Sentencia 1996-15948/33863 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad. 15001233100019961594801

Exp.: 33863

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Acción: Reparación directa

Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Bogotá D. C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(2).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la cuantía del asunto y su vocación de doble instancia, como quiera que la pretensión mayor en la época de presentación de la demanda ascendió a $ 83.520.000, suma superior a $ 13.460.000 que de acuerdo con el Decreto 597 de 1988(3) era el límite a partir del cual un asunto era de competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivada de presuntos hechos y omisiones atribuibles a la administración pública, es la de reparación directa, tal como fue promovida por los demandantes.

1.3. Legitimación en la causa.

1.3.1. De la parte activa.

El demandante está legitimado en razón de su calidad de afectado con la pérdida del cultivo que afirma emprendió en el departamento de Boyacá. Allegó como prueba de esa condición los recibos que dan cuenta de su inversión, el comprobante del crédito obtenido para el efecto y un contrato de obra que suscribió para la adecuación de las instalaciones requeridas para dicho fin. De igual manera, las pruebas recaudadas dan cuenta de la pérdida de ese cultivo, del que afirman era propietario el señor Carlos Orlando Caro, situación que lo legitima para reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos.

1.3.2. De la parte pasiva.

Ninguna imputación fáctica o jurídica ha planteado la parte actora en relación con el Ministerio de Trabajo que permita tenerlo legitimado por pasiva en el presente asunto. Nótese cómo los fundamentos de hecho de la demanda se dirigen a poner de presente presuntas acciones y omisiones del Servicio Nacional de Aprendizaje, por cuya virtud se pretende la declaratoria de responsabilidad estatal, lo que permite establecer que es dicha entidad, dotada de personalidad jurídica(4) la llamada a comparecer como demandada en este asunto, tal como acertadamente lo estimó el a quo.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de modo que si se promueven por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe incoarse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

El presente caso se funda en la pérdida de un cultivo de fresa, que según inspección realizada por la Secretaría de Fomento Agropecuario y del Medio Ambiente del Departamento de Boyacá, se encontró con alto grado de contaminación por hongos y problemas de salinidad (fl. 2, cdno. 1), estado en el que afirmó la entidad era imposible realizar una limpieza viral. Ese concepto técnico data del 22 de diciembre de 1994, momento en el cual, fundado en este, conoció el demandante que su cultivo ya era inviable. La demanda la promovió el 4 de marzo de 1996 (fl. 60, cdno. 1), esto es, dentro de los dos años siguientes, por lo que fuerza concluir que se acudió a la administración de justicia en forma oportuna.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia analizará la Sala, atendiendo lo planteado en la apelación que se decide, si hay evidencia en el proceso que permita imputar el daño antijurídico padecido por el demandante al Servicio Nacional de Aprendizaje y a qué título.

3. Análisis probatorio.

3.1. Pruebas trasladadas.

A petición de la parte actora se allegó como prueba el expediente disciplinario que adelantó el Servicio Nacional de Aprendizaje en contra del ingeniero agrónomo Jesús María Ramírez (cs. 5 y 6). Para la Sala, en virtud de lo previsto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, —de acuerdo con el cual “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”—, las evidencias que constan en la actuación disciplinaria fueron conocidas por el Sena quien tuvo a su cargo su decreto y práctica y, en consecuencia, la posibilidad de controvertirlas.

Aunque el proceso disciplinario se adelantó con ocasión de un caso distinto a la actuación del instructor frente al caso particular del demandante, se tendrán como prueba aquellas piezas que resulten pertinentes a efecto de desentrañar el problema jurídico de la presente controversia.

3.2. Hechos probados.

El material probatorio allegado al proceso da cuenta de los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:

3.2.1. Está demostrado que el señor Carlos Orlando Caro Sánchez cursó una capacitación teórica y práctica sobre cultivos hidropónicos impartida por el Sena en la ciudad de Sogamoso, entre el 5 de febrero y el 5 de junio de 1993 (fls. 10 y 12, cdno. 4). Así lo certificó la entidad demandada, en respuesta al oficio en el que el tribunal a quo le solicitó las tarjetas de control de las visitas y asesorías realizadas al cultivo del demandante (fl. 10, cdno. 4). Agregó:

Se realizaron prácticas en el invernadero didáctico del Sena y se visitaron instalaciones de cultivos hidropónicos de los exalumnos de cursos anteriores en: Sogamoso, Nobsa, Duitama y Tunja en explotaciones caseras y comerciales de tomate y fresa.

