Sentencia 1996-12275 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 680012315000199612275 01

Interno: 28545

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Orlando Almeyda Rondón y otros.

Demandado: Municipio de Bucaramanga y otro.

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa.

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, el día 10 de junio de 2004, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La Sala observa que el accidente de tránsito por el cual se demandó acaeció el día 14 diciembre de 1994 y, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó el día 9 de octubre de 1996, se impone concluir que dicha acción se ejerció dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso.

2. El caudal probatorio obrante en el expediente.

Con el fin de establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

— Copia simple de la historia clínica de urgencias Nº 12098, elaborada por la Clínica Metropolitana de Bucaramanga, el 14 de diciembre de 1994, en la cual se indicó que el motivo de consulta por el cual ingresó el señor Orlando Almeyda Rondón al referido centro médico lo constituyó un accidente de tránsito; además se indicó que tenía una fractura en la pierna izquierda (fl. 298, cdno. 1).

— Copia simple del dictamen para calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación de invalidez del señor Orlando Almeyda Rondón, el cual arrojó el siguiente resultado:

“Deficiencia 3.75%

Discapacidad 0.8%

Minusvalía 10.25%

Total 14.80%” (fls. 381-382, cdno. 1) (se destaca).

— Original de un informe de rayos x practicado al señor Orlando Almeyda Rondón por la Clínica Metropolitana de Bucaramanga, el 15 de diciembre de 1994, en el cual se indicó:

“Se observa fractura conminutiva con cabalgamiento de fragmentos a nivel, de la diáfisis media de la tibia y una fractura en aplastamiento pero, desprendimiento del maléolo externo de la tibia a nivel próxima de la misma (tercio proximal de la tibia)” (fl. 14 cdno. 1) (destacado fuera del texto original).

— Copia auténtica del dictamen elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el 14 de febrero de 2000, en el cual se da cuenta de lo siguiente:

“Examinado por primera vez en el Instituto de Medicina Legal un hombre adulto de edad media que refiere haber sido lesionado en accidente de tránsito siendo pasajero de motocicleta hace cinco años, presenta:

1. Cicatriz quirúrgica longitudinal de treinta centímetros, en cara antero externa de la pierna y la rodilla izquierdas. En la marcha hay una cojera leve que no altera de manera importante la forma ni la función.

Revisadas las copias de las historias clínicas, se extracta que ingresó a la Clínica Metropolitana el día 14 de diciembre de 1994, por dolor en pierna izquierda y deformidad, le diagnostican fractura de tibia y platillos tibiales u le practican osteosíntesis. Trae otras dos historias clínicas en donde se consignan el retiro del material de osteosíntesis.

Elemento causal: contundente.

Incapacidad médico legal definitiva de cincuenta y seis (56) días. Como secuela queda una deformidad física en el cuerpo de carácter permanente” (fl. 327 cdno. 1) (se destaca).

— Copia auténtica del informe de accidente de tránsito 5682 elaborado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en cuyo contenido se indicó que el 14 de diciembre de 1994, en la carrera 27 entre calles 33 y 34 del municipio de Bucaramanga, aproximadamente a las 9:10 p.m., se presentó un accidente de tránsito del cual resultó lesionado el señor Orlando Almeyda Rondón, quien se movilizaba como parrillero en una motocicleta de propiedad de la entidad pública demandada, marca Honda, modelo 86, de placas 21, la cual era conducida por el también agente de tránsito señor Gerardo Hernández Barajas.

Sumado a lo anterior, se precisó que el sitio del accidente era una vía pavimentada, con aceras, una sola vía, resbalosa, con señalización; se precisó que el lugar de impacto fue la parte delantera del vehículo oficial.

En dicho informe se dejó constancia de la siguiente observación:

“Habían vallas de pintura de la D/T pasando la calle 34 hacia el [ilegible] no están luminosas el radio de dotación sufrió daños, anexo hoja de campo comparendo, constancia de envío a medicina legal, en la vía había aceite” (fl. 151, cdno. 1) (se destaca).

— Copia auténtica de la hoja de campo del registro del accidente de tránsito, elaborada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en la cual se dejó constancia de la versión de los hechos que narró el conductor de la motocicleta oficial, señor Gerardo Hernández Barajas, quien sostuvo:

“Yo transitaba por la carrera 27, sentido norte-sur, por el carril izquierdo, el semáforo se encontraba en luz verde. Cuando observé que en la carrera 27 con calle 34 estaba totalmente cerrada con vallas de señalización de tránsito, mermé la velocidad y sobre la calzada había pegado bastante aceite. Resbalándose de la motocicleta cayendo sobre la calzada, golpeándose el pasajero, la señalización no era luminosa” (destacado fuera del texto original).

