Sentencia 1996-13037/28378 de julio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002326000199613037 01

Exp.: 28378

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Martha Lucy Hernández Vda. de Domínguez

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Nación - Fiscalía General de la Nación

Nación – Ministerio de Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes, rama judicial, Procuraduría General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, ocho de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

9. Por ser las demandadas entidades estatales, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

10. La corporación es competente para conocer del asunto en razón del recurso de apelación presentado por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

11. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por acciones y omisiones(2) que, según la demandante, le causaron un daño que no estaba obligada jurídicamente a soportar, a saber, la destrucción total de su aeronave.

12. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso(3) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(4). Sobre este punto, la Corporación ha señalado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de apelación(5). No obstante, esta norma autoriza al superior a resolver de fondo sin limitaciones —dentro de los límites de la apelación— cuando ambas partes hayan apelado la decisión de primera instancia(6).

13. Sobre la legitimación en la causa por activa, se demostró que la señora Martha Lucy Hernández de Domínguez, demandante, ostentaba la propiedad del vehículo cuya destrucción originó la demanda, es decir, la aeronave Turbo Commander, modelo 681, con número de matrícula HK-2376P(7), causada en el desarrollo de la investigación penal seguida por el delito de infracción de la Ley 30 de 1986 (tráfico de estupefacientes).

14. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, es necesario aclarar que todas las entidades demandadas pertenecen al orden nacional de manera que la persona jurídica de la Nación, representada por dichas entidades, se encuentra legitimada como parte pasiva en este asunto. Es del caso además hacer las siguientes precisiones sobre la participación de estas entidades en los hechos objeto de debate:

14.1. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por intermedio de la dirección de policía judicial e Investigación, levantó el informe sobre las presuntas actividades ilícitas a las que estaba destinada la aeronave HK-2376P; a través del Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar, ordenó el allanamiento en la terminal Simón Bolívar del Aeropuerto El Dorado y la inmovilización de la aeronave, que puso a disposición Consejo Nacional de Estupefacientes; por medio del Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar, dispuso el registro de la aeronave, su decomiso, y adelantó las diligencias investigativas por instrucción del Juzgado Quinto Especializado de Bogotá y, posteriormente, de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá.

14.2. La Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea recibió la aeronave HK-2376P de manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, ordenó el traslado de la misma del terminal aéreo Simón Bolívar del Aeropuerto Internacional El Dorado a la Base Militar CATAM de Bogotá, y estuvo a cargo de la custodia del bien hasta el 26 de octubre de 1994, cuando fue entregado finalmente a su propietaria.

14.3. La Nación-Rama Judicial asumió el conocimiento del asunto el 19 de febrero de 1990. El Juzgado Quinto Especializado de Bogotá decretó la apertura formal de la investigación y ordenó la práctica de pruebas.

14.4. La Nación-Fiscalía General de la Nación avocó el conocimiento del asunto a partir del 8 de octubre de 1992. Este le correspondió a la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá, ente que se inhibió de abrir investigación y ordenó la entrega definitiva de la aeronave a su propietaria. Esa decisión fue confirmada por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional.

14.5. La Dirección Nacional de Estupefacientes está llamada a comparecer como demandada, por cuanto se le endilgan falencias en el ejercicio de sus funciones relativas a la custodia, destinación provisional y entrega de los bienes(8) ocupados o decomisados en razón de su vinculación con delitos de narcotráfico o conexos, lo que justifica su vinculación como demandada, como dependencia encargada de la ejecución de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes(9).

14.6. La Nación-Procuraduría General de la Nación ejerció la vigilancia y control de la investigación penal, como se observa en la intervención del 7 de febrero de 1994, cuando solicitó la revocatoria del auto inhibitorio que expidió la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá.

15. En relación con la caducidad de la acción, la Sala concuerda con el a quo en que el acta final de entrega de la aeronave de la demandante (y por ende la certeza sobre el daño) data del 26 de octubre de 1994, según se explicó en el acta de corrección del 21 de noviembre de 1994, de modo que la demanda interpuesta el 25 de octubre de 1996 se presentó dentro del término bienal del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

16. La Sala debe determinar si el daño alegado en la demanda, esto es, la destrucción de la aeronave Turbo Commander, modelo 681, serie 6043, número de matrícula HK-2376P, de propiedad de la señora Martha Lucy Hernández de Domínguez, y los perjuicios derivados de la retención de la misma con ocasión de la investigación por el presunto delito de infracción de la Ley 30 de 1986, resulta imputable jurídicamente a las entidades demandadas. Para el efecto debe establecer si, como lo sostiene la parte actora, la retención del vehículo fue ilegal, si se vulneró el debido proceso judicial y si se administró el bien en debida forma. En caso de constatar la responsabilidad del Estado, procederá a la liquidación de perjuicios, para lo cual tendrá en cuenta las objeciones planteadas por la demandante.

III. Validez de los medios de prueba

17. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y podrán ser apreciadas sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En consecuencia, las pruebas decretadas y practicadas en la investigación penal 2600, adelantada por el delito de infracción de la Ley 30 de 1986, serán valoradas por la Sala, dado que fueron aportadas en copia auténtica(10) por la Fiscalía General de la Nación y fueron surtidas con audiencia de las entidades demandadas en este caso, pues se trata de una investigación adelantada por los juzgados de instrucción criminal y posteriormente por la Fiscalía General de la Nación, y en esta participaron el Ministerio de Defensa —a través de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea—, el Ministerio de Justicia —a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes— y la Procuraduría General de la Nación.

18. Las fotografías aportadas al proceso (fl. 46-60, cdno. 3) serán apreciadas por la Sala, dado que su autenticidad fue reconocida y ratificada(11) por los técnicos de aviación Hugo Rojas Rodríguez (fl. 64-65, cdno. 3), Jesús Eduardo Díaz Murillo (fl. 66-67, cdno. 3) y Víctor Hernández Hernández (fl. 68-70, cdno. 3), y por el suboficial técnico de la Fuerza Aérea Henry Montaño Varela (fl. 71, cdno. 3).

IV. Hechos probados

19. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

19.1. El 16 de marzo de 1989, la señora Martha Lucy Hernández adquirió la propiedad de la aeronave Turbo Commander, modelo 681, serie 6043, con número de matrícula HK-2376P, en el proceso de sucesión del señor Diego Domínguez Escobar(12) (liquidación, partición y adjudicación de los bienes —fls. 19-24, cdno. 3—; auto de aprobación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí —fl. 25, cdno. 3—; escritura pública 182 de la Notaría 17 del Círculo de Medellín —fl. 18, cdno. 3—; folio de matrícula aeronáutica 2252 del Departamento de Aeronáutica Civil —fl. 29, cdno. 3—).

19.2. El 22 de agosto de 1989, el Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar practicó una diligencia de allanamiento en el terminal aéreo Simón Bolívar y ordenó la inmovilización de la aeronave Turbo Commander, modelo 681, serie 6043, con número de matrícula HK-2376P (oficio del 10 de septiembre de 1993 suscrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes —fl. 188, cdno. 2—).

19.3. El 23 de agosto de 1989, el Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar puso la aeronave Turbo Commander, con número de matrícula HK-2376P, a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes (oficio 0704 del 23 de agosto de 1989, del Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar —fl. 188, cdno. 2—).

19.4. El 24 de agosto de 1989, el Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar remitió, por competencia, las diligencias de allanamiento e inmovilización de la aeronave con número de matrícula HK-2376P al juez especializado (reparto) de Bogotá (oficio 0706 del 24 de agosto de 1989, del Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar —fl. 22, cdno. 4—; oficio 0560 del 20 de mayo de 1999, del Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar —fl. 20, cdno. 4—).

19.5. El 14 de diciembre de 1989, el señor Joaquín Fernandez Duque, quien dijo actuar como gerente encargado de la empresa Air Caribe Ltda. suscribió la carta de intención de compra de la aeronave con número de matrícula HK-2376P, de propiedad de la señora Martha Lucy Hernández, por un valor de $ 570.000.000 (carta de intención de compra de Air Caribe Ltda. —fl. 3-4, cdno. 3—).

19.6. El 2 de febrero de 1990, la sección de automotores de la dirección de policía judicial e Investigación comunicó al Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar que, según la información recibida por esa dependencia, la aeronave HK-2376P estaba siendo utilizada por narcotraficantes en actividades ilícitas, y solicitó que se ordenara el registro (oficio 0211 de la Sección de Automotores de la Dirección de Policía Judicial e Investigación —fl. 65, cdno. 4—).

19.7. En la misma fecha, en la diligencia de ratificación y ampliación del informe, el oficial de policía William Rafael Contreras reiteró lo dicho en el oficio 211 presentado al Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar, y se limitó a agregar que el informante “por medidas de seguridad no quiso dar su identificación” (acta de diligencia de ratificación y ampliación del informe, suscrita por el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar —fl. 67, cdno. 4—).

19.8. En esta misma fecha, el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar de la dirección de policía judicial e Investigación ordenó el registro del avión tipo Commander, con el número de matrícula HK-2376P, por presumir su destinación para actividades de tráfico de estupefacientes (resolución del Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar —fl. 16-17, cdno. 2—; oficio 0211 de la sección de automotores de la dirección de policía judicial e Investigación —fl. 65, cdno. 4—).

19.9. En la misma fecha se practicó la diligencia de registro del avión en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, trámite que continuó el 6 de febrero. En la diligencia se comprobó que la aeronave no guardaba en su interior armas ni sustancias estupefacientes y se dejó constancia de su buen estado de conservación (actas de diligencias de registro —fl. 18-19, 22, cdno. 2—).

19.10. El 19 de febrero del mismo año, el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá asumió el conocimiento de la investigación preliminar (auto del 19 de febrero de 1990 del Juzgado Quinto Especializado de Bogotá —fl. 27, cdno. 2—).

19.11. El 12 de marzo del mismo año, el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá decretó la apertura formal de la investigación y ordenó la práctica de pruebas, en especial la declaración del agente que solicitó el registro de la aeronave con el fin de determinar la ilicitud de su destinación (auto del 12 de marzo de 1990 del Juzgado Quinto Especializado de Bogotá —fl. 86-89, cdno. 4—).

19.12. El 16 de abril de 1990, mediante la resolución 907, el Consejo Nacional de Estupefacientes destinó la aeronave HK-2376P, de forma provisional, al servicio del Ministerio de Defensa Nacional (resolución 907 del Consejo Nacional de Estupefacientes —fl. 31-32, cdno. 2—; comunicados de la Dirección Nacional de Estupefacientes —fl. 176-182, 185, 199-201, cdno. 2—).

19.13. El 17 de septiembre de 1990, la señora Martha Lucy Hernández le solicitó al Juzgado Quinto Especializado de Bogotá la entrega definitiva de la aeronave, en vista de la falta de pruebas sobre su destinación ilícita, y para el efecto allegó los respectivos certificados de propiedad (memorial del 17 de septiembre de 1990 y anexos —fl. 121-162 cdno. 4—).

