Sentencia 1996-12733 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 25000-23-26-000-1996-12733-01 (25685)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Naturaleza: Acción de reparación directa

Actor: Luis Eduardo Montoya Medina

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y otros.

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

1. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia(3):

— El señor Roberto Lobelo Villamizar, por Resolución 1 de 1º de julio de 1992, fue designado “en el cargo de Fiscal Nacional - Grado 30, en la Unidad Nacional de Fiscalía ante la Corte, con sede en la ciudad de Bogotá, D.C.” (fls. 170-171, cdno. 2).

— El jefe de la sección de nómina y registro de la Procuraduría General de la Nación certificó que el señor Luis Eduardo Montoya Medina “desempeñó el cargo de viceprocurador general de la Nación, en el periodo de junio 20 de 1996 a agosto 4 de 1996” (fl. 30, cdno. 2).

— El Presidente de la República, mediante actas 569 y 657 de 3 de mayo y 21 de agosto de 1996, posesionó al señor Luis Eduardo Montoya Medina como Procurador General de la Nación - Encargado (fls. 25-28, 33 cdno. 2).

El secretario general del Senado de la República certificó que “no existe acto administrativo sobre el nombramiento del doctor Luis Eduardo Montoya Medina, como Procurador General de la Nación, entre los días 6 de junio y 3 de agosto de 1996” (fl. 42, cdno. 2).

— El Fiscal General de la Nación, señor Alfonso Valdivieso Sarmiento, mediante auto de 3 de mayo de 1996, comisionó al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Roberto Lobelo Villamizar para que adelante la investigación previa en el radicado 2587, imputados Orlando Enrique Vásquez Velásquez y Luis Eduardo Montoya Medina y, en caso de producirse una resolución de apertura de instrucción, impulse esta etapa, reservándose para sí la calificación y la facultad de reasumir la actuación cuando lo considere conveniente:

2. Comisiónase al despacho del señor fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Roberto Lobelo Villamizar para que, de ser necesario, adelante la investigación previa en el asunto de la referencia, practique las pruebas a que haya lugar, por sí o a través de comisión y, según el caso, profiera resolución inhibitoria o de apertura de instrucción.

3. Comisiónase al despacho del señor fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Roberto Lobelo Villamizar para que, de producirse resolución de apertura de instrucción en el asunto de la referencia, adelante la totalidad de las actuaciones relacionadas con la instrucción, comisionando si es necesario para la práctica de pruebas, profiriendo las decisiones interlocutorias a que haya lugar y la de clausura de la investigación.

4. Clausurada la investigación y surtidos los traslados correspondientes, el proceso entrará al despacho del Fiscal General de la Nación para efectos de su calificación.

5. Este despacho reasumirá la actuación cuando lo considere conveniente y en caso de estimar que existe mérito para proferir resolución de preclusión de la investigación antes de la calificación del mérito sumarial (fls. 2-3, cdno. 2; 341-342, cdno. 5; 1-2, cdno. 6).

— El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Roberto Lobelo Villamizar, mediante providencia de 6 de junio de 1996, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al señor Luis Eduardo Montoya Medina, como presunto responsable de los delitos de falsedad de empleado oficial en documento público en calidad de autor y de los de falso testimonio, falsedad de particular en documento público y fraude procesal, a título de determinador, los cuales concurren entre sí (fls. 10-24, cdno. 5; 22-36, cdno. 6). Esta decisión fue objeto de recurso de reposición, resuelto, de forma desfavorable para el actor, a través del auto de 25 de junio de 1996 (fls. 30-40, 591-605, cdno. 5; 227-237, cdno. 6).

— El Senado de la República, mediante acta de plenaria 51 de la sesión ordinaria del 19 de junio de 1996, atendiendo lo pedido por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Roberto Lobelo Salazar, “decidió suspender de su cargo como Procurador General de la Nación - encargado, al doctor Luis Eduardo Montoya Medina” (fls. 40-41, 43-56, 58-90, cdno. 2).

— La Universidad Nacional, por Resolución 521 de 20 de junio de 1996, suspendió al señor Luis Eduardo Montoya Medina del cargo de profesor asociado de medio tiempo, para permitir la ejecución de la medida decretada por la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia (fls. 729-730, cdno. 5; 161-162, cdno. 6).

— El señor Montoya Medina presentó una acción de tutela para que se suspenda la aplicación de la medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue denegada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, el 21 de junio de 1996 (fls. 783-787, cdno. 5; 216-220, cdno. 6).

— El fiscal delegado Roberto Lobelo Villamizar, por providencia de 28 de junio de 1996, denegó la solicitud formulada por el también procesado Orlando Enrique Vásquez Velásquez, tendiente a que se remitan, por competencia, las diligencias al despacho del señor Fiscal General de la Nación, porque este funcionario puede comisionar la práctica de todas las actuaciones distintas a la calificación y las subsecuentes de acusación o no acusación.

La comisión del Fiscal General y la subsiguiente actuación de esta delegada se han hecho con estricto seguimiento de la pauta trazada por la honorable Corte Constitucional en la sentencia de exequibilidad del artículo 23 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, salvo el aspecto relacionado con la delegación de la funciones especiales de que trata el numeral 1º del artículo 251 de la Carta.

En dicho fallo, la Corte, siguiendo precedentes jurisprudenciales de la misma corporación, delimitó precisamente las actuaciones para las cuales el fiscal “puede comisionar en cada caso o negocio concreto para el ejercicio de alguna de ellas”, incluyendo dentro de ellas la asistencia del comisionado a la respectiva audiencia pública, lo cual hizo reiterando la pauta trazada en anteriores decisiones de exequibilidad (véase Sent. C-472, oct. 20/94), así como en decisión de tutela sobre caso similar al que nos ocupa, en el cual, al confirmar la decisión del Consejo de Estado que negó la tutela impetrada , expresó sin embarges(sic):

“Como se dijo, la declaración de inexequibilidad no se hizo en forma absoluta. Por el contrario, al hacerla se hizo una salvedad expresa, así:

No obstante, se advierte que el Fiscal General de la Nación podrá comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las actuaciones procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de formular acusación o de abstenerse de hacerlo.

