Sentencia 1996-12680 de febrero 1º de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 05001-23-24-000-1996-1268-01 (20638)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Blanca Rocío Parra y otros

Demandado: Departamento de Antioquia

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 2ª de Descongestión con sede en Medellín, el veintiocho (28) de febrero del dos mil uno (2001), mediante la cual se decidió declarar al departamento de Antioquia administrativamente responsable de los perjuicios que padecen Blanca Rocío Parra; María Marley Morales Parra; Bibiana María Morales Parra; Luis Alberto Morales Parra, Rafael Antonio Morales R., Rosa Elena Morales L., María Flor Morales L., María Paulina Morales L., María Olga Morales L., Blanca Libia Morales, María Marleny Morales L. y María Matilde Morales L., por la muerte de Aníbal Antonio Morales ocurrida en accidente de tránsito el día 11 de enero de 1995, cuando se desplazaba en calidad de ayudante del vehículo de placas MDL 201 de propiedad del departamento de Antioquia - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, el cual era conducido por el señor Jairo de J. Serna empleado de dicha entidad.

Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, es pertinente manifestar que, de conformidad con el artículo 357 del Código Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado la providencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En el presente asunto tanto los actores como la entidad demandada formularon recurso de apelación contra la sentencia de veintiocho (28) de febrero del dos mil uno (2001), proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 2ª de Descongestión con sede en Medellín, razón por la cual el juez tendrá competencia en el sub lite para pronunciarse sin limitación alguna sobre todos los aspectos materia de la controversia.

Cuestiones previas

En el caso concreto de las pruebas aportadas en la demanda, los actores solicitaron tener como prueba el proceso disciplinario seguido contra el señor Jairo de Jesús David Serna, conductor del vehículo de propiedad de la Fábrica de Licores de Antioquia, y Germán Vanegas Tangarife (ayudante) en el cual se transportaba el señor Aníbal Antonio Morales y que cayó al vacío ocasionándole la muerte.

“En cuanto al traslado de pruebas esta Sección ha expresado que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

De no cumplirse ninguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(3):

“... El artículo 229 del mismo código dispone:

“Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

“Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

“Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

“Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

“Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente”(4) (énfasis añadido).

Como colorario de lo anterior y teniendo en cuenta que dentro del presente proceso obran las declaraciones juradas rendidas por Jairo de Jesús David Serna, Germán Vanegas y Adriana María Saldarriaga Hernández dentro del proceso disciplinario, estas no serán tenidas en cuenta en el caso sub lite, comoquiera que no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y los argumentos anteriormente expuestos.

El daño antijurídico

Vistos los medios probatorios obrantes en el proceso se encuentra acreditado el fallecimiento del señor Aníbal Antonio Morales López, conforme a lo indicado en el certificado de defunción expedido por la Notaría Única del Círculo de Amalfí (Antioquia), en el cual consta como causa principal de la muerte “SCHOCK CARDIOGÉNICO TAPONAMIENTO CARDIACO LESION CONTUSA DE HEMOTÓRAX ANTERIOR IZQUIERDO”(5); de la misma forma se estableció que el hecho jurídico de la muerte del señor Morales tiene como fuente o causa “Accidente de Tránsito”, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Necropsia correspondiente a Aníbal Antonio Morales López(6).

Del mismo modo se encuentra acreditado dentro del proceso el parentesco de los demandantes con la víctima de la siguiente manera: Blanca Rocío Parra Montaño acreditó ser su esposa, como se constata con el registro civil de matrimonio de los señores Aníbal Morales López y Blanca del Rocío Parra Montaño,(7) Rafael Antonio Morales demostró ser su padre con la partida de bautismo de Aníbal Antonio Morales López (víctima),(8) María Flor del Socorro, Rosa Elena, María Marleny, María Paulina, María Olga, Blanca Libia y María Matilde Morales López acreditaron ser hermanas de la víctima como se observa en los registros civiles de nacimientos obrantes en el proceso,(9) del mismo modo se probó que Luis Alberto, María Marley y Bibiana María Morales Parra son hijos de la víctima Aníbal Antonio Morales López,(10) así como que Yuliana Andrea y Jhon Edwin Morales Gómez demostraron ser nietos de la víctima(11). Visto lo anterior la Sala encuentra probado que los demandantes se encuentran legitimados para invocar la presente acción de Reparación Directa.

