Sentencia 1996-13709 de junio 25 de 2014

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199613709 01

Expediente: 30.583

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Emilio Cárdenas Roncancio y otros

Demandado: Hospital Militar Central

Referencia: apelación sentencia - reparación directa

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 1º de noviembre de 1997 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 5.000 gramos de oro equivalentes a $ 63’929.250 solicitados por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de los padres de la víctima directa, suma que supera el monto exigido en aquella época ($ 13’460.000), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación(12).

2.1.2. Oportunidad para el ejercicio de la acción.

De la lectura de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda, se infiere, sin hesitación alguna, que la génesis del presente litigio se fundamentó en dos imputaciones concretas contra la institución médica demandada, a saber: i) las lesiones de carácter permanente —estado de coma profundo— que sufrió el menor Juan Carlos Cárdenas Letrado, como consecuencia de la aplicación de anestesia durante la intervención quirúrgica realizada el 28 de mayo de 1983 y, ii) la muerte del referido menor acaecida el día 20 de noviembre de 1996, mientras se encontraba internado —en estado de coma— en el hospital demandado.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria respecto la muerte del menor Juan Carlos Cárdenas letrado, advierte la Sala que se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que su óbito se produjo el 20 de noviembre de 1996 y la demanda se presentó el 1º de abril de 1997.

Por otra parte, frente a la imputación relacionada con la presunta falla del servicio médico que habría ocasionado el estado de coma profundo del menor, se tiene que sobre dicho daño los ahora demandantes formularon demanda de reparación directa ante esta jurisdicción y que, mediante sentencia proferida el 22 de marzo de 1990, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva y, en consecuencia, decidió “inhibirse para pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones”(13). Frente a tal decisión la parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión, el cual fue resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 13 de febrero de 1994, en el sentido de declarar impróspero el referido recurso extraordinario(14).

Así las cosas, estima la Sala necesario precisar que, si bien no existe cosa juzgada material respecto de dicho hecho dañoso —estado de coma—, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo inhibitorio y, por ende, bien pude incoarse una acción tendiente a obtener el resarcimiento de los perjuicios que de ese daño se derivaron, lo cierto es que sobre el mismo operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, comoquiera que dicho daño tuvo su ocurrencia el día 28 de mayo de 1983 a raíz de una intervención quirúrgica practicada al referido menor. Por lo tanto, por haberse interpuesto la demanda el 1º de abril de 1997, se impone concluir que la demanda frente a ese hecho dañoso se interpuso cuando el término de caducidad ya se encontraba ampliamente vencido.

En conclusión, procederá la Sala a estudiar, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, si la institución hospitalaria demandada es patrimonialmente responsable por la muerte del menor Juan Carlos Cárdenas Letrado, ocurrida el 20 de noviembre de 1996.

2.2. Precisiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto(15). 

Sea lo primero advertir que en sentencia de 19 de abril 2012(16), la Sala que integra la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación.

Ahora bien, en tratándose de supuestos en los cuales se discute la declaratoria de responsabilidad estatal con ocasión de actividades médico-asistenciales, según jurisprudencia constante de esta corporación, la responsabilidad patrimonial que le incumbe al Estado bien puede ser analizada bajo el régimen de la falla probada del servicio, a lo cual se ha agregado que, en atención al carácter técnico de la actividad médica y a la dificultad probatoria que ello conlleva, el nexo de causalidad puede acreditarse de diversas maneras, en especial mediante la utilización de indicios, que no en pocas ocasiones constituye el único medio probatorio que permite establecer la presencia de la falla endilgada(17).

De otra parte, esta Sala también ha considerado que, en el marco de las actividades médico-sanitarias, existen situaciones que pueden regirse por el esquema de la responsabilidad objetiva, dada la peligrosidad que revisten ciertos procedimientos médico quirúrgicos; así por ejemplo, en tratándose de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales(18), la Sección Tercera en sentencia del 6 de noviembre de 1997(19) tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el tema, al estudiar un caso en el que se discutía la responsabilidad de la administración por la infección que se produjo en el ojo de una paciente, la cual fue contraída en un quirófano mientras se le realizaba una cirugía de cataratas, circunstancia que llevó a que el ojo tuviese que ser extirpado y se le implantara una prótesis; en esa ocasión el análisis de la responsabilidad se realizó con base en el título de imputación de “falla presunta del servicio”, bajo el siguiente razonamiento:

“Con la copia de la historia clínica allegada al expediente (fl. 7, cdno. 2) aparece demostrado que Mariela Gutiérrez de Quiroga, quien tenía la condición de afiliada a la entidad demandada, efectivamente fue operada de cataratas en la clínica Fray Bartolomé de las Casas, por cuenta de la Caja de Previsión Social de Bogotá, D.C.; que tres días después de la operación presentó una grave infección y que al no poder controlarse mediante drogas, a la paciente se le extrajo el ojo derecho y se le implantó una prótesis.

Lo anterior evidencia, entonces, de una parte, la existencia de un daño sufrido por la demandada; y de otra, la relación de causalidad del mismo con la intervención que le fue practicada por la entidad demandada, cuya demostración se cumple simplemente acreditando que el daño sufrido ha sido causado como consecuencia del tratamiento o intervención practicada por la demandada, sin que implique la demostración de la causa específica que lo determinó.

(...) A la entidad demandada le correspondía desvirtuar la presunción de falla que obraba en su contra, en virtud de la cual se estimaba precisamente que la infección había ocurrido por su falta de diligencia.

Si era probable que la infección hubiese ocurrido en la sala de cirugía, como lo admite la propia médica tratante, la demandada tenía la carga de demostrar las precauciones que allí se tomaron para practicar la operación o al menos explicar cuáles fueron los resultados de las investigaciones que el propio hospital hizo para investigar la causa de la citada infección. Y la falta de dicha prueba, que deja en la indeterminación la causa específica del daño, acarrea como consecuencia que en desarrollo de la presunción jurisprudencial establecida en esta materia, dicho daño se impute a la entidad prestadora del servicio médico”(20).

