Sentencia 1996-12917 de marzo 22 de 2013

 

Sentencia 1996-12917 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-1996-12917-01 (25.311)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Sofía González de Escobar y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 13.460.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 450.224.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

1. Revisado el expediente, se advierte que la sentencia impugnada no se pronunció sobre la objeción que, por error grave(1), presentó la entidad demandada contra el dictamen pericial de avalúo(2), decretado y practicado dentro del proceso, razón por la cual es necesario emprender el análisis previo de dicha objeción, con el fin de determinar, en cumplimiento del numeral 6 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, si prospera o no.

Para este efecto es necesario precisar que el auto del 2 de mayo de 1997(3), mediante el cual el Tribunal decretó la práctica de esta prueba sobre los puntos solicitados por el demandante, se concreta en lo siguiente (se transcribe tal cual obra en el original)(4):

“Nombrar peritos en avalúos de bienes inmuebles a fin de que respondan las siguientes cuestiones:

a) Qué valor comercial tenían a octubre de 1994, quinientos sesenta y dos metros con setenta y ocho centimetros cuadrados (562,78 m2) del predio urbano ubicado en Santafé de Bogotá, y distinguido con el número 167-50 de la Carrera 7ª.

a.1) Qué tipo de terreno es

a.2) Qué desarrollos se podrían hacer en esa zona.

b) Cuál es el valor presente, al momento de rendir el dictamen, de la cifra determinada como respuesta de la pregunta contenida en el literal a), para el efecto tomar en cuenta los índices de aumento de precios al consumidor, calculados desde diciembre de 1994 al momento en que se produzca el experticio.

c) Se valore el costo financiero o costo de oportunidad generado por la cifra que los señores peritos hayan obtenido al responder la pregunta del literal a) durante el periodo comprendido entre octubre de 1994 y la fecha en que se rinde el dictamen. Para el efecto se ruega tener en cuenta a los auxiliares de la justicia, la tasa moratoria más alta legalmente permitida de conformidad con el artículo 884 del código de comercio y la Ley 45 de 1990, artículo 65, conforme a la respectiva certificación de la Superintendencia Bancaria”.

Resulta necesario y pertinente precisar que, para que se configure el “error grave” en el dictamen pericial, se requiere de la existencia de una equivocación en materia trascendente por parte de los peritos, una falla que tenga entidad suficiente para llevarlos a conclusiones equivocadas, tal y como lo exigen los numerales 4º y 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Con base en estos criterios, la Sala analizará las objeciones por error grave presentadas por la entidad demandada, consistentes en que: 1) el dictamen omitió la identificación de la zona utilizada por el IDU para la construcción de la obra del plan vial de la carrera 7ª y se limitó a identificar el inmueble de mayor extensión, conforme al título de la propiedad, es decir, a la escritura 2582 del 13 de julio de 1996; 2) el experticio también omitió los fundamentos técnicos para determinar el valor del metro cuadrado en la zona afectada, como quiera que, para ese efecto, los peritos se limitaron a relacionar el valor de varios inmuebles ubicados en sitios distintos al de la pericia y no utilizaron como base las fuentes especializadas en ese campo del conocimiento; y 3) el lote no estaba siendo explotado, ya que, en principio, había sido destinado a la explotación de canteras, hasta cuando fue clausurado por el Distrito debido al grave daño ambiental que se estaba ocasionando con esa práctica.

Considera la Sala que le asistió la razón al recurrente en cuanto a que la base tenida en cuenta para calcular el valor del metro cuadrado de la zona de ocupación es errónea, como quiera que correspondió al promedio de los valores por metro cuadrado de terrenos ubicados en la carrera 20 #160-85, en la carrera 39#167-91 y en la carrera 36 #166-75, lugares alejados de la carrera 7ª #167-50, lo cual impide obtener un resultado acertado de cálculo sobre el valor del predio objeto de la presente acción; adicionalmente, no se tuvieron en cuenta las fuentes especializadas para este tipo de información, como la lonja de propiedad raíz de Bogotá, Camacol y el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y tampoco se anexaron los soportes, ni las pruebas de las investigaciones que se realizaron para el experticio.

Lo anterior evidencia que el peritazgo tiene bases equivocadas, de tal magnitud, que llevan necesariamente a conclusiones erradas respecto del cálculo del daño emergente y del lucro cesante en el caso concreto, por lo que la objeción tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, hay lugar a desechar la prueba.

El caso concreto

Mediante la escritura 3924 del 19 de noviembre de 1987(5), inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1126167(6), el señor Luis Alfredo García García transfirió al señor Miguel Escobar Méndez, a título de compraventa, el derecho de dominio y la posesión del lote de terreno número 1, segregado del denominado “La Esperanza”, ubicado en la carrera 7ª Nº 167-50 de Bogotá, con una extensión superficiaria de 10.000 m2.