19.14. El 16 de diciembre de 1990, la señora Martha Hernández aceptó la oferta de compra de la aeronave realizada por la empresa Air Caribe Ltda. (comunicación del 16 de diciembre de 1990 —fl. 1, cdno. 3—).

19.15. El 15 de enero de 1991, el gerente de la empresa Air Caribe Ltda. informó a la señora Martha Lucy Hernández que la compañía no puede ratificar la intención de compra suscrita el 14 de diciembre de 1989, dado que las autoridades encargadas no habían dispuesto la devolución de la aeronave (comunicación de Air Caribe Ltda., del 15 de enero de 1991 —fl. 41, cdno. 2—).

19.16. El 27 de enero y 24 de febrero de 1992, el apoderado de la señora Martha Lucy Hernández insistió en la solicitud de entrega de la aeronave de su poderdante, dada la ausencia de pruebas en su contra (memoriales del 27 de enero y 24 de febrero de 1992, del señor Joaquín Fernández —fl. 166-168, cdno. 4—).

19.17. El 3 de abril de 1992, el Juzgado de Instrucción de Orden Público, Seccional Santafé de Bogotá, asumió el conocimiento de la investigación (auto del 3 de abril de 1992 del Juzgado de Instrucción de Orden Público —fl. 169, cdno. 4—).

19.18. El 8 de octubre de 1992, la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá avocó el conocimiento del asunto (auto del 8 de octubre de 1992 de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá —fl. 175, cdno. 4—).

19.19. El 29 de marzo de 1993, la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá ordenó la práctica de pruebas, entre estas el interrogatorio del agente de policía que solicitó el registro de la aeronave y solicitud de información a la Sección de Automotores de la Dirección de Policía Judicial e Investigación y a la Dirección Nacional de Estupefacientes (auto del 29 de marzo de 1993 de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá —fl. 206, cdno. 4—).

19.20. El 3 de diciembre de 1993, la Fuerza Aérea Colombiana dispuso el traslado de la aeronave HK-2376P del terminal aéreo Simón Bolívar del Aeropuerto Internacional El Dorado a la Base Militar CATAM de Bogotá. En el acta de traslado quedó constancia de que la aeronave se encontraba “en estado de chatarra, completamente inservible”, debido a la ausencia o el deterioro de varias de sus partes esenciales (acta de entrega suscrita por la Fuerza Aérea Colombiana —fls. 13-14, cdno. 3—).

19.21. El 7 de enero de 1994, la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá se inhibió de abrir investigación penal contra la señora Martha Hernández, luego de encontrar que la adquisición de la aeronave tenía un origen legal y que no había suficiente material probatorio que vinculara a la procesada o a su cónyuge, el fallecido Diego Domínguez Escobar, con el punible de tráfico de estupefacientes, y ordenó la entrega definitiva de la aeronave HK-2376P a su propietaria (auto del 7 de enero de 1994 —fls. 244-252, cdno. 4— y oficio del 17 de marzo de 1994 de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá —fl. 239, cdno. 2—; oficios 94 y 95 de la Dirección Nacional de Estupefacientes —fls. 242-243, cdno. 2—).

19.22. El 7 de febrero de 1994, la procuraduría judicial ante el tribunal nacional solicitó que se revocara el auto en el cual la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá se inhibió de abrir la investigación porque, a su juicio, el ente instructor no practicó todas las pruebas decretadas y, en especial, no hizo un esfuerzo suficiente para ampliar la versión del oficial de la Policía que rindió el informe que originó la investigación (intervención 37/94 de la procuraduría judicial ante el tribunal nacional —fls. 31-33, cdno. 4—).

19.23. El 23 de febrero de 1994, en el grado jurisdiccional de consulta, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional confirmó la decisión dictada por la Fiscalía Regional de Bogotá (auto del 23 de febrero de 1994 —fl. 36-53, cdno. 4— y oficio del 17 de marzo de 1994 de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá —fl. 239, cdno. 2—; oficios 94 y 95 de la Dirección Nacional de Estupefacientes —fls. 242-243, cdno. 2—).

19.24. El 23 de marzo de 1994, la Dirección Regional de Fiscalías informó a la señora Martha Lucy Hernández que se ordenó la entrega definitiva de la aeronave de su propiedad (oficio U-10-1842 de la Dirección Regional de Fiscalías —fl. 265, cdno. 2—).

19.25. El 20 de abril de 1994, la Dirección Nacional de Estupefacientes le solicitó al Ministerio de Defensa que, en atención a la orden de la Fiscalía, procediera a la entrega de la aeronave HK-2376P a la señora Martha Lucy Hernández y cancelara los registros que impidieran su navegabilidad (oficios 94 y 95 de la Dirección Nacional de Estupefacientes —fls. 242-243, cdno. 2—).

19.26. En esa misma fecha, la Dirección Nacional de Estupefacientes le informó a la señora Martha Lucy Hernández que se comunicó, mediante el oficio 94, con el Ministerio de Defensa Nacional con el fin de surtir los trámites para la entrega de la aeronave de su propiedad(13) (oficio 96 de la Dirección Nacional de Estupefacientes —fl. 240, cdno. 2—).

19.27. El 29 de abril de 1994, el subsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional le solicitó a la Dirección Nacional de Estupefacientes la documentación relativa a la incautación de la aeronave HK-2376P y los trámites subsiguientes, con el objeto de ubicar la unidad policial o militar a cargo del vehículo (oficio 3755 del Ministerio de Defensa Nacional —fl. 244, cdno. 2—).

19.28. Mediante memorial de 26 de julio de 1994, recibido por la Dirección Nacional de Estupefacientes el 12 de agosto del mismo año, Martha Lucy Hernández autorizó al abogado Joaquín Fernández Duque para surtir los procedimientos necesarios para la recepción de la aeronave (autorización de la señora Martha Lucy Hernández —fl. 251, cdno. 2—).

19.29. El 16 de agosto de 1994, el abogado Joaquín Fernández Duque le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la entrega de la aeronave de su poderdante (oficio 3800 del Ministerio de Defensa Nacional —fls. 253-254, cdno. 2—).

19.30.Mediante oficio del 23 de agosto de 1994, recibido por la Dirección Nacional de Estupefacientes el 8 de septiembre del mismo año, el Jefe de la División de Negocios Judiciales del Ministerio de Defensa le informó a la subdirectora de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes que la orden de entregar la aeronave a su propietaria no puede ejecutarse, dado que el vehículo no está en poder del Ministerio y que falta claridad sobre el número de matrícula (oficio 3800 del Ministerio de Defensa —fls. 253-254, cdno. 2—).

19.31. El 26 de septiembre de 1994, la subdirectora de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes le informó al Ministerio de Defensa que el anterior 26 de agosto había aclarado la situación de la aeronave en el sentido de precisar que su número de matrícula era el HK-2376P(14) (oficio SBI-028 de la Dirección Nacional de Estupefacientes —fl. 255, cdno. 2—).

19.32. El 26 de octubre de 1994(15), la Fuerza Aérea Colombiana suscribió el acta de entrega de la aeronave HK-2376P al abogado Joaquín María Fernández, apoderado de la señora Martha Lucy Hernández. En el acta se dejó constancia de que la aeronave se encontraba “en estado de chatarra, completamente inservible”, por la ausencia o el deterioro de varias partes de la misma (acta de entrega suscrita por la Fuerza Aérea —fls. 16-17, cdno. 3—).

19.33. El 10 de mayo de 1996, por medio de la escritura pública 1.785, suscrita ante la Notaría 20 del Círculo de Medellín, la señora Martha Lucy Hernández transfirió a título de la venta la aeronave HK-2376P al señor William Chavarriaga Vélez, por la suma de $ 20.000.000 (escritura pública 1.785 de la Notaría 20 del Círculo de Medellín —fls. 36-38, cdno. 2—).

19.34. El 27 de junio de 1996, Martha Lucy Hernández solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes que aclarara la situación de la aeronave a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, dado que la oficina de registro aeronáutico se abstuvo de inscribir la escritura pública en la que se protocolizó la venta de la aeronave a favor de William Chavarriaga Vélez (memorial del 27 de junio de 1996 —fl. 262, cdno. 2—).

19.35. El 25 de julio de 1996, la subdirectora de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes solicitó a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil la cancelación de cualquier registro que se hubiera impuesto sobre la aeronave HK-2376P (oficio SBI-1846 de la Dirección Nacional de Estupefacientes —fl. 266, cdno. 2—).

V. Análisis de la Sala

20. La demanda se orienta a exigir la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que en la investigación penal adelantada por el delito de infracción de la Ley 30 de 1986 (tráfico de estupefacientes) contra personas indeterminadas, las autoridades incurrieron en las siguientes conductas irregulares: la tenencia y administración de la aeronave de la demandante fue indebida, pues esta le fue regresada a su propietaria en estado de chatarra; la retención de la aeronave fue ilegal porque las autoridades no contaban con los indicios necesarios para decretarla, y dilataron injustificadamente la devolución del vehículo, con lo cual causaron perjuicios económicos considerables.

21. En el orden legal, la Ley 270 de 1996 desarrolla la responsabilidad de la administración por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. La ley estatutaria estableció esta modalidad de responsabilidad como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una decisión judicial. Sobre esta distinción, la corporación ha dicho:

El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. (...).

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”.

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (L. 270/96, art. 69)(16).

22. En vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a una indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por la destrucción, pérdida o deterioro de bienes confiados a las autoridades y por la demora injustificada en la adopción de decisiones, cuando este retardo causa daños a las partes o a terceros(17).

23. En este caso, el daño está acreditado, toda vez que la aeronave de Martha Lucy Hernández fue decomisada en óptimas condiciones y luego le fue devuelta en estado de “chatarra”, como consta en el acta de entrega.

23.1. En la diligencia de registro que ordenó el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar, practicada el 2 de febrero de 1990, se identificó el vehículo como la aeronave con número de matrícula HK-2376P, color blanco con franjas azules, tipo Aerocommander, cerrada y ubicada al aire libre, con una placa metálica exterior en la que se lee: “Manufacturer’s Mode 681, Manufacturer’s Serial No. 6043, Type Cert 2-A-4, Production Certificate 203, Engine Type TP-331, MFRS Air ASSN Plate NP. 80180” (fl. 18, cdno. 2).

23.2. En la continuación de dicha diligencia, que data del 6 de febrero de 1990, el técnico de aviación Humberto Matiz Ordóñez dejó constancia de que la aeronave se encontraba en buen estado físico (fl. 22, cdno. 2):

Certifico a la vista que tiene todas sus partes operables, tiene las turbinas, los trenes y en sí toda la estructura está completa, equipos de aeronavegabilidad y equipo de comunicación, y visualmente la aeronave está en buen estado, en cuanto a su funcionamiento no lo puedo certificar pues habría que hacerle mantenimiento especial para saber esto.