Lo anterior es de una claridad innegable: El Fiscal General de la Nación únicamente tiene que asumir personalmente tres actuaciones dentro del proceso: la calificación de la investigación, la resolución acusatoria y la que se abstiene de acusar. Estos son los únicos tres actos para los cuales no es admisible la comisión a los fiscales delegados. Todo lo demás puede ser objeto de comisión”. Sentencia T-348 de 1995 (fls. 41-43, 827-829, cdno. 5; 261-263, cdno. 6).

— La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión de 18 de julio de 1996, admitió la solicitud del señor Luis Eduardo Montoya Medina de control de legalidad de la medida de aseguramiento (fls. 23-24, cdno. 6).

— El Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogotá, D.C., mediante providencia de 3 de agosto de 1996, declaró, con fundamento en lo señalado en la providencia de 25 de julio de 1996 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que (i) “la privación de la libertad del doctor Luis Eduardo Montoya Medina, Procurador General de la Nación - encargado, se produjo y se ha prolongado con violación de garantías constitucionales y legales” y (ii) “procede el amparo del hábeas corpus”:

La honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con ponencia del señor magistrado doctor Dídimo Páez Velandia, el 25 de julio último resolvió un control de legalidad de la medida de aseguramiento de caución prendaria dentro del proceso seguido en contra de Luis Fernando Anzola Pinto, exgobernador del departamento del Vichada. El fundamento central de la solicitud de control de legalidad y el tema que trató la Corte, es exactamente el mismo que ocupa la atención del juzgado: el exgobernador gozaba de fuero constitucional previsto por la misma norma que se otorga al Procurador General de la Nación, pero a pesar de ello la investigación fue adelantada por una fiscal de la unidad nacional delegada ante la Corte Suprema de Justicia y esa misma funcionaria fue quien impuso la medida de aseguramiento de caución prendaria.

La Sala Penal de la Corte, a través de esa providencia, declaró la nulidad de la medida de aseguramiento, porque estimó que la funcionaria que la dictó no tenía competencia; es decir, porque el único que puede tomar esa clase de determinaciones en estos casos, es el señor Fiscal General de la Nación.

(...) En el caso del Procurador General de la Nación, cargo que, como se ha dicho, desempeñaba el doctor Montoya Medina desde antes de iniciarse la investigación penal hasta cuando se le privó de la libertad y del cual no ha sido definitivamente desvinculado, pues simplemente se le suspendió en el ejercicio del mismo para ejecutar la medida privativa de la libertad, el artículo 235.4 de la Carta Política prevé el fuero constitucional, al señalar que sólo podrá ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.

(...) Si de atenderse al mandato constitucional se trata, como corresponde hacerlo, no surge duda acerca de que la competencia para iniciar la instrucción, adelantarla, resolver situación jurídica, clausurar la investigación, calificar el sumario y formular la acusación, es exclusiva del señor Fiscal General de la Nación, por lo que no le es permitido comisionar, ni mucho menos delegar esas funciones, principalmente para la toma de decisiones que obedezcan a declaraciones jurisdiccionales, tales como: la apertura de instrucción, la resolución de la situación jurídica del sindicado titular del fuero y la calificación del sumario, entre otros funcionarios, porque con ello se desconocen la garantía que constituye el fuero constitucional y otras reglas del debido proceso que también son derechos fundamentales, como el principio del juez natural.

(...) En esas condiciones, queda establecido que si el doctor Montoya se desempeñaba como Procurador General de la Nación, contaba con fuero constitucional para la investigación y el juzgamiento en su contra, lo cual equivale a que sólo y, únicamente, el señor Fiscal General de la Nación era el funcionario competente para poner en dinámica la jurisdicción, a través de la resolución de apertura de instrucción y sólo él era quien podía resolver la situación jurídica de aquél bien absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento, ya decretándola; por consiguiente, como quien dictó la resolución de apertura de instrucción e impuso la medida de aseguramiento de detención domiciliaria era y sigue siendo un funcionario que carecía de competencia constitucional y legal para hacerlo, conclúyese que se incurre en violación de las garantías constitucionales previstas por los artículos 28, 29 y 251.1 de la Constitución Política, en cuanto a la orden de privación de la libertad no se produjo “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente” (art. 28), pues se desconoció el principio de juez natural (art. 29).

Estas son garantías constitucionales que de ser desconocidas, como sucedió en el caso del doctor Montoya, la consecuente privación de libertad, al igual que la prolongación de la misma, se producen inconstitucional e ilegalmente y eso es lo que se pretende impedir con la actuación pública del hábeas corpus prevista por el artículo 30 de la Carta y las normas del Código de Procedimiento Penal que la desarrollan.

(...) En consecuencia, se declarará que el doctor Montoya Ocampo se encuentra ilegalmente detenido y se dispondrá su inmediata libertad, decisión que se le comunicará mediante oficio, lo mismo que a la Unidad Nacional de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y al Inpec (fls. 151-168, cdno. 3; 87-103, 318-334, cdno. 5).

— El Fiscal General de la Nación, mediante providencia de 12 de septiembre de 1996, decretó de oficio la nulidad del proceso desde la resolución de apertura de instrucción, por incompetencia del funcionario que la profirió, para atender la posición jurisprudencial adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y garantizar el debido proceso:

Para la Fiscalía sigue siendo claro que las comisiones que el Fiscal General de la Nación ha conferido a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en los procesos que se adelantan respecto de funcionarios amparados por fuero tienen pleno respaldo jurídico, con arreglo a la parte resolutiva de la Sentencia C-472 de 20 de octubre de 1994 proferida por la Corte Constitucional, la cual se explica por sí sola y además en sus precisos alcances ha sido varias veces interpretada por la misma Corte en fallos de tutela, en el mismo sentido que lo ha hecho el Fiscal General, bajo el entendido adicional e indiscutido de que la parte resolutiva de los fallos que aquella profiere en el ejercicio de las funciones de control de constitucionalidad de las leyes es obligatoria para todos.