En documento del 20 de octubre de 1988(7), los mencionados vendedor y comprador pactaron que esa transferencia del derecho de dominio y de la posesión de aquéllos lotes de terreno se hacía con el fin de garantizar varias obligaciones dinerarias del primero de ellos, a favor del segundo y que éste último (Miguel Escobar Méndez) los devolvería una vez el primero (Luis Alfredo García García) se las cancelara completamente; sin embargo, en el expediente no obra ninguna prueba que acredite qué sucedió con las mencionadas obligaciones, es decir, no se sabe si fueron canceladas o no.

El señor Miguel Escobar Méndez falleció el 21 de febrero de 1992, en Bogotá, según el registro civil de defunción 1191778(8), de la notaría 32 de esta ciudad.

Por su parte, el señor Luis Alfredo García García inició un proceso ordinario de simulación contra las representantes de la sucesión de Miguel Escobar Méndez, con el fin de que se declarara que el contrato de compraventa celebrado entre ambos fue simulado y, en consecuencia, que se declarara también la nulidad de las escrituras públicas 3924 del 19 de diciembre de 1987 y 4359 del 18 de diciembre siguiente, otorgadas en la Notaría 10ª del Círculo de Bogotá y, así mismo, se dispusiera la cancelación de las anotaciones en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, proceso que terminó con la atrás mencionada sentencia de 9 de mayo de 2002, en la que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. negó las pretensiones de la demanda(9).

Según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la propiedad de un inmueble se acredita con la escritura pública de compraventa y con la inscripción de ésta en la oficina de instrumentos públicos del lugar del inmueble, de modo que, faltando cualquiera de estos dos elementos, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada, habida cuenta que una persona es propietaria de derechos reales cuando tiene título y modo, para lo cual, según tal posición jurisprudencial de esta Corporación, es necesario aportar la escritura pública de compra venta y acreditar su inscripción en el registro inmobiliario(10); en efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido:

“En este orden de ideas, se tiene que el título de propiedad sobre un bien inmueble se entiende acreditado con la escritura pública de compraventa, sin perjuicio de que se cuente con otra fuente de obligaciones para efectos de probar ese derecho, más el modo correspondiente que en este caso se materializa con la inscripción de aquélla en la oficina de instrumentos públicos, para lo cual es aceptable aportar, entre otros, el certificado del inmueble expedido por la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad, en el cual consten las inscripciones de los títulos que hubieren servido de fundamento para enajenar, gravar o afectar de cualquier manera esa propiedad”(11).

En este caso, no solo se aportó la escritura pública mediante la cual el señor García vendió el inmueble al señor Escobar, sino que también se allegaron la escritura de la sucesión de este último y el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1126167(12), correspondiente a dicho bien, en el que obran las siguientes anotaciones: 1) la del 20 de enero de 1988, en la que se registró la escritura 3924 del 19 de noviembre de 1987, de la venta del inmueble de Luis Alfredo García a Miguel Escobar Méndez; 2) la del 20 de enero de 1988, en la que se registró la escritura 4359 del 18 de diciembre de 1987, que aclaró la escritura 3924; 3) la del 19 de octubre de 1994, en la que se registró la inscripción de la demanda, sobre cuerpo cierto, de Luis Alfredo García contra Beatriz Rosario y Adriana Escobar González(13); 4) la del 19 de junio de 1996, en la que se registró la escritura 2582 del 13 de junio de 1996, de sucesión del bien inmueble de Miguel Escobar Méndez a Sofía González de Escobar (50%), Beatriz Rosario (25%) y Adriana Escobar González (25%); y 5) la del 29 de mayo de 1997, en la que se registró el oficio 4300-0792 del 19 de mayo de 1997, con el que el IDU hizo una oferta de compra a las herederas de Miguel Escobar Méndez.

Así, no hay duda de que el señor Miguel Escobar era el propietario del lote de terreno No. 1, segregado del denominado “La Esperanza”, ubicado en la carrera 7ª No. 167-50 de Bogotá, con una extensión superficiaria de 10.000 m2, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1126167, más aún si se tiene en cuenta que se ignora la suerte de las obligaciones pactadas entre éste y Luis Alfredo García García, en el documento del 20 de octubre de 1988(14).

Dilucidado lo anterior, procederá ahora la Sala a establecer si dicho predio es el mismo que resultó afectado con la ocupación permanente por una obra pública a cargo de la entidad demandada.

