Sentencia 1996-12556 de enero 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-26-000-1996-12556-01 (18196)

Consejero Ponente:

Hernán Andrade Rincón

Actor: Silvia Romero Ardila y otros.

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional.

Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala modificará la sentencia del tribunal a quo, para lo cual abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) La competencia; 2) El ejercicio oportuno de la acción; 3) Régimen de responsabilidad aplicable; 4) La responsabilidad de la parte demandada; 5) Los perjuicios y 6) Conclusión.

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales a favor de la señora Silvia Romero Ardila se estimó en $ 257.123.776, mientras que el monto exigido para el año 1996 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $ 13.460.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda(1)— a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por la señora Silvia Romero Ardila y sus familiares con la destrucción de su vivienda durante la incursión guerrillera perpetrada al municipio de Une (C/marca) el 25 de diciembre de 1995, lo que significa que los demandantes tenían hasta el día 25 de diciembre de 1997 para presentar oportunamente su demanda, y como ello se hizo el 4 de julio de 1996 resulta evidente que el ejercicio de la acción fue dentro del término previsto por la ley.

3. Régimen de responsabilidad aplicable.

A efecto de definir este punto en el asunto objeto de decisión es necesario remitirse al propio texto de la demanda y a la forma que en ella se estructuraron las imputaciones de responsabilidad administrativa en contra de las entidades accionadas.

Los demandantes estimaron que los perjuicios cuya indemnización reclaman se produjeron por la falla en el servicio en que incurrieron las demandadas frente al atentado terrorista perpetrado el 25 de diciembre de 1995 al municipio de Une por subversivos de las FARC, porque a pesar de que las autoridades municipales solicitaron a la fuerza pública ayuda y refuerzos para proteger a la población esta petición no fue atendida y porque, el día de los hechos, las autoridades militares reaccionaron tardíamente al ataque de los subversivos en tanto el Ejército sólo arribó al municipio cuando el atentado terrorista ya había terminado y los subversivos habían abandonado el lugar y porque la Policía acantonada en el municipio no repelió adecuadamente el ataque.

A partir de este fundamento fáctico es evidente que la demanda estructura su pretensión sobre la configuración de una falla del servicio por parte de la fuerza pública, representada en este proceso por el Ministerio de Defensa, por lo tanto la Sala abordará el estudio del asunto sub judice a la luz de dicha teoría, porque se trató de un hecho previsible dado que las autoridades tenían conocimiento de su probable ocurrencia a pesar de lo cual no suministraron a la población la protección requerida.

Esta Sección, al estudiar un caso que guarda similitud con el que ahora es objeto de análisis, precisó:

“El Consejo de Estado ha considerado tradicionalmente, con fundamento en algunos de los regímenes de responsabilidad desarrollados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, que, en determinados eventos, la administración pública puede resultar responsable de los perjuicios antijurídicos que sufran los ciudadanos como consecuencia de atentados terroristas.

En efecto, si bien ha sido reiterada la jurisprudencia extranjera, y fundamentalmente la francesa y la española(2), en el sentido de expresar que el Estado no asume responsabilidad patrimonial alguna por este tipo de actos —incluidos dentro de las denominadas operaciones de guerra—, esta Sala se ha apartado de aquéllas, al considerar, entre otras circunstancias, que, dados los aspectos concretos en que los mismos se producen, podrían resultar imputables a una acción u omisión de la administración, lo cual bien puede consistir, como se alega en este caso, en una falla del servicio. (...).

Así pues, cuando un atentado terrorista resulta previsible porque de las circunstancias especiales en que se desarrollen los hechos, las autoridades pueden tener conocimiento sobre un alto grado de probabilidad respecto de la ocurrencia del mismo, el Estado está en la obligación de prestar la protección que se requiere y, por lo tanto, el incumplimiento de este deber configura la falla del servicio”.

(Sent. de abr. 9/2008, exp. 18769, Álvaro Herrera González y otros Vs. Ministerio de Defensa, C.P. Mauricio Fajardo Gómez).

