Sentencia 1996-2874 de enero 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-1996-2874-01 (18.718)

Consejera Ponente (E):

Dr. Gladys Agudelo Ordóñez

Ref.: Acción de reparación directa

Actores: Marycela Chara y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 3 de diciembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto, el proceso, en razón a su cuantía, determinada por el valor de la mayor pretensión estimada en la demanda, la cual asciende a $ 100’000.000, por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de interposición del recurso (D. 597/88), para que tenga vocación de doble instancia, normas de competencia que resultan aplicables, por haberlo dispuesto así, de modo expreso el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, en los siguientes términos:

“en los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieran comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso (...)” se resalta.

Además, es del caso precisar que la determinación de la competencia prevista en la Ley 446 de 1998, para dicha época, se encontraba suspendida, en tanto no resultaba procedente su aplicación, toda vez que no habían entrado en funcionamiento los juzgados administrativos(2).

Es de anotar, igualmente, que el fallo objeto de recurso estimó parcialmente las pretensiones de la demanda, imponiendo a cargo de la entidad demandada una condena que asciende a la suma $ 62’985.069.30, sin que ello fuera objeto de recurso de apelación por parte de la entidad demandada. Lo anterior implica, que a pesar de existir una condena en contra de una entidad estatal en los términos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, en el asunto sub judice, no es procedente el análisis de la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta, debido a que el monto de la condena impuesta por el tribunal a quo, no supera el equivalente a 300 salarios mínimos legales, es decir, la suma de $ 70’938.000, exigidos en la ley para el efecto.

En ese orden, por haber sido la sentencia de primera instancia recurrida en apelación exclusivamente por la parte demandante, la Sala se pronunciará únicamente en relación con los argumentos esgrimidos en el recurso interpuesto, es decir, en cuanto a la tasación de los perjuicios morales, materiales, y el “perjuicio fisiológico” reconocidos en primera instancia.

La Sala advierte que una de las limitaciones que tiene el juez de la apelación a efectos de proferir fallo por medio del cual decide el recurso propuesto, lo constituye la garantía del principio de la no reformatio in pejus, principio según el cual se garantiza que el juez ad quem no agravará o desmejorará la situación definida en primera instancia a quien es considerado apelante único(3).

Perjuicios reclamados

En la demanda se solicita la condena al pago de perjuicios morales y materiales a favor de los actores y de “perjuicio fisiológico” a favor de la víctima directa.

A. Perjuicios morales.

Solicita el reconocimiento y pago de perjuicios morales en cuantía equivalente a mil (1.000) gramos de oro para cada uno de los demandantes.

El tribunal a quo condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago del equivalente en pesos a quinientos (500) gramos de oro a favor de la víctima directa, trescientos (300) gramos de oro a favor de la señora Marycela Chara, en su condición de madre del lesionado y el equivalente en pesos a ciento cincuenta (150) gramos de oro a favor de cada uno de los hermanos.

La parte demandante apeló la condena, deprecando el aumento del monto fijado por el a quo, aduciendo que la jurisprudencia de esta corporación ha reconocido condenas mayores por lesiones, incluso, menos graves que las sufridas por el señor Jhon Janer Possu Chara.

En este punto es necesario precisar que, para la Sala las lesiones físicas o corporales generan, en la víctima directa y en su entorno familiar más cercano, sentimientos de dolor, congoja y sufrimiento, constitutivos del perjuicio moral que, al no poderse resarcir en sí mismo, debe hacerse en forma económica.

La jurisprudencia ha trazado las pautas para efectos de reparar el daño por el equivalente pecuniario(4), producido en perjuicios morales, señalando que el mecanismo más adecuado para tal fin es el arbitrio judicial (arbitrium iudicis), siendo el funcionario de conocimiento quien, por esa misma condición, puede inferir las circunstancias que inciden en el ámbito más intrínseco de quien depreca la indemnización, pudiendo definir qué retribución se aviene como adecuada con base en los criterios de equidad, justicia y reparación integral para menguar el trauma derivado del suceso.