En oficio del 6 de septiembre de 1996(15), el subdirector de construcciones del IDU hizo constar que:

1) el Acuerdo 2 de 1980 adoptó el plan vial de Bogotá y que el predio ubicado en la carrera 7ª Nº 167-50 fue afectado por la ejecución de la obra “Carrera 7ª (Calle 165-170) Avenida San José”, en un área de 562,78 m2, según el registro topográfico 4742D levantado por la división de estudios técnicos del IDU; 2) el señor Miguel Escobar Méndez figuraba como propietario en la escritura 3924 del 19 de noviembre de 1987 de la Notaría 10ª de Bogotá, inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1126167, en el que también se inscribió una demanda sobre cuerpo cierto, de Luis Alfredo García García contra Beatriz Rosario y Adriana Escobar González, herederas del señor Escobar y, posteriormente, la escritura 2582 del 13 de junio de 1996 de la notaría 5ª de Bogotá, que contenía la sucesión de Miguel Escobar a sus herederas; 3) las obras de construcción de la avenida carrera 7ª, en el tramo objeto de la ocupación, se ejecutaron de octubre de 1994 a enero de 1995; 4) desde 1986, en varias diligencias y conversaciones de negociación directa por vía voluntaria, sólo se presentó el señor Alfredo García como como poseedor del predio, quien informó sobre la muerte del titular y autorizó al IDU para adelantar las obras; y 5) con los oficios 322-691 del 27 de julio(16) y 322-828 del 26 de septiembre, ambos de 1995(17), la entidad atendió las solicitudes de las herederas del señor Miguel Escobar(18) y les explicó que no era posible pagar el predio, mientras no se dirimiera el pleito pendiente entre el poseedor y aquéllas.

En oficio 4300-0792 del 19 de mayo de 1997(19), “por el cual se dispone la adquisición de parte del predio situado en la Carrera 7 Nº 167-50 Lote 1 de la ciudad de Santafé de Bogotá, identificado con la matrícula inmobiliaria número 50N-1126167 y cédula catastral número UQ 11059 parte de la Esperanza, hoy Nueva Esperanza”, el director ejecutivo del IDU le informó a las herederas del señor Miguel Escobar que la entidad estaba interesada en negociar directamente el mencionado inmueble, delimitado y alinderado en un área de 562.78 m2 de terreno y que la oferta de compra era de $ 64.719.700 (según informe técnico del 28 de abril de 1997(20)).

En la misma fecha, en el acta de notificación personal del anterior oficio(21), las herederas dejaron constancia de que el IDU, en forma tardía, buscaba un acuerdo de pago de un bien que, desde enero de 1995, había sido afectado con la obra pública de construcción de la Avenida 7ª y que ese proceder de la entidad constituyó una vía de hecho que les lesionó su patrimonio, razón por la cual, ya lo habían demandado, mediante acción de reparación directa, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, en testimonio rendido el 20 de junio de 1997, Fernando Antonio Grillo Rubiano(22), subdirector legal del IDU, manifestó que no conoció ningún documento en el que Miguel Escobar, como propietario, hubiera autorizado a Luis Alfredo García para negociar en su nombre con el IDU; así mismo, afirmó que, al estar registrado en el folio de matrícula inmobiliaria un proceso de simulación que cuestionaba la titularidad del bien, la entidad no podía realizar el pago del mismo, mientras no se dirimiera la controversia en la jurisdicción ordinaria. Afirmó también que la oferta de compra fue posterior a la ocupación y a la ejecución de la obra y que el fundamento del IDU para ocupar el predio fue la autorización de señor García.

Por su parte, Cecilia Rodríguez Castillo(23), profesional de la unidad de inmuebles de la subdirección legal del IDU, manifestó que, si bien el señor Escobar no presentó un poder para que el señor García lo representara, sí le manifestó verbalmente que se entendiera con este último para la negociación. Aseguró también que, no obstante la venta parcial al señor Miguel Escobar, Luis Alfredo García ostentaba la posesión material del inmueble objeto de la afectación.

Todo lo anterior, demuestra que el predio objeto de debate, esto es, el ubicado en la carrera 7ª Nº 167-50 de Bogotá, identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-1126167, sí fue ocupado en forma permanente como consecuencia de la ejecución de las obras públicas allí realizadas por el IDU, en cumplimiento del Plan Vial de Bogotá.

Fueron los mismos funcionarios de la entidad demandada quienes dieron cuenta de que sí ocuparon el predio y de que la negociación para la disposición del mismo la llevaron a cabo con el señor Luis Alfredo García García, de quien decían era el poseedor, dejando de lado que en esa entidad se encontraba acreditado que el propietario del terreno era el señor Miguel Escobar, luego de cuya sucesión, llegaron a serlo sus herederas (aquí demandantes).

En asuntos como éste, en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, la jurisprudencia de esta corporación(24) ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada permanentemente por la administración o por particulares que actuaron autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas que no tienen por qué asumir los afectados.

Hechas las anteriores reflexiones y con fundamento en los criterios trazados por la jurisprudencia de esta corporación y en el material probatorio valorado en el proceso, la Sala revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, condenará al IDU por la ocupación permanente del predio de propiedad de las demandantes, a causa de trabajos públicos a su cargo.