Entonces como la Sala estima que en el caso concreto los hechos que se demandan pueden estar inmersos en el régimen de falla del servicio, procederá a establecer si se acreditaron los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, esto es, la existencia de un elemento de imputación que permita atribuir el daño al Estado, por la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

4. La responsabilidad de la parte demandada.

A través de la sentencia recurrida se decidió la acción interpuesta por la señora Silvia Romero Ardila, su hijo y sus hermanos, con la pretensión de que se les repararan los perjuicios sufridos con ocasión del ataque guerrillero a la municipalidad de Une, ocurrido el 25 de diciembre de 1995. El a quo declaró la responsabilidad reclamada y accedió parcialmente a las súplicas indemnizatorias.

1. Lo primero que debe verificarse es si realmente se causó el daño que aducen los demandantes cuya indemnización reclaman y, en tal caso establecer, posteriormente, si tal daño, además de ser antijurídico, le es imputable a la entidad demandada.

Para el efecto se parte de la premisa que, de conformidad con la demanda, el daño cuya reparación se impetra fue el causado a la propietaria del inmueble ubicado en la plaza principal del municipio de Une, situado en las inmediaciones del Cuartel de Policía y la Alcaldía Municipal, durante el ataque que sufrió dicha localidad el 25 de diciembre de 1995. Para la demostración de tal hecho la parte actora se valió de varios elementos probatorios, a saber:

Diligencia de inspección judicial con intervención de peritos practicada el 15 de octubre de 1997 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Une sobre el inmueble que, según la demanda, resultó averiado durante el ataque terrorista, en el curso de la cual se consignó:

“Como primera medida se procede a inspeccionar el lote contiguo a la Alcaldía o Palacio Municipal, constatando que el mismo tiene un área aproximada de 16.95 metros de frente por 33.50 metros de fondo, queda contiguo así mismo al Comando de Policía de la localidad; el referido lote se encuentra totalmente desocupado, esto es, que no existe dentro del mismo ni edificación ni cultivos ni animales de ninguna especie, solo se aprecia al fondo unas pocas matas ornamentales, el cual se encuentra alinderado así: Por el frente con la carrera cuarta; por el occidente, con solar de Carmen Rojas, separa tapia de adobe; por el costado norte, con propiedad el municipio de Une, lugar donde se encuentra construido el Comando de Policía y solar de Félix Romero, hoy de Luis Orlando Méndez, separa tapia de ladrillo, piedra y adobe; y por el costado sur, con edificio y escuelas públicas municipales, separa tapia de adobe, y encierra” (fl. 44, cdno. 3).

Durante el desarrollo de esta diligencia se visitaron las instalaciones del Palacio Municipal en las que funciona la Inspección de Policía, la secretaría de gobierno, la tesorería, la oficina de planeación, el concejo municipal, la personería, la junta de deportes y el juzgado municipal, pudiéndose establecer que todas ellas presentan daños en paredes, techos y fachada por orificios de impactos de bala, que algunos ya han sido resanados con estuco, y que los mismos fueron causados por los disparos de arma de fuego que se percutieron durante la toma guerrillera del 25 de diciembre de 1995.

El dictamen pericial practicado por los auxiliares de la justicia designados para el efecto, en relación con el valor de los daños sufridos por la demandante, concluyó:

PRIMERA. Los daños y perjuicios ocasionados a la señora Silvia Romero Ardila y su hijo Fernando Javier Romero Romero, ascienden a la suma de cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos setenta y siete mil setecientos veintitrés pesos moneda corriente ($ 488.977.723) según el siguiente detalle:

Resumen de perjuicios materiales

Concepto
Valor
Total acumulado
Actualización de perjuicios por pérdida de la vivienda
266.042.957

Cálculo de los ingresos dejados de recibir por arrendamiento a Corposol
22.557.105

