Sentencia 1996-22201 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 760012324000199622201-01

Expediente: 20521

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Demandante: Inesco Ltda.

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Naturaleza: Contratos

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La demanda cuestiona, por una parte, la legalidad de las resoluciones A-437 del 28 de octubre de 1993 “Por medio de la cual se impone una multa a la firma interventora Inesco Ltda. por el incumplimiento del contrato DAVM-05-93” y A-018 del 27 de enero de 1994, “Por medio de la cual se resuelve un recurso a la firma ingeniería, estudios, Control Ltda. Inesco Ltda”; por otra parte, solicita la declaración de incumplimiento del contrato, por la falta de pago de los saldos adeudados por la administración y, de manera consecuencial, la condena al pago de los perjuicios que afirma irrogados por la expedición de los actos administrativos censurados y por el apartamiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandada (fls. 79 y 80, cdno. 1).

Desde la contestación de la demanda, el municipio de Santiago de Cali advirtió, a través de la excepción propuesta, la falta de jurisdicción y la existencia de un pacto arbitral, en virtud del cual las partes del contrato DAVM-05-93 decidieron sustraer del conocimiento de la jurisdicción del Estado las controversias que se suscitaran alrededor del citado contrato, para someterlas a la decisión de la justicia arbitral (fls. 245 y 246, cdno. 1).

Asimismo, durante el trámite de la primera instancia el apoderado del municipio demandado interpuso un incidente de nulidad procesal, bajo la aducción de las causales 1 y 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Para ello, expuso similares argumentos a los esbozados como fundamento del medio exceptivo propuesto en la contestación de la demanda (fls. 1-3, cdno. 7).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 5 de marzo de 1999, negó la nulidad propuesta, para lo cual adujo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la única competente para decidir sobre la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato (fls. 5-8, cdno. 7).

El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión (fls. 9-13, cdno. 7), pero el tribunal rechazó la impugnación, porque el recurso procedente era el de apelación, a términos de lo dispuesto por el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil (fls. 23 y 24, cdno. 7).

El proceso continuó su curso y pese a que en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia no emitió pronunciamiento expreso en relación con la excepción formulada por la demandada, lo cierto es que la parte motiva analizó el medio exceptivo y lo desestimó parcialmente, para lo cual señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de las pretensiones orientadas a obtener la nulidad del acto administrativo que impuso la multa al contratista y del que resolvió el recurso de reposición; pero, consideró que no lo era para conocer de las pretensiones atinentes a la declaración de incumplimiento de las obligaciones contractuales consistentes en la falta de pago de los saldos debidos al contratista a la fecha de terminación del contrato.

La cláusula “décima quinta” del contrato de interventoría DAVM-05-93, del 7 de julio de 1993, celebrado entre el municipio de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Valorización Municipal e Inesco Ltda. dice (se transcribe tal cual aparece en la copia auténtica que obra a fl. 6, cdno. 3):

“Cláusula compromisoria: Toda controversia que se origine en relación al presente contrato y a su ejecución, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las partes, que se sujetarán a lo dispuesto en los códigos de comercio y procedimiento civil según lo pertinente. En caso de que una de las partes no concurriera a la designación de los árbitros estos no se pusieran de acuerdo en cuanto a su designación, cualquiera de ellas puede acudir a la Cámara de Comercio de Cali, para que su junta designe y conforme el tribunal de arbitramento respectivo. En este evento, la organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación mercantiles de la Cámara de Comercio de Cali y funcionará en Cali, en la sede de dicho centro de arbitraje. El tribunal de arbitramento, decidirá en derecho por mayoría de sus integrantes”.

No cabe duda de que las partes decidieron sustraer del conocimiento de la jurisdicción del Estado las controversias que, de manera general, se suscitaran alrededor del contrato de interventoría DAVM-05-93, del 7 de julio de 1993, para asignárselas a la justicia arbitral; no obstante, el tribunal de primera instancia entendió que la legalidad de los actos administrativos acusados, proferidos en desarrollo de la relación contractual, no era susceptible de ser sometida al conocimiento de la justicia arbitral.