Sin embargo, no puede el fiscal desconocer recientes pronunciamientos de la Sala Plena de la Corte en los que por vía del control de legalidad de algunas medidas de aseguramiento impuestas por los fiscales delegados en desarrollo de las comisiones por este despacho conferidas, ha optado por interpretar aquella parte resolutiva de otra manera, bien como un agregado inocuo de la sentencia, ora otorgándole un alcance limitado a la facultad del fiscal para comisionar a los fiscales delegados.

De otro lado, los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte, aunque limitados en sus efectos al caso concreto, obligan al fiscal a revisar sus actuaciones porque se trata de una doctrina jurisprudencial de amplios alcances, elaborada por la corporación a la que corresponde en única instancia la decisión sobre la legalidad de los procesos que se adelanten en relación con funcionarios aforados, bien por la vía del control de la medida de aseguramiento, bien por el control que ejerce en la etapa del juicio cuando se formule acusación. Absurdo sería que, conocida por el fiscal la doctrina de la Sala Penal de la Corte persistiese aquel en su posición, así la considere correcta y continúe adelantando el proceso, con la seguridad de una futura anulación por la Corte de la medida de aseguramiento si se suscita control de legalidad o de todo el proceso, en el evento de que se produjese acusación.

Como se trata de adelantar los procesos con estricto apego a la legalidad y esta depende, en el punto concreto, de la definición que la Sala Penal de la Corte ha adoptado en relación con los alcances de la facultad de comisionar a los fiscales delegados ante esa corporación, la conferida en este es insuficiente desde su inicio y ello determina la nulidad de la actuación, que debe ser declarada oficiosamente desde la resolución de apertura de la instrucción, por incompetencia del funcionario que la profirió. La nulidad que se decreta no afecta las pruebas válidamente practicadas (fls. 232-233, cdno. 5; 106-107, cdno. 6).

— La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2002, condenó al señor Luis Eduardo Montoya Medina a las penas principales de 26 meses de prisión y 6 meses de interdicción de derechos y funciones públicas, como determinador de los delitos de fraude procesal cometidos en concurso homogéneo sucesivo y en calidad del cómplice de soborno y abuso de función pública. Lo anterior, porque se encontró que participó en el complot fabricado por el ex Procurador General de la Nación Orlando Enrique Vásquez Velásquez para perjudicar al Fiscal General de la Nación Alfonso Valdivieso Sarmiento, con un proceso disciplinario.

Las actuaciones que dieron origen a esa pena, se podrían enmarcar así: (i) proceso penal que, en principio, conoció la Corte Suprema de Justicia, luego la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Orlando Enrique Vásquez Velásquez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito; (ii) proceso disciplinario seguido por la Procuraduría General de la Nación contra los doctores Alfonso Valdivieso Sarmiento y Manuel Francisco Becerra Barney por la presunta celebración irregular de unos contratos de comodato con el señor Colin Crawford y (iii) proceso disciplinario adelantado por la Corte Suprema de Justicia contra el señor Vásquez Velásquez, en su condición de Procurador General de la Nación, que culminó con la destitución del cargo y con la orden de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.

Y los hechos considerados, fueron los siguientes:

Valorado en conjunto los hechos determinados anteriormente atendiendo a las reglas de la sana crítica, la Sala concluye que los doctores Vásquez Velásquez y Montoya Medina en acuerdo con los señores Parra Pinilla, Argumero Montoya, Vargas Navarro y Cabanzo Frade con el propósito de impedir que el entonces fiscal Valdivieso Sarmiento conociera del proceso que la Corte adelantaba contra el doctor Vásquez Velásquez y que se sabía sería enviado a él por competencia, presentaron en su contra queja en la misma procuraduría por presuntas irregularidades en la celebración de los contratos de comodato suscritos por él cuando era Ministro de Educación con la asociación “Nueva Vida” e incoaron el 26 de enero de 1996 la demanda de pérdida de investidura contra el parlamentario por supuestas inhabilidades e incompatibilidades para contratar con esa cartera.

Pero, como la Sala Plena de la Corte de Suprema de Justicia abrió investigación disciplinaria contra el procurador Vásquez Velásquez, con base en la queja instaurada por el director nacional del CTl, doctor Hernán Gonzalo Jiménez Barrero, a consecuencia de los resultados obtenidos de las diligencias de verificación de la información que daba cuenta del montaje, fue rediseñado el camino criminal en la reunión del 1º de marzo de 1996. Allí se acordó denunciar falsamente amenazas y presiones contra Parra Pinilla por parte del doctor Jiménez y los investigadores, como la causa de la negación de la firma y la huella de la queja, hecha en la Corte el 19 de febrero de 1996 ente el procurador delegado para la policía judicial y policía administrativa, quien había ordenado diligencias preliminares contra el doctor Jiménez con base en las copias consultadas del disciplinario cursado contra el doctor Valdivieso, la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia con el notorio propósito de obtener decisiones ilegales, tales como la exoneración del Procurador en el disciplinario y la condena del doctor Jiménez Barrero.

Para darle visos de seriedad a las declaraciones falsas y asegurar y retribuir el proceder de los testigos, el procurador apoyado en el programa de seguridad de víctimas, testigos y funcionarios de la procuraduría, asignó un vehículo y un conductor de esa entidad, vinculó como empleados de la procuraduría a Rodolfo Vargas Navarro y al hijo de Argumero Montoya, Harold y con el viceprocurador solicitaron a los directivos del DAS la protección de Parra Pinilla (fls. 396-457, cdno. ppal.).