23.3. El buen estado de funcionamiento de la aeronave al momento de su aprehensión fue corroborado por los técnicos de aviación que declararon en el proceso. Al respecto, Hugo Rojas Rodríguez indicó: “Se encontraba en perfectas condiciones técnicas, tanto es así que se tenía el certificado de aeronavegabilidad vigente” (fl. 64, cdno. 3). Jesús Eduardo Díaz Murillo dijo: “En el momento del decomiso se encontraba en óptimas condiciones de vuelo” (fl. 66, cdno. 3). Y Víctor Hernández Hernández manifestó: “El avión se encontraba en perfectas condiciones para vuelo” (fl. 68, cdno. 3). En efecto, obra en el proceso la copia del correspondiente certificado de aeronavegabilidad (fl. 167, cdno. 4) vigente desde el 15 de enero de 1989.

23.4. La aeronave decomisada fue puesta a disposición del Ministerio de Defensa, por resolución 907 del Consejo Nacional de Estupefacientes. La Fuerza Aérea, por su parte, dispuso el traslado de la aeronave desde el aeropuerto El Dorado hacia la Base Militar CATAM de Bogotá. En el acta de traslado quedó registro de que la avioneta se encontraba “en estado de avión chatarra, completamente inservible” (fl. 259, cdno. 2):

La condición de la aeronave inspeccionada es la siguiente:

Se encuentra en estado de avión chatarra, completamente inservible, sin la turbina #2, sin accesorios en la turbina #1, sin ningún instrumento tanto de vuelo como de los motores, no posee ningún equipo de comunicación, y el tren de nariz se encontró completamente roto. El fuselaje del avión chatarra en su parte interior se encontró completamente hueco, sin accesorios de confort, como aire acondicionado, y unidades electrónicas que normalmente se encuentran en el área de cola del fuselaje.

Se deja constancia que la aeronave fue inmovilizada en el año de 1989, sin que se tenga constancia de acta anterior, desconociéndose inventario, ni registros históricos, ni libros de vuelo, ni ninguna clase de documentación técnica.

Se deja constancia que el estado mecánico y funcional de la estructura del avión, su motor y componentes de los diferentes sistemas, es pésimo, por lo cual la reincorporación al servicio de esta aeronave se considera antieconómica.

23.5. El suboficial de la Fuerza Aérea Henry Montaño, técnico de aviación de esa institución, confirma el precario estado de la aeronave (fl. 71, cdno. 3):

El avión se encontraba completamente en estado de chatarra, inservible, le faltaba la turbina 2, es decir, la derecha; sin accesorios en la turbina 1, como el generador arrancador, filtro de aceite, sin la unidad de control de combustible, sin generador tacómetro, sin instrumentos de vuelo y de motores, carecía de equipos de comunicación, el tren de nariz estaba roto, el fuselaje interior completamente destruido, sin accesorios de confort como el aire acondicionado y unidades eléctricas, el avión carecía de inventario, no tenía registros históricos de avión ni motores, carecía de libro de vuelo y no tenía ninguna clase de documentación técnica.

23.6. Finalmente, en el acta de entrega de la aeronave al señor Joaquín Fernández, apoderado de la señora Martha Hernández, se dejó constancia de que la aeronave era “completamente inservible” (fl. 33-34, cdno. 2):

Una vez allí, se procedió a entregar real y materialmente el avión HK-2376P al Doctor Joaquín María Fernández Duque, en las mismas condiciones y sin novedad en que se recibió por parte de la Unidad, según acta respectiva, concretamente: Acta de traslado de aeronave HK-2376P arriba mencionada y según la cual la cual la aeronave cuando fue recibida por el Comando Aéreo de Transporte Militar se encontraba en estado de chatarra, completamente inservible, sin la turbina 2, sin accesorios en la turbina No. 1, sin ningún instrumento tanto de vuelo como de los motores, sin ningún equipo de comunicación y el tren de nariz completamente roto. El fuselaje del avión según la referida acta se encontraba completamente hueco, sin accesorios de confort, aire acondicionado y unidades electrónicas que normalmente se encuentran en el área cola del fuselaje. Y en ese mismo estado o sea en el que lo recibió CATAM se entrega al señor Doctor Fernández Duque. (...).

El citado profesional del derecho (...) quiere dejar constancia de lo siguiente: que de conformidad con el acta de traslado de diciembre de 1993 la aeronave se encontraba para aquella época completamente inservible, quedando de la misma algunos elementos que fueron relacionados anteriormente, pero de los cuales se desconoce su funcionamiento. Así las cosas, debo dejar constancia también que en las condiciones en que se halla el avión resulta completamente imposible siquiera pretender prenderlo y realmente lo que estoy recibiendo en este momento es la chatarra de lo que fue la aeronave HK-2376.

24. La lectura del material probatorio le permite a la Sala concluir que la aeronave HK-2376P, de propiedad de la demandante, decomisada en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento, le fue regresada en un estado de deterioro y desvalijamiento evidente. En particular, al vehículo le faltaba la turbina derecha, los accesorios de la turbina izquierda, el filtro de aceite, el generador de energía, la unidad de control de combustible, los motores, el tacómetro, los instrumentos de vuelo, los accesorios de confort y las unidades eléctricas, además de que el tren de nariz estaba roto y el fuselaje interior completamente destruido. No es entonces una hipérbole la afirmación de que la aeronave fue devuelta en un estado de chatarra.

25. Una vez establecido el daño, es necesario determinar si este resulta imputable a las entidades demandadas, en particular a las encargadas de la tenencia y administración del bien en el curso de la investigación penal.

25.1. Como antes se señaló, el 22 de agosto de 1989 el Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar realizó la diligencia de allanamiento en el Aeropuerto El Dorado y ordenó la inmovilización de la aeronave, y al día siguiente la puso a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes (fl. 188, cdno. 2). Esta entidad tuvo la custodia del bien hasta el 16 de abril de 1990, fecha en la que destinó la aeronave de forma provisional, mediante la resolución 907, al servicio del Ministerio de Defensa Nacional (fl. 31-32, cdno. 2). El día 3 de diciembre de 1993, el Ministerio de Defensa trasladó la aeronave al hangar del Comando Aéreo de Transporte Militar y la entregó a la Fuerza Aérea Colombiana, en un estado de completo deterioro (fl. 13-14, cdno. 3).

25.2. Se desconocen las razones de la destrucción de la aeronave, dado que no obran pruebas al respecto en el expediente, pero es claro que las entidades encargadas de la administración del vehículo desconocieron sus deberes legales en relación con el decomiso y destinación de bienes.

25.3. Al respecto, la Ley 30 de 1986, por la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, establece en el artículo 47 que los vehículos utilizados para la comisión de delitos relacionados con narcotráfico serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad que podrá destinarlos provisionalmente:

ART. 47.—Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que losvehículosydemásmediosdetransporte,utilizadosparalacomisióndelosdelitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serándecomisadosypuestosadisposicióninmediatadelConsejoNacionaldeEstupefacientes,elcual,porResolución,podrádestinarlosprovisionalmentealserviciooficialoentidadesdebeneficiocomúninstituidaslegalmente, darlos en arriendo o deposito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los farmacodependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Excepcionalmente podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuera el caso, a terceras personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieran participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes.

La providencia que ordena la devolución a que se refiere este artículo deberá ser consultada y solo surtirá efecto una vez confirmada por el superior. (Destaca la Sala).

25.4. A su vez, la Ley 50 de 1987, Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de los hechos(18), en el artículo 334 autoriza a los miembros de Policía Judicial a proceder al decomiso y aprehensión de las sustancias y elementos a que se refiere el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

25.5. El decomiso es una medida legítima de limitación del derecho de propiedad, que difiere de la acción de extinción del dominio prevista en el artículo 34 constitucional y por ello no requiere de orden judicial. La Corte Constitucional hace la distinción en estos términos:

El decomiso de un bien y la extinción del dominio son figuras jurídicas completamente diferentes. La extinción del dominio “es una institución autónoma de estirpe constitucional de carácter patrimonial”, que no tiene la connotación de una sanción penal. El decomiso, por su parte, es una institución típicamente penal en virtud de la cual se priva al actor de un hecho punible de los bienes que se utilizaron para cometer un ilícito o del producto de este, por lo que no se puede asimilar a la confiscación de que trata el artículo 33 de la Constitución Política.

La propiedad tiene una función social, por lo que no se deben utilizar los bienes para la realización de actividades ilícitas, pues de lo contrario, es justificable constitucionalmente que se expidan normas que permitan el decomiso de los mismos(19).

25.6. Por su parte, el Decreto 494 de 1990, entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes la responsabilidad en la ejecución de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes(20) y le asignó entre otras funciones, la correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados y la supervisión de la utilización de los bienes por parte de los depositarios y destinatarios provisionales:

ART. 3º—La Dirección Nacional de Estupefacientes tendrá como objetivo fundamental determinar y ejecutar los procedimientos administrativos requeridos para los siguientes fines: (...).

1. Coordinar el desarrollo y ejecución de las políticas del Gobierno Nacional en materia de control, prevención y represión de estupefacientes.

2. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes ocupados o decomisados por su vinculación directa o indirecta al delito de narcotráfico y conexos.

3. Lacorrectadisposicióndelosbienesocupadosodecomisadosporsudirectaoindirectavinculaciónconlosdelitosdenarcotráficoyconexos, de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6º del Decreto legislativo 1856 de 1989, o que provengan de su ejecución.

4. Cumplirlostrámitesnecesariosparaqueladestinaciónprovisional,porpartedelConsejoNacionaldeEstupefacientes,delosbienesdecomisadosuocupados,searealmenteefectiva.

5. Supervisarlautilizacióndelosbienesporpartedelosdestinatariosprovisionalesodepositarios. (...)

6.Colaborarconlasautoridadesjudicialesenelcumplimientodelasórdenesdedevoluciónodedestinacióndefinitivadelosbienes. (Destaca la Sala).

25.7. Así mismo, el Decreto 2790 de 1990, por el cual se dicta el estatuto para la defensa de la justicia, estableció en el artículo 55 que la entidad designada por la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía los mismos derechos, atribuciones, facultades, obligaciones y responsabilidades que determina la ley para los secuestres judiciales, de modo que estos debían rendir cuentas de su administración mensualmente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien podía solicitar el relevo cuando fuera necesario, con base en posibles manejos irregulares o inadecuados:

ART. 55.—Los demás bienes muebles o inmuebles, efectos dineros, acciones, divisas, derechos o beneficios de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la jurisdicción de orden público como objeto de los mismos, o que hayan sido utilizados para su comisión, o que provengan de ésta, serán ocupados o incautados por las unidades investigativas de orden público o por las de policía judicial ordinaria y colocados a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, junto con la copia de acta a que se refiere el parágrafo del artículo 53. Esta, por medio de resolución podrá destinarlos provisionalmente, así como su producto, al servicio de las direcciones nacional de instrucción criminal y de carrera judicial, y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989 en la forma y términos dispuestos en él, los decretos 1856 de 1989, 42 de 1990 y 1273 del mismo año, en concordancia con las normas de la Ley 30 de 1986, en cuanto éstas no se opongan a aquéllos.