Indemnización de perjuicios

Las demandantes solicitaron $ 450.224.000, por daño emergente y pidieron aplicar la tasa moratoria más alta permitida, sobre el valor reconocido por daño emergente, por concepto de lucro cesante.

Como quiera que en el expediente no obra la prueba del valor de los 562.78 m2 afectados por la ocupación por parte del IDU en la Avenida 7ª Nº 167-50, para la construcción de la obra pública realizada en cumplimiento del Plan Vial de Bogotá, habida cuenta de que respecto del dictamen pericial dispuesto para ello prospera la objeción por error grave, según ya se vio, habrá lugar a una condena en abstracto.

Daño emergente

Para determinar el daño emergente, esto es, el valor del predio al momento de la ocupación, sucedida en enero de 1995, se promoverá un incidente de liquidación con intervención de peritos, por el juez de primera instancia, conforme a lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo.

Para ello, los peritos deberán tener en cuenta únicamente: a) el lugar que resultó ocupado por la obra pública en la carrera 7ª con calle 167 y b) la época en la esta ocurrió, es decir, a enero de 1995.

El valor que arroje el experticio deberá ser actualizado, aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, para lo cual se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (valor del avalúo para enero de 1995) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes en el que se haga la liquidación (índice final) por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que tuvo ocurrencia la ocupación del predio (índice inicial), esto es, enero de 1995, así:

 

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Lucro cesante

En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago indexado del daño emergente al momento de producirse la ocupación, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero.

Así y dado que el actor solicitó, en este caso, el pago de lucro cesante, a título de indemnización de perjuicios materiales, hay lugar a que se le reconozca, por dicho concepto, el pago del interés técnico que dejó de producir el valor histórico del terreno ocupado, desde enero de 1995, época en la que la demandada habría ocupado el terreno de propiedad de las actoras, hasta la fecha en la que se liquiden efectivamente los perjuicios, a una tasa del 6% anual, aplicando la siguiente fórmula:

 

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Los demás perjuicios no se acreditaron.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 14 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar:

1. Declárase responsable al IDU por los daños causados a las demandantes como consecuencia de la ocupación permanente de un predio de su propiedad, debido a la construcción de una obra pública realizada en cumplimiento del Plan Vial de Bogotá.

2. En consecuencia, condénase al IDU a pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma que resulte del incidente de liquidación de perjuicios.

3. Declárase la prosperidad de la objeción por error grave, formulada por el IDU, contra el dictamen pericial de avalúo decretado y practicado en el proceso.

4. Ordénase a las demandantes transferir al IDU, una vez reciban la indemnización ordenada por esta sentencia, la propiedad del inmueble objeto de esta controversia.

5. Niéganse la demás pretensiones.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folios 120 y 121 del cuaderno 1.

(2) Folios 404 a 445 del cuaderno 1.

(3) Folios 88 y 89 del cuaderno 1.

(4) Folios 53 y 54 del cuaderno 1.

(5) Folios 40 a 42 del cuaderno 2.

(6) Folios 434 y 435 del cuaderno 2.

(7) Folio 201 del cuaderno 2.

(8) Folio 122 del cuaderno 2.

(9) Es del caso recordar que, mediante auto del 26 de agosto de 1999, el Tribunal a quo decretó la suspensión provisional del proceso, hasta que se profiriera el fallo en el proceso ordinario de simulación.

(10) En opinión de esta Sala, para acreditar la propiedad basta con aportar al proceso el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, en el que aparezca registrada la escritura pública correspondiente, cuya aportación física al proceso nada agrega al mismo. Lo anterior teniendo en cuenta que aquel folio es un documento público que, como tal, se presume auténtico y, por ende, si da cuenta de la existencia de la escritura pública en que la parte funda su derecho, merece plena credibilidad acerca de la existencia de ésta y del contenido que de la misma informa aquél otro documento, que es el necesario para acreditar la real existencia del título.

(11) Sección Tercera, Sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 16.980.

(12) Folios 434 y 435 del cuaderno 2.

(13) Como ya se vio, esta demanda no prosperó.

(14) Folio 201 del cuaderno 2.

(15) Folios 30 y 31 del cuaderno 2.

(16) Folio 114 del cuaderno 2.

(17) Folios 32 a 34 del cuaderno 2.

(18) Respecto del reconocimiento y pago de la indemnización por la afectación de la zona de terreno de la avenida 7ª Nº 167-50, de su propiedad (fls. 136 y 137 cdno. 2).

(19) Folios 22 y 23 del cuaderno 3.

(20) Folio 48 del cuaderno 3.

(21) Folio 24 del cuaderno 3.

(22) Folios 359 a 362 del cuaderno 2.

(23) Folios 363 a 368 y 371 del cuaderno 2.

(24) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15.351.