Actualización de perjuicios por pérdida de bienes muebles y enseres
184.177.661

Total daños y perjuicios por pérdida

472.777.723
Bienes e ingresos
Costos generados por pérdida de vivienda (pago de arriendo vivienda actual)

16.200.000
Total acumulado de daños y perjuicios a junio 30 de 1999

488.977.723

Para determinar el valor del inmueble, los expertos tomaron como base el avalúo realizado el 21 de febrero de 1996 por la oficina de planeación y el Alcalde Municipal de Une (fl. 2) y lo actualizaron a 30 de junio de 1999, con base en el índice de precios al consumidor; mientras que para estimar el monto de los perjuicios por la pérdida bienes muebles y enseres la pericia se fundamentó en la autoestimación que hizo la demandante por tal concepto, que figura como anexo de la demanda (fls. 9 a 11), sin discriminar cuáles fueron los daños sufridos por los mismos (cdno. 5).

Ahora bien, a efectos de demostrar la propiedad sobre la vivienda afectada durante el ataque terrorista, se aportó con la demanda copia autenticada del trabajo de partición dentro de la sucesión intestada de los señores María Inés Ardila de Romero y Aquilino Romero Romero, dentro del cual se adjudicó a la señora Silvia Romero Ardila “la casa de habitación junto con el lote donde se encuentra construida, ubicada en el perímetro urbano del municipio de Une de dos plantas, construida en paredes de ladrillo, piedra y adobe, techada con teja de barro, carrera 4ª Nos. 3-31/37/39/41 de la actual nomenclatura...” (fl. 30), auto aprobatorio de la partición de bienes (fl. 279), escritura pública Nº 720 de 17 de mayo de 1994 por medio de la cual se protocolizó el expediente en la Notaría Única del Círculo de Cáqueza (fl. 13) y folio de matrícula inmobiliaria 1520045479 con la correspondiente inscripción de la sentencia de adjudicación (fl. 38).

A pesar de que en la hijuela correspondiente a la demandante se anunció asignar tanto la casa como el lote de terreno sobre el que se halla construida, lo cierto es que, de conformidad con el folio de matrícula inmobiliaria 1520045479 el señor Aquilino Romero R., adquirió mediante escritura pública 747 de 14 de septiembre de 1947 las mejoras existentes sobre el lote de terreno; en consecuencia, ha de entenderse que la señora Silvia Romero Ardila ostenta el derecho de dominio únicamente sobre las mejoras mas no sobre el terreno en el que se encontraban construidas.

Lo anterior es prueba suficiente para determinar, en relación con la destrucción de la edificación ubicada en la carrera 4ª Nº 31 a 41 de la localidad de Une, la existencia del daño y su individualización en cabeza de su propietaria, la señora Silvia Romero Ardila.

2. En el sub examine, está demostrado que el 26 de diciembre de 1995 a las 00:10 horas, el municipio de Une fue objeto de una incursión subversiva por bandoleros de las FARC que destruyeron la Caja Agraria, la Alcaldía y la Estación de Policía, y que en este hecho delincuencial resultaron heridos la señora Gloria Castaño Moreno y el agente de policía Manuel Salvador Páez Valbuena, y muertos la menor Jenny Yenifer Tautaz Castaño y el uniformado Fredy Rodríguez Suárez.

Durante esta toma guerrillera, que duró por espacio de dos horas, resultó seriamente averiada la estructura de la casa de habitación de la señora Silvia Romero Ardila ubicada en la carrera 4ª Nº 3-31/41 en medio de las edificaciones en las que funcionaba la Alcaldía Municipal y la Estación de Policía.

Los municipios del oriente del departamento de Cundinamarca, de manera indiscriminada(3), estaban siendo objeto de incursiones guerrilleras por las fuerzas irregulares FARC, EPL y ELN durante el año de 1995, destruyendo edificaciones, emboscando patrullas y atacando a la población civil, situación que dio lugar a que la gobernadora del departamento, en su condición de presidente del Consejo Departamental de Seguridad, el 31 de octubre de 1995, formulara denuncia ante el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra (Suiza) en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC por los hechos violentos perpetrados en contra de los habitantes de dichos municipios y la consecuente violación del Protocolo II de Ginebra.

