CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 1996-23018 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 76001-23-31-000-1996-23018-01 (27.376)

Actor: Maximino Mafla Arango

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional— y otro

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 13.460.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 156.700.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquélla que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aún cuando haya sido practicada sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

En este caso, obra la investigación 64432, adelantada y remitida a este expediente por la Fiscalía Seccional 130, por los hechos ocurridos el 10 de abril de 1996, en la finca “El Destino” (oficio 751 de 13 de mayo de 1998(3)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(4), coadyuvada por la Policía Nacional(5) y por el municipio de Candelaria(6) y decretada por el Tribunal, mediante auto del 5 de agosto de 1997(7). En este orden de ideas, dicha investigación se tendrá como prueba en este proceso.

El caso concreto

El 10 de abril de 1996, el señor Leonidas Ospina Ramírez, mayordomo de la finca “El Destino” (donde funcionaba un hato lechero), ubicada en el corregimiento “El Tiple”, del municipio de Candelaria, denunció el sacrificio de dos cabezas de ganado y el hurto de un motor para picar pasto, una motobomba, una caja que contenía herramientas y varios candados (todo de propiedad del señor Maximino Mafla, aquí demandante), según documento suscrito por la Inspectora de Policía de ese corregimiento(8) y oficio 345/Coman-Mecal(9), del 6 de mayo de 1998, suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Candelaria.

Según testimonios rendidos, el 1º de abril de 1998(10), por Alba Libia Palacios Estrada y, el 27 de mayo de 1998(11), por Adriana Ospina Franco, Maximino Mafla era el propietario del mencionado hato lechero y era él quien contrataba los trabajadores del mismo. La primera de ellas aseguró haber laborado para el demandante y para su familia durante aproximadamente 9 años y, específicamente, en el hato lechero, de forma continua, durante 4 años.

2. Verificado lo anterior, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no a las entidades públicas, como lo alega el actor.

Sea lo primero aclarar que el hecho de que el daño se haya originado en la conducta de un tercero no significa, necesariamente, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, toda vez que aquél puede ser imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción a su producción o porque, pudiendo evitarlo, se abstuvo de hacerlo, en este caso siempre y cuando se constate que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estaba compelida a evitar el resultado. Al respecto, la Sección Tercera ha dicho:

“Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado”(12).

Ahora bien, sobre la ocurrencia de los hechos, se tiene que el 10 de abril de 1996, al presentar el denuncio por el sacrificio de las 2 cabezas de ganado y por el hurto de varios bienes, Leonidas Ospina Ramírez manifestó(13): “era la una de la madrugada, ellos llegaron y nos tocaron la puerta, y me dijeron que abriera que era de parte de la guerrilla y que si no abría me quemaban la casa, entonces nosotros abrimos y de inmediato entraron cinco hombres y nos encañonaron en la piesa (sic), y entonces empezaron (sic) a registrar la casa, nos dejaron encerrados y con nosotros se quedaron cinco de ellos con las luces apagadas cuidandonos (sic), los otros que se quedaron afuera fueron los encargados de pelar el ganado que se llevaron. Eran las cuatro de la madrugada cuando escuchamos que llegó un carro, a nosotros nos dio miedo salir, además que como ellos nos estabán (sic) custodiando no podiamos (sic) hacerlo, lo que nos impidio (sic) saber como (sic) era el vehículo que vino a recogerlos … a eso de las cinco y media de la mañana como pudimos logramos abrir la puerta, y fue cuando vimos que los animales ya estaban pelados en el establo”. Sobre la relación de lo que se llevaron respondió “Dos novillonas propiedad del doctor Maximino Mafla, las cuales estaban preñadas…, un motor para picar pasto…, una motobomba …, una caja que contenía herramientas…, varios cándados (sic)…”.

El 3 de junio de 1996, el mismo señor Ospina, en la ampliación del denuncio ante la Fiscalía 130(14), reiteró lo dicho anteriormente.

La Inspectora de Policía de “El Tiple”, en oficio 051 del 6 de abril de 1998(15) hizo constar que el denuncio formulado en abril de 1996, por Leonidas Ospina fue remitido a la Fiscalía 130 de Candelaria. Respecto de la inseguridad, certificó que el mismo interesado había solicitado colaboración del DAS, autoridad a la cual la Inspección le colaboró entregándole las informaciones conocidas por la comunidad.

Así mismo, el jefe de seguridad rural y el director seccional del DAS Valle del Cauca, en oficio 3764/DAS.VAC.GSR(16) del 6 de abril de 1998, remitieron a este proceso copia del oficio 12070/DAS.VAC.GSR(17) del 8 de agosto de 1996, en el que consta que, con ocasión del hurto mencionado, se estaba diligenciando la misión de trabajo 122, “consistente en identificar plenamente autores o partícipes del delito Hurto Calificado (sic) en el corregimiento El Tiple”, para lo cual adelantaron una minuciosa labor de inteligencia y patrullaje en los corregimientos de Villagorgona, El Carmelo, San Joaquín y El Tiple, con destino al Fiscal Seccional 130 de Candelaria, para su conocimiento.

