equívoco de los servicios públicos que a veces son todo y a veces no son nada, para hablar simplemente de la antijuridicidad del daño, de lo que se trata simplemente es de que cuando a un particular le infringe el Estado un daño que el particular no tenga por qué soportar, y que es contrario al principio de la igualdad frente a las cargas públicas, debe haber lugar a las responsabilidades del Estado, naturalmente si ese daño le es imputable al Estado. Esto por una parte, por otra estamos extendiendo la responsabilidad no solamente al Estado sino al funcionario, porque la experiencia ha demostrado, que ese aparente grande avance del régimen de responsabilidad, que había radicado en cabeza de la persona moral del ente público, había conducido a la indolencia, a la indiferencia y a la impunidad de los funcionarios públicos, que por no ser dolientes de la responsabilidad, naturalmente poco se preocupaban de que el Estado tuviera que verse condenado a pagar una indemnización de perjuicios tiempos más adelante. Aquí estamos diciendo esa responsabilidad radica en cabeza solidariamente, indistintamente del Estado, del ente público y de la persona del funcionario, el demandante escogerá a quien demanda, y estamos agregando un inciso posterior, que si el Estado resulta condenado a pagar la indemnización de perjuicios, pero ocurriere que el funcionario público fuere culpable, el Estado no solamente puede como hoy día, sino que está en la obligación de repetir contra el funcionario, a ver si acabamos con la irresponsabilidad de los funcionarios” (resaltado por la Sala).

En la misma sesión se sostuvo(16):

“(…) la demanda podría dirigirse indistintamente contra el Estado y la autoridad pública, o uno u otro; entonces después el funcionario público que incurrió en culpa de la cual se deriva la responsabilidad para el Estado, va a decir no, como a mí no me vincularon a ese proceso, pues entonces yo no tengo por qué pagar, esa es la importancia de eso, porque estamos acabando con ese concepto equivocado a veces de responsabilidad solidaria, aquí lo que estamos haciendo es dividir la acción de las consecuencias, la acción se puede intentar directamente contra uno o contra otro, o contra ambos, es decir, está dando amplitud, pero las consecuencias si son muy claras, para establecer que así no haya estado vinculado al proceso por no haberse dirigido la demanda contra él, si va a ser responsable por ese acto culposo en que incurrió y del cual se derivan consecuencias para el Estado, entonces es muy importante dejar el último inciso del segundo párrafo, porque nos está resolviendo ese problema (…)” (resaltado por la Sala).

Así, en el informe de sesión de la Comisión Tercera del 15 de mayo de 1991, se puso de presente la necesidad de distinguir la responsabilidad del Estado de la del agente, haciendo énfasis en que la víctima dirigiría su acción en contra del Estado y no en contra del agente. Se expuso(17):

“(…) de aquí que surgió la fórmula de colocar (sic) de que (sic) tenía que haber el dolo, tenía que haber la demostración de que el funcionario realmente es responsable, hoy culpa grave, y que solamente eso lo podría determinar un juez, entonces cuál sería el procedimiento, el procedimiento sería, siempre que un particular reciba daño del Estado, pues entabla entonces acciones contra el Estado, el Estado tiene que pagar una indemnización; entonces, el Estado debe a su vez, si considera que el funcionario que causó ese daño, pues debe proceder a través de un juicio contra ese funcionario, pero no puede ser que el particular se vaya a reclamarle al funcionario, no eso no (…) (resaltado por la Sala).

Postura igualmente explicada con total claridad desde la perspectiva del procedimiento:

Primero que todo se señalan dos vías para tratar de establecer la responsabilidad de los funcionarios, una primera fue calificada por alguien, como una vía administrativa, pero esa consagración está apenas en mente de quienes han intervenido, porque la redacción verdaderamente lo que dice es otra cosa. (…). Si volvemos a leer el artículo dice que la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacer la efectiva las determinará la ley mediante procedimientos abreviados. Parece que los procedimientos abreviados son para hacer esa ley, según lo que está escrito. Mi propuesta es que se diga que la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva serán determinadas o será (sic), se harán mediante procedimiento abreviado según lo determine la ley (…) después de un procedimiento completamente distinto, porque es la etapa en la cual viene la repetición o la cárcel o lo que resulte para la persona (…) (resaltado de la Sala).