La angustiosa situación de zozobra que vivían los habitantes del departamento de Cundinamarca, había sido puesta en conocimiento del Ministro de la Defensa Nacional por parte del secretario de gobierno departamental, mediante comunicación de 11 de enero de 1995, en la que se solicitó, entre otras, disponer el refuerzo de personal de policía en el departamento con un número suficiente de efectivos para cubrir adecuadamente las cabeceras municipales y restablecer las estaciones que fueron desactivadas.

El presidente del Concejo Municipal de Une, mediante oficio dirigido al tribunal (fl. 169, cdno. pbas.), relató la forma en que los subversivos ingresaron al municipio la noche del 25 de diciembre de 1995 destruyendo el Comando de Policía y las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la Caja Agraria y la vivienda de la señora Silvia Romero. Manifiesta, que la Policía repelió el ataque pero que fue imposible resistirlo en tanto el grupo de guerrilleros superaba los 200 hombres, que había rumores sobre la toma guerrillera pero no se sabía con precisión cuándo se llevaría a cabo, que esta situación fue puesta en conocimiento de la Policía y del Ejército de manera verbal y que las medidas tomadas para conjurar el atentado fueron informar a la comunidad, ordenar el cierre de establecimientos abierto al público a más tardar a las 9 de la noche y prohibir el expendio de bebidas alcohólicas después de esta hora.

Los testimonios rendidos por Leopoldo Romero Cubillos (Alcalde Municipal), Carlos Alberto Carrillo Espinosa, Fabio Orlando Garay Romero, Gladis Consuelo Cerón de Romero, Rubén Darío Satizabal Parra, Jorge Orlando Romero Morales, Vladimir Díaz Murillo, Bertha Susana Cubillos Romero, Hedmar Alonso Martínez Sánchez ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Une, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo, corroboran las circunstancias que rodearon la toma guerrillera del municipio, los daños ocasionados a las edificaciones municipales y la destrucción total de la casa de habitación de la demandante, afirman que se rumoraba sobre una probable toma del municipio, que el Ejército hacía presencia de manera esporádica, que la última vez que estuvo en el municipio fue veinte días o un mes antes de la incursión subversiva y que los refuerzos de Policía y Ejército llegaron cuando el ataque ya había terminado.

La mayoría de los deponentes afirman que en la Estación de Policía había entre 5 y 6 uniformados, pero no pueden precisar con exactitud cuántos se hallaban en servicio activo la noche del ataque ni cuántos de ellos participaron en el enfrentamiento armado con las FARC.

Por petición de la parte actora se ofició a la sección de inteligencia del Departamento de Policía de Cundinamarca, a fin de que informara cuáles fueron las órdenes de operaciones militares emitidas para proteger de la acción guerrillera al municipio de Une y sus habitantes en el mes de diciembre de 1995, a lo cual se contestó:

“Ante la información sobre la inminente toma, que para la fecha del mes de diciembre del año 1995, pretendían llevar a cabo bandoleros de las FARC, se dispuso plantes tales como alertar a cada una de las unidades policiales aledañas al municipio de Une, donde se dieron instrucciones específicas a los comandantes así como de una manera especial al señor Comandante del Distrito de Cáqueza sobre las medidas a seguir, entre ellas se hacía énfasis en el despliegue de labores de inteligencia con el fin de detectar al enemigo y así lograr neutralizarlo. De la misma forma se alertó sobre el incremento de las medidas de seguridad del personal, armamento e instalaciones, recalcándoles sobre el “Plan Hamaca”, consistente en dormir fuera de las instalaciones, ubicándose en sitios estratégicos, y así poder responder ante un ataque por parte de estos delincuentes” (fl. 268, cdno. 2).

Frente a similar cuestionamiento, el Ejército Nacional manifestó que en sus archivos no aparece solicitud de protección o envío de tropas realizada por los habitantes de Une, precisando que la acción desarrollada por esa unidad no se limita a un sitio específico sino a un área general que está condicionada a circunstancias de tiempo, modo y lugar y disponibilidad operacional.