El artículo 76 del Decreto-Ley 222 de 1983, norma vigente para la fecha en que fue celebrado el pacto arbitral, contemplaba que en los contratos podía estipularse cláusula compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbitros nacionales las diferencias que se suscitaran en relación con ellos, que el fallo siempre sería en derecho y que la aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos no serían susceptibles de decisión arbitral, al igual que no lo serían las cláusulas contentivas de los principios previstos en el título IV de dicha normatividad, es decir, los de terminación, modificación e interpretación unilaterales (arts. 18-24, ibídem); pero, nada mencionó en relación con el juzgamiento de otro tipo de decisiones que adoptara la administración pública unilateralmente, a través de acto administrativo, en desarrollo de la relación contractual, con lo cual la norma daba a entender que tales decisiones podían ser sometidas al conocimiento de la justicia arbitral.

Lo anterior cobra mayor sentido, si se tiene en cuenta que resulta bien distinto el juzgamiento de los actos administrativos a través de los cuales se aplica, por ejemplo, la cláusula de caducidad, que el juzgamiento del acto administrativo por medio del cual se aplica, por ejemplo, una multa al contratista.

En efecto, cuando la administración declara la caducidad del contrato o dispone la modificación unilateral del mismo, compromete el ejercicio del poder público en el marco de la relación contractual y refleja su condición de supremacía frente a su cocontratante; por ende, cuando el juez realiza el control de legalidad del respectivo acto administrativo está, ante todo, verificando el correcto ejercicio de una función administrativa que el legislador le ha encomendado al Estado contratante, con miras a obtener la realización de los fines que este persigue con la contratación y en el que se hallan vinculados, sin duda, el interés general y el orden público, los cuales, como es obvio, no son susceptibles de transacción y, por lo mismo, no pueden ser sometidos al arbitraje.

En cambio, cuando la administración impone una multa a su cocontratante lo hace, no en desarrollo de una potestad exorbitante que entrañe el ejercicio de una función administrativa, sino el ejercicio de una cláusula afín al derecho común (C.C. art. 1592) y al derecho comercial (C.Co., art. 867)(1) que, por lo mismo, no representa una manifestación del poder soberano del Estado en el marco de la relación contractual.

Realmente, la única prerrogativa de la administración, en cuanto a la aplicación de multas se refiere, consiste en la posibilidad de imponerlas unilateralmente, por sí y ante sí, a través de acto administrativo, sin necesidad de acudir previamente al juez del contrato —privilegio de la decisión previa o de autotutela—, con fuerza ejecutiva y ejecutoria, tal como lo preceptuaba el artículo 71 del Decreto 222 de 1983 y lo contempla hoy día el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; pero, sin duda, ese privilegio es común a todos los actos que profiere la administración en desarrollo de la relación contractual (liquidación unilateral o declaración de incumplimiento con miras a hacer exigible la cláusula penal pecuniaria, exigibilidad de las garantías, etc.).

La exorbitancia o la excepcionalidad respecto del derecho común no radica en el contenido de la cláusula de multas, sino en el mecanismo o el instrumento que se utiliza para aplicarla, pues aquella, en últimas, tiene una finalidad conminatoria, con alguna incidencia en el marco de la relación contractual y con efectos pecuniarios que, como tales, son susceptibles de transacción y, por ende, de arbitraje, a términos de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989 —modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998— (compilado por el D. 1818/1998, art. 115); pero, la multa no tiene una trascendencia jurídica tal, que comprometa el interés general o el orden público, como sí sucede con las cláusulas exorbitantes o llamadas, en vigencia del régimen de la Ley 80 de 1993, cláusulas excepcionales al derecho común.