— La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 15 de octubre de 2002, negó la libertad provisional del señor Luis Eduardo Montoya Medina, no concedió reducción de pena por trabajo, estudio o enseñanza, ni suspendió la ejecución de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas. En cuanto al tiempo en que estuvo privado de la libertad el antes nombrado y las razones que impidieron su libertad provisional, se dijo:

En cuanto al tiempo que el doctor Montoya Medina permaneció privado de la libertad durante el proceso, se constató que fue por tres periodos: El primero, por 39 días, comprendidos entre el 25 de junio de 1996 hasta el 3 de agosto del mismo año, el segundo por 3 meses y 16 días, del 1º de julio al 17 de octubre de 1997, según resolución de esa fecha, mediante la cual el vicefiscal general de la Nación le concedió la libertad provisional por vencimiento de términos sin calificar el proceso; y el tercero por 11 meses y 7 días, del 23 de agosto de 2000 al 31 de julio de 2001. La suma de estas fracciones arroja un total de 16 meses y 2 días, el cual es superior a las tres quintas partes de la pena impuesta que corresponden a 15.6 meses.

No obstante lo anterior, el elemento subjetivo traducido en que con base en la buena conducta del condenado en el establecimiento carcelario, el funcionario judicial deduzca motivadamente que el condenado no necesita ejecutar totalmente la pena, no lo puede verificar cabalmente la Sala debido a que las solicitudes de libertad no fueron acompañadas con la resolución favorable del consejo de disciplina o, en su defecto, del director del establecimiento carcelario y copia de la cartilla biográfica de la cárcel en donde permaneció privado de la libertad, tal como lo exige el artículo 480 del Código de Procedimiento Penal (fls. 501-508, cdno. ppal.).

— La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 13 de abril de 2005, declaró extinguida la pena privativa de la libertad impuesta al señor Luis Eduardo Montoya Medina y ordenó su liberación definitiva, porque en “auto del 12 de noviembre de 2000, la Sala reconoció que el doctor Montoya había purgado de la pena 16 meses y 2 días, determinándole como periodo de prueba lo que le restaba de ella, esto es, 9 meses y 28 días, lapso que hasta la fecha ha sido ampliamente superado, sin que se tenga noticia de la violación de cualquiera de las obligaciones. Así entonces, es un imperativo legal declarar la extinción de la condena, convirtiéndose la libertad en definitiva acorde con las estipulaciones hechas por el artículo 67 del Código Penal” (fls. 514-516, cdno. ppal.).

— La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia certificó que conoció, en única instancia, el proceso seguido contra el señor Luis Eduardo Montoya Medina, el cual se identificó con el radicado 17703 y contiene el siguiente record de actuaciones:

1. La fiscalía delegada ante esta corporación, en providencia de fecha 6 de junio de 1996, resolvió situación jurídica, entre otras determinaciones, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al doctor Luis Eduardo Montoya Medina como presunto responsable de los delitos de falsedad de empleado oficial en documento público en calidad de autor y de los de falso testimonio, falsedad de particular en documento público y fraude procesal, a título de determinador. Asimismo, declaró que no reunía las condiciones para acceder al beneficio de libertad provisional.

2. Mediante decisión adiada 21 de junio de 1996, el mismo ente acusador, dispuso sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria al doctor Montoya Medina, previo el pago de caución prendaria, señalando como plazo hasta el 25 de junio de 1996.

Ha de indicarse que el 25 de junio de 1996, al no reponerse la anterior motivación, el doctor Montoya suscribió acta de diligencia de compromiso.

3. En pronunciamiento emitido por el Fiscal General de la Nación de fecha 12 de septiembre de 1996, se decreta la nulidad del proceso desde la resolución de apertura de instrucción por incompetencia del funcionario que la profirió, sin afectar las pruebes válidamente practicadas y revocó las medidas de seguridad adoptadas.

4. El Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá, el 3 de agosto de 1996, declaró amparo hábeas corpus a favor del doctor Luis Eduardo Montoya Medina, ordenando su libertad inmediata.

5. Con proveído emitido por el señor Fiscal General de la Nación adiado 30 de abril de 1997, se resuelve situación jurídica, decretando la detención preventiva del doctor Montoya Medina como coautor de los punibles de peculado por uso, soborno y fraude procesal. Igualmente, le niega la libertad provisional y le sustituye la detención impuesta por la detención domiciliaria.

6. El 30 de mayo de 1997, el Fiscal General de la Nación adiciona la resolución del 30 de abril de 1997, en el sentido de conceder al doctor Luis Eduardo Montoya Medina, el beneficio de detención parcial en el lugar de trabajo, concretamente como profesor de medio tiempo de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

7. El Fiscal General de la Nación en pronunciamiento de fecha 17 de octubre de 1997, concede el beneficio de libertad provisional a Luis Eduardo Montoya Medina de conformidad con el numeral 4º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, para cuyo cumplimiento suscribió acta de diligencia de compromiso en esa misma fecha.

8. El vicefiscal general de la Nación (E), el 19 de julio de 2000, profiere resolución de acusación contra el doctor Luis Eduardo Montoya Medina, en su condición de viceprocurador general de la Nación y como autor del delito de soborno, determinador de fraude procesal en concurso homogéneo, cómplice de abuso de función pública y cómplice de peculado por uso. Revoca el beneficio de libertad provisional del citado Montoya y niega la solicitud de nulidad.

9. Atendiendo el recurso de reposición, el 18 de agosto de 2000, el vicefiscal general de la Nación no repone la resolución acusatoria, sustituye la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria impuesta al procesado Montoya Medina por la detención preventiva y, en consecuencia, dispuso librar orden de captura, la cual se legaliza el 24 de agosto de 2000 y se libra boleta de detención.

10. El vicefiscal general de la Nación, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el defensor del citado Montoya contra la resolución del 18 de agosto de 2000, concede al mismo el beneficio de la detención parcial en el lugar de trabajo.

11. Asumido el conocimiento por parte de esta Sala, en providencia emitida el 26 de febrero de 2001, resuelve no conceder la libertad provisional del procesado.

12. En providencia de 30 de julio de 2001, esta colegiatura revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva del doctor Luis E. Montoya M., por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública, soborno y fraude procesal y, en consecuencia, ordenó la libertad inmediata, la cual se hizo efectiva con oficio 6566 del 31 de julio de 2001.

13. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia adiada 25 de septiembre de 2002, condena al doctor Luis Eduardo Montoya Medina (...) a las penas principales de 26 meses de prisión y 6 meses de interdicción de derechos y funciones públicas, como determinador de los delitos de fraude procesal cometidos en concurso homogéneo sucesivo y en calidad de cómplice de soborno y abuso de función pública, absolviéndolo por el delito de peculado por uso. A su vez, se le sustituye la pena de prisión carcelaria por prisión domiciliaria y se dispone tener en cuenta el tiempo que el acusado permaneció en detención preventiva.

14. En decisión emanada por esta colegiatura, el 15 de octubre de 2002, se niega la libertad provisional al condenado Montoya Medina, no se le reconoce reducción de pena por trabajo, estudio o enseñanza y tampoco suspende la ejecución de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas.

15. Con proveído de 12 de noviembre de 2002, la Sala no repone el auto de 15 de octubre de 2002, concede la libertad condicional por el tiempo que le resta de la pena impuesta. No reconoce la redención de la pena y declara que el doctor Montoya ya cumplió la pena de interdicción de derechos y funciones públicas.

16. Finalmente, la corporación mediante decisión de 13 de abril de 2005, declaró la extinción de la pena privativa de la libertad impuesta al ya mencionado y tener su liberación como definitiva (fls. 392-394, cdno. ppal.).

2. Problema jurídico.

Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad que se le endilga a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación y a los señores Alfonso Valdivieso Sarmiento y Roberto Lobelo Villamizar como consecuencia de la privación de la libertad padecida por el señor Luis Eduardo Montoya Medina, en el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 4 de agosto de 1996. Para tal efecto, deberá establecerse si esa detención, además de injusta, transgredió el derecho del debido proceso, en la medida en que fue proferida por un funcionario sin competencia —procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia—.

3. Análisis de la Sala.

Para la Sala una privación de la libertad es injusta cuando el imputado, además de que no da lugar a ella, no resulta condenado.

En efecto, la injusticia de la privación de la libertad no deriva de la antijuridicidad o de la ilicitud del proceder del aparato judicial o de sus funcionarios, sino de la consideración consistente en que la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le irroga una detención mientras se adelanta la investigación o el correspondiente juicio penal que, con posterioridad, culmina con decisión absolutoria o pronunciamiento equivalente, que deja en evidencia que el Estado que ordenó esa captura no pudo desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.

Dicha presunción, como garantía consustancial a la condición humana y de la cual, en este tipo de casos, el sindicado goza al momento de ser detenido y mantiene durante todo el tiempo por el cual se prolonga su privación de la libertad, puede mantenerse incólume, en la medida en que nunca puede ser desvirtuada por el Estado, cuando se pone término al procedimiento penal, situación que obliga a la administración a tener al procesado como inocente para todos los efectos legales.

En otras palabras, el procesado que estuvo cautelarmente privado de su libertad y que resultó absuelto y, por tanto, no condenado —cualquiera que hubiere sido la razón para ello, debe ser tenido, para todos los efectos legales, como inocente, lo anterior por la presunción constitucional esbozada que jamás le fue desvirtuada por autoridad alguna y por lo cual no podrá registrársele anotación en sus antecedentes judiciales con ocasión al proceso penal.

En este caso, el demandante considera que la detención preventiva que padeció, desde el 25 de junio y al 4 de agosto de 1996, es injusta, lo cual no resulta ser cierto, por cuanto (i) resultó condenado y, en esa medida, quedó desvirtuada su presunción constitucional de inocencia y (ii) ese periodo de tiempo en el que estuvo cautelarmente privado de su libertad fue tenido en cuenta para efectos de la extinción de la pena que le fue impuesta.

En efecto, el señor Luis Eduardo Montoya Medina fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 26 meses de prisión y 6 meses de interdicción de derechos y funciones públicas, como determinador de los delitos de fraude procesal cometidos en concurso homogéneo sucesivo y en calidad de cómplice de soborno y abuso de función pública, el 25 de septiembre de 2002. Lo anterior, porque se encontró que participó en el complot fabricado por el Ex Procurador General de la Nación Orlando Enrique Vásquez Velásquez para perjudicar al Fiscal General de la Nación de la época, con un proceso disciplinario.

Y esa corporación, en la providencia que declaró extinguida la pena privativa de la libertad impuesta al señor Luis Eduardo Montoya Medina y ordenó su liberación definitiva —13 de abril de 2005—, tuvo en cuenta los tres periodos en los que éste estuvo detenido durante la investigación y el juicio, di saber (i) del 25 de junio al 3 de agosto de 1996; (ii) del 1º de julio al 17 de octubre de 1997 y (iii) del 23 de agosto de 2000 al 31 de julio de 2001, los cuales sumaron 16 meses y 2 días.

Lo expuesto permite inferir que el actor no estuvo, injustamente, privado de la libertad en el periodo que él enfatiza, ni en los subsiguientes.

Ahora bien, el demandante también manifiesta que la administración incurrió en una falla o yerro, pues la detención preventiva que afrontó desde el 25 de junio hasta el 4 de agosto de 1996, fue emitida por un funcionario sin competencia —procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia—, tanto así que el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogotá, D.C., le concedió el amparo de hábeas corpus por esa causa y el Fiscal General de la Nación tuvo que declarar la nulidad de todo lo actuado por su subalterno, por cuanto solo él podía asumir la investigación de un alto funcionario con fuero constitucional.

Para abordar el tema es preciso evidenciar que, para la época en que sucedieron los hechos, existían interpretaciones diferentes, por parte de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, respecto del funcionario competente para investigar y calificar la conducta de los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero constitucional.

— La Corte Constitucional, en Sentencia C-472 de 20 de octubre de 1994, al declarar inexequible la expresión “o por conducto de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia” contenida en el numeral primero del artículo 17 de la Ley 81 de 1993(4), advirtió el Fiscal General de la Nación puede comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las actuaciones procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de formular acusación o abstenerse de hacerlo.