Así las cosas, acreditado el parentesco entre estos y la víctima la Sala concluye con base en las reglas de la experiencia que estos padecieron un intenso dolor por la pérdida de su esposo, hijo, padre, hermano y abuelo, por lo cual en el presente caso se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico alegado por los demandantes.

Lo probado en el proceso

En las etapas procesales pertinentes, se allegaron las siguientes pruebas:

1. Certificado de defunción expedido por la Notaría Única del Círculo de Amalfí- Antioquia, en el cual consta la muerte el día 11 de enero de 1995, del señor Aníbal Antonio Morales López. Como causa principal de la muerte: “Schock cardiogénico taponamiento cardiaco lesión contusa de hemotórax anterior izquierdo”. (fl. 13, cdno. 1)

2. Certificado individual de defunción de Aníbal Antonio Morales López, en donde se registra el 11 de enero de 1995 como fecha de la defunción y como causa de la misma se tiene: “a) Shock cardiogénico b) taponamiento cardiaco c) lesión contusa en hemotórax anterior izquierdo.” (fl. 37, cdno. 1).

3. Acta de necropsia realizada el 11 de enero de 1995 al cadáver de Aníbal Antonio Morales López, como circunstancia de la muerte consignó “accidente de tránsito” y concluyó: “Por los anteriores hallazgos conceptúo que el deceso de quien en vida respondía al nombre de Aníbal Antonio Morales Lopez, fue consecuencia natural y directa de un shock cardiogénico generado por un taponamiento cardíaco secundario a fracturas costales producidas por lesión contusa en hemitórax izquierdo, la cual tenía un efecto de naturaleza esencialmente mortal” (fls. 183-185, cdno. 1).

4. Acta de levantamiento del cadáver 002 practicada por la Inspección Municipal de Policía de Amalfi, el 11 de enero de 1995.

“... estando en dicho lugar, se observa: Dentro de una quebrada, un vehículo camión placas MDL 201 con llantas hacia arriba, carrocería y cabina dentro del agua... se observan daos cadáveres de un niño y una persona adulta” (fls. 40-44, cdno. 1).

5. Formato nacional de acta de levantamiento del cadáver de Aníbal Antonio Morales López.

“Descripción del lugar del hecho: precipicio de 51 metros de la carretera de Amalfi conduce a Medellín El vehículo y el cadáver quedaron en la quebrada...” (fl. 155, cdno. 1)

6. Informe y croquis del tránsito de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de Amalfi 93- 0196598 de enero 11 de 1995, registrado como conductor del vehículo tipo camión de placas MDL 201, el señor Jairo de Jesús Serna y propietario del mismo la Fábrica de Licores de Antioquia. En el informe se registra que el estado de la vía era bueno, que estaba seca y contaba con iluminación, además consta que el accidente dejó 2 muertos entre ellos el señor Aníbal Morales López y dos heridos: Jairo de Jesús David Serna (conductor) y Germán Vanegas Tangarife (ayudante del vehículo) (fls. 38 y 39, cdno. 1).

7. La Unidad Ochenta y Nueve de la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo Circuito de Amalfi, el 10 de noviembre de 1995, profiere medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Jairo de Jesús David Serna por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas (fls. 160-170, cdno. 1).

8. Certificación expedida por el jefe de la división de recursos humanos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, donde hizo constar que el señor Aníbal Antonio Morales López devengaba un salario de $ 242.288 (fl. 31, cdno. 1).

9. Constancia suscrita por el jefe de la sección de archivo y correspondencia de la Dirección Departamental de Tránsito de Antioquia, donde indica que el vehículo de placas OLD-849 es de propiedad de la Fábrica de Licores de Antioquia, desde el 22 de febrero de 1993 y que al citado vehículo se le asignaron las placas de protección MDL-201 (fl. 33, cdno. 1).

10. Proceso disciplinario adelantado contra el señor Jairo de Jesús David Serna, conductor del vehículo de propiedad de la Fábrica de Licores de Antioquia, y Germán Vanegas Tangarife (ayudante) en el cual se transportaba el señor Aníbal Antonio Morales y que cayó al vacío ocasionándole la muerte: (fls. 46-57, cdno. 1 y 55-157, cdno. 2).

• Decreto 0453 del 12 de febrero 1996, mediante la cual se sanciona al señor Jairo de Jesús David Serna con la destitución del cargo de conductor.