— El señor Segundo Ramón Martínez Quintero relató lo siguiente:

“Transitábamos por la carrera 27 sentido norte sur, por el carril izquierdo, Gerardo Hernández Barajas actualmente Comandante de Tránsito llevaba como parrillero al señor Orlando Almeyda también en esa oportunidad alférez de tránsito de Bucaramanga, yo transitaba metros atrás; ahí el terreno viene plano hasta la calle 34, posteriormente tiene una pendiente y una semicurva, de pronto se cerraron no recuerdo bien si camión o camioneta, unos vehículos; resulta que pasando la calle 34 habían unas vallas de pintura, de señalización de pintura de empleados de la ET (sic) y se encontraban mal ubicadas. No se veían aproximadamente cincuenta o cien metros atrás, era totalmente nula la visibilidad, estaban tapando toda la vía los vehículos al llegar ahí frenaban, creaban congestión, había pintura al parecer habían pintado con anterioridad no recuerdo bien eso, el compañero pisó pintura o acpm de los camiones que obligatoriamente daban la curva ahí, la moto perdió estabilidad y se accidentaron. Estuve a punto de pasarles por encima, me vi a obligado a botar la moto al separador y saltar para no hacerles o causarles más lesiones. A mí no me pasó cosa mayor, no hice levantar accidente (sic), yo mismo arreglé la motocicleta, daños leves, procedí a levantar el accidente del compañero y enviarlos para la clínica. Ellos quedaron lesionados. Los envié a la clínica y (sic) hice lo correspondiente. (...). Yo transitaba con mi motocicleta metros atrás de la motocicleta la cual figura en el croquis 5682 o sea transitábamos en el mismo sentido. Preguntado: Manifieste al despacho qué visibilidad había en la vía. Contesto: Estaba mala. Preguntado: Manifieste al despacho por qué dice usted que las vallas estaban mal ubicadas. Contesto: los trabajadores debían colocar las señales de tal manera que las personas que transitan en ese lugar sentido norte sur las vean por lo menos unos cincuenta o cien metros antes para evitar accidentes, vuelvo y le recalco en ese lugar la vía es plana, pasa la intersección. (...). Habían unas vallas atravesadas en la vía, mala la pintura de las vallas y no había ninguna clase de mechón, únicamente los postes de la luz que en esa parte estaba muy regular tirando a mala la iluminación. (...). Las vallas de señalización en ese tiempo tenían pintura o estaban diseñadas y pintadas de tal manera que con la luz del vehículo se vieran, pero esas vallas ya tenían bastante uso. Preguntado: Manifieste al despacho, sí o no, las vallas cumplían la función de proyectar la luz. Contesto: No le puedo contestar si o no, porque en el lugar donde estaban como nosotros venimos de plano y caemos en pendiente yo no las alcancé a ver, ni a observar, entonces no le puedo decir si botaban o no botaban la luz. Preguntado: Manifieste al despacho por qué usted se fue encima de Orlando Almeyda y el conductor de la moto. Contestó: En ningún momento me fui encima, pasé por encima pero no los toqué, yo por evitar pasarles por encima y golpearlos, hice caer la moto al pavimento, la moto quedó atrás y salí por el aire metros adelante, para evitar causarles más lesiones, para evitar colisionar el otro vehículo, para evitar estrellarme o accidentarme con el compañero. (...). Pintura fresca sí había porque estaban pintando la carrera 27, se supone que acababan de pintar ese cruce y el aceite debido a que el tránsito pesado viene por la carrera 27 al encontrar totalmente tapada la carrera 27 hacia el sur deben de hacer el giro obligatorio a la derecha, hacer ángulo prácticamente de 90 grados sin peralte, hablo de vehículo pesado, doble troques y tractocamiones y en ese giro y debido a que habían tractocamiones que deben reversar para poder tomar ese cruce ya que ellos transitaban norte sur y no sabían que la vía estaba tapada la vía entonces se venían normalmente por el carril del centro, tenían que hacer la maniobra en la calle 34 y se riega el aceite, el combustible, el acpm en el momento en que frené. No sé qué maniobra habrá hecho el otro conductor, para decirle la causa no puedo porque yo no venía manejando ese vehículo. Preguntado por la señora juez: Manifiesta Ud., en una de las respuestas anteriores que la visibilidad en la vía era mal, explíquenos a qué se refiere cuando hace esta aseveración. Contesto: Cuando levantamos un croquis de accidente de tránsito si es de noche, tenemos en cuenta varios factores, alumbrado público, árboles en la vía, semicurvas, curvas, pendientes, viendo esas posibilidades entonces se especifica actualmente en las planillas el cual trae una casilla, de buena, regular o mala, y se marca mirando el lugar. El alumbrado público esa noche en ese sitio estaba bastante malo, las bombillas del separador, habían unas apagadas y otras prendidas y viniendo norte sur no se tiene una visibilidad buena en esas condiciones. (...).Veníamos a una velocidad muy mínima debido a que los vehículos tomaban el giro a la derecha en ese sitio creando congestión. Entonces yo venía veinte y treinta kilómetros, muy mínima” (fls. 323-326 cdno. 1).