Que para el montaje de su propia instalación en Ventaquemada, Carlos Orlando Caro Sánchez y su esposa, escucharon opiniones y experiencias de los alumnos egresados en hidroponía, además realizaron visitas a los cultivos de exalumnos, recopilando la información para proceder al montaje de su propia instalación y contratando algunos de los ex alumnos para que le colaboraran en el trabajo y asesoría.

Acerca de la tarjeta de control de las visitas y asesorías realizadas por el ingeniero Jesús Ramírez, instructor T.P. por esa época, al cultivo del señor Carlos Orlando Caro Sánchez, en la vereda Puente Boyacá del municipio de Ventaquemada, el centro de atención al sector agropecuario no lleva este tipo de tarjetas, dado que estos registros son funciones específicas de las unidades municipales de asistencia técnica.

De otra parte, el Sena además de los eventos de formación profesional, colabora con sus usuarios cuando estos lo requieren o en los sitios de explotación, con el fin de asesorarlos en aspectos muy puntuales del proceso productivo que desarrollan. Estas actividades se entienden con la denominación de servicios tecnológicos que comprenden las actividades que adelanta el Sena, como complemento a la formación profesional integral y que están orientadas a contribuir con el desarrollo tecnológico de las empresas.

3.2.2. Está probado, conforme al manual de funciones del cargo Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje, código 3, grados 1-15, que le corresponde en forma específica a ese empleo orientar los procesos de enseñanza en las modalidades que establezca la entidad, así como:

6. Prestar asistencia técnica o empresas (sic) en aspectos de su competencia.

7. Asesorar y asistir técnica, empresarial y organizativamente a las comunidades en sus proyectos de desarrollo.

8. Promover, asesorar y asistir técnica y empresarialmente a organización y formas asociativas en su establecimiento, consolidación y desarrollo.

9. Asesorar y asistir técnica y empresarialmente a pequeñas unidades de producción y/o comercialización para su desarrollo.

3.2.3. En efecto, se probó que el señor Jesús María Ramírez Mesa, se vinculó en el cargo de Instructor grado 12 al Sena en el año 1988 y que continuaba en ejercicio de tales funciones el 27 de enero de 1997, época en que se certificó su vinculación a la entidad (fl. 18, cdno. 4).

3.2.4. La señora María Leopoldina Peña Wilches, vecina del demandante, testificó acerca de la existencia del cultivo de fresa de propiedad de este; afirmó que trabajó al servicio del actor en el mencionado cultivo y que un asesor del Sena, cuyo nombre dijo desconocer, se presentaba en el lugar y les explicaba cómo debían tratarse las plantas y qué nutrientes debían aplicárseles. Afirmó que los trabajadores del lugar, incluida ella, procedían de la forma indicada por el mencionado instructor. Agregó:

En un tiempo el Ingeniero no fue más y después las plantas retoñaron un poco y después el ingeniero fue y le mandó preparar un nuevo nutriente y como a los ocho días el cultivo de fresa estaba todo quemado y se le volvió a hacer otro tratamiento con otro ingeniero que estuvo y ese otro ingeniero dijo que eso era debido al otro nutriente que se le había echado anteriormente y que posiblemente ya no había nada que hacer porque ese cultivo ya estaba perdido. (…) Se perdió totalmente.

Indicó que el cultivo contaba con suficiente provisión de agua y que el actor tuvo los cuidados necesarios y siguió las recomendaciones del instructor.

3.2.5. El señor Manuel Najar Mancipe (fl. 28, cdno. 4), también residente en la vereda Puente Boyacá del municipio de Ventaquemada, quien fungió como Inspector de Policía de lugar, dijo no conocer nada acerca del cultivo del demandante; sin embargo señaló que hacia mediados del año 1994 un funcionario del Sena de nombre Jesús Ramírez se acercó a la Inspección de Policía con el fin de que se le firmaran unos documentos con logo de esa entidad, correspondientes a cumplidos de asesoría y asistencia técnica al cultivo del señor Carlos Orlando Caro.