Años más tarde, en sentencia del 19 de agosto de 2009(21), la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que tales infecciones intrahospitalarias o nosocomiales se encuadran en aquellas situaciones que deben ser analizadas bajo el esquema de la responsabilidad objetiva; en ese sentido, la jurisprudencia de esta sección, con fundamento en doctrina y jurisprudencia extranjera(22), clasificó a dichas infecciones dentro de los escenarios en los cuales resulta posible predicar la responsabilidad estatal bajo la égida del título objetivo de riesgo excepcional, específicamente, en tratándose del empleo de cosas o actividades peligrosas dentro de la actividad médico-asistencial; sin embargo, se aclaró que dicho pronunciamiento no pretendía desconocer que la responsabilidad médico-hospitalaria se encuentra asentada sobre la base de un criterio culpabilista, razón por la cual mal haría la jurisprudencia administrativa en tildar a la medicina como una actividad riesgosa; no obstante, se consideró —a modo de excepción—, que dentro del ejercicio de la actividad médica, existen varios escenarios en cuales resulta posible predicar la existencia de un régimen objetivo de responsabilidad. Así lo expresó la sección:

“... Se hace claridad en que los daños derivados de: infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, la aplicación de vacunas, el suministro de medicamentos, o el empleo de métodos terapéuticos nuevos y de consecuencias poco conocidas todavía, constituyen daños antijurídicos que tienden a ser imputados o endilgados desde una perspectiva objetiva de responsabilidad, razón por la que no tendrá relevancia jurídica la acreditación de que la entidad hospitalaria actuó de manera diligente o cuidadosa, sino que lo determinante es la atribución fáctica o material del daño en cabeza del servicio médico y sanitario brindado, asociado con el factor de riesgo que conllevan las mencionadas circunstancias” (subrayas y negrillas de la Sala).

El anterior planteamiento fue reiterado por la Subsección A de la Sección Tercera mediante sentencia proferida el 25 de marzo de 2011(23), en la cual se desarrollaron tales eventos susceptibles de ser estudiados bajo el régimen objetivo de responsabilidad, de la siguiente manera:

i) Aquellos eventos que implican la manipulación de cosas peligrosas, o que el procedimiento o el tratamiento empleado entrañe peligro, pero siempre y cuando la herramienta riesgosa cause el daño de manera directa o por ella misma, pues si la lesión es producto de una ejecución irregular del acto médico, aunque medie un instrumento que represente peligro o riesgo, el caso específico estará regido por la responsabilidad subjetiva o culposa;

ii) Cuando respecto de un medicamento, tratamiento o procedimiento que implica o conlleva un progreso en la ciencia y, por lo tanto, se considera novedoso, se desconocen las consecuencias o secuelas a largo plazo del mismo;

iii) Cuando en el acto médico se emplean químicos o sustancias peligrosas (v.gr. eventos de medicina nuclear);

iv) En supuestos de vacunas porque se asume de manera implícita su eventual peligrosidad y reacciones adversas en los diferentes organismos y;

v) Cuando el daño es producto de una infección nosocomial o intrahospitalaria.

No obstante los anteriores pronunciamientos, solo fue hasta la sentencia proferida el 27 de junio de 2012(24), cuando el Consejo de Estado aplicó el régimen de responsabilidad objetivo en un caso concreto, en el cual se discutía la responsabilidad de la administración por una “artritis séptica” contraída en un centro hospitalario; para tal efecto, la Sala, luego de reiterar los anteriores pronunciamientos respecto de la responsabilidad de tipo objetivo que le asiste al Estado derivada de infecciones nosocomiales, precisó que,

“... para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial del Estado, quien alega haber sufrido un perjuicio deberá acreditar que la infección que afectó a la víctima fue adquirida en el centro hospitalario o asistencial o que se produjo como consecuencia de un procedimiento médico, sin que en tal evento resulte necesario que se pruebe que la entidad demandada actuó de manera indebida o negligente; esta última, por su parte, podrá eximirse de responsabilidad única y exclusivamente probando que la infección, para el caso que ocupa a la Sala en esta oportunidad, ocurrió como consecuencia de una causa extraña, esto es una fuerza mayor o el hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero.

“(...) La Sala encuentra, entonces, que a la luz de los documentos aportados al proceso, la infección sufrida por la señora Cuesta Torres, la cual le causó la artritis séptica, fue adquirida como consecuencia de la artrografía que se le realizó en su rodilla derecha el día 27 de octubre de 1997 en las instalaciones del Hospital Universitario San José de Popayán, razón por la cual y atendiendo la jurisprudencia consolidada en la materia, en punto a la responsabilidad objetiva por infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará al Hospital Universitario San José de Popayán y a Comsalud IPS, como responsables patrimonialmente por los hechos objeto de este proceso.

Por otra parte, aun cuando tanto el Hospital Universitario San José de Popayán y como Comsalud IPS, acreditaron haber actuado con diligencia y cuidado en la realización del procedimiento médico, dicha conducta no resulta suficiente para exculparlas en un caso como el presente, en el cual se analizan los hechos objeto del litigio a partir de un esquema de responsabilidad objetiva, puesto que solo se podrá exculpar a la parte demandada, se reitera, cuando ella acredite una causa extraña; en el presente caso, sin embargo, no se encuentran elementos probatorios que le permitan a la Sala inferir la existencia de alguna causa extraña al actuar de las entidades demandadas, que hubiere podido generar la infección que padeció la señora Cuesta Torres”.

En ese mismo sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 7 de noviembre de 2012, declaró la responsabilidad del ISS por la muerte de una madre gestante cuyo diagnóstico final fue “sepsis secundaria de episiotomía sobreinfectada”. En aquella oportunidad al referirse a la responsabilidad del ente público demandado, discurrió de la siguiente manera:

“... Aun cuando el Hospital Lorencita Villegas de Santos acreditó haber actuado con diligencia y cuidado en la realización del parto —el cual se realizó de forma satisfactoria— y, posteriormente, inició el tratamiento antibiótico para contener la infección adquirida en dicho centro hospitalario, tales actuaciones per se no resultan suficientes para liberarlo de responsabilidad en un caso como el presente, en el cual se analizan los hechos objeto del litigio a partir de un esquema de responsabilidad objetiva, en virtud del cual corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues —bueno es insistir en ello—, fue una infección contraída en el centro hospitalario demandado que produjo la muerte de la paciente.