— Copia auténtica del Oficio USV-003 de 1998, elaborado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el 5 de enero de 1998, en el cual se informó lo siguiente:

“1b. El día 14 de diciembre de 1994 en horario de las 7:00 p.m. a las 3:00 a.m. cumplía con las funciones asignadas a su cargo la cuadrilla nocturna de señalización de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a cargo del señor José de Jesús Sarmiento.

1c. Debido a labores de mantenimiento de la carpeta asfáltica de la carrera 27, la señalización de esta vía fue deteriorada, razón por la cual y como labor de prevención de accidentalidad, la entidad efectuó trabajos de señalización y mantenimiento.

2a. Como propietaria de la moto de placa Nº 21 figura la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y su servicio es oficial.

2c. El personal que efectuaba labores de señalización y mantenimiento de la carrera 27, estaba vinculado a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y al frente de esa cuadrilla se encargó al señor José de Jesús Sarmiento” (fls. 144-145, cdno. 1) (destacado adicional fuera del texto original).

— Copia simple del dictamen pericial por embriaguez practicado al señor Gerardo Hernández Barajas [conductor de la motocicleta oficial], el día del accidente de tránsito por el cual se demandó a las 9 y 45 de la noche, cuya conclusión fue la siguiente:

“Con base en los hallazgos se puede dictaminar que Gerardo Hernández a la hora del examen, no se halla en estado de embriaguez. No se requiere alcoholemia” (fl. 116, cdno. 1).

— Copia simple de la providencia dictada por la Inspección Segunda Municipal de Policía y Tránsito de Bucaramanga, el 12 de enero de 1996, en la cual se resolvió lo siguiente:

“El examen efectuado a esta actuación pone de presente, que a ella dieron origen los hechos de que da cuenta el croquis 5682 de fecha diciembre 14 de 1994.

Teniéndose que de acuerdo a ese informativo desde entonces y hasta ahora han transcurrido ya más de seis (6) meses sin que se hubiera celebrado audiencia, dándose así el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, que al ser advertido resulta forzoso declara (sic). Según lo contenido en el artículo 258 del CNT.

Resuelve:

Artículo primero: Declarar caducada la acción policiva a que dio lugar el accidente de tránsito según croquis 5682.

Artículo segundo: Cesar todo procedimiento seguido por razón de estos hechos.

(...)” (fl. 162, cdno. 1).

— Original del Oficio JUCV119-98, elaborado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el 2 de febrero de 1998, a través del cual se informó que la motocicleta Oficial Nº 21 tenía las siguientes características:

“Marca Honda XL 185

Motor SE5407422

Chasís 5407422

Esta motocicleta para la fecha de 1994, se encontraba asignada a Gerardo Hernández Barajas” (fl. 232, cdno. 1).

— Copia simple de la licencia de tránsito Nº 94-738269, la cual corresponde a la moto marca Honda XL 185, de placas PHF 95, cuyo propietario es la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (fl. 235, cdno. 1).

— Copia auténtica del Acuerdo 016 de agosto 25 de 1980, mediante la cual se creó y organizó un establecimiento público del orden municipal denominado Dirección de Tránsito de Bucaramanga “encargado de organizar y controlar todo lo relacionado con el tránsito dentro de su territorio” (fls. 68-72, cdno. 1).

— Copia simple de la certificación expedida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el 17 de enero de 1996, en la cual se lee lo siguiente:

“Que el señor Orlando Almeyda Rondón, (...), presta sus servicios a esta entidad desde el quince (15) de agosto de mil novecientos ochenta y cinco (1985) según Resolución 0134 hasta la fecha.

Actualmente desempeña las funciones de Alférez III con una asignación mensual de doscientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte ($ 256.785) más una bonificación de noventa mil pesos m/cte ($ 90.000)” (fl. 8, cdno. 1).

— Original de una certificación elaborada por el Comandante General de Logística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el 3 de julio de 1996, en la cual se dejó la siguiente constancia:

“Que el señor Orlando Almeyda Rondón, (...), se encontraba laborando el día 14 de diciembre de 1994, según orden del día número 348, con el código 94, en el siguiente horario y sectores:

De 12:00 a 14:45 horas calle 55, carrera 17 diagonal 15.

De 14:45 a 21:00 horas calle 51, carrera 34 a 35A” (fl. 7, cdno. 1).

— Copia simple de un oficio allegado por la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Bucaramanga, el 2 de septiembre de 1997, en la cual informó que no era función de la secretaría aludida “impartir órdenes para la demarcación de vías, si no competencia de la Dirección de Tránsito” (fl. 67, cdno. 1) (destacado fuera del texto original).

— Original del oficio elaborado por la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Bucaramanga, el 20 de noviembre de 1998, por medio del cual se señaló que no era competencia de dicha secretaría “emitir órdenes a la Oficina de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, por ende no existe orden alguna para que se realizara demarcación o señalización en la carrera 27 entre calles 33 y 35 de esta ciudad el día 14 de diciembre de 1994” (fl. 188, cdno. 1) (destacado fuera del texto original).