En ese sentido, en el marco jurídico contemplado por el Decreto-Ley 222 de 1983, los únicos actos que estaban excluidos del conocimiento de la justicia arbitral eran los que aplicaran las cláusulas de caducidad, modificación, interpretación y terminación unilaterales. En vigencia de la Ley 80 de 1993, con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley 1150 de 2007, se hallan excluidos del conocimiento de la justicia arbitral los actos a través de los cuales se ejerciten las facultades excepcionales contempladas en el artículo 14 de la citada Ley 80 de 1993, como se verá más adelante.

No obstante, el tema no ha sido tratado de manera uniforme en la jurisprudencia de la Sección, donde se ha presentado un destino variable en torno a la problemática que ahora se analiza, circunstancia que obliga a hacer referencia a la evolución que ha tenido esta materia.

Por algún tiempo, la Sala de la Sección Tercera sostuvo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la única competente para controlar la legalidad de los actos administrativos, según se desprende del siguiente pronunciamiento:

“En síntesis, la jurisdicción contencioso administrativa está instituida, entre otras cosas, para el juzgamiento de la legalidad de los actos de la administración, aspecto este en el cual, sin duda, se encuentra comprometido el ejercicio del poder público, que no resulta transigible ni puede estar sujeto a la voluntad de las partes en un contrato.

Sobre el punto, resulta ilustrativo mirar cómo, aún con anterioridad a la expedición de los decretos leyes 150 de 1976 y 222 de 1983, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, (sic) tuvieron oportunidad de pronunciarse al respecto.

(...).

Los antecedentes jurisprudenciales y conceptuales antes citados, (sic) permiten resaltar el criterio constante de entender excluidas de la competencia de los jueces arbitrales, el control de los actos administrativos atinentes a la declaratoria de caducidad y sus efectos, incluido el incumplimiento del contratista, por cuanto este aspecto constituye causal para declarar la caducidad de contrato. Es más, igual deducción podía hacerse válidamente, como en efecto se hizo, con relación a (sic) los demás actos en que la administración hiciera uso de las facultades excepcionales de que se halla revestida (v. gr. terminación, modificación e interpretación unilaterales del contrato; imposición de multas; declaración del incumplimiento del contratista; liquidación unilateral del contrato, etc.), en orden a procurar y garantizar el buen servicio público y la preservación del interés público“(2).

El criterio expuesto se mantuvo en pronunciamientos posteriores, en los cuales se precisó, además, que la competencia de la jurisdicción contenciosa para juzgar la legalidad de los actos administrativos es “... intransferible, indelegable, improrrogable e innegociable, porque es un regla imperativa de orden público, que emana del poder soberano del Estado...”(3). El mismo tratamiento, en principio, mereció el tema, al analizar los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993(4). Posteriormente, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-1436 del 25 de octubre de 2000, analizó la constitucionalidad de los citados artículos de la Ley 80 de 1993 y, luego de reiterar los fundamentos que esta corporación había venido sosteniendo de tiempo atrás en torno al control de legalidad de los actos administrativos dictados con fundamento en la relación contractual, en vigencia del régimen contenido en el Decreto-Ley 222 de 1983 concluyó que los tribunales de arbitramento “... no tienen competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados por la administración en desarrollo de sus poderes excepcionales” (destacado fuera del texto original).

Precisó la Corte en la Sentencia C-1436 de 2000:

“Así las cosas, pese a que las normas acusadas de la Ley 80 de 1993 no señalan expresamente que los árbitros tienen la competencia para pronunciarse en relación con los actos administrativos de carácter unilateral que dicta la administración, con fundamento en la autoridad que le es propia y reconocida expresamente por el legislador, para salvaguardar el interés público que está implícito en los contratos estatales y lograr el cumplimiento de los fines estatales, estas tampoco pueden interpretarse en tal sentido, pues ello desconocería no solo la naturaleza del mecanismo arbitral, sino las potestades del Estado, en cuanto a la administración de justicia y su indelegabilidad en aspectos que son esenciales a él.