Nuevamente, en la sesión plenaria del 22 de mayo de 1991(18), se enfatizó en restringir la legitimación en materia de repetición para que únicamente el Estado pueda demandar al agente en razón de la condena, “pero sujeto todo ese procedimiento a una reglamentación específica que establezca o que diferencie los casos en los cuales el servidor público se hace acreedor a esa posibilidad”.

Es de notar, en el informe de sesión plenaria del día 5 de junio de 1991, que se acogió la propuesta de la Comisión Primera, es decir, el juicio de responsabilidad estaría dirigido a constituir solidaridad pasiva entre el Estado y el agente estatal causante del daño. Así, con ocasión del debate sobre los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, se trató el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado; para el efecto se sometió a consideración el texto que sigue:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La demanda podrá dirigirse indistintamente contra el Estado, el funcionario o uno y otro. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este (resaltado de la Sala).

No obstante, en la sesión plenaria de 30 de junio siguiente, se solicitó la revisión especialmente en lo relativo a la oportunidad para ejercer la acción de repetición contra el funcionario, luego votada y aprobada por la plenaria en el término propuesto. Se dijo:

“Revisando anoche algunos de los artículos que se aprobaron, he caído en la cuenta de que hay uno de ellos, el relacionado con la responsabilidad del Estado, una de cuyas frases no afecta en sentido del artículo, implicaría una contradicción delicada en relación con todo el régimen del servicio público (…) me refiero a la frase que dice que la demanda podrá dirigirse indistintamente contra el Estado o el funcionario, o uno y otro. Lo cierto es que el régimen tal como (sic) establecido consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputados (…) al decirse que la demanda podrá dirigirse contra el funcionario, estamos estableciendo de manera directa una responsabilidad que en el régimen del servidor público es subsidiaria, entonces simplemente señor Presidente, para que con el propósito de evitar esa contradicción, entre dos esquemas de responsabilidad, consagrados ambos en la Constitución, se proceda a quitar esa última frase del primer inciso del artículo 92 (…) Entonces se eliminaría la frase “La demanda podrá dirigirse estrictamente contra el Estado, el funcionario o uno y otro” (resaltado de la Sala).

En consecuencia, es claro que, al margen de las distintas consideraciones y propuestas atinentes a la oportunidad y al procedimiento a seguir, se debatió ampliamente la responsabilidad del Estado y del agente y se optó por distinguir el centro de gravedad y la oportunidad en una y otra. Esto es, el Estado responde por el daño antijurídico imputable y el agente por haber dado lugar a la condena, por dolo o culpa grave; la acción de repetición se origina en la condena y se sustenta en la culpa, en tanto la obligación estatal tiene su fuente en el daño antijurídico imputable por acción u omisión. En ese orden, la víctima reclama del Estado la reparación del daño antijurídico y este, una vez atendida la condena, repite contra el agente que la causó, por su actuación dolosa o gravemente culposa.

De modo que esta Sala no se pronunciará de fondo sobre la responsabilidad de los agentes estatales vinculados al proceso, en razón a que se advierte falta de legitimación de su convocatoria a la litis, instaurada por las víctimas, legitimadas para demandar de la Procuraduría General de la Nación la reparación del daño, no de sus servidores igualmente demandados. En suma, los demandantes carecen de legitimación por activa para el ejercicio de la acción contenciosa frente a servidores públicos, en razón del daño antijurídico y, por esa vía, tampoco se encuentran legitimados para apelar la decisión en lo que respecta a la absolución de los señores Arrieta, Ballén y Niño. Es de anotar que, tal como lo resolvió la Corte Constitucional en la sentencia traída a colación, la inhibición no se desprende de la sola mención de los agentes causantes del daño, tampoco de su interés en que respondan, lo que se espera sí es que la entidad demandada ejerza la titularidad del llamado, de modo que la convocatoria se centre en la entidad en cuanto sujeto pasivo de la reparación y activo de la repetición.

Finalmente, como lo posible no aconteció, en cuanto la Procuraduría pasó por alto la vinculación de quienes fungieron como exprocurador, exprocurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Abogada Asesora, deviene en evidente la falta de legitimación del llamado formulado por las víctimas y así habrá de declararse y, asimismo, la interposición del recurso de apelación dada la absolución.