• Resolución 42150 del 29 de mayo de 1996, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación contra la Resolución 453 del 12 de febrero de 1996 (sic), se resuelve confirmar en todas sus partes dicho decreto (fls. 4 y 5, cdno. 2).

11. Testimonios de Eduardo Antonio Vélez foronda, Libardo Antonio Laverde Laverde y Beatríz Amparo Romero Parra, quienes manifestaron conocer a los miembros de la familia del señor Aníbal Antonio Morales y acerca de las relaciones familiares existentes entre ellos (fls. 175-178, cdno. 1).

La imputación

De los medios probatorios allegados al presente proceso se puede establecer sin lugar a dudas que el señor Aníbal Antonio Morales López, falleció como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 11 de enero de 1995, cuando se desplazaba en calidad de ayudante del vehículo de placas MDL 201 de propiedad del Departamento de Antioquia - Fábrica de Licores y Alcoholes; como se observa en el informe y croquis del tránsito suscrito por la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de Amalfi 93-0196598 de enero 11 de 1995, en donde se registra como conductor del vehículo tipo camión de placas MDL 201, el señor Jairo de Jesús Serna y propietario del mismo la Fábrica de Licores de Antioquia(12).

Por estos hechos fue investigado penalmente el señor Jairo de Jesús David Serna por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas por La Unidad Ochenta y Nueve de la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo Circuito de Amalfi, quien profirió el día 10 de noviembre de 1995, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Jairo de Jesús David Serna.

Al señor Jairo de Jesús David Serna, se le siguió igualmente un proceso disciplinario por estos hechos, que culminó con la destitución del cargo que desempeñaba como conductor en la Fábrica de Licores de Antioquia, decisión adoptada mediante Decreto 0453 del 12 de febrero de 1996, la cual fue confirmada mediante Resolución 42150 del 29 de mayo de 1996(13).

Así las cosas, no existe duda en el expediente, de que la causa del accidente fue la conducta imprudente del conductor señor Jairo de Jesús Serna, al precipitar el vehículo de placas MDL 201 que conducía a un abismo de aproximadamente 51 metros de profundidad, en el sitio denominado “Montañitas” del municipio de Amalfi, que para la época de ocurrencia de los hechos era de propiedad de la Fábrica de Licores de Antioquia desde el 22 de febrero de 1993, de acuerdo a lo establecido en la constancia suscrita por el jefe de la sección de archivo y correspondencia de la Dirección Departamental de Transito de Antioquia(14).

Ahora bien, expuesto lo anterior se observa que las actuaciones desplegadas por la administración en cabeza del departamento de Antioquia - Fábrica de Licores y Alcoholes se constituyen como una actividad peligrosa bajo el régimen de responsabilidad objetiva conforme se expone:

Régimen de responsabilidad objetiva

“Es preciso indicar que en cuanto a la conducción de vehículos, la Sala tiene por establecido que es una actividad peligrosa(15) y que como tal, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, toda vez que el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos(16). No obstante lo anterior, la entidad responsable puede exonerarse alegando las causales de fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero.

De otro lado, a efectos de establecer el responsable de los daños derivados de una actividad riesgosa, es preciso identificar quién ejerce la guarda material sobre la actividad o la cosa peligrosa(17). Y, en cuanto concierne al título de imputación del daño alegado por los demandantes, resulta oportuno destacar algunos apartes de la providencia del 14 de junio de 2001, Expediente 12696, en la que se puntualizó:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. “Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“... Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”(18).

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración solo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política...”(19)(20).

De esta manera, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o peligrosa, resulta adecuado estudiar el caso sub lite, desde el título objetivo del riesgo excepcional.

En el presente proceso se encuentra acreditado que el daño antijurídico padecido por los demandantes, a raíz del fallecimiento de Aníbal Antonio Morales López, se produjo como consecuencia de la actividad peligrosa desplegada por el departamento de Antioquia - Fábrica de Licores y Alcoholes, cuando este se trasladaba en un vehículo de su propiedad a altas horas de la noche, el cual era conducido por un empleado de la entidad territorial.