En ningún caso los bienes podrán ser asignados a la entidad a la cual pertenezca la Unidad Investigativa de orden público que adelanta las preliminares. También podrá asignarlas al fondo rotatorio de prevención, represión y rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes, previa autorización de esta corporación.

En la resolución de asignación provisional que dicte la Dirección se dispondrá que la entidad beneficiaria designe un depositario para cada caso. Esteunavezposesionado,tendrátodoslosderechos,atribucionesyfacultades,yestarásujetoatodaslasobligaciones,deberesyresponsabilidades,queparalossecuestresjudicialesdeterminanlasleyes,debiendorendircuentamensualdesuadministraciónalaDirecciónNacionaldeEstupefacientes,lacualpodrásolicitarsurelevocuandoloestimenecesario,conbaseenposiblesmanejosirregularesoinadecuados. Este organismo comunicará a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, la destinación provisional.

Salvo lo previsto por el Decreto 2187 de 1990 sobre el decomiso administrativo o la multa contravencional, los bienes serán objeto de decomiso a favor del Estado y adjudicados definitivamente por el juez a alguna de las entidades mencionadas en el primer inciso de este artículo o en el Decreto 2390 de 1989 al momento de dictar sentencia dejando a salvo la afectación de ellos al pago de perjuicios. De todas formas su decisión se hará conocer a la oficina de registro que corresponda según la naturaleza del bien.

25.8. Lo anterior permite concluir que el Ministerio de Defensa, al recibir la aeronave de la señora Martha Lucy Hernández, asumió las mismas obligaciones que impone el Código Civil para los secuestres judiciales. Debe recordarse que el artículo 2274 del Código Civil dispuso que las reglas para el secuestro judicial son las mismas que las del depósito propiamente dicho, el artículo 2253 del dicho estatuto estableció que el depositario está obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se han confiado en depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles, en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, con todas sus accesiones y frutos.

25.9. En este caso, está plenamente acreditado que el Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante la resolución 907 del 16 de abril de 1990, destinó provisionalmente la aeronave al Ministerio de Defensa Nacional. Se demostró también que el bien objeto de decomiso sufrió un deterioro considerable, al punto que quedó en un estado de chatarra, como bien se describe en el acta de entrega final. La Sala concluye entonces que este daño provino del incumplimiento por parte de las entidades citadas de los deberes de cuidado, custodia y vigilancia del bien que debían administrar, de conformidad con los Decretos 494, 2790 de 1990 y el Código Civil.

25.10. En efecto, de los hechos probados en el proceso se colige que la Dirección Nacional de Estupefacientes no exigió los informes, inventarios y garantías que acreditaran el cumplimiento de las obligaciones por parte del Ministerio de Defensa o, al menos, no hay prueba de ello. Tampoco obra constancia de los requerimientos que se hubieren hecho al Ministerio de Defensa, de las inspecciones que se hubieren efectuado para verificar la situación de los bienes, de los inventarios demostrativos de los mismos, ni de los informes periódicos que el depositario debía remitir a la Dirección Nacional de Estupefacientes, en cumplimiento de lo previsto en la ley.

25.11. Por su parte, el Ministerio de Defensa incurrió en falla en el servicio al no devolver los bienes que le fueron dejados a su guarda en las mismas condiciones en que fueron recibidos, tal como lo dispone el Código Civil al estipular los deberes del depositario provisional, razón por la cual también es responsable por los daños causados a la parte actora.

26. La demandante sostiene además que el decomiso de la aeronave fue ilegal porque las autoridades no contaban con los indicios necesarios ni los medios de prueba para decretarlo, y dilataron injustificadamente la devolución del vehículo, con lo cual causaron graves perjuicios.

26.1. Al respecto se observa que el 2 de febrero de 1990, el jefe de la sección de automotores de la dirección de policía judicial e investigación, el Mayor William Rafael Contreras, solicitó al Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar que ordenara el registro de la aeronave HK-2376P, pues estaba siendo utilizada por traficantes en actividades ilícitas (fl. 65, cdno. 4):

Según informaciones recibidas en la Dirección de Policía Judicial e Investigación, dan cuenta que las Avionetas de matrículas HK-2376-P y HK-3060-P, vienen siendo utilizadas por narcotraficantes en actividades ilícitas, razón por la cual, se dispuso efectuar una revisión en el Aeropuerto El Dorado, siendo localizadas en el Terminal Simón Bolívar del citado aeródromo.

Por lo anterior, comedidamente me permito solicitar a ese Despacho, ordene efectuar el registro correspondiente y procederse a realizar la investigación a que se haga necesario.

26.2. En la misma fecha, el oficial de policía William Rafael Contreras, en la diligencia de ratificación y ampliación del informe, reiteró lo dicho en el oficio y añadió que el presunto informante “por medidas de seguridad no quiso dar su identificación” (fl. 67, cdno. 4):

Preguntado: Manifieste al Juzgado cómo llegó a usted la información a la cual hace referencia en su oficio. Contestó: Como lo digo en mi oficio, fue una información llegada a la Dirección de Policía Judicial e Investigación, la cual decía que las avionetas allí relacionadas venían siendo utilizadas para el transporte, o mejor aclaro, por narcotraficantes para realizar en ellas actividades ilícitas, por lo cual me trasladé al aeropuerto a ver si las avionetas HK-2376 y 3060-P se encontraban en ese terminal aéreo y las encontré allí, me dispuse a hacer averiguaciones sobre los movimientos de las mismas y se dice igualmente lo mismo que afirma el informante, el cual por medidas de seguridad no quiso dar su identificación.

26.3. Por su parte, el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar ordenó el registro de la aeronave con fundamento en lo informado por el agente de la policía William Rafael Contreras (fl. 68, cdno. 4):

El Señor MY. Contreras Rodríguez solicita el registro a las aeronaves ya mencionadas, teniendo en cuenta que de acuerdo a informaciones obtenidas se dice que son utilizadas para el transporte de estupefacientes.

El oficial mencionado afirma al despacho que un informante que merece credibilidad, les suministró el dato referente a que en el Aeropuerto “El Dorado”, en el terminal Simón Bolívar se encontraban dos aeronaves distinguidas con las siglas HK2376P y HK3060P, las cuales son utilizadas con alguna frecuencia para el transporte de elementos relacionados con el narcotráfico, más concretamente, de estupefacientes. Que ante esta información adelantó algunas diligencias de inteligencia constatando que ciertamente dichas aeronaves se encuentran en el sitio o terminal mencionado, y con otras personas obtuvo igualmente la misma información, en el sentido de que se encuentran vinculadas con el narcotráfico.

26.4. La diligencia de registro se practicó en la misma fecha y en esta la autoridad se limitó a identificar físicamente la aeronave y dejar constancia de sus características externas. En la continuación de la diligencia, el 6 de febrero, se verificó que la aeronave no registraba material ilícito: “Registro Aeronave HK-2376P. Registrada en su parte interna incluyendo la bodega no se encontraron armas, elementos ilícitos ni estupefacientes” (fl. 22, cdno. 2).

26.5. Dado que la única prueba que sustentaba el decomiso del avión era la información suministrada por el Mayor de la Policía William Contreras, el 12 de marzo de 1990 el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá ordenó la práctica de pruebas y requirió la declaración del mencionado oficial, con el fin de que ampliara sus afirmaciones sobre las presuntas actividades ilícitas a las que estaba destinada la aeronave (fl. 86-89, cdno. 4).

26.6. En ausencia de medios de prueba en su contra, el 17 de septiembre de 1990 la señora Hernández solicitó al Juzgado Quinto Especializado de Bogotá la devolución de la aeronave, y para el efecto aportó la sentencia judicial mediante la cual se le adjudicó la propiedad del bien y el certificado de matrícula del vehículo, entre otros documentos (fl. 121-162, cdno. 4). Por su parte, el apoderado de la demandante insistió en la solicitud de entrega de la aeronave, dada la ausencia de pruebas en su contra, al menos en dos oportunidades, el 27 de enero y 24 de febrero de 1992 (fl. 166-168, cdno. 4).

26.7. El 22 de diciembre de 1992, la división de apoyo logístico de la dirección regional de fiscalías comunicó al investigador de la SIJIN que no figuraba ningún proceso penal contra la señora Hernández o alguno en que estuviera involucrada la aeronave de su propiedad (fl. 183, cdno. 4).

26.8. Por su parte, la Dirección de Investigación y Seguridad Rural del Departamento Administrativo de Seguridad informó al mismo agente que la señora Hernández no registraba antecedentes (fl. 183, cdno. 4), y la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia le comunicó que no existían en su contra antecedentes penales o contravencionales (fl. 189, cdno. 4).

26.9. El 29 de marzo de 1993, la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá ordenó el interrogatorio del agente de policía que solicitó el registro de la aeronave, es decir, el Mayor William Rafael Contreras (fl. 206, cdno. 4). Ante el requerimiento de la Fiscalía, reiterado por el investigador de la SIJIN que estaba encargado del asunto, la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia de la Policía Nacional contestó que el agente William Rafael Contreras se encontraba en vacaciones hasta el 27 de julio del mismo año (fl. 236, cdno. 4).

26.10. La ausencia de pruebas sobre las supuestas actividades ilícitas a las que estaba destinada la aeronave de la señora Hernández llevaron a la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá a proferir un auto inhibitorio el 7 de enero de 1994, en los siguientes términos (fl. 249-252, cdno. 4):

En primer lugar debemos concluir que la propiedad de la aeronave de que aquí se trata radica única y exclusivamente en Martha Lucy Hernández de Domínguez, bien este que lo adquirió por adjudicación que se le hiciera dentro del proceso de sucesión de su difunto esposo Diego Domínguez Escobar, razón esta que nos permite predicar que no puede hablarse por manera alguna que haya ilicitud respecto de su adquisición y menos aún respecto de su propietario anterior, ya que dicho bien fue denunciado como haber del causante ante el Juzgado en el cual se tramitara la sucesión.

Ahora bien: la inmovilización de la aeronave cuya situación jurídica aquí se decide, atendiendo a los fundamentos de la petición de registro, se fundamentó en que la misma era utilizada por narcotraficantes en actividades ilícitas, las que no se determinan, pero que en gracia de discusión debe entenderse que lógicamente lo era en el tráfico de estupefacientes. Para nosotros el fundamento de la petición de registro no está probado y el mismo se basa en unas informaciones sin confirmar, observándose por lo demás que ni siquiera se hace mención del propietario o de los presuntos narcotraficantes. Aquí está demostrado mediante lo consignado en la Resolución por la cual el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió revocar la medida de suspensión que pesaba sobre la aeronave, que el anterior propietario de la aeronave, hoy fallecido, Diego Domínguez Escobar, acorde con los reportes dados por los organismos de seguridad, no registraba para esa fecha antecedentes por tráfico de estupefacientes, como tampoco los registra Martha Lucy Hernández de Domínguez, su actual propietaria, según los informes analizados en anterior oportunidad en esta providencia. Por lo demás, registrada la aeronave y según los resultados del registro, en ella no se encontraron residuos siquiera de estupefacientes, como lo dejó consignado en el acta el funcionario que practicó la diligencia.