Ese mismo marco conceptual impone entender que es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar —en este caso concreto—, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, como fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, y ocurre que ninguna de estas causales eximentes de responsabilidad ha sido acreditada en el plenario”(25).

En pronunciamiento más reciente del 29 de mayo de 2013(26), la Subsección A de la Sección Tercera declaró la responsabilidad del Estado, en un asunto en el que se le reclamaba a la administración la indemnización de perjuicios derivados de una infección intrahospitalaria, que condujo a la amputación de la extremidad inferior derecha del paciente, sostuvo:

“... la Sala considera que aparece demostrado que la infección presentada por el señor César Augusto Ospina León, fue adquirida en la Clínica San Pedro Claver, por cuanto la historia clínica es contundente en señalar que desde la entrada al centro hospitalario, 4 de abril de 1998, y hasta antes del primer postoperatorio, 28 de abril de esa anualidad, el paciente no presentó ningún síntoma o señal de infección, al punto que el cultivo practicado dio resultado negativo. Ahora bien, es claro que fue a partir de la cirugía que apareció el proceso infeccioso el cual se hizo persistente a punto que ni siquiera con la amputación de la extremidad se logró restablecer la salud del paciente (...), situación fáctica que se ajusta a lo que la jurisprudencia de esta subsección sostiene acerca de la responsabilidad de índole objetiva para eventos de infecciones intrahospitalarias.

Ese mismo marco conceptual impone entender que si bien está acreditada la diligencia y cuidado con las que actuó la entidad demandada en la atención prestada al señor Ospina con ocasión de su fractura, lo cierto es que, en estos eventos de infecciones intrahospitalarias, la responsabilidad del ente hospitalario se fundamenta en el hecho de que, a pesar de la gravedad de la fractura, lo cierto es que el lesionado ingresó libre de infección, y que los microorganismos que la provocaron, fueron adquiridos por el paciente en las instalaciones de la demandada”.

Finalmente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia proferida el 29 de agosto de 2013(27), al estudiar la responsabilidad del ISS en un caso de infección intrahospitalaria contraída por un menor de edad a quien esa infección le produjo una meningitis bacteriana, tuvo ocasión y también se ocupó de desarrollar los anteriores planteamientos en torno a la atribución de responsabilidad médico asistencial bajo el régimen objetivo, catalogándolo como una expresión de “riesgo excepcional”, derivado del denominado “riesgo alea”. Al respecto se discurrió de la siguiente manera:

“De las cuatro modalidades de riesgo aceptadas por la jurisprudencia de esta corporación (riesgo-peligro, riesgo-beneficio, riesgo-conflicto y riesgo-álea) la Sala considera que esta última es la más apropiada para imputar jurídicamente responsabilidad a la administración por los daños derivados de infecciones intrahospitalarias, teniendo en cuenta que esta categoría de riesgo toma en consideración la probabilidad de que ‘cierto tipo de actividades o procedimientos, pueden dar lugar, quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles, a la producción de daños sin que medie asomo alguno de culpa’.

Hasta el momento, la aplicación de la categoría de riesgo-álea, que encuentra su origen en la jurisprudencia francesa, se ha reservado en nuestro medio a aquellos supuestos en los que el daño se produce por la utilización de un aparato o instrumento empleado por la ciencia médica para el diagnóstico o tratamiento de ciertas enfermedades o patologías o por la ejecución de ciertos procedimientos para el mismo fin. No obstante, la Sala considera que nada obsta para hacer extensiva la categoría de riesgo-álea a los casos en los cuales el daño es consecuencia de una infección contraída en un centro asistencial, comoquiera que en todas estas situaciones el daño surge por la concreción de un riesgo que es conocido por la ciencia médica, pero que se torna irresistible en tanto su concreción depende, muchas veces, de la ‘ineludible mediación del azar’.

“(...) En suma, en criterio de la Sala, el riesgo puede servir como factor para atribuir jurídicamente responsabilidad a la administración por los daños causados como consecuencia de una infección de carácter intrahospitalario, entendida como aquella que se contrae por el paciente en el hospital o centro asistencial. En estos eventos la responsabilidad es de carácter objetivo, por lo que la parte demandada, para liberarse de la obligación de indemnizar los perjuicios, tendrá que demostrar que el paciente ya portaba el cuadro infeccioso antes de ingresar al nosocomio” (se ha resaltado).

De otra parte, debe resaltarse que los anteriores razonamientos estructurados por la Sección Tercera de esta corporación y sus respectivas subsecciones, respecto del análisis de responsabilidad de las infecciones nosocomiales bajo el régimen objetivo de responsabilidad, resultan coherentes y concordantes con lo manifestado por la doctrina y la jurisprudencia extranjera que se han encargado de profundizar sobre el tema en cuestión. En efecto, existe en el derecho comparado una clara tendencia orientada hacia la objetivización de la responsabilidad de los establecimientos de salud en estos asuntos, en virtud de la cual al paciente le basta con demostrar que el daño que padece es consecuencia de una —infección nosocomial— adquirida durante su permanencia en el centro hospitalario.

Así, por ejemplo, Francia ha establecido en su legislación un sistema de responsabilidad médica hospitalaria sin culpa(28), la cual opera en los casos de infecciones nosocomiales y que descansa sobre tres pilares fundamentales:

“i) el riesgo (las infecciones nosocomiales existen y cualquiera puede padecerlas), ii) la igualdad (todas las personas son iguales y por ello todas tienen derecho a estar protegidas de igual forma) y iii) la solidaridad (pese a que no se enfermarán todos, todos debemos hacernos cargo porque podría dañar a cualquiera)”(29).