La discusión que plantea la ciudadana demandante no se presentaría si el legislador expresamente hubiese excluido la posibilidad de que los árbitros se pronuncien sobre la legalidad de los actos administrativos dictados por la administración contrastista (sic) y producto de las cláusulas exorbitantes, tal como lo hiciera en regulaciones anteriores en esta materia, específicamente en relación con la cláusula de caducidad. El Decreto 222 de 1983, por ejemplo, que contenía el régimen contractual derogado por la Ley 80 de 1993, establecía que la cláusula de caducidad y sus efectos, (sic) no era (sic) susceptible (sic) de decisión arbitral. Y antes de la expedición de este estatuto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ya había determinado que la cláusula compromisoria ‘no podía derogar la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias que surjan con motivo de la cláusula de caducidad y de las restantes cláusulas exorbitantes, como las que autorizan a la administración a imponer unilateralmente multas por incumplimiento’ (auto de nov. 2/77).

Esta doctrina del Consejo de Estado aún hoy después de la expedición de la Constitución de 1991, y la inclusión en ella, del artículo 116, está plenamente vigente, pues no existe presupuesto constitucional alguno que permita afirmar que la decisión sobre la legalidad de los actos administrativos, y, específicamente, de aquellos que dicta la administración en uso de sus facultades excepcionales, esté librada al arbitrio de los particulares. Doctrina que, en pronunciamientos más recientes del Consejo de Estado se sigue prohijando, y que esta corporación no puede desechar. Basta examinar no solo el fallo que la ciudadana Suárez Giraldo cita para sustentar los cargos de su demanda, de febrero de dos mil, citado en acápite anterior de esta providencia, sino uno más reciente, en donde esa corporación, entre otras cosas, señaló:

Es obvio que el examen que pueden realizar los árbitros sobre la correspondencia con el ordenamiento legal de los actos administrativos que tienen relación con el conflicto, es una facultad puramente tangencial, destinada a establecer su sentido, incidencia y alcance en las materias puestas a su conocimiento, lo cual significa que, en ningún caso, podrán desconocer implícita o expresamente dichos actos y menos aún declarar su ilegalidad’ (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, jun. 8/2000)” (destacado fuera del texto original).

Es decir, para decidir el tema, la Corte Constitucional acogió los razonamientos expuestos por esta corporación en vigencia de los decretos-leyes 150 de 1976 y 222 de 1983, los cuales mutatis mutandis sirvieron de soporte para analizar, desde la óptica constitucional, los preceptos contenidos en los artículos 71 y 72 de la Ley 80 de 1993, pues dado el vacío legal sobre el tema, los fundamentos para sostener la prohibición de someter al arbitraje la legalidad de los actos proferidos en ejercicio de los poderes exorbitantes en vigencia de los anteriores estatutos de contratación eran idénticos para seguir la misma línea en vigencia de la Ley 80 de 1993, aunque, a este respecto se debe precisar que, a pesar de que la jurisprudencia de esta corporación del año 1977 consideraba que la cláusula de multas era exorbitante, hoy día no es considerada como tal, por las razones expuestas líneas atrás.

En adelante, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, en múltiples pronunciamientos, siguió sosteniendo, de manera general, la imposibilidad de que los tribunales arbitrales conocieran de la legalidad de los actos proferidos en desarrollo de la relación contractual(5) y en algunos pronunciamientos posteriores se fue precisando que se trataba de los actos administrativos dictados en ejercicio de los “poderes” y “prerrogativas” de las cuales goza la administración en desarrollo de la relación contractual(6). A partir del año 2005, se comenzó a perfilar una nueva interpretación, para señalar que solo se hallaba excluido de la justicia arbitral el control de los actos proferidos en ejercicio de las “potestades exorbitantes”(7).