Es necesario tener presente que la legitimación de índole subjetiva, sin perjuicio del interés general que comporta, trata de un presupuesto formal y material, el primero relativo a la comparecencia al juicio y el segundo a la relación sustancial entre el demandante y el demandado y el interés perseguido; de donde su ausencia conduce obligatoriamente a una sentencia inhibitoria, porque, en los términos del artículo 90 constitucional, la víctima no se encuentra legitimada para demandar del agente estatal la reparación del daño antijurídico; tampoco para anexar pruebas en su contra e interponer recursos. Al punto que como esto aconteció, la pretensión no puede ser resuelta.

No obstante, al margen de que se entenderá que los agentes estatales no fueron convocados a la litis, lo cierto es que está demostrado el daño y su antijuridicidad imputable a la Procuraduría General de la Nación. Esto es así, porque se elaboró y publicó el comunicado que los medios de comunicación publicitaron, vulnerando el derecho a la honra e imagen de la señora Sánchez de Rojas.

7. Indemnización de perjuicios.

La Sala encuentra que el señor Humberto Rojas Sánchez acreditó la calidad con la cual concurrió al proceso, por lo tanto procede a su favor la condena por perjuicios morales, conforme la entidad y naturaleza de la afectación del derecho fundamental vulnerado.

8. Perjuicios morales.

Los elementos que están presentes, permiten suponer el grado de afectación moral vivido por los demandantes, pues no cabe duda que la situación particular a la que fue sometida la señora Carmen Alicia Sánchez le generó aflicción y angustia. Esto es así porque fue presentada públicamente en el marco de una defraudación en contra del Estado y un grupo de docentes, por haber expedido documentación “falsa”, al margen de que no se contaba con ninguna evidencia con alcance penal y disciplinario, lo que de suyo produjo en la actora aflicción. Demuestra la actuación que se trata de una trabajadora en la que la institución depositó una confianza que la misma merecía, de manera que no queda sino concluir la realidad del dolor que comporta asistir al desmoronamiento del prestigio limpiamente adquirido.

Ahora bien, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 –Expediente 13.232–, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, conforme a las circunstancias particulares del caso, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros(19): i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(20); ii) la tasación se realiza con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios obrantes en el proceso, relacionados con las características del perjuicio y iv) será fundamentada en providencias que resuelvan asuntos similares, para garantizar el principio de igualdad.

En ese orden, aunque es claro que la actora no podía recuperar el estado de estimación del que disfrutaba en febrero de 1994, será indemnizada patrimonialmente en orden a propender por compensar su dolor por la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos (50) legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo. Esto es, se mantendrá la decisión del tribunal e igual indemnización se reconocerá a su hijo, dado que demostrada la relación filial no queda sino concluir la afectación.

9. Daño a la salud.

Aunque la demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios morales objetivados bajo la denominación de daño a la vida de relación, el contexto de la pretensión permite a la Sala considerar que se invoca el daño a la salud, si se considera que se pone de presente graves afectaciones de las que da cuenta Medicina Legal. Se trata, según la experticia, de alteración psíquica y emocional que afectó su entorno laboral, familiar y social. En ese orden, se concluyó “La examinada Carmen Alicia Sánchez Vda. de Rojas, presenta perturbación psíquica permanente asociada con las situaciones vividas y relacionadas con los hechos que motivaron la presente investigación”; es de anotar, además, que la actora dejó su trabajo en el marco del estado de depresión severa a la que se vio enfrentada, en razón de la difamación y pérdida de confianza, circunstancia que el tribunal no consideró. De modo que, ante la evidencia del daño, la condena impuesta por el tribunal se incrementa en un 50% para un total de 71 smlmv por “daño a la salud”, proveniente de la afectación a la integridad psicofísica, con correspondencia con el perjuicio causado, para efectos de su valoración económica y su reparación integral(21).

Ahora bien, advertido que la actora también impugna la decisión del a quo para que se resuelva su pretensión de reparación del lucro cesante, es del caso negar la solicitud porque el daño no fue probado.