En el marco del sistema de responsabilidad francés, los establecimientos y profesionales de la salud, sean de carácter público o privado, responden por los daños resultantes de infecciones hospitalarias, salvo si logran demostrar que la infección fue causada por un factor ajeno al servicio sanitario(30).

En Argentina, al lado de quienes consideran que las infecciones intrahospitalarias comportan la concreción de un riesgo propio de la actividad asistencial(31), existe un sector de la doctrina y de la jurisprudencia que afirma que, “junto al deber principal de prestar asistencia médica, el establecimiento sanitario asume un deber de seguridad que siempre es objetivo” y que puede estar referido a una obligación de medios —caso de los actos puros de profesión de los facultativos—, pero también de resultados, como lo es la que consiste en garantizar la inocuidad de “las cosas utilizadas, ámbitos físicos, instrumentos quirúrgicos, aparatos de rayos, etcétera, que pueden resultar riesgosos o viciosos (...)”(32).

De igual forma, afirma la doctrina Argentina que la carga de la prueba en estos casos reposa sobre la entidad demandada, la cual, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que se han cumplido todos los extremos necesarios para asegurar el deber de seguridad que, como obligación tácita, se halla comprendida en el contrato asistencial, y cuya omisión genera la responsabilidad directa de la entidad contratante, además de la que concierne directa y personalmente al profesional(33).

En España, al igual que ocurre en el régimen de responsabilidad estatal colombiano, el régimen de responsabilidad aplicable a casos por infecciones nosocomiales es de carácter objetivo por disposición de la ley, según el cual “la persona que provoca un riesgo que le reporta un beneficio, debe asumir la responsabilidad si causa un daño”(34). Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Español, ha discurrido de la siguiente manera:

“... Los niveles presumidos por ley de pureza, eficacia o seguridad que suponen además, posibilidades de controles técnicos de calidad, impiden, de suyo, por regla general las infecciones subsiguientes a una intervención quirúrgica adquirida en el medio hospitalario o su reactivación en el referido medio. Cuando estos controles de manera no precisada fallan; o bien, por razones atípicas dejan de funcionar, en relación con determinados sujetos, el legislador impone que los riesgos sean asumidos por el propio servicio sanitario en forma de responsabilidad objetiva”(35).

No obstante la claridad meridiana de lo que viene de verse en la anterior cita, en España existe también una posición jurisprudencial que aboga por la declaratoria de responsabilidad en casos de infecciones nosocomiales con base en la culpa o “falla del servicio”, la cual tiene su fundamento en la denominada “teoría del daño desproporcionado”, según la cual, una vez producida una infección originada por una bacteria hospitalaria tras una intervención quirúrgica, se considera que el daño producido resulta imputable al servicio hospitalario por cuanto es este el que, en una posición de dominio y exclusividad, está obligado a instrumentar las medidas profilácticas adecuadas para evitar la contaminación y, en último término, las medidas diagnósticas posteriores dirigidas a la detección de la infección y a su tratamiento, razón por la cual una vez producida la infección y, de contera, el daño, dicha circunstancia evidencia la “culpa” del ente hospitalario. La anterior tesis ha sido expuesta por el Tribunal Español en los siguientes términos:

“La doctrina jurisprudencial sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor, corresponde a la regla res ipsa loquitur (la cosa habla por sí misma), que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia, lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que aquel no sea causado por una conducta o acción que corresponda a la esfera de la propia víctima (...). La jurisprudencia no ha eliminado en modo alguno la exigencia del elemento subjetivo o culposo para este tipo de responsabilidad aquiliana, sino que carga el acento, con una finalidad social, en la prueba de esa culpa, pero invirtiendo el onus probandi, es decir, atribuyendo de la misma al demandado para que con ello acredite que en ejercicio de sus actos lícitos obró con toda la prudencia y diligencia precisa para evitar el daño, máxime en actividades de suyo peligrosas o de fácil creación de riesgo, supuesto en el que la causalidad física adquiere, en su consideración, prepotencia o prevalencia sobre la psicológica o subjetiva exigible a la gente”(36).

Ahora bien, respecto de la posibilidad de aplicar la denominada res ipsa loquitur, en nuestro régimen de responsabilidad interno, cabe advertir que tal presunción judicial, ha sido aplicada por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos de extrema negligencia (v.gr. amputación al enfermo de la pierna equivocada; extirpación de un órgano distinto al que debía extirparse, o en el caso de la muerte de un niño ocurrida como consecuencia de una operación corriente)(37); sin embargo, en tratándose de asuntos relacionados con infecciones nosocomiales, en los cuales resulta científicamente improbable controlar y/o erradicar las bacterias hospitalarias, la aplicación de dicha presunción se torna improcedente, razón por la cual la jurisprudencia de la Sala se ha fundamentado en los elementos del régimen de responsabilidad objetiva, derivados del riesgo excepcional o “riesgo alea”(38).

Por último, en Chile los tribunales han considerado que una enfermedad contraída durante la permanencia en el establecimiento es —en sí misma— evidencia prima facie de negligencia en los deberes preventivos que ha de tener la clínica u hospital o muestra de la falta del servicio del hospital público(39). El criterio aplicado en estos casos ha sido el de presunción de culpa, que encuentra sustento legal en el artículo 2329 del Código Civil Chileno. No obstante, esta postura ha sido criticada por un sector de la doctrina que considera que el daño —y no la culpa— es el fundamento de la responsabilidad del Estado, de manera que si este se produce por una infección intrahospitalaria, surge la obligación de indemnizarlo, para lo cual solo es necesario acreditar la relación de causalidad que existe entre la prestación del servicio de salud y el daño, “sin importar si hubo o no culpa en el establecimiento o sus dependientes”(40).