De lo expuesto se concluye, que el contexto fáctico en el cual tuvieron ocurrencia los hechos objeto de la demanda que aquí se examina, se encontraba inequívocamente ligado a la actividad de la administración, comoquiera que el señor Jairo de Jesús David Serna, conductor del vehículo estaba cumpliendo labores atinentes al servicio oficial y el automotor utilizado para tal efecto, así como la conducción del mismo, se encontraban bajo la guarda y custodia de la entidad demandada.

Igualmente, está demostrado que en cumplimiento de dichas funciones públicas y como consecuencia de la realización de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos automotores, resultó muerto Aníbal Antonio Morales López.

Así mismo, en relación con la afirmación realizada en el recurso de apelación, encaminada a sostener que la víctima Morales López, se encontraba en estado de embriaguez al igual que el conductor del vehículo, resulta necesario destacar que respecto de dicha circunstancia no se aportó prueba alguna al expediente; así pues, se echa de menos el respectivo resultado del examen de alcoholemia practicado al cuerpo inerte de la víctima, u otro medio de prueba que permita acreditar tal suceso.

Por consiguiente discrepa la Sala sobre lo resuelto por el a quo al considerar que en el presente caso el occiso se expuso de manera imprudente al daño, razón por la cual redujo en un 30% el valor de las condenas, comoquiera que la actividad desplegada por la víctima es de naturaleza pasiva frente a la actividad de la conducción, además los testimonios rendidos dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del señor Jairo de Jesús David Serna, los cuales fueron el sustento de la decisión de reducción adoptada por el tribunal, no pueden ser tenidos en cuenta en este proceso, como se indicó al iniciarse este estudio.

Así las cosas, la Sala reconocerá a favor de los demandantes el valor total de los perjuicios padecidos con ocasión de la muerte del señor Aníbal Antonio Morales López.

En relación con los demandantes, Yuliana Andrea y Jhon Edwin Morales Gómez, quienes acreditaron ser nietos del demandante la Sala procederá a realizar el respectivo reconocimiento, comoquiera que en el caso sub examine se acreditó fehacientemente la filiación entre estos y el demandante, por lo que no se observa causa justificada y objetiva para su exclusión tal como lo realizó el tribunal en primera instancia. No puede decirse lo mismo en el caso de Jhon Anderson Cano Morales, dado que la condición de nieto de la víctima no se pudo establecer, toda vez que el registro civil de nacimiento aportado al expediente, no indica quiénes son sus padres, tan solo hace constar que nació el 11 de mayo de 1990,(21) por lo tanto no se le reconocerá los perjuicios deprecados en la demanda.

Los perjuicios

Comoquiera que los perjuicios reconocidos por el a quo fueron acreditados con suficiente material probatorio dentro del proceso(22) y, además, la decisión de condena en abstracto fue debidamente sustentada ,ante la inexistencia de una prueba fundamental para tasar los perjuicios materiales como lo es el registro civil de nacimiento de la señora Blanca Rocío Parra, dado que los demandantes María Marley Morales Parra, Bibiana María Morales Parra y Luis Alberto Morales Parra hijos de la víctima Aníbal Antonio Morales, eran mayores de edad para la fecha del insuceso, no tienen derecho a este reconocimiento, por lo tanto, la Sala confirmará estos aspectos; pero modificará la sentencia del tribunal en cuanto la condena impuesta lo fue en gramos de oro, para calcularla en salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues debe recordarse que de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980; para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad,(23) lo cual impone modificar en este aspecto la sentencia de primera instancia.

La equivalencia será de la siguiente forma:

Rafael Antonio Morales R. (padre): 1000 gramos = 100 smlmv

Blanca Rocío Parra (esposa): 1000 gramos = 100 smlmv

María Marley Morales Parra (hija): 1000 gramos = 100 smlmv

Bibiana María Morales Parra (hija): 1000 gramos = 100 smlmv

Luis Alberto Morales Parra (hijo): 1000 gramos = 100 smlmv

Rosa Elena Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

María Flor Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

María Paulina Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

María Olga Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

Blanca Libia Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

María Marleny Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

María Matilde Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

Así mismo, se modificará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, para incluir a los nietos de la víctima: Yuliana Andrea y Jhon Edwin Morales Gómez, y reconocerles por perjuicios morales la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos.