Medidas como la aquí tomada inicialmente por la autoridad de Policía han sido muchas y ellas en la gran mayoría de los casos no han tenido respaldo probatorio a pesar de las pruebas practicadas, entendiendo que es obligación de quien rinde el informe o solicita una medida como la de autos, la de aportar la prueba que respalde el petitum, caso presente, la prueba de que efectivamente la aeronave era utilizada como se dijo, por narcotraficantes en actividades ilícitas, precisando qué actividades, y en este caso el peticionario no aportó ninguna prueba con el escrito petitorio, como tampoco durante la práctica de la diligencia de ratificación y ampliación del informe y en la que solamente se limitó a afirmar que las informaciones habían sido suministradas por una persona que por medidas de seguridad se abstuvo de identificarse, hecho este que bien pudiera admitirse para el curso de la investigación pero no ante la autoridad policial, quien ha debido registrar sus nombres a fin de que en el evento de ser necesario, respaldar los presuntos cargos que en forma genérica se formularon.

En nuestro criterio, fundados en el acervo probatorio recaudado del que se concluye que no hay prueba que respalde los motivos que determinaron la inmovilización de la aeronave HK-2673P (sic), procede válida y jurídicamente el que nos inhibamos para abrir en este caso instrucción penal, decisión que conlleva el que se ordene la entrega del bien en favor de su legítima propietaria, decisión que debe ser consultada y si fuere confirmada por el Superior, deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que se proceda a la entrega, adjuntándole copia de esta resolución.

26.11. Esta decisión fue duramente cuestionada por el Ministerio Público, que solicitó su revocatoria en sede de consulta porque, en su entender, el ente investigador no practicó todas las pruebas decretadas y, en especial, no hizo un esfuerzo para ampliar la versión del oficial de policía que rindió el informe en que se basó la investigación (fl. 31-33, cdno. 4).

26.12. No obstante, el 23 de febrero de 1994 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la decisión dictada por la Fiscalía Regional de Bogotá, al comprobar que no había pruebas para concluir que se había configurado el tipo penal previsto en la Ley 30 de 1986 (fl. 38-41, cdno. 4):

El Despacho no puede menos que reconocer la esquivez de medios acriminatorios (sic) para dar por sentada la veracidad del oficial de la Policía Nacional (...)

Cuán grato hubiera sido que la Juez 90 de Instrucción Penal Militar cumpliera con la misión encomendada y que en su oportuna ocasión se comportara como lo que debía ser. Pero no: esa mal llamada diligencia de ratificación y “ampliación” de fls. 5 no tiene nada distinto a un cumplido que se le da a un servidor público, sin profundizar para nada en lo que es materia de denuncia, ante todo cuando se están lanzando cargos contra personas indeterminadas y provenientes de unas fuentes anónimas, oscuras y hasta fantasmales. Queda reflejada de esa manera la superficialidad y la desidia de la que con sobrada razón se duele el Ministerio Público en esta instancia.

Bastante extraño que la sola autorización para un registro o cateo, sin secuelas desfavorables para la propietaria de la avioneta, condujera a la puesta a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes y a la provisional destinación, no empece (sic) la inexistencia de uno cualquiera de los elementos de juicio que en derecho y equidad corresponderían examinar. Tiene visos de insólito que se comisione para “registrar” unas naves y, no obstante resultar negativas las sospechas, se realice un adelantamiento preprocesal incuestionablemente desfavorable a un ciudadano, con lo cual se conculcan claros derechos a la propiedad privada, sin dejar de mencionar la inversión de la carga probatoria y la transgresión a la presunción de inocencia. (...).

La infracción a la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes) se encuentra lejos de haberse configurado en esta dilatada actuación. De otro lado, no se avista la consumación de un injusto relacionado con el Decreto 1856 de 1989 o testaferrato, pues la documentación está en regla y la persona dubitada recibió por justo título, comprobado esto por los medios legales más idóneos. Apelar a la tesis del déficit demostrativo de la debida tenencia, para fines como la lucha contra el narcotráfico, es torcerle el pescuezo al tenor literal de las normas, so pretexto de consultar su espíritu o de mostrar un rigorismo que, de golpe, sí se requiere en otros asuntos que esperan pronta decisión.

Entonces, el despacho comparte la determinación tomada por el a-quo, con base en lo anotado en la providencia de primer grado y en lo que viene de verse. Además, la manifestación insular, ligera y abstracta del único que desconfiara de la licitud de las actividades de la aeronave, de ninguna forma tiene poder suasorio como para desvirtuar las evidencias que le han colocado serio mentís. (...)

Empero, a falta de una información que nunca diera ni dará el policial, deviene en insostenible que la Justicia –y la Fiscalía General de la Nación, en concreto– inicie una penosa y prolongada investigación nacida de una comunicación en la que compiten la vaguedad con la carencia de fuerza de convicción, pues fluye de bulto la ausencia de seguridad en las aserciones, seguramente con el broquel de la información “supersecreta” o de la infidencia hecha por quien jamás aparecerá. La extremada diligencia denotada por el mayor Contreras y la Juez de Instrucción Penal Militar quedaron relegadas a un segundo plano cuando justamente se precisaban concisión y criterios de certeza.

27. Como antes se señaló, el artículo 47 de la Ley 30 de 1986 indica que los vehículos utilizados para la comisión de delitos relacionados con narcotráfico deben ser decomisados y puestos a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes, que podrá destinarlos provisionalmente.

28. En este caso, sin embargo, la Sala considera que no había motivos suficientes para concluir que la aeronave HK-2376P era utilizada para actividades de tráfico de estupefacientes. Se advierte que la única prueba en ese sentido era la afirmación del agente de policía William Contreras, que se limitó a afirmar que la sección de automotores de la dirección de policía judicial e Investigación había recibido información al respecto, que el informante no podía identificarse “por razones de seguridad” y que al trasladarse al aeropuerto El Dorado para inspeccionar la aeronave había confirmado la información, sin llegar a especificar en qué consistió la labor investigativa. Es de anotar que en dos ocasiones el agente de policía fue llamado a declarar para ampliar su dicho, sin que esta diligencia se haya llevado a cabo. La razón por la que el Mayor Contreras no fue interrogado fue que se encontraba de vacaciones para la fecha en que fue citado.

29. Por el contrario, en la diligencia de registro de la aeronave, del 6 de febrero de 1990 se pudo comprobar que esta no guardaba en su interior material ilícito, armamento o sustancias estupefacientes.

30. Sumado a lo anterior, las autoridades competentes informaron que la señora Martha Lucy Hernández no registraba antecedentes penales ni contravencionales y que la aeronave de su propiedad no había estado vinculada a actividades ilícitas, lo que de haberse comprobado permitiría sustentar la necesidad de la investigación y del decomiso.

31. Se advierte además que la señora Hernández y su abogado, en por lo menos tres ocasiones, solicitaron la devolución de la aeronave debido a la falta de pruebas incriminatorias, y para el efecto aportaron documentos que acreditaban la propiedad sobre el vehículo como la sentencia judicial mediante la cual se adjudicó el bien, el certificado de matrícula y el folio de registro de la Dirección Administrativa de Aeronáutica Civil.

32. Estas fueron las razones que condujeron a la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá a proferir auto inhibitorio, por la ausencia de pruebas que vincularan al vehículo de la demandante con alguna actividad ilícita, y por las cuales la fiscalía delegada ante el tribunal nacional confirmó la decisión y dejó en firme la orden de devolución inmediata de la aeronave.

33. Ciertamente, no solo las pruebas para sustentar el decomiso eran inexistentes (se limitaban al dicho de un agente de policía cuya veracidad no se corroboró), sino que existían otras pruebas en sentido contrario que permitían constatar la licitud de su origen y utilización.

34. Esta falta de fundamento para el decomiso del bien es imputable a la Policía Nacional. Basta con recordar que la dirección de policía judicial e investigación, por medio de la jefatura de la sección de automotores, solicitó el registro de la aeronave debido a unas presuntas actividades ilícitas cuya materialidad nunca se demostró; que a través del Juzgado 51 de instrucción penal militar, dependiente de la Policía Nacional, se ordenó la inmovilización del vehículo, y por orden del Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar, así mismo dependiente de la institución policial, se decretó el decomiso de la aeronave y esta se puso a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

35. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, la Sala concuerda con el tribunal en que la entidad actuó conforme a las ritualidades que impone la ley y se limitó a investigar con base en la información dada por la dirección de policía judicial e investigación. Luego de que la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá avocó el conocimiento de la instrucción el 8 de octubre de 1992, el ente acusador instruyó el proceso dentro de los términos legales. En marzo de 1993 ordenó la práctica de pruebas, destacó la necesidad de practicar un interrogatorio del agente de policía que solicitó el registro de la aeronave y solicitó ampliación de información a la Dirección de Policía Judicial e Investigación y a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para lo cual comisionó a un agente investigador de la SIJIN. De igual forma, requirió la ayuda de los organismos de seguridad para establecer los antecedentes penales de la señora Hernández y la posible vinculación de sus bienes con hechos ilícitos, así como requirió la documentación relativa a la aeronave de su propiedad. Al cabo de estos procedimientos, por falta de pruebas, profirió auto inhibitorio y dispuso la devolución del bien, decisión que fue confirmada en sede de consulta.

36. En relación con el retardo de las autoridades para la devolución de la aeronave, la Sala considera que el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Estupefacientes incurrieron en una dilación injustificada en la resolución de asuntos de su competencia, como se verá a continuación.

36.1. Sobre el retardo injustificado en la toma de decisiones, es preciso recordar que la Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia en el artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 228 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a un rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial.

36.2. Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, consagra que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

36.3. En cuanto a los lineamientos para determinar si el retardo de una decisión judicial está justificada o no, se debe observar la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo del despacho y los estándares de funcionamiento, entre otros factores relevantes:

Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(21).

36.4. Estos parámetros guardan armonía con los utilizados en el derecho internacional para establecer la razonabilidad del plazo en una actuación judicial. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado los siguientes estándares sobre plazo razonable(22):

El concepto de plazo razonable contemplado en el artículo 8º de la Convención Americana está íntimamente ligado con el recurso efectivo, sencillo y rápido contemplado en su artículo 25(23). Este tribunal ha señalado que la razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse(24).

Igualmente, la jurisprudencia reiterada ha considerado cuatro aspectos para determinar en cada caso concreto el cumplimiento de esta regla: la complejidad del asunto; la conducta de las autoridades; la actividad procesal del interesado(25), y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso(26).

Respecto de la complejidad del caso, este tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios, entre los cuales se encuentran la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación(27). Asimismo, el tribunal europeo ha indicado que la complejidad debe determinarse por la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos(28).