Sin embargo, esta prerrogativa del fallador no puede ser fuente de arbitrariedad o capricho sino que debe estar en armonía con las súplicas de la demanda y el material probatorio obrante en el proceso, debiendo entonces, consultar las circunstancias especiales en cada caso, tomando como referente, en lo posible, los topes que la jurisprudencia ha señalado para el resarcimiento del perjuicio moral, partiendo del supuesto que la muerte de una persona representa la situación que mayor dolor y congoja produce en los seres más cercanos a la víctima, pues la vida es sencillamente el bien jurídico más preciado; es la base y el vínculo articulador de todo cuanto existe en el mundo(5) y salvo situaciones excepcionales, la jurisprudencia ha fijado como regla general el equivalente a 100 salarios mínimos para los miembros que constituyen el núcleo familiar más cercano.

Pese a lo anterior, la Sala encuentra que los argumentos esgrimidos por el recurrente, en cuanto censura el monto reconocido por concepto de perjuicios morales por parte del tribunal de primera instancia, no tienen la fuerza suficiente para desvirtuar tal decisión, por lo que la misma se mantendrá incólume.

En efecto, el hecho de que en otros eventos, la jurisprudencia de la Sala hubiera reconocido una indemnización mayor por concepto de perjuicios morales para lesiones que denotan una menor entidad, no es un parámetro objetivo suficiente a partir del cual se deba efectuar un cálculo ponderado en relación con la tasación del perjuicio, pues como se señaló el mecanismo más adecuado para resarcir este tipo de perjuicios es el arbitrio judicial, el cual fue, a juicio de la Sala, aplicado en este caso, atendiendo un margen de razonabilidad en cuanto a las circunstancias especiales del caso, y efectuando para el efecto, una valoración de las pruebas que obran en el proceso en relación con la causación del perjuicio.

Sobre el tema, en fallo reciente(6), la Sala consideró:

(...).

Para obtener el aumento de la condena, el apelante debió demostrar que el a quo no tuvo en cuenta algunos elementos de juicio para arribar a la conclusión a la que llegó. Se agrega a este respecto que no es suficiente esgrimir que en otros eventos la jurisprudencia ha concedido una condena superior porque no existen patrones que permitan establecer con exactitud la afectación moral y psíquica de la persona por causa del daño experimentado. Así, puede suceder que de la valoración razonada de los elementos de juicio se pueda inferir que en algunos eventos, a pesar de haber sido menor la afectación física, la congoja, la angustia y el sentimiento de dolor haya sido mayor que aquel sufrido por otra persona que presentó una lesión de mayor proporción. En conclusión no existe fundamento alguno para aumentar el monto de la condena.

(...)”.

Comoquiera que la condena del a quo se tasó en gramos oro, resulta necesario ajustar los valores a la pauta jurisprudencial trazada a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó en salarios mínimos el resarcimiento del perjuicio de orden moral, dejando de lado la tasación que hasta la fecha se efectuaba con base en el valor del gramo de oro, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército, pagará a favor del señor Jhon Janer Pissu Chara, en su condición de víctima directa, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales; a la señora Marycela Chara, en su condición de madre del lesionado, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales, y para Yaimer Possu Chara y Sandra Chara el equivalente a (15) salarios mínimos para cada uno, en su condición de hermanos.

El valor del salario mínimo legal mensual será el vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

B. Perjuicio fisiológico:

En la demanda se solicitó el pago de $ 40.000.000, a favor del lesionado directo, en razón a la merma total de su capacidad de “goce fisiológico”.

El tribunal de primera instancia condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago de $ 2.000.000, a favor del señor Jhon Janer Possu Chara, en su calidad de víctima directa.

La demandante, apeló dicho reconocimiento por estimar insuficiente la indemnización, ante la evidencia indiscutible de la magnitud del perjuicio que derivó en una merma de la capacidad laboral determinada en el 76,45%.

En la sustentación del recurso, el actor señaló que, si bien, en la demanda se deprecó la suma de $ 40.000.000, dicho monto para esa época se acompasaba a la cantidad de 4.000 gramos oro, por lo que solicitó modificar la decisión del a quo y en su lugar, se reconociera, bien el valor de 4.000 gramos oro o la cantidad de $ 40'000.000 indexados a la fecha de la sentencia.