Con lo anterior, se evidencia, en primer lugar, que el demandante solicitó colaboración al DAS y no a las entidades demandadas; en segundo lugar, que éstas últimas, una vez tuvieron conocimiento del ilícito, adelantaron las actuaciones tendientes a capturar a los responsables del hurto de los bienes y del sacrificio de las dos cabezas de ganado; y, en tercer lugar, que el daño por el que se reclama ya había sido causado al demandante cuando puso esa situación en conocimiento de las demandadas.

Ahora, si bien es cierto que la señora Adriana Ospina Franco, esposa del actor, aseguró tener pleno conocimiento sobre una banda de abigeos que operaba en la región, también lo es que ni el señor Maximino Mafla Arango ni su mayordomo informaron a las demandadas que sus bienes se encontraban en peligro (no obra en el expediente ninguna solicitud de protección proveniente de la víctima y tampoco denuncia alguna por amenazas contra su integridad) lo que impide, en principio, concluir que la Policía y/o el municipio tuvieran el deber de impedir la materialización del daño.

No obstante lo anterior, advierte la Sala que la misma señora Ospina Franco aseguró que la presencia de la autoridad en la zona era nula y que las demandadas también conocían la existencia de la banda de abigeos que operaba en varios corregimientos aledaños, pero que hicieron caso omiso a los avisos y llamados de la comunidad y que no vigilaron el sector.

En el mismo sentido, la Inspectora de Policía del corregimiento de “El tiple”, en testimonio rendido el 6 de mayo de 1998(18), afirmó que “todo el corregimiento es inseguro, primero que en el Tiple no hay agentes de policía, apenas la Inspectora y la secretaria, yo me he dirigido por oficio a la secretaría de gobierno Municipal y a la Jefe inmediata mía, al comandado (sic) de Policía de aquí de candelaria (sic), se ha informado sobre la inseguridad” y, a la pregunta de que si en el corregimiento había el suficiente pie de fuerza para prevenir el delito, contestó que “… no hay agentes en el corregimiento, y los agentes de San Joaquín son muy pocos, aunque ellos quieran prestar el servicio se les es (sic) muy dificil (sic)”; de igual forma, ella misma, la secretaria de la Inspección de Policía(19) y los señores Edinson Cabal Bermúdez(20) y Arnulfo Domínguez(21) aseguraron que, en esa época, se presentaban robos continuos en la región.

Lo anterior evidencia, sin duda alguna, la ausencia total de la Policía Nacional en el corregimiento de “El Tiple” del municipio de Candelaria, toda vez que fue la propia Inspectora de Policía de la localidad (además de los habitantes del sector), quien aseguró que esa localidad era insegura, que se presentaban robos continuos y que no habían agentes de policía.

Por lo tanto, la falla se deriva de la completa omisión de la prestación del servicio de seguridad y vigilancia de parte de la Policía Nacional en el corregimiento, pues es deber principal del Estado velar por la vida de los asociados y la integridad personal y patrimonial de los mismos, deber que se hace mayor cuando, como en este caso, se tiene información de la existencia de problemas de seguridad o de la presencia de delincuentes en la zona.

Si bien es claro que la Institución no está en capacidad de proporcionar, para cada ciudadano o para cada bien que pudiera resultar vulnerado, un agente policial o vigilancia especial con el objeto de contrarrestar los actos delictivos de la delincuencia organizada, es igualmente claro que tampoco puede omitir, por completo, hacer presencia en toda una localidad y, en consecuencia, exponerla a problemas de seguridad tan serios como los que sufría ese corregimiento, de modo que, con esa omisión, contribuyó de forma determinante en la producción del daño por el que se demanda.

Respecto del municipio de Candelaria, se tiene que, si bien los municipios tienen a su cargo la coordinación de la seguridad en su territorio, resulta incuestionable que, para el ejercicio de esa atribución, deben recibir el apoyo de la fuerza pública que, en últimas, es la encargada de la prestación del servicio de seguridad y vigilancia, motivo por el cual es a ésta y no a aquél a quien corresponde responder por los perjuicios que originen la ausencia del servicio, así como su deficiente o su tardía prestación.

Así las cosas, habrá lugar a revocar la sentencia recurrida para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la Policía Nacional por el hurto de varios bienes y el sacrificio de dos 2 cabezas de ganado, ocurridos el 10 de abril de 1996, en la finca “El Destino”, corregimiento “El Tiple”, del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación(22) que, tratándose de la pérdida o el deterioro de bienes, la existencia del perjuicio moral debe ser acreditada por quien demanda.