36.5. En este caso, luego de reiteradas solicitudes de la demandante y de su apoderado, la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá ordenó la entrega inmediata de la aeronave a su propietaria el 7 de enero de 1994 y, debido a la obligatoriedad del grado jurisdiccional de consulta, la orden debió ser ratificada por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional en decisión del 23 de febrero de 1994. La devolución solo fue cumplida hasta el 26 de octubre de 1994, cuando el bien le fue devuelto a su propietaria, aunque en estado de chatarra y completamente inservible, es decir, la autoridad tardó ocho meses y tres días en ejecutar la orden de entrega definitiva.

36.6. Esta tardanza se debió a la falta de coordinación entre las entidades encargadas, irregularidad que la demandante no está obligada a soportar. En efecto, solo hasta el 20 de abril de 1994, dos meses después de dictar la orden, la Dirección Nacional de Estupefacientes solicitó al Ministerio de Defensa que procediera a la entrega de la aeronave y cancelara todos los registros que impidieran su navegabilidad (fls. 242-243, cdno. 2).

36.7. Por su parte, el 29 de abril de 1994 el subsecretario general del Ministerio de Defensa solicitó a la Dirección Nacional de Estupefacientes la documentación relativa a la incautación de la aeronave con el objeto de ubicar la unidad policial o militar a cargo del vehículo (fl. 244, cdno. 2).

36.8. El 16 de agosto de 1994, el abogado Joaquín Fernández Duque, apoderado de la demandante, le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la entrega de la aeronave de su poderdante (fls. 253-254, cdno. 2).

36.9. El 8 de septiembre de 1994, la División de Negocios Judiciales del Ministerio de Defensa informó a la Subdirectora de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes que la orden de entregar la aeronave a su propietaria no puede ejecutarse, dado que el vehículo no está en poder del Ministerio y que falta claridad sobre el número de matrícula (fl. 253-254, cdno. 2). El 26 de septiembre siguiente, la subdirectora de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes le informó al Ministerio de Defensa que en el oficio del anterior 26 de agosto había aclarado que el número de matrícula de la aeronave era el HK-2376P (fl. 255, cdno. 2).

36.10. Finalmente, el 26 de octubre de 1994 la aeronave, o los restos de la misma, fue entregada al apoderado de la señora Hernández.

36.11. La Sala estima que el tiempo empleado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Defensa para restituir a la señora Martha Lucy Hernández de Domínguez su aeronave excedió los límites del plazo razonable en la resolución de asuntos judiciales. Al analizar los criterios de razonabilidad en el plazo, no se observa que el asunto fuera complejo —se trataba de la simple ejecución de la orden de la Fiscalía—, ni se advierte que la demandante diera lugar con su conducta a la dilación del trámite, pues la parte interesada fue oportuna en sus reclamaciones. Por el contrario, se evidencia que la falta de diligencia de las entidades encargadas fue determinante en la demora que debió padecer, sin estar obligada a ello, la demandante. No solo tardaron excesivamente en hacer las respectivas solicitudes sino que, en el caso del Ministerio de Defensa, incluso desconocía el destino de la aeronave y no tenía claridad sobre el número de matrícula, pese a que se le había informado con anterioridad.

37. Sobre la alegada responsabilidad de la Rama Judicial, se observa que la demandante no especificó en qué consiste la actuación irregular de esta entidad. En el expediente se constata que la Rama Judicial asumió el conocimiento del proceso el 19 de febrero de 1990 y que el 12 de marzo de 1990 el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá decretó la apertura formal de la investigación y ordenó la práctica de pruebas, en especial la declaración del agente que solicitó el registro de la aeronave con el fin de determinar la ilicitud de su destinación (fl. 86-89, cdno. 4). La Rama adelantó el respectivo trámite, practicó las pruebas y tuvo el conocimiento del asunto hasta el 8 de octubre de 1992, cuando, una vez la Fiscalía General de la Nación empezó a ejercer sus funciones como ente autónomo, el asunto pasó a manos de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá (fl. 175, cdno. 4).

38. En cuanto a la alegada responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación por la supuesta falta de intervención en la investigación, se observa que, por el contrario, el Ministerio Público intervino el 7 de febrero de 1994, intervención en la que la procuraduría judicial ante el tribunal nacional solicitó que se revocara el auto en el cual la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá se inhibió de abrir la investigación porque, a su juicio, el ente instructor no practicó todas las pruebas decretadas y, en especial, no hizo esfuerzo alguno en lograr la ampliación de la versión del oficial de la Policía que rindió el informe que originó la investigación (fl. 31-33, cdno. 4). Se recuerda que, por orden constitucional, a la Procuraduría le corresponde intervenir en los procesos judiciales cuando sea necesario en la defensa del orden jurídico, el patrimonio público y los derechos humanos (artículo 277.7). En este caso, el Ministerio Público, antes que dilatar el proceso o actuar en contra de los intereses de la señora Hernández, se limitó a ejercer los recursos que otorga la ley con el objeto de lograr un recaudo de pruebas completo y exhaustivo. Sumado a ello, la decisión inhibitoria fue conocida en segunda instancia en virtud del grado jurisdiccional de consulta y no por el recurso interpuesto por la Procuraduría. En esa medida, la Sala considera que no le asiste responsabilidad en los hechos constitutivos del daño alegado en la demanda y probado a lo largo del proceso. En esa medida, no le asiste responsabilidad en los hechos constitutivos del daño alegado en la demanda y probado a lo largo del proceso.

39. En resumen, la Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea y la Nación-Ministerio de Justicia, como sucesor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, son responsables por el incumplimiento de los deberes de cuidado, custodia y administración de la aeronave objeto de decomiso y por el retardo injustificado en la entrega del bien. Por su parte, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es responsable por el decomiso del vehículo sin contar con las pruebas o los indicios necesarios para su aprehensión e inmovilización.

40. Por todo lo anterior, se modificará la decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad de las entidades demandadas, y se hará la respectiva liquidación de los perjuicios a indemnizar.

VI. Liquidación de perjuicios

41. El tribunal de primer instancia por concepto de indemnización de los perjuicios materiales, condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y a la Dirección Nacional de Estupefacientes en abstracto y ordenó que se tasaran los perjuicios por medio de incidente, teniendo en cuenta “el modelo, el año de fabricación, el contrato de compraventa y las horas de vuelo de la aeronave, así como las actuaciones y las diligencias en las que fue asistida la demandante en el proceso penal, para el respectivo reclamo de honorarios” (fl. 429, cdno. 5).

41.1. Por su parte, la demandante solicita en el recurso de apelación que que se condene en concreto la indemnización de los perjuicios materiales causados a la señora Hernández, dado que existen pruebas suficientes para su tasación: la escritura de venta de la aeronave, que fue vendida como “chatarra”; las actas de incautación y de devolución, que demuestran su deterioro; la documentación sobre planes de navegación, y un dictamen pericial que prueba el perjuicio (fl. 445-446, cdno. 5).

41.2. En marzo de 2000, por orden del Tribunal, los economistas Jorge Hernando Díaz Valdiri y Gerardino Vivas Hernández rindieron un dictamen pericial en el que calcularon: como daño emergente, que comprende el valor de la avioneta para la fecha del informe, un total de $ 3.789.515.335; por concepto de lucro cesante, calculado de acuerdo con el valor de la aeronave y un interés legal de 6% anual, se estimó en $ 3.048.528.352; como gastos por asesorías profesionales se señalaron unos montos de $ 127.072.433 y $ 99.392.610. El valor total de lo estimado como reparación de los perjuicios materiales fue de $ 7.064.508.732.

41.3. La Dirección Nacional de Estupefacientes solicitó la ampliación y complementación del dictamen pericial en estos aspectos (fl. 228-229, cdno. 1):

a. Que los peritos sean asistidos por especialistas en materia de aviación para que con sus conceptos y conocimientos precisen, con apoyo en el acta de incautación y la de entrega, los dos estados del avión, pues se ignora cómo se encontraba este en sus aspectos: mecánicos, de mantenimiento, de pintura, etc., en cada uno de ellos, vale decir, cuando fue incautado y cuando fue devuelto.

b. Que se solicite a la empresa a la cual estaba afiliada la aeronave, los registros de vuelo o planillas, si se me acepta la denominación, para verificar: su itinerario de vuelo, valor de cada hora, de los fletes, sitios a donde viajaba y demás información necesaria para un estudio juicioso.

c. Que los valores, según se trate, se calculen con fundamento en datos oficiales suministrados por la entidad rectora de la aviación en Colombia, confrontados con las facturas o recibos de los arreglos o inversiones que se le hicieron al avión, los cuales se deben arrimar o mejor acompañar al dictamen.

d. Que los peritos al momento de realizar su labor de campo permitan la comparecencia de funcionarios o expertos designados por las entidades demandadas para confrontar las pruebas.

41.4. El 22 de agosto de 2000, los peritos solicitaron al tribunal que, para efectos de ampliar y aclarar el dictamen pericial, nombrara unos expertos en aviación y solicitara las pruebas necesarias (fl. 269-271, cdno. 2):

1. Para responder lo solicitado en el numeral a), se pide a la honorable magistrada que, previamente, nombre dos expertos en aviación “para que con sus conceptos y conocimientos precisen, con apoyo en el acta de incautación y la de entrega” y mediante la inspección ocular al avión se determine:

- El estado del avión en los tres momentos (decomiso, entrega y actual), especificando: estado de pintura, mantenimiento, mecánico, etc.

- El valor de los repuestos, pintura y mantenimiento, en cada uno de los tres estados antes mencionados.

2. Para responder lo solicitado en el numeral b), se pide a la honorable magistrada que, previamente, se oficie a la empresa a la cual estaba afiliada la aeronave que informe y ponga a disposición del despacho y de los peritos, lo siguiente:

- Registros de vuelo o planillas, donde se especifique: itinerarios, valores de cada hora de vuelo, gastos específicos de cada hora de vuelo, fletes, sitios a donde viajaba, etc.

3. Para responder lo solicitado en el numeral c), se pide a la honorable magistrada que, previamente, se oficie a la entidad rectora de la aviación en Colombia que ponga a disposición del Despacho y de los peritos, la siguiente documentación:

- Facturas o recibos de los arreglos practicados a la aeronave.

- Inversiones hechas al avión.

- Todo junto con sus respectivos soportes contables.

4. Para responder lo solicitado en el numeral d), se requiere que la honorable magistrada que, previamente, se oficie a la entidad o empresa poseedora actual de la aeronave que permita la inspección al mismo.

- Solicitándole se informe el sitio donde se halla el avión.

- Dispongan de lo necesario para colaborar con los peritos en la inspección del avión.

- Se fijen gastos de viaje y viáticos a los peritos para trasladarse al sitio donde se encuentre el avión (presumiblemente en la ciudad de Medellín), alojamiento, alimentación, etc. Por un valor de $ 1.500.000 para cada uno.

- O que se ponga a disposición de los peritos toda la ayuda logística necesaria para cumplir con lo solicitado por los demandados, a costa directa de ellos o de las partes.

5. Para responder también al numeral d) se solicita a la honorable magistrada que oficia a las entidades demandadas para que asignen dos funcionarios idóneos en el campo de la aviación y que, previamente a las respuestas correspondientes a lo aquí por ellos solicitado, se reúnan conjuntamente con los peritos y aporten sus conocimientos en el tema. También es necesario que los funcionarios nombrados estén presentes en el momento de la inspección del avión.