Ahora bien, para recapitular lo hasta ahora dicho, ha de decir la Sala que el manejo que le ha dado la jurisprudencia contencioso administrativa colombiana a los asuntos de responsabilidad médica derivados de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias en un principio —año 1997—, fue estudiado bajo el título de falla presunta del servicio, caso en el cual le correspondía a la entidad demandada acreditar la diligencia y cuidado en la atención para exculparse; no obstante, años más tarde —2009—, las infecciones nosocomiales —con apoyo en jurisprudencia y doctrina extranjeras—, fueron incluidas por la jurisprudencia de la Sección Tercera dentro de los eventos catalogados como riesgosos en el ejercicio de la actividad médica, susceptibles de ser analizados bajo el régimen objetivo de responsabilidad, concretamente por riesgo excepcional. De igual forma, según el anterior recuento jurisprudencial, se tiene que, a partir del año 2012, la jurisprudencia de la Sección Tercera atribuyó responsabilidad patrimonial al Estado por las infecciones nosocomiales en casos particulares; para tal efecto, señaló que le basta a la parte actora acreditar que la infección que afectó a la víctima fue adquirida en el centro hospitalario o asistencial y/o que se produjo como consecuencia de un procedimiento médico, sin que en tal evento resulte necesario que se pruebe que la entidad demandada hubiere actuado de manera indebida o negligente. Tales planteamientos esbozados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad derivado de las infecciones nosocomiales, resultan concordantes y coherentes con el derecho comparado (Francia, Argentina, España y Chile), en donde se estudian dichos daños bajo el régimen de responsabilidad sin culpa u objetivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se concluye, entonces, que para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial del Estado por las denominadas “infecciones nosocomiales”, quien alega haber sufrido un perjuicio deberá acreditar que la infección que afectó a la víctima fue adquirida en el centro hospitalario o asistencial o que se produjo como consecuencia de un procedimiento médico, sin que en tal evento resulte necesario que se pruebe que la entidad demandada actuó de manera indebida o negligente; esta última, por su parte, podrá eximirse de responsabilidad única y exclusivamente probando que la infección ocurrió como consecuencia de una causa extraña, esto es de una fuerza mayor o por el hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero(41).

2.3. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica del registro civil de defunción del menor Juan Carlos Cárdenas Letrado, el cual indica que su muerte se produjo el 20 de noviembre de 1996, como consecuencia de “insuficiencia respiratoria”(42).

En los cuadernos 4 a 10 se encuentra la historia clínica respecto de la atención médica brindada al menor Juan Carlos Cárdenas Letrado en el Hospital Militar Central, de la cual resulta pertinente transcribir los siguientes documentos:

— Resumen de historia clínica del referido paciente en la cual se consignó la siguiente información:

Fecha y hora de salida 19/11/96. Estancia: 13 años 6 meses. Estado salida: defunción.

Diagnósticos:

1. Secuelas de encefalopatía hipóxica.

2. Dermatitis eccematosa.

3. Otitis media crónica.

4. Síndrome convulsivo.

5. Pubertad precoz.

6. Neumopatía crónica.

Cirugías: (1983) corrección de estrabismo, gastrostomía.

Resumen: paciente quien ingresó a los 5 años de edad para corrección de estrabismo, quien es llevado a cirugía bajo anestesia general presentándose como complicación accidente anestésico, permaneciendo desde entonces en coma. Se realiza gamagrafía de percusión cerebral en junio/83 que muestra perfusión en ambos hemisferios, se da manejo expectante, con alimentación por gastrostomía, medicación anticonvulsionante a causa de síndrome convulsivo con urbadan y fenobarbital. Dependiente de oxígeno por neumopatía crónica para lo cual recibió manejo con broncodilatadores y bromuro de ipatropio. Asociado presenta múltiples episodios de otitis media requiriendo amoxacilina profiláctica permanente. Presentó además pubertad precoz secundaria a enfermedad base.

No hubo recuperación desde el punto de vista neurológico. Desde hace una semana empieza a presentar picos febriles, aumento de dificultad respiratoria que progresa hasta insuficiencia respiratoria, a pesar de manejo antibiótico y fallece el 19 de noviembre a las 12:05 a.m.(43) (negrillas adicionales).

— Copia auténtica del acta de junta médica realizada el 12 de marzo de 1997 por diferentes especialistas adscritos al Hospital Militar Central, en la cual se manifestó:

“Descripción del problema:

“Paciente que ingresa al Hospital Militar central al servicio de oftalmología para realizar corrección quirúrgica de extropía ojo izquierdo, procedimiento que es llevado a cabo el 28 de mayo de 1983. Durante la intervención presenta una complicación anestésica imprevisible e idiosincrática con hipoxia cerebral severa. El paciente presenta cuadro de encefalopatía hipóxica, edema cerebral difuso, estatus convulsivo y desde esa época hasta el momento de su fallecimiento (13 años después del ingreso), permanece en un estado vegetativo persistente.

Inicialmente fue manejado en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y luego permaneció en el servicio de medicina infantil a pesar de lo irreversible de la patología del paciente se le proporcionaron los cuidados médicos y de enfermería necesarios, ya que al parecer estos no podían ser prestados en forma ambulatoria, como se recomendó en varias oportunidades.

En 1990 el paciente se encontraba hospitalizado con diagnósticos de secuelas de encefalopatía hipóxica, dadas por cuadriparesia espásica, pérdida de habilidades cognoscitivas, sensoriales y epilepsia generalizada secundaria, siendo dependiente en todas sus actividades básicas de rutina. Presentaba además otitis media crónica y recibía tratamiento con los ya mencionados cuidados de enfermería, alimentación por sonda de gastrotomía y medicación anticonvulsionante, fenobarbital y clobazán.

“(...).

En abril de 1992 fue valorado por el servicio de neuropediatría, se reajustaron dosis de medicamentos anticonvulsionantes. Se disminuyó el clobazán y se continuó el fenobarbital ya que en múltiples oportunidades presentó episodios convulsivos (secundarios a su patología de base) (...).

En julio 93 presentó cuadro de vómito y distención abdominal que se interpretó como secundario a impactación fecal, se inició tratamiento con enemas evacuadores interdiarios, en octubre de 1993 presentó nuevo cuadro diarreico que se manejó adecuadamente (...).