Revisado el valor de la condena impuesta, advierte la Sala que la suma reconocida, la cual fue estimada en cantidad equivalente en pesos, se convertirá en salarios mínimos legales vigentes a la fecha de la sentencia, con el objeto de obtener un índice apreciativo que permita establecer, si dicha condena se ajustó en una proporción razonable al perjuicio sufrido por el demandante. Así las cosas, se tiene que la suma de $ 2.000.000 representaba para la fecha de la sentencia, la cantidad equivalente a 8.45 salarios mínimos legales mensuales.

Encuentra la Sala que esta suma, 8.45 salarios mínimos legales mensuales, no se ajusta en una proporción razonable al perjuicio padecido por el demandante, por cuanto de los elementos de juicio que obran dentro del proceso es posible deducir la causación del mismo y su grado de afectación, en la medida en que se haya acreditado que la víctima sufrió una discapacidad funcional en proporción equivalente al 76.45%, como así se desprende del dictamen contenido en el acta de junta médica laboral registrada en la unidad de sanidad del Ejército (fl. 3, cdno. 1), amén de que las lesiones le ocasionaron secuelas consistentes en “injerto femoral derecho arterial y venoso”, “cicatrices queloides dolorosas con retracción femoral en pierna derecha” y “atrofia muscular en músculo derecho y limitación femoral”, por lo tanto, es evidente que el daño le genera a la víctima alteraciones significativas y anormales en sus condiciones de existencia, que deberán indemnizarse en una proporción mayor a la reconocida por el tribunal a quo.

Por las razones anteriores se modificará la condena impuesta por el tribunal a la entidad demandada, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago del equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales a favor del señor Jhon Janer Possu Chara, a título de indemnización por este concepto.

C. Perjuicios materiales.

La sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de este tipo de perjuicios en la modalidad de lucro cesante, consolidado y futuro, en cuantía de $ 42.000.069.30.

La decisión fue recurrida, con el objeto de que se modificara la condena de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, realizando una nueva liquidación que tuviera en cuenta el valor del salario mínimo legal vigente para la fecha de los hechos indexado a la actualidad, y en caso de que el monto fuera menor al valor del salario mínimo legal actual, se efectuara la liquidación de los perjuicios materiales con base a este; suma sobre la cual solicita un incremento del 30% por concepto de prestaciones sociales.

A continuación, la Sala procederá a efectuar la indexación correspondiente del salario mínimo legal vigente en la época, en aplicación de la fórmula trazada por la jurisprudencia para actualizar la renta.

 

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En donde:

Ra = es la renta o ingreso mensual actualizado a obtener.

R= es la renta o ingreso mensual al momento de los hechos.

If= es el índice de precios al consumidor para la fecha de la sentencia.

li= Es el índice de precios al consumidor para la fecha de los hechos

 

 

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(7)

 

118.933.50 x 3.42 = 406.752,57

 

Del resultado obtenido, se concluye que el salario mínimo legal vigente al momento de los hechos indexado a la fecha, resulta inferior al salario mínimo legal vigente para el año 2011, por lo que resulta procedente actualizar el valor de la condena impuesta por el tribunal, teniendo en cuenta que dicha variación implica para el acreedor de la condena, una depreciación del poder adquisitivo de la indemnización por la inflación creciente. Así las cosas, para menguar el efecto nocivo que genera la situación planteada y atendiendo a los principios de la reparación integral del daño, la equidad y la observancia de los criterios actuariales, a términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la Sala liquidará los perjuicios con base en el salario mínimo legal vigente en la actualidad suma a la cual deberá incrementarse un 25%, por concepto de prestaciones sociales, toda vez que su reconocimiento opera por disposición de la ley, como así lo ha reconocido la jurisprudencia en diferentes pronunciamientos(8).

En ese entendido, no encuentra fundamento alguno la solicitud formulada por la parte actora en el recurso de apelación, tendiente a obtener un incremento del 30% del ingreso base de liquidación por concepto de prestaciones sociales, pues, como se dijo, la jurisprudencia reconoce por dicho concepto, un incremento del 25%.

Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia adoptada por esta Sala(9), que en esta oportunidad se reitera y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, la condena se debe calcular sobre el 100% de la renta para la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral “entendida esta como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en su trabajo habitual (D. 917/99, art. 2º, lit. c)”(10). En este sentido, comoquiera que la disminución en la capacidad laboral de Jhon Janer Possu Chara, fue del 76.45% de acuerdo con el concepto médico legal expedido por la junta médica laboral de la unidad de sanidad del Ejército, la indemnización se reconocerá por la totalidad del salario mínimo legal mensual vigente, dado que se trata de una lesión invalidante.