Pues bien, en la demanda se hicieron imputaciones jurídicas con cargo al título de falla en el servicio por omisión de los deberes de protección, vigilancia y seguridad de la vida de las personas y bienes de los habitantes del municipio de Une, título jurídico de imputación que, por excelencia, desencadena la obligación indemnizatoria del Estado, al amparo del cual, como ya dejó precisado, quien pretenda obtener la indemnización de los perjuicios sufridos debe demostrar, de manera clara, que el daño causado fue la consecuencia directa de la conducta activa u omisiva de la administración pública.

Ahora bien, ha sostenido la jurisprudencia que el mandato impuesto por el artículo 2º inciso 2º de la Constitución relativo a que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, no puede entenderse de manera absoluta sino que debe atender a aquello que normalmente se le puede exigir a la administración o a lo que razonablemente se espera de su actuación o intervención para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera(4).

En consecuencia, corresponde al juez elaborar el juicio de valor respecto del grado de exigencia de la prestación de los servicios que competen al Estado, teniendo en cuenta para ello: los medios de que disponían las autoridades para su cumplimiento, las circunstancias que rodearon la producción del daño y su mayor o menor nivel de previsibilidad; siendo dable resaltar que la obligación del Estado es la de utilizar todos los medios de que está provisto para cumplir con su cometido constitucional, pues si el daño se produce por su desidia en el uso de dichos medios su responsabilidad se verá comprometida y, por ende, estará obligado a resarcir el perjuicio causado.

En este sentido, la jurisprudencia de esta corporación, de manera reiterada ha sostenido que:

“En relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6º ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos”(5).

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si las entidades accionadas son responsables por los daños causados a los demandantes con ocasión de la destrucción total de la vivienda de propiedad de la señora Silvia Romero Ardila, durante la incursión guerrillera al municipio de Une el 25 de diciembre de 1995.

En efecto, la valoración conjunta del material probatorio obrante en el proceso da cuenta de la toma guerrillera de que fue objeto el municipio de Une durante la noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre de 1995, hecho delincuencial en el que resultaron muertas dos personas y gravemente averiadas las edificaciones en que funcionaba el Comando de Policía, la Alcaldía Municipal y totalmente destruida la vivienda de la señora Silvia Romero Ardila.

La falla en el servicio que la demandante endilga a las entidades accionadas se hace consistir en el hecho de que aunque en repetidas oportunidades las autoridades municipales habían solicitado a la Policía y al Ejército Nacional protección frente a la inminente toma guerrillera por las FARC al municipio, dichas autoridades hicieron caso omiso de tales peticiones y dejaron totalmente desprotegida la localidad, favoreciendo de esta manera el actuar del grupo delincuencial.

Se demostró que para el 12 de diciembre de 1995, en la Estación de Policía del municipio de Une laboraban diez (10) uniformados, sin embargo, no aparece demostrado cuántos de ellos se encontraban en servicio activo en el momento que se presentó la toma guerrillera.

Lo que sí quedó evidenciado en el expediente es que las autoridades municipales de manera verbal habían puesto en conocimiento de la fuerza pública las amenazas que se cernían sobre el municipio por los constantes rumores de que las guerrillas de las FARC pretendían tomarse, a sangre y fuego, la localidad, como de manera clara y conteste lo manifestaron el personero y el alcalde municipales.

La certeza sobre el conocimiento previo que la Policía Nacional tenía sobre la probable toma al municipio se evidencia con el contenido del oficio de 7 de marzo de 1997 remitido al tribunal por la sección de inteligencia de la Policía de Cundinamarca, del cual se infiere que, en efecto, esa institución tenía indicios de una posible toma al municipio de Une y que por ello dispuso alertar a las unidades policiales aledañas al municipio e impartió instrucciones orientadas a que se hiciera énfasis en las labores de inteligencia con el fin de detectar al enemigo y lograr neutralizarlo.