La anterior posición, fue desarrollada y reiterada en otros pronunciamientos, como los emitidos en las sentencias T-348 de 9 de agosto de 1995 y C-037 de 5 de febrero de 1996 —Revisión constitucional del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”—, en los que se puntualizó:

— Lo anterior es de una claridad innegable: el Fiscal General de la Nación únicamente tiene que asumir personalmente tres actuaciones dentro del proceso: la calificación de la investigación, la resolución acusatoria y la que se abstiene de acusar. Estos son los únicos tres actos para los cuales no es admisible la comisión a los fiscales delegados. Todo lo demás puede ser objeto de comisión.

Como se ve, la regla general es la posibilidad de comisionar; y las excepciones son los tres actos descritos.

Sostener que solamente puede el Fiscal General comisionar a los fiscales delegados para la práctica de pruebas, es desconocer el texto de la sentencia que se analiza. Pues tal facultad de todas maneras la tenía, y la salvedad, así entendida, habría carecido de objeto.

Tampoco es acertado sostener que al comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General se despojó de la función que le asigna la Constitución y la trasladó a tales funcionarios. Por el contrario: en la Resolución 0-2482 de noviembre 8 de 1994, se dice que la actuación de los comisionados se cumplirá “bajo la dirección y vigilancia” del Fiscal General.

Y si se sostiene que tal comisión, por su carácter general en lo relativo a los procesos que se adelanten contra una determinada clase de funcionarios, es un acto administrativo, la competencia para decidir si se ajusta o no a la ley y a la Constitución, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, mientras ésta no determine lo contrario, la resolución del Fiscal General está amparada por la presunción de legalidad.

— En cuanto a la facultad de delegar la atribución de investigar y acusar a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones que establezca la Carta Política, esta Corte estableció, en jurisprudencia que hoy se reitera, lo siguiente (...).

De lo anterior, se puede inferir que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, mediante comisión, podían adelantar la etapa instructiva de un proceso, excepto la calificación y la formulación o no de la acusación, por cuanto estas actuaciones sólo le correspondían al Fiscal General de la Nación.

Con fundamento en esta posición jurisprudencial, el Fiscal General de la Nación, mediante auto de 3 de mayo de 1996, comisionó al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, señor Roberto Lobelo Villamizar, para que adelantara la investigación previa en el radicado 2587, imputados Orlando Enrique Vásquez Velásquez y Luis Eduardo Montoya Medina y, en caso de producirse una resolución de apertura de instrucción, impulsara esa etapa, conservando para sí la calificación y la posibilidad de reasumir “la actuación cuando lo considere conveniente”.

Y el fiscal delegado Roberto Lobelo Villamizar, por providencia de 28 de junio de 1996, denegó la solicitud formulada por el también procesado Orlando Enrique Vásquez Velásquez, tendiente a que se remitan, por competencia, las diligencias al despacho del señor Fiscal General de la Nación.

— La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, inicialmente, consideró que el Fiscal General de la Nación sí podía delegar en la unidad de fiscales que actúa ante esa corporación la investigación, calificación y acusación y que ello no daba lugar a violación alguna que desnaturalice el fuero constitucional que ostentan algunos funcionarios —pronunciamiento de 14 de diciembre de 1992, excepción de inconstitucionalidad de la Resolución 99 de ese año—.

Más de tres años después, la corporación cambió de dirección y precisó que las funciones de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con la excepciones previstas en la Constitución, revisten el carácter de indelegable y, por tanto, solo el Fiscal General de la Nación puede asumirlas —providencia de 25 de julio de 1996—.

Esta posición jurisprudencial fue mantenida y mostrada como similar a la de la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

— 2. La Sala consideró en la decisión aludida, de 8 de marzo de 2007, lo siguiente:

“AI respecto, la Corte Suprema no ha sido ajena al tema y en diversos pronunciamientos ha señalado que las funciones de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución, revisten el carácter de indelegables y, por tanto, solo el Fiscal General de la Nación puede asumirlas y ejecutarlas. Al efecto, pertinente resulta mencionar, entre otros, los autos del 25 de julio de 1996 (rad. 11739) y del 7 de mayo de 1997 (rad. 11595).

“En ese orden de ideas, sin perjuicio de la facultad del Fiscal General de la Nación de comisionar para la realización de ciertos actos, como el recaudo de evidencia, la práctica de las pruebas en el juicio, o las intervenciones en las audiencias que no impliquen disposición de la acción penal o requieran su directa intervención, actuaciones tales como la solicitud de formulación de imputación (art. 286), la captura sin orden judicial (art. 300), la solicitud de imposición de medida de aseguramiento (art. 306), las medidas de registro, allanamiento e interceptación de comunicaciones (art. 250-2), la solicitud de preclusión (art. 331), la petición de absolución perentorial (art. 442), la aplicación del principio de oportunidad (art. 321 ss.), la celebración de acuerdos y preacuerdos (art. 348 ss.), la solicitud de condena o absolución en la intervención final del juicio (arts. 443 y 448), debe realizarlas directamente el Fiscal General de la Nación, porque todos estos actos, como ha sido dicho por la Corte Constitucional implica, de una u otra forma, disposición de la acción penal o ejercicio de facultades de índole jurisdiccional, por tanto, indelegables”(5) (resaltado fuera del texto).

— Es cierto, como lo sostiene el defensor del acusado, que tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta corporación han precisado de manera paulatina y hoy día pacífica, que las funciones de investigación y acusación de los altos funcionarios del Estado, radicadas por mandato del artículo 251 de la Constitución Política en cabeza del Fiscal General de la Nación, son indelegables.

Ello ha sido dicho en reiteradas ocasiones a partir de la Sentencia de Constitucionalidad C-472 del 20 de octubre de 1994, por cuyo medio se declaró inexequible el apartado del artículo 17 de la Ley 81 de 1993 que facultaba al Fiscal General de la Nación para adelantar por conducto de sus delegados ante la Corte Suprema de Justicia las labores de investigación, calificación y acusación de altos funcionarios que gozan de fuero constitucional.