3.2.6. El señor José Francisco García (fl. 39, cdno. 4), quien tomó el curso de formación en el Sena en una promoción anterior al demandante, adujo que los alumnos que adelantaron el curso en el año 1993, entre ellos el actor, visitaron un cultivo de su propiedad. Dijo constarle que hacia finales de 1993, el demandante montó un cultivo hidropónico de fresa en el Puente de Boyacá, en una finca pequeña a orillas de la carretera, el que personalmente visitó en varias oportunidades. Dio cuenta de la existencia en el lugar de infraestructura adecuada para el riego del cultivo y de suficiente suministro de agua. Sobre la participación del Sena en los hechos informó:

En el Sena a los alumnos que recibían dichos cursos le (sic) inculcaban que el Sena necesitaba sacar gente empresarial que montaran cultivos y que por intermedio de dicha institución se le vendían los estolones o maticas de fresa a muy bajos precios y que dependiendo de dichos cultivos el Sena las asesoraba y les podía regar (sic) insumos agrícolas para su mantenimiento, por ese motivo y con esas garantías que daba el Sena montó dicho cultivo de fresa bajo la asesoría del ingeniero e instructor del Sena Jesús Ramírez. (…) el señor Jesús Ramírez que era el instructor a que los alumnos (sic) le comentó a los estudiantes que bajo la asesoría del Sena y bajo la supervisión del ingeniero Jesús Ramírez dichos cultivos eran asesorados bajo supervisión del Sena no a título personal, ya después el señor Jesús Ramírez dejaba abandonados los cultivos y los estudiantes tenían que llamarlo en múltiples ocasiones llegando a cobrar por visita a los cultivos o cultivo $ 5000 pesos el señor Jesús Ramírez perdía todo el interés después de que vendía los estolones a precios altísimos después en averiguaciones que hicimos el señor Jesús Ramírez los vendía entre $ 110 y $ 120 y en Bogotá estaban a $ 55 pesos.

Dijo que, en efecto, el demandante le compró los estolones para su cultivo al mencionado ingeniero. Agregó: “todos los cultivos que se montaron bajo la asesoría del ingeniero Jesús Ramírez por intermedio del Sena se perdieron en su totalidad (…) un cultivo que yo tenía en Tibasosa se perdió por el mismo motivo”.

Por último señaló que, a su juicio, la pérdida del cultivo del actor y del suyo, tuvo lugar como consecuencia de formulaciones erróneas de nutrientes que realizó el mencionado funcionario, que generaron exceso de salinidad en los cultivos cuando se intentaba combatir una infestación por ácaros que los afectaba.

3.2.7. El señor Héctor Manuel Infante Rojas (fl. 45, cdno. 4), ingeniero agrónomo y director de la unidad municipal de asistencia técnica del municipio de Cómbita – Boyacá, quien dijo tener conocimientos específicos en el cultivo de fresa, declaró que conoció el cultivo del demandante, con un área cultivada aproximada de 600 metros cuadrados. Dijo que el demandante le solicitó asistencia técnica para el cultivo y que al presentarse lo encontró en pésimo estado y malas condiciones fitosanitarias, todo lo cual atribuyó a la falta de asesoría especializada. En esas condiciones le dijo al señor Caro que la inversión para recuperar el cultivo sería mayor que las posibles ganancias a percibir. Agregó:

La visita se realizó por inspección ocular y por el muestreo de algunas plantas haciéndoles cortes en la parte radicular para observar posibles daños en esas áreas. Debido a la experiencia que uno tiene se detecta un mal desarrollo de las plantas basándose en el desarrollo normal de un cultivo bien llevado, además se observó por inspección ocular al sistema radicular que se presentaban daños causados por un mal manejo de la fertilización aplicaba al cultivo (…) mi recomendación fue que debido al lamentable estado en que se encontraba su cultivo se podía recuperar pero debido a que el cultivo iba en la mitad del ciclo y que los costos de los productos para su recuperación y las labores que se habían eran bastante costosas no era rentable como negocio la recuperación de ese cultivo y que con base en los criterios que yo le daba él tomara la decisión sobre el manejo de ese cultivo.

Afirmó que pudo apreciar que los conocimientos del demandante sobre el cultivo de fresa eran precarios y que él mismo le contó que su asistente técnico llevaba tiempo sin visitar el cultivo, siendo lo ideal realizar visitas semanales que es la misma frecuencia con la que se fertiliza un cultivo de ese tipo.

Ese concepto técnico lo rindió también por escrito a solicitud del actor y fue allegado junto con la demanda (fl. 6, cdno. 1).