6. Por último, en vista de que lo solicitado corresponde a un nuevo dictamen pericial, es necesario se determine:

- Que los solicitantes de este segundo dictamen cancelen los gastos periciales correspondientes a esta nueva prueba pericial.

- Que se asignen los honorarios respectivos por esta nueva prueba pericial enfatizándose a quién le corresponde el pago correspondiente.

- Que el tiempo requerido para el desarrollo de la nueva pericia sea, como mínimo, de 30 días, contados a partir del momento que se tenga toda la información correspondiente y que se hayan cancelado los gastos periciales.

41.5. El tribunal, sin embargo, no accedió a la petición de los peritos y las pruebas requeridas por los mismos no fueron practicadas.

41.6. El día 13 de enero de 1995, la compañía Aeroservicios Técnicos de Colombia Ltda. hizo la cotización de un sistema de aviónica completo para la aeronave HK-2376P, por un valor de US$ 392.470 (fl. 11-12, cdno. 3), y el 24 de enero del mismo año, la empresa Aero Mecánica Ltda. realizó una cotización de los repuestos y mano de obra necesarios para la aeronave, por un valor de US$ 314.640 (fl. 5-10, cdno. 3).

41.7. Finalmente, como ya se dijo, el 10 de mayo de 1996, Martha Lucy Hernández transfirió a título de la venta la aeronave HK-2376P al señor William Chavarriaga Vélez, por la suma de $ 20.000.000 (fl. 36-38, cdno. 2).

41.8. La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso, detallado y especifique los exámenes, experimentos e investigaciones realizadas(29).

41.9. Al examinar el dictamen pericial a la luz de estos parámetros, se encuentra que lo consignado en el mismo por parte de los economistas Jorge Hernando Díaz y Gerardino Vivas no supone una valoración objetiva y razonable de los perjuicios materiales causados a la señora Hernández, por cuanto se limita a actualizar el valor de la oferta de compra —$ 570.000.000— y resta el monto actualizado de la venta —$ 20.000.000—, sin presentar criterio alguno técnico o científico que respalde el valor estimado del bien o de los daños sufridos por este, por la que en esas condiciones no entrega grado alguno de convicción sobre el real valor del bien en la época de los hechos.

Así las cosas, la Sala no tendrá en cuenta la suma de $ 570.000.000 como valor real de la aeronave en la época de los hechos para la tasación de la cuantía de los perjuicios (i) por la evidente desproporción entre el valor de la aeronave registrado en el acta de liquidación, partición y adjudicación de bienes en el proceso de sucesión del señor Diego Domínguez Escobar —$ 14.000.000—, que data de marzo de 1989 (fl. 20, cdno. 3), y el precio ofrecido por la empresa Air Caribe Ltda. para la eventual compra del avión —$ 570.000.000—, tan solo nueve meses después, en diciembre de 1989 (fls. 3-4, cdno. 3); además, (ii) por el hecho de que la oferta de compra se hubiera presentado cuando la aeronave ya estaba inmovilizada, desde el 22 de agosto del mismo año, lo que arroja dudas sobre la seriedad de la oferta; recuérdese que la venta nunca se concretó precisamente porque la aeronave se encontraba en custodia por parte de las autoridades, según lo reconoce la propia demandante.

También tiene en cuenta la Sala, para restar mérito a dicha evidencia (iii) que quien suscribió el documento de intención de compra, como representante legal de Air Caribe Ltda. es el mismo profesional del derecho que fungió como apoderado de la demandante dentro de la investigación en la que se dispuso su retención, tal como se aprecia en el poder que le confirió para ello el 13 de julio de 1990 (fl. 119, cdno. 4) y a lo largo de la actuación correspondiente (cdno. 4), lo que sin duda resta credibilidad a la oferta realizada, por el interés que le asistía al signatario del documento en el resultado de la investigación, (iv) advertidas como están las evidentes diferencias entre dicho valor y el declarado al momento de adjudicarse la aeronave en la sucesión del señor Domínguez Escobar y (iv) teniendo en cuenta que el capital total de Air Caribe Ltda. ascendía a $ 70.000.000, según consta en su certificado de existencia y representación legal (fl. 32, cdno. 3), suma bien inferior al valor ofrecido y sin que se conozcan en el proceso los pormenores de las posibilidades reales con que contaba para hacerla efectiva.

Aunado a ello, (v) también se verifica que aun cuando el registro de la escritura de adjudicación de la aeronave data del 21 de marzo de 1989 (fl. 39 y s.s, cdno. 3), la declaración de renta de ese año (1 de enero a 31 de diciembre de 1989) da cuenta de que el total del patrimonio de la señora Hernández de Domínguez, representado en activos fijos, ascendía a $ 70.493.000, suma bien inferior a la reclamada como presunto valor de la aeronave (fl. 153, cdno. 4) y (vi) que aunque la oferta data del 14 de diciembre de 1989 (fl. 3, cdno. 3), solo fue aceptada un año después, el 15 de diciembre de 1990 (fl. 1 ,cdno. 3) por la demandante, cuando el término de validez de la oferta comercial es de seis días conforme lo prevé el artículo 851 del Código de Comercio.

En esas condiciones, para la Sala es claro que no es posible tasar el valor de la aeronave con fundamento en el documento denominado “carta de intención de compra” proveniente del apoderado de la señora Hernández.

41.10. La Sala considera que para la restitución del valor de los graves daños sufridos por la aeronave tampoco basta con acudir a las cotizaciones presentadas como pruebas, relativas al costo de la reparación del bien, en tanto y en cuanto se desconoce si lo cotizado equivale a los equipos con los que contaba la aeronave antes de su retención o si corresponde a una repotenciación en términos distintos o superiores a aquellos en los que se encontraba previamente. Tampoco se constituye en fuente fiable para la tasación de los daños el valor por el cual fue adjudicada la aeronave en la hijuela correspondiente a la demandante en el proceso de sucesión de su cónyuge, por cuanto este corresponde a una suma fijada por los beneficiarios, sin sustento objetivo y real, pues no estuvo sustentado en un avalúo comercial.

41.11. Empero, verificado el caudal probatorio se encuentran evidencias suficientes para establecer el valor real de la aeronave, pues consta el precio real que pagó el señor Humberto Escobar a la compañía Western Commander Inc. por ella (fl. 737, cdno. 4) y que corresponde a la suma facturada de U$ 140.000, transacción que tuvo lugar el 19 de junio de 1979. En efecto, con fundamento en dicha factura de compra se importó el equipo desde los Estados Unidos de América y así consta en el correspondiente registro de importación, en el que se declaró como precio el mismo valor facturado, esto es U$ (sic)140.000.

Esa información sobre el real valor pagado por la aeronave al momento en que esta ingresó al patrimonio de la familia de la demandante, permite a la Sala determinar el valor en pesos colombianos que se pagó por esta y que corresponden a:

42,71 pesos(30), por cada dólar en junio de 1979, valor en pesos de la aeronave en la fecha de la compra por el señor Humberto Escobar: $ 5.979.400(31). Esa suma, traída a valor presente, equivale a:

Va = Vh *índice final (junio de 2016) 132,58

índice inicial (junio de 1979) 0,92104

Va = $ 860.710.557

Esa cifra corresponde al valor que para el patrimonio familiar del señor Escobar y la demandante representaría en la actualidad la aeronave, por corresponder precisamente al valor invertido en ella. De ese valor se deducirá el de venta de la aeronave, que corresponde a aquello que la demandante logró recuperar al enajenar los restos que le fueron entregados (monto actualizado).

Aunque se desconoce probatoriamente si el mercado de las aeronaves ha evolucionado hacia escenarios de apreciación, que permitan determinar si su valor actual es equivalente al que se pagó por la de propiedad de la actora, al igual que no se sabe a ciencia cierta la depreciación propia de las horas de vuelo a las que fue sometida durante su utilización, que por cierto no debieron ser significativas en razón del hecho probado de la destinación privada del bien y de la inmovilización voluntaria a la que se sometió luego de la muerte del cónyuge de la demandante, lo cierto es que la indemnización sí es posible tasarla objetivamente, con fundamento en el impacto patrimonial que el precio pagado por ella al momento de la compra representó para el núcleo familiar de la demandante, estimado con fundamento en las sumas que pagó por dicho activo.

41.12. La actualización de lo percibido con la venta de la aeronave tendrá la misma fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($ 20.000.000), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (132.58)(32), y el IPC inicial o histórico el índice de las series de empalme de la fecha de la venta (35,22)(33), para el total de $ 75.286.768, que se deducirán del valor actual de la aeronave, establecido conforme a la metodología antes indicada.

41.13. En esas condiciones, debe reconocerse a la señora Hernández de Domínguez un monto total de $ 785.423.789, por concepto de indemnización del daño emergente que padeció, con ocasión de los daños del activo fijo de su propiedad, que la determinaron a vender sus despojos en la baja suma referida en el numeral que antecede.

41.14. En cuanto al reclamo de daño emergente el pago de honorarios profesionales, se observa en el expediente el recibo suscrito el 23 de abril de 1990 por el abogado Joaquín Fernández Duque, por $ 20.000.000, que corresponde al pago de las gestiones adelantadas para lograr la entrega de la aeronave decomisada (fl. 42, cdno. 2). La Sala observa que el profesional del derecho recibió poder de la demandante y actuó a lo largo del proceso.

41.15. Este valor debe actualizarse según la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($ 20.000.000), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (132,58)(34), y el IPC inicial o histórico el índice de las series de empalme de la fecha en que se expidió el recibo (9,38)(35). La suma actualizada equivale a $ 282.686.567.

41.16. En consecuencia, se reconocerá a favor de la señora Martha Lucy Hernández de Domínguez, como indemnización del daño emergente un total de $ 1.068.110.356, correspondiente a la adición de las dos sumas antes determinadas ($ 282.686.567 y $ 785.423.789).

42. En cuanto a la pretendida indemnización por lucro cesante, se observa que no hay ninguna evidencia de la efectiva configuración de ese daño, consistente en las presuntas sumas dejadas de percibir por la imposibilidad de explotar comercialmente la aeronave durante el tiempo de su retención.

Por el contrario, la demandante reconoció en la declaración jurada que rindió ante el Juez Quinto Especializado de Bogotá(36), que desde que murió su esposo el 17 de marzo de 1987, el avión no fue utilizado hasta septiembre de 1990, por cuanto no tenía recursos económicos para moverlo. Afirmó: “el avión no se ha movido de allí sino solamente en mantenimiento y el record de eso también lo tiene la Aeronáutica”.