Prestación debida o consolidada

Para el efecto se empleará la siguiente fórmula:

 

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Donde:

S = es la suma resultante del periodo a indemnizar.

Ra = es la renta o ingreso mensual equivalente a $ 669.500(11)

i = interés puro o técnico equivalente a 0.004867.

n = número de meses que comprende el periodo indemnizable: desde la fecha de ocurrencia de los hechos (oct. 17/95) hasta la fecha de la sentencia (ene. 26/2011), esto es 186.33 meses.

 

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S = 202.364.484.4

Indemnización futura

El señor Jhon Janer Possu Chara nació el día 25 de abril de 1976, de manera que para la fecha de ocurrencia de los hechos tenía 19 años, 5 meses, 22 días, por cual, tenía un periodo de vida probable o esperanza de vida igual a 56.85(12) años equivalentes a 682.2 meses.

Para efectos de la liquidación se descontará el número de meses que fueron liquidados en el periodo consolidado, 186.33 meses, para un total de periodo indemnizable de 495.87 meses.

 

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Donde:

S = es la suma resultante del periodo a indemnizar.

Ra = es la renta o ingreso mensual equivalente a $ 669.500(13)

i = interés puro o técnico equivalente a 0.004867

n = es el número de meses que transcurrirán entre la fecha de la sentencia hasta terminar el periodo indemnizatorio o vida probable.

 

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S = $135.239.000

 

Total indemnización por perjuicios materiales a favor del demandante Jhon Janer Possu Chara, la suma de trescientos treinta y siete millones seiscientos tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con cuatro centavos ($ 337.603.484.4).

Condena en costas

Adujo el apelante que la conducta desplegada por la entidad demandada ha sido “obstruccionista”, por lo que se deberá imponer la condena en costas a su cargo.

Al respecto cabe precisar que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente, disposición que frente a la cual la jurisprudencia de esta corporación(14), ha sostenido:

“El artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, faculta al juez para condenar en costas a la parte vencida pero en consideración a la conducta asumida por ella. Dice la norma:

“En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

(...).

“La nueva disposición contiene dos modificaciones sustanciales: a) posibilita la condena en costas para la entidad pública vencida, pues bajo la vigencia del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo solo se permitía dicha condena para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, con lo cual se atiende por este aspecto al principio de igualdad de las partes y, b) exige una valoración subjetiva para su condena, en tanto que en la norma anterior el criterio para su procedencia era simplemente objetivo, pues remitía al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

“En la nueva regulación de las costas en el proceso administrativo no basta entonces que la parte sea vencida, toda vez que se requiere una valoración de la conducta observada por ella en el proceso. La dificultad surge al determinar los criterios que debe tener en cuenta el juez para decidir cuándo la conducta de la parte justifica la condena en costas.

“La norma remite así a lo que la doctrina ha denominado “cláusulas abiertas” o “conceptos jurídicos indeterminados”, los cuales no dan vía libre a la arbitrariedad del operador jurídico sino a una aplicación razonable de la norma con un mayor margen de apreciación.

“Respecto de los criterios jurídicos indeterminados ha sostenido García de Enterría que el margen de apreciación que los conceptos jurídicos indeterminados permiten no implican en ningún caso una discrecionalidad para determinar si ellos objetivamente existen o no(15). En este sentido el artículo decisión (sic)..., sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa”(16).

“Es decir que en el caso concreto, la cláusula abierta que contiene el artículo 56 de la Ley 446 de 1998 no faculta al juez para decidir a su arbitrio sobre la existencia material de la conducta procesal, sino para resolver en frente de una actuación claramente verificable, cuándo ella amerita la condena al reembolso de los gastos hechos por la parte favorecida con el juicio, incidente o recurso, en consideración a los fines de esa facultad discrecional.

“La Sala considera que el juicio que en este caso debe hacerse implica un reproche frente a la parte vencida, pues solo en la medida en que su actuación no se acomode a un adecuado ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia sino que implique un abuso del mismo, habrá lugar a la condena respectiva.