Entonces, si bien el daño por el que se reclama indemnización fue causado por el actuar, al margen de la ley, de personas ajenas a la administración, en el asunto sub examine hay lugar a predicar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte pasiva pues aunque hay evidencia de que se impartieron algunas instrucciones dirigidas a alertar sobre la posible incursión guerrillera al municipio, no demostró que se hubiere incrementado el pie de fuerza en la localidad, que hubiere diseñado e implementado estrategia alguna para la protección del municipio, o que hubiere adoptado medidas especiales de seguridad, a pesar de tener pleno conocimiento sobre la inminente toma guerrillera de que sería objeto el municipio de Une.

Por lo tanto, como el daño se produjo por la omisión del Estado en la prestación de los servicios de protección y vigilancia a su cargo, al no utilizar los medios que tenía a su alcance para repeler o atenuar el hecho dañoso, debe concluirse que éste le resulta jurídicamente imputable y, por ende, el fallo apelado en cuanto declaró su responsabilidad administrativa será confirmado.

5. Prueba del perjuicio y su indemnización.

5.1. Perjuicios morales.

En la demanda se reclamó indemnización por concepto del perjuicio moral causado a los actores por el pánico y la angustia sufridos durante el ataque subversivo, por haber estado expuestos en forma personal a afrontar el riesgo de perder su vida y por la pérdida de sus bienes materiales, pretensión que fue denegada en la primera instancia, sin embargo, como este extremo no fue objeto de apelación por la parte actora, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno sobre este punto y, en consecuencia, la sentencia apelada en este sentido permanecerá incólume.

5.2. Perjuicios materiales.

Se solicitó en la demanda el pago de indemnización por los siguientes conceptos:

5.2.1. La destrucción total de la casa de habitación de la señora Silvia Romero Ardila, pretensión que estimó en la suma de $ 151.938.776 de conformidad con el “avalúo” efectuado por la Oficina de Planeación y la Alcaldía de Une, el cual se allegó con la demanda.

Para determinar y avaluar los daños y perjuicios ocasionados con la destrucción de la edificación, se decretó y practicó un dictamen pericial, el cual no será acogido por la Sala(6) toda vez que los fundamentos de dicho experticio carecen de firmeza, precisión y claridad, y no se encuentra soportado en hechos claros y concretos que permitan concluir que la tasación de los perjuicios materiales se ajusta a la verdad y a la ley.

En efecto, los auxiliares de la justicia designados, partiendo de la certeza de la afirmación contenida en una certificación suscrita por el alcalde municipal y la jefe de planeación del municipio de Une en el sentido de que los daños sufridos por la destrucción de la vivienda ascendían a $ 151.938.776, se limitaron a actualizar dicha cantidad con el índice de precios al consumidor, sin precisar por qué es acogido dicho monto ni explicar las razones que los condujeron a aceptar como conclusión que el valor del inmueble era el señalado en la aludida certificación.

Entonces, a juicio de la Sala, como el mencionado experticio carece de soporte probatorio para hacer una coherente liquidación de perjuicios, y teniendo en cuenta que existe responsabilidad por parte del ente de imputación jurídica accionado y que el perjuicio se encuentra debidamente demostrado, se impondrá condena en abstracto para que, a través de trámite incidental, se liquide este rubro, pues en el expediente no existe la información necesaria para cuantificarlo de manera concreta.

Para efectos de la estimación del monto de la indemnización por este concepto, se designará perito avaluador que determinará el valor del inmueble destruido, teniendo en cuenta para ello su localización, uso, estado general y área del inmueble, precisándose que dicha estimación únicamente debe versar sobre la construcción mas no sobre el terreno en que se hallaba edificada, toda vez que, como se demostró en el proceso, la propiedad de la demandante únicamente recae sobre las mejoras existentes en el predio, suma que deberá ser traído a valor presente mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

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(7)

5.2.2. Los daños que se causaron a los bienes muebles con que se hallaba dotada la vivienda, pretensión que será denegada, porque en relación con los mismos no se demostró que existieran al momento del ataque guerrillero, ni las condiciones en que se hallaban, ni si éstos fueron destruidos o averiados y, a juicio ce la Sala, la cuantificación que hicieron los peritos para asignar un valor global a los mismos con base en la estimación que hizo la propia demandante, no es suficiente para acreditar la causación de perjuicio material por la destrucción de tales bienes, por lo que, fuerza es concluir la falta de prueba de la existencia del daño, en consecuencia, la sentencia apelada en este sentido será confirmada.