Tampoco hay lugar al reconocimiento de intereses sobre la sumas reconocidas, desde 1990 hasta la fecha, según lo pretendido, por cuanto en las condiciones en que la demandante detentaba el bien, este no se encontraba en condiciones de producirle un rédito susceptible de ser valorado en una tasa porcentual de su valor comercial, esto es, el hecho de tener en su patrimonio la aeronave, no implicaba per se la generación de intereses a su favor sobre el valor de esta, de modo tal que no puede afirmarse que por la retención y destrucción a la que se vio sometida, la actora dejó de percibir un ingreso que deba ser indemnizado.

Nótese cómo no se alegó en la demanda, ni menos aún se demostró, que la aeronave estuviera destinada a un uso o explotación comercial, ni que la demandante contaba con las autorizaciones requeridas para prestar con ella un servicio público. Por el contrario, se insiste, esta se encontraba sin uso como lo reconoció la demandante, por lo que el capital que representaba estaba inmovilizado por decisión de su propietaria, quien no manifestó siquiera la intención de explotarla comercialmente, y no de las autoridades, por lo que no puede imponérseles la carga de reparar un perjuicio que no se acreditó, ni les puede ser imputado.

A la Sala no le merece duda que en los términos del artículo 718 del Código Civil(37), los frutos naturales y civiles que producen los bienes le corresponden a su propietario; no se aprecia en este caso que el actor se hubiera visto privado de estos, por cuanto las pruebas del proceso dan cuenta de que la aeronave no se destinaba a ninguna actividad productiva.

Por su parte, en los términos del artículo 2232 del Código Civil, la presunción de intereses legales solo está establecida frente al dinero o a otra clase de bienes fungibles, no así frente a los activos fijos, frente a los que el actor tiene la carga de acreditar el rendimiento dejado de percibir de ellos cuando reclama la reparación de lucro cesante por la imposibilidad de explotarlos.

En esas condiciones, al no aparecer demostrado que la retención del avión le impidió a la demandante recibir un rédito que estando en posesión material de este normalmente recibiría, no es posible otorgar indemnización por tal concepto.

Por supuesto, tampoco pueden liquidarse intereses sobre las sumas reconocidas, bajo el entendido de que solo se obtiene el derecho a ellas a partir de la ejecutoria de la decisión que las ordena pagar y, por ende, no pueden generar interés de mora durante el curso del proceso. Las sumas que se reconocen sí deben ser actualizadas conforme al IPC con el fin de compensar la pérdida de su poder adquisitivo y según las fórmulas antes señaladas.

43. La compensación de los perjuicios morales fue negada por el juez de primera instancia, al no encontrarlos especificados en la demanda.

43.1. Si bien la corporación ha dicho que es posible derivar los perjuicios morales de situaciones diferentes a la pérdida de los seres queridos o por lesiones personales (por ejemplo por pérdida de bienes, incumplimiento de obligaciones o mal funcionamiento de la administración de justicia), esta indemnización está sujeta a la existencia de una prueba que acredite tales perjuicios, pues no es posible presumirlos(38). En concreto, ha manifestado:

El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(39).

43.2. En consecuencia, la Sala mantendrá la decisión del tribunal a quo de denegar la reparación por este concepto, pues no está acreditado que la destrucción de la aeronave de su propiedad y la dilación injustificada de la indagación haya generado un dolor moral a la demandante, como lo afirma.

44. En síntesis, quedó demostrado el daño alegado en la demanda y la imputación del mismo al Ministerio de Defensa y a la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidades que incurrieron en fallas por el incumplimiento de los deberes de custodia y administración del bien objeto de decomiso. También se acreditó la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en la retención injustificada del bien. Por lo tanto, la responsabilidad por la destrucción de la aeronave debe recaer frente a todas ellas y con cargo a sus patrimonios, por partes iguales.

45. Empero, no pasa por alto la Sala que la Dirección Nacional de Estupefacientes fue suprimida por el Gobierno nacional mediante el Decreto 3183 de 2011 y que su extinción concluyó el 30 de septiembre de 2014, conforme lo dispuso el Decreto 1335 del mismo año, por lo que por disposición del artículo 22 del primero de los referidos decretos, la Nación – Ministerio de Justicia se subrogó en las obligaciones a su cargo y está obligado a provisionar lo correspondiente para su pago(40), por lo que la condena, en cuanto corresponde a la extinta DNE, se proferirá en su contra. Aunque en el acto de extinción se le asignó a la sucesora Sociedad de Activos Especiales la intervención en el proceso, le asignó de manera expresa las contingencias de las eventuales condenas en contra de la entidad al Ministerio de Justicia(41).

46. Cada una de las condenadas (Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea y Nación – Ministerio de Justicia) responderá con cargo a su patrimonio por una tercera parte del valor de la condena, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste a la beneficiaria de esta de reclamar de cualquiera de ellas el pago total, lo que dará derecho a la entidad pagadora a repetir contra las demás por la parte que a cada una le corresponde.

VI. Costas

47. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 13 de mayo de 2004, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Nación – Ministerio de Justicia, por el perjuicio sufrido por la señora Martha Lucy Hernández de Domínguez debido al incumplimiento de los deberes de cuidado, custodia y administración de la aeronave objeto de decomiso, de su retención arbitraria y del retardo injustificado en su devolución.

2. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Nación – Ministerio de Justicia, a pagar a la señora Martha Lucy Hernández de Domínguez, como indemnización de los perjuicios materiales la suma total de mil sesenta y ocho millones ciento diez mil trescientos cincuenta y seis pesos ($ 1.068.110.356).

3. ABSOLVER de responsabilidad a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a la Nación – Rama Judicial y a la Nación – Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

En firme este fallo, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

1 En la demanda presentada el 25 de octubre de 1996, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de indemnización de los “perjuicios por daño antijurídico” a favor de la señora Martha Hernández, fue estimada en $ 1.000.000.000 (fl. 3, cdno. 1). Por estar vigente al momento de interposición del recurso de apelación (1º de junio de 2004), se aplica el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modificó el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, según el cual la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1996 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 13.460.000.

2 C.P., “ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Código Contencioso Administrativo. “ART. 86.—La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

3 El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala al respecto: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

6 La norma mencionada agrega: “Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

7 La señora Hernández de Domínguez adquirió la propiedad de la aeronave HK-2376P en el proceso de sucesión del señor Diego Domínguez Escobar (fl. 18-26, cdno. 3). Además se observa como propietaria en el folio de matrícula aeronáutica 2252 (fl. 29, cdno. 3), el certificado de matrícula (fl. 98, cdno. 4) y el certificado de aeronavegabilidad 377 (fl. 112, cdno. 4), suscritos por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil.

8 Decreto 494 de 1990. “ART. 3. La Dirección Nacional de Estupefacientes tendrá como objetivo fundamental determinar y ejecutar los procedimientos administrativos requeridos para los siguientes fines (…) 3. La correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculación con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6 o. del Decreto legislativo 1856 de 1989, o que provengan de su ejecución.
4. Cumplir los trámites necesarios para que la destinación provisional, por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, de los bienes decomisados u ocupados, sea realmente efectiva.
5. Supervisar la utilización de los bienes por parte de los destinatarios provisionales o depositarios.
6. Colaborar con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las órdenes de devolución o de destinación definitiva de los bienes.

9 Ibídem, artículo 2. Para la eficaz ejecución de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes, créase la Dirección Nacional de Estupefacientes, como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia —Se resalta—.

10 Esto sin perjuicio de la decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera de unificar la jurisprudencia en el sentido de otorgar a las copias simples el mismo valor probatorio que se concede a los documentos originales o copias auténticas, siempre que no hayan sido objeto de tacha de falsedad. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

11 Esta corporación ha considerado que las fotografías carecen de valor probatorio si no hay certeza de que la imagen registrada corresponde a los hechos alegados en la demanda, salvo que hayan sido reconocidas o ratificadas. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, exp. 28459, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 28 de julio de 2005, exp. 14998, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 3 de febrero de 2010, exp. 18034, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 31302, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

12 La partición y adjudicación de bienes fue aprobada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí el 16 de marzo de 1989 (fl. 25, cdno. 3) y protocolizada mediante escritura pública en la Notaría 17 del Círculo de Medellín el 12 de febrero de 1991 (fl. 18, cdno. 3).

13 En el oficio se registró como fecha de recibido el 12 de agosto de 1994 (fl. 240, cdno. 2).

14 El oficio de la Dirección Nacional de Estupefacientes obra en el plenario (fl. 252, cdno. 2).

15 El 21 de noviembre de 1994, la Fuerza Aérea firmó un “otrosí” del acta de entrega en el que aclaró que la fecha de suscripción de la misma no era el 26 de septiembre de 1994, como aparece originalmente, sino el 26 de octubre del mismo año (fl. 15, cdno. 3).

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

17 Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se entregó al secuestre sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie por un período prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, exp. 7859, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; o por el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado en un proceso ejecutivo, que permaneció años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp. 12791, C.P. German Rodríguez Villamizar.

18 La norma fue derogada por el Decreto 2700 de 1991.

19 Corte Constitucional, sentencia C-674 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Álvaro Tafur Galvis.

20 ART. 2º.—Para la eficaz ejecución de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes, créase la Dirección Nacional de Estupefacientes, como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Argüelles y otros vs. Argentina, sentencia de 20 de noviembre de 2014, Serie C 288, párr. 188-190.

23 [188] “Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C 147, párr. 155, y Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C 269, párr. 188”.

24 [189] “Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C 35, párr. 71, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 188”.

25 [190] “Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 72, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

26 [191] “Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros, párr. 155, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

27 [192] “Cfr. inter alia, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 78, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

28 [193] “Cfr. TEDH, Caso Milasi v. ltaly. Sentencia de 25 de junio de 1987, párr. 16. Esto también fue citado en Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

30 http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/dolar-historico-1979.html

31 En la solicitud de registro y matrícula de la aeronave se declaró su valor en pesos, por la suma de $ 5.600.000; sin embargo, se considera más preciso tomar el valor declarado para la importación.

32 IPC de junio de 2016.

33 IPC de mayo de 1996.

34 IPC de junio de 2016.

35 IPC de abril de 1990.

36 Prueba trasladada que fue recaudada con la comparecencia de la demandante y que puede, por tanto, apreciarse en aquello que le resulte desfavorable, como declaración de parte.

37 Código Civil. “ART. 718.—Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales”.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, exp. 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo; sentencia de 11 de noviembre de 2009, exp. 17119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de noviembre de 1994, exp. 9367, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 11 de noviembre de 1999, exp. 12652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; sentencia de 13 de abril de 2000, exp. 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque, entre otras.

40 “ART. 25, PAR. 2º—El Ministerio de Justicia y del Derecho constituirá́ la provisión correspondiente para atender las eventuales resultas negativas de los procesos judiciales en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Para tal efecto, se aplicarán las reglas establecidas para el pago de obligaciones por procesos en curso establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y normas que lo reglamentan. El liquidador suministrará la información que se requiera para estos fines”.

41 ART. 22.—De la subrogación de derechos y obligaciones y traspaso de bienes de la masa de la liquidación. El Ministerio de Justicia y del Derecho se subrogará en las obligaciones y derechos de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación una vez queden en firme el acta final de liquidación y se declare terminado el proceso de liquidación de la entidad.