“En otros términos, en la medida en que la demanda o su oposición sean temerarias porque no asiste a quien la presenta un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio se considerará que ha incurrido en una conducta reprochable que la obliga a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un pronunciamiento judicial.

“Es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio absoluto para determinar a cargo de quién están las costas del proceso y por lo tanto, no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de la sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora”(17).

Bajo estos lineamientos, resulta claro que la conducta asumida por la entidad demandada no representa actitud temeraria o dilatoria que conlleve a la imposición de costas a su cargo, en la medida en que su actuar corresponde a la defensa propia de sus intereses en juicio, y lo que el recurrente esgrime como falta de fórmulas conciliadoras por parte de la demandada, lo que en efecto denota, es que la entidad propuso el pago de una suma que consideró conveniente, para conciliar el objeto de la litis, y con la cual el actor no estuvo de acuerdo y fue rechazado, lo que conllevó a la falta de conciliación entre las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 3 de diciembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia, en consecuencia se dispone:

• CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a título de indemnización las siguientes sumas de dinero:

a) Por concepto de perjuicios morales;

Al señor Jhon Janer Possu Chara el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales en su condición de víctima directa.

A la señora Marycela Chara el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales en su condición de madre del perjudicado directo.

A cada uno de los señores Yaimer Possu Chara y Sandra Chara el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales en su condición de hermanos del perjudicado directo.

El valor del salario mínimo legal mensual, será el vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

b) Por concepto de alteración de las condiciones de existencia a favor del señor Jhon Janer Possu Chara, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

c) Por concepto de perjuicios materiales a favor del señor Jhon Janer Possu Chara, la suma de trescientos treinta y siete millones seiscientos tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con cuatro centavos ($ 337.603.484.4).

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(2) Según Acuerdo PSAA06-3409 de mayo de 2006, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, entraron a operar a partir del 1º de agosto de 2006.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de abril 2010, expediente 18.072. Actor: Gustavo Hernán Gómez Cortizzo y otros.

Sobre el alcance de la garantía constitucional de la no reformatio in pejus, la Sala ha señalado: “En efecto, la no reformatio in pejus, o, prohibición de la agravación en peor, se concibe como garantía del derecho al debido proceso dentro del trámite de la segunda instancia, pues condiciona la competencia del ad quem que conoce del mismo; el alcance de dicho condicionamiento ha sido precisado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos(3):

“Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (...). En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional” (se resalta y subraya).

(4) De Cupis Adriano. El Daño, Teoría General de la Responsabilidad. Bosch Casa Editorial S.A.

(5) Recasens Siches Luis. Tratado General de Filosofía del Derecho. Editorial Porrúa S.A. México 1970.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 16071/20577, actor: José Enrique Daza Maestre y otros.

(7) Índice de precios al consumidor a diciembre de 2010. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.

(8) Ver entre otras, sentencias de 11 de febrero de 2009, Expediente 17.407 y de 4 de octubre de 2007, expediente 16058.

(9) Ver entre otras, sentencia de 3 de febrero de 2010, actor: Arnulfo Palomino Belalcázar y otros.

(10) Entre otras, puede consultarse la sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente 18.273 y de 5 de diciembre de 2005, expediente 13.339

(11) Suma que se obtiene de incrementar en un 25%, el valor del salario mínimo legal vigente para el año 2011 ($ 535.600).

(12) Resolución 1112 de 2007. Superintendencia Bancaria de Colombia (hoy Superintendencia Financiera).

(13) Valor del salario mínimo legal vigente para el año 2011 ($ 535.600), incrementado en un 25%.

(14) En el mismo sentido, ver, entre otras: Sección Tercera, sentencia de 21 de junio de 1999, expediente 14.943 y de 2 de diciembre de 1999, expediente 12.800; Sección Primera, sentencia del 24 de agosto de 2000, expediente 4043, del 2 de marzo de 2001, expediente 3924 y del 8 de marzo del mismo año, expedientes 3974 y 4911; Sección Segunda, providencia del 12 de octubre de 2000, expediente 188-00.

(15) Eduardo García de Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder. Madrid, Cuadernos Civitas. 1983, pág. 63.

(16) Sobre el tema ver sentencias de la Corte Constitucional C-530 de 1993, C-024 de 1994, C-473 de 1994 y C-081 de 1996.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, expediente: 10.775.