En febrero de 1994 presentó nuevo cuadro de exacerbación de su cuadro respiratorio que en esta oportunidad se asoció con broncoespasmo. Requirió adición de broncodilatadores en micronebulización al tratamiento de terapia respiratoria. Hubo mejoría de su cuadro clínico respiratorio (...).

Hasta el año 1995 permaneció estable, pero se anota que requirió en forma casi permanente terapia respiratoria y manejo broncodilatador (...).

En noviembre de 1995 tuvo un nuevo episodio convulsivo (secundario a su enfermedad de base). Se tomaron niveles de anticonvulsionantes que se encontraron en rango subterapéutico. Se reajustó la dosis de estos medicamentos.

Diciembre de 1995 presentó deterioro de su cuadro pulmonar de base (secuela de compromiso neurológico), asociado a cuadro febril, se interpretó como secundario a sobreinfección pulmonar. Requirió tratamiento con antibioticoterapia, con lo cual desapareció la fiebre pero persiste con un aumento importante de la cantidad de secreciones, acumulación de estas en la vía respiratoria y broncoespasmo asociado. Se inició tratamiento con bromuro de ipatropio inhalado con mejoría parcial. Requirió oxigeno con cánula, necesidad que se hizo permanente desde abril de 1996.

Junio de 1996, presentó nuevo episodio de sobreinfección pulmonar (por sus antecedentes clínicos y enfermedad base). Secreciones espesas, purulentas. Requirió nuevo ciclo de antobioticoterapia y aspiración 2-3 veces al día.

Agosto de 1996, presentó nuevo episodio de deterioro respiratorio con aumento de dificultad respiratoria, roncus, sibilancias y fiebre. Se intensifica la terapia respiratoria. Persistió el cuadro febril por lo cual se tomó cuadro hemático que fue reportado como normal. Desapareció la fiebre hasta septiembre de 1996 cuando se hace evidente una nueva sobreinfección pulmonar que requirió tratamiento con antibióticos no hay adecuada respuesta, requiriendo continuar con oxígeno permanente, terapia respiratoria, aspiración, broncodilatadores, inhaladores y profilaxis antibiótica.

En noviembre 15 de 1996 presentó nuevo cuadro de fiebre, deterioro del cuadro respiratorio y del estado general. Se solicitaron paraclínicos. El paciente presentó apnea obstructiva (secundaria a abundante cantidad de secreciones purulentas espesas que como hemos venido explicando hacían parte de la repercusión pulmonar de su compromiso neurológico de base ya que el paciente no tenía la capacidad física de movilizar adecuadamente dichas secreciones). Se inició antibiótico terapia en forma terapéutica y se explicó el estado del paciente a la madre.

El paciente persistió febril, disminuyó la cantidad de secreciones y no volvió a presentar apneas. Reporte de cuadro hemático dentro de los límites normales, parcial de orina normal.

El 17 de noviembre se encuentra hipoventilación basal derecha, se realizó radiografía de tórax que mostró consolidación basal derecha y nuevo cuadro hemático de control, compatible con infección bacteriana. Se continuó tratamiento con amoxicilina ya que cubría adecuadamente el foco infeccioso. El paciente se deteriora presenta nuevos episodios de apnea, cianosis central y mala perfusión distal. Se colocó oxígeno al 100% no se estabiliza y fallece el 19 de noviembre a las 12:05 am.

Análisis de la información encontrada:

a. Criterios médicos de manejo:

A pesar que desde el comienzo mismo de su complicación anestésica se consideró que el paciente no tenía la posibilidad alguna de recuperación médica de su estado vegetativo persistente, se manejó correctamente desde el punto de vista médico y con una excelente atención de enfermería que corrobora el hecho de haber permanecido en cama durante más de 13 años continuos, jamás presentó ninguna de las complicaciones frecuentes y habituales en estos caos, específicamente escaras o lesiones en los sitios permanentemente sometidos a la presión de la cama en la cual transcurrió los últimos trece (13) años de su vida.

Cada vez que se presentó algún tipo de complicación infecciosa, convulsiva, gastrointestinal o respiratoria, fue adecuadamente manejado con todos los antibióticos de primera elección y en general con todas las medidas necesarias para el mantenimiento de su vida.

Experiencia médica:

El personal de médicos y especialistas y residentes de la sección de pediatría y de todos los servicios y secciones que en una u otra oportunidad manejaron al paciente, tuvieron el conocimiento y la experiencia adecuadas y la idoneidad requerida en el tratamiento y cuidado del paciente, igualmente, el personal de enfermería se distinguió por el manejo permanente y cuidadoso del mismo.

Diagnóstico:

No se encuentra ningún error en el diagnóstico clínico, ni paraclínico del paciente.

Conclusiones:

En el manejo clínico de este paciente en la sección de pediatría no se encontraron circunstancias de impericia, omisión, imprudencia o negligencia determinantes en su evolución o en su causa de muerte”(44) (negrillas y subrayas adicionales).

— Dictamen pericial emitido por dos médicos forenses adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, D.C., quienes una vez valorada la historia clínica del paciente Juan Carlos Cárdenas Letrado, manifestaron lo siguiente:

“Resumen de la historia clínica:

“Se trata de un paciente de cinco (5) años de edad que ingresa en el año de 1983 al Hospital Militar Central para cirugía ocular (corrección de estrabismo). Le realizaron cirugía con anestesia general, después de lo cual presentó encefalopatía hipóxica y desde lo cual permaneció en coma en dicho centro hospitalario.

Fue manejado con gastrostomía, anticonvulsionantes y oxígeno. Durante su hospitalización presentó múltiples episodios de otitis media requiriendo amoxacilina profiláctica permanente. Desde el punto de vista neurológico nunca presentó recuperación y finalmente comenzó a presentar picos febriles con dificultad respiratoria hasta que fallece el 19 de noviembre de 1996.