Previo a analizar el acervo probatorio antes relacionado, conviene advertir que en relación con los documentos aportados en copia simple, si bien con anterioridad de manera reiterada esta corporación había sostenido que las copias simples no constituían medios de convicción que pudieran tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretendían hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impedía su valoración probatoria, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil(1), lo cierto es que la postura de la Sala fue modificada a partir de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013(2).

Ciertamente, en dicha providencia se indicó que la postura de la Sala quedó unificada en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copias simples que han hecho parte del expediente toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlos de falsas o controvertir su contenido”.

Como fundamento principal para llegar a la anterior conclusión, la Sala señaló que a partir de la expedición de las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 se constata una nueva visión respecto del derecho procesal en cuanto este hace énfasis especial en los principios de buena fe y lealtad que deben asumir las partes en el proceso, lo cual determina un cambio en el modelo establecido por las normas procesales, circunstancias que “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio” lo que en últimas se traduce en la posibilidad de que el operador judicial pueda tomar en cuenta aquellos documentos que obran en el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad.

Por lo tanto, según la nueva postura jurisprudencial de la Sala, los documentos aportados en copia simple por la parte actora con la presentación de la demanda también serán tomados en cuenta en esta sentencia(3), al igual que aquellos que se presentaron en original o en copia auténtica.

4. Valoración probatoria y caso concreto.

De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso causado a los demandantes, esto es las lesiones sufridas por el alférez de tránsito Orlando Almeyda Rondón el día 14 de diciembre de 1994, aproximadamente a las 9:10 p.m., dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bucaramanga, cuando se desplazaba como parrillero en una motocicleta oficial, la cual era conducida por el también agente de tránsito Gerardo Hernández Barajas, quienes a la altura de la carrera 27 entre calles 33 y 34 del ente territorial mencionado cayeron del referido vehículo puesto que la vía se encontraba en obras de mantenimiento y señalización.

Así las cosas, establecida la existencia del hecho dañoso, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, establecer si constituye deber jurídico de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser confirmada, de conformidad con el material probatorio que se pasa a examinar:

Resulta menester destacar, en primer lugar, que el mantenimiento y conservación de la vía en la que ocurrieron los hechos, correspondía a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, de conformidad con el Oficio USV-003 de 1998 elaborado por la propia entidad, en la cual se hizo constar que “debido a labores de mantenimiento de la carpeta asfáltica de la carrera 27, la señalización de esta vía fue deteriorada, razón por la cual y como labor de prevención de accidentalidad, la entidad efectuó trabajos de señalización y mantenimiento”.

Por otro lado, respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaeció el accidente, del análisis de los testimonios transcritos líneas atrás, la Sala concluye i) que el día 14 de diciembre de 1994, en la carrera 27 entre calles 33 y 34 de la ciudad de Bucaramanga, aproximadamente a las 9 y 10 de la noche, el alférez Orlando Almeyda Rondón, se desplazaba como parrillero en una motocicleta oficial(4) perteneciente a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la cual iba conducida por el también alférez Gerardo Hernández Barajas; ii) que pasando la calle 34 se observaron unas vallas de señalización de pintura, que no alcanzaban a percibirse 50 o 100 metros hacia atrás desde el sitio en el cual se encontraban ubicadas, puesto que no iluminaban lo suficiente; iii) que dichas señales estaban taponando la vía, razón por la cual, creaban congestión en dicho sector de la ciudad; iv) que la motocicleta al pisar la pintura y el acpm perdió estabilidad, ocasionándose el accidente de los referidos funcionarios; v) que sobre la calle había pintura fresca puesto que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga acababa de pintar “ese cruce” y, además había aceite regado por vehículos pesados que al encontrar totalmente cerrada la carrera 27, se veían en la obligación de hacer un giro obligatorio a la derecha, maniobra que por lo general ocasionaba que los referidos automotores regaran aceite, combustible y acpm, etc.; vi) que el señor José de Jesús Sarmiento estaba encargado de la cuadrilla de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que efectuaba las tareas de señalización y mantenimiento de la carrera 27 de la ciudad de Bucaramanga.

En efecto, el testimonio que rindió el alférez Segundo Ramón Martínez Quintero, testigo presencial de los hechos por los cuales se demandó, registra que él venía conduciendo su motocicleta oficial metros atrás del vehículo accidentado y, en tal sentido, narró que:

“El alumbrado público esa noche en ese sitio estaba bastante malo, las bombillas del separador, habían unas apagadas y otras prendidas y viniendo norte sur no se tiene una visibilidad buena en esas condiciones”.

A su turno, con fundamento en la certificación aportada por la entidad demandada se demostró que para la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, a la víctima directa del daño le correspondía laborar desde las 12 a.m. hasta las 21 horas, entre las calles 55 con carrera 17 diagonal 15 y la calle 51 con carrera 34 a 35A de la ciudad de Bucaramanga.