3.2.8. Por petición del demandante, el 2 de abril de 1995, la Inspección de Policía del municipio de Ventaquemada Boyacá realizó una vista al predio San Martín, en la vereda Puente Boyacá, de la cual levantó un acta en los siguientes términos:

Se observa un cultivo de fresa por el sistema de hidropónico y plantada en tubulares colgados y cada tubular contiene treinta matas y los tubulares son 450. (…) observado en forma detenida el cultivo de fresa que tenemos a la vista, un estado avanzado de secamiento en su follaje, pues el color que presenta es un amarillento quemado y en su mayor parte se evidencia plantas de fresa totalmente secas.

Esta inspección no puede equipararse en cuanto a su mérito probatorio a aquella realizada por funcionario judicial competente en los términos del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, ni con la prueba anticipada a cargo también del juez de que trata el artículo 300 ibídem. Con todo, se le otorga mérito de evidencia documental contentiva de lo actuado por el Inspector de Policía en ejercicio de sus competencias.

3.2.9. El Sena regional Boyacá certificó con destino al proceso que no suscribió ningún contrato de asistencia técnica con el demandante (fl. 9, cdno. 4).

3.2.10. El 22 de noviembre de 1994, el jefe de laboratorio in vitro de la Secretaría de Fomento Agropecuario y del Medio Ambiente hizo constar lo siguiente en relación con el cultivo del demandante:

El señor Carlos Orlando Caro Sánchez (…) trajo en el mes de diciembre de 1994 unas matas de fresa variedad Chandler, de un cultivo ubicado en el Puente de Boyacá, municipio de Ventaquemada, para ser trabajadas por el sistema de cultivo in vitro, pero el material vegetal presentó un alto grado de contaminación por lo cual fue imposible hacer la limpieza viral. Los hongos que presentó el tejido vegetal fue Botrytis y Antracnosis; además el sustrato que él está utilizando (cascarilla y arena) presente problemas de salinidad.

3.2.11. Consta en la actuación que el Servicio Nacional de Aprendizaje adelantó una investigación disciplinaria en contra del funcionario Jesús Ramírez (cs. 5 y 6), a solicitud de los señores José García y María Teresa Cortés de García, quienes narraron hechos similares a los que dieron origen al presente proceso, relativos a que, luego de realizado el curso de Hidroponía en el segundo semestre de 1992, el mencionado funcionario les vendió estolones para el cultivo de fresa, cultivos que finalmente perdieron por la falta de asistencia técnica por cuanto “el ingeniero Jesús Ramírez, se sustrajo por completo de sus obligaciones, pues no regresó jamás a controlar el cultivo”.

El referido profesional rindió su declaración bajo juramento dentro de las diligencias disciplinarias (fl. 54, cdno. 5), y reconoció en ella que realizaba visitas y prestaba asistencia a los cultivos de algunos de los exalumnos del Sena. Precisó que era cada particular quien tenía la administración sobre su cultivo:

Ellos tenían la administración completa del cultivo y se les hacían visitas de acuerdo a lo que se fuera requiriendo dentro del cultivo, porque en el departamento soy el único instructor que existe en cultivos hidropónicos en el Sena y trato de darle la mayor cobertura al programa y visito muchos cultivos en el día, en cultivo tradicional, cultivo de fresa y tomate. (…) A finales de octubre de 1993 solicité una licencia no remunerada al Sena para realizar unos estudios en Israel tiempo que no tengo conocimiento de lo que haya ocurrido en esos cultivos del 31 de octubre al 6 de diciembre que estuve ausente (…). En 1994 de acuerdo a los planes y programas del Caisa me asignaron unos municipios para trabajar en el primer semestre a donde me desplacé a cumplir con mis funciones (…) en el desempeño de mis funciones siempre han estado en primer lugar los productores y mi intención es prestarles la mayor colaboración posible suministrarles los medios más fáciles y lograr que en sus cultivos logren aumentar sus ingresos (…) mi interés no es el número de horas que me pagan sino el tiempo que requieran mis productores, entonces la cantidad de compromisos que adquiero en el departamento a veces me es imposible cubrirlos teniendo que ocupar tiempo que debería entregarle a mis compromisos familiares.