En las evoluciones de los últimos días anotan como diagnósticos: 1. Secuelas de encefalopatía hipóxica. 2. otitis media crónica. 3. Dermatitis eccematosa. 4. Síndrome convulsivo. 5. Sobre infección pulmonar. Al examen físico describen polipnea, movilización de secreciones roncos y estertores subcrepitantes en ambos campos pulmonares. El 17 de noviembre de 1996 reportan radiografía de tórax donde anotan ‘muestra área de consolidación basal derecha, que debe ser el foco de infeccioso’. En evolución del 19 de noviembre anotan: Se encuentra en muy mal estado general, RC: 110X, FR 36X, aleteo nasal, movilización de secreciones, polipnea, hiperventilación generalizada, cianosis periférica, mala perfusión distal. Posterior a esta valoración fallece.

Marco teórico

Enfermedades metabólicas adquiridas del sistema nervioso.

Anoxia isquemia (...).

“Complicaciones clínicas de la anestesia.

“Infecciones intrahospitalarias: las infecciones hospitalarias o nosocomiales se definen como las infecciones contraídas durante o como consecuencia de una hospitalización. En general se considera que si un paciente que ha permanecido menos de 48 horas en el hospital presenta una infección, esta ha sido incubada antes del ingreso. La mayor parte de las infecciones que se manifiestan 48 horas después del ingreso se consideran hospitalarias (...).

“Análisis: por el análisis de la historia clínica, se puede determinar que el evento final que llevó a la muerte fue una neumonía nosocomial (adquirida intrahospitalariamente). Se puede afirmar que esta infección fue adquirida intrahospitalariamente porque el paciente permaneció hospitalizado en ese centro asistencial por secuelas de encefalopatía hipóxica, por lo menos desde 1988 hasta su muerte (no contamos con historia clínica anterior a esa fecha).

“(...).

“Por lo anteriormente expuesto se puede determinar que la infección de vías respiratorias adquirida por el menor (neumonía), y que fue la causante de su muerte, se encuentra asociada a la postración y estancia hospitalaria prolongada, como secuela de la encefalopatía hipóxica.

En la historia clínica establecen también que la encefalopatía hipóxica que sufrió el menor Juan Carlos Cárdenas Letrado, fue adquirida durante todo el acto operatorio para corrección de estrabismo. De esta manera queda establecida una cascada de eventos que finalmente desembocan en la muerte del hoy fallecido, y que concurrieron de la siguiente manera: 1. Encefalopatía hipóxica adquirida transoperatoriamente. 2. hospitalización y postración prolongada para tratar las secuelas de la encefalopatía hipóxica. 3. Neumonía adquirida intrahospitalariamente y finalmente la muerte.

Conclusiones:

1. El evento que llevó a la muerte del menor Juan Carlos Cárdenas Letrado (Neumonía Nosocomial), se asocia a la postración y estancia hospitalaria prolongada causada por el tratamiento de las secuelas de la encefalopatía hipóxico isquémica.

2. La encefalopatía hipóxico isquémica sufrida por el menor Juan Carlos Cárdenas Letrado fue adquirida durante el tratamiento quirúrgico realizado en el año 1983.

3. No contamos con los elementos de juicio necesarios para pronunciarnos sobre una posible responsabilidad médica durante el acto quirúrgico en que se presentó la encefalopatía hipóxico isquémica (año 1983)”(45) (se ha subrayado y resaltado).

— Finalmente, obran en el proceso los testimonios rendidos ante el tribunal a quo por diferentes médicos generales y especialistas que tuvieron la oportunidad de brindar atención al paciente Juan Carlos Cárdenas Letrado, entre ellos, los doctores Luisa Fernanda Pombo Ospina, Luis Daniel Abril Gutiérrez, Eugenia Teresa Espinosa García, Edgar Gustavo Rojas Obando y Fernando Urrego Acero, quienes coincidieron en manifestar que el paciente recibió durante toda su estancia en el Hospital Militar Central —más de trece (13) años—, la atención médico-hospitalaria idónea para tratar su cuadro clínico de coma profundo, secundario a un accidente anestésico producido durante una intervención quirúrgica practicada en el año 1983, no obstante lo cual, indicaron que el paciente presentó una neumonía nosocomial en noviembre de 1996, enfermedad que, a pesar de ser tratada oportunamente fue imposible de contener, produciendo la muerte del menor(46).

2.4. Conclusiones probatorias e imputación del daño al Estado.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño sufrido por los demandantes, en tanto la muerte de su hijo menor Juan Carlos Cárdenas Letrado, supone, per se, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a su cargo de resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada.

Así pues, con fundamento en los anteriores hechos probados puede concluirse que el menor Juan Carlos Cárdenas Letrado ingresó al Hospital Militar Central en el mes de mayo de 1983, con el fin de que se le practicara una cirugía de corrección óptica (estrabismo), pero luego de haberle aplicado anestesia, el paciente presentó una encefalopatía hipóxica que le produjo un estado de coma profundo, del cual nunca pudo recuperarse.

Se tiene acreditado igualmente que desde el mes de mayo de 1983 hasta el día 20 de noviembre de 1996 —fecha de su fallecimiento—, el menor Juan Carlos Cárdenas recibió atención médica en la mencionada institución hospitalaria para tratar su cuadro clínico de estado de coma profundo, pero desde el mes de diciembre de 1995, presentó varios episodios de sobreinfecciones pulmonares, evento que finalmente le causó la muerte al menor como consecuencia de una “Neumonía Nosocomial”.

Bajo dicha perspectiva, ha de concluir la Sala que el paciente adquirió la infección —que finalmente causó su óbito—, mientras se encontraba interno en las instalaciones del Hospital Militar Central de Bogotá, D.C., razón por la cual, forzoso resulta concluir que, de conformidad con los elementos de convicción a los que se ha hecho referencia y atendiendo la jurisprudencia consolidada en la materia en punto a la responsabilidad objetiva por infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, resulta claro que el daño antijurídico por cuya indemnización se demandó le resulta imputable a la entidad demandada.