Así las cosas, acreditado lo anterior, resta por establecer si la deficiente señalización en el lugar de ocurrencia del hecho dañoso, le resulta imputable a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Pues bien, en primer lugar resulta necesario indicar que a través del Acuerdo 016 de agosto 25 de 1980 se creó y organizó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga como un establecimiento público autónomo del orden municipal, dotada de autonomía administrativa, patrimonio y rentas propias, encargada de i) organizar y controlar todo lo relacionado con el tránsito dentro de su territorio; ii) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia y iii) ejercer las funciones de conformidad con el Código Nacional de Tránsito y las demás que le asignaren la ley, los decretos reglamentarios, las ordenanzas y los acuerdos municipales.

A su turno, la Sala observó que las obras de mantenimiento de la carpeta asfáltica efectuadas sobre la carrera 27 de la ciudad de Bucaramanga se encontraba a cargo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, según consta en el Oficio USV-003 de 1998 allegado por la entidad aludida.

Aunado a ello, se acreditó que la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Bucaramanga no era la competente para dictar órdenes a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y, que por ende, no había impartido orden alguna a dicha entidad descentralizada del orden municipal para que efectuara la demarcación o señalización en la carrera 27 entre calles 33 y 35 de la ciudad de Bucaramanga.

En línea con lo anterior, vale la pena destacar que el Decreto-Ley 1344 de 1970(5) —contentivo del antiguo Código Nacional de Tránsito Terrestre— vigente para la época de ocurrencia del hecho dañoso por el cual se demandó, en su artículo 111 dispuso que el Ministerio de Obras Públicas determinaría las señales, convenciones y demarcaciones de tránsito por las vías del país y dará instrucciones sobre su interpretación y uso.

Por su parte, el artículo 112 clasificó las señales de tránsito, de las cuales, se destacan las señales de prevención o preventivas, previstas en el numeral 2º de dicho precepto normativo, en los siguientes términos:

“2. Señales de prevención o preventivas; que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Debe tener forma cuadrada y se colocarán con una diagonal en sentido vertical. Los colores que deben usarse son, fondo amarillo y símbolo y orla negros”.

En efecto, la construcción de obras en las vías públicas implican riesgos, tanto para las personas que intervienen en ellas como para terceros usuarios, riesgos que deben ser contrarrestados o, en lo posible, aminorados, mediante el uso adecuado de señales preventivas que los adviertan. En el presente caso se encuentra acreditado que tales medidas no fueron adoptadas por quienes tenían la obligación de hacerlo, medidas que, de haberse instalado en debida forma, esto es debidamente iluminadas, hubiesen evitado el accidente y las consecuentes lesiones sufridas por el señor Orlando Almeyda Rondón.

Las señales preventivas tienen por objeto advertir sobre la existencia de calles y carreteras en construcción o sometidas a proceso de conservación, para prevenir riesgos tanto a usuarios como a personas que trabajan en la vía. Por lo anterior, mediante Resolución 8408 del 2 de octubre de 1985, se reguló “la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse” y mediante Resolución 5246, del 2 de julio de 1985, se acogió el Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adicionado y modificado mediante resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989 y 8171 del 9 de septiembre de 1987, todas estas expedidas por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución 8408 de 1985, siete (7) es el número mínimo de señales de aproximación a un lugar de construcción o conservación de carreteras. Estas deben ser colocadas en un orden preestablecido: la señal de vía en construcción a 500 metros; reducción de velocidad a 50 k.p.h., en los siguientes 100 metros; la de vía en construcción, a 300 metros; la de prohibido adelantar, en los 80 metros siguientes; hombres trabajando en la vía, en los otros 80 metros; reducción de velocidad a 30 k.p.h., en los 60 metros siguientes y señal de desvío, 20 metros antes de la obra.

En todo caso, estas distancias pueden variar según las condiciones de la vía, así como el tipo de señales, pero siempre sujetándose a lo establecido en el capítulo III del manual de dispositivos para el control de tránsito y carreteras.

Asimismo, se encuentra regulado que para señalizar un sitio donde se están realizando trabajos se deben colocar conos reflectivos o delineadores “con espaciamiento mínimo de dos metros” y dos barricadas o canecas colocadas una a cada lado del sitio. Esta misma señalización debe utilizarse también para “obstáculos sobre la berma, como gravas, arenas, cables, materiales, etc.”.

En el capítulo III del manual de dispositivos para el control de tránsito y carreteras, se establece que la señalización de etapas de construcción, reconstrucción o conservación de carreteras es de carácter temporal y debe instalarse antes de que se inicie la obra y permanecer durante todo su desarrollo, es decir, que solo puede ser levantada cuando se estabilice la circulación de la vía. También indica que las señales deben ser reflectivas o debidamente iluminadas, para garantizar su visibilidad en horas de la noche y deben permanecer limpias y legibles.