Sobre el presunto suministro de insumos a los productores señaló:

En el Caisa se hacen entrega (sic) de papelería y de insumos para realizar prácticas en los diferentes cursos que se programen como fungicidas, insecticidas, abonos foliares, fertilizantes compuestos y químicos básicamente. No se han hecho pedidos de nutrientes especialmente para hidroponía, y cuando llegan son muy escasos para realizar prácticas en el SENA únicamente. Para hidroponía hay solución nutritiva completa y solución nutritiva simple, que no hay”.

Reconoció que vendió a varios exalumnos las plantas de fresa, actuación ajena a sus funciones como instructor. Así lo indicó: “no es una actividad que contempla el curso sino en mi interés y afán de que los cultivadores realicen todas las labores como son me presto para ayudarles a conseguir ese material”.

En la actuación disciplinaria también declaró el Jefe del Centro de Atención al Sector Agropecuario del Sena (fl. 114, cdno. 5), quien afirmó que no era de competencia de la institución brindar asistencia técnica a particulares, no obstante lo cual reconoció que el ingeniero Ramírez realizaba esas labores en los predios de diferentes estudiantes del Sena.

Por su parte, el señor Alberto Durán García (fl. 121, cdno. 5), también Jefe del Sector Agropecuario de la entidad, quien dijo tener a su cargo la función de supervisar la labor de los instructores, señaló en su testimonio:

A los alumnos del Sena que participan en este tipo de programas se le informa (sic) que se les prestará asesoría necesaria para el desarrollo del proyecto, es decir el instructor impartirá la parte teórica y la parte práctica de la formación se realizará directamente en sus fincas (…) se aclara que la asesoría que prestará el instructor no es permanente ni hay compromisos de esta oficina de supervisión en regalar u obsequiar los elementos necesarios para la explotación (…) En nuestro concepto prestamos el servicio de asesoría al productor en el desarrollo de los proyectos fruto de la formación recibida, aunque en los manuales se contempla la asistencia técnica, siempre he considerado que esta conlleva remuneración y pago de honorarios al prestatario del servicio, en el caso del Sena este servicio es totalmente gratuito, pero con instructores de tiempo parcial (…).

Por otra parte reconoció que es función del Sena enseñar al agricultor las formulaciones y aplicaciones de los productos agroquímicos, pero que escapa de sus manos el uso que se haga de tales indicaciones.

Se practicaron otros testimonios que solo dan cuenta de hechos relativos al caso específico y particular investigado y no son pertinentes para la decisión de este asunto.

Por otra parte, en algunos reportes de control de clases suscritos por el ingeniero agrónomo Jesús Ramírez con destino al Sena, dejó constancia de que la labor adelantada por él incluía prestar asesoría a cultivos hidropónicos en diversos municipios (c. 6), informes que cuentan con el visto bueno de la entidad.

La copia del expediente disciplinario no contiene decisiones de fondo, que al parecer no habían sido adoptadas cuando se expidió la copia de la actuación que reposa en el expediente.

4. Análisis de la Sala.

Para la Sala, en el presente caso quedó acreditado el daño antijurídico, consistente en la pérdida del cultivo hidropónico de fresa que adelantó el demandante en el municipio de Ventaquemada – Boyacá, nocimiento que no tenía el deber jurídico de soportar. De ese daño dan cuenta las testimoniales allegadas a la actuación, así como el concepto técnico emitido por la Secretaría de Fomento Agropecuario del departamento de Boyacá y el testimonio técnico del experto Héctor Manuel Infante, evidencias que son coincidentes en afirmar que el cultivo se vio afectado de manera tal que se hizo inviable.

Sin embargo, del análisis de las evidencias aportadas no se encuentra sustento para imputar ese daño al Servicio Nacional de Aprendizaje, tal como pasa a explicarse:

El material probatorio acopiado da cuenta de que la labor de asesorar y prestar asistencia técnica a los proyectos de desarrollo, sí constituía una labor inherente a la actividad del instructor. En efecto, así aparece señalado en forma expresa en el manual de funciones del cargo que prevé tal actuación frente a las comunidades, organizaciones, empresas y pequeñas unidades de producción.

La verificación del ámbito misional y funcional de la entidad también se acompasa con esas competencias otorgadas a los instructores. La Ley 119 de 1994 prevé que es misión del Sena ofrecer formación profesional integral con el fin de incorporar a las personas en actividades productivas(5) y es objetivo a su cargo que la formación impartida repercuta en un aumento en la producción nacional.