Igualmente se revocará el numeral tercero de la sentencia impugnada, para que la condena impuesta sea cancelada en un 100% por la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifíquese la sentencia apelada, esto es, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 2ª de Descongestión con sede en Medellín, el veintiocho (28) de febrero del dos mil uno (2001), la cual quedará así:

1. Declárase al departamento de Antioquia administrativamente responsable de los perjuicios que padecen Blanca Rocío Parra, María Marley Morales Parra, Bibiana María Morales Parra, Luis Alberto Morales Parra, Rafael Antonio Morales R., Rosa Elena Morales L., María Flor Morales L., María Paulina Morales L., María Olga Morales L., Blanca Libia Morales, María Marleny Morales L., María Matilde Morales L., Yuliana Andrea Morales G. y Jhon Edwin Morales G. por la muerte de Aníbal Antonio Morales ocurrida en accidente de tránsito el día 11 de enero de 1995, cuando se desplazaba en calidad de ayudante del vehículo de placas MDL 201 de propiedad del Departamento de Antioquia - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, el cual era conducido por el señor Jairo de J. Serna empleado de dicha entidad.

2. Como consecuencia de la anterior declaración condénase al Departamento de Antioquia a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a continuación, todas ellas expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Rafael Antonio Morales R. (padre) 100 smlmv

Blanca Rocío Parra (esposa): 100 smlmv

María Marley Morales Parra (hija): 100 smlmv

Bibiana María Morales Parra (hija): 100 smlmv

Luis Alberto Morales Parra (hijo): 100 smlmv

Rosa Elena Morales López (hermana): 50 smlmv

María Flor Morales López (hermana): 50 smlmv

María Paulina Morales López (hermana): 50 smlmv

María Olga Morales López (hermana): 50 smlmv

Blanca Libia Morales López (hermana): 50 smlmv

María Marley Morales López (hermana): 50 smlmv

María Matilde Morales López (hermana): 50 smlmv

Yuliana Andrea Morales Gómez (nieta): 10 smlmv

Jhon Edwin Morales Gómez (nieto): 10 smlmv

2. Revócase el numeral tercero en el sentido que todas las condenas anteriores serán canceladas en un cien por ciento (100%).

3. Confírmase los numerales cuarto, quinto y sexto de la providencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789

(3) Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898

(4) Ibídem

(5) Folio 37, cuaderno 1.

(6) Ver folios 183-185, cuaderno 1.

(7) Ver folio 21, cuaderno 1.

(8) Ver folio 14, cuaderno 1.

(9) Ver folios 21-28, cuaderno 1 y folio 14, cuaderno 1.

(10) Ver folios 15-17, cuaderno 1.

(11) Ver folios 18 y 19, cuaderno 1.

(12) Ver folios 38 y 39, cuaderno 1.

(13) Ver folios 46-57, cuaderno 1, folios 5 y 6, cuaderno 2.

(14) Ver folio 33, cuaderno 1.

(15) “...reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.

“La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de julio de 2000, Expediente 11.842.

(16) “Tanto la jurisprudencia de la Sala como la de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación civil y la doctrina, han ensayado distintos criterios para definir cuándo una actividad es peligrosa. Así, se afirma que una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de previsión o resistencia común de los seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y por lo tanto, solo puede ser establecido por el juez en atención a las circunstancias particulares del caso concreto”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el diez de agosto de 2000, Expediente 13.816.

(17) “En este supuesto, todos los sujetos asumen el carácter de guardianes, ejercitando el poder de gobierno y dirección de la cosa o sirviéndose de ella en conjunto. La pluralidad de guardianes puede presentarse de diferente modo; es factible que existan dos guardianes que de manera compartida se sirvan de la cosa y la tengan a su cuidado, ejercitando sobre ella el poder autónomo de gobierno, control y dirección; así, por ejemplo, cuando dos personas reciben un inmueble en comodato, actúan de manera conjunta como guardianes pues se sirven de ella y la tienen a su cuidado.

“En otras oportunidades, en cambio, la pluralidad de guardianes puede presentarse de distinta manera, pues es uno de los sujetos el que se sirve de la cosa, aunque sin tener circunstancialmente sobre la cosa un poder de hecho autónomo que se traduzca en aquellas facultades de dirección, control y cuidado, y otro, distinto de aquel, es quien tiene estas prerrogativas aunque sin servirse de la cosa. Tal lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto del contrato de depósito, al que hemos hecho referencia en el punto anterior.” Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por el Riesgo o Vicio de la Cosa”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, página 405.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

(19) Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, Expediente 10024.