Las señales se clasifican en preventivas, reglamentarias, informativas y varias. Las preventivas son las de vía en construcción a 500 y 300 metros; se deben poner en forma de rombo, pero por su carácter de seguridad deben tener un mayor tamaño que las usuales (60 a 75 cm. de lado) y ser de color anaranjado, con las letras y las orlas negras (SP- 101 y SP-102). Las reglamentarias, entre las cuales se encuentra la señal de desvío, redonda, en fondo blanco, orla roja y letras negras y con una flecha que oriente el sentido del mismo (SR-102). Las señales informativas suministran los datos básicos de la obra.

El mismo capítulo del manual relaciona otra clase de señales como son las barricadas, conos de guía, canecas, mecheros y delineadores, “que por su carácter temporal pueden transportarse fácilmente y emplearse varias veces”. Las barricadas tienen varias alternativas de diseño, pero deben estar formadas por varios listones de no más de tres metros de largo por 30 cm., de ancho, dispuestos de manera horizontal y de una altura mínima de 1.50 metros. Estos deben estar pintados en franjas, en ángulo de 45º vertical, alternadas negras y anaranjadas reflectivas, deben obstruir la calzada o el eje de la vía donde no debe haber circulación. Si las barricadas no son factibles, se podrán utilizar canecas, pintadas alternativamente con franjas negras y anaranjadas reflectivas de 20 cm., de ancho; su altura no debe ser inferior a 80 cm. Los conos de delineación deben ser de color rojo o anaranjado, con un área de 15 x 20 cm., y altura mínima de 30 cm. Se pueden utilizar delineadores luminosos a una distancia de no más de diez metros o mecheros o antorchas distanciados no más de cinco metros, para el tránsito nocturno cuando se presentan riesgos temporales. Las tres últimas señales se emplean “para delinear canales temporales de circulación, especialmente en los períodos de conservación de las marcas viales en el pavimento, y en la formación de canales que entran a zonas de reglamentación especial o en general cuando el flujo de tránsito ha de ser desviado temporalmente de su ruta”(6).

De conformidad con lo anterior, se concluye que hubo incumplimiento de las normas de señalización preventivas en el sitio del accidente, puesto que según lo señalado por el declarante Segundo Ramón Martínez Quintero, la señalización instalada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga estaba mal ubicada comoquiera que creaban congestión en la vía y, aunado a ello, indicó que “las vallas de señalización en ese tiempo tenían pintura o estaban diseñadas y pintadas de tal manera que con la luz del vehículo se vieran pero esas vallas ya tenían bastante uso”.

Además, tanto el informe del accidente de tránsito elaborado por la propia entidad demandada como la versión del conductor de la motocicleta en la cual se movilizaba el demandante, dan cuenta de que habían vallas de pintura que “no eran luminosas” y, que adicionalmente, las señales preventivas existentes en el lugar de los acontecimientos se encontraban mal ubicadas, circunstancias que se erigen en la causa determinante de la ocurrencia de los mismos y que dicha omisión es atribuible a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, porque es ese ente el que, precisamente, ejecutó la obra.

De otra parte, se impone examinar la excepción de culpa exclusiva de la víctima, alegada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, puesto que supuestamente el accidente de tránsito en el cual resultó herido el alférez de tránsito Orlando Almeyda Rondón acaeció debido a que dicho demandante se desplazaba junto con otro funcionario de tránsito en una motocicleta de propiedad de la entidad pública demandada, en horarios no laborales.

Para corroborar la anterior afirmación, la citada oficina de tránsito allegó certificación en la cual consta que el señor Orlando Almeyda Rondón, para el día 14 de diciembre de 1996, le correspondía laborar hasta las 9:00 de la noche y, teniendo en cuenta que según el informe, el accidente de tránsito acaeció diez minutos después (9:10 pm) a la hora en que finalizaba su horario laboral, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga concluyó que se había configurado un hecho exclusivo de la víctima.

Pues bien, en relación con dicha excepción esta subsección observa que si bien el accidente de tránsito del cual resultó lesionado el señor demandante ocurrió unos minutos por fuera del horario laboral asignado a dicho funcionario, lo cierto es que en realidad el tiempo transcurrido entre la finalización de la jornada laboral del lesionado y la ocurrencia del accidente de tránsito fue en extremo breve, de tan solo diez minutos, espacio que resulta exageradamente reducido para concluir que los mencionados alféreces de tránsito se encontraban llevando a cabo actividades de carácter personal, en una motocicleta oficial y por fuera de horarios laborales.

Por lo tanto, para esta subsección no obran suficientes elementos probatorios que acrediten la alegada causal de exoneración de responsabilidad, razón por la cual dicha excepción no tiene vocación de prosperidad.

Así pues, probada como se tiene la falla del servicio y, por ende, la responsabilidad patrimonial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, corresponde a la Sala pronunciarse sobre los perjuicios reclamados por los demandantes.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

Dentro del acervo probatorio obran los respectivos registros civiles de nacimiento de los señores Orlando Almeyda Rondón (lesionado), Bernardo (hermano) y Ángela Almeyda Rondón (hermana), pruebas suficientes para tener por acreditada la relación de parentesco y/o vínculos entre el mencionado lesionado y sus familiares (fls. 3-6, cdno. 1).

Acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. Hay situaciones en las cuales estas son de tal magnitud que su ocurrencia afecta tanto a quien las sufrió directamente, como a terceras personas, por lo cual resulta necesario, en muchos de los casos, demostrar únicamente el parentesco con la víctima, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no hubieren pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido.

Ahora bien, con la simple acreditación de la relación de parentesco, así como con los registros civiles de nacimiento de los actores, se presume que los hermanos sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado de las lesiones del señor Almeyda Rondón. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(7) y de las máximas de la experiencia, es posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio alegado.

En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima y para sus familiares.

Igualmente resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el sub iúdice, tal como se demostró en el proceso, el señor Orlando Almeyda Rondón resultó lesionado en la forma en la cual se estableció en la relación de pruebas, por lo cual fue sometido a tratamiento médico y además quedó con una limitación en la movilidad de la rodilla izquierda y un porcentaje de pérdida de su capacidad laboral equivalente al 14.80%, todo lo cual le produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

En ese orden de ideas, en el presente caso se decretará la indemnización de los perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes, comoquiera que obran los registros civiles nacimiento que demuestran la relación de parentesco que los une con la víctima directa.

Ahora bien, en cuanto a la liquidación de este perjuicio, se observa que el tribunal administrativo a quo señaló que las lesiones sufridas por Orlando Almeyda Rondón, la incapacidad consecuencia de las mismas y las secuelas definitivas descritas en el dictamen médico legal, le generaron una afectación de tipo sicológico y afectivo.

Por lo tanto, el juzgador de primera instancia accedió al reconocimiento de la suma a 273 gramos de oro, esto es, $ 9.385.057,50 a favor de la víctima directa del daño y la suma equivalente a 50 gramos de oro, esto es, $ 1.718.875 para cada uno de los hermanos del lesionado.

Así las cosas, teniendo en cuenta que no hay lugar a incrementar dichos reconocimientos, puesto que de lo contrario tal situación podría devenir en perjuicio del único apelante, esta subsección procederá a actualizar en salarios mínimos las referidas indemnizaciones, las cuales quedarán así:

Orlando Almeyda Rondón (lesionado)24 SMMLV
Bernardo Almeyda Rondón (hermano)4 SMMLV
Ángela Almeyda Rondón (hermana)4 SMMLV

5.2. Daño a la salud.

La parte demandante solicitó en la demanda que se reconociera el daño fisiológico sufrido por el actor “teniendo en cuenta que las lesiones causadas le impiden disfrutar de algunas actividades propias de la vida”, los cuales no fueron reconocidos por el tribunal administrativo a quo en primera instancia puesto que no se encontró acreditado.

La Sala no entrará a estudiar la procedencia, o no, de dicho perjuicio, comoquiera que este aspecto no fue objeto de apelación por la parte demandante.

5.3. Perjuicios materiales.

5.3.1. Lucro cesante.

La Sala se ocupará de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor del lesionado, señor Orlando Almeyda Rondón, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que se encuentra demostrado, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, las cuales acreditaron que la víctima directa se desempeñaba como alférez de tránsito.

De conformidad con lo anterior, se procederá a liquidar las indemnizaciones debida y futura, teniendo en cuenta las siguientes observaciones.

En primer lugar, se destaca que el Tribunal Administrativo a quo se abstuvo de condenar en concreto los perjuicios materiales solicitados en el libelo demandatorio toda vez que si bien dentro del expediente obraba una certificación del salario que devengaba la víctima directa del daño a 17 de enero de 1996, lo cierto es que no había certeza del citado quantum para la fecha de la ocurrencia del hecho dañoso, por lo tanto, profirió condena en abstracto.

No obstante lo anterior, esta subsección tomará en cuenta el valor del salario indicado en la aludida certificación para efectos de calcular un estimado de los salarios que devengaba el señor Orlando Almeyda Rondón en los años de 1994 y 1995, puesto que dentro del expediente no obra prueba alguna que acredite el quantum de dichas sumas de dinero.

Así las cosas, se distinguirán los siguientes períodos para efectos de determinar el salario base de liquidación:

Primer período: 14 de diciembre (fecha de ocurrencia del hecho dañoso) a 31 de diciembre de 1994.

Segundo período: Enero de 1995 a diciembre de 1995.

Tercer período: Enero de 1996 a noviembre de 2013.

Pues bien, se insiste en que se tiene certeza acerca del salario devengado por la víctima directa del daño durante el tercer período, por lo tanto, a continuación se calculará el valor del salario de los períodos restantes en relación con enero de 1996, toda vez que respecto de este último mes se tiene plena certeza.

Primer período: Diciembre 14 de 1994 (fecha de ocurrencia del hecho dañoso) a 31 de diciembre de 1994.