En efecto, a partir de ese pronunciamiento esta corporación ha desarrollado una doctrina llamada a salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso, con apoyo en la cual se han impartido claras directrices al Fiscal General de la Nación en el sentido de que no le es posible desprenderse de la jurisdicción otorgada expresamente por el constituyente a través de actos de delegación impartidos a sus subalternos, destinados a que ellos adopten decisiones en los aspectos neurálgicos que comprometen el ejercicio de la acción penal o su dejación, o en aquellos otros que conforme a la sistemática procesal vigente para cuando esa postura jurisprudencial se trazó, constituían supuesto de validez de la actuación procesal como la apertura de instrucción, la vinculación del imputado, la definición de su situación jurídica, la clausura de la investigación y la calificación, como así se dejó sentado en providencias del 28 de agosto de 1996 dentro de la actuación radicada con el número 11.674 y 7 de mayo de 1997, radicado 11.199.

Y si bien es cierto que esta corporación, consciente de las múltiples responsabilidades que pesan sobre el Fiscal General de la Nación, admitió la posibilidad de que en procesos de su privativo conocimiento en virtud de las normas relativas al fuero constitucional, excepcionalmente actuaran los fiscales delegados ante la Corte, simultáneamente restringió tal eventualidad a la existencia de una comisión específica, no genérica, circunscrita a un proceso determinado, para la práctica de diligencias que no pudiera adelantar directamente, o con la prontitud que se demanda, como así se dejó dicho en el auto de julio 25 de 1996, dentro del radicado 11.738.

Ahora bien, la vigencia de la anterior línea jurisprudencial fue también convalidada por esta Sala de cara a las nuevas realidades que ofrece la sistemática procesal introducida a través de la Ley 906 de 2004, precisamente con ocasión de la actuación surtida por el fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia en este mismo asunto, cuando por iniciativa propia concurrió ante la Corte a formular acusación contra el exdirector del DAS y pretéritamente a formular imputación ante el magistrado de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, situaciones que provocaron que en proveído del 9 de marzo de 2007 se declarara la nulidad de lo actuado, incluso desde la referida audiencia de formulación de imputación(6).

— El fuero es una garantía que establece la Constitución o la ley en relación con determinadas personas, consistente en que por razón del cargo o de la función que desempeñen sólo pueden ser investigadas y juzgadas por funcionarios a quienes especialmente se les asigna la competencia.

Son por tanto, el cargo, la investidura o las funciones discernidas los factores que determinan la aplicación del fuero y la autoridad competente para conocer del asunto, independientemente de la persona individualmente considerada.

La prerrogativa del fuero corresponde a una decisión política que busca preservar no la inmunidad del servidor desde una visión personal, sino desde la función, lo cual explica que el Fiscal General de la Nación o la Corte, según sea el caso, puedan retener la competencia sólo en aquellos eventos en que se demuestre que el funcionario ejecutó una conducta que tiene una relación de imputación concreta con el cargo o con la función realizada, pese a que esa condición en la actualidad no la ostente.

El artículo 235-4 en consonancia con el 251-1 de la Carta Política le asignan al Fiscal General de la Nación la función de investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado, entre quienes figuran los ministros y los jefes de los departamentos administrativos, y a esta corporación la atribución de juzgamiento.

Sobre esta temática debe señalarse que de manera reiterada y uniforme esta Sala ha venido interpretando el fuero a partir de dos hipótesis: i) que el Fiscal General de la Nación es competente para investigar y acusar a los funcionarios señalados en el artículo 235-4 por la presunta comisión de cualquier tipo de delito que se le atribuya mientras ostente tal calidad y ii) que cuando los funcionarios cesan en el ejercicio de esa dignidad el fuero solo se mantiene respecto de “las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñas(sic)” tal y como sin ambages lo precisa el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política(7).

Con fundamento en la posición jurisprudencial esbozada, el Juez Veinte Penal del Circuito de Bogotá, D.C., concedió el amparo de hábeas corpus al señor Luis Eduardo Montoya Medina, en su condición de Procurador General de la Nación-Encargado, porque consideró que la privación de la libertad “se produjo y prolongó con violación de garantías constitucionales y legales”. Lo anterior, porque “si el doctor Montoya se desempeñaba como Procurador General de la Nación, contaba con fuero constitucional para la investigación y el juzgamiento en su contra, lo cual equivale a que sólo y, únicamente, el señor Fiscal General de la Nación era el funcionario competente para poner en dinámica la jurisdicción, a través de la resolución de apertura de instrucción y sólo él era quien podía resolver la situación jurídica de aquel bien absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento, ya decretándola; por consiguiente, como quien dictó la resolución de apertura de instrucción e impuso la medida de aseguramiento de detención domiciliaria era y sigue siendo un funcionario que carecía de competencia constitucional y legal para hacerlo, conclúyese que se incurre en violación de las garantías constitucionales previstas por los artículos 28, 29 y 251.1 de la Constitución Política”.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación, en medio de las posturas de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, optó, el 12 de septiembre de 1996, por declarar la nulidad de oficio del proceso adelantado contra el señor Luis Eduardo Montoya Medina, desde la resolución de apertura de instrucción, no porque considerara que cometió un error o yerro que atentara contra el derecho al debido proceso, sino para atender los últimos pronunciamientos de la Sala de Casación Penal.

Para la fiscalía sigue siendo claro que las comisiones que el Fiscal General de la Nación ha conferido a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en los procesos que se adelantan respecto de funcionarios amparados por fuero tienen pleno respaldo jurídico, con arreglo a la parte resolutiva de la Sentencia C-472 de 20 de octubre de 1994 proferida por la Corte Constitucional, la cual se explica por sí sola y además en sus precisos alcances ha sido varias veces interpretada por la misma Corte en fallos de tutela, en el mismo sentido que lo ha hecho el Fiscal General, bajo el entendido adicional e indiscutido de que la parte resolutiva de los fallos que aquella profiere en el ejercicio de las funciones de control de constitucionalidad de las leyes es obligatoria para todos.