(20) Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 23 de junio de 2010, Radicado 19007. Consejero ponente: Enrique Gil Botero.

(21) Ver folio 20, cuaderno 1.

(22) Registros civiles (fls. 14-27, cdno. 1) y los testimonios rendidos dentro del proceso (fls. 175-178, cdno. 1).

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001. Expediente 13.232-15.646. Magistrado ponente: Alier Eduardo Hernández Henríquez.

Aclaración de voto

Aunque compartí la decisión adoptada en sentencia de 1º de febrero de 2012, me permito aclarar voto en cuanto al siguiente aspecto: necesidad de determinar la real equivalencia de las condenas expresadas en gramos oro para actualizarlas en salarios mínimos mensuales legales vigentes para la tasación de los perjuicios morales.

Necesidad de determinar la real equivalencia de las condenas expresadas en gramos oro para actualizarlas en salarios mínimos mensuales legales vigentes para la tasación de los perjuicios morales.

Previo a abordar el problema jurídico planteado procedo a elaborar un ejercicio, el cual demostrará cómo no existe una equivalencia en la condena impuesta por el a quo en gramos oro respecto de la actualización realizada en salarios mínimos mensuales legales vigentes por la Sala, sobre la cual disiento.

En efecto, en la parte considerativa de la providencia que (sic),

“(…)

La equivalencia será de la siguiente forma:

Rafael Antonio Morales R. (padre): 1000 gramos = 100 smlmv

Blanca Rocío Parra (esposa): 1000 gramos = 100 smlmv

(…)

Rosa Elena Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

María Flor Morales López (hermana): 500 gramos = 50 smlmv

(…)”.

Se observa claramente que mediante el uso de ese mecanismo de “actualización” se afirma erróneamente, por ejemplo, que 1000 gramos oro para la fecha de la sentencia proferida por el a quo (feb. 28/2001) equivalen a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2012. Veamos:

El valor de un gramo de oro el 28 de febrero de 2001 era de $ 18.452,48. Así, mil gramos de oro costaban $ 18.452.480, valor sobre el cual aplicando la fórmula tradicionalmente utilizada por esta corporación, según la cual la renta actualizada se obtiene multiplicando la renta histórica por el índice de precios al consumidor vigente en el mes anterior a la fecha final, dividido entre el índice de precios al consumidor correspondiente al mes en que se calculó la renta histórica, da como resultado la suma $ 31.788.104. En contraste, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes representan hoy en moneda corriente la suma de $ 56.670.000.

De entrada, se advierte

La Sala, en pronunciamiento del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232 y 15646 (acumulados) consideró que en cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, es clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que hace no solo innecesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal para decidir aspectos relativos a la valoración del daño moral, por lo cual consideró que debía abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal y por razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justificó la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, y decidió fijar, entonces, el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de esta sentencia corresponde a veintiocho millones seiscientos mil pesos ($ 28.600.000), cantidad que servirá de directriz a los jueces y tribunales de la misma jurisdicción. Con fundamento en lo anterior, considera esta Sala que existen elementos suficientes para condenar al Instituto Nacional de Vías, a pagar por ese concepto, a la señora Belén González, en su condición de madre de la víctima, la suma de dinero equivalente, en la fecha de esta sentencia a cien salarios mínimos legales mensuales, y a cada uno de los demás demandantes —abuela y hermanos del fallecido—, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales”.

Nótese, que con este razonamiento la Sala perseguía adoptar criterios propios para la tasación del perjuicio moral, que obedecieran a los dispuesto por el Código Contencioso Administrativo, fundamentándose así, en lo dispuesto por el artículo 178 ibídem, según el cual las condenas que se resuelvan mediante sentencias de lo contencioso administrativo deberán efectuarse en sumas liquidas y en moneda legal colombiana, en razón a ello se acogió el reconocimiento de la indemnización por perjuicio moral en salarios mínimos vigentes al momento de la sentencia condenatoria, criterio que solo sería aplicable a situaciones expuestas a la decisión de los jueces con posterioridad a la fecha de su adopción.

Ahora bien, el mismo artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, contempló que los ajustes de las condenas impuestas por el contencioso solo podrían determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, por lo cual la Sala, teniendo en cuenta que la condena impuesta por perjuicios morales a favor de las demandantes (sic).

En este sentido dejo presentada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.