Esta Sala despejará la fórmula matemática de actualización siguiente, toda vez que se desconoce el valor histórico (vh) del año de 1994.

Vp(8) = Vh(9) x Ind. Final

Ind. Inicial

Ind. Inicial x Vp= Vh

Ind. Final

50.10 (Dic. 1994) x $ 346.785 = Vh

61.36 (Ene. 1996)

Vh= $ 283.147,47

Entonces, se tiene que la suma de $ 346.875 para el año de 1994 equivalía a $ 283.147,7, no obstante, como el señor Almeyda Rondón dejó de laborar 17 días, la Sala calculará el valor de los referidos días así:

$ 283.147,47 x 17 días

= $ 160.450,23

30 días

Ind. Inicial x Vp(10) = Vh(11)

Ind. Final

51.03 (Ene. 1995) x $ 346.785 = Vh

61.36 (Ene. 1996)

Vh = $ 288.403,50

Ahora, se calculará la relación porcentual entre el salario mínimo de la época (1995) y el salario devengado por el actor, así:

Salario devengado por el actor año 1995:

$ 288.403,50

$ 118.934

SMLMV año 1995:

Relación porcentual año 1995 = $ 2.42 SMLMV

De igual forma, se calculará la relación porcentual entre el salario mínimo de la época (1996) y el salario devengado por el actor, así:

Salario devengado por el actor año 1996

$ 346.785

$142.125

SMLMV año 1995

Relación porcentual año 1995 = $ 2.44 SMLMV

De lo anterior se puede concluir que el demandante devengaba 2.4 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época, por lo tanto se calculará la relación porcentual para el SMLMV del año en curso con el propósito de tomar ese valor como base de liquidación de los perjuicios.

SMMLV año 2014= $ 616.000

$ 616.000 X 2.4 = $ 1.478.400

Dicha suma será tenida en cuenta para la liquidación del lucro cesante consolidado a favor del citado demandante por el ingreso que dejó de percibir como consecuencia de la invalidez que le produjo el accidente, el cual fue certificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, en 14.80%.

— Expectativa de vida total de la víctima: 38 años (456 meses)

— Período consolidado: 229 meses

— Período futuro: 227 meses

— Índice final: enero de 2014 (último conocido): 114.54

— Índice inicial: diciembre de 1994: 50.10

Consolidado: Desde la fecha de la ocurrencia del accidente de tránsito (dic. 94) hasta el de esta sentencia (ene. 2014), esto es 229 meses, aplicando la siguiente fórmula:

peloque.jpg
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Va = Es el ingreso percibido por el actor ($ 1.478.400), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 369.600), lo cual arroja un monto de $ 1.848.000; la incapacidad dictaminada al demandante fue de 14.80%, razón por la cual el salario base de liquidación debe ser de $ 273.504.

calastro.jpg
 

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 230 meses, aplicando la siguiente fórmula:

cuiaba.jpg
 

Total perjuicios materiales por concepto de lucro cesante: ciento cincuenta y dos millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos un pesos ($ 152.166.411).

5.3.3. Daño emergente.

La parte demandante no elevó pretensión alguna relacionada con esta modalidad de perjuicios materiales, motivo por el cual, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de la procedencia de dicho perjuicio.

6. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, comoquiera que la providencia apelada será revocada, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los numerales 3º, 4º, 5º y 6º de la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 10 de junio de 2004, los cuales quedarán así:

“CONDÉNASE a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a pagar las siguientes sumas de dinero, como consecuencia del accidente de tránsito sufrido por el señor Orlando Almeyda Rondón.

1. Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Orlando Almeyda Rondón (Víctima)24 SMMLV
Ángela Almeyda Rondón (Hermana)4 SMMLV
Bernardo Almeyda Rondón (Hermana)4 SMMLV

2. Por perjuicios materiales (lucro cesante) ciento cincuenta y dos millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos un pesos ($ 152.166.411).

2. Sin condena en costas.

3. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En este sentido se pronunció, de manera reciente esta subsección, a través de sentencia de marzo 10 de 2011, Exp. 19.347.

(2) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. M.P. Enrique Gil Botero, Exp. 25.022.

(3) Si bien el magistrado ponente de esta providencia no compartió la posición mayoritaria frente a este asunto, lo cierto es que se acoge a la nueva línea jurisprudencial fijada por la Sala en aras del respeto de la misma y el principio de eficiencia.

(4) A folio 235 del cuaderno 1 del expediente obra copia de la licencia de tránsito Nº 94-738269, en la cual figura que el propietario del vehículo involucrado en el accidente de tránsito por el cual se demandó es la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

(5) Derogado por la Ley 769 de 2002.

(6) En términos similares, consultar entre otras la siguiente providencia: sentencia de 5 de junio de 2008. Sección Tercera. Exp.: 730012331000199716698 01 16.398

(7) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(8) Valor presente.

(9) Valor histórico.

(10) Valor presente.

(11) Valor histórico.