Sin embargo, no puede el fiscal desconocer recientes pronunciamientos de la Sala Plena de la Corte en los que por vía del control de legalidad de algunas medidas de aseguramiento impuestas por los fiscales delegados en desarrollo de las comisiones por este despacho conferidas, ha optado por interpretar aquella parte resolutiva de otra manera, bien como un agregado inocuo de la sentencia, ora otorgándole un alcance limitado a la facultad del fiscal para comisionar a los fiscales delegados.

Así las cosas, no es cierto que el amparo de hábeas corpus de 3 de agosto y la declaratoria oficiosa de la nulidad del proceso de 12 de septiembre de 1996, pongan en evidencia el error o yerro que cometió la administración al privar de la libertad al actor, durante el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 4 de agosto de 1996, sino la existencia de dos posiciones jurisprudenciales completamente razonables y válidas. Las cuales no variaron que el demandante fuera, nuevamente, detenido de forma cautelar y, posteriormente, condenado a 26 meses de prisión y 6 meses de interdicción de derechos y funciones públicas.

En este punto, es pertinente evidenciar que el Acto Legislativo 6 de 24 de noviembre de 2011, por medio del cual se reformó el numeral 4º del artículo 235, el artículo 250 y el numeral 1º del artículo 251 de la Constitución Política, definió que el Fiscal General de la Nación tiene la facultad de investigar y acusar, directamente o por conducto del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional.

ART. 3º—El numeral 1º del artículo 251 de la Constitución Política quedará así:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o por conducto del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución (resaltado fuera del texto).

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ajustó su posición jurisprudencial a la normativa constitucional referenciada, así:

— Los cuestionamientos realizados por la defensa a la regularidad de la delegación no es un tópico a dilucidar en este escenario, pues insiste la Corte, el artículo 251-1, modificado por el Acto Legislativo 6 de 2011, faculta al Fiscal General de la Nación para que directamente investigue y acuse a este tipo de servidores públicos, o por conducto del vicefiscal o sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, sin exigir la comprobación de otro presupuesto adicional, menos constatar la situación administrativa de la persona en quien delegue estas atribuciones.

Así entonces, que el fiscal delegado estuviera en carrera en un empleo inferior y al mismo tiempo encargado de una fiscalía ante esta corporación, se insiste, carece de relevancia respecto de la competencia como quiera que se comprobó que el Fiscal General lo delegó mediante resolución incorporada al proceso para investigar y acusar(8).

— El Acto Legislativo 6 de 24 de noviembre de 2011, reformatorio de los artículos 235-4, 250 y 251-1 de la Constitución Política, facultó al Fiscal General de la Nación para delegar las atribuciones de investigar y acusar a dichos funcionarios en el vicefiscal general de la Nación, o en sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia.

Es claro entonces que la delegación hecha por la entonces Fiscal General de la Nación al fiscal 10 de la unidad de fiscalías delegada ante la Corte para investigar y juzgar al procesado, se ajustó al ordenamiento jurídico, por lo tanto, ninguna irregularidad concurre con mérito para decretar la nulidad como lo pide la defensa.

Que la delegación recayera en un fiscal encargado, tampoco comporta ninguna anomalía como lo sostiene la defensa(9).

— Corolario de lo anterior es que, como la reforma que el Acto Legislativo 6 de 2011 introdujo a los artículos 235-4 y 251-1 de la Carta Política no atañe a aspectos sustanciales de los delitos y de las penas, ni varió el competente para conocer de las investigaciones en contra de los aforados, sino que posibilitó la delegación de una función que antes era privativa, basado en unos fines constitucionales razonables y válidos, como son procurar la eficacia y eficiencia en la administración de justicia, todo lo cual se encuentra permitido en el ámbito de la libertad de configuración normativa del constituyente, no opera el principio de irretroactividad en el cual los recurrentes apoyan su tesis, precisamente porque el objeto de la reforma tiene que ver con el ejercicio de una competencia especial.

Adicional a lo anterior, resulta igualmente válido precisar que si bien por virtud de la delegación —por elementales y obvias razones— el asunto no se tramita directamente por el Fiscal General de la Nación, tal situación no representa, per se, el desconocimiento del principio de juez natural, porque la titularidad de la función continúa invariablemente en el máximo jefe del ente instructor, y es él, por consiguiente, quien asume la responsabilidad del acto de delegación y mantiene el control y el poder de decisión sobre la función delegada, pudiendo en cualquier momento reasumirla(10).

Siendo así y dado que la detención que padeció el señor Luis Eduardo Montoya Medina durante el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 4 de agosto de 1996 no fue injusta, se habrá de confirmar la decisión del a quo que denegó las pretensiones.

4. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda a decretarlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección “A”.

Sin condena en costas.

Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1996 y 1997 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 13.460.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones fue estimada por el actor, en las demandas acumuladas, en $ 250.000.000, por concepto de daño emergente-defensa técnica (fl. 28, cdno. ppal.; 29, cdno. 4).

(3) La prueba documental que soporta los hechos probados fue anexada por el demandante o solicitada por éste o la Fiscalía General de la Nación, decretada y allegada por la Corte Suprema de Justicia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Senado de la República y la Procuraduría General de la Nación.

(4) Artículo 17 de la Ley 81 de 1993 que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Corresponde al Fiscal General de la Nación:

1. <Aparte subrayado INEXEQUIBLE> Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, directamente o por conducto de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional con las excepciones previstas en la Constitución.

(5) Providencia de 9 de mayo de 2007, expediente 21200, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. Ver también providencias de 9 de mayo de 2007, expediente 27014, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz; 24 de octubre de 2007, expediente 26597, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(6) Providencia de 31 de octubre de 2007, expediente 28445.

(7) Providencia de 11 de junio de 2008, expediente 29220.

(8) Providencia de 27 de octubre de 2014, expediente 43263, M.P. Eugenio Fernández Carlier.

(9) Providencia de 29 de julio de 2014, expediente 43263, M.P. Eugenio Fernández Carlier.

(10) Providencia de 19 de abril de 2013, expediente 39156, M.P. José Luis Barceló Camacho.