Bajo esas premisas quedó acreditado en el expediente en forma particular que la institución promovía el emprendimiento en sus estudiantes de los cursos de cultivos hidropónicos, con el fin de que adelantaran procesos productivos con ocasión del conocimiento recibido. Así lo deja en evidencia el testimonio del jefe del sector agropecuario de la entidad, quien en forma explícita reconoció cómo se informó a los alumnos, entre ellos el demandante, de la asesoría que brindaría la institución para ese tipo de proyectos.

En la declaración que bajo juramento rindió el funcionario del Sena involucrado en los hechos, ingeniero agrónomo Jesús María Ramírez, dio cuenta inequívoca de que su actividad incluía la prestación de esas asesorías, hecho que corroboran los reportes de horas de servicio que acompañan su hoja de vida, en los que el funcionario reportaba esa actividad —con el visto bueno de la entidad— como propia de su ejercicio laboral.

De igual manera, otro estudiante del curso dio cuenta de la forma en que la entidad ofreció la mencionada asesoría, la que en efecto se materializó.

Bajo ese panorama probatorio, para la Sala es evidente que el ejercicio de esas funciones era propio de la labor del ingeniero Ramírez como empleado vinculado al Servicio Nacional de Aprendizaje, no así las correspondientes a la venta de material vegetal, las que a título personal reconoció haber efectuado durante la indagación disciplinaria que en su contra se adelantó. Empero, no son estas últimas las que sirven de causa petendi al asunto(6), sino las presuntas falencias en las mencionadas asesorías que se reitera, sí eran competencia del empleado y las ejercía bajo la investidura de docente y con la confianza legítima de sus exalumnos en que su actuación tenía lugar como representante o agente de la entidad, máxime cuando está acreditado que siempre actuó prevalido de tal condición.

De tal manera, aunque no existió un contrato para tal efecto como lo certificó la entidad, no puede desconocerse que el Sena encaminó en este caso particular su actuación a permitir el emprendimiento rural mediante la asesoría a sus alumnos para el adelantamiento por su cuenta y riesgo de ese tipo de cultivos según quedó demostrado, por lo que no puede concluirse que la iniciativa para adelantarlos y la asesoría brindada para el efecto se trató una actuación personal del agente, sino de una acción estatal materializada a través de este como lo afirma el apelante.

Sin embargo, lo que no está acreditado en el proceso es que esa actuación del Servicio Nacional de Aprendizaje fue la que determinó el daño sufrido por el demandante consistente en la pérdida de su cultivo.

Para la Sala es claro que la actuación de la demandada en este caso particular no le imponía, en modo alguno, una obligación de resultado frente a la rentabilidad del cultivo, sino que se restringía al asesoramiento en su montaje y mantenimiento, como una labor de medio tendiente a permitir el desarrollo empresarial, que no exoneraba en modo alguno al emprendedor de la carga normal que el desarrollo de los negocios lleva ínsita, incluida la probabilidad de pérdida o ganancia, así como la de acometer todas las acciones necesarias para dar buena cuenta de la empresa iniciada.

Está probado y así lo reconoce el demandante, que la entidad, a través de su agente, lo asesoró en lo relativo al montaje del cultivo y que realizó visitas técnicas, con propuestas concretas sobre el manejo que debía darse. En efecto, señala la demanda que aunque debió requerirlo en varias ocasiones, el instructor se presentó y dio recomendaciones para el cultivo, cuestión que corrobora el testimonio de una de las trabajadoras del cultivo que incluso afirmó que inicialmente este produjo frutos, aunque no en la cantidad esperada.

De igual manera, quedó acreditado que el cultivo presentó problemáticas relacionadas con una infección por hongos y problemas de alta salinidad, antes del momento en que dejó de hacer presencia el instructor en el cultivo y que el funcionario entregó recomendaciones para tratar esos eventos. Sobre el alcance de dichas sugerencias, en especial sobre los componentes o fórmulas recomendadas y su aplicación o no al cultivo, ninguna prueba reposa en la actuación.

Aunque uno de los testigos, también agricultor asesorado por el mismo funcionario indicó que su cultivo se perdió por las “malas formulaciones” del ingeniero agrónomo Jesús Ramírez, lo cierto es que ese dicho se quedó en el plano de la especulación, como quiera se trató de un concepto del declarante carente de sustento técnico cierto y demostrable. Para dar credibilidad a lo declarado, era menester encontrar certeza acerca de la formulación entregada y de su incompatibilidad para tratar los problemas que afectaban el cultivo o sobre el perjuicio que determinada fórmula le ocasionó.