En sentencia del 27 de marzo de 2008 (Exp. 36.644), la Sala precisó que el control de legalidad de los actos administrativos contractuales que no fueran expedidos en ejercicio de las facultades excepcionales, no se hallaba excluido de la competencia arbitral:

“En materia contractual se encuentran excluidos de la competencia de los árbitros i) los actos administrativos de contenido particular y concreto que se expidan en ejercicio de potestades o facultades excepcionales en los términos previstos por la Corte Constitucional en la precitada Sentencia C-1436 de 2000 y ii) los actos administrativos de carácter general proferidos en desarrollo de la actividad contractual de la administración. Podrán, en cambio, ponerse en conocimiento de los árbitros los actos administrativos contractuales de contenido particular que no provengan del ejercicio de facultades excepcionales, dado que respecto de tales actos se reconoce la capacidad dispositiva de las partes, según se desprende de la misma Sentencia C-1436 de 2000 en consonancia con los artículos 70 y 71 de la Ley 446 de 1998.

En asuntos de otra naturaleza, queda también proscrito para los árbitros adelantar juicios de legalidad referidos a i) actos administrativos generales, así como respecto de ii) actos administrativos de contenido particular y concreto que por expresa disposición legal deban someterse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En cambio, tal competencia sí se advierte respecto de los actos administrativos de contenido particular, ya que el hecho de su transigibilidad, fundado en los artículos 70 y 71 de la Ley 446 de 1998, hace operante el enunciado normativo del artículo 115 del Decreto 1818 de 1998”.

Posteriormente, en sentencia del 10 de junio de 2009(8), la Sala volvió sobre el tema y precisó, con toda claridad, el ámbito de los poderes excepcionales a los cuales se refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-1436 de 2000:

“... la Sala encuentra que el condicionamiento que se ha venido mencionando fue establecido por la Corte Constitucional sobre la base de considerar que los aludidos actos administrativos —cuyo examen no puede ser sometido al conocimiento de los árbitros— son precisamente los que profieren las entidades estatales contratantes en ejercicio de las facultades o potestades que consagra de manera expresa el hoy vigente artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir: a) interpretación unilateral del contrato; b) modificación unilateral del contrato; c) terminación unilateral del contrato; d) sometimiento a las leyes nacionales; e) caducidad y f) reversión, conjunto de prerrogativas estas que la Corte Constitucional identificó como los poderes excepcionales y a las cuales limitó, a la vez, el sentido de esa noción genérica para los efectos del fallo en cuestión...”.

Así, pues, la Sala precisó que, si bien los “poderes excepcionales” con los cuales cuenta la administración pública en desarrollo de la relación contractual comprenden no solo el ámbito del ejercicio de las denominadas cláusulas excepcionales al derecho común, sino que abarcan “... la totalidad de facultades, atribuciones o competencias que autorizan a las entidades estatales contratantes —en la esfera de los contratos de derecho público— para adoptar decisiones unilaterales que resultan vinculantes para los particulares contratistas quienes no se encuentran en un plano de igualdad sino de subordinación jurídica respecto de su contratante la administración pública...”(9), lo cierto es que los únicos actos administrativos cuyo control se encuentra excluido de la competencia arbitral son, en vigencia de la Ley 80 de 1993, aquellos dictados en ejercicio de las potestades consagradas exclusivamente por el artículo 14 (en vigencia del D.L. 222/83 eran los señalados en el art. 76), pues así lo entendió la Corte Constitucional al pronunciar la exequibilidad condicionada de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, de modo que los demás actos administrativos proferidos en desarrollo de la relación contractual no se hallan excluidos de la competencia arbitral, verbigratia, los que imponen multas de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 76 del Decreto-Ley 222 de 1983 y el “... artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; los que declaran la terminación unilateral del contrato por la configuración de alguna de las causales de nulidad absoluta consagradas en alguno de los numerales 1º, 2º o 4º del artículo 44 de la Ley 80, según los dictados del artículo 45 del mismo estatuto de contratación estatal; los que corresponden a la liquidación unilateral de los contratos, de conformidad con las previsiones del artículo 61 de la misma Ley 80; los que determinan u ordenan la exigibilidad de las garantías constituidas para amparar diversos riesgos de naturaleza contractual....”(10), entre otros.