En este caso, las señoras Alba Libia Palacios Estrada(23) y Adriana Ospina Franco(24) dieron cuenta de la angustia que padeció el demandante, con ocasión del hurto de que fue víctima.

El actor solicitó, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente en pesos a 1000 gramos de oro.

Ahora bien, respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(25).

Bajo esa perspectiva, se condenará a la Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Maximino Mafla Arango.

Perjuicios materiales

El demandante solicitó por este concepto, en la modalidad de daño emergente, $ 4.400.000, discriminados así:

2 novillonas a punto de parir $ 3.000.000 ($ 1.500.000 cada una)

2 terneros próximos a nacer $ 100.000 ($ 50.000 cada uno)

1 motor para picar pasto $ 300.000

1 motobomba $ 450.000

1 caja que contenía herramienta $ 500.000

Varios candados grandes $ 50.000

Con documento del 30 de julio de 1994, el demandante acreditó haber adquirido, mediante compraventa, 4 semovientes(26) por valor de $ 1.150.000. Estima la Sala, entonces, que el valor probado de las 2 cabezas de ganado sacrificadas el 10 de agosto de 1996 era de $ 575.000, el cual será actualizado, así:

vP vH.JPG
 

Donde, Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 575.000).

Índice final: índice de precios al consumidor, a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de marzo de 2013).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha del daño, esto es, abril de 1996

 

vP vH primero.JPG
 

 

Ahora, respecto de los demás bienes, el demandante solo acreditó haber adquirido la motobomba $ 102.400(27), pues obra en el expediente la factura de compraventa de aquélla, mas no la de ninguno de los demás objetos mencionados, respecto de los cuales tampoco se allegó ninguna otra prueba que permitiera establecer su existencia previa a los hechos ni su propiedad en cabeza del demandante.

Aplicando la misma fórmula antedicha, se actualiza la última suma, así:

 

vP vH segundo.JPG
 

Por lucro cesante, solicitó $ 156.700.000, explicados así: cada novillona producía 25 botellas de leche diarias, que se vendían a $ 350 cada una, para un total de $ 8.750 diarios, de modo que las dos novillonas producían, en conjunto, $ 17.500 diarios que, multiplicados por los 360 días del año, arrojan un total de $ 6.300.000, el cual, multiplicado por 9 años, que es lo que vive en promedio el ganado lechero de alta producción, da un resultado de $ 56.700.000. Por pánico económico y devaluación comercial del inmueble solicitó, además, $ 100.000.000.

Al respecto, se advierte que no existe prueba en el proceso que dé cuenta de la producción de leche de las novillonas, ni del valor comercial de ese producto, ni que aquéllas eran de alta producción y tampoco la hay de la devaluación del predio, razón por la cual se negarán estas pretensiones.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia del 25 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por el hurto de una motobomba y por el sacrificio de dos cabezas de ganado de propiedad del demandante, en hechos ocurridos el 10 de abril de 1996, en la finca “El Destino”, en el corregimiento de “El Tiple”, del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

2. En consecuencia, condénase a la Policía Nacional a pagar, a favor de Maximino Mafla Arango, las siguientes sumas:

2.1. Por concepto de perjuicios morales, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, $ 2.204.675,25 (dos millones doscientos cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos con veinticinco centavos).

3. Niéganse las demás súplicas de la demanda.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

(3) Folio 68 del cuaderno 2.

(4) Folio 35 del cuaderno 1.

(5) Folio 57 del cuaderno 1.

(6) Folio 66 del cuaderno 1.

(7) Folios 69 a 72 del cuaderno 1.

(8) Folio 8 del cuaderno 1, 12 y 13 del cuaderno 2.

(9) Folios 36 y 37 del cuaderno 2.

(10) Folios 3 y 7 a 11 del cuaderno 2.

(11) Folios 58 a 67 del cuaderno 2.

(12) Sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 18274.

(13) Folio 8 del cuaderno 1.

(14) Folio 72 del cuaderno 2.

(15) Folios 12 y 13 del cuaderno 2.

(16) Folio 28 del cuaderno 2.

(17) Folios 29 y 30 del cuaderno 2. Obra también el oficio 12075/DAS.VAC.GSR, con el mismo contenido y de la misma fecha (Folio 73 y 74 del cuaderno 2.

(18) Folio 104 y 105 del cuaderno 2.

(19) Folios 105 y 106 del cuaderno 2.

(20) Folios 76 y 77 del cuaderno 2.

(21) Folios 78 a 80 del cuaderno 2.

(22) Sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 18140. M.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(23) Folios 3 y 7 a 11 del cuaderno 2.

(24) Folios 58 a 67 del cuaderno 2.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros.

(26) Folio 6 del cuaderno 1.

(27) Folio 4 del cuaderno 1.