Finalmente, se dispondrá que la Procuraduría General de la Nación se retracte de los Boletines y/o Comunicados que afectaron injustificadamente a la señora Carmen Alicia Sánchez de Rojas, si ella acepta la medida.

No se condenará en costas por no aparecer causadas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida el 26 de enero de 2005, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “B” y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la la Nación - Procuraduría General por la violación del derecho fundamental a la honra y al buen nombre de la demandante Carmen Alicia Sánchez de Rojas, en razón de las imputaciones hechas en su contra en el Boletín de Prensa Nº 17 de 14 de febrero de 1994, difundido por todos los medios de comunicación.

2. CONDÉNASE a la Nación - Procuraduría General a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de la demandante Carmen Alicia Sánchez de Rojas la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de esta providencia, igualmente a favor del señor Humberto Rojas Sánchez, hijo de la demandante, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigente en el momento de ejecutoria del presente fallo.

3. CONDÉNASE a la Nación - Procuraduría General a pagar por concepto de daño a la salud a favor de Carmen Alicia Sánchez de Rojas la suma equivalente a setenta y un (71) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de esta providencia.

4. CONDÉNASE a la Nación - Procuraduría General a retractarse de los Boletines y/o Comunicados que afectaron injustificadamente a la señora Carmen Alicia Sánchez de Rojas, si ella acepta la medida.

5. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

6. DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. SIN COSTAS por no aparecer causadas.

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Magistrado Ramiro Pasos Guerrero, Presidente - Impedido(22)

2 La cuantía exigida para que la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, el 13 de febrero de 1996, ascendía a $ 13.460.000 y el monto de la pretensión fue estimado en $149.200.000,oo

3 Sentencia de 19 de abril de 2012, Proceso 21515. C. P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado Sección Tercera:
“Al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos. Los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia.
En la actualidad, las decisiones judiciales que se consideran admisibles son únicamente aquellas que tienen como sustento, criterios o parámetros distinguibles que puedan ser revisados y analizados desde una órbita externa a la decisión misma. Bajo esa perspectiva, cada providencia judicial conlleva una elección entre diferentes opciones de solución, que, según el criterio del fallador, se escoge por mostrarse como la más adecuada al caso concreto.
En ese orden de ideas, la razón por la cual se exige al juez dicha motivación tiene que ver con la necesidad de observar el itinerario recorrido para la construcción y toma de la decisión adoptada, de manera que se disminuya el grado de discrecionalidad del fallador quien deberá siempre buscar la respuesta más acertada, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser controvertida en tal motivación por vía de impugnación por las partes que se vean perjudicadas.
En el caso colombiano, la obligatoriedad de motivación de las sentencias judiciales, encuentra su antecedente más cercano en el artículo 163 de la Constitución de 1886, regla ésta que fue excluida de la Carta Política de 1991 y que vino a ser incorporada de nuevo con la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Así mismo, el Código Contencioso Administrativo contempla los elementos esenciales que deben contener las sentencias judiciales, entre los cuales aparece de manera expresa la necesidad de motivación.
En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.

4 Ibídem.

5 Sentencia T-603 de 1992. M. P. Simón Rodríguez Rodríguez.

6 Sentencia C-489 de 2002. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

7 Ver Sentencia T-787 de 2004. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

8 Sentencias T-787 de 2004 Rodrigo Escobar Gil y T-482 de 2004. M. P. Álvaro Tafur Galvis.

9 Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques.

10 Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

11 Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-677 de 2005. M. P. Humberto Sierra.

13 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

14 Artículo 20 de la C.P. establece “(…) Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación (…)” y artículo 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Libertad de Pensamientos y Expresión.

15 El siguiente enlace http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/cpc_titulo_xi.pdf. Informe de la sesión de la Comisión Primera de 6 de mayo de 1991. Constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

16 Constituyente Jaime Arias.

17 Constituyente Antonio Galán.

18 Constituyente Germán Toro.

19 Los parámetros descritos se encuentran señalados en Sentencia de radicación 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C. P. Danilo Rojas Betancourt.

20 En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13.232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”.

21 Sentencia de 14 de septiembre de 2011. Rad. 38.222. M. P. Enrique Gil Botero Sección Tercera.

22 Mediante auto de 18 de julio de 2014 se aceptó el impedimento.