5.2.3. Las sumas de dinero que la señora Silvia Romero Ardila dejó de percibir por concepto de arrendamiento de una bodega y un local comercial a la Corporación de Acción Solidaria Corporsol pretensión que, como lo consideró el juzgador a quo, merece ser atendida en los términos de contrato de arrendamiento obrante en el proceso (fls. 39 a 42, cdno. pbas.), en consecuencia, se confirmará la condena impuesta en la primera instancia por concepto de lucro cesante, actualizando dicha suma a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh índice final (octubre 2010)
...............índice inicial (octubre de 1999)

Vp = $ 18'424.314.57104.36

........................................56.43

Vp = $ 34.073.391

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 14 de octubre de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

PRIMERO: Declarar administrativamente responsable a la Nación Colombiana, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional por los daños causados a la casa de habitación de Silvia Romero Ardila, situada en la carrera 4ª Nos. 3-31/37/39/41 del perímetro urbano del municipio de Une (C/marca) en hechos ocurridos el 25 de diciembre de 1995.

SEGUNDO: Condenar en abstracto, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar a la demandante Silvia Romero Ardila, a título de indemnización de los perjuicios materiales, la suma que resulte liquidada, mediante trámite incidental, por la destrucción de su vivienda, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO: Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar a la demandante Silvia Romero Ardila la suma de treinta y cuatro millones setenta y tres mil trescientos noventa y un pesos ($ 34.073.391) por concepto de lucro cesante.

CUARTO: Negar las demás pretensiones.

QUINTO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: Ejecutoriado la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Decreto 2304 de 7 de octubre de 1989, artículo 23.

(2) Ver, al respecto, Tamayo Jaramillo, Javier. La responsabilidad del Estado, edit. Temis, Santafé de Bogotá, 1997, págs. 110 a 115.

(3) Fosca: 5 de abril de 1995, Ubaque: 18 de mayo, inspección departamental de Sueva: 3 de julio, emboscada a patrulla Estación Chinauta: 4 de agosto, Quipile: 6 de agosto.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 66001233100019960309901-14443 Agrolácteos S.A. Vs. municipio de Pereira, Consejera Ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio.

(6) “A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “...aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores...”.

En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma” (sent. mar. 3/2010, exp. 47001233100019970519502-37269. Oswaldo Enrique Fernández Castillo y otros Vs. Instituto Nacional de Adecuación de Tierras —INAT, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio).

“La Sala considera que faltó claridad y objetividad en el dictamen pericial en el cual simplemente se tomó como base la información contenida en la demanda y dada personalmente por los demandantes en la visita ocular que realizaron los peritos al predio, sin hacer análisis técnicos, comerciales, ejercicios comparativos y en fin, dando razón fundada de su dicho.

No cumplió entonces el dictamen la finalidad para la cual fue solicitada por las partes y ordenada por el tribunal, y si bien quedó en firme luego de que las partes solicitaran su aclaración, el mismo como prueba que es, no condiciona al juez, sino que simplemente le sirve de fundamento para adoptar la decisión que corresponda. Ante los desatinos, inexactitudes y falta de objetividad del dictamen, la Sala no lo adoptará en forma plena para la determinación de los daños y su monto indemnizable” (sent. jun. 15/200(sic), exp. 11.614, Andrés Cuervo Casablanca y otra Vs. CAR, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros”.

(7) Vp: Valor presente a determinar

Vh: Valor histórico

Ipc (f): Índice de precios al consumidor final, es decir, el de la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Ipc (i): Índice de precios al consumidor inicial, es decir, el de diciembre de 1995.