Por el contrario, el concepto rendido por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Departamento de Boyacá da cuenta de que el cultivo del demandante se vio afectado por un alto grado de contaminación por hongos que hicieron imposible realizar la limpieza viral. Similar afirmación realizó el testigo técnico que a petición del demandante inspeccionó el cultivo en el que encontró “un estado de necrosis avanzado tanto en la parte vegetativa como en el sistema radicular ocasionado por un alto grado de infestación causado por enfermedades fungosas”, según informó en el escrito que se acompañó con la demanda. Estas pruebas son conclusivas de que el cultivo presentaba contaminación por hongos que sin duda lo afectaron e influyeron en el resultado dañino.

Ahora bien, aunque el mismo experto conceptuó al declarar en el proceso que los daños en el cultivo fueron determinados por la falta de asesoría y por “un mal manejo de la fertilización aplicada al cultivo”, lo cierto es que al ser interrogado sobre las pruebas realizadas para obtener tales conclusiones, se limitó a señalar que las obtuvo a través de la inspección ocular de las plantas, cuestión que no permite otorgar plena credibilidad a sus dichos, ante la evidente imposibilidad de verificar por esa vía cuáles eran los químicos que se habían utilizado en su fertilización. Bajo esas circunstancias, aunque el testigo es experto en la materia, a juicio de la Sala su concepto técnico fue especulativo en cuanto se abstuvo de sustentarlo mediante alguna metodología propia del ámbito de sus conocimientos especializados.

Para la Sala, lo que pudo evidenciar el experto —en ausencia del análisis químico del estado del cultivo—, no pudo ir más allá de aquello que el análisis físico del material vegetal, único que realizó, le permitía evidenciar. Por supuesto, esa verificación no podía permitirle establecer la naturaleza y composición de los sustratos utilizados, de modo que su conclusión, bajo las condiciones en que fue lograda, no permite establecer que fueron realmente estos los causantes de la pérdida del cultivo.

De acuerdo con las reglas de la experiencia, el cultivo de alimentos entraña sin duda, probabilidades de fracaso derivadas de condiciones impredecibles como el clima o las plagas, que pueden presentarse y persistir aún en condiciones óptimas de tratamiento técnico, lo que imponía a la actora la carga de acreditar con alto grado de probabilidad o con certeza que la pérdida del cultivo correspondió en efecto a la acción y omisión de la demandada, lo que no ocurrió en este caso.

También tiene en cuenta la Sala que la iniciativa empresarial conlleva una serie de riesgos a cargo del empresario y de cargas propias del objeto social acometido, de modo tal que no puede considerarse que aun cuando el Servicio Nacional de Aprendizaje facilitaba asesoría para el desarrollo de los cultivos, los agricultores quedaban exonerados de cualquier carga en relación con su administración y cuidado, que incluye si es del caso la búsqueda de asesoría técnica externa, la que según está comprobado solo buscó el demandante cuando ya su cultivo era inviable. Tampoco hay prueba de algún requerimiento o solicitud del demandante en la que hubiera informado sobre la actitud omisiva del instructor o en procura de atención de los requerimientos específicos de su caso particular por parte de la entidad.

De acuerdo con ese análisis probatorio, la Sala concluye que no hay prueba que permita imputar a la demandada el nocimiento padecido por el actor, bajo la consideración de que no se acreditó que su acción u omisión determinó total o parcialmente su causación; esto es, no hay prueba de que la causa de la pérdida del cultivo pueda imputarse al ente público demandado por derivar de indebidas formulaciones de sustratos o de omisiones en la asesoría y asistencia técnica brindada. En consecuencia, se impone confirmar el fallo recurrido.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 19 de octubre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas en la instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

(3) El proceso ingresó para fallo ante el a quo el 21 de julio de 2003, por lo cual no es aplicable al caso lo previsto en la Ley 954 de 2005 y se continuó rigiendo en materia de competencia por el mencionado decreto.

(4) Ley 119 de 1994.

(5) ART. 2º—Misión. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

(6) Aunque se hizo mención a la venta de ese material vegetal por parte del instructor, no se afirmó en la demanda que esa transacción haya sido la causa de la pérdida de los cultivos.