Agréguese a lo anterior que aun cuando el Hospital Militar Central acreditó haber actuado con diligencia y cuidado durante toda la estadía del menor en dicho centro asistencial —más de trece (13) años— y que, una vez detectada la infección pulmonar, inició el tratamiento antibiótico para contener la infección adquirida en dicho centro hospitalario, pero tales actuaciones, per se, no resultan suficientes para liberarlo de responsabilidad en un caso como el presente, en el cual se analizan los hechos objeto del litigio —infección nosocomial o adquirida en la institución hospitalaria—, bajo un régimen de responsabilidad objetivo, habida cuenta de que, se reitera, fue una infección contraída en el centro hospitalario demandado la que llevó al fallecimiento del menor, por manera que ese desenlace del paciente no puede resultar ajeno o externo a la prestación del servicio médico por parte de la entidad demandada.

Ese mismo marco conceptual impone entender que es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar —en este caso concreto—, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, la existencia de una causal de exoneración, como fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva y determinante de la víctima, y ocurre que ninguna de estas causales eximentes de responsabilidad ha sido acreditada en el plenario.

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 4 de noviembre de 2004, en cuanto declaró la responsabilidad del Hospital Militar Central, por los hechos materia de este asunto, así como la condena por concepto de perjuicios morales a favor de los padres del menor Juan Carlos Cárdenas Letrado, toda vez que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado exclusivamente a que se absolviera a la entidad demandada respecto de los hechos materia del presente asunto.

Lo anterior por cuanto, según ya se explicó, el examen del recurso de apelación, cuyo objeto se encaminó a cuestionar la declaratoria de responsabilidad en contra de la entidad demandada, ha llevado a la Sala a concluir que dicha declaratoria judicial, efectuada por el tribunal a quo, debe confirmarse, cuestión que a su vez, en el presente caso, impone la necesidad de confirmar también la condena impuesta en materia de perjuicios morales, puesto que en relación con este último aspecto específico —consecuencial de la declaratoria de responsabilidad—, la parte apelante nada señaló y menos argumentó como motivo de su inconformidad, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos para realizar dicho análisis.

2.6.(sic) Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión el 4 de noviembre de 2004.

2. Sin condena en costas.

3. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(12) Decreto 597 de 1998.

(13) Folios 242 a 249, cuaderno 3.

(14) Folios 299 a 307, cuaderno 3.

(15) En similares términos a los descritos en la presente providencia consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2014, Expediente 27.089.

(16) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21.515.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de febrero de 2008. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Expediente 15.563 “(...) la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño”.

(18) Según la Organización Mundial de la Salud: “es una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección. Una infección que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de atención de salud en quien la infección de salud no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del internado. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento”. En Organización Mundial de la Salud, prevención de las infecciones nosocomiales, 2003, p. 2.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de noviembre de 1997, Expediente 11.782, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(20) Expediente 11.782, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Citado por Enrique Gil Botero, Tesauro de responsabilidad contractual del Estado, tomo III, volumen 1, editorial Temis, Bogotá, 2013, p. 818.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, Expediente 17.333, M.P. Enrique Gil Botero.

(22) Cf. Puigpelat, Oriol Mir. “Responsabilidad objetiva vs. funcionamiento anormal en la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria (y no sanitaria)”, conferencia impartida el 28 de noviembre de 2007 en el marco de las jornadas hispano-mexicanas sobre el derecho a la salud y la responsabilidad patrimonial sanitaria. Ver igualmente: Regañón García – Alcalá, Calixto Díaz, “Responsabilidad objetiva y nexo causal en el ámbito sanitario”, Ed. Comares, Granada, 2006.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2011, Expediente 20836, C.P. Enrique Gil Botero.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 27 de junio de 2012, Expediente 21.661, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 7 de noviembre de 2012, Expediente 26.124.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de mayo de 2013, Expediente 28.483.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de agosto de 2013, Expediente 30.283, M.P. Danilo Rojas Betancourt.

(28) La ley del 4 de marzo de 2002, también conocida como “Ley kouchner”, establece dos sistemas específicos y distintos de responsabilidad por infecciones hospitalarias. El primero, aplicable a los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, que es de carácter objetivo. El segundo, responsabilidad de los médicos, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 318.

(29) Josefina Torcomal Cooper, Responsabilidad civil por infecciones intrahospitalarias, en Revista chilena de derecho (on line), 2010 vol. 37, Nº 3, pp. 477-504; Enrique Barrios Bourie, tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2009, pp. 688-694.

(30) Enrique Barrios Bourie, óp. cit., p. 693.

(31) Celia Weingarten, óp. cit., p. 27.

(32) Juan Manuel Prevot, óp. cit., p. 329.

(33) Julián Emil Jalil, Derecho de daños aplicado. Editorial Ibáñez, Bogotá, D.C., 2013, pág. 862.

(34) Laura López de la Cruz, Juan Pablo Pérez Velásquez y otros, “Tratado jurisprudencial de responsabilidad por daños”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 94.

(35) “SSTS. Sentencias del 21/03/2000, 12/07/1999, 30/06/1998 y 24/04/1996”. En Laura López de la Cruz, Juan Pablo Pérez Velásquez y otros, “Tratado jurisprudencial de responsabilidad por daños”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 94-106.

(36) “SSTS. Sentencias del 18/05/2007, 15/09/2003, 29/06/1999”. En Laura López de la Cruz, Juan Pablo Pérez Velásquez y otros, “Tratado jurisprudencial de responsabilidad por daños”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 94-106.

(37) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2009, Expediente 18.427, M.P. Enrique Gil Botero.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2013, Expediente 30.283, M.P. Danilo Rojas Betancourt.

(39) Enrique Barrios Bourie, óp. cit., p. 693, Josefina Torcomal Cooper, óp. cit., p. 13.

(40) Josefina Torcomal Cooper, óp. cit., p. 14.

(41) En similares términos a los descritos en la presente providencia consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2014, Expediente 27.089.

(42) Folio 3, cuaderno 2.

(43) Folio 60, cuaderno 2.

(44) Folios 81 a 85, cuaderno 1.

(45) Folios 2 a 11, cuaderno 9.

(46) Folios 8 a 28, 51 a 56, cuaderno 2.