Conforme a lo expuesto, el control de legalidad de los actos administrativos cuestionados en el presente proceso no se haya excluido del conocimiento de la justicia arbitral y, desde luego, el pronunciamiento acerca del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad contratante, por la ocurrencia de hechos jurídicos que, en opinión de la demandante, son constitutivos del mismo, tampoco lo está, de manera ‘que el pacto arbitral incluido en la cláusula “décimo quinta” del contrato de interventoría DAVM-05-93 tiene plena eficacia en este caso y ello se traduce en que el conocimiento del asunto se halle excluido de la jurisdicción del Estado, por la voluntad de las partes.

Por lo anterior, la Sala estima que en este caso se configuran las causales de nulidad procesal contempladas en los numerales 1º y 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, las cuales, para el caso que se analiza, son insaneables, a términos de lo dispuesto por el inciso final del artículo 144 ibídem, por cuanto, en virtud del pacto arbitral, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es la competente para conocer de las pretensiones formuladas en la demanda, pues corresponde conocer de ellas a la justicia arbitral, razón por la cual será declarada de oficio. Ahora bien, las anotaciones hechas en precedencia ponen de presente que el tema de la competencia de los tribunales de arbitramento para el juzgamiento de los actos administrativos proferidos en desarrollo de la relación contractual ha tenido un destino variable, de modo que la decisión inhibitoria que ahora se produce no es el resultado de la negligencia de la parte demandante o de un error patrocinado por el tribunal de primera instancia. Sencillamente, es el fruto de la interpretación de las disposiciones que regulan la materia.

Por tal razón y para evitar que se produzca una eventual vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y para impedir que las partes queden sin obtener decisión de fondo en relación con la controversia suscitada, la Sala acudirá a la solución prevista por la Corte Constitucional a través de la Sentencia Integradora C-662 de 2004 y, en tal virtud, ordenará enviar el expediente a la Cámara de Comercio de Cali, fijará un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria formal de la presente providencia, para que la parte demandante solicite la convocatoria de un tribunal de arbitramento tendiente a resolver las diferencias planteadas entre las partes en torno a las pretensiones que informan la demanda que dio inicio al presente proceso y dispondrá que, para efectos del conteo del término de caducidad de la acción, el tribunal de arbitramento tenga en cuenta la fecha de presentación de la demanda que originó el presente proceso, esto es, el 8 de febrero de 1996 (ver nota de prestación personal visible a fl. 214, cdno.1).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. DECLÁRASE la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. En firme esta providencia, ENVIAR el expediente a la Cámara de Comercio de Cali, para lo de su cargo.

3. CONCÉDESE el término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria formal de la presente providencia, para que, si a bien lo tiene, la sociedad Ingeniería, Estudios, Control Ltda. —Inesco LTDA.— solicite la convocatoria de un tribunal de arbitramento que dirima las diferencias planteadas entre las partes en torno a las pretensiones objeto de la demanda que dio inicio al presente proceso.

Para efectos del conteo del término de caducidad de la acción, el tribunal de arbitramento tendrá en cuenta la fecha de presentación de la demanda que originó este proceso, esto es, el 8 de febrero de 1996.

4. Comuníquese esta decisión al Tribunal Administrativo de origen para lo que corresponda».

(1) A este respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1998, Exp. 14558. Reiterada por sentencia de la misma Sala del 23 de septiembre de 2009, Exp. 24.639.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de febrero de 2000, Exp. 16.394.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2000, Exp. 16.973.

(4) Ibídem.

(5) Ver, entre otras, las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 23 de agosto de 2001, Exp. 19.090, del 47 de febrero de 2002, Exp. 21.704, del 27 de junio de 2002, Exp. 21.040, del 4 de julio de 2002.

(6) Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 4 de julio de 2002, Exp. 19.333, del 9 de octubre de 2003, Exp. 16.718, del 11 de marzo de 2004, Exp. 25.021 y del 10 de marzo de 2005, Exp. 27.946.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005, Exp. 25.489.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 36.252.

(9) Ibídem